¿Una crisis de crecimiento? La expansión de la Unión Cívica Radical de Tucumán durante la “Revolución Libertadora”

 

¿A growth crisis? The expansion of the Radical Civic Union during the “Revolución Libertadora”

 

Leandro Lichtmajer

Instituto Superior de Estudios Sociales (Universidad Nacional de Tucumán)

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

leandrolichtmajer@gmail.com

 

Resumen

El artículo examina el derrotero de la Unión Cívica Radical de Tucumán entre el golpe de estado de 1955 y la división del partido en noviembre de 1956. Desde un enfoque centrado en la organización, analiza el impacto del derrocamiento del peronismo en la trayectoria del partido, la relación que entabló con el gobierno militar y sus estrategias para expandirse en la sociedad. Con ese fin adopta dos variables de análisis. Por un lado, la participación de los radicales en los planteles del gobierno militar y en las entidades de la sociedad civil, problema que signó las disputas internas y el perfil público del partido durante la etapa inicial de la “Revolución Libertadora”. Por otro lado, las modalidades que asumió la expansión territorial de la UCR mediante la creación de organismos de base, en un contexto de repliegue del peronismo y de fuerte competencia entre sus fracciones.

 

Palabras clave: partidos políticos, Unión Cívica Radical, escala provincial, “Revolución Libertadora”, prácticas políticas.

 

Abstract

The article examines the course of the Radical Civic Union of Tucumán between the coup d'état of 1955 and the division of the party on November 1956. From an organization centered approach, it analyzes the impact of the overthrow of Peronism in the trajectory of the party, the relationship between the party and the military government and its strategies to expand over the society. To that end it adopts two analysis variables. On one hand, the participation of the radicals in the staff of the military government and in civil society institutions, problem that guided the internal disputes and the public profile of the party during the initial stage of the "Revolución Libertadora". On the other hand, the modalities assumed by the territorial expansion of the UCR trough the creation of grassroots organizations, in a context of withdrawal of Peronism and strong competition among its fractions.

 

Key Words: political parties, Radical Civic Union, “Revolución Libertadora”, political practices.

 

 

 

 

Introducción

 

En el itinerario de los partidos durante la autodenominada “Revolución Libertadora” se condensaron tópicos centrales para comprender el ciclo de inestabilidad política que caracterizó a la Argentina durante los años siguientes. El derrocamiento del peronismo impactó sensiblemente en sus trayectorias al emerger fuertes disputas alrededor del control de las organizaciones y la relación con el gobierno militar. En un contexto de difusión del antiperonismo como vector del campo político-cultural, los posicionamientos de cara al ciclo cerrado en 1955 dividieron sus filas. Asimismo, frente a un gobierno cívico-militar que las interpeló constantemente, las organizaciones partidarias definieron grados diversos de compromiso mediante la participación en los planteles estatales y el apoyo a sus políticas. En los últimos años se produjeron avances importantes alrededor de estos temas, al revisitarse las trayectorias partidarias a la luz de nuevos enfoques.[1] Sin embargo, entre los desbalances existentes en la producción se destaca la atención subsidiaria que se prestó a las trayectorias partidarias provinciales, diagnóstico que se aplica a los estudios sobre la Unión Cívica Radical.[2] Al poner de relieve las configuraciones de cada distrito, la reducción de la escala hacia los escenarios provinciales constituye una estrategia metodológica pertinente para problematizar interpretaciones previas y transitar nuevos rumbos analíticos.

Partiendo de esa premisa, el artículo examina el derrotero de la Unión Cívica Radical de Tucumán entre el golpe de estado de 1955 y la división del partido a finales de 1956. Desde un enfoque centrado en la organización, analiza el impacto del derrocamiento del peronismo en la trayectoria del partido, la relación que entabló con el gobierno militar y sus estrategias para expandirse en la sociedad provincial. Con ese fin adopta dos variables de análisis. Por un lado, la participación de los radicales en los planteles del gobierno militar y las entidades de la sociedad civil, problema que signó las disputas internas y el perfil público del partido durante la etapa inicial de la “Revolución Libertadora”. Por otro lado, las modalidades que asumió la expansión territorial de la UCR mediante la creación de organismos de base, en un marco del repliegue del peronismo y fuerte competencia entre las fracciones. A nuestro modo de ver, ambas variables permiten repensar las consecuencias del golpe de estado en las filas radicales, las formas de vinculación entre el partido y el gobierno militar y el proceso de fraccionalización que culminó en su división.[3]

El texto argumenta que el derrocamiento del peronismo alentó un proceso de expansión que abarcó a las diferentes escalas del partido radical. Desde las cúpulas hasta la dirigencia local, la competencia por ocupar espacios en los múltiples niveles de la administración provincial y por capitalizar la activación partidaria posterior al golpe alimentó una fuerte conflictividad interna. De ese modo, la renovada disponibilidad de recursos materiales y simbólicos al alcance del radicalismo y la puja por definir el grado de compromiso del partido con el gobierno militar exacerbaron la fraccionalización heredada del ciclo peronista. Este rasgo, sin embargo, no obstaculizó el proceso de expansión referido sino que alentó su consolidación.[4]

 

La conquista de espacios en el gobierno: una competencia en múltiples escalas

 

El radicalismo tucumano emergió del ciclo peronista dividido en tres fracciones. Por un lado, la comandada por Celestino Gelsi, presidente del partido y diputado por la Capital durante el peronismo. Esta fracción contaba con amplia mayoría en los organismos partidarios y se filiaba a nivel nacional en el Movimiento de Intransigencia y Renovación liderado por Arturo Frondizi. Precisamente, el distrito tucumano tuvo un rol crucial en el ascenso de Frondizi en el Comité Nacional (CN) en 1954 y fue desde entonces un férreo aliado de este.[5] Se enfrentaban al frondizismo las fracciones unionista y sabattinista, aliadas entre sí desde 1953. La primera dominó el partido hasta la irrupción del peronismo (1946) y ejerció una fuerte oposición a la intransigencia a lo largo de la década siguiente. En 1955 se filiaba en el Núcleo Unidad liderado por el dirigente cordobés Miguel Ángel Zavala Ortiz y sus principales referentes provinciales eran Reynerio Moreno Campos y Roberto Pérez de Nucci, dirigentes de larga trayectoria dentro del partido.[6] El sabattinismo fue aliado del frondizismo hasta 1953, cuando el distrito mudó sus apoyos hacia el dirigente metropolitano. Esta fracción formaba parte del Movimiento de Intransigencia Nacional, comandado el cordobés Santiago Del Castillo, y sus líderes en Tucumán eran Ángel Pisarello y Argentino Alonso, ex legisladores por la Capital.[7]

Al igual que en las esferas nacionales, el fraccionalismo de las filas radicales tucumanas obedecía en 1955 a una combinación de factores instrumentales y programáticos. La puja por los espacios de poder constituía un vector clave. Desde la asunción de la intransigencia los opositores recurrieron a diferentes estrategias para socavar su poder, que abarcaron el abandono de los cuerpos directivos, la creación de organismos paralelos y el boicot a los candidatos durante las campañas electorales. No obstante, aquella emergió del ciclo peronista en una situación de clara superioridad sobre el resto. Paralelamente a la lucha por los espacios de poder, otra variable de relevancia para explicar el fraccionalismo fue la definición de la estrategia para oponerse al gobierno peronista. Mientras que la conducción tucumana reivindicó la bandera de la participación electoral y la oposición institucional, los sabattinistas y unionistas promovieron desde comienzos de los años cincuenta una salida golpista cifrada en la abstención electoral y la renuncia a los puestos electivos. Estas divergencias, que ubicaban al frondizismo en una perspectiva más conciliadora frente al gobierno, se enraizaban en lecturas diferentes del ciclo político iniciado en 1945. En efecto, aunque la dirigencia radical coincidió en atribuir una raigambre autoritaria al peronismo, las diferencias frente al grado de legitimidad que le atribuyeron y la empatía o no con el ciclo de reformas sociales y económicas emprendidas por aquel alimentaron fuertes debates dentro del partido y vertebraron su trayectoria luego del golpe de estado.[8]

El desplazamiento del peronismo impactó sensiblemente en las filas radicales tucumanas. Al asumir el interventor militar Horacio Zenarruza (21 de septiembre), la Junta de Gobierno (JG) emitió un comunicado de apoyo, con reservas, al nuevo gobierno. Señaló que el derramamiento de sangre se justificaba si se plasmaba en la ampliación de los derechos individuales y el mantenimiento y ampliación de las conquistas sociales alcanzadas durante el peronismo; también exhortó a los afiliados radicales a actuar “serenamente” con el fin de evitar “persecuciones y odios”, afirmación que se desmarcaba de los crecientes actos de violencia.[9] La conducción recuperó un sello característico de su trayectoria a finales del gobierno peronista, cuando desalentó la participación de los afiliados en actividades conspirativas.

A inicios de la “Revolución Libertadora” la situación política provincial se caracterizó por una alta dosis de volatilidad. A tres días de su asunción Zenarruza fue reemplazado por el coronel Jorge Moretti, quién duro dos semanas en el cargo. Con la asunción del coronel Antonio Vieyra Spangenberg (4 de octubre) el panorama político cobró un cierto grado de estabilidad que le permitió permanecer en el cargo hasta mayo de 1957. Tras su llegada a la provincia se abandonó el esquema inicial, dominado por los cuadros del Ejército, y cobró forma una matriz cívico-militar que buscó ampliar la apoyatura social de la “Revolución Libertadora” mediante la integración de la dirigencia no peronista.

En ese marco, una disyuntiva central para la UCR fue el grado de compromiso y colaboración con el gobierno. Desde su desalojo del poder en 1943, tras gobernar la provincia durante casi una década, los radicales tucumanos quedaron relegados frente a un gobierno militar que, tributario de una fuerte impronta depuradora, reformuló profundamente los planteles estatales. La década peronista afianzó este proceso; la representación radical se circunscribió a unos pocos asientos en la Legislatura provincial y los órganos municipales. En la etapa final del gobierno peronista, la filiación radical se habría constituido en un obstáculo para acceder a los diferentes niveles de la estructura administrativa.[10]

El desplazamiento del funcionariado peronista que el gobierno desplegó con premura tras el golpe introdujo signos alentadores para la participación de los partidos no peronistas, al abrirse un volumen considerable de espacios en la estructura administrativa provincial. En su carácter de principal contendiente del peronismo y de partido con mayor presencia en el territorio provincial, el radicalismo se perfilaba como un actor insoslayable para nutrir los planteles administrativos. Para determinar su grado de participación cabe observar en primera instancia la distribución de cargos en las cuatro áreas del Poder Ejecutivo: Gobernación y Ministerios de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública; Hacienda, Agricultura y Obras Públicas; Salud Pública y Asistencia Social. En la primera el interventor se rodeó de dirigentes de múltiples extracciones, tales como Arnoldo Suasnábar, presidente del Comité de la Juventud Radical; José Manuel Avellaneda, líder del Partido Demócrata en Tucumán; y Pedro. C. Soaje, dirigente nacionalista-católico que lideró los comandos civiles antiperonistas.[11] En los ministerios predominó el tinte radical. La cartera de Gobierno, área política por antonomasia, quedó en manos del sabattinista Argentino Alonso. En los puestos clave de la estructura ministerial Alonso designó a funcionarios radicales, predominando la extracción sabattinista.[12] La cartera de Hacienda quedó en manos de Luis Rotundo, segunda línea dentro del frondizismo, mientras que en Salud asumió Prudencio Santillán, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, sin filiación partidaria reconocida.[13] A excepción de algunos casos puntuales, en el organigrama de Hacienda y Salud primaron los cuadros carentes de militancia partidaria, manteniéndose incluso funcionarios de la etapa peronista.[14]

El radicalismo también controló la Corte Suprema de Justicia, resorte clave del estado provincial. Su presidencia recayó en el unionista Miguel Ángel González, ex presidente de la JG (1948), mientras que en las vocalías se designaron reconocidos dirigentes de esa fracción.[15] La avanzada radical dentro del plantel cívico-militar abarcó, asimismo, a entidades del ámbito asociativo intervenidas por el gobierno. En la Unión Cañeros Independientes de Tucumán, que nucleaba a miles de productores azucareros, el gobierno designó al frondizista Ramón I. Martínez.[16] En algunos sindicatos obreros también se pusieron en funciones a afiliados radicales, como el caso de Emilio Concha, unionista a cargo del sindicato de maestros.[17] Esta lógica se reprodujo en la Comisión Provincial de Investigaciones, destinada a investigar las supuestas irregularidades cometidas por la administración peronista.[18] La conformación de las comisiones replicó, con matices, la lógica referida: predominio radical, con mayoría sabattinista; representación minoritaria de los demás partidos y presencia de ciudadanos carentes de filiación definida.[19]

La temprana inclusión de dirigentes partidarios en el gobierno, en consonancia con los casos cordobés y jujeño, marcó un contrapunto con el Poder Ejecutivo Nacional donde primaron los dirigentes apartidarios durante el primer gobierno provisional, rasgo que se revirtió luego del golpe palaciego que depositó a Aramburu en la primera magistratura.[20] No obstante, a diferencia del predominio conservador en los inicios del gobierno cívico-militar cordobés, la primacía de la UCR fue un rasgo característico del caso tucumano. Con el transcurso de los meses, tanto en Córdoba como en Jujuy los radicales ganaron terreno hasta dominar los planteles de gobierno.[21]

Las designaciones desataron fuertes disputas en el radicalismo tucumano, acentuando el fraccionalismo heredado de la etapa previa. En octubre de 1955 Gelsi ratificó su “plena colaboración” en la tarea de “pacificación y moralización del país”; sin embargo, exigió un pronto llamado a elecciones con participación del peronismo.[22] Las ambivalencias de la conducción partidaria frente a la intervención provocaron la reacción de las demás fracciones, que reafirmaron su plena identificación con la “Revolución Libertadora”. En respuesta a Gelsi, dirigentes sabattinistas anunciaron su “firme propósito” de ofrecer al gobierno los “elementos cívicos indispensables” para la “reestructuración democrática de la nación”. Dicho ofrecimiento fue acompañado por la “exigencia ineludible” de que dichos dirigentes provengan de los partidos “populares”. Esta afirmación dejaba entrever un rechazo al reclutamiento de cuadros carentes de filiación reconocida o de partidos minoritarios. Finalmente, reclamaron a la JG que impulsara una reorganización partidaria, en línea con la estrategia de su dirigencia nacional. La cerrada oposición de la JG llevó a los sabattinistas y unionistas a presionar al interventor para que declarara al radicalismo en “estado de asamblea”, forzando una reorganización desde el gobierno, iniciativa que tampoco prosperó. Frente a la identificación de los sabattinistas con la intervención la JG ratificó su apoyo crítico al “recordar a los correligionarios y al pueblo tucumano” que el radicalismo no era el “partido de gobierno”. Esta posición preservaba su “autonomía de acción” ante las autoridades y su reivindicación del voto popular como vía para alcanzar el poder. En ese marco, Gelsi definió a la demanda de reorganización como un “alzamiento contra la autoridad”, tensando aún más la disputa interna.[23]

Aparte de escenificar la lucha por espacios en el estado, las citadas declaraciones revelaban la búsqueda de la conducción por conciliar un doble imperativo. Por un lado, resistir los embates de los opositores, que intentaban revertir la correlación interna de fuerzas favorable al frondizismo. Por otro lado, configurar un perfil público de apoyo con reservas al gobierno y mantener la cohesión de sus filas. La demanda creciente de cuadros planteaba un dilema a las autoridades partidarias. Si el frondizismo procuraba mantener la autonomía frente al gobierno, la aceptación de cargos públicos por parte de sus afiliados enviaba un mensaje confuso hacia fuera del partido. Sobre esa ambivalencia se montó un panfleto anónimo que denunció a los miembros del partido que desempeñaban funciones públicas.[24] Por el contrario, una tesitura anti-colaboracionista podía alentar las deserciones hacia el sabattinismo de los afiliados que procuraran participar del gobierno. Frente a este dilema, la conducción optó por flexibilizar su posición, asegurándose una presencia minoritaria en el gobierno y manteniendo la cohesión interna.

La conflictividad alrededor de las designaciones también jalonó la trayectoria del radicalismo en la escala local. El caso del municipio de Tafí Viejo, segundo centro urbano de Tucumán, iluminó las disputas referidas. La designación de un radical unionista fue a contramano de Junta Departamental, dominada por el frondizismo, que presionó a través de diferentes vías –asambleas de afiliados, publicación de una declaración de repudio– para que ungieran a un dirigente de su fracción.[25] Los frondizistas de Tafí Viejo amenazaron con quitar el apoyo al gobierno si no se reveía la decisión, presiones que no dieron resultado al ratificarse al intendente en su puesto. En otros municipios (Concepción, Aguilares) el gobierno respetó la correlación de fuerzas dentro del radicalismo al proclamar a los candidatos presentados por la UCR en las elecciones previas al golpe (1954), lo que constituía un reconocimiento tácito a la conducción partidaria.[26] De ese modo, los radicales quedaron a cargo de tres de las seis intendencias de Tucumán, quedando la Capital, principal centro urbano provincial, en manos del socialismo.

La conflictividad entre las fracciones radicales también se observó en las designaciones de los delegados comunales, representantes del PE en las poblaciones de hasta 4000 habitantes cuya designación era potestad del Ministerio de Gobierno. Tras el golpe, en la localidad de Bella Vista las fracciones radicales compitieron febrilmente por el apoyo de los vecinos y la canalización de demandas locales hacia los poderes públicos.[27] Al igual que en Tafí Viejo, el gobierno designó a un sabattinista como delegado comunal, cargo estratégico en la disputa referida. Este hecho generó un fuerte rechazo del frondizismo local que, preocupado por la creciente interlocución sabattinista con el estado, achacó al delegado un plan para “anarquizar y dividir al radicalismo local” y solicitó, infructuosamente, una entrevista con el Ministro de Gobierno para “interesarlo de las anormalidades creadas por el grupo disidente”.[28] La prioridad otorgada por Alonso a su fracción no fue, sin embargo, privativa de la designación de algunos representantes del frondizismo, como lo demuestra el caso de Trancas.[29] Esta lógica también primó en las designaciones de los jueces de paz, a cargo de la Corte Suprema. Si tomamos en cuenta algunos ejemplos, tales como los juzgados de Simoca, Amaicha del Valle y Bella Vista,[30] los nombramientos combinaron la presencia de las diferentes fracciones radicales. Al igual que con los delegados comunales, las proclamaciones de jueces, actores clave en la dinámica política local, generaron disputas recurrentes.[31]

De lo antedicho se desprende que la intervención procuró mantener un cierto equilibrio entre las fracciones radicales a la hora de distribuir los asientos en el estado. Aunque se observó una primacía del sabattinismo, que controló resortes clave del gobierno, las autoridades buscaron dar cauce a la dirigencia frondizista, cuyo carácter mayoritario la erigía en una pieza insoslayable. Relegados con respecto a las demás fracciones, los unionistas controlaron, sin embargo, áreas clave como la Corte Suprema de Justicia.

El relativo equilibrio alcanzado durante los primeros meses de la gestión Vieyra Spangenberg no logró, sin embargo, perdurar en el tiempo. El primer partido en abandonar el gobierno fue el Demócrata. De acuerdo a una resolución de las autoridades partidarias, los dirigentes que desempeñaban funciones públicas renunciaron a sus puestos en febrero de 1956. Aunque tal decisión fue justificada en la oposición a algunas decisiones económicas del gobierno, un medio local la interpretó como una represalia al interventor por el predominio del radicalismo en la intervención.[32] Por entonces, las relaciones de esta con el unionismo, expresión más virulenta del antiperonismo dentro de la UCR, atravesaban una crisis que estalló meses más tarde. En un acto público de febrero de 1956, el líder unionista Pérez de Nucci afirmó que la “Revolución Libertadora” no había “llegado” a la provincia. Esta crítica apuntaba a unos planteles gubernamentales en los que convivían funcionarios “del régimen depuesto” con dirigentes de “partidos populares” que lo habían avalado con “su colaboración o su silencio cómplice”, afirmación que aludía a los ministros de Hacienda y Gobierno y al Director de Enseñanza.[33]

En ese marco, los unionistas presionaron a la intervención para que impulsara una Junta Consultiva Provincial, con la que procuraban lograr mayor influencia en el gobierno y profundizar la “desperonización” en la provincia.[34] La Junta fue anunciada en mayo de 1956 por el interventor, convocatoria que, en lugar de responder a las demandas del unionismo, se precipitó a raíz del descubrimiento de un “plan subversivo” orquestado por sectores del peronismo provincial, hecho que provocó la intervención de las fuerzas militares nacionales.[35] La constatación de esa acción desestabilizante debilitó la figura del interventor. En ese marco se potenciaron las críticas a su tibieza “desperonizadora” y a la impronta “radicalizante” de sus planteles de gobierno, aseveraciones esgrimidas, respectivamente, por el unionismo y por el partido conservador Bandera Blanca.[36] Las versiones de una renuncia de Vieyra llevaron a numerosos actores del universo partidario, incluidas las fracciones sabattinista y frondizista, a ratificarle su apoyo.[37] La JG radical señaló que a pesar de no “formar parte” del gobierno, el partido colaboró “entregando los hombres que le han sido requeridos” ya que el interventor “obró mediante el respeto a la ley y los derechos individuales”, mientras que el sabattinismo profirió un apoyo enfático.[38] Los unionistas, por el contrario, viraron hacia una posición destituyente al denunciar la “inoperancia” del interventor y exigir su alejamiento.[39] De allí que la convocatoria formal a la Junta Consultiva excluyera, paradójicamente, a sus principales impulsores.[40] La negativa frondizista a participar de la Junta llevó a su fracaso en la provincia. Esta posición, a contramano de la asumida por el CN, reeditó su apoyo crítico al gobierno.[41]

Esta línea signó las relaciones entre la intervención y el radicalismo hasta la Convención Nacional de noviembre de 1956. Así, mientras que el frondizismo salió a ratificar su apoyo a Vieyra Spangenberg tras el levantamiento de Juan José Valle, el endurecimiento de represión estatal que sucedió a este hecho llevó a la JG a criticar las cesantías de trabajadores, las violaciones al derecho de reunión y las torturas a presos políticos en Tucumán, denunciadas por Gelsi en medios nacionales.[42] El giro represivo del gobierno motivó, asimismo, el alejamiento de Alonso de su cartera, movimiento que no modificó la correlación de fuerzas favorable al sabattinismo.[43] La impronta radical predominante en los planteles de gobierno fue reconocida por el interventor en octubre de 1956. Este la atribuyó a que la UCR contaba “con más gente” que los demás partidos, justificación que, como es de suponerse, no acalló las críticas.[44]

 

La expansión territorial del partido

 

Un segundo vector que modeló la trayectoria del radicalismo tucumano tras el golpe de 1955 fue la búsqueda de expandirse territorialmente mediante la fundación de organismos de base. Al igual que en la conquista de espacios en el estado, en este proceso tuvo un impacto clave el derrocamiento del peronismo. Durante las gestiones radicales (1935-1943) el partido conformó una “matriz extensiva de movilización y reclutamiento” que tuvo en los centros (también denominados comités), diseminados a lo largo del territorio provincial, su materialización más elocuente. Sin embargo, la pérdida del estado provincial y la profunda crisis que atravesó el partido tras la irrupción peronista se tradujeron en una desarticulación de la red de organismos de base, que redujeron significativamente su presencia.[45] Junto a los dos factores señalados, el repliegue local del radicalismo se vinculó a la consolidación de un conjunto abigarrado de instituciones locales articuladas en torno a la identidad política peronista: Unidades Básicas, clubes de fútbol, entidades culturales o fomentistas y redes informales de sociabilidad. De acuerdo a Omar Acha, la vigorosa capacidad de interpelación de dichas entidades ante los poderes públicos, alimentada por la consolidación de los lazos entre el Partido Peronista y el estado hacia comienzos de los años cincuenta, llevó a la conformación de una “sociedad política” que absorbió el grueso de las demandas locales hacia los poderes públicos, reforzó la implantación territorial del peronismo y desplazó a un lugar minoritario a los organismos de partidos opositores.[46]

La actividad de los centros de la UCR de Tucumán mostró signos de una paulatina reactivación durante el ciclo de movilización antiperonista desarrollado entre las elecciones de abril de 1954 y el golpe de estado de 1955, en el que la juventud radical tuvo un rol protagónico.[47] El derrocamiento del peronismo, por su parte, abrió una coyuntura propicia para la expansión del entramado partidario radical. Diferentes procesos confluyeron en esta dirección. Por un lado, la disolución del partido y demás organizaciones de filiación peronista, el desplazamiento del funcionariado y clima general de persecución a su dirigencia, hitos que minaron la pervivencia de la sociabilidad de matriz peronista. Aunque carecemos de estudios específicos sobre este proceso en Tucumán, la invisibilización de las actividades de las instituciones de filiación peronista en la prensa y en la documentación local permite inferir que la hostilidad del gobierno militar hizo efecto. De ese modo, tras modelar hasta 1955 las formas de sociabilidad y la construcción de lealtades partidarias a lo largo del territorio tucumano, el repliegue de dichas entidades repercutió en la dinámica política local.

Uno de los procesos derivados de tal repliegue fue la búsqueda de afiliados y dirigentes del peronismo por integrarse a organismos de base radicales. Dicha tesitura motivó reacciones diversas entre los referentes locales de la UCR. El centro frondizista de Bella Vista, fundado a finales de 1954, modeló un temprano acercamiento al electorado y la dirigencia peronistas. Se trataba, ciertamente, de actores insoslayables para ensanchar sus bases de sustento en una zona de fuerte presencia obrera y un bastión electoral del movimiento derrocado.[48] La posición del centro frondizista de La Madrid, pequeña localidad rural del sur tucumano, se ubicó en las antípodas de su par bellavisteño. En noviembre de 1955 publicó en la prensa una declaración en repudio a “personas pertenecientes al ex partido oficialista” que buscaban crear otro organismo radical en la localidad.[49] Al mes siguiente, sus autoridades denunciaron el intento de un “afiliado y dirigente” peronista por incorporarse al radicalismo local como medio para apuntalar su designación en la delegación comunal.[50] A pesar del desmentido publicado una semana más tarde por el denunciado, en el que negó su carácter de afiliado peronista y se atribuyó haber sido procesado “por desacato” en 1947, prueba de una supuesta oposición al gobierno, las gestiones del centro de La Madrid lograron su cometido. El ministro de Gobierno designó a uno de sus miembros en el cargo.[51]

Aunque en rigor de verdad Cardozo había sido afiliado del Partido Peronista, como lo atestigua el padrón partidario de ese circuito,[52] la posición del centro frondizista contenía una disyuntiva futura. Si bien su perfil antiperonista obstaculizó la llegada de un ex afiliado al principal cargo público local, esta estrategia podía toparse con dificultades a la hora de conseguir apoyos en la población local. Del total, aproximado, de 1000 electores masculinos inscriptos en el circuito en 1954, 718 eran afiliados peronistas,[53] posición dominante que fue ratificada en los comicios.[54] Independientemente de la viabilidad de la estrategia del frondizismo de La Madrid, lo cierto es que aparte de visualizar una faceta complementaria de la conflictividad local alrededor de los cargos públicos, alimentada en este caso por radicales y peronistas, este episodio ratifica los intentos de los segundos por migrar hacia la UCR luego del golpe. Las denuncias sobre la inclusión de peronistas en los padrones partidarios, esgrimidas por el sabattinismo y el unionismo, pueden interpretarse en el mismo sentido.[55]

El repliegue de la sociabilidad peronista no sólo dejó a amplios contingentes sin un encuadre partidario local, contribuyendo, en algunos casos, a engrosar las filas radicales. Como parte del mismo proceso, el desplazamiento del funcionariado peronista y la persecución a su dirigencia clausuró un canal de intermediación entre el estado y los ciudadanos en la escala local. El avance radical sobre dependencias públicas estratégicas para construir redes políticas ofreció al partido un canal privilegiado para encauzar demandas hacia el estado, tarea tradicionalmente cumplida por los centros partidarios. En virtud del “carácter bifronte” de dichas entidades, que combinaban la construcción de clientelas y la transmisión de demandas con la configuración de ámbitos de sociabilidad local, su multiplicación se retroalimentó con el control radical de resortes estatales.[56]

Las demandas fueron múltiples e interpelaron a los diferentes niveles de la administración pública. Así, mientras que el centro frondizista de Tafí Viejo se dirigió al administrador general de los ferrocarriles y al intendente municipal para solicitarles, respectivamente, la instalación de barreras y el reemplazo de las lámparas del alumbrado público[57]; un centro juvenil de la localidad de Monteros instó al jefe de policía a que clausurara locales en los que se practicaban juegos de azar clandestinos.[58] En otros casos los pedidos se direccionaron hacia la reincorporación de empleados públicos cesanteados por el gobierno; la concreción de obras públicas para la comunidad –tales como arreglo de caminos y mejoras en el alumbrado público– y la elevación de solicitudes de empleo para miembros de los organismos de base.[59] Las presentaciones sobre temas puntuales se desplegaron en paralelo con la búsqueda de soluciones a cuestiones de interés público, que involucraban a múltiples instancias del gobierno. Tal fue el caso del centro de la Juventud Radical de Famaillá, zona de fuerte presencia de agricultores y obreros azucareros, que en diciembre de 1955 solicitó a la intervención la puesta en marcha de una “reforma agraria” que mejore la situación de los plantadores locales y la transformación de los ingenios de la zona a un régimen cooperativo.[60]

Concomitantemente a estos procesos, el fraccionalismo radical también coadyuvó a la expansión local del partido. Aunque parezca paradójico, la disputa entre las fracciones por reconquistar militantemente al electorado provincial y aventajar a sus rivales dentro del partido incentivó la multiplicación de organismos de base. Como lo atestigua el caso de Bella Vista, los enfrentamientos entre frondizistas y sabattinistas llevaron a la creación de dos centros rivales, ubicados a una distancia estrecha. En lugar de debilitar al partido en el pueblo, la existencia de dos centros filiados en sendas fracciones promovió una febril competencia a lo largo de 1956, traducida en la organización de actividades diversas –tales como asados criollos y ciclos de conferencias sobre temas de interés local–; la promoción de filiales en las zonas circundantes y la prestación de servicios como la apertura de una biblioteca y un consultorio jurídico para asesoramiento a los trabajadores de la localidad.[61] La evolución en el número de afiliados del centro frondizista a lo largo de 1956 revela que el fraccionalismo no redundó en un debilitamiento del partido en la escala local.[62] En forma similar al caso bellavisteño, la competencia entre frondizistas, sabattinistas y unionistas alentó la creación de centros rivales en numerosos puntos del territorio provincial. A modo de ejemplo, en la ya mencionada localidad de La Madrid la disputa interna llevó a que se fundaran dos centros rivales pertenecientes a fracciones opuestas, que se disputaron las adhesiones de los votantes del circuito.

Las disputas también se visibilizaron al interior de cada fracción, impactando en la presencia de centros. Esto fue palpable, por ejemplo, en el caso de la entidad frondizista de Villa Luján, populoso barrio de San Miguel de Tucumán. El centro “Amadeo Sabattini”, fundado en la campaña electoral de 1951, se erigió durante los años finales del gobierno peronista en un ámbito de vinculación y promoción de actividades locales del partido.[63] Luego del golpe y la profundización del enfrentamiento entre la fracción sabattinista y la conducción partidaria, el centro cambió su denominación a “Roque Raúl Aragón” con el fin de homenajear al fundador de la intransigencia tucumana y ratificar su lealtad a las autoridades. En ese marco, desplegó una dilatada agenda de actividades y afianzó sus bases de apoyo en el vecindario.[64] Las disputas intestinas estallaron en agosto de 1956 cuando una asamblea de afiliados definió el traslado de la sede desde el inmueble que ocupaba tradicionalmente hacia uno ubicado en el mismo barrio, a seiscientos metros de distancia. Tras denunciar la actitud “divisionista” y “personalista” de los disidentes, las autoridades del centro refrendaron, en una asamblea de miembros, la vigencia del domicilio anterior. Esto precipitó la creación de una entidad paralela por parte de los disidentes, alineados, al igual que sus rivales, con la conducción frondizista provincial.[65]

Como se desprende de los casos referidos, en un contexto de competencia entre las fracciones radicales por el control del partido y por ocupar espacios en el estado, las divisiones entre las dirigencias locales imprimieron al entramado partidario local una alta dosis de volatilidad. Cada fracción buscó capitalizar la expansión y el control de la red de centros constituyó, en ese sentido, un tema crucial. En efecto, el conflicto más importante dentro del radicalismo tucumano durante la etapa analizada se estructuró alrededor del proceso de apertura de organismos de base.

En noviembre de 1955 la JG denunció un “plan de alzamiento y divisionismo” de las fracciones opositoras a raíz de la creación de una docena de centros sin el consentimiento de las autoridades, condición reglamentaria establecida por la Carta Orgánica.[66] Las acusaciones se dirigieron hacia un conjunto de diez dirigentes, entre los que se incluían los líderes sabattinista y unionista, Pisarello y Moreno Campos, junto a otras figuras de las fracciones opositoras a la conducción. La JG elevó los antecedentes al Tribunal de Conducta, órgano encargado de juzgar a los afiliados que se apartaban de las disposiciones reglamentarias, creado por la conducción gelsista a comienzos de los años cincuenta.[67] A pesar de las mordaces críticas que esgrimieron los implicados, al que caracterizaron como un “plan de intimidación” en su contra, la JG avanzó en el juzgamiento.[68] El mismo replicaba un proceso judicial con presentación de pruebas, designación de fiscal y abogados defensores, audiencias y veredicto público del Tribunal.

El eje argumental de las autoridades señaló que la creación de organismos de base sin autorización amenazaba la estructura orgánica del partido al esquivar el control de la JG, situación agravada por la inclusión, en algunos casos, de individuos no afiliados a la UCR. La defensa de Pisarello, principal implicado en la denuncia, alegó que se trataba de centros de la fracción sabattinista no encuadrados formalmente dentro del partido y que, por lo tanto, no precisaban autorización de la JG.[69] Esta posición fue rechazada por el Tribunal, que consideró que los centros organizados “aparecían ante la opinión pública como radicales” y que buscaban, por ende, usurpar facultades de los organismos reconocidos. Luego de un accidentado derrotero, que incluyó episodios de enfrentamiento violento entre los seguidores de las tres fracciones, el Tribunal definió las sanciones: Pisarello fue expulsado del partido mientras que los demás acusados fueron suspendidos o absueltos.[70]

Al margen de los detalles propios del episodio, parte de una querella interna de larga data que perduró hasta la división del partido, lo que este desenlace revelaba era la búsqueda de la conducción partidaria por controlar el proceso de apertura de organismos de base y desalentar, a través de una medida ejemplificadora, a quienes promovieran acciones por fuera de su influencia directa. De ese modo procuró, en un mismo movimiento, neutralizar las tendencias centrífugas en la escala local, traducidas en la multiplicación de centros, y poner en tela de juicio la legitimidad de las fracciones opositoras cuestionando el accionar de sus líderes y desautorizándolos frente a los afiliados. Respecto al primer punto, los efectos de la medida fueron nulos ya que sabattinistas y unionistas continuaron impulsando organismos de base en diferentes puntos del territorio. El segundo objetivo tuvo mayor impacto, teniendo en cuenta que las sanciones fueron definidas a poco de las elecciones de delegados nacionales de la UCR, en las que el frondizismo ratificó ampliamente su predominio.[71] El juzgamiento dificultó el despliegue de la acción proselitista de los dirigentes implicados, situación denunciada por el sabattinismo y el unionismo.

Alimentado por la confluencia de factores reseñados, el proceso de expansión del radicalismo que sucedió al golpe de estado se plasmó en términos cuantitativos. En los trece meses transcurridos entre la “Revolución Libertadora” y la Convención Nacional se fundaron en Tucumán cerca de un centenar (102) de estas entidades, diseminadas por los once departamentos del territorio provincial.[72] Si se desglosa la filiación de los centros a las diferentes fracciones partidarias se observa un predominio del frondizismo, cuyos organismos de base (69) duplicaron a los de las fracciones opositoras (34). Esta cifra revela, asimismo, que la relevancia de los centros “rebeldes” era imposible de soslayar en el mapa partidario radical post golpe, como lo refrendó la denuncia de las autoridades contra los líderes de las fracciones disidentes.

La veloz multiplicación de organismos de base radicales marcó un contraste respecto al ciclo político cerrado en 1955. Este fenómeno fue resaltado por la prensa y los propios dirigentes partidarios. Un cronista del principal diario provincial llamó la atención, en enero de 1956, sobre la “intensa actividad de los grupos radicales”, que se extendía por “las barriadas” de San Miguel de Tucumán y por el “interior provincial”.[73] Desde una mirada crítica, un miembro de la JG fustigó la “proliferación” de correligionarios que “no aparecieron” cuando la “lucha contra la dictadura era cruenta” y que, tras el golpe, se dedicaron a “formar centros”, alusión apuntada a las fracciones opositoras a la conducción.[74]

Entre las singularidades de este proceso cabe señalar, asimismo, que no se enmarcó dentro de una campaña electoral propiamente dicha, como era habitual en la trayectoria previa del partido, sino que obedeció al impulso de las fracciones por capitalizar la coyuntura abierta con el golpe de estado y sacar ventaja en las disputas intestinas. En el período comprendido entre octubre de 1955 y las elecciones internas de enero de 1956 se fundaron los 2/3 del total de centros de todo el período analizado. Asimismo, el proceso de expansión local del partido fue de la mano con el crecimiento en la participación de los afiliados en los comicios internos. En los nueve meses transcurridos entre las elecciones de marzo de 1955 y enero de 1956, la cantidad de votantes se incrementó en un 40%.[75] El incremento benefició, principalmente, al frondizismo, cuyo caudal creció un 70% entre ambos comicios, reforzando el lugar secundario de los opositores. En ese sentido, resulta lícito afirmar que la expansión del entramado partidario radical en la etapa post golpe se retroalimentó con un aumento en los niveles de reclutamiento y participación de los afiliados en las elecciones internas.

 

Consideraciones finales

 

La “Revolución Libertadora” marcó un punto de inflexión en la trayectoria del radicalismo. El cambio en las coordenadas político-institucionales impactó sensiblemente en el derrotero del partido, interpelando los discursos, las formas de hacer política y los mecanismos de vinculación con el estado que desplegaron los radicales a lo largo del país. Este proceso cobró perfiles propios en cada provincia, fraguando prácticas que es pertinente rescatar en su especificidad.

El desalojo del peronismo y la matriz cívico-militar que adoptó tempranamente la intervención de Tucumán abrieron oportunidades para que los radicales conquistaran espacios en la administración provincial y las entidades de la sociedad civil intervenidas por el gobierno. En contraste con la década peronista, etapa esquiva para la militancia radical desde ese punto de vista, el desplazamiento del funcionariado del movimiento derrocado y la fuerte apoyatura civil de la “Revolución Libertadora” sentaron las condiciones para la expansión del partido, a través de la ocupación de puestos decisorios en los diferentes niveles del organigrama estatal. Ciertamente, el radicalismo se perfilaba como un actor insoslayable a la hora de nutrir los planteles gubernamentales, al contar con mayor presencia territorial que los demás partidos y heredar el estatus de principal alternativa electoral al peronismo. En virtud de dicho escenario, la intervención designó dirigentes radicales en puestos clave del gobierno, relegando a las demás organizaciones partidarias a lugares secundarios. La prioridad otorgada a los radicales, principalmente a la fracción sabattinista, llevó a que, a poco de andar, el apoyo generalizado que prestó el arco político a la intervención revelara sus límites y florecieran las divergencias. Esto no impidió al interventor preservar una relación de mutua colaboración con el frondizismo, actor dominante dentro del radicalismo aunque desplazado en el reparto de cargos. En efecto, el apoyo crítico fue el sello característico de la trayectoria de la principal fracción radical, que debió pivotear entre imperativos discordantes tales como evitar el desgranamiento de sus filas, preservar márgenes de autonomía frente al gobierno y construir un perfil lo menos reactivo posible de cara a los simpatizantes y dirigentes peronistas.

La activa participación de la dirigencia radical en el gobierno tuvo resultados ambivalentes hacia dentro del partido. El ensanchamiento de los recursos materiales y simbólicos a su alcance fue de la mano con la profundización del fraccionalismo, fenómeno que, al igual que las designaciones en el estado, involucró a los diferentes niveles de la estructura partidaria. Desde las cúpulas hasta las bases, el repertorio de conflictos desatados por la ocupación de puestos en la administración pública modeló la experiencia de los dirigentes en las escalas local, departamental y provincial, reeditando enfrentamientos pretéritos y activando nuevos. De ese modo, a tono con un rasgo tradicional del partido, las perspectivas abiertas por un gobierno afín exacerbaron la conflictividad interna, cuadro que sólo logró zanjarse con la división formal de la UCR a fines de 1956.

La fraccionalización no fue a contramano del crecimiento territorial del radicalismo. Por el contario, la expansión reticular fue un signo característico del entramado asociativo partidario en la etapa comprendida entre el golpe de estado y la Convención Nacional. Al embestir contra las entidades, dirigentes y funcionarios peronistas, la Revolución Libertadora introdujo cambios sensibles en las formas locales de la política. En medio de un proceso general de activación de la militancia radical, cuyos antecedentes se retrotraían a los estertores del gobierno peronista, los centros habilitaron nuevas vías de canalización de las demandas locales, proceso que se retroalimentó con la conquista de espacios en la administración pública. En algunos casos, los organismos de base radicales se fortalecieron en desmedro de la dispersión peronista, elemento que introdujo una nueva fuente de conflictos en el seno de las filas partidarias. La multiplicación de los centros y el robustecimiento en los niveles de afiliación, visibles a lo largo del período analizado, también se nutrieron de la competencia entre las fracciones. De ese modo, la microconflictividad generada en torno a los centros hablaba de una dirigencia que recurrió a un amplio abanico de prácticas para ensanchar sus bases de sustento y capitalizar un ciclo de expansión que contrastó con la trayectoria partidaria durante la década peronista.

En síntesis, el derrocamiento del peronismo habilitó un singular proceso de crisis y expansión del radicalismo tucumano. El crecimiento territorial del partido y su acceso a puestos decisorios dentro del gobierno fueron de la mano con un incremento en la fraccionalización, cuadro que se mantuvo hasta fines de 1956. De ese modo, aunque en términos globales el radicalismo robusteció su presencia en la sociedad provincial, la división del partido minó su capacidad para construir una alternativa electoral superadora del peronismo. La ruptura definitiva de sus filas reveló, a la postre, los claroscuros legados por la crisis de crecimiento que atravesó el partido a comienzos en los inicios de la “Revolución Libertadora”.

 

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[1] Sobre la relación entre los partidos y el gobierno véase María Estela Spinelli. Los vencedores vencidos: el antiperonismo y la “revolución libertadora”. Buenos Aires, Biblos, 2005. Algunas trayectorias partidarias en Hernán Camarero y Carlos Herrera. El partido socialista en Argentina. Buenos Aires, Prometeo, 2005; María Cristina Tortti. El “viejo” partido socialista y los orígenes de la “nueva” izquierda (1955-1965). Buenos Aires, Prometeo, 2009; Silvana Ferreyra. Socialismo y antiperonismo: el Partido Socialista Democrático. Transformación partidaria y dinámica política en tiempos de proscripción. (Provincia de Buenos Aires, 1955-1966). Tesis de Doctorado. Mar del Plata, UNMdP, 2012; Julio César Melón Pirro. El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego del 55. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2009.

[2] Sobre las esferas nacionales del partido véase Alain Rouquie. Radicales y desarrollistas en la Argentina. Buenos Aires, Schapire, 1975; Ricardo Gallo. Balbín, Frondizi y la división del radicalismo (1956-1958). Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1983; Ana Virginia Persello. Historia del radicalismo. Buenos Aires, Edhasa, 2007; María Estela Spinelli. Los vencedores…, Op. Cit. Las investigaciones sobre el radicalismo en Córdoba y Jujuy constituyen excepciones al diagnóstico referido y ofrecen antecedentes de relevancia para el presente texto. César Tcach. De la Revolución Libertadora al Cordobazo. Buenos Aires, Siglo XXI, 2012; Fernando Castillo. “Conflictos y representaciones en el radicalismo de Jujuy, del peronismo a la Revolución Libertadora”. Polhis. Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política, N° 15. Buenos Aires, 2015, pp. 175-204.

[3] Nuestro análisis recupera la definición de las fracciones propuesta por Richard Zariski, quién las entiende como cualquier combinación dentro del partido, de camarillas o grupos cuyos miembros comparten un sentimiento de identidad común y un propósito común, que se encuentran organizados para actuar de manera colectiva y lograr sus objetivos. Estos objetivos contemplan diversas variables: el control del partido y el aparato gubernamental; el cumplimiento de intereses locales, regionales o de grupo; la promoción de valores compartidos y/o la influencia en la estrategia del partido o en las políticas públicas. Richard Zariski. “Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations”. Midwest Journal of Political Science, N° 4. 1960, p. 33.

[4] Esta perspectiva se inscribe en la corriente de análisis que define al fraccionalismo como un fenómeno de efectos múltiples, que pueden robustecer o debilitar al partido de acuerdo a las diferentes coyunturas. Se desmarca, en ese sentido, de aquellas que atribuyen al fraccionalismo un carácter patológico o disfuncional. Alberto Espejel Espinoza. “El estado de la cuestión de los grupos al interior de los partidos. Entre facciones, fracciones y tendencias”. Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Vol. II, N° 1. México, 2013, pp.131-154.

[5] Leandro Lichtmajer. “Confrontar al peronismo. Dinámica partidaria y prácticas políticas de la Unión Cívica Radical (Tucumán, 1946-1958)”. HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, Vol. 8, N° 15. Medellín, 2016, p. 382.

[6] Moreno Campos fue concejal por la Capital (1938-1943) mientras que Pérez de Nucci fue diputado provincial (1935-1943).

[7] Pisarello fue senador por la Capital (1948-1952) y Alonso diputado por el mismo distrito (1948-1952).

[8] Leandro Lichtmajer. “Confrontar…”, Op. Cit., pp. 376-383.

[9] La Gaceta, Tucumán, 23/9/1955.

[10] Aunque carecemos de estudios específicos sobre este tema, abordajes sobre el campo escolar y la sociabilidad local durante el peronismo inducen a reflexionar en tal sentido. Omar Acha. “Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo”. Desarrollo Económico, Vol. 44, N° 174. Buenos Aires, 2004, pp. 199-230; Flavia Fiorucci. “La denuncia bajo el peronismo: el caso del campo escolar”. Latin American Research Review, Vol. 48, N° 1. Austin, 2013, pp. 3-23.

[11] Boletín Oficial, Tucumán, 25 de noviembre de 1955, p. 8144.

[12] Félix J. Mothe y Juan Ángel Tito Frías (Subsecretarías de Gobierno y Justicia y Cultura e Instrucción Pública, respectivamente); Lázaro Barbieri, Miguel Mendoza Padilla, Amadeo Rizzato, Dante Salvioli (Direcciones de Enseñanza, Cárceles, Turismo y Personal, respectivamente); Juan Fortassín (Jefatura de Policía). Ídem, 25 de noviembre de 1955, p. 8144; 26 de julio de 1956, p. 6648.

[13] Ídem, 25 de noviembre de 1955, p. 8144.

[14] Ibídem.

[15] Ricardo Collado y Nilo Lucero (vocales); Nilamón Bulacio Núñez (Ministro Fiscal). La Gaceta, Tucumán, 22/10/1955.

[16] Ídem, 13/10/1955.

[17] Ibídem.

[18] Silvana Ferreyra. “El “delito” de ser peronista. Una aproximación a la comisión investigadora durante la Revolución Libertadora”. Ponencia presentada en Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo, Tucumán, 2014.

[19] En la Comisión Central se designaron tres radicales (Nilo Lucero, Ramón Villagra Delgado, Alfredo García), un conservador y un militar. Asimismo, dirigentes de la UCR presidieron subcomisiones clave (Partido Peronista, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Municipalidad de Tafí Viejo, Justicia Nacional, Dirección de Obras Públicas de la provincia, entre otras). Archivo General de la Nación (AGN), Archivo intermedio, Fondo Comisión Nacional de Investigaciones, Memoria de la Comisión Provincial de Investigaciones de Tucumán, Caja 3, fs. 1-36.

[20] María Estela Spinelli. Los vencedores…, Op. Cit., p. 73.

[21] César Tcach. De la Revolución…, Op. Cit., pp. 19-43; Fernando Castillo. “Conflictos…”, Op. Cit., pp. 195-196.

[22] La Gaceta, Tucumán, 11/10/1955.

[23] Ídem, 3/11/1955.

[24] Ídem, 17/11/1955.

[25] Ídem, 12/11/1955.

[26] Ídem, , 8/11/1955.

[27] Leandro Lichtmajer. “Asociacionismo y política en la escala local. El Centro de la Unión Cívica Radical de Bella Vista durante el post peronismo (Tucumán, 1955-1958)”. Boletín Americanista, N° 68. Barcelona, 2014, pp. 165-185.

[28] Libro de Actas del Centro Social y Político de la Unión Cívica Radical de Bella Vista, 24/10/1955.

[29] Se designó en esa localidad a Argentina Moreno, dirigente de la rama femenina del partido. La Gaceta, Tucumán, 3/12/1955.

[30] Boletín Oficial, Tucumán, 5/9/1956, p. 6324.

[31] AGN, Archivo intermedio, Fondo Secretos, Confidenciales y Reservados, caja n° 134, Carpeta caratulada “Pedido de un cargo de juez de paz”, fs. 1-23, enero-abril de 1957.

[32] La Gaceta, Tucumán, 1/2/1956.

[33] Los unionistas reclamaban cesantías del personal educativo y del ministerio de Hacienda. Ídem, 3/2/1956.

[34] Ídem, 6/2/1956. Las Juntas Consultivas Provinciales buscaban replicar el organismo nacional creado en octubre de 1955 por Eduardo Lonardi. Sobre su funcionamiento y alcances véase María Estela Spinelli. Los vencedores…, Op. Cit., p. 194.

[35] Por este hecho detuvieron a 108 personas, entre las que se encontraban ex directivos de la CGT y del Partido Peronista. La Gaceta, Tucumán, 4/5/1956.

[36] La expresión fue esgrimida ante el Ministro (interino) del Interior, Laureano Landaburu, en una visita a Tucumán. Ídem, 28/5/1956.

[37] Lo apoyaron los Partidos Socialista, Demócrata Progresista y Demócrata Cristiano. Ídem, 11/6/1956.

[38] Ídem, 12/5/1956.

[39] Ídem, 13/5/1956.

[40] Fueron convocados las fracciones sabattinista y frondizista de la UCR y los partidos Socialista, Demócrata Progresista, Demócrata Cristiano, Bandera Blanca, Social Agrario y Demócrata. Ídem, 29/5/1956.

[41] Ídem, 27/5/1956.

[42] Ídem, 18/8/1956.

[43] También renunciaron el Jefe de Policía y el Subsecretario de Cultura e Instrucción Pública. En el Ministerio de Gobierno asumió Mothe, segundo de Alonso. Ídem, 22/7/1956.

[44] Ídem, 5/10/1956.

[45] Leandro Lichtmajer. “Asociacionismo…”, Op. Cit., p. 169.

[46] Omar Acha. “Sociedad…”, Op. Cit.

[47] Leandro Lichtmajer. “Asociacionismo…”, Op. Cit., p. 169.

[48] Leandro Lichtmajer. “Asociacionismo…”, Op. Cit., p. 168.

[49] La Gaceta, Tucumán, 9/11/1955.

[50] Ídem, 16/12/1955.

[51] Ídem, 17/12/1955.

[52] Biblioteca del Congreso de la Nación, Sala de Colecciones Especiales, Archivo Perón. Partido Peronista. Distrito de la Provincia de Tucumán. Padrón Partidario Departamento de Graneros, Circuitos 83-88, c. 1954.

[53] Ibídem.

[54] La Gaceta, Tucumán, 27/4/1954.

[55] Ídem, 30/1/1956.

[56] Leandro Lichtmajer. “Asociacionismo…”, Op. Cit., p. 166.

[57] La Gaceta, Tucumán, 14/7/1956, 15/8/1957.

[58] Ídem, 9/8/1956.

[59] Libro de Actas, Op. Cit., 26/4/1956, 14/4/1958.

[60] La Gaceta, Tucumán, 7/12/1955.

[61] Libro de Actas, Op. Cit.

[62] Por el contrario, las cifras de participación en las asambleas del centro se incrementaron. Ídem, 15/04/1956.

[63] La Gaceta, Tucumán, 14/4/1951.

[64] Ídem, 16/1/1956. Entre enero y junio de 1956 desarrolló las siguientes acciones: publicó una declaración llamando a los vecinos a “profundizar la actuación” en el barrio y repudiar un episodio de violencia entre afiliados; organizó una caravana de afiliados para asistir a un acto con presencia de Frondizi; realizó un acto por el día del trabajador; puso en marcha la secretaría femenina del centro y materializó un ciclo de conferencias de dirigentes radicales. Ídem, 18/2/1956, 12/4/1956, 23/5/1956, 21/6/1956.

[65] Ídem, 24/8/1956.

[66] Ídem, 26/11/1955.

[67] Leandro Lichtmajer. “Confrontar…”, Op. Cit., p. 380.

[68] La Gaceta, Tucumán, 29/12/1955.

[69] Ibídem.

[70] La Gaceta, Tucumán, 5/1/1956.

[71] Alcanzó un 82% de los votos frente al 18% del sabattinismo. El unionismo no participó de la contienda. Ídem, 1/2/1956.

[72] Las cifras sobre los centros radicales entre 1955-1956 se basaron en la información sobre la actividad proselitista del radicalismo publicada en el diario La Gaceta, única fuente periodística disponible para ese período.

[73] La Gaceta, Tucumán, 21/1/1956.

[74] Ídem, 8/11/1955.

[75] La participación trepó de 5636 a 7962. Ídem, 1/2/1956.

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