La "Acción Cívica" del Ejército argentino: características, modalidades y planificación de una estrategia de legitimación. 1966-1975

 

 

The "Civic Action" of the Argentine Army: characteristics, modalities and planning of a strategy of legitimation. 1966-1975

 

 

María Alicia Divinzenso

Escuela de Historia

Universidad Nacional de Rosario, Argentina  

aliciadivinzenso@gmail.com

 

 

 

Resumen

Desde finales de la década de 1950, las Fuerzas Armadas comenzaron a prepararse para intervenir en un nuevo tipo de guerra que permitía su participación en la represión de un “enemigo interno”. Al interior del Ejército, este proceso de redefinición doctrinaria significó no sólo modificaciones en su organización territorial y operacional sino la adopción de un conjunto de prácticas y técnicas que fueron adaptándose e incorporándose al accionar militar.

En este trabajo, proponemos abordar una de ellas, particularmente, a la que los militares denominaron “Acción Cívica”. Allí, civiles y militares realizaban tareas conjuntas relacionadas con la educación, la salud y el deporte. A partir del análisis de documentos militares y de la prensa periódica, buscaremos caracterizar estas prácticas, analizando las reglamentaciones que las orientaban y sus modalidades de realización. La hipótesis que recorre este trabajo es que el Ejército concibió a la “Acción Cívica” como un recurso operativo que se integró de forma planificada al funcionamiento regular de las unidades militares y se constituyó como un espacio donde pretendió orientar los sentidos, imágenes y actitudes implicados, buscando incrementar su visibilidad y aceptación en la sociedad civil.

 

 

 

Palabras clave

Ejército Argentino; relaciones cívico-militares; “Acción Cívica”; Argentina contemporánea

 

Abstract

Since the late 1950s, the Armed Forces began to get prepared to intervene in a new type of war that allowed them to participate in the repression of an "internal enemy." Within the Army, this process of doctrinal redefinition meant not only changes in its territorial and operational organization but also the adoption of a set of practices and techniques that were adapted and incorporated into military action.

In this work, we intend to analyze one of them, in particular, that the military called "Civic Action". In it, civilians and military carried out joint tasks related to education, health and sport. From the analysis of military documents and the periodical press, we will try to characterize these practices, analyzing the regulations that guided them and their modalities of realization. The hypothesis that runs this work is that the Army conceived the "Civic Action" as an operational resource that was integrated in a planned way to the regular operation of military units and was constituted as a space where it intended to guide the senses, images and attitudes envolved, seeking to increase their visibility and acceptance in civil society.

 

Keywords

Argentine Army; "Civic Action"; civilians – military; contemporary Argentina

 

 

 

 

 Introducción

 

Hacia finales de la década de 1950, las Fuerzas Armadas (FF.AA., en adelante) comenzaron a transitar un proceso de renovación doctrinaria en base a una nueva hipótesis de guerra. En el contexto de la Guerra Fría, los objetivos, misiones y funciones de los militares se redefinieron en torno a un potencial conflicto bélico caracterizado como multiforme, integral y no “convencional” contra un enemigo de carácter “interno”. En el curso de la década comprendida entre 1966 y 1976, las FF.AA., y particularmente el Ejército, aumentaron su participación en la realización de acciones represivas a la par del ascenso de la movilización social, amparados en los cambios que supuso la Doctrina de Seguridad Nacional (en adelante DSN). Los estudios de los cambios doctrinales coinciden en afirmar que la DSN fue el resultado de la lectura en clave nacional de la “Doctrina de la Guerra Revolucionaria” francesa, incorporada por el Ejército hacia 1956, sumado a las influencias doctrinarias norteamericanas de “guerra contrainsurgente” que se difundieron en la década del sesenta.[1]

La teoría contrainsurgente norteamericana postulaba que el “comunismo” utilizaba las tensiones generadas por los procesos de modernización en las sociedades de los países del “tercer mundo” para promover organizaciones guerrilleras que derrocaran a los gobiernos aliados de Occidente. En este contexto, la actitud de Estados Unidos debería ser la de no intervención directa con fuerzas militares propias en los conflictos internos de los países latinoamericanos sino, por medio de programas de ayuda militar, apoyar a las acciones de contrainsurgencia de las FF.AA. nacionales así como propiciar políticas reformistas.[2] Dichos programas, también instaban a la elaboración de planes de “Acción Cívica” donde se preveía el uso de fuerzas militares locales en proyectos de utilidad para la población en diversas áreas relacionadas con la educación, las obras públicas, agricultura, transporte, comunicaciones, salud y sanidad, cultura, entre otras. Según la visión norteamericana, los militares debían contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población por dos objetivos complementarios: Por un lado, para mejorar la imagen de los Ejércitos latinoamericanos ante la población civil y por el otro, porque suponían que eliminando las bases materiales del descontento social reducirían las condiciones que estaban en la base de adhesión a los movimientos revolucionarios.

Durante los años previos a la aprobación de la Ley de Defensa Nacional en 1966, se produjeron los principales acercamientos entre las FF.AA. argentinas y el gobierno de los Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países se basaron en la incorporación de las FF.AA. locales a los Programas de Asistencia Militar (PAM) y en el entrenamiento de los oficiales argentinos en las bases militares norteamericanas. La formación que los militares argentinos recibieron en dichos cursos incorporaba a la “Acción Cívica” como parte integral de la doctrina contrainsurgente.[3] En Argentina los planes de “Acción Cívica” comenzaron a formalizarse para todas las armas a partir de 1963 en el momento en que empezaban las negociaciones para la firma de los PAM.[4] Más allá del derrotero de la relación con el gobierno norteamericano[5], lo cierto es que el concepto de “Acción Cívica” tomado de la doctrina contrainsurgente se incorporó por estos años como un recurso operativo del Ejército Argentino. Dicha situación, evidenciaba que al interior de la Fuerza las transformaciones en la caracterización del tipo de guerra, en la tipificación del enemigo y en la amenaza a la seguridad interna tuvieron como correlato una nueva actitud para relacionarse con la sociedad civil.

En el proceso de investigación que culminó con la elaboración de nuestra tesis de Maestría,[6] nos propusimos reconstruir el origen, funciones y misiones de la “Acción Cívica” en la ciudad de Rosario y su región. El interés central en esa ocasión, estaba puesto en analizar las características, modalidades y ritmos de realización de dichas prácticas en un período extendido en el tiempo (1960/1983). Al construir un estado del arte sobre la “Acción Cívica” de las FF.AA. argentinas advertimos que era una práctica escasamente abordada por los especialistas de las ciencias sociales y humanas. En líneas generales, las referencias a la “Acción Cívica” podían encontrarse en dos líneas de trabajo. Por un lado, menciones aisladas en los estudios sobre doctrina militar que reseñábamos más arriba. Por el otro, y dentro del campo de la historia reciente, no sólo eran escasos los estudios sobre la “Acción Cívica” sino que se concentraban en tres contextos específicos de la historia reciente argentina: el “Operativo Dorrego”,[7] el “Operativo Independencia”[8] y durante la última dictadura militar. 

El caso del “Operativo Independencia” presentaba como singularidad el hecho de que allí se utilizaron, por primera vez y como un conjunto sistemático, los elementos programáticos de la doctrina “antisubversiva” –acción represiva, cívica y psicológica-.[9] Es decir, no sólo se desplegaron operativos represivos sino también otro tipo de acciones cuyo blanco inmediato fue la población en su conjunto.[10] Santiago Garaño afirmó que el objetivo de dicho operativo era no sólo aniquilar toda forma de oposición al poder militar sino construir una sociedad ordenada, disciplinada, silenciosa y armoniosa a partir de la multiplicación e irradiación de la disciplina militar y los valores castrenses.[11] Por último, las escasas investigaciones dedicadas a la última dictadura que se han detenido a analizar a la “Acción Cívica” de las FF.AA. coincidían en caracterizar a esas prácticas como una estrategia de socialización en valores militares que formó parte de los mecanismos de legitimación de la Fuerza para lograr su inserción social en las localidades y mejorar su imagen, a partir de generar una mayor presencia y visibilidad de los militares.[12]

Como se puede apreciar, los estudios sobre la “Acción Cívica” del Ejército se focalizaron sobre experiencias aisladas y relativamente excepcionales.  Aunque con distintas evaluaciones, los abordajes académicos estas experiencias resaltaron, un rasgo de continuidad con los planes de “Acción Cívica” previos del Ejército pero resignificados en cada contexto de realización. Sin embargo, no existen investigaciones empíricas que den cuenta de su funcionamiento regular desde los primeros años de la década de 1960. Uno de los objetivos de este trabajo es reconstruir la génesis, misiones y formas regulares de realización de la “Acción Cívica” contribuyendo así a incrementar en densidad explicativa de algunas hipótesis. Por otro lado, si bien la “Acción Cívica” era mencionada por los estudiosos de los cambios de la doctrina militar, no se exploró cómo estas actividades se integraron en términos reglamentarios al funcionamiento operativo del Ejército.

El presente trabajo tiene como objetivo cubrir estas vacancias articulando dos niveles de análisis. En primer lugar, se analizarán cómo los cambios doctrinales se expresaron en un conjunto de reglamentos, por considerar que dicha documentación organizó la realización operativa, orientó los sentidos, misiones y funciones, así como construyó una actitud hacia la población civil que se materializaron en la realización de la “Acción Cívica”. Luego, se caracterizará su realización, modalidades e instituciones convocadas por el Ejército por medio de la reconstrucción de dichas actividades para el caso de Rosario y su región, y del análisis de diferentes documentaciones militares (reglamentos, directivas y planes) que regularon dichas prácticas. Creemos que este abordaje nos permitirá demostrar que el Ejército concibió a la “Acción Cívica” como un recurso operativo que se integró de forma planificada al funcionamiento regular de las unidades militares y se constituyó como un espacio donde pretendió orientar los sentidos, imágenes y actitudes implicados, buscando incrementar su visibilidad y aceptación en la sociedad civil, en un contexto donde paulatinamente incrementó su participación en la represión.

 

 

La “Acción Cívica” en los reglamentos del Ejército argentino de la década de 1960

 

Durante la autodenominada “Revolución Argentina” se constituyó un corpus normativo y legislativo que respondía a la noción de “enemigo interno” y permitía a FF.AA. intervenir en la represión del conflicto interno entendido como “lucha contra el comunismo”, nociones propias de la DSN. Esta situación se expresó en la intensificación de la elaboración de reglamentos militares que conformaron un corpus relativamente coherente y totalizador que orientó las operaciones represivas a mayor escala encaradas por el Ejército para reprimir los alzamientos populares que se iniciaron en 1969.[13]

En otro trabajo[14] hemos analizado el reglamento específico que regulaba las formas operativas de la “Acción Cívica” - el RC-19-1, Reglamento de Operaciones de Asuntos Civiles[15] - publicado en 1966. Siguiendo a Pontoriero,[16] los reglamentos no sólo condensan de manera sistemática la doctrina militar sino que, en base a la densidad conceptual que poseen y a la complementariedad que mantienen entre sí, se convierten en fundamentos teóricos y prácticos de la acción militar. Por este motivo, nos interesa particularmente registrar cómo se articuló e integró a la “Acción Cívica” en este conjunto reglamentario[17] de fines de las década de 1960 ya que el reglamento RC-19-1, no sólo fue un reglamento “temprano” sino que además, no fue modificado ni sustituido por otros.[18]

Recordemos, en líneas generales, las misiones y funciones operativas de la “Acción Cívica” en el Reglamento de Asuntos Civiles. En primer lugar, se partía de la premisa de que el accionar militar “repercutirá siempre sobre la población afectando fundamentalmente su situación social, económica y a menudo política existente” creando “un factor de fricción potencial.” Para contrarrestar dicha situación y obtener  un conveniente grado de comprensión y buena voluntad hacia las tropas”, las autoridades militares debían ofrecer “a las autoridades civiles y/o a los grupos sociales más representativos, como compensación por los inconvenientes que necesariamente deberán aceptar, cierto tipo de colaboración y asesoramiento en beneficio de sus organizaciones”.[19]

Con este objetivo, los militares enumeraban una serie de programas de relaciones cívico-militares enmarcadas dentro de la categoría de “Acción Cívica” entendida como el empleo del personal y medios militares en proyectos que resulten de utilidad para la población civil  (…) que, además de contribuir al desarrollo social y económico, realzan o consolidan el prestigio de las fuerzas armadas ante la población.[20] Según la argumentación militar, durante la Guerra Fría y ante la ausencia de un conflicto armado entre fuerzas regulares, las partes en contienda “buscan alcanzar sus objetivos por otros medios (políticos, económicos, sicológicos, etc.). El poder militar intervendría apoyando en forma indirecta tales acciones o directamente en operaciones de seguridad”.[21] De esta manera, la “Acción Cívica” se convertía en un medio clave para estrechar dicha relación y se constituía en “un medio eficaz durante la paz para prevenir la subversión y durante la guerra para neutralizarla o eliminarla [ya que] no solamente proporcionarán bienestar a la población, sino que motivarán la confianza y el apoyo por parte de ésta”.[22] Dichas acciones estaban indicadas fundamentalmente para zonas de escaso desarrollo y debían ser concretadas en períodos cortos de tiempo, con resultados tangibles y visibles para los beneficiarios “a fin de que puedan apreciar el esfuerzo de las autoridades militares y civiles.”[23] Entre las consideraciones recomendadas a la hora de elaborar los planes se destacaba que “los programas propiciados por las autoridades o entidades civiles tendrán preferencia sobre los originados en organismos militares.”[24]

Por otra parte, la “Acción Cívica” también podían integrarse y contribuir al desarrollo de las operaciones militares destinadas a la “eliminación del enemigo”. A diferencia de la guerra limitada, donde las operaciones de “Asuntos Civiles” estaban “dirigidas fundamentalmente a prevenir la interferencia de la población en las operaciones militares”[25] durante las operaciones “no convencionales” podrían proporcionar importante información acerca de las “funcionarios simpatizantes, de grupos opositores políticos, refugiados y otras fuentes de la comunidad civil que puedan ser útiles”[26]. En este sentido, las articulaciones entre la unidad de “Asuntos Civiles” y la de “Inteligencia” adquirían especial importancia ya que al estar en contacto cercano y permanente con distintas personas y organizaciones de la sociedad civil, colocaba al personal militar en una posición privilegiada para realizar actividades de inteligencia.

El Reglamento RC-19-1 Asuntos Civiles de 1966, mostraba el cambio operado en las formas de concebir al enemigo. Particularmente en su segunda parte, el “enemigo interno” se configuró como una amenaza que se confundía con la población. Esta concepción determinó que la “Acción Cívica” tuviera distintos objetivos, expresados en el reglamento como complementarios. En líneas generales, la realización de tareas conjuntas entre civiles y militares en tareas que reportaran un bienestar material de la población, buscaba generar imágenes positivas del accionar militar en dos direcciones: por un lado, como forma de restar el apoyo de la población a las organizaciones del enemigo. Por el otro, como formas de legitimar las acciones ofensivas contra ese enemigo, es decir la represión violenta del mismo. La noción de “enemigo interno” en el reglamento construyó una visión ambivalente de la población, como sujeto pasivo y un objeto en disputa que los militares debían, a la vez, “cuidar” y controlar. En este sentido, la “Acción Cívica” se constituía, por lo menos desde el punto de vista teórico, como una forma de mejorar las condiciones de vida y así prevenir o combatir la subversión, reduciendo el descontento social que podía ser “capitalizado” por los movimientos de insurrección. En el reglamento de 1966, al mismo tiempo que se reconocían como legítimas las demandas de la población, y se proponía la utilización de personal y recursos militares para satisfacerlas, se preveían operaciones de inteligencia para controlarla. En este sentido, el reglamento otorgaba funciones a la “Acción Cívica” que excedían a los objetivos legitimantes del accionar militar, ya que es posible verificar cómo dichas prácticas se insertaban en términos operativos a las acciones “contraguerrilleras”.

Entre 1968 y 1969 se publicaron una serie de reglamentos que mostraba una transformación en las formas de tipificar al “enemigo interno”. En líneas generales, se distinguían dos tipos de enemigos que tenían en común el hecho de organizarse como fuerzas irregulares y operar dentro de las fronteras nacionales a partir de una estrategia destinada a conquistar a la población. El primer tipo, son las fuerzas irregulares de un movimiento de insurrección, materia a la que se dedicaron los dos primeros tomos del RC-8-2 Operaciones Contra las Fuerzas Irregulares (el Tomo I, “Fuerzas Irregulares” y el Tomo II, “Operaciones de Guerrilla y Contraguerrilla”) y el RC-8-3 Operaciones contra la Subversión Urbana. En términos generales, el enemigo que construían dichos reglamentos “emergía” de la población y se organizaba como un movimiento de insurrección, de resistencia al gobierno establecido o a la fuerza de ocupación, debido al “descontento de la población, ya sea real, imaginario o provocado; dicho descontento surgirá como consecuencia de las condiciones políticas, sociales económicas, militares y sicológicas prevalecientes[27]. En este sentido, las fuerzas de la “guerrilla” o las organizaciones clandestinas “subversivas” procurarían, según el discurso militar, ampliar, organizar y consolidar el apoyo de una población movilizada como posibilidad de éxito y desarrollo de sus operaciones. Para ello recurrirían a la infiltración, se “ocultarían” en la población procurando producir huelgas, disturbios, protestas, etc. y utilizando técnicas como la “acción psicológica” lograrían traducir los “legítimos deseos” de la población en “lenguaje subversivo”.[28]

Con este diagnóstico, en el reglamento RC-8-2, Tomo I se indicaba que las operaciones de contra-subversión debían “mitigar o eliminar las causas que la producen a la par que la individualización de los elementos u organizaciones subversivas para su neutralización y/o destrucción”[29] a partir de tres programas fundamentales: mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el control de la población y de los recursos y las operaciones contraguerrilla. Con respecto al primero, se consideraba que las causas que motivaban a la subversión disminuirían cuando las autoridades pudieran satisfacer las aspiraciones y necesidades de la población. Para ello se recomendaba “el empleo de las fuerzas militares en programas de Acción Cívica militar, en estrecha coordinación con las autoridades y organismos civiles [buscando a su vez], el apoyo, la lealtad y respeto de la población hacia las autoridades constituidas, como así también hacia las fuerzas armadas.”[30]

De esta manera, la “Acción Cívica” contribuía a disminuir las causas del malestar social, especialmente cuando se trataba de obras mayores, relacionadas con la construcción de caminos y puentes; el tendido de líneas telefónicas; la provisión de sistemas de agua potable; las campañas sanitarias, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que dichas obras también estaban pensadas para contribuir al desarrollo de las operaciones de “contraguerrilla” permitiendo el rápido acceso y control de las poblaciones más pobres y alejadas, con el objeto de la “eliminar” la subversión. 

La importancia de la  “Acción Cívica” es ratificada en el Reglamento RC-8-2 Tomo III operaciones contra fuerzas irregulares (guerra revolucionaria) de 1968. El pensamiento militar distinguía este tipo de guerra contra “fuerzas irregulares” de las anteriores por considerar que se enfrentaba a un enemigo específico, el “comunismo”, que planteaba por este medio un objetivo revolucionario. Es decir, a diferencia de los movimientos insurreccionales, no sólo buscaba resistir u oponerse a un gobierno sino que se proponía transformar radicalmente al sistema. Aún actuando en el territorio nacional y con promotores locales, su origen se postulaba en el reglamento como externo ya que la “Guerra Revolucionaria” era definida como un “tipo de guerra ideológica desarrollada por el comunismo internacional en los campos políticos, sicológicos y militar para imponer la ideología marxista”.[31]

Los militares consideraban que el comunismo buscaba lograr la captación y adhesión de la población procurando involucrarla en la lucha usando como medios “apropiadas técnicas de subversión, combinando estrechamente acciones políticas, sociales, sicológicas, económicas y eventualmente acciones violentas y operaciones militares.”[32] Es por ello que la guerra “contrarrevolucionaria” que llevaría adelante el Ejército debería ser igualmente integral, abarcando “todos los campos de la actividad humana” entendiendo que “si su actuación en el orden militar es esencial, su acción en otros campos no es menos importante”[33]. Entre estos últimos, se mencionaba a la “Acción Cívica”, justificando su utilización en “la necesidad de una acción integral en todos los escalones, ya sean políticos, administrativos, económicos, sociales, culturales y militares”.[34] Con este diagnóstico, la “Acción Cívica” debía reforzar los valores de la sociedad occidental y cristiana, el respeto por la norma, la disciplina y la tradición a partir de reforzar el nacionalismo, tópicos identificados como “blancos del ataque comunista”. Por último, queremos señalar que la utilización de la “Acción Cívica” en situación de “guerra revolucionaria” apareció por primera vez en este manual, ya que el reglamento RC-19-1 de Asuntos Civiles no la contemplaba.

Los reglamentos de finales de la década de 1960 consideraban que los descontentos de la población eran capitalizados por las “organizaciones subversivas” a través de “operaciones psicológicas”.[35] Partiendo de esta premisa y para combatir esta acción del enemigo, el 8 de noviembre de 1968 se publicó con carácter reservado el Reglamento RC-5-2 Operaciones sicológicas (sic).[36] El Ejército denominó “Operaciones sicológicas de consolidación” a las actividades que estaban dirigidas hacia poblaciones dentro del propio territorio o de territorio ocupado por fuerzas militares propias, con el objeto de facilitar las operaciones y promover el máximo de cooperación de la población civil. Para ello se enumeraban una serie de métodos[37] considerados como “las vías de acceso más indicadas para lograr un impacto sicológico y por las cuales transitan los temas o asuntos seleccionados para alcanzar los efectos deseados [es decir] crear, afirmar o modificar conductas y actitudes en los públicos”.[38] Si bien los campos operacionales donde podían realizarse estas tareas son múltiples, nos detendremos a analizar las indicaciones relacionadas con la “Acción Cívica”.

El reglamento tipificaba una serie de actividades destinadas a la población, que en este caso dejaba de estar indiferenciada para pasar a dividirse en “públicos (blancos) seleccionados”.[39] Entre estas actividades se mencionaban la propaganda y la conducción e instrucción de los públicos internos (personal militar) y externos a través de “cursos regulares, cursillos, conferencias, proyecciones, pruebas de capacitación, apuntes, folletos, cuestionarios y acción cultural”.[40] Un área importante para realizar operaciones psicológicas lo constituía una amplia categoría denominada “educación”. En ella los militares buscaban formar la personalidad de los “públicos” a partir de la incorporación de determinados valores con el objeto de generar conductas “adecuadas”. La educación, decía el reglamento:

 Se podrá realizar por medio del diálogo del conductor, del sicólogo, del docente, del médico o cualquier otra autoridad capacitada con los blancos. También se podrá ejecutar mediante los ritos religiosos, las costumbres, las celebraciones patrióticas, las ceremonias, los homenajes, los castigos, las concesiones de bienestar, los premios y la creación de los hábitos de disciplina.[41]

Por otro lado, las relaciones públicas del Ejército también se constituían en un medio para llegar a determinados públicos con el objeto de crear, afirmar o modificar la propia imagen institucional. Para ello, el reglamento sugería utilizar las herramientas del ceremonial y protocolo, las entrevistas, las mesas redondas, las conferencias de prensa así como los padrinazgos, las obras sociales, las becas, los viajes, los congresos, las exposiciones y las visitas explicadas, entre otras.

En este sentido, las actividades de “Acción Cívica” implicaban prácticas y lugares concretos donde desarrollar operaciones psicológicas de este tipo. A su vez, eran espacios propicios para estudiar a cada “blanco” con el objetivo de preparar programas específicos de operaciones psicológicas. Complementariamente, la relación que los militares establecieron en el mediano plazo con distintas instituciones de la sociedad civil, permitía un grado de conocimiento y de “confianza” hacia la Fuerza que podía reforzar los objetivos de la “Acción Psicológica”. La necesaria vinculación entre los dos tipos de acciones (Cívica y Psicológica) se expresó en el reglamento a partir de indicar la coordinación entre los responsables de ambos grupos. Era responsabilidad del oficial de asuntos civiles (G-5) asistir y coordinar con el oficial de “Operaciones Sicológicas” la planificación y evolución de las actividades de “Asuntos Civiles” evaluando el “impacto sicológico” de las mismas. Dicha relación debía establecerse también con el oficial de relaciones públicas ya que se esperaba que “la coordinación entre el oficial de relaciones públicas, el oficial de operaciones sicológicas del estado mayor y el de asuntos civiles (G5) deberá dar como resultado un efectivo programa de relaciones con la comunidad”.[42]

 

 

Planificación, difusión y financiamiento: las modalidades de la convocatoria militar

 

En las páginas anteriores nos hemos dedicado a caracterizar a la “Acción Cívica” en función de sus objetivos, misiones y potencialidades en términos operativos, a partir de las indicaciones que brindaban los reglamentos. En este apartado pretendemos reconstruir la forma efectiva en que se llevaban adelante dichas prácticas en la ciudad de Rosario y su zona entre 1966 y 1975. Para ello, nos interesa analizar cómo eran los procedimientos con los que se desarrollaba la “Acción Cívica” e identificar el tipo de instituciones participantes en este particular periodo caracterizado por el aumento de la conflictividad social y política así como por la participación creciente del Ejército en la represión interna.

Si bien para el caso de Rosario y su región podemos relevar tareas de “Acción Cívica” a partir de 1964,[43] el funcionamiento operativo regular puede verificarse a partir de la publicación del Reglamento de Asuntos Civiles de 1966, cuando las actividades se tipificaron, se organizaron en planes anuales y adquirieron un formato unificado para ser informado. Los planes de “Acción Cívica” estaban conformados por tres áreas prioritarias: “Educación”, “Salud y Comunidad” y “Deportes”. El área de Educación fue la que con más intensidad recibió la atención de los militares. Durante el período 1966/1975, “soldados albañiles” ampliaron, repararon y realizaron tareas de mantenimiento en diversas escuelas y colegios de la ciudad. También les proporcionaron materiales didácticos como libros, útiles escolares y mapas sumados a la donación de mástiles y banderas de ceremonia. Las diferentes unidades del Ejército radicadas en Rosario y su zona brindaron transporte, alojamiento y comida para que los alumnos de las escuelas más alejadas de los centros urbanos realizaran “viajes de estudio”. En líneas generales, el número de establecimientos educativos, públicos y privados, de todos los niveles (inicial, primario y secundario) aumentó, localizándose la mayoría de estas iniciativas en las zonas urbanas de Rosario y su región. Dentro del área denominada de “Salud y Comunidad” se desarrollaron actividades que incluían campañas de relevamiento sanitario de la población, de vacunación, donación de medicamentos, atención médica y odontológica, entre otras. Dentro de este rubro también, se realizaron la reparación y el mantenimiento de caminos, líneas telefónicas, conductos de agua potable y plazas públicas. Diferentes hospitales, iglesias, parroquias, asilos, orfanatos y asociaciones vecinales figuran entre las instituciones que no sólo recibieron ayuda en materia edilicia sino que fueron objeto de diversas donaciones. Con respecto al área “Deporte”, múltiples instituciones deportivas recibieron mejoras y mantenimiento de su infraestructura, así como donaciones por parte del personal militar.

En resumen, de la reconstrucción de las actividades del II Cuerpo de Ejército se puede concluir que los espacios privilegiados para la realización de tareas de “Acción Cívica” fueron las instituciones escolares de todos los niveles, los establecimientos deportivos y en menor grado los organismos de beneficencia y las vecinales o comunas. Esta jerarquización de las actividades se correspondía con las modalidades de la convocatoria militar enmarcadas en un conjunto de directivas que organizaban el funcionamiento operativo “regular” de la “Acción Cívica”.

El concepto que primaba sobre la realización de estas actividades era el de la “planificación”. Para ello, el Comando del II Cuerpo informaba a través de la prensa que “las autoridades provinciales y municipales, los presidentes de las vecinales, cooperadoras de escuelas y hospitales, como también sus direcciones, y en general toda aquella persona que represente a una entidad de carácter social”[44] podían solicitar obras para ser incorporadas en el plan de “Acción Cívica” de la unidad militar. Es decir, que cada dependencia militar tenía su propio plan de actividades a realizar en la comunidad en donde estaba asentada. Sobre las formas en que se realizaba la planificación de dichas actividades, una nota publicada el 19 de diciembre de 1968 destacaba que

 

Los planes de Acción Cívica del Ejército, son el resultado de conjugar los requerimientos formulados por las entidades civiles, con las propias capacidades [de la fuerza] para satisfacerlas y cuyo proceso de concreción es el siguiente: Las autoridades civiles o entes representativos – provinciales, departamentales o comunales- hacen llegar sus requerimientos particulares a los comandos o unidades, por medio de reconocimientos se determina si se pueden satisfacer y en caso afirmativo se incluyen en el Plan de Acción Cívica de la unidad militar el que es elevado a la superioridad para su aprobación. Conferida la autorización se firma un acta convenio donde se establecen las responsabilidades para cada una de las partes y una vez fijada la fecha de iniciación se da comienzo a la tarea.[45]

 

Aunque el énfasis de la nota esté puesto en la “demanda” de la sociedad civil a los funcionarios militares, el hecho de que se publicara en la prensa las formas de ingresar a los planes de “Acción Cívica” era de por sí una convocatoria proveniente del Ejército y no un requerimiento “espontáneo” de las instituciones civiles. En el mismo sentido, estaban orientados los documentos de la Fuerza que regulan estas actividades. El marco de conceptos generales que brindaba el reglamento RC-19-1, era periódicamente actualizado por medio de Directivas de Asuntos Civiles.[46] Por medio de las Directivas, el Comandante en Jefe del Ejército ordenaba las acciones a llevar adelante en términos prioritarios, las modalidades de realización, así como formas en que debían ser informadas y difundidas. Los mecanismos para acceder a la “Acción Cívica”, los procedimientos, la planificación y el financiamiento de las directivas son las mismas que las se expresan en la prensa periódica. Sin embargo, nos interesa reseñar algunas indicaciones que no tenían carácter público, o en todo caso, que no pueden deducirse de la información brindada por la prensa.

En primer lugar, las Directivas del Comandante en Jefe indicaban que todas las actividades debían tener una importante difusión por medio de las siguientes medidas: “1) Dar relevancia a la ceremonia de inauguración. 2) Utilizar fundamentalmente el medio local para difundir en general la labor que realiza el Ejército y en particular las obras que se inauguran.”[47] El objetivo de publicitar las tareas según la Directiva era “consolidar la unión del pueblo con el Ejército y crear una imagen favorable de la Institución”.[48] La difusión de las actividades no sólo estaba a cargo de la unidad militar que las llevaba adelante, sino que las Directivas estipulaban que se debía enviar al Comando en Jefe del Ejército una reseña de las obras realizadas. Para ello se pedía explícitamente material fotográfico y periodístico para replicar la difusión de las obras realizadas.[49]

Los documentos oficiales especificaban que la “Acción Cívica” prioritaria debía ser las “actividades deportivas, culturales, educativas y donación de efectos, apadrinamiento de escuelas e instituciones educacionales, etc.”[50] a las que se sumaban las de las unidades de Sanidad y Veterinaria. Con respecto a la donación de banderas para mástil o ceremonias, y de “efectos no reglamentarios” (materiales didácticos, bibliografía, etc.) se aclaraba que podían ser por requerimiento de las instituciones o por iniciativa de las unidades militares. En todos casos, los beneficiarios privilegiados serían “las escuelas apadrinadas, los polígonos de tiro federal y las escuelas de frontera y/o de muy escasos recursos”[51], siendo las escuelas el objetivo prioritario y los polígonos de tiro casos excepcionales. Las Directivas nos ofrecen una visión distinta a la recogida en la prensa pues destacan que las unidades militares podían seleccionar y proponer el apadrinamiento o la donación de elementos a diversas instituciones por su propia iniciativa y no por requerimiento de las mismas.

Por último, las órdenes del Comandante en Jefe otorgaban un lugar destacado a las ceremonias a realizar durante el acto de apadrinamiento: “una vez fijado el día (...) y previo acuerdo con las autoridades del establecimiento escolar, concurrirá a éste una comisión de personal superior, subalterno y de tropa del organismo militar que apadrina, y un Jefe u Oficial pronunciará palabras alusivas al acto”.[52] Como hemos podido reconstruir en la prensa, las ceremonias de apadrinamiento no sólo llegaban a los integrantes directamente involucrados sino que se replicaban en los medios de comunicación los días subsiguientes.

              Con respecto al financiamiento de las actividades existían dos modalidades. Cuando se trataba de apadrinamientos, refacciones edilicias o donaciones de banderas y materiales didácticos, la unidad militar empleaba sus propios recursos. Por otro lado, cuando se realizaran proyectos de mayor envergadura, como construcción de caminos, tendidos de líneas eléctricas, etc., el financiamiento corría por cuenta de las entidades solicitantes ya que el Ejército no contaba con una partida presupuestaria especial destinada a tales obras. Los militares insistieron en las notas en la prensa, cuando se trataba de proyectos mayores, que

 

… si bien el costo de estas obras es sensiblemente más bajo que el que podrían ofrecer empresas privadas se debe destacar que todas las actividades de Acción Cívica no compiten, en ningún momento y bajo ningún concepto, con empresas privadas u oficiales, sino que su intervención está basada en los siguientes conceptos: no lesionar la capacidad operacional de la fuerza; no emplear al Ejército y sus recursos económicos, salvo casos muy especiales (emergencia nacional).[53]

 

Acatando las indicaciones de las Directivas de Asuntos Civiles, durante estos años aparecieron en la prensa extensos artículos que reseñaban la “Acción Cívica” del II Cuerpo. Por ejemplo, el 14 de noviembre de 1967, el Diario La Capital dedicó cuatro páginas a un informe titulado “Aporte de Rosario a las armas de la Nación.” El contenido de la nota, en líneas generales, no difería de otras donde se destacaba la “Acción Cívica” de las FF.AA., sin embargo dentro de la larga nómina de obras realizadas por el cuerpo en las seis provincias de su jurisdicción aparece por primera vez una cuantificación en términos monetarios. El periódico señalaba que las realizaciones del Ejército “han significado en 1966 un ahorro para el Estado de aproximadamente 50 millones de pesos. Durante el corriente año [1967] se han finalizado ya obras por un valor aproximado a los 20 millones, y otras muchas continúan en ejecución”.[54] Esta cuantificación monetaria se repite en los Libros Históricos del Comando de los años siguientes[55], hasta el año 1971 cuando las actividades de “Acción Cívica” del II Cuerpo dejaron de financiarse con los fondos asignados por el Ejército a esa gran unidad militar y “el Ministerio de Bienestar Social de la Nación comenzó a aportar fondos para tales fines, con lo cual se puede realizar una planificación más adecuada y de más efectivos resultados”.[56]

El funcionamiento regular de la “Acción Cívica” que venimos relatando sufrió una importante discontinuidad hacia 1974. A partir de ese año, las actividades mermaron ostensiblemente y durante 1975, ni la documentación oficial ni la prensa escrita registraron actividades de “Acción Cívica”. A esta situación se le sumó la desaparición del “Departamento V- Asuntos Civiles y Territoriales/G-5” del cuadro orgánico del II Cuerpo.[57] Creemos que la menor participación del Ejército en este tipo de tareas debe analizarse poniéndola en relación con el creciente lugar que fue adquiriendo el Ejército en la represión del conflicto social a partir de mediados de 1974, y fundamentalmente durante 1975.

 

 

La “Acción Cívica” en la antesala del último golpe militar

 

Luego de la muerte de Perón en julio de 1974, las FF.AA. comenzaron a recobrar su iniciativa y capacidad de presión sobre el gobierno y comenzaron a reclamar un rol más activo en la “lucha antisubversiva”. En 1975, las FF.AA. –y en particular el Ejército-  terminaron de delinear y comenzaron a poner en práctica una nueva modalidad represiva que articulaba dispositivos de carácter “legal” con otros ilegales y clandestinos.[58]

En el plano normativo interno, el Ejército aprobó el 18 de agosto de 1975 un proyecto para reemplazar los dos principales manuales doctrinarios del período anterior (RC-8- 2, Tres Tomos y RC-8-3, ambos de 1969): El reglamento RC- 9-1 Operaciones contra elementos subversivos.[59] Los principales cambios se realizaron en el área de operaciones no convencionales, inteligencia y seguridad. Por el contrario, el reglamento de Operaciones Psicológicas y de Asuntos Civiles no recibieron modificaciones continuando en vigencia los aprobados en la década del sesenta. Sin embargo, y con respecto a este último, el proyecto del reglamento  1975, incluyó dentro de su organización objetivos y misiones para la “Acción Cívica” en el marco de una nueva doctrina “contrasubversiva”.

En líneas generales, la principal transformación se operó en la forma de conceptualizar al “enemigo interno”, que fue denominado “oponente subversivo”. Se retomó la matriz de la guerra revolucionaria en lo que se refiere a los objetivos y a la estrategia integral del enemigo pero desvinculados del concepto de guerra y de la identidad política “comunista”.[60]  Por otro lado, la distinción entre diferentes tipos de enemigos presentes en los reglamentos de la década de 1960 se diluyó y el concepto “subversivo” se extendió a organizaciones político ideológicas diversas y a una noción de política ampliada que incluía aspectos del orden moral.[61] Esta indiferenciación anulaba el reconocimiento de la legitimidad de los reclamos que se le reconocía en los manuales de la década anterior diluyendo la línea que separaba el enemigo de la población. Melisa  Slatman destacó que en estos reglamentos existe un desplazamiento en el discurso militar desde el “bienestar de la sociedad” a la “seguridad de la población” con el correspondiente correlato en la necesidad de mantenerla controlada.[62] Dada la magnitud del “enemigo subversivo” esta normativa suponía, discursivamente, acciones que

 

exceden el nivel de las responsabilidades operacionales de las fuerzas militares que deberán combatir la subversión (…) [ya que] requiere la participación de todos los campos del quehacer nacional para procurar solución a las causas reales que alimentan o favorecen la subversión y que, por desarrollarse en la población, cuyo favor hay que mantener y fortalecer, no puede fundarse sólo en operaciones militares o de control.[63]

 

Por lo tanto, la “lucha contra la subversión” era un recurso aglutinante que reclamaba acciones concretas de múltiples actores nacionales ya que tanto “el personal militar, las autoridades, los funcionarios públicos en general, deben comprender las respectivas responsabilidades y asumirlas, en defensa de la estructura social amenazada”.[64] Por otro lado, al considerar a la “subversión” como una amenaza político-ideológica que atenta contra el orden político-administrativo “es en la sensibilidad y aptitud integral de los mecanismos e instituciones y elementos que componen el Poder Político del Estado donde habrán de producirse los hechos y respuestas valederas para neutralizar las causas que la generan”.[65] De esta manera quedaban integrados dentro de las “Fuerzas Legales” en el combate contra la “subversión”, organismos nacionales, provinciales y municipales entre los que se destacaban: los ministerios y secretarías de acción social, salud pública, educación, servicios públicos esenciales, vialidad, entre otros. Si bien se indicaba que dichas instituciones no tendrían participación directa en las operaciones militares, su acción se presentaba como “fundamental y hasta decisiva para alcanzar el objetivo de la contrasubversión [pues] serán empleados en el desarrollo de programas de acción social, destinados fundamentalmente a eliminar situaciones de insatisfacción o injusticias que puedan afectar la vida de la población”[66]. Así las principales medidas para ganar o mantener el apoyo de la población eran asignadas a los diferentes Ministerios de Gobierno.[67]

Más allá de involucrar a las instituciones del Estado, los reglamentos indicaban que las operaciones “contrasubversivas” realizadas por las unidades militares tenían tres objetivos que debían realizarse de forma simultánea y concurrente: “1. Recuperar el dominio de la zona. 2. Aniquilar a la Subversión. 3. Ganar la voluntad y el apoyo de la población”[68]. Con respecto al último ítem, se indicaban fundamentalmente operaciones de “Acción Psicológica” y de apoyo material a la población a través de actividades de “Acción Cívica” con una importante aclaración: “el esfuerzo (…) dedicado a ello no debe incidir en el dedicado a la atención de las operaciones contrasubversivas, ya que la solución de los problemas materiales que afectan a la población debe ser proporcionada por los organismos competentes de los distintos campos de gobierno y quehacer nacional”.[69]

Llegados hasta aquí cabe preguntarnos: ¿Cuál era el lugar de la “Acción Cívica” en el nuevo cuerpo reglamentario? Recordemos, en líneas generales, que en Reglamento RC-19-1 Asuntos Civiles de 1966 si bien aparece una figura de la población ambivalente existía cierto “margen de confianza” en la misma. Esto se expresaba en las indicaciones de intervenir sólo cuando las autoridades civiles se vieran sobrepasadas por la situación; en el énfasis en el rol de los militares como enlace o coordinación con dichas autoridades o personalidades civiles y por último, en la indicación de privilegiar las iniciativas provenientes de la sociedad civil por sobre las originadas en una unidad militar. Esta situación también que se reflejó en las formas de financiar dichas actividades con recursos provenientes de las instituciones afectadas y las partidas asignadas a la unidad militar, por lo menos hasta 1971 cuando el Ministerio de Bienestar Social empezó a destinar fondos para tales fines. 

En el reglamento de 1975, esta situación se invirtió totalmente. La construcción de un enemigo indiferenciado, la “subversión”, aparecía en el discurso militar con unas características y una dimensión que echaba un manto de sospecha sobre el conjunto de la población. En virtud de la amenaza que construía, el reglamento RC-9-1 indicaba un tipo de “Acción Cívica” que debía contribuir al objetivo “antisubversivo” encarnado en el Estado. Centralizadas las líneas de acción desde el aparato de gobierno y utilizando sus canales institucionales. Por otro lado, las actividades de “Acción Cívica” originadas en las unidades militares no sólo no debían interferir en las operaciones militares asignadas, es decir en el despliegue del aparato represivo, sino que debían contribuir a tal objetivo. Es por ello que los vínculos operativos se refieren especialmente con las áreas de Inteligencia y “Operaciones Psicológicas”.

 

 

Conclusiones

 

En este artículo pretendimos caracterizar el origen, funciones, características y modalidades de realización de la “Acción Cívica” del Ejército entre 1966 y 1975, a partir de dos registros de análisis: su evolución en términos reglamentarios y la reconstrucción de las actividades a partir de un estudio de caso.

En primer lugar, enmarcamos el inicio de dichas prácticas en el proceso de renovación doctrinaria de las FF.AA. y en su cristalización en términos reglamentarios en la década de 1960. Sostuvimos que la “Acción Cívica” fue un dispositivo que buscaba construir visiones positivas de la institución militar en un contexto de creciente participación del Ejército en la represión del conflicto social. Los reglamentos de la década de 1960 construían una visión ambivalente de la sociedad. Siendo la población el objeto y a la vez el sujeto de una posible insurrección, los militares instaban a la realización de tareas de “Acción Cívica” con el objetivo legitimar a la Fuerza y disminuir el apoyo dado por la población al “enemigo”. A su vez, dichas tareas provocarían un mejoramiento material de las condiciones de vida que disminuiría el descontento social que podría ser utilizado por el “enemigo”. Por otro lado, los reglamentos caracterizaban al accionar del “enemigo” como una fuerza irregular que se escondía en la población, a la que por medio de técnicas de “Acción Psicológica” buscaban controlar. Por este motivo, las actividades de “Acción Cívica” que se tipificaban en los reglamentos combinaban tareas que tenían objetivos legitimatorios con técnicas que contribuyeran al objetivo prioritario del Ejército, la eliminación del “enemigo”. Particularmente, se presentaban como espacios privilegiados para realizar operaciones de inteligencia y operaciones psicológicas.

              En segundo lugar, demostramos que la “Acción Cívica” fue una práctica que se incorporó al funcionamiento operativo regular del Ejército y se desarrolló en forma continua y planificada a partir de 1966. Desde ese año, II Cuerpo de Ejército convocó por medio de la “Acción Cívica” de forma sostenida y creciente a diversas instituciones de la sociedad civil. A través de actividades planificadas en forma anual, la “Acción Cívica” pretendió instalar imágenes positivas de la figura militar presentándolas como una contribución al “bienestar de la población” en tres áreas: educación, salud y comunidad y deportes. Una de las principales continuidades en la realización de las tareas de “Acción Cívica” se registró en las instituciones convocadas, siendo los espacios dedicados a la juventud los que se consideraron prioritarios. Los establecimientos privilegiados por los militares fueron las escuelas y colegios de todos los niveles y las asociaciones deportivas. En menor medida, las asociaciones vecinales, las instituciones de beneficencia y los clubes de tiro.

Las formas de planificación, financiamiento y realización de las actividades muestran una continuidad entre 1966 y 1975. En dicho período, el mecanismo de planificación consistió en que las entidades civiles hicieran “requerimientos” al II Cuerpo para integrarse al plan de “Acción Cívica” aunque también la unidad militar podía elegir unilateralmente a las instituciones. Como hemos mostrado, la demanda no era espontánea ya que la convocatoria se realizaba por medio de la prensa y a través de la difusión de las actividades. Esta situación estaba en consonancia con los lineamientos que brindaban las Directivas de Asuntos Civiles que regulaban las prioridades, la realización de los actos de inauguración y difusión de las actividades. Dichas tareas se financiaban con los recursos asignados a la unidad militar y los aportes de la sociedad civil y, a partir de 1971, comenzaron a recibir fondos del Ministerio de Bienestar Social.

Por último, la reconstrucción del caso Rosarino nos permitió evidenciar que hacia 1974, la “Acción Cívica” del II Cuerpo disminuyó notablemente y en 1975 no se registraron actividades de este tipo. Sostuvimos que esta situación debía  analizarse vinculándola con los cambios en materia reglamentaria que se estaban operando en las FF.AA., a la par del inicio de las acciones “contrasubversivas” que se operaron en dicho año. A partir del análisis del reglamento RC- 9-1 Operaciones contra elementos subversivos (proyecto) sostuvimos que las funciones, misiones y formas operativas de la “Acción Cívica” se adaptaron o se integraron a las nuevas formas de tipificar al “enemigo interno” y a los dispositivos utilizados para reprimirlo. Si bien la articulación entre las tareas de “Acción cívica”, Inteligencia y “Acción Psicológica” estaban presentes en los reglamentos de finales de la década de 1960, la dimensión del “enemigo” que construyó el RC-9-1, justificó no sólo el diseño de una estrategia represiva de características inéditas sino la posibilidad de nuevas articulaciones o funciones para la “Acción Cívica”. La construcción del “delincuente subversivo” como una categoría ampliada que teñía de sospecha al conjunto de la población requería, en el argumento militar, no sólo el despliegue de un dispositivo represivo de dimensiones y modalidades nunca antes vistas, sino que reclamaba el esfuerzo del conjunto del Estado en la “lucha contra la subversión”. De esta manera quedaban integrados dentro de las “Fuerzas Legales” en el combate contra la “subversión”, organismos nacionales, provinciales y municipales que se convertían en los encargados de  mantener el apoyo de la población.

Asimismo, el reglamento de 1975 creaba nuevo entramado institucional que colocaba a la “Acción Cívica” del Ejército como una práctica disponible para ser utilizada tanto en planes de “Acción Psicológica” diseñados a nivel nacional como en programas llevados adelante por cada unidad militar. La única limitación que planteaban los reglamentos para la realización de la “Acción Cívica” era que no lesionara su capacidad operativa, es decir que no quitara hombres y recursos que debían ser utilizados para la ejecución de las tareas represivas. Esperamos en futuros trabajos, analizar las transformaciones operadas durante la última dictadura en las formas de realización de la “Acción Cívica” del Ejército.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía

 

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Recibido: 27/12/2016

Evaluado: 15/01/2017

Versión Final: 03/02/2017

 



[1] Daniel Mazzei. Bajo el poder de la caballería. El Ejército argentino (1962-1973). Buenos Aires, Eudeba, 2012. Esteban Pontoriero. “Pensamiento militar y legislación de defensa en la Argentina: la caracterización de la amenaza a la seguridad interna. ¿Continuidad o ruptura? (1963-1970)”, en Contemporánea, Año 3, 2012, pp. 149-166. 

[2] Claude Heller. “Las relaciones militares entre Estados Unidos y América Latina: Un intento de evaluación” en Nueva Sociedad Nº. 27, 1973, pp. 17-31. Esteban Pontoriero, “Pensamiento militar y legislación de defensa…”, Op. Cit.

[3] Daniel Mazzei. Bajo el poder de la caballería… Op. Cit., p. 148.

[4] Ídem, pp.146-149.

[5] Al respecto, Daniel Mazzei señala que las diferentes posiciones al interior del Ejército implicaron que la presencia y recepción por parte de los oficiales argentinos de la doctrina norteamericana fuera limitada. El hecho que Argentina fuera el último país en firmar un PAM con los Estados Unidos en mayo de 1964, muestra que lejos de una subordinación automática a las políticas norteamericanas, se estableció una relación con altibajos que alternó momentos de estrecha colaboración con otros de relativa autonomía por parte de los militares argentinos. De hecho, hacia 1965 se consideraba que los PAM habían fracasado en la Argentina debido a las profundas críticas que había provocado en el parlamento y al incumplimiento de los acuerdos en materia abastecimiento militar. Daniel Mazzei. “El Ejército argentino y la asistencia militar norteamericana durante la Guerra Fría”. RevistaTaller, nro. 20, 2003, pp. 92-116 y Daniel Mazzei, Bajo el poder de la caballería… Op. Cit., p. 146 y ss.

[6] Ma. Alicia Divinzenso. La “Acción Cívica” del Comando del II Cuerpo de Ejército. Un estudio sobre las relaciones cívico-militares en Rosario, 1960-1983. Tesis de Maestría. Los Polvorines, UNGS, 2016.

[7] El denominado “Operativo Dorrego” ha sido una de las experiencias más profundamente estudiadas de la presidencia de Cámpora. Durante octubre de 1973, esta iniciativa intentó fomentar el accionar conjunto de los efectivos del Ejército y los militantes de la Juventud Peronista en tareas de reconstrucción de las zonas centro-oeste de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones. Juan Luis Besoky. “Hacia la convergencia cívico militar. El Operativo Dorrego”, ponencia presentada en IX Jornadas de Sociología de la UBA, Buenos Aires, 2011. Guillermo Caviasca. La hipótesis Carcagno. Guerrillas y Fuerzas Armadas en la transición democrática de 1973. Tesis doctoral. Buenos Aires, UBA, 2015. Marina Franco. Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp.67 y ss.

[8] El llamado “Operativo Independencia” fue una acción contrainsurgente ordenada por el gobierno peronista y llevada adelante por las Fuerzas Armadas y las fuerzas represivas de la provincia Tucumán. Comandado por el  general Acdel Vilas, de la V Brigada de Infantería, llevó adelante acciones destinadas a “aniquilar” el foco guerrillero instalado en el monte tucumano por el ERP en 1974/75. (Cf.  Marina Franco. Un enemigo para la Nación…, Op. Cit., pp-135-138. Santiago Garaño. Entre el cuartel y el monte. Soldados, militantes y militares durante el Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977). Tesis doctoral. Buenos Aires, UBA, 2013.

[9] Marina Franco. Un enemigo para la Nación…, Op. Cit., p. 136.

[10] Ana Jemio. “Una aproximación al estudio de las relaciones entre coerción y consenso en el caso del Operativo Independencia (febrero de 1975 – marzo de 1976), Tucumán”, ponencia presentada en VI Jornadas de trabajo sobre historia reciente, Santa Fe, 2012.

[11] Santiago Garaño. Entre el cuartel y el monte…, Op- Cit., p. 290

[12] Entre los pocos estudios dedicados a la “Acción Cívica” durante la última dictadura, se destaca el trabajo pionero de Lvovich y Rodríguez quienes analizaron el proyecto de “Gendarmería Infantil” de Gendarmería Nacional. Con respecto a la ciudad de Rosario, el antecedente más importante es la investigación de Laura Luciani. En su tesis doctoral sobre la juventud en dictadura, rastreó los orígenes de la “Acción Cívica” de las FF.AA. en la década del 60, aunque su interés central haya sido las estrategias desplegadas entre 1976-183, y específicamente el programa “Argentinos, Marchemos a las fronteras” de Gendarmería Nacional. Daniel Lvovich y Laura Rodríguez. “La Gendarmería Infantil durante la última dictadura.” En Quinto Sol, Vol. 15, Nº1, 2011. Luciani, Laura. Juventud en dictadura: Representaciones, políticas y experiencias juveniles en Rosario (1976-1983). Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Misiones: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. (Entre los libros de la buena memoria; 7). 2017. Disponible en:  http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.490/pm.490.pdf. Pp.119-148

[13] Ana Jemio. “La construcción del enemigo interno en los reglamentos del Ejército Argentino de las décadas del sesenta y setenta. Continuidades y rupturas”, ponencia presentada en X Jornadas de Sociología de la UBA, Buenos Aires, 2013, p.8. Esteban Pontoriero. “De la guerra (contrainsurgente): la formación de la doctrina antisubversiva del Ejército argentino (1955-1976)” en Águila, Gabriela, Garaño, Santiago & Scatizza, Pablo (coords.), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado, Ediciones FAHCE-UNLP, en línea en: http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63 p. 54.

[14]  Ma. Alicia Divinzenso. “La transformación de las relaciones cívico-militares: la “Acción Cívica” del Ejército (1960-1983).” Ídem. Pp. 73-102.

[15] Ejército Argentino, RC-19-1. Reglamento de Operaciones de Asuntos Civiles, Buenos Aires, 1966. Archivo Histórico del Ejército.

[16] Esteban Pontoriero, “De la guerra (contrainsurgente)…”, Op. Cit., p. 46.

[17] Este está constituido por los reglamentos RC-8-2 Operaciones Contra las Fuerzas Irregulares (3 tomos) y el reglamento RC-5-2 Operaciones Sicológicas, ambos publicados en 1968, el reglamento RC-8-3 Operaciones contra la Subversión Urbana de 1969.

[18] El otro reglamento que no recibió modificaciones fue el RC-5-2 Operaciones Sicológicas.

[19] Ejército Argentino. RC-19-1…, Op. Cit., p.54.

[20] Ídem. p. III.

[21] Ídem. p. 60.

[22] Ibídem.

[23] Ídem. p. 65.

[24] Ibídem.

[25] Ídem. p. 70.

[26] Ídem. p. 89.

[27]Ejército Argentino. RC-8-2. Operaciones Contra las Fuerzas Irregulares. Tomo I. 1968, p. 2

[28] Ana Jemio, “La construcción del enemigo…”, Op. Cit., p. 15.

[29]Ídem. p. 80.

[30]Ídem. Tomo I. p. 81.

[31] Ejército Argentino. RC-8-2… Op. Cit., Tomo III. p. I.

[32]Ibídem

[33] Ídem. p. 61

[34] Ídem. p. 63

[35] Al respecto, el reglamento RC-8-3 Operaciones contra la subversión urbana de 1969, afirmaba: “Los movimientos subversivos, generalmente, son llevados a cabo en los centros urbanos de magnitud, de acuerdo con las técnicas de manejo de masas ampliamente difundidas en el mundo, las que se apoyan en una minuciosa y bien planeada acción sicológica”.p.1

[36] Ejército Argentino, RC-5-2. Operaciones sicológicas. Buenos Aires, 1968, Archivo Histórico del Ejército.   

[37] Es interesante señalar que los métodos indicados por el reglamento iban desde la “acción persuasiva”, la “acción sugestiva” hasta la aplicación de la tortura y los tormentos bajo el eufemismo de “acción compulsiva”. Ídem. pp. 14-15. La “Acción Cívica” estaría comprendida en los dos primeros conceptos.

[38] Ejército Argentino, 1968. RC-5-2 p.13.

[39] Ídem p. 18

[40] Ídem. pp. 23-24

[41] Ídem. p. 25

[42] Ídem. p.57

[43]  Ma. Alicia Divinzenso, “La transformación de la relaciones cívico-militares…”, Op. Cit. P.84.

[44] La Capital, Rosario, 25/02/72.

[45] La Tribuna, Rosario, 19/12/68.

[46] Para la caracterización del funcionamiento de los planes de Acción Cívica hemos utilizado: Las Directivas del Comandante en Jefe del Ejército 45/65 y 77/69. Asuntos Civiles. (Doc. s. 213 y 199, respectivamente). Archivo General del Ejército.

[47] Directiva del Comandante en Jefe del Ejército 77/69. Asuntos Civiles. p. 3.

[48] Ídem. p. 1.

[49] Ídem. p. 2.

[50]Ídem. p. 1.

[51] ídem. p. 4.

[52]Ibídem.

[53] La Tribuna, Rosario, 19/11/68.

[54]La Capital, Rosario, 14/11/67. pp. 60-64

[55] Comando del II Cuerpo de Ejército, Libros Históricos, 1968- 1976. Archivo General del Ejército.

[56] Diario La Capital,  25/02/72.

[57]Comando del II Cuerpo de Ejército, Libro Histórico, 1975. f.2.

[58]Gabriela Águila. Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983: un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Buenos Aires, Prometeo, 2008, pp. 43-49. Marina Franco. Un enemigo para la nación… Op. Cit., p. 110, p. 133 y ss.

[59] Ejército Argentino, RC- 9-1 Operaciones contra elementos subversivos (Proyecto), 1975. Archivo Histórico del Ejército.

[60] Esteban Pontoriero. “De la guerra (contrainsurgente)…”, Op. Cit., pp.62-66.

[61] Ana Jemio, “La construcción del enemigo interno…”, Op. Cit., p. 21.

[62] Melisa Slatman. “Una doctrina contrarrevolucionaria para el ejército argentino. Análisis de la discursividad oficial del Ejército Argentino durante la Guerra Fría (1957-1976)”. En: García Ferreira, Roberto (comp.), Guatemala y la Guerra Fría en América Latina (1947-1977), Guatemala, CEUR-USAC., 2010, p. 2.

[63]Ejército Argentino, RC-9-1…, Op. Cit., p. III. Destacado en el original.

[64] Ibídem.

[65] Ídem. p.5

[66] Ídem. p.6

[67] “Cuando la acción de los elementos de la subversión se proyecte en el tiempo y explote situaciones que requieran soluciones políticas, económicas o sociales, resultantes de un estado de insatisfacción o postergación de problemas que afectan la vida de la población o de determinados sectores, tendrán prioridad de empleo las medidas a cargo de los organismos o instituciones civiles del Estado Nacional o Provincial”. Ídem. p.85

[68] Ídem. p. 96.

[69] Ídem. pp. 97-98.

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