Un caso de anticomunismo civil: los “padres demócratas” de Uruguay (1955-1973)

 

 

An anticommunism civil case: the “democratic parents” of Uruguay (1955-1973)

 

 

 

Magdalena Broquetas

Universidad de la República, Uruguay

magdalena.broquetas@gmail.com

 

 

Resumen

La Organización de Padres Demócratas (ORPADE) de Uruguay fue creada en 1962, aunque la preocupación por el sesgo antidemocrático en la educación pública fue anterior y ambientó denuncias y persecuciones en la década de 1950. Organizado en dos olas (1962-1964 y 1968-1973), con rasgos de continuidad en los repertorios de acción y en las consignas, el movimiento de “padres demócratas” encarnó un caso de anticomunismo civil cuyo peso hasta ahora no ha sido reconocido frente al anticomunismo militar, policial u oficial. La hipótesis que guía la investigación propone que este movimiento desempeñó un papel relevante en el proceso de violencia social y política que atravesó Uruguay en la larga década de 1960. Se trató de un movimiento que concitó adhesiones en todo el territorio uruguayo, desplegó una ferviente vigilancia ideológica en los centros de educación secundaria de todo el país, actuó como grupo de presión ante autoridades de la enseñanza y del gobierno nacional para lograr sanciones legales y depurar el cuerpo docente y fue un actor clave en la promoción de la delación y en la consolidación de la idea del “enemigo interno” solapado en el entramado social.

 

Palabras clave

Organización de Padres Demócratas (ORPADE); derechas en Uruguay; anticomunismo

 

 

Abstract

The Democratic Parents Organization (ORPADE) of Uruguay was created in 1962, although concerns about antidemocratic traits in public education preceded and was the context of denounces and prosecutions in the fifties. Structured in two periods (1962-1964 and 1968-1973) with a continuum in practices and leitmotivs, this movement embodied a civil anti-communisim case, whose dimension has not been, so far, as much recognized as military, police or official anticommunism. This paper proposes that this movement played a key role in the process of social and political violence that Uruguay went throw during the sixties and the seventies. It was a movement with strong support in the whole country, which carried out an ideological vigilance in secondary schools. Its members tried to persuade political authorities in order to get legal suspensions and expel some teachers out of the system. ORPADE was a key element of the promotion of accusations and to consolidate the idea of an “internal enemy” hidden within the society.

 

Keywords

Democratic Parents Organization (ORPADE); right-wing movements in Uruguay; anticommunism.

 

 

 

 

En la inmediata posguerra y primeros años de la Guerra Fría, en Uruguay se formaron numerosas organizaciones que incluyeron en su denominación la palabra “demócrata”. El adjetivo fue usado por movimientos integrados por mujeres, estudiantes, trabajadores y jóvenes por fuera de las pertenencias político-partidarias y en todos los casos revelaba una vinculación con la militancia “antitotalitaria”, nacida en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en el fragor del combate a los grupos y actividades filo-fascistas. Hasta los primeros años de la década de 1940 la alianza antifascista había cobijado a liberales, católicos, socialistas y comunistas, estos últimos, al igual que en otras partes de Occidente, principales impulsores de la estrategia de Frente Popular.[1]

Sin embargo, después de la finalización de la guerra y ante la derrota del nazi-fascismo y el consiguiente fortalecimiento de la URSS como potencia mundial, antagonista de los Estados Unidos, se produjo un viraje conceptual y político que afectó al campo “demócrata” y antifascista: en la revitalizada defensa de un “mundo libre” y “democrático” no había lugar para el comunismo, que pasó a ser recurrentemente señalado como otra forma de totalitarismo tan (o más) peligrosa que los fascismos.

Cabe destacar que, en este contexto, el vocablo “comunismo”, invocado hasta el hartazgo por los diversos integrantes del campo anti-soviético, no aludía estrictamente al comunismo doctrinario o a los partidos locales. Por el contrario, comprendía un amplio abanico de expresiones partidarias, sociales y culturales de izquierda que quedaron retóricamente ubicadas dentro del espacio conceptual y simbólico del “comunismo” o “totalitarismo”.[2] En ese trasvase del “antifascismo” al “antitotalitarismo”, el concepto “demócrata” fue parte de una pugna ideológica en clave de Guerra Fría y se transformó en buque insignia de una serie de movimientos de raigambre liberal-conservadora que bregaron por identificar -e irradiar- grupos, individuos y actividades calificados, de manera muy laxa, de “anticomunistas” y “antinacionales”.

Este artículo se centra particularmente en la Organización de Padres Demócratas (ORPADE), creada formalmente en 1962 -aunque con antecedentes en la década de 1950- y activa hasta el golpe de Estado de 1973.

Como punto de partida cabe subrayar tres aspectos que hacen a la periodización y a la inscripción del fenómeno dentro de los nuevos estudios sobre la Guerra Fría en América Latina: 1) en primer lugar, el movimiento parece haber protagonizado dos olas (1962-1964 y 1968-1973), en las que es posible reconocer continuidades en las consignas y repertorios de acción, así como algunas peculiaridades en sus marcos de alianzas; 2) en segundo lugar, conformó un caso de anticomunismo civil, compartido con otras organizaciones que también se denominaban “demócratas”, cuyo peso no siempre ha sido reconocido frente al anticomunismo militar, policial u oficial; 3) tomando en cuenta las definiciones y líneas de acción adoptadas por la ORPADE y otros movimientos “demócratas” es posible inscribir a estos colectivos en un movimiento más amplio de circulación transnacional de ideas, propaganda e individuos que hizo del anticomunismo su leitmotiv desde la década de 1950. En ese sentido, las caracterización del peligro latente, las preocupaciones y el tipo de acciones que llevó adelante la ORPADE coincidieron con las de los cuatro grandes congresos anticomunistas que se celebraron entre 1954 y 1958 en distintos países de América Latina y que en la década siguiente tuvieron proyección en la Confederación Anticomunista Latinoamericana, con estrechos vínculos con la Liga Mundial Anticomunista.[3] En cada una de estas instancias se recalcó la importancia de identificar y señalar cripto-comunistas en los respectivos países, publicar en la prensa y otros formatos para divulgar la gravedad del problema y mantener contactos con autoridades de gobierno en diferentes niveles.

La hipótesis que guía la investigación propone que el movimiento de “padres demócratas”, en sus distintas modalidades de asociación, desempeñó un papel relevante y hasta ahora no dimensionado en el proceso de violencia social y política que atravesó Uruguay en la larga década de 1960. Se trató de un movimiento que concitó adhesiones en todo el territorio uruguayo, desplegó una ferviente vigilancia ideológica en los centros de educación secundaria de todo el país, actuó como grupo de presión ante autoridades de la enseñanza y del gobierno nacional para lograr sanciones legales y depurar el cuerpo docente y fue un actor clave en la promoción de la delación y en la consolidación de la idea del “enemigo interno” solapado en el entramado social.

La investigación se basa en fuentes hemerográficas, folletería de la organización, fuentes del gobierno nacional y documentación de la policía política de Montevideo. El texto se divide en dos apartados que reproducen la división en períodos que parece haber marcado el itinerario de la organización.[4]

 

Convencer y castigar. La ORPADE en el contexto de la primera reacción “demócrata”, 1955-1965

 

La Organización de Padres Demócratas (ORPADE) se creó formalmente en 1962, en un contexto marcado por la crisis económica, el giro autoritario del gobierno, y la proliferación de organizaciones no partidarias de derecha, tanto en su versión moderada como extrema. Para este momento, gobernantes, políticos de las fracciones de derecha de los principales partidos uruguayos y la élite empresarial compartían la idea de que el “comunismo”, replicando una estrategia exitosa en otras partes del mundo, se había infiltrado en el país en los gremios y sindicatos, en la administración pública y en el mundo de la cultura, procurando cooptar para su proyecto de refundación social sobre todo a los jóvenes.[5] Esta preocupación no era del todo novedosa, puesto que la alarma pública ante el avance de ideas totalitarias en el campo de la enseñanza secundaria tenía por lo menos una década y estaba abonada por numerosas advertencias sobre la penetración solapada de ideas “comunistas” y anti-democráticas en los centros de estudios.

En 1955 el diario El País (vocero periodístico de uno de los sectores conservadores del Partido Nacional) publicó una extensa nota de la profesora Celia Reyes de Viana en la que se explicaba con lujo de detalles “cómo los profesores soviéticos inculca[ban] sus ideas a los discípulos uruguayos”.[6] Vale la pena examinar los tópicos de un texto de fecha tan temprana debido a que éstos se transformaron en piedra angular de la batalla de los padres y educadores “demócratas” en los años siguientes. El artículo recordaba que el “verdadero peligro de los educadores comunistas” radicaba en su capacidad para “penetrar el alma del alumno y deformarla” para siempre y discurría ampliamente sobre los artilugios desplegados por los docentes comunistas dentro de las aulas. En este caso el acento estaba puesto en los sellos editoriales y en los contenidos de los textos. La minuciosa disección ofrecida por la profesora Reyes de un libro de texto de idioma español, publicado por la Editorial Pueblos Unidos, de filiación comunista, vigente desde 1945 para los estudiantes de los primeros años de enseñanza en los liceos (escuelas secundarias), ofrecía numerosos ejemplos textuales sobre “temas capciosos”. Para esta profesora el problema no eran los autores elegidos, sino el sesgo antidemocrático y desestabilizador reconocible en los pasajes seleccionados y las preguntas formuladas. Reyes demostraba cómo en la selección de autores de variada procedencia, entre los que figuraban Gabriela Mistral, Justino Zavala Muniz, Javier de Viana, José Marti, García Lorca, Rafael Alberti o Quevedo, podía reconocerse un ensañamiento en dirigir la atención del alumno hacia las diferencias de clases y la injusticia del sistema social imperante, la hipocresía moral o la reiterada exposición de biografías “destinadas solamente a amargar al niño pleno de vida y alejado de las maldades humanas”. Para contrarrestar la sesgada selección de asuntos y autores se proponía, a modo de ejemplo, la inclusión de textos de José Enrique Rodó, un autor especialmente apreciado por la educadora demócrata, convencida de que la inspiración rodoniana insuflaría el necesario optimismo que requería el espíritu adolescente de una nación que debía “formar alumnos para la democracia”.

Si la expurgación de los contenidos de los manuales liceales era presentada como condición sine qua non para caminar hacia una verdadera educación democrática, se entendía tan o incluso más importante la depuración del cuerpo docente, en el que se habían infiltrado estos “soldado[s] en pie de batalla” al servicio de un plan de construcción social totalitario. Evocando una cita de José Artigas, el artículo se cerraba exhortando la expulsión de educadores “enemigos de nuestro sistema”. En adelante, Celia Reyes de Viana mantuvo su militancia demócrata en los medios de comunicación (diarios y radios), las aulas, la dirección de liceos, el ámbito gremial y organismos internacionales como la UNESCO, a cuya conferencia general sobre educación celebrada en 1962 asistió como delegada del gobierno uruguayo.[7]

 

Entre 1961 y 1962, el movimiento “demócrata” focalizado en la educación pública creció notoriamente en todo el país a través de asociaciones de docentes, como la Confederación de Maestros del Uruguay con sus respectivas filiales de “maestros demócratas”, diseminadas por distintas localidades del territorio nacional. A diferencia de lo ocurrido en los años cincuenta, estas organizaciones encontraron un clima propicio a sus intereses en el gobierno nacional, organizado en entorno a un ejecutivo colegiado compuesto por nueve miembros, con mayoría de consejeros procedentes del herrerismo, la fracción más conservadora del Partido Nacional, y del ruralismo, un movimiento que había reeditado el histórico discurso anti-sindical, anti-industrialista y clasista de las asociaciones gremiales rurales con la incorporación de una amplia base social que incluía sectores rurales medios y bajos.

En este momento las referencias a la Revolución Cubana se sumaron al repertorio de ejemplos nocivos de lo que podía ocurrir si se dejaba avanzar la ideología comunista. Indudablemente el proceso revolucionario cubano incidió en la proliferación de agrupaciones demócratas que salieron a ganar la calle en distintos frentes. Sin embargo, es importante subrayar que la preocupación por el sesgo antidemocrático y filo-comunista en la educación pública fue anterior y respondió a una lógica anti-soviética (y antitotalitaria) cimentada en los inicios de la Guerra Fría. A partir de la aprobación en 1958 de una nueva ley orgánica para la Universidad de la República que, entre otras cuestiones, establecía la autonomía de gestión y financiera y el co-gobierno de la institución, incluyendo la participación estudiantil, el celo anticomunista fue extendiéndose también al ámbito de la educación terciaria.[8]

En su debut público de abril de 1962 la ORPADE estuvo presidida por Carlos Stajano, un médico cirujano y político del Partido Nacional, que entre 1959 y 1961 se había desempeñado como Ministro de Salud Pública.[9] Stajano llevaba una década publicando textos científicos que establecían conexiones entre la “degeneración adolescente” (ya fuese por hábitos o por opciones políticas) y la amenaza al orden establecido. El nuevo espacio parecía ofrecer la posibilidad de dar un paso del diagnóstico a la praxis.[10] En los meses siguientes el movimiento fue responsable de la organización de dos grandes congresos de “Padres y Amigos Demócratas”, en mayo en la ciudad de Artigas y en julio en Tacuarembó. En estos congresos fueron acusados directamente numerosos docentes y funcionarios de enseñanza secundaria de profesar ideológicas antidemocráticas.[11]

El señalamiento público, a modo de estigma, de la presunta ideología anti-democrática de maestros y profesores trascendió los congresos de ORPADE para pasar a ser una práctica habitual en otras organizaciones, surgidas por la misma época, que también se auto-percibían “demócratas”. Así, por ejemplo, una organización que compartía definiciones y prácticas con el movimiento de padres, como lo era la Asociación de Lucha Ejecutiva contra los Totalitarismos de América (ALERTA), publicaba en la prensa de circulación nacional largas listas de nombres de supuestos comunistas entre los que figuraban docentes de enseñanza primaria, secundaria y de la Universidad del Trabajo, funcionarios de la administración pública, trabajadores de la industria y el comercio y periodistas. El comunicado de ALERTA apuntaba a evidenciar que el comunismo estaba “al acecho” en todas las áreas de la actividad nacional. Ofrecía esta información a las autoridades responsables de los respectivos sectores y reiteraba en varias oportunidades: “¡ESTO NO ES DELACIÓN: ES PATRIOTISMO!”[12]

La actividad de ORPADE no se restringió al proselitismo anticomunista en congresos y medios de comunicación. Durante todo 1962, las más altas autoridades del movimiento llevaron adelante una cruzada a favor de lo que se entendía como “defensa de la nacionalidad” que en los hechos consistía en presionar a los gobernantes para lograr la sanción de leyes que garantizaran la expulsión de profesores que tuvieran militancia orgánica o compromiso ideológico con partidos de izquierda.[13] En una nota enviada el 12 de junio de 1962 al Consejo Nacional de Gobierno la ORPADE denunciaba la penetración cada vez más aguda del comunismo en la enseñanza y la falta de medidas de las autoridades respectivas. Destacando los logros y la amplia base social del movimiento, fundamentalmente en el interior del país, solicitaban la reglamentación de un artículo de una ley aprobada en 1953, en el que se establecía que “será condición indispensable para el ingreso a todos los cargos de la Administración Pública, incluso de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, probar notoria filiación democrática.”[14] La iniciativa fue apoyada por el resto de los movimientos demócratas que coincidían en la necesidad de reforzar la vigilancia ideológica del cuerpo docente y bregaban por la ilegalización de partidos marxistas.[15] La campaña se intensificó notoriamente desde el boletín de las Organizaciones Demócratas del Interior (ODI), que proclamaban la necesidad de “exigencia de militancia democrática como requisito de ingreso a la administración pública”, advirtiendo que “la Escuela y demás Institutos docentes” debían ser “objeto de especial preocupación en lo que se refiere a la infiltración aludida”.[16]

En pleno verano de 1963, las organizaciones demócratas alcanzaron a acariciar la concreción de un decreto de “defensa de la nacionalidad”, en el que se establecía la obligatoriedad de probar “notoria filiación democrática” para el ingreso a la administración pública[17], que fue aprobado por la mayoría de los consejeros de gobierno pero pocos días después reconsiderado y anulado. Este episodio confirmó dos cuestiones centrales para comprender los apoyos y rechazos que suscitaba la legislación autoritaria en debate. En primer lugar, las argumentaciones de los consejeros que votaron el decreto -varios de ellos con vastos conocimientos jurídicos- se inscriben plenamente en lo que Leandro Kierszenbaum ha analizado en el marco de la noción de “legítima defensa”, que justificó la inclusión de legislación preventiva contra supuestos ataques al orden social o al Estado mismo.[18] Siguiendo ese razonamiento, ante la presencia de agentes nocivos diseminados en el cuerpo social, el Estado se defiende adoptando medidas preventivas, que en los hechos se transforman en represivas.[19] En segundo lugar, la marcha atrás lograda por la minoría representada por los consejeros colorados evidencia la existencia de un centro liberal en el espectro partidario que irá desapareciendo con la polarización del escenario político que tuvo lugar en los años siguientes. Las palabras del consejero Amílcar Vasconcellos ejemplificando las derivaciones que podía generar la vigencia de una norma como la que quería imponer, son elocuentes respecto de esta posición:

 

Las normas legales deben proteger y se debe reglamentar la entrada a la función pública, pero, una presunción de no pertenecer al sistema democrático representativo me parece llevarlo más allá de lo que la Constitución permite. Sería declarar la ilegalidad en el país de los partidos políticos, que no comparten la línea de los partidos tradicionales.[20]

 

Para las organizaciones demócratas lo ocurrido representó una derrota de la que no todas pudieron recuperarse. Como se verá, la ORPADE fue uno de los pocos movimientos que no bajó los brazos.[21] En paralelo a la movilización por leyes que frenaran las actividades antinacionales y viabilizaran la depuración ideológica de los cuadros docentes, las organizaciones se movilizaron exigiendo la ruptura de relaciones diplomáticas con la URSS primero y, a partir de 1961, también con Cuba.[22]

La mayoría de los movimientos “demócratas” de la primera época, desaparecieron o vieron decaer significativamente su actividad entre fines de 1962 y mediados de 1963, fecha que coincide tanto con la derrota en la campaña por modificar el orden legal, como con la definición estratégica de Estados Unidos en cuanto a evitar un giro hacia lo que calificaron como “derecha totalitaria”, evitar una ruptura del sistema político-económico, reforzar los lazos con Estados Unidos y trabajar para para lograr una reforma constitucional que pusiera fin al sistema colegiado y retornara al presidencialismo unipersonal. [23]

ORPADE fue una excepción, puesto que durante 1964 se mantuvo en actividad, alentando la militancia de los “demócratas” en los centros de estudio donde el control ideológico reforzó el carácter interpersonal y difamatorio. Por ejemplo, en 1964 cobró notoriedad el caso del profesor y director del liceo de Florida, Salvador Fernández Correa, quien en junio de 1964 fue acusado por los “padres demócratas”, con el apoyo del periódico local, de haber convertido a esa casa de estudios en un “centro de comunismo activo”. Memorias contemporáneas evocan la generosa dedicación de este profesor de convicciones libertarias a la educación pública, subrayando su presencia durante muchas horas en el liceo y la creación de una especie de internado que proporcionaba la alimentación para los alumnos más carenciados, incluso durante los fines de semana. Fernández Correa estaba en la mira de ORPADE por anarquista y por negarse a tomar el juramento de la bandera en el acto patrio del 19 de junio. En 1964, mientras atravesaba una enfermedad terminal, los representantes locales de ORPADE en Florida reclamaron la intervención del Ministerio del Interior en ese liceo, acto que fue seguido por una campaña de difamación del director desde los diarios El País y El Plata y la radio Carve, todos ellos medios oficialistas. Luego de su muerte, ocurrida en ese contexto, la Cámara de Representantes le rindió homenaje y en palabras de diputados comunistas y del co-gobernante coloradismo quincista se recordó la “caza de brujas” que se había desatado sobre este docente “hereje”.[24]

Entre 1964 y 1965, el movimiento de “padres demócratas” amplió su radio de acción implementando una campaña antisindical dirigida a los gremios de la administración pública. Con este objetivo se publicó una serie de folletos impresos a color, titulados “Si usted fuera un trabajador soviético...”, que apuntaban a alertar a la población sobre la ambigüedad del discurso del Partido Comunista que dominaba los sindicatos y la agitación laboral. En la portada, una balanza simbolizaba la falta de equilibrio entre la ley y la justicia social. El texto tomaba elementos de la “ley rusa” para develar que en el régimen comunista los sindicatos estaban sometidos al Estado, no era legal la huelga, los dirigentes sindicales estaban todos sobornados y regían penas extremas para quienes infringían la ley.[25]

En un folleto titulado “Qué es ORPADE” el movimiento se presentaba afirmando que no era un grupo que “limita[ra] su acción únicamente a la defensa de la patria potestad sino que su acción involucra[ba] a todas las actividades lícitas del país y a ciudadanos de todas las edades”.[26] Al finalizar el año 1964 el movimiento envió cartas personalizadas anunciando una colecta pública para recaudar fondos y engrosar el número de adherentes. En la correspondencia de un profesor de filiación blanca figura una de estas misivas en las que ORPADE se presentaba como un movimiento de opinión que incluía ciudadanos de todas las tendencias democráticas. La carta iba acompañada de bonos colaboración por diferentes montos, que el interesado podía remitir a vuelta de correo.[27] A mediados de 1965 Celia Reyes proclamaba en la prensa el vigor de ORPADE y la vigencia de su cruzada. Según Reyes la organización tenía más de diez mil adhesiones explícitas en distintos sectores sociales: “cientos y cientos de obreros y obreras apoyan su lucha y demuestran su inmensa valentía espiritual poniendo su firma, que es personalidad superior, limpia de intereses materiales en apoyo a su obra.”[28]

Lo expuesto hasta aquí se ha centrado fundamentalmente en el costado público de ORPADE y su incidencia en grupos sociales que se activaron políticamente ante la percepción de una amenaza izquierdista inminente. Aunque amerita una investigación con mayor profundidad, cabe señalar que algunos hallazgos documentales en los fondos de la policía política de Montevideo documentan la presencia de representantes de ORPADE en un fallido complot golpista organizado a comienzos de 1964 y en organizaciones parapoliciales como el Movimiento Oriental Reivindicador Artiguista Libertador (MORAL), que proporcionaba financiación encubierta para formar grupos de choque en varios ámbitos, entre los que figuraba enseñanza secundaria.[29]

 

No sólo padres... La ampliación del campo demócrata y la radicalización de los conflictos en la educación, 1968-1973

 

En 1968 la conflictividad social tuvo su epicentro en enseñanza secundaria. El primer semestre del año estuvo marcado por el aumento abrupto de la inflación, conflictos sindicales y movilizaciones estudiantiles con una fuerte presencia numérica de estudiantes de enseñanza secundaria, cuya matrícula había experimentado un crecimiento exponencial en el último decenio.[30] Además de las ya tradicionales formas de protesta -huelgas, movilizaciones callejeras- los estudiantes ensayaron nuevas modalidades, como las ocupaciones de los liceos, las manifestaciones “relámpago” con quema de neumáticos o la organización de “contracursos” y “liceos populares” en respuesta a las clausuras temporales dispuestas por el gobierno de Jorge Pacheco en reiteradas ocasiones.[31] Varios liceos habían sido ocupados por los estudiantes identificados con distintas corrientes de izquierda y eran frecuentes las manifestaciones en demanda de más presupuesto para la enseñanza en todos sus niveles. Además, el movimiento estudiantil se había solidarizado sistemáticamente tanto con el movimiento sindical, recientemente unificado en una central única, como con los países víctimas del avance autoritario que se estaba dando en el continente americano.

En ese contexto se revitalizó la Organización de Padres Demócratas, con explícitos reproches hacia gobernantes que no habían apoyado la batalla legal y “demócratas plácidos y tranquilos” convencidos de que su “lucha e[ra] ilusoria y cuentos de brujas”.[32] El movimiento reeditó sus viejas estrategias de acción en liceos del todo el país, creando el estigma en torno a docentes con nombre y apellido, instigando a la violencia policial y presionando a las altas autoridades de la enseñanza para que sancionaran legalmente a funcionarios docentes y administrativos.

En el mes de setiembre se hizo pública la campaña contra de los directores de los liceos de las ciudades de Batlle y Ordóñez y Chuy, quienes terminaron formalmente separados de sus cargos mientras se realizaban investigaciones administrativas. La prensa de oposición denunció situaciones similares en Minas de Corrales, San Gregorio, Flores y Las Piedras.[33] A fines de 1968 ORPADE retomó la campaña de recaudación de fondos. Un aviso destacado del diario La Mañana solicitaba la colaboración económica y convocaba a “Ayuda[r] a defender nuestra Democracia”.[34] En 1969 se publicó y tuvo difusión en la prensa un libro de Celia Reyes en que se desmenuzaban los orígenes y las características de la infiltración totalitaria en enseñanza media y se ofrecía una puntillosa deconstrucción del “profesor socio-comunista” y sus posibilidades de acción en función de la asignatura que dictara.[35]

Dentro del repertorio de acciones del movimiento en este segundo período sobresalieron las tomas de liceos, una práctica que no era nueva pero aumentó significativamente su frecuencia y fue apoyada por organizaciones surgidas en la órbita estudiantil entre 1969 y 1970. El anticomunismo juvenil se reactivó a partir de 1968 en respuesta a la radicalización de la conflictividad estudiantil y a las primeras acciones de los grupos de izquierda armada.[36] A partir de 1971 la creación de la coalición electoral de izquierdas Frente Amplio intensificó aún más la polarización y la violencia de las agrupaciones percibidas como demócratas y anticomunistas. La renovación de organizaciones juveniles “demócratas” se dio inicialmente en el interior de Uruguay, donde se desarrolló un vasto movimiento a favor de la creación de una universidad pública que disputara la hegemonía de la Universidad de la República.[37] Entre estos nuevos movimientos sobresalió la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), fundada en 1970 a partir de la convergencia de varias organizaciones estudiantiles que también se decían “demócratas”.[38]

La JUP no fue exactamente una réplica de las organizaciones juveniles “demócratas” de la primera época, de las que se diferenció a través de una prédica más nacionalista, recelosa de la influencia cultural y económica estadounidense y más cercana al tradicionalismo ruralista. Se trató de un movimiento complejo, con distintos niveles de actuación e incidencia, que fue cambiando su discurso de manera pragmática, probablemente en función de tensiones internas y apoyos externos. Sin embargo, es posible inscribir a la JUP en su primera etapa como una de las organizaciones juveniles conservadoras que se movilizaron en defensa de un estilo de vida supuestamente autóctono, más sano, menos citadino y respetuoso de las diversas jerarquías.[39] Entre 1970 y 1971 realizó congresos, actos y charlas en Montevideo y, sobre todo, en el interior del país. Su actividad involucró también acciones de propaganda callejera y participación en instancias gremiales estudiantiles. Los jóvenes de la JUP contaron con el respaldo moral, logístico y en ocasiones económico de la ORPADE, dirigentes ruralistas y representantes de la jerarquía católica. Entre los apoyos de la JUP se destacó Celia Reyes, mentora y referente intelectual y político de ese colectivo, frecuentemente citada en las páginas del suplemento del interior de La Mañana, vocero de la agrupación.

Las organizaciones “demócratas” que actuaron en el espacio de la enseñanza media y universitaria se enfrentaron a las agrupaciones izquierdistas fundamentalmente por dos vías: en el plano sindical, disputando las elecciones gremiales en los centros de estudiantes, las asociaciones de padres y los ámbitos de co-gobierno, y en el dominio territorial de los centros de estudio que se entendían infiltrados por estudiantes, funcionarios administrativos y docentes marxistas que respondían a un plan de dominación totalitaria en el que la cooptación ideológica de los jóvenes ocupaba un lugar central. Entre 1969 y 1972, las cada vez más frecuentes “tomas” de liceos fueron justificadas por la ORPADE como acciones reivindicatorias ante un gobierno que hacia oídos sordos a sus reclamos o bien en términos de “recuperación” -real y simbólica- de los locales ocupados a instancias de los gremios estudiantiles de izquierda. En 1969, miembros de ORPADE ocuparon por más de un mes el liceo José Batlle y Ordóñez en el Departamento de Lavalleja. Ese mismo año en la ciudad de Bella Unión estudiantes y padres “demócratas” ocuparon el liceo para denunciar la infiltración de “ideas foráneas” por parte de los profesores y la manipulación del estudiantado, que era obligado a hacer huelga en apoyo a situaciones ajenas a la enseñanza. La medida fue replicada en otras ciudades del departamento norteño, como la localidad fronteriza de Quaraí o en la capital departamental, donde la Confederación de Estudiantes Demócratas ocupó el liceo reclamando explícitamente la intervención del Consejo de Enseñanza Secundaria y la destitución de los “profesores culpables”.[40]

A comienzos de 1970, el movimiento de padres y organizaciones estudiantiles demócratas celebró la intervención decretada por el Poder Ejecutivo de los Consejos de Enseñanza Secundaria y la Universidad del Trabajo del Uruguay. La medida, insistentemente solicitada por ORPADE desde 1968, garantizaba el alejamiento del ente rector de los consejeros docentes, que en su mayoría pertenecían a las listas gremiales de izquierda.[41] Desde entonces y hasta el 12 de junio de 1971 – fecha en que el Parlamento anuló el decreto- el Presidente Pacheco nombró consejos interventores para enseñanza secundaria y técnica que mostraron gran afinidad con las preocupaciones orpadistas. Durante los meses de intervención se concretaron numerosas investigaciones administrativas, que derivaron en sumarios a docentes que venían siendo denunciados por la organización, así como recambios en puestos administrativos considerados clave, entre los que sobresalían las bedelías, y fundamentalmente las direcciones de los liceos.[42] Este contexto agudizó el enfrentamiento entre izquierdas y derechas en el ámbito de la enseñanza media.

En 1971 y 1972 Montevideo fue escenario de numerosas “recuperaciones” de liceos que supusieron acciones de violencia física y simbólica. Por lo general quienes efectivamente llevaban adelante la ocupación eran integrantes de la JUP y otras agrupaciones estudiantiles anti-izquierdistas, mientras que ORPADE se encargaba de reforzar en los medios de comunicación el carácter noble y apremiante de esa lucha, que apuntaba a salvar a los “verdaderos estudiantes”, un concepto muy usado en la visión dicotómica que proyectaban las organizaciones demócratas. Así, por ejemplo, un suelto publicado en la prensa poco antes del inicio del año lectivo de 1971 instaba al “Padre de alumnos de Enseñanza Secundaria” a velar por la asistencia a clases de su hijo: “asegure y respalde la asistencia normal de su hijo a los cursos. No permita que una minoría organizada provoque la pérdida del año de los verdaderos estudiantes. Usted también es responsable – Participe!”.[43]

Un mes antes de que se levantara la intervención, en mayo de 1971, varios liceos de la capital y el interior habían sido ocupados por estudiantes de las agrupaciones de izquierda y permanecían cerrados. Los “estudiantes demócratas”, apoyados por ORPADE, emprendieron una campaña de recuperación de las casas de estudio que siguió un mismo patrón: la irrupción de los autoproclamados libertadores ocurrió en la madrugada y supuso, no solo el desalojo violento de los ocupantes y la recuperación de la llave que garantizaba el acceso a local, sino también una serie de rituales simbólicos de desagravio a los símbolos patrios y de apología nacionalista. Según se narra en la crónica de La Mañana, laudatoria de estas acciones, cuando los “jóvenes demócratas” lograron vencer la “lluvia de piedras y objetos con que los ocupantes instalados en la azotea, pretendían hacerlos desistir de sus propósitos” y entrar al liceo número ocho se encontraron con un grupo de “facciosos” durmiendo sobre “emblemas nacionales”. El grupo de asalto recogió banderas, limpió las leyendas “de carácter faccioso” de las paredes y obligó a los ocupantes a cantar cinco veces la marcha mi bandera y siete veces el himno nacional.[44]

Por esos días se dieron situaciones similares en una decena de liceos de la capital y Canelones en los que se llevaban adelante “huelgas de brazos caídos”. La recuperación de los locales por parte de estos grupos de estudiantes demócratas solía contar con el inmediato apoyo de la policía que garantizaba la desocupación del lugar. Lo habitual era que el conglomerado demócrata, con JUP y ORPADE a la cabeza, aprovechara la situación para ofrecer evidencia pública de que las casas de estudio estaban infiltradas por “agitadores profesionales” que no tenían nada que ver con el estudiantado (en el caso del liceo ocho se informó a la prensa sobre la presencia de un “funcionario de una fábrica de calzado” que estaba allí como “elemento de choque”). Las recuperaciones de liceos eran, a su vez, instancias propicias para demostrar el grado de degeneración moral que rodeaba al estudiantado calificado de “comunista”, “totalitario” o “marxista”.

La coyuntura de mediados de 1971, caracterizada por el desmantelamiento de los Consejos Interventores y tomas de locales, clausuras temporales de liceos y enfrentamientos físicos en los centros de estudios ocupados, ambientó una activa movilización del Movimiento de Padres Demócratas de Liceos de Montevideo, que el 4 de junio divulgó un “manifiesto dirigido al gobierno y las autoridades de Enseñanza Secundaria”. En él se reiteraban exigencias de larga data, como la obligación de docentes y cargos de dirección a cumplir con los programas de enseñanza establecidos de “forma objetiva en cuanto a su interpretación política”, y agregaban la prohibición de realizar asambleas en horas de clase, la obligatoriedad de remover “letreros con slogans deformantes de la mente juvenil” y la implementación de una vigilancia extrema para evitar que entraran a los liceos quienes no justificaran ser estudiantes.

El llamado Consejo Interino, y su decisión de reintegrar a la actividad docente a muchos de los profesores y directores sancionados, decepcionó a las organizaciones “demócratas”, que redoblaron su costado inquisitivo dirigiéndose en tono amenazante a las nuevas autoridades y a la población en general. El diario El País sostuvo que un grupo de integrantes del movimiento había concurrido personalmente a la redacción a entregar un comunicado con “gravísimas denuncias”. Las clases se suspendían por la realización de asambleas manipuladas por “un grupito de agitadores que promueve tumultos y tienen mandato del Partido Comunista” y en un pizarrón del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo la organización de izquierda FER 68 informaba abiertamente sobre la expropiaciones realizadas por un Comando de Apoyo Tupamaro. El comunicado concluía increpando directamente a los “políticos demócratas”: “1) ¿Saben que FER 68 es escuela y fábrica de sediciosos? 2) ¿Saben que hay mucho alumno y profesor amenazado? 3) ¿Qué medidas enérgicas y bien meditadas se les ocurre para terminar con esto, antes de que esto termine... como la universidad gobernada por Moscú?”.[45]

Pocos días después, en una nota dirigida al Consejo Interino de Secundaria que se publicitó en La Mañana, la organización manifestaba profunda preocupación por la reintegración a centros docentes de profesores y alumnos que habían hecho “uso del aula para fines político-revolucionarios”, ofreciendo la colaboración para “erradicar todo proselitismo”. La contribución ofrecida por los “padres demócratas” para lograr una “pacificación” de la enseñanza media consistía fundamentalmente en dar a conocer la información sobre la filiación ideológica y la militancia política de personal docente y administrativo que habían ido recopilando en liceos y centros de enseñanza técnica de todo el país. En reiterados comunicados recordaban que tenían “informes en su poder”, “nombres propios”, denuncias fundadas y todo ello estaba a disposición para retomar el necesario proceso de depuración en la educación.[46]

Otra de las banderas tanto de ORPADE como de JUP fue la defensa de estudiantes y docentes que habían sido des-gremializados (expulsados de sus respectivos claustros y organizaciones), y quedaron en ocasiones impedidos de ingresar a los locales de estudio. Rehabilitarlos en el ejercicio de sus cargos y reivindicar su coraje se transformó en una parte importante de sus cometidos y actividad militante.

Las relaciones con el Consejo Interino no resultaron tan fluidas como con su antecesor, probablemente debido a la inminencia de las elecciones nacionales que desestimulaba la adopción de medidas impopulares. El Consejo nombrado después del levantamiento de la intervención fue mucho menos permeable a las sistemáticas denuncias del movimiento que, desde el mes de agosto, volvió a manifestar públicamente su preocupación por la falta de acción y la permisividad de las autoridades de la enseñanza.[47] A su vez, la coyuntura pre-electoral estuvo signada por un aumento de la violencia que se manifestó, entre otras modalidades, a través de una ola de atentados contra domicilios de políticos de izquierda y abogados de presos políticos y que se prolongó y multiplicó en el transcurso del año siguiente.[48] El 27 de noviembre de 1971 fue víctima de un atentado contra su casa particular Daniel Buquet, el entonces presidente de la asociación gremial de los profesores de Montevideo.[49]

En el mes de marzo de 1972, en un contexto que coincidió con la detención de numerosos docentes a los que se acusaba de mantener contactos con organizaciones guerrilleras, se realizó el Primer Congreso Nacional de Padres Demócratas en la ciudad de Durazno, con la participación de delegaciones de todo el país. En el encuentro se definió la creación de una Federación Nacional de Padres Demócratas (FENAPADE) que tendría como principales cometidos denunciar ante los poderes del Estado, autoridades privadas y paraestatales “desvíos” y casos en los que no se respetara el “ideal democrático”. El congreso, que estuvo acompañado de un acto público con varios oradores, debe ser analizado como otro hito en la movilización de ORPADE y las organizaciones afines. En la declaración aprobada y ampliamente divulgada en esta oportunidad se plantearon asuntos variados, como por ejemplo el malestar que provocaba la orientación del Instituto de Profesores Artigas como ámbito de formación docente, la inconveniencia de levantar el régimen de medidas prontas de seguridad -vigente prácticamente desde junio de 1968- si las autoridades no se comprometían a cumplir con la legislación que auscultaba la filiación democrática del cuerpo docente o la profunda preocupación que generaba el incipiente uso de drogas por parte de los adolescentes. La declaración exigía además el cumplimiento de la ley de creación de Liceos Militares en cada región de Uruguay, manifestaba su apoyo a “todos los movimientos juveniles que tengan como fin la democratización de la enseñanza” y exhortaba a profesores, maestros y asociaciones democráticas a mantener la vigilancia y la militancia activa.[50]

En agosto de 1972 la prensa difundió una “carta abierta de los padres demócratas” dirigida a Walter Schettini, presidente del Consejo Interino de Educación Secundaria, en la que se acusaba directamente a las autoridades de permitir que “la guerra” tuviera lugar en la enseñanza. La nota revelaba un punto de inflexión en las expectativas del movimiento en relación al Consejo:

 

El año 1971 fue un año cumbre en la escalada de la violencia en Secundaria. Entre el 20 de abril, cuando un grupo de presuntos cañeros ingresa al Liceo de Colón e incita a los alumnos 'a agruparse para la lucha armada a fin de liberar a Sendic', hasta noviembre, en que los centros docentes se habían convertido en Comités de Base y de promoción sediciosa, se sucedieron amenazas de muerte, agresiones y expulsiones ante la mirada impertérrita de las autoridades.

 

En ese “ambiente subvertido” el llamado a la pacificación formulado por la organización había caído en el vacío. La solución ya no vendría mediante la acción de un consejo con potestades de gobierno. Fueron enfáticos en la valoración de la derrota. “Profesor Schettini: la sedición hace años que es dueña de la enseñanza; desde los muro de los centros docentes ha venido permanentemente reclamando la sangre de nuestra juventud”.[51]

En los últimos meses de 1972 tuvieron lugar masivas movilizaciones populares impulsadas por la CNT y el Frente Amplio. Los trabajadores de la educación protagonizaron algunos de los conflictos más radicalizados en respuesta a la gestación de una Ley General de Educación, finalmente aprobada en enero de 1973, que promovía la centralización del sistema educativo básico, procurando reforzar el control en esta área. Los “padres demócratas” ocuparon un lugar destacado entre los auspiciantes de la ley. Celia Reyes volvió a desplegar el tipo de argumentos que había poblado sus cartas públicas y activismo militante a mediados de los años cincuenta: : el Estado debía velar por a “idoneidad en educación democrática”, algo que no tenía que ver con los títulos ni los cargos, sino con la ideología y la moral de los individuos. A juicio de Reyes, la Ley de Educación -cuyo contenido no era novedoso puesto que podía encontrarse en el texto constitucional vigente- ofrecía una solución para la integración de los Consejos de Educación. “Los pasados años han sido oscuros -afirmaba en una carta abierta al Presidente de la República- y el país entero no tiene confianza en quienes, pudiendo actuar, no actuaron, aún en el cargo más simple de maestro o profesor.”[52]

Otro de los activos respaldos públicos a la normativa fue el de Carlos Stajano, mentor fundacional de ORPADE, muy comprometido con el impulso de la legislación frustrada de los tempranos años sesenta. Para el médico, político y docente universitario, que por esos días había diagnosticado la total “cancerización de nuestro organismo nacional”, la nueva ley de educación simbolizaba el triunfo de la Civilización por sobre la Barbarie y venía a abolir “la siempre monstruosa consigna 'apóstata' que proclamó que el educando no necesita estudiar, sino exaltar sus méritos en la órbita gremial”.[53]

 

Conclusiones

 

En las auto-identificaciones de los sujetos y grupos sociales, el término “demócrata” podía figurar como adjetivo o como sustantivo puesto que “ser demócrata” conllevaba una serie de sobreentendidos que remitían a la defensa de liberalismo en términos fundamentalmente discursivos (los demócratas no defendían proyectos alternativos a la democracia multipartidaria) y a un conservadurismo social. En el amplio período analizado los “demócratas” se revelaron extremadamente tradicionalistas en su visión de la historia nacional y su defensa de un orden familiar y social que no admitía el cambio o algún tipo de innovación. A diferencia de movimientos de derecha más extremos, que defendieron abiertamente proyectos contra-revolucionarios y de cambio radical del orden establecido, puede decirse que los demócratas se definieron sobre todo por oposición: a los totalitarios, a “otros jóvenes”, a los agitadores profesionales, a los anti-nacionales. Por contraposición, ellos -ya fuesen jóvenes, padres, obreros, mujeres o profesores- eran democráticos, “sanos” y auténticos.

El movimiento de los autodenominados “padres demócratas” se inscribió plenamente en la lógica de construcción de enemigos internos que estructuró los conflictos sociales de la Guerra Fría. En ese sentido, sus prácticas y definiciones se inspiraban en la idea de que existía un nuevo tipo de enemigo, que lejos de mostrarse abiertamente, se infiltraba en las naciones y se caracterizaba por actuar en muy diversas áreas en organizaciones de fachada. La idea del “quintacolumnismo” comunista que se escabullía en actividades supuestamente gremiales, culturales o educativas obsesionó al movimiento de “padres”, lo cual explica que dedicaran ingentes esfuerzos a la identificación de individuos, grupos y actividades “antinacionales” y su consiguiente desenmascaramiento. Sus acciones estaban destinadas al gran público y apuntaban, en la primera época, a sacudir la modorra, demostrar que había un peligro activo que estaba siendo subestimado (por la sociedad en general y por los gobiernos reformistas) y a partir de la radicalización de los conflictos en los años sesenta, a presentarse como guardianes de un orden que se desmoronaba. Se observó cómo las actitudes en relación al Estado fueron cambiando, oscilando entre acciones de presión, colaboración y enfrentamiento.

En este diagnóstico de infiltración solapada, que, además del ámbito de la enseñanza, comprendía sindicatos, partidos políticos, la administración pública, espacios confesionales y el mundo de la cultura, era especialmente alarmista en relación a la vulnerabilidad de los jóvenes, presentados como el grupo social más codiciado por la infiltración comunista y con menos herramientas para hacer frente al “lavado de cerebro” que suponía el contacto prolongado con “profesores socio-comunistas” y con los jóvenes izquierdistas, con participación en los gremios estudiantiles y organizaciones políticas. Del contacto con esos “jóvenes degenerados” preocupaba especialmente la supuesta propagación de un estilo de vida y una manera de ver el mundo que subvertía los pilares básicos del orden social. En este sentido las acciones promovidas por el movimiento de “padres demócratas” deben ser entendidas en el marco de un frente conservador que impugnó la cultura juvenil de izquierda, atacando tanto sus expresiones moderadas (por ejemplo, que los estudiantes realizaran asambleas en horas de clase o formaran parte de “huelgas de brazos caídos”) como las más radicalizas, asociadas con la promoción del hippismo u otros estilos de vida alternativos.

No debe pasar desapercibido el hecho de que se presentaran como “padres”, lo cual demuestra un trasfondo patriarcal y conservador que se manifestaba en la actitud del que vigila y protege, incluso cuando los supuestos damnificados no puedan reconocerlo. Mientras que la juventud era una identidad temporal, la de “padres” se presentaba perdurable y habilitaba apropiaciones metafóricas que conferían autoridad al colectivo más allá de los estudiantes de enseñanza media. El compromiso de los padres era, ante todo, con la defensa de la nación, lo cual justificaba velar también por la consolidación de “buenos trabajadores” o “buenos servidores públicos”.

Las actividades del movimiento fueron muchas y de variada índole. En primer lugar debe subrayarse la minuciosa tarea de identificar, señalar públicamente e intentar irradiar a individuos que tenían militancia en partidos de izquierda (por entonces legales) o algún tipo de vinculación con organizaciones sociales y culturales relacionadas con el campo socialista. La tarea de recopilación y ordenamiento de información personal que justificara una eventual sanción o destitución y, más adelante, un apresamiento fue lo que dio vida a estas organizaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, su militancia anticomunista supuso muchas otras actividades. Actuaron como censores de manuales de enseñanza media, publicaron en diarios importantes y participaron en programas de radio y televisión para dar a conocer en el público amplio la cercanía del peligro denunciado, sacaron libros específicos, realizaron grandes congresos, impulsaron leyes y exigieron a las autoridades correspondientes la disposición de sanciones que podían suponer tanto el alejamiento temporario de un docente o funcionario de un liceo, como su destitución definitiva. En todos los casos las acciones de los “padres demócratas” estaban teñidas por la voluntad de provocar escarnio público entorno al acusado. Por eso sus adversarios los tildaban de “cazadores de brujas” o “macartistas”.

La importancia de los “padres demócratas” en relación a la violencia política que fue en ascenso en los años sesenta y setenta merece estudios que incorporen otro tipo de fuentes. Sin embargo, es posible afirmar que el movimiento de “padres demócratas” desde mediados de los años sesenta tuvo contacto con organizaciones para-policiales y apoyó las tomas de liceos de los “estudiantes demócratas” identificados con organizaciones como la JUP, que actuaron como brigadas de choque en la expulsión de ocupantes de izquierda y a la vez como referentes éticos que venían a demostrar a través de las “recuperación” de locales de estudio la infiltración izquierdista y la degeneración moral de la juventud. En las desocupaciones eran apoyados por la policía que, por norma general, no investigaba las denuncias que incriminaban a las agrupaciones “demócratas”.

Sin profundizar demasiado al respecto, este artículo pretendió visibilizar la importancia de los divulgadores (¿intelectuales?) “demócratas” -como Carlos Stajano o Celia Reyes de Viana- que no han merecido la atención suficiente en una historiografía que descansa en la idea de una hegemonía cultural de izquierda. Esto está ligado con la preocupación en relación al éxito político de un movimiento como ORPADE. En términos de modificaciones legales, hasta 1973 fueron más sus fracasos que sus victorias. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor desencuentro con el gobierno (anulación del decreto que formalizaba la vigilancia ideológica en 1963 o nombramiento del Consejo Interino que dejó sin efecto muchas de las sanciones aplicadas por el Consejo Interventor), su eficacia debería buscarse en lo que parecería haber logrado en términos de formación de opinión pública y promoción de actitudes sociales como la sospecha, la vigilancia entre vecinos o directamente la delación. En definitiva, ese repertorio de conductas era el que se había presentado como deseable para un “demócrata” que se preciara de tal.

 

 

 

Bibliografía

 

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Recibido: 21/08/2018

Evaluado: 25/09/2018

Versión Final: 31/10/2018

 



[1] Sobre el movimiento antifascista y sus redes de solidaridad en la década entre 1935 y 1945 véase: Sandra McGee Deutsch. “Hands Across the Río de la Plata: Argentine and Uruguayan Antifascist Women, 1941-1947”. Revista Contemporánea, Año 8, vol.8, 2017, Montevideo, pp. 29-54; Gerardo Leibner. Camaradas y Compañeros. Una historia social y política de los comunistas del Uruguay. Montevideo, Editorial Trilce, 2011, pp. 50-88; Juana Paris y Esther Ruiz. El frente en los años 30.` Montevideo, Proyección, 1987.

[2]  Ernesto Bohoslavsky y Mariana Iglesias han señalado este rasgo en común en los inicios de la guerra fría en la región: “Las guerras frías del cono sur: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (1945-1952)”. OPSIS, v. 14, Goiás, 2014, pp. 113-133

[3] Luc Van Dungen, Stéphanie Roulin y Giles Scott-Smith (eds.). Transnational Anti-communism and the Cold war. Agents, activities, and networks. Palgrave Macmillan, Londres, 2014. Sobre los congresos contra la intervención soviética en América Latina véase: Ernesto Bohoslavsky y Magdalena Broquetas, “Los congresos anticomunistas en América Latina. Redes, sentidos y tensiones en la primera guerra fría (1954-1958)”, ponencia presentada en el Tercer coloquio internacional Pensar as direitas na América Latina no século XX, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2018.

[4] Parte de la prensa citada en esta ponencia fue relevada por el equipo del investigadores que coordino en el marco del proyecto sobre Nacionalismos de derecha y anticomunismo en el Uruguay de la Guerra Fría (proyecto CSIC I+D) S integrado por Fernando Adrover, Pablo Langone, Matías Rodríguez y Álvaro Sosa. Agradezco a Javier Correa los aportes documentales sobre Durazno.

[5] Magdalena Broquetas. La trama autoritaria. Derechas y violencia en Uruguay (1958-1967). Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2014

[6] “Cómo los profesores soviéticos inculcan sus ideas a los discípulos uruguayos”, El País, Montevideo, 11/6/1954.

[7] Antonio Romano ha seguido el itinerario de Celia Reyes en la “Agrupación Educación Democrática” que la propuso entre los candidatos docentes para el Consejo de Enseñanza Secundaria. "El (anti) comunismo en la enseñanza secundaria". La Agrupación "Educación Democrática" y las elecciones docentes (1964-1968)", ponencia presentada en el Seminario Internacional A 50 años del 68. Miradas e interpretaciones desde el sur, Universidad de la República, Montevideo, 2018.

[8] Magdalena Broquetas. La trama ..., Op. Cit. pp. 79-124.

[9] Servicio de Inteligencia y Enlace (SIE), Memorándum sobre organizaciones gremiales, 25 de mayo de 1964, carpeta N° 1285, Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Varios de los miembros de ORPADE lo fueron también de la Asociación de Padres de Alumnos Liceales (APAL), Informe sobre “agrupaciones anticomunistas no oficiales”, abril de 1962, carpeta N° 674, DNII.

[10] Véase: Carlos Stajano, "Psicología del Adolescente y el Futuro de la Democracia", Revista de Criminología, Abril-Junio, 1956, pp. 99-100, citado en Leandro Kierszenbaum. Tesis de Doctorado. Orígenes del orden represivo uruguayo: usos y percepciones de la violencia (1945-1968). Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv, 2012, pp. 105-106 y 151-152.

[11] “Finalizó en Tacuarembó el II Congreso de Padres Demócratas”, La Mañana, 24/7/ 1962; “Rotundo éxito del Congreso de Padres Demócratas en Tacuarembó”, El País, 24/7/ 1962.

[12] “A la opinión pública”, La Mañana, Montevideo, 19/1/1961.

[13] A fines de 1962 el presidente de la organización envió un a nota al Poder Ejecutivo colegiado en la que manifestaba su agradecimiento por “la comprensión y la solidaridad del H. Consejo Nacional de Gobierno, con este movimiento ciudadano, auténticamente nacional, que aúna a los hombres de todos los partidos tradicionales, en la defensa de las instituciones y el futuro de la patria, severamente y tenazmente amenazada”. Actas del Consejo Nacional de Gobierno (CNG), Montevideo, 11/12/1962, p. 2.

[14] “Nota del movimiento nacional de Padres Demócratas” al Consejo Nacional de Gobierno, Actas del CNG, Montevideo, 12/6/1962. La ley mencionada era la 11.923 y se pedía la reglamentación de su artículo 40.

[15] “A.L.E.R.T.A”, El País, 30/11/1961.

[16] “Respetemos la constitución”, Boletín mensual de ODI, N°2, setiembre de 1962.

[17]  El texto, que incluía mención explícita a las normas jurídicas reiteradamente invocadas por ORPADE y ALERTA había sido redactado por una comisión integrada por Aparicio Méndez, Nicolás Storace y Eduardo Pons Echeverry (ministros de Salud Pública, Interior e Instrucción Pública y Previsión social, respectivamente), aunque se reconocía la paternidad intelectual casi exclusiva del primero.

[18] Leandro Kierszenbaum. Los orígenes ..., Op. Cit.

[19] Véase, por ejemplo, la argumentación de Martín Echegoyen. Actas del CNG, 22/1/1963, pp. 22-25.

[20] Actas del CNG, 22/1/ 1963, p. 27.

[21]  A pesar del revés sufrido con la reconsideración del decreto, el 25 de julio de 1963, el Consejo Nacional de Gobierno acusó recibo de una nota de la asociación de “padres demócratas” entregada el día anterior por una comisión que se había entrevistado con el Presidente del Consejo. Actas del Consejo Nacional de Gobierno, 25/7/1963.

[22] En setiembre de 1959 el Movimiento Nacional Femenino para la Defensa de la Libertad reclamaba a los gobernantes la “inmediata ruptura de relaciones con la URSS”. Desde enero de 1961 la movilización apuntó al rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. “La mujer adhiere con gran entusiasmo a la lucha de Defensa de la Libertad”, El País, 3/10/1959 y “Movimiento Estudiantil para la defensa de la Libertad”, El País, 7/1/1961.

[23] Magdalena Broquetas, La trama autoritaria..., Op. Cit., pp. 67-71.

[24] Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, Montevideo, 3/6/ 1965, pp. 69-70. Salvador Neves, “Mi abuelo el anarquista”, Brecha, Montevideo, 28/3/2008.

[25] “Si usted fuera un trabajador soviético ...”.[1964-1965 aprox.] Archivo DNII.

[26] Folleto de ORPADE, [1964 aprox.] Archivo de Propaganda Política, Departamento de Historiología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (APP-FHCE) de la Universidad de la República.

[27]Carta firmada por Carlos Stajano dirigida al Prof. Antonio Mena Segarra, noviembre de 1964, Fondo Misceláneas, Donación Mena Segarra, APP-FHCE.

[28] “ORPADE es fuerza democrática indestructible”, El País, 4/7/1965.

[29]  Composición de la directiva de Vanguardia Tricolor [probablemente 1/2/1964]. SIE, carpeta N° 1172c y Hoja mecanografiada [probablemente mediados de 1965]. SIE, carpeta N° 1285. Archivo DNII. Véase también: Magdalena Broquetas, La trama autoritaria..., Op. Cit., capítulos 4 y 7.

[30] Entre 1950 había poco más de 34.000 estudiantes matriculados en enseñanza media y en 1970 la cifra era de 132.125. Benjamín Nahum, Ana Frega, Mónica Maronna e Ivette Trochón. El fin del Uruguay liberal. 1959-1973,` Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1993, p. 175.

[31] Véase Vania Markarian. El 68 uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat. Buenos Aires Universidad Nacional de Quilmes, 2012 y Gonzalo Varela. El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal.` Montevideo, Ediciones Trilce, 2002 .

[32] “Cuentos de brujas y epopeyas. Grave infiltración comunista hace tiempo se ha denunciado”, El País, 10/2/1968. En este segundo período Stajano ya no figuró como presidente de la organización. En su lugar, aunque asociado a la organización en Montevideo, estuvo el profesor Mortimer Quijano.

[33] “ORPADE, la caza de brujas y el Ministerio de Cultura”, El Popular, Montevideo, 12/9/1968. `

[34] Publicidad de ORPADE, La Mañana, 7 de noviembre de 1968. Ver también: “Por una enseñanza democrática auténtica colabore con ORPADE”, La Mañana, 10 de agosto de 1969.

[35] Celia Reyes de Viana. El comunismo en la enseñanza secundaria. Sus problemas; aspectos educativos de enseñanza secundaria. Montevideo, 1969.

[36] Sobre las organizaciones de la izquierda armada véase: Clara Aldrighi. La izquierda armada. Ideología, ética e identidad en el MLN-Tupamaros. Montevideo, Ediciones Trilce, 2002 y Eduardo Rey Tristán. A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya. 1955-1973. Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 2006.

[37] María Eugenia Jung. La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista. El movimiento pro-Universidad del Norte de Salto (1968-1973). Montevideo, Universidad de la República, 2018.

[38] Ídem y Gabriel Bucheli. “El sujeto social de derechas en Uruguay y la emergencia de la Juventud Uruguaya de Pie (1968-1972)”. Revista de Historia Política Divergencia, No. 4, Año 2, 2013.

[39] Ernesto Bohoslavsky, Magdalena Broquetas y Gabriela Gomes. “Juventudes conservadoras en los años sesenta en Argentina, Chile y Uruguay”, en Fabio Kolar y Ulrich Mücke (eds), El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal. Siglos XIX y XX, Editorial Iberoamericana-Vervuert, 2018, pp. 289-312.

[40] “Dirigente estudiantil opina sobre la ocupación del liceo departamental de Artigas”, La Mañana, 15 de agosto de 1969; “Ilegales sanciones en el Liceo de Batlle y Ordóñez”, El Popular, 16/5/ 1970.

[41] Antonio Romano. De la reforma al proceso. Una historia de la enseñanza secundaria (1955-1973). Montevideo, Ediciones Trilce, 2010.

[42] Leonor Berná estudió en detalle la amplia gama de sanciones aplicadas por el Consejo Interventor de Secundaria. Enemigos peligrosos. El control político a los docentes de Educación Secundaria entre 1970 y 1985. Tesis de Maestría. Montevideo, Universidad de la República, 2016.

[43]  Suelto firmado por ORPADE en La Mañana, 28/2/1971.

[44] “Estudiantes demócratas obligan a cantar el himno 7 veces”, La Mañana, 27/5/1971.

[45] “Desgremializados: padres con Schettini”, El País, 25/6/1971.

[46] “Respuesta de los padres demócratas de Secundaria”, El País, 13/8/1971.

[47] “Extremistas expulsan tres liceales”, El País, 22/10/ 1971; “De la Asociación de Padres y Ciudadanos Demócratas de Batlle y Ordóñez”, La Mañana, 11/7/1972.

[48] “La subversión permitida” I, II y III, Semanario Marcha, 7,14 y 21/4/1972.

[49] El Popular, 27/11/1971.

[50] “Se cumplió el Durazno el Primer Congreso de Padres Demócratas”, La Mañana, 7/3/`1972.

[51] “Carta abierta de los Padres Demócratas a Schettini”, El País, 13/8/1972.

[52] “Carta abierta al señor presidente de la República”, El País, 20/3/1973.

[53] “La Ley de Enseñanza”, El País, 24/1/1973.

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