Colonización y estrategias organizativas: memoria histórica de los campesinos afiliados al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragim), en Mesetas-Colombia, 1959-2017

 

 

Colonization and organizational strategies: historical memory of the peasant affiliated with the Union of Independent Agricultural Workers of Meta (Sintragrim), in Mesetas-Colombia, 1959-2017

 

 

 

Eugenio Castaño González

Universidad de Antinoquia (Colombia)

eugecas2016@gmail.com

 

 

Resumen

Este artículo da cuenta de las estrategias de organización y sus posteriores repliegues en diferentes contextos caracterizados por el recrudecimiento y distensión de la violencia  contra los campesinos organizados a través del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, seccional Mesetas, durante el periodo propuesto. Para ello se decidió dar cuenta de varios aspectos claves, como los procesos de poblamiento, estrategias organizativas, reivindicaciones sociales y políticas y, por último, las formas de violencia ejercidas por parte de grupos armados. Todo lo anterior permite comprender las dinámicas sociohistóricas de una organización sindical campesina conformada desde un principio por desplazados de la región andina, quienes procuraron construir un proyecto político en una región inhóspita y con una precaria presencia del Estado colombiano.

 

Palabras Clave

Memoria histórica; Mesetas; Campesinos; Estrategias de organización; Violencia. 

 

 

Abstract

This article gives an account of the organizational strategies and their subsequent reflections in different contexts characterized by the recrudescence and detente of violence against peasants organized through the Union of Independent Agricultural Workers of Meta, Mesetas section, during the proposed period. For this purpose, it was decided to give an account of several key aspects, such as the processes of settlement, organizational strategies, social and political demands and, finally, the forms of violence exercised by armed groups. All this allows us to understand the sociohistorical dynamics of a peasant union organization formed from the beginning by displaced people from the Andean region, who tried to build a political project in an inhospitable region with a precarious presence of the Colombian State.

 

Keywords

Historical memory; Plateaus; Peasants; Organization strategies; Violence.

 

 

 

 

Introducción

 

Hacer la memoria histórica de las organizaciones sindicales en el sector rural en Colombia es imprescindible, porque permite develar las dinámicas cotidianas y laborales en aquel sector poco explorado por la historia como disciplina. Se trata con ello de vincular el presente, sus vicisitudes y coyunturas en la comprensión del pasado y sus particularidades, tal como lo planteaba el historiador Marc Bloch (1996). Es aquí en donde la historia establece una relación estrecha con el concepto de memoria. La memoria como la expresión de lo vivido, lo sentido, proyección de la experiencia misma desde la subjetividad y la emocionalidad, y la historia como aquella disciplina que permite la construcción del relato y los contextos, capaces de interrogar las memorias y otorgarles un marco analítico (Nora, 2008). En ausencia de fuentes escritas, destruidas por efectos del conflicto armado que afligió a aquella región, este artículo fue elaborado a partir de testimonios orales de los campesinos afiliados a Sintragrim, sub directiva de Mesetas, quienes, en el marco de un proyecto de memoria histórica desarrollado por la Escuela Nacional Sindical, brindaron su testimonio de manera anónima por cuestiones de seguridad.  Por tal razón y para efectos del presente artículo, se tomó la decisión de cambiar sus nombres por iniciales, preservando con ello su identidad e integridad. Tomando en cuenta lo anterior, el presente artículo procura develar las dinámicas ligadas con los procesos de colonización a partir del año 1959 en el municipio de Mesetas, los procesos organizativos, primero de la Junta de Acción Comunal y luego en torno a la creación de la seccional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim. A ello cabría agregar las formas de solidaridad, las alianzas políticas, así como las lógicas de la violencia desatadas por los grupos armados con el ánimo de destruir el tejido social en la zona.   De allí precisamente la periodicidad elegida. La fecha de inicio, 1959, corresponde a los primeros procesos de colonización en el municipio de Mesetas. La fecha de cierre, 2017, revela un panorama social caracterizado por la recuperación, reconstrucción y ampliación de las sedes del Partido Comunista y de Sintragrim, además de realizarse unas primeras escuelas sindicales, luego de décadas de conflicto armado y persecución contra los integrantes del sindicato.

Por otro lado, es muy poco lo que se ha desarrollado en Colombia en torno al tema de las organizaciones sindicales desde la memoria histórica, más aun cuando las agendas sociales y políticas, además de los hechos violentos padecidos, se erigen en las variables a explorar. La elección de testimonios orales y, desde luego, el tipo de periodicidad elegida tan cercana a los acontecimientos del presente, ha hecho que desde la disciplina propiamente histórica este tipo de ejercicios con organizaciones sindicales aun sean sumamente incipientes a nivel nacional. A pesar de ello, y tomando como referencia esos dos aspectos, es posible identificar dos enfoque de investigación. En el primero, desarrollado por la Escuela Nacional Sindical (Montoya Correa y González Rúa,2011; Correa Montoya y Malagón, 2011; Castaño González , 2014a), Castaño González , 2014b); Colorado López, 2014; Castaño González, 2014c));  el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP (Archila, 2012), la Corporación Nuevo Arcoiris (Valencia y Celis Ospina, 2012), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (Ortiz, 2011), los análisis y las narrativas se orientan al esclarecimiento histórico de los hechos de la violencia contra las organizaciones sindicales, valiéndose de archivos físicos y testimonios orales. En el segundo enfoque es posible advertir un tipo de investigación que no se centra única y exclusivamente en torno a los hechos de violencia padecidos por este tipo de estructuras organizativas, sino que también se dirige a dar cuenta de las formas de relacionamiento político, expresiones culturales y configuraciones territoriales (Guerrero Rincón y otros, 2005). Sin embargo, este artículo ambiciona dar un paso adelante, al procurar desentrañar con mayor detalle las condiciones de posibilidad de los hechos violentos sucedidos contra de un tipo de sindicato poco usual en el panorama colombiano. Lo anterior,  teniendo en cuenta que sus integrantes no han sido trabajadores asalariados urbanos, ni asalariados ligados a la agroindustria. Se trata, en este caso, de una organización conformada desde un principio por campesinos y cuyas reivindicaciones se centran en la lucha por la democratización de la tierra, la defensa del medio ambiente, entre otros. Por ello se decidió examinar las particularidades concernientes los procesos de poblamiento y arribo al territorio, transformación espacial, mecanismos de solidaridad, relacionamiento político, conformación de estrategias organizativo-sindicales que,  posteriormente, fueron atacadas por los grupos armados que operaron en la zona, tal como también se examinará en el presente artículo.

 

El arribo al territorio

Producto de las confrontaciones bipartidistas entre los liberales y conservadores a mediados del siglo XX en Colombia, luego de las desmovilizaciones efectuadas durante la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) para frenar los hechos de violencia entre ambas facciones hegemónicas a nivel nacional, un enorme contingente de campesinos escaparon y colonizaron las tierras ubicadas más allá de la cordillera de los Andes, hacia el sur, entre los ríos Ariari, Duda, Guayabero y Pato.[1] El referido conflicto bipartidista provocó una enorme oleada humana desde finales de la década del cincuenta que, en este caso, tuvo como itinerario el páramo de Sumapaz y el trayecto del río Duda hacia abajo, Cabrera, San Juan de Arama, la Uribe, hasta arribar a lo que luego se constituyó como Mesetas. En principio, 21 personas se instalaron en el lugar en el año 1959: José del Carmen Jara, Pedro Velázquez Roa, Rafael María Moya, Flaminio Castellanos Neira, José Eulises González, Jesús Varela, Luis Eduardo Medina Urrego, Jesús Varela, Silvino Varela, Marcolina Varela, Nicolás Fajardo, Salomón Peña, José Peña, Arturo Peña, Raimundo Bobadilla, Eduardo Villalba, Pedro Villalba, Ignacio García, Gumersindo Soler, Manuel Antonio Silva Arias, Pompilio Peña.[2] Producto del trabajo de estos líderes, especialmente Silvino Varela, se llevó a cabo el desmonte del terreno y la construcción de las primeras viviendas en Mesetas, perteneciente en ese entonces a San Juan de Arama.

Según el testimonio de un antiguo líder de Sintragrim, durante los periodos de colonización hacia Mesetas, muchos pobladores desterrados fueron beneficiados con programas de alfabetización realizados por los propios campesinos armados, al mando de líderes representativos como Juan de la Cruz Varela. Estas breves jornadas de alfabetización, que duraban entre tres y cuatro meses, se llevaban a cabo durante las largas y extenuantes travesías, como una forma de promover una mayor conciencia política entre los campesinos a través de lecturas sencillas y pedagógicas.[3]  Según ese mismo testimonio, estos primeros pobladores estaban imbuidos por las proclamas del partido liberal, de carácter anticomunista, a excepción de los hermanos Varela, lo cual provocó unos incipientes brotes de resistencias frente al arribo de este tipo de doctrina política a Mesetas.

La posterior irrupción y consolidación de las denominadas Juntas de Acción Comunal,[4] producto de una iniciativa estatal durante la década del setenta, coincidió con las orientaciones brindadas por la Asociación de Colonos, quienes se vieron influenciados por el Partido Comunista y jugaron un papel político primordial en la zona.[5] Más allá de que el trabajo realizado por estos campesinos fue vital en el primer proceso de asentamiento, el territorio continuó siendo bastante agreste y poco poblado durante varias décadas. A comienzos de ese periodo, por ejemplo, el poblado era sumamente reducido, selvático, compuesto solo por algunas viviendas en mal estado y la ya mencionada Junta de acción comunal. Muchos líderes comenzaron a promover inversiones en infraestructura mediante la construcción de sistemas de alcantarillado y la pavimentación de las calles de Mesetas. Se trató de un conjunto de acciones que comenzaron a responder a la necesidad de adecuar el territorio a las posteriores oleadas de poblamiento y asentamiento, muchas de ellas provenientes de la misma región, como La Uribe, El Castillo y Medellín del Ariari.[6] En síntesis, si los primeros procesos de poblamiento provenían de otras regiones del interior del país, lo sucedido con el transcurrir de las décadas puso de relieve unas dinámicas colonizadoras procedentes del mismo departamento del Meta.

A ello cabría agregar el papel de la iglesia católica, la cual, a través de la presencia de algunos sacerdotes salesianos de nacionalidad española e italiana, como el padre “Chiribico”, Ricardo Cantalapiedra y Valentín Aparicio, jugó un papel determinante en los procesos de asentamiento, acompañamiento y organización comunal.[7] Así, en Mesetas se consolidó primero la Junta de acción comunal que la organización sindical, lo cual no fue impedimento para fortalecer los procesos de colonización y la consolidación del poblado como municipio. Allí fue la Junta de acción comunal la que cumplió con esa labor en la edificación de infraestructura, como sucedió con el caso de la construcción del sistema de alcantarillado. Según lo expresó un líder sindical de la región: “Entonces fuimos trabajando y en esos días pues la gente vio la forma mía y la forma del espíritu de trabajo que tenía, entonces me nombraron presidente de la Junta de acción comunal que había y así fue como empezamos a impulsar este municipio, lo llevamos a municipio, porque esto no era municipio ni la Uribe”.[8]

A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, otra fuerte oleada de campesinos emigró hacia el municipio, impulsada por las persecuciones a causa del estatuto de seguridad,[9] los consejos de guerra y la política de los salvoconductos. Se instauró una estrategia orientada al otorgamiento de aquellos salvoconductos para identificar a los individuos en determinadas regiones y regular los desplazamientos de un lugar a otro. De acuerdo con lo expresado por un líder de Sintragrim en Mesetas, aquel documento solía ser negado con frecuencia a líderes sociales y sindicales, lo cual revelaba una situación de enorme desventaja para el desarrollo de la actividad sindical en los territorios. Lo anterior impedía el desplazamiento de este tipo de líderes y, en ocasiones, les acarreaba inconvenientes con la fuerza pública, cuando esta realizaba retenes en la vía. De modo que la posesión o no de este tipo de salvoconducto tenía como correlato la estigmatización, el hostigamiento y la restricción en los traslados. Los pobladores, de los doce años de edad en adelante, según afirmaba un líder sindical, debían presentarse a La Uribe para reclamar su salvoconducto, pudiendo así movilizarse por el territorio y sortear las arremetidas del ejército y de la policía.[10] Así, pues, la puesta en marcha de aquellos salvoconductos en otras regiones del interior del país, encaminados a registrar, intervenir y regular los desplazamientos de los pobladores en sus diferentes territorios, se convirtió en un fenómeno capaz de propiciar una nueva oleada colonizadora hacia Mesetas. De manera simultánea, los mencionados procesos colonizadores se efectuaron en un contexto caracterizado por los fuertes enfrentamientos y disputas territoriales entre el ejército y la insurgencia.

 

Conformación del sindicato agrario y alianzas con la Unión Patriótica (UP)[11]

Esta nueva ola migratoria experimentada durante aquel periodo coincidió con la creación de la nueva subdirectiva de Sintragrim en Mesetas en 1982, bajo los liderazgos de Carlos Castellanos, conocido como “Chilaco”, Miguel Rubio, Julio Serrano Patiño, Alfonso Oyola, José Julián Vélez, su hijo Carlos Julián Vélez, Dimas Elkin Vélez, Rogelio Hincapié y Heraclio Hormiga, entre otros. [12] Detrás de ello estaba la imperiosa necesidad de aunar esfuerzos entre el Comunista (luego la Unión Patriòtica durante la segunda mitad de la década del ochenta), la Junta de acción comunal y el sindicato, para conformar una amplia plataforma capaz de gestionar las demandas de los habitantes de la región ante el gobierno departamental y nacional. A diferencia de la experiencia de municipios como El Castillo, en Mesetas la fundación del sindicato no se efectuó de manera simultánea con la de otras experiencias organizativas. Por el contrario, fue mucho más tardía y estuvo supeditada a las previas experiencias acumuladas por el Partido Comunista, el Frente Democrático, la UP y las Juntas de Acción Comunal. Este hecho precedió el nombramiento de Mesetas como municipio en el año 1981, al independizarse de San Juan de Arama.

Si en el municipio de El Castillo el sindicato jugó un papel preponderante en la construcción de un tejido social marcado por la ausencia del Estado y el traslado de las confrontaciones bipartidistas entre liberales y conservadores, en Mesetas fue un poco distinto. Allí, la configuración de las relaciones entre los pobladores y sindicato se llevó a cabo en un contexto histórico posterior y, por tanto, con una mayor presencia de la fuerza pública como un actor armado orientado a neutralizar las acciones de la insurgencia y del Partido Comunista, a comienzos de la década del ochenta.[13] Los procesos colonizadores desarrollados en aquella década, amparados por el Estado colombiano, convergieron en lo que se denominó como el comité de colonos. Municipios como San Juan de Arama, Puerto Rico, Concordia, La Uribe y, por supuesto Mesetas, se constituyeron en el foco de aquella trashumancia entre el parque de la Macarena y del Sumapaz. A ello cabría agregar la importancia que tuvieron los controles medio ambientales ejercidos por Sintragrim a los campesinos que arribaban a la zona. Así, ante la ausencia del Estado, con la excepción de los temas estrictamente militares, la cercanía con los páramos de Sumapaz y especialmente la Macarena, el sindicato se erigió como un actor social clave a la hora de defender las riberas de los caños y los nacimientos de aguas.[14]

La agricultura de subsistencia y la lucha por evitar la implementación del monocultivo son elementos claves para comprender las formas de relacionamiento entre el campesino organizado, con la tierra. De allí que en aquel paisaje rural se pudiese observar la presencia de cultivos de plátano, yuca, maíz, café y coca, además de una floreciente economía maderera. El tema del cultivo de la coca es bastante llamativo para el análisis de la configuración territorial y el papel desempeñado por la organización sindical. Si bien esta última tuvo en principio una posición de rechazo absoluto frente a dicho cultivo, la propia dinámica económica en el territorio modificó su posición. A medida que la presencia de este cultivo se hacía más preponderante, la seccional del sindicato agrario soslayó la política de proscripción por una de regulación, con el propósito de evitar la consolidación de un paisaje rural consagrado al monocultivo de este producto y la consiguiente reducción de hectáreas dedicadas a la agricultura de pancoger.[15]

En términos generales, la constitución de esta nueva seccional a comienzos de la década del ochenta precedió, un par de años después, en 1985, la creación de la Unión Patriótica. No cabe duda de que este hecho fue bastante significativo, toda vez que le otorgó un impulso definitivo al sindicato, además de favorecer la convergencia pluralista con otras expresiones políticas. Para ellos era fundamental establecer un diálogo abierto para instaurar consensos sobre el destino del municipio y de los campesinos en el territorio. La aproximación de todas aquellas fuerzas también se vio expresada en el creciente apoyo de la comunidad a esta experiencia sindical, mediante la realización de rifas y donación de productos en especie destinados al fortalecimiento organizativo. Esta estrategia estuvo acompañada de una creciente participación de sus líderes en los gobiernos locales, como fue el caso de Alfonso Camacho, concejal por la Unión Patriótica (UP) e integrante de Sintragrim, además de Miguel Antonio Rubio, concejal y alcalde en dos ocasiones, y también Julio Serrano Patiño. Producto de todas estas acciones se construyeron las sedes del sindicato y del Partido Comunista en el centro del pueblo, en donde confluían todas las expresiones políticas y sociales del municipio, incluido el sindicato y los partidos tradicionales.[16]

Las asambleas solían ser multitudinarias, con 200 o 300 asistentes en promedio, muchos de ellos sin pertenecer directamente a la organización. Lo anterior pone de presente una relación estrecha y de apoyo mutuo entre el sindicato, el Partido Comunista, la UP y la comunidad. La orientación política y técnica brindada por el sindicato y el partido a los campesinos se constituyó en un elemento sobresaliente, tomando en consideración la escasa presencia estatal y la extrema vulnerabilidad de la población local. El trabajo pedagógico fue un elemento crucial que ayudó a fomentar la identidad de la nueva organización alrededor de temas como la defensa de la tierra, la protección del medio ambiente, la reclamación por mejores condiciones de salud, educación, inversión en infraestructura, además de la denuncia por los abusos de la fuerza pública. El despliegue de dicha labor pedagógica se vio materializado con la publicación de folletines trimestrales, desde la década del ochenta hasta comienzos del nuevo milenio, precisamente cuando fracasaron los diálogos del Caguán.[17] Lo anterior, no solo posibilitó el afianzamiento de la identidad colectiva, sino, a su vez, robustecer los lazos de solidaridad con otras expresiones vinculadas con la izquierda política. Así, en este tipo de publicaciones se abordaban temas de política nacional e internacional, como fue el caso de “Carta Abierta”, que solía editarse entre Sintragrim, la Unión Patriótica y el Partido Comunista.[18]

 

El arribo de los violentos

La llegada del paramilitarismo a la zona a finales de la década del ochenta y comienzos del noventa implicó un proceso de resquebrajamiento paulatino de las dinámicas organizativas. La relación entre partidos políticos de izquierda, como la UP y el Partido Comunista, con la organización sindical fue un elemento clave a la hora de explicar las dinámicas de la violencia. El establecimiento de la zona de despeje trajo consigo un ambiente más proclive para la actividad sindical. Las garantías para dicha actividad tenían como límite geográfico la zona de despeje, donde la presencia paramilitar y del ejército, más allá de dichas fronteras y según el testimonio de un líder sindical, obstruía cualquier intento organizativo.[19]

No obstante, la ofensiva paramilitar fue mucho más cruel cuando fracasaron los diálogos con las FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Según planteaba un líder sindical entrevistado, la culminación de este proceso de conversación entre el Estado y la insurgencia implicó el recrudecimiento de las acciones contra el sindicato agrario. El ejército y los paramilitares, de acuerdo con aquel testimonio, endurecieron los señalamientos contra la población campesina por ser, según ellos, parte de una compleja red de apoyo en favor de la insurgencia.[20] De allí la necesidad de restablecer un presunto orden institucional mediante el ejercicio de la violencia paramilitar, orientada, según aquella lógica, a desmantelar el supuesto tejido social instaurado por la guerrilla y su base social. Para tales efectos, los paramilitares se apoderaron de la sede del Partido Comunista, la sede sindical, Provivienda, entre otras. Se valieron en vano, incluso, de una serie de estrategias jurídicas para expropiar dichas sedes y dejarlas en manos de testaferros aliados de estos grupos armados ilegales.[21]

Para los integrantes de Sintragrim, el temor generalizado los llevó a asumir una actitud bastante pesimista frente a la transparencia del Estado y la fuerza pública, lo cual se reflejó en la sensación de desprotección y la negativa a denunciar cualquier tipo de irregularidad. Se trató de un nuevo contexto caracterizado, según algunos testimonios, por la cooptación de los aparatos del Estado por parte de los grupos paramilitares. Uno de los entrevistados afirmó que en una ocasión le reclamaron a un integrante del ejército por la presencia de dichos grupos en la zona, y su respuesta dejó en claro que las actuaciones de estos en el territorio no podían ser obstruidas por la fuerza pública.[22] La falta de legitimidad del Estado en la región y la ausencia de actuación para contrarrestar las arremetidas de los armados, incluso en el centro mismo del casco urbano, crearon una barrera entre aquel y la población, por lo cual el silencio y el desplazamiento se constituyeron en una estrategia de supervivencia.

Partiendo de lo anteriormente expuesto es posible identificar dos periodos de violencia contra Sintragrim en el municipio de Mesetas: el primero, corresponde a finales de la década del ochenta y comienzos del noventa. Algunos de sus líderes históricos, quienes también militaban en la UP, como Heraclio Hormigo, además de Miguel Patiño y Pedro Patiño, se vieron obligados a desplazarse de la región. En 1987 fue asesinado Gonzalo Rubio con una bomba detonada en su lugar de residencia. En 1990 fue desaparecido Julio Serrano Patiño, exconcejal, exalcalde de Mesetas (primer alcalde elegido popularmente en 1988), y extesorero del municipio. A mediados de ese mismo año fue asesinado Parménides Castro. Lo mismo sucedió con líderes como Carlos Julián Vélez Rodríguez, de 33 años en ese entonces, integrante del sindicato y de la Unión Patriótica, asesinado el 14 de septiembre de 1991, junto con su esposa, su hijo de tan solo ocho años y su hermano, Dimas Vélez, también integrante del sindicato.[23]

Ese mismo año, Carlos Julián ya había sido víctima de un atentado con una granada cuando asistía a una reunión en compañía de varios correligionarios, por lo cual había solicitado reiteradamente protección por parte del Estado para él y su familia. Según el testimonio de otro integrante de Sintragrim, el día de aquel atentado se hallaba en la sede del Partido Comunista, ubicado en el centro de Mesetas. Era una época caracterizada por la presencia de los grupos paramilitares que patrullaban en pleno casco urbano, por lo cual se tornaba necesario tomar precauciones cuando se llevaban a cabo ese tipo de encuentros. Ese día, un integrante del partido y del sindicato agrario estaba en la portería de la sede resguardando la integridad de quienes se encontraban allí adentro, cuando un sujeto conocido del pueblo, perteneciente a este grupo armado, se abalanzó contra él con dos armas de fuego en la mano y luego arrojó una granada al interior del recinto. Afortunadamente, quienes permanecían en el interior de aquel lugar, entre ellos Carlos Julián, se percataron de lo sucedido en la portería y tuvieron el tiempo suficiente para resguardarse en la parte posterior de la edificación. Cuando la policía acudió al lugar de los hechos, de manera bastante extraña, según aquel testimonio, procedió a “detenerlos a ellos”.[24] Este tipo de situaciones fueron socavando la confianza de los integrantes de la UP y del Sintragrim en la fuerza pública. De manera que, tal como ya se insinuó, cuando sucedían este tipo de hechos violentos decidían guardar silencio y no denunciarlo públicamente ante las autoridades locales por temor a ser víctimas de las retaliaciones efectuadas por los paramilitares.[25]

Es bastante significativo constatar que esta primera arremetida generó, de manera paradójica, un fuerte proceso de resistencia, materializado en un incremento sustancial en las tasas de sindicalización, hasta alcanzar un total de 400 afiliados a comienzos de la década del noventa.[26] Incluso, a pesar de estos hechos, el municipio de Mesetas, que hacía parte de la zona de distención a finales de la década del noventa, se convirtió en el refugio de varios líderes sindicales provenientes de El Castillo. Allí, en ese periodo, la violencia era mucho más dramática y se dejaba sentir con mayor fuerza a raíz de la pugna territorial entre las fuerzas paramilitares, estatales y la insurgencia, al tiempo que los integrantes del sindicato eran asesinados y señalados de pertenecer a estos últimos grupos.[27]

En síntesis, la estrecha relación entre las subdirectivas de El Castillo y Mesetas se constituyó en una especie de refugio, además de soporte emocional y económico para algunos desterrados que buscaron refugio en este último municipio. En ese sentido, si bien la Unión Patriótica dejó de existir en la región a mediados de aquella década, las luchas sindicales campesinas adquirieron mayor relevancia y se articularon con otras expresiones políticas, a través de lo que comenzó a definirse como “movimientos cívicos comunales”. Se trató de una estrategia consagrada a resistir la arremetida violenta contra la izquierda política, además de buscar prolongar el trabajo comunitario y la participación en los gobiernos locales. En efecto, cuando inició la zona de distención en el año 1998, y a pesar de las reticencias expresadas por la fuerza pública, el alcalde de Mesetas militaba en dicho movimiento y con el apoyo de Sintragrim.

 

 

El fracaso de la política del diálogo y la guerra desatada

Esta situación se modificó radicalmente con el cambio de siglo. Precisamente, el segundo periodo de violencia, que va del 2002 al 2008, aproximadamente, arrasó con la sub directiva de Mesetas.[28] Tal como ya se mencionó, este último municipio había hecho parte de aquella zona de distención, junto con otros tantos, como San Vicente del Caguán, Vista Hermosa, La Macarena y La Uribe.[29] La clausura de los ya mencionados diálogos entre el gobierno y la insurgencia de las FARC desencadenó una férrea arremetida del ejército y los paramilitares. De acuerdo con el testimonio de un líder sindical, este periodo significó para el sindicato, y la población en general, una etapa de terror absoluto y de evidente connivencia entre los grupos paramilitares y la fuerza pública:

 

Los últimos dos que resistimos en el debate público fueron mi persona y un personero. Fuimos a poner la queja a la inspección, a la policía, al ejército. Fuimos a decirles: “Aquí hay personal de civil, armado, chantajeando al comercio y están ahí, necesitamos que ustedes pongan control”. La respuesta que nos dieron fue: “No, nosotros creíamos que eran milicianos, por eso no les dijimos nada”, “Esos milicianos, guerrilleros, nosotros lo que necesitamos es que se ponga control, sea quien sea”. Eso fue un sábado, al siguiente sábado volvieron a aparecer los manes en el pueblo, volvimos y les dijimos y la respuesta fue: “A esos sí los ven, pero a los guerrilleros, milicianos ustedes no los ven y a esos sí los ven”. Esa fue la respuesta oficial, así.[30]

En medio de aquel contexto, a mediados del año 2002 fue asesinado José Adenis Camacho, dirigente sindical y del Partido Comunista. A comienzos del 2003 también fue asesinada Carmen Rosa Vásquez. En términos generales, según el testimonio de un líder sindical de aquella seccional, aproximadamente hubo 50 integrantes del Sintragrim que fueron desaparecidos y asesinados durante aquella segunda etapa de violencia.[31] Así, la presencia permanente de los grupos irregulares en el casco urbano significó un escenario de zozobra para los integrantes de Sintragrim, quienes, en principio y de manera infructuosa, se atrevieron a denunciar lo sucedido ante las autoridades locales. Algunos de ellos mencionan cómo esos grupos solían patrullar por las calles del municipio y hacer gestos provocadores y amenazantes contra los miembros del sindicato agrario.[32] La presencia de los primeros y la autoridad que ejercían, más la vulnerabilidad de los segundos, acrecentaron la sensación de incertidumbre y desprotección, especialmente en las horas de la noche.

Algunos mencionan cómo, frente a este contexto local, las familias de algunos sindicalistas comenzaron a hacer guardia durante las horas de la noche para evitar ser presas fáciles de los violentos, quienes frecuentemente se movilizaban por los techos de las viviendas.[33] En las carreteras veredales comenzaron a ser frecuentes los retenes ilegales establecidos por los paramilitares, quienes amenazaban a los pobladores que se movilizaban en vehículos de transporte público. Las intimidaciones tenían como propósito poner en alerta a quienes, según ellos, simpatizaban no solo con el movimiento sindical, sino, además, con el Partido Comunista y todo lo que fuese asimilado por ellos con “la izquierda”. Las reuniones del movimiento cívico comunal, creado durante los noventa para resistir la arremetida padecida por parte de la UP, también fueron objeto de señalamientos por parte de la fuerza pública bajo el argumento de ser refugio de la insurgencia.[34]

Esta asociación mecánica entre movimiento sindical e “izquierda” trajo como consecuencia el establecimiento de una relación antinómica amigo/enemigo en la cual, a su vez, se señalaba e impugnaba cualquier expresión que no armonizara con los intereses de estos grupos irregulares. Es interesante notar que la legitimidad obtenida por aquel movimiento y la capacidad de establecer canales de diálogo entre diferentes expresiones ciudadanas, de las cuales hacía parte Sintragrim, se vio reflejado en el respaldo obtenido por parte de un sector del liberalismo, quienes expresaron una férrea defensa de dicho movimiento frente al accionar de la fuerza pública. En términos generales, algunos dirigentes sindicales y sociales se vieron obligados, luego del fracaso de aquellos diálogos, a buscar refugio en las zonas rurales más alejadas del municipio, donde la presencia paramilitar no era tan fuerte. En principio, el corregimiento de Jardín de Peñas se erigió en uno de aquellos refugios para evitar ser alcanzados por las fuertes represalias para militares. Según uno de los testimonios recopilados, el temor ocasionado por estas acciones los obligó a encerrarse en sus casas durante varios años. A medida que los grupos paramilitares y el ejército copaban territorialmente el municipio y las zonas verdales más cercanas, estos líderes se vieron en la imperiosa necesidad de resguardarse en las partes más altas, montañosas e inhóspitas, donde no fue tan evidente la influencia de estos grupos irregulares. Para tales efectos, solían realizar aquellos desplazamientos en la madrugada y cuando apenas salían los rayos del sol, en procura de evitar, precisamente, caer en manos de los armados: “Nosotros salimos como a las cinco de la mañana; nos salimos en un carrito y dejamos todo en la casa para que otro señor nos empacara, pero ya todo estaba empacado. A nosotros nos tocó desbaratar las camas de noche y amarrarlas a oscuras por el mismo miedo.”[35]

Es notorio que los efectos de aquel fenómeno se dejaran sentir con todo su rigor en la inversión de los roles familiares. Las mujeres se convirtieron en el sostén económico de las familias, mientras que los hombres se vieron obligados a refugiarse en sus domicilios y encargar los productos alimenticios, que no se podían cultivar, con sus parejas, hijos y vecinos. El miedo a abandonar la tierra y aventurarse a descender hasta el casco urbano generó un tipo de dinámica orientada a la supervivencia y la desconexión absoluta de las dinámicas urbanas. En ocasiones, algunos se atrevieron de manera esporádica a salir de sus refugios con el temor permanente de ser interceptados, asesinados o desaparecidos. En cierta ocasión uno de aquellos dirigentes refugiados en las zonas rurales más apartadas se vio en la necesidad de bajar a la cabecera municipal y, luego de ello, trasladarse hasta Villavicencio. Una vez realizados los trámites correspondientes en la capital del departamento del Meta, recibió la llamada de un amigo advirtiéndole que no retornara por el municipio de Mesetas, debido al cerco establecido por un grupo armado para interceptarlo en el viaje de regreso.[36]

Este tipo de hechos reflejaban la fuerte disputa territorial por parte de los grupos armados y, en medio de ello, la extrema vulnerabilidad de los líderes amenazados. Incluso, el ejército se constituyó en una amenaza permanente para los familiares o integrantes de la organización que se atrevían a realizar el trayecto desde su lugar de residencia, ubicada en zona rural, en dirección al pueblo. Uno de los testimonios recopilados da cuenta de cómo las relaciones entre la fuerza pública y los pobladores locales fueron frecuentemente hostiles, marcadas por el robo, la desconfianza, el señalamiento y mal trato cuando irrumpían en las viviendas de los campesinos o bien durante los retenes instalados en las carreteras.[37] A pesar de este tipo de precauciones, en algunos casos los paramilitares también realizaron incursiones a las partes altas del municipio en busca de algunos líderes que habían huido de los cascos urbanos de Mesetas y Jardín de Peñas. Ellos se vieron impedidos para bajar al pueblo en tiempos electorales y hacer valer así su derecho a votar. De igual manera, la alteración de las dinámicas sociales también se vio reflejada en que los hijos de aquellos líderes amenazados interrumpieron abruptamente su ciclo escolar, viéndose forzados, igual que sus padres, a refugiarse en las zonas más apartadas y montañosas.[38]

Otros decidieron, especialmente los jóvenes, desplazarse a las ciudades como una forma de huirle a la guerra, además de buscar otro tipo de fuentes de ingreso para sostener a sus familias. En estos casos en particular, aquella dinámica tuvo como consecuencia la alteración de las dinámicas familiares, tomando en consideración que estos jóvenes no podían visitar a sus familiares, ni estos últimos tenían los medios económicos suficientes para movilizarse hasta las grandes ciudades. Así mismo, en situaciones de extrema pobreza, producto del desplazamiento intraveredal de algunos dirigentes y sus respectivas familias, emergieron los mecanismos de solidaridad entre los propios vecinos. Así, frente a la ausencia de una fuente de ingreso permanente por parte de dichos líderes, cabezas de familia, los vecinos más cercanos se volvieron proveedores temporales de ciertos productos de la canasta básica.[39] Lo anterior ilustra no solo los ya mencionados mecanismos de solidaridad veredal, sino también la legitimidad, respaldo y afecto del cual gozaban estas víctimas.

 

Yo me comunicaba con los vecinos porque nosotros mientras no hubiera la presencia paramilitar, podíamos caminar la región; porque la gente nos aceptaba. O sea, la gente creía que el trabajo que uno hacía, el trabajo cívico comunal era bueno, era un trabajo sano, o sea, era para la comunidad.[40]

 

Si en las anteriores arremetidas el sindicato y el Partido Comunista habían podido resistir, a partir del nuevo siglo los impactos de estas acciones violentas se dejaron sentir en el drástico repliegue del accionar político sindical. Lo anterior también se vio reflejado en el debilitamiento de Sintragrim y de las labores adelantadas durante tanto tiempo por el Partido Comunista. La culminación de la zona de despeje condujo a un fenómeno de fuerte polarización y estigmatización contra cualquier tipo de estructura organizativa ligada con la “izquierda”. Los paramilitares instauraron una política sistemática de retaliación, tomaron control de la sede del sindicato, se apropiaron y destruyeron los archivos sindicales, además de apoderarse de la sedes de la Junta de acción comunal y del Partido Comunista. En suma, públicamente la actividad sindical se vio interrumpida, aunque subsistieran ciertos mecanismos informales y encubiertos que evitaron la clausura absoluta, como el trabajo político de carácter oculto y de “boca en boca”.[41] Más allá de ello, existían zonas, como Jardín de Peñas, además de algunos territorios ubicados en las partes más altas, donde la presencia paramilitar y militar fue repelida directamente por la población. Por ejemplo, cuando la fuerza pública detenía a un campesino en Jardín de Peñas, inmediatamente se activaban ciertos mecanismos de apoyos colectivos orientados a disuadir este tipo de acciones, o bien a rescatar al detenido. Lo anterior reflejaba una profunda e histórica desconfianza de los pobladores locales frente a la presencia del ejército, además de reflejar una férrea capacidad de reacción y de organización comunitaria que se remontaba muchos años atrás.[42]

Sin embargo, aproximadamente a partir del 2008 en adelante, según algunos testimonios recopilados, estos hechos violentos tendieron a reducirse significativamente y marcaron un viraje en las formas de hacer presencia por parte de los grupos paramilitares. Si durante años su accionar se había materializado en el patrullaje permanente y activo, aterrorizando a los pobladores, incluso dentro del casco urbano del municipio, posteriormente su despliegue se ciñó al ámbito comercial. Las prácticas extorsivas y las inversiones en este tipo de establecimientos comerciales fueron el resultado, según la percepción existente entre los pobladores locales, especialmente integrantes de Sintragrim, de un proceso de legalización de este tipo de estructuras armadas.[43] A pesar de ello, entre el 2005 y 2017 se registraron dos homicidios y una desaparición forzada contra integrantes de Sintragrim en esta seccional. El primero de ellos fue el caso de Pablo Darío García Ibáñez, quien fue desaparecido el 19 de diciembre del 2005. En el mes de marzo del 2017, fueron asesinados los hermanos José Antonio Anzola Tejedor y Luz Ángela Anzola Tejedor.[44]

 

Los nuevos retos organizativos y la necesidad de subsistir

A pesar de estos hechos cometidos en contra de integrantes del sindicato agrario en el municipio de Mesetas, a partir del 2012 se experimentó un paulatino regreso de algunos campesinos con el fin de recuperar la seccional del sindicato agrario, lo cual implicó un reto enorme a la hora de vencer el temor de caer en manos de los violentos. Como consecuencia de ello, comenzaron a restablecerse las reuniones entre los afiliados para elaborar una nueva plataforma de acción orientada a establecer lo que, en su momento, se denominó como una “comisión de gestión”. Este tipo de trabajo arduo comenzó a dar sus frutos en el 2017, cuando finalmente se pudieron recuperar, reconstruir y ampliar las sedes del partido y de Sintragrim, además de realizar unas primeras escuelas sindicales. A ello cabría agregar la realización de las juntas de Sintragrim en la zona, la ejecución de algunos proyectos agrícolas, de común acuerdo con expresiones campesinas como Cumbre Agraria, y con una importante participación de las mujeres. Así, pese a que el número actual de afiliados es bastante reducido, con apenas cincuenta integrantes en el municipio de Mesetas, sumado al temor latente por la posibilidad de una nueva era de violencia, lo anterior pone en evidencia un incipiente trabajo orientado a restablecer el accionar de la organización en el territorio. Precisamente, en el 2014 se llevó a cabo un acto público en conmemoración de las víctimas de la violencia cometida contra el sindicato agrario, acompañado de ocho talleres de derechos humanos en diferentes zonas rurales pertenecientes al municipio.

Esta reanudación de la actividad sindical también se ha visto reflejada en la creciente oposición a la economía ganadera y extractivista, así como al proceso de concentración de la tierra. Si tradicionalmente aquel territorio estuvo caracterizado por el predominio del pequeño y mediano campesinado, los últimos años, especialmente a partir del año 2002, se ha venido experimentando una mayor presencia de ese tipo de economía. Lo anterior ha levantado las alarmas de la comunidad y del sindicato a causa de los efectos ambientales de este nuevo proceso de incorporación del territorio dentro de las redes de inversión agroindustrial, que implica la extinción de las fuentes hídricas y la tala de bosques, entre otros aspectos.[45] El debilitamiento del sindicato a partir del nuevo milenio corrió parejo con la tendencia orientada a la acumulación de tierras, la reducción de hectáreas destinadas a la producción agraria y el aumento de los proyectos agroindustriales.[46]

Finalmente, es interesante resaltar el papel del sindicato en la denuncia de los impactos acarreados por la concentración de la tierra, los proyectos agroindustriales ligados con el monocultivo y la economía minero-energética en la zona. Para dicha organización, aun conformada por pequeños campesinos, existe una contradicción entre esta tendencia y lo propuesto en el punto uno de los acuerdos de La Habana,[47] además porque enmascara la intención, bajo el paradigma del desarrollo sostenible y sustentable, de deslegitimar los procesos de colonización y la pequeña propiedad. Según relata uno de los líderes del sindicato, la presencia de las multinacionales se ve amparada bajo el pretexto de fomentar empleos de calidad ecológicamente “responsables”, lo cual deriva en el propósito de eliminar la cultura campesina y la implementación de una mano de obra asalariada.[48] Así, si tradicionalmente los sindicatos suelen jugar un papel en la defensa de las condiciones de trabajo digno y decente, incluido el sector agro-industrial y bajo unas relaciones laborales de tipo salarial, lo constatado en Sintragrim, tanto a nivel municipal como departamental, da cuenta de la defensa de la economía campesina, ligada con los intereses de los pequeños y medianos productores.

 

Consideraciones finales

A partir de lo anteriormente examinado es posible constatar que el histórico abandono del Estado se tradujo en configuraciones territoriales y organizativas, ligadas al mundo de los pequeños campesinos. Si bien los procesos de colonización en el Meta han sido el resultado de una intrincada inmigración interna a partir de la segunda mitad del siglo XX, este último aspecto es fundamental para comprender cómo dentro de las reivindicaciones de estos últimos ha tenido mucho mayor peso el tema de la posesión y uso de la tierra, en vez de las reivindicaciones salariales, características en las relaciones entre un empleador y un empleado en el mundo urbano o en el ámbito agroindustrial. Dicho de otra manera, la relación entre el trabajo y la tierra ha sido mucho más marcada en este tipo de estructuras sindicales, a lo cual se le añade la fuerte militancia política. Se pudo constatar que en Sintragrim, la relación entre su agenda organizativa con otro tipo de apuestas políticas, como fue el caso del Partido Comunista y, particularmente, la Unión Patriótica, ha sido bastante estrecha. También se verificó que muchos de sus líderes sindicales comenzaron a hacer parte de este tipo de apuestas políticas durante la segunda mitad de la década del ochenta, lo cual se tradujo en una capacidad de incidencia que trascendió las fronteras estrictamente sindicales. De allí la dificultad de identificar, incluso, unas fronteras claras y precisas entre los históricos ámbitos de acción desarrollados por el partido y los efectuados por el sindicato agrario.

Estas configuraciones socio-históricas son un elemento de análisis, fundamental para comprender las lógicas de la violencia padecida por aquella organización. Con ello no se trata de identificar una relación mecánica y homogénea entre causa y efecto. Las complejidades territoriales invitan a realizar una lectura mucho más compleja y dinámica de los acontecimientos y las relaciones históricas entre los procesos organizativos y las configuraciones territoriales. Si bien Sintragrim se fundó como parte de una estrategia orientada a facilitar una interlocución mucho más legitimada entre la población y el Estado, en un contexto caracterizado por la criminalización del Partido Comunista, lo que sucedió a partir de la segunda mitad de la década del ochenta evidenció nuevos rasgos. Así, la creación de la Unión Patriótica consolidó una especie de simbiosis organizativa entre los partidos de izquierda y el sindicato, lo cual propició una creciente participación de la dirigencia sindical en los cargos públicos municipales y departamentales a finales de la década del ochenta.

Esta especie de sincretismo político, cuyo antecedente es posible rastrear en la ya referida relación inextricable entre el Partido Comunista y Sintragrim, se tradujo en una creciente denuncia y ejercicio de control territorial en torno a las prácticas desarrolladas por un sector de las élites tradicionales de la región. Se constató cómo la lucha por la democratización de la tierra, por la inversión en infraestructura, la instauración de políticas ambientalmente responsables, la defensa de la cultura campesina y en favor de los créditos accesibles para estos últimos tropezaban con los proyectos orientados a montar un orden favorable a las economías extractivas, agroindustriales y, por lo tanto, proclives a la concentración de la tierra. En Mesetas la fundación de la seccional de Sintragrim, durante la década del ochenta del siglo XX, se vio permeado por la creciente presencia de la insurgencia y los grupos paraestatales. Así, la creación de la seccional de Mesetas durante aquel periodo estuvo expuesta a unas dinámicas ligadas con la lucha contrainsurgente. A ello cabría agregar que la instalación de la zona de despeje a finales de la década del noventa, durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), facilitó el accionar del sindicato en Mesetas, además de constituirse en una especie de refugio para quienes huían de la guerra desatada en el Alto Ariari. Pero el arribo del nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y el fracaso de los diálogos con las FARC desataron una escalada de violencia sin precedentes. Si entre la década del ochenta y el noventa Sintragrim había sobrevivido a dicha escalada, el nuevo siglo condujo a la disolución de las dinámicas sindicales y al anclaje definitivo de las estructuras paraestatales en los territorios.

 

 

 

 

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Medios periodísticos

 

El Espectador, Bogotá, 14/06/ 2017.

 

El Espectador, Bogotá, 23/06/2016.

 

El Tiempo, Bogotá, 5/ 10/ 2001.El Tiempo, Bogotá, 02/03/2004.

 

La Voz, Bogotá, 08/10/2017.

 

 

 

Recibido: 12/04/2019

Evaluado: 10/06/2019

Versión Final: 20/06/2019



[1]  El Espectador, Bogotá, 14/06/ 2017.

[2] Entrevista realizada a líder sindical R, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[3] Entrevista realizada a líder sindical C, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[4] Las Juntas de Acción Comunal fueron creadas por el Estado colombiano durante la presidencia de Alberto Lleras Camargo a través de la ley 19 de 1958. Con ello se pretendió incorporar a la comunidad en la realización de sus propias obras de infraestructura y servicios, además de reducir costos en programas sociales y lograr mayor integración popular a las políticas del Estado.

[5] Ibídem. 

[6] Entrevista realizada a líder sindical M, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018

[7] Entrevista realizada a párroco de Jardín de Peñas, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[8] Ibídem.

[9] El estatuto de seguridad se constituyó en la primera política estatal desarrollada en Colombia entre 1978 y 1982, por el entonces Presidente de Colombia Julio Cesar Turbay Ayala. A través de la implementación de dicho estatuto el gobierno colombiano se otorgó facultades extraordinarias para decretar políticas y leyes sin contar con el Congreso de la República, con el presunto fin de hacer frente a las graves situaciones de orden público y de fuertes movilizaciones sociales adelantadas en aquel periodo. (Majbub Avendaño, 2015) 

[10] Entrevista realizada a líder sindical L, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[11] La Unión Patriótica es una organización política que surge a la vida política en Colombia en 1984, a raíz de las negociaciones de paz del entonces presidente Belisario Betancur y las FARC. Se esperaba que, a través de este partido, se pudiesen incorporar las fuerzas de oposición al gobierno, especialmente aquellos vinculados con los sectores de izquierda.  Sin embargo, la UP pronto se vio enfrentada a un proceso sistemático de persecución y exterminio, que implicó el homicidio de más de 3000 de sus integrantes. (Urrego Mesa, 2004)

[12] Entrevista realizada a líder sindical M, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[13] Entrevista realizada a líder sindical Y, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[14] Entrevista realizada a líder sindical S, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[15] Entrevista realizada a líder sindical L, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[16] Entrevista realizada a líder sindical L, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[17] Durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) se iniciaron unos diálogos con la guerrilla de las FARC con el fin de cerrar el ciclo de enfrentamiento armado entre aquel grupo y el Estado colombiano. Para la realización de dichos diálogos aquel gobierno despejó un área de 42.139 km2 de extensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán. No obstante, a finales de febrero del 2002 se ordenó la retoma de la zona de despeje, con lo cual fracasaron aquellos acercamientos. (Guillén Lozano, 2017)

[18] Entrevista realizada a líder sindical Z, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[19] Entrevista realizada a líder sindical C, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[20] Entrevista realizada a líder sindical C, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[21] Ibídem.

[22] Entrevista realizada a líder sindical N, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[23] Ibídem.

[24] Entrevista realizada a líder sindical L, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[25] Ibídem.

[26] Entrevista realizada a líder sindical C, integrante de Sintragrim, mayor de Mesetas, abril de 2018.

[27] Ibídem.

[28] Entrevista realizada a líder sindical S, integrante de Sintragrim, mayor de Mesetas, abril de 2018.

[29] El Tiempo, Bogotá, 5/ 10/ 2001.

[30] Entrevista realizada a líder sindical L, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[31] Ibídem.

[32] Entrevista realizada a líder sindical N, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[33] Ibídem.

[34] Ibídem.

[35] Entrevista realizada a líder sindical Ñ, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[36] Entrevista realizada a líder sindical C, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[37] Entrevista realizada a líder sindical E, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[38] Entrevista realizada a líder sindical M, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[39] Ibídem. 

[40] Entrevista realizada a líder sindical Ñ, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[41] Entrevista realizada a líder sindical R, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[42] Entrevista realizada a líder sindical M, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[43] Ibídem.

[44] Entrevista realizada a líder sindical S, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[45] Ibídem. 

[46] Entrevista realizada a líder sindical Ñ, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

[47] El punto uno de los acuerdos de la Habana, celebrados entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en Cuba, consiste en una Reforma Rural Integral con la que espera cerrar las brechas entre el mundo rural y el urbano. (Redacción paz, 2016)

[48] Entrevista realizada a líder sindical C, integrante de Sintragrim, mayor de edad, Mesetas, abril de 2018.

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