“Las hijas del trueno”.  Algunas notas sobre el carácter sexuado de la represión en Mendoza (1976)[1]

 

"The daughters of thunder". Some notes on the sexual character of the repression in Mendoza (1976)

 

 

 

Laura Rodríguez Agüero

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales,

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)

lrodriguezaguero@gmail.com

 

Resumen

Este trabajo se propone ahondar en las características sexo genéricas y de clase de los dispositivos represivos estatales que actuaron en Mendoza durante 1976. En esa dirección, en primer lugar analizaremos ciertas especificidades que tuvieron las prácticas represivas cuando las víctimas fueron mujeres que estuvieron secuestradas en los CCD D2 y Casino de Suboficiales. En segundo lugar estudiaremos el accionar específico de las policías y el Ejército en las dinámicas represivas en clave sexo genérica, y en tercer lugar intentaremos abordar el carácter de clase –en articulación con el de género- de ciertos dispositivos represivos que actuaron en la provincia durante el primer año de la dictadura. También realizaremos una breve descripción de las prácticas de solidaridad desarrolladas por mujeres en los espacios de encierro analizados.

Los interrogantes planteados serán abordados partiendo de la idea de que el combate a la denominada “subversión” estuvo inscripto en la relación asimétrica entre los géneros sexuales, hecho que se plasmó en el carácter diferenciado de la represión hacia varones y mujeres por parte de los dispositivos represivos tanto estatales como paraestatales. [2]

 

Palabras Clave

Represión; mujeres; dictadura; historia reciente; historia regional.

 

Abstract

This research intends to delve into the generic and class gender specificities of the repressive state mechanisms that acted in Mendoza during 1976. In that direction, we will first analyze certain specificities that had repressive practices when the victims were women who were kidnapped in the CCD D2 and Casino de Suboficiales. Secondly, we will study the specific actions of the police and the Army in the repressive dynamics in gender generic key, and in third place we will try to address the class character - in articulation with the gender - of certain repressive devices that acted in the province during the first year of the dictatorship. We will also make a brief description of the solidarity practices developed by women in the confinement spaces analyzed.

The questions raised will be addressed starting from the idea that the fight against the so-called "subversion" was inscribed in the asymmetric relationship between sexual genders, a fact that was reflected in the differentiated character of the repression of men and women by the devices repressive both state and parastatal.

 

Keywords

Repression; women; dictatorship; recent history; regional history.

 

Introducción

Este trabajo se propone abordar las especificidades sexo genéricas y de clase de los dispositivos represivos estatales que actuaron en Mendoza en los momentos previos y posteriores al 24 de marzo de 1976.

En trabajos anteriores hemos analizado cómo el uso de una perspectiva sexo genérica permite no sólo hacer visibles ciertos actores y prácticas, sino que también muestra el carácter estructurante del género en las múltiples dimensiones de la vida de hombres y mujeres (D´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017). En esta oportunidad, y a partir del caso mendocino, intentaremos desentrañar algunos de los aportes de la dimensión sexo genérica en el estudio de los dispositivos represivos.

Para ello en primer lugar, analizaremos ciertas especificidades que tuvieron las prácticas represivas cuando las víctimas fueron mujeres trabajadoras y militantes, para lo cual nos detendremos en las experiencias concentracionarias de mujeres activistas estatales, estudiantiles y trabajadoras de la prensa que pasaron por los CCD (Centro Clandestino de Detención) mendocinos D2 y Casino de Suboficiales durante el año 1976. En segundo lugar, estudiaremos el accionar específico de las policías y el Ejército en las dinámicas represivas en clave sexo genérica, y en tercer lugar intentaremos abordar el carácter de clase –en articulación con el de género- de ciertos dispositivos represivos que actuaron en la provincia durante el primer año de la dictadura. También realizaremos una breve descripción de las prácticas de solidaridad desarrolladas por mujeres en los espacios de encierro analizados.

En este trabajo, realizado a partir de un variado tipo de fuentes[3]  (judiciales, periodísticas y orales) se intentará responder las siguientes preguntas: ¿de qué modo se manifestó el carácter sexo genérico de la represión en los circuitos clandestinos? ¿Qué papel cumplieron las fuerzas armadas y de seguridad en dicho accionar? Y: ¿es posible determinar cierto carácter de clase en el ejercicio del terror? ¿Existió una distribución de tareas entre las fuerzas armadas y de seguridad en función de criterios de clase y género? ¿Cuáles fueron las respuestas solidarias de las mujeres en los espacios de encierro?

Para intentar responder estos interrogantes, nos detendremos en algunas características de la represión a escala local, ya que achicar la escala de análisis permite observar dimensiones de la represión que a gran escala pasan inadvertidas. Los interrogantes planteados serán abordados partiendo de la idea de que el castigo aplicado tanto a aquellos denominados “subversivos/as” como a las mujeres en situación de prostitución, se hallan inscriptos en relaciones asimétricas entre los géneros sexuales, y que la última dictadura implicó, además de una “revancha clasista”, una de corte “heteropatriarcal” (Ciriza, Rodríguez Agüero, 2015).

 

Los ´60 y ´70 y la subversión de las relaciones intergenéricas. Las “hijas del trueno”

 

Las décadas de los ´60 y ´70 estuvieron signadas por una serie de transformaciones en el rol tradicional asignado a las mujeres, que modificaron sus subjetividades y provocaron cierta alteración de las relaciones intergenéricas. A su vez, estas transformaciones se produjeron en un contexto de agudización de la lucha de clases a lo largo de todo el país. Mendoza no fue ajena a este proceso, y ya desde fines de los 60 un robusto movimiento estudiantil, y distintos sectores de trabajadores/as pusieron en jaque a las intervenciones de la autodenominada Revolución Argentina, en protesta contra su política represiva y económica. En este marco, en 1972 se produjo el Mendozazo[4] , hecho que cristalizó en la consolidación de algunas experiencias organizativas, tales como docentes, contratistas de viña, bancarios y estatales, entre otros. De los casos mencionados, además del docente, el sector de estatales es el que registró mayor presencia femenina. Las distintas reparticiones del estado provincial parecen haber registrado un significativo ingreso de mujeres en sus distintas dependencias durante la segunda mitad del s. XX. [5]

Además, fue en este contexto que nació un combativo gremio de estatales, el SOEP (Sindicato de Obreros y Empleados Públicos), sindicato surgido luego del Mendozazo, que según sus fundadores había “despertado la conciencia de ser pueblo de los mendocinos” y había llevado a los estatales a asumirse como clase trabajadora (Mendoza, 30 de abril de 1973). Este gremio, entre junio y julio 1973 en un clima de “primavera camporista” protagonizó un proceso tomas de los lugares de trabajo, y logró la conquista de la principal herramienta legal que los estatales han tenido y tienen: el Estatuto del Empleado Público. Sin embargo, la correlación de fuerzas hacia fines de 1973 y comienzos de 1974, desfavorable para los sectores radicalizados de la clase trabajadora, y el miedo generado a partir de la violencia paraestatal llevó a que SOEP se disolviera y se integrara a ATE, y a fines de 1975, frente a un posible triunfo de los ex SOEP, el gremio fuera intervenido por la derecha peronista. Traemos a colación al SOEP debido a que esta progresiva experiencia gremial habilitó la participación de mujeres en algunos puestos directivos, comisiones y cuerpos de delegados/as. Por otro lado, porque la presencia de mujeres en instancias gremiales estatales fue advertida por las fuerzas armadas y de seguridad, y ya en los meses previos a la dictadura, la persecución de delegadas se puso en marcha.

Este marcado ascenso de la participación femenina en diversas instancias organizativas no aconteció solo en el ámbito estatal. En sectores como el estudiantil, en agrupaciones político partidarias y político militares la participación de mujeres también creció. [6] Lo mismo ocurrió en los medios de comunicación, ámbito que por décadas había sido predominantemente masculino. En este trabajo, al analizar el carácter sexo genérico de la represión estatal, abordaremos casos de trabajadoras y delegadas estatales, estudiantes y periodistas que fueron víctimas del terror.

La represión sexo genérica en dos CCD

En Mendoza, la represión paraestatal tuvo temprana aparición, ya desde 1973 distintos comandos colocaron bombas y protagonizaron las primeras acciones violentas (Rodríguez Agüero, 2014). Las acciones represivas ilegales se articularon con procedimientos legales impulsados por el gobierno nacional tales como la reforma del Código Penal, o las leyes de Prescindibilidad o de Seguridad Nacional 20840; pero también en pequeñas disposiciones locales como la modificación del Código de Faltas o la reglamentación del carnaval. Es decir que entre 1973 y 1976 las medidas coercitivas legales e ilegales/clandestinas fueron parte de una misma trama represiva que se estaba poniendo a punto en los meses previos al golpe de Estado.

Hacia fines de 1975 se promulgaron los denominados decretos de aniquilamiento [7]  y fue en ese marco que se produjo la intervención de sindicatos considerados díscolos por la ortodoxia peronista, se agudizó el accionar de las bandas paraestatales y comenzó la persecución de delegados/as gremiales (Rodríguez Agüero, 2014). En este punto resulta importante enfatizar el hecho de que gran parte de las detenciones y secuestros que se produjeron durante 1975, fueron realizados en el marco de la ley 20840 de Seguridad Nacional sancionada en setiembre del año anterior.

A continuación, vamos a abordar algunos casos de mujeres que estuvieron secuestradas en los CCD D2 y Casino de Suboficiales, con el objetivo de analizar prácticas represivas generizadas a las que fueron sometidas, ya que si bien el ejercicio del terror operado por las fuerzas armadas y de seguridad sobre hombres y mujeres fue brutal, entendemos que hubo un componente diferencial de género en la aplicación del terror (D´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017).

El primer caso que vamos a analizar refiere al operativo contra delegados/as estatales y militantes peronistas de izquierda ocurrido en febrero de 1976, que fue denominado por la justicia “causa Rabanal” y que consistió en el secuestro once delegados/as gremiales pertenecientes a SOEP y ATE, y en algunos casos a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y Montoneros (y un niño y dos niñas). Las víctimas de este operativo, secuestradas en el marco de la ley 20.840, fueron sometidas a distinto tipo de tormentos en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, D2, hoy Espacio Provincial de la Memoria, y luego conducidas a la Penitenciaría Provincial, salvo el delegado Miguel Ángel Gil, quien murió a raíz de las torturas padecidas en dicho centro clandestino. La mayor parte de ellas fueron previamente interrogadas por el juez Carrizo en la Jefatura de Policía y, más tarde, trasladadas a distintos centros de detención del país, donde sus cautiverios se extendieron por años.

El otro caso refiere a la experiencia concentracionaria “Casino de suboficiales”, dependencia del Ejército que entre marzo y septiembre de 1976 funcionó como Centro Clandestino de Detención y alojó según la justicia a 16 mujeres, aunque una de las sobrevivientes, Beatriz García, mencionó que fueron 21 y uno de militares condenados señaló que hubo 36 detenidas. [8] El Casino dependía de la Compañía de Comandos y Servicios, y ésta de la 8va. Brigada de Infantería de Montaña. En el VI Juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, y a partir del tratamiento de este caso, se demostró el funcionamiento coordinado y conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea, a través de la presencia de agentes de inteligencia de ésta última, en los interrogatorios bajo tortura ocurridos en el Casino.

“El doble castigo” [9]

Si bien a partir de un análisis estructural genérico se puede ver una diversidad de prácticas represivas en los distintos circuitos clandestinos o carcelarios, acá nos concentraremos en dos prácticas represivas generizadas que afectaron especialmente a militantes, periodistas y trabajadoras estatales cuyos casos vamos a abordar. Nos referimos a la desmaternalización y a la violencia sexual.

Respecto de la primera de ellas, la desmaternalización, Débora D ´Antonio advierte, por un lado, cómo “el régimen militar subvirtió el orden de género y sexual en los espacios de encierro ocultos a los ojos de la sociedad yendo contra su prédica familiarista y restauracionista” (D ´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017:9). La veneración que se hacía públicamente hacia las madres tuvo su contracara en el trato ofrecido a las militantes “que convertían primero en desaparecidas para luego secuestrarles y sustituirles la identidad a sus hijos e hijas” (D ´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017:9). En el caso de las presas políticas agrega la autora “el poder penitenciario puso todos los mecanismos institucionales al servicio de interferir el vínculo con los menores” (D ´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017:9).

Los casos de mujeres víctimas de tormentos en el D2 son múltiples. En este trabajo analizaremos solo algunos de ellos, encuadrados en el operativo de febrero de 1976.[10] 

Silvia Ontivero trabajaba en la Dirección de Comercio, de la cual era delegada gremial, militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y había tenido una activa participación gremial. Fue secuestrada junto a su compañero Fernando Rule y su hijo Alejo Hunau, de cuatro años, y llevada al D2, donde según ha relatado, vivió los peores 18 días de su vida. En ese CCD fue golpeada e insultada frente a su hijo. A dicha situación se le sumó el hecho de que su secuestró se realizó mientras ella tenía un embarazo en curso, y luego de las sesiones de tortura con picana eléctrica, sufrió un aborto, y un posterior legrado sin anestesia. Según relató en su declaración en el IV Juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, con el paso del tiempo, supo que estos vejámenes le habían producido infertilidad. Silvia consignó en su testimonio judicial otros episodios de abortos sufridos por otras mujeres: “junto con otra compañera abortamos en el momento de la tortura, yo estaba de aproximadamente dos meses y medio y la otra detenida de cuatro meses. Luego del aborto espontáneo se presentó una persona que dijo ser médico y que realizó en carne viva el raspaje final” (https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/02/). Después de su paso por el D2, Silvia fue trasladada a la Penitenciaría provincial -donde fue golpeada y se le impidió la visita de su hijo- y, posteriormente, trasladada a la cárcel de Villa Devoto en la ciudad de Buenos Aires. Recién recuperó su libertad en septiembre de 1982 (https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/02/). En los interrogatorios a los que fue sometida mientras estuvo en cautiverio, una de las amenazas recurrentes era que no volvería nunca más a ver a su hijo. Una intimidación que finalmente se cumplió ya que el padre del menor, aprovechando su aislamiento, y con la connivencia del poder judicial provincial, en octubre de 1977, logró que se dictaminara el abandono de hogar por su parte cuando era de público conocimiento que ella estaba en situación de encierro. La figura de abandono de hogar, avalada por un juzgado de familia, la llevó a perder la patria potestad sobre el niño y le impidió verlo durante los primeros seis años de vida. Fue recién once años después y tras una larga lucha que Silvia logró recuperarlo.

Ivonne Larrieu fue secuestrada el 9 de febrero de 1976 junto con su hija María Antonia que había nacido el 25 de enero de ese mismo año. Fueron llevadas al D2, al igual que su marido y padre de la bebé, Alberto Muñoz. Ivonne y Alberto, oriundos de Mar del Plata, eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), organización ligada a la agrupación Montoneros de la izquierda revolucionaria del peronismo. Al detectar que eran vigilados y perseguidos, decidieron trasladarse a la ciudad de Mendoza. En el D2, Larrieu y su bebé fueron alojadas en una habitación vacía, sin muebles ni colchones. Durante por lo menos 4 días, no le proporcionaron comida ni agua, pero aún así pudo amamantar a su hija. Tampoco le facilitaron pañales por lo que para higienizar a su hija utilizaba pedacitos de la funda de la almohada con la que tenía vendada su cabeza. Una vez trasladada a la Penitenciaría, cuando Antonia tenía sólo 5 meses, debieron llevarla de urgencia al hospital Militar para operarla por una obstrucción intestinal (https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-134-alegato-fiscalia-iii-el-descenso-del-d2). En esa intervención le provocaron quemaduras en las nalgas, en apariencia con agua hirviendo. Ivonne en su declaración en el IV Juicio por delitos de lesa humanidad señaló: “ella también estaba presa. Tenía 15 días y era una víctima más. Nos les importó nada, qué animales, si se moría, se moría” (https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-134-alegato-fiscalia-iii-el-descenso-del-d2/v).

En el caso de Stella Maris Ferrón, quien fue secuestrada el mismo día que Ivonne y trasladada también al D2, el trato fue bastante similar. Fue capturada junto a su hija Yanina de 10 meses y fue seriamente golpeada “y hasta le aplicaron corriente en su cuerpo con un cable conectado a un auto” (https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/16/). Desde el momento de la detención de ambas, la familia de Ferrón se trasladó desde la provincia de Santa Fe a la de Mendoza para abocarse a la búsqueda de la pequeña. Sin resultados positivos decidieron regresar a Santa Fe. En esa ciudad, la madre de Stella solicitó la mediación del entonces obispo, Monseñor Zaspe, quien aparentemente se comunicó con la curia mendocina hasta que finalmente dieron con el paradero de la criatura. La hija de Ferrón había quedado en poder del comisario Juan Félix Amaya, funcionario de la seccional 25°. En la actuación policial consta que Amaya “por peligro moral y material se hace cargo de la niña”. Sin embargo, cuando la entregó a los padres de la detenida el día 12 de marzo: “Yanina tenía el mismo enterito que el día del secuestro -había pasado más de un mes- con olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias”. Ya con Stella, en la cárcel, debió soportar un simulacro de fusilamiento estando en brazos de su mamá. A raíz del clima de inseguridad y agresión que vivían, Ferrón decidió entregar la nena a sus abuelos. “Las consecuencias psíquicas han sido severas”, señalaba el informe médico con el que Stella Maris concluyó su testimonio en sede judicial (https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/16/).

En el CCD Casino de Suboficiales, también nos encontramos con prácticas de desmaternalización aunque con características diferentes. Un caso emblemático es el de la joven estudiante, bailarina y militante del PRT ERP Vilma Rúpolo, quien fue detenida en su domicilio, a sólo dos días de dar a luz a su primer hijo. Si bien se le permitió tener a su bebé durante un tiempo, Vilma sufrió torturas a días del nacimiento. Tal como ella señaló “los verdugos no usaban picana”, sino que la colgaban de las muñecas con alambre, de modo que quedaba “despegada del piso, bamboleando”, y le pegaban. Cada sesión duraba 2 horas y según declaró utilizó distintos métodos para retrasar los tormentos. También señaló haber perdido el conocimiento luego de un “submarino seco” y haber despertado vestida y rodeada de sus compañeras quienes le ofrecieron algo para beber. Tenía que recuperarse pronto, “para atender al bebé” (https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/15/audiencia-31-el-sosten-entre-companeras/).

Beatriz García estudiaba Ciencias Políticas, militaba en la Juventud Peronista y era trabajadora estatal en la Dirección de Tránsito y Transporte. Fue secuestrada el 24 de marzo de 1976 de madrugada y llevada directamente al Casino de Suboficiales. Beatriz recuerda la llegada Mariano Morales, hijo de Vilma: “un soldado con casco, un arma larga y un moisés en la otra mano trajo al bebé… me marcó para toda la vida ver a Vilma Rúpolo amamantando a su hijo con los pechos morados de tantos golpes” https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/28/audiencia-34-cuando-la-realidad-supera-la-ficcion/). Otro caso fue el de Rosa “Kity” Obredor quien también era trabajadora estatal en la Dirección de Tránsito y Transporte y militante humanista. Fue secuestrada el 24 de marzo de 1976 y llevada “a un lugar cerca de la cárcel…le decíamos La Casita”, señaló. Ese lugar era el Casino. Rosa fue secuestrada en su domicilio adonde se encontraban su esposo y sus dos hijitos, el último de cinco meses, al que estaba amamantando (https://juiciosmendoza6.wordpress.com/?s=audiencia+33).

También las trabajadoras de prensa Liliana Petruy y Dora Goldfarb fueron separadas de sus hijos. Petruy era periodista del diario Mendoza y fue detenida en su domicilio el 24 de marzo de 1976 por la Policía Federal, y llevada, luego de pasar por esa delegación, al Casino de Suboficiales. Al llegar ahí se encontró con un gran habitáculo desprovisto de muebles, donde ya había algunas detenidas. Días después les entregaron camas y una pequeña mesita para comer. Luego de 3 meses Liliana firmó una declaración, bajo presión, afirmando no haber sido torturada y consiguió la libertad, pero tal como ella declaró, al regresar a su vida el vínculo con su hijito estaba dañado además de quedar desempleados tanto ella como su esposo (https://juiciosmendoza6.wordpress.com/?s=audiencia+33). Dora Goldfarb jueza de primera instancia y periodista, fue detenida en su domicilio junto a su esposo, el periodista Pedro Tránsito Lucero, el 24 de marzo de 1976 (al igual que varios trabajadores/as de prensa). Dora, fue llevada al Casino donde fue permanentemente hostigada por ser judía, y también fue separada de sus tres hijas.

Respecto del CCD Casino de Suboficiales vale la pena realizar una breve descripción siguiendo el relato de Beatriz García, quien señaló que los primeros días el lugar tenía solamente un banco, “que le dejaban a la señora mayor para que pudiera estar sentada y acostarse”. Las más jóvenes dormían en el piso. Luego les fueron trayendo camas, mesas y sillas e incluso empezaron a comer con platos del Ejército, copas y cubiertos de plata. Beatriz y otras testigos hicieron hincapié en lo absurdo de estar secuestradas, ser sometidas a torturas y comer la misma comida que los suboficiales con cubiertos de plata. “Era por momentos enloquecedor”, señaló la testigo. Otra práctica represiva generizada descripta por Beatriz era la instrumentalización del cuerpo de las secuestradas para “castigar” a varones detenidos. En esa dirección relató cómo a Liliana Buttini, empleada municipal y militante de la JP que pasó por el Casino, fue desnudada frente a su novio para que él hablara (https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/28/audiencia-34-cuando-la-realidad-supera-la-ficcion/).

Este recorrido por los casos descriptos permite observar cómo la institución de la maternidad y el lugar de las mujeres como pilares de la misma, que era defendido y “militado” por el régimen castrense como una de las bases de la sociedad occidental y cristiana, sin embargo fue atacado brutalmente en los circuitos represivos clandestinos. Tal como se señaló, esto incluyó prácticas como secuestro y tortura de madres y niños/as a los que se les aplicó electricidad o se les provocó quemaduras en distintas zonas del cuerpo. También se llevaron adelante simulacros de fusilamientos, se indujeron abortos (con posterior legrado sin anestesia), se les quitó la posibilidad de ejercer la patria potestad a las mujeres presas justificado bajo la figura de “abandono de hogar”, además de la apropiación ilegal de los y las hijos/as de desaparecidas a los que se les sustituyó su identidad. Un capítulo aparte merecería el secuestro de niños y niñas que estuvieron recluidos/as en ambos CCD. Nos referimos a Ángela Urondo Raboy, Yanina Rossi Ferrón, Jimena y Guadalupe Olivera Rodríguez, Antonia Muñoz Larrieu, Alejo Hunau Ontivero, Mauricio y Natalia Galamba Morales, Josefina y Soledad Vargas Sarmiento, Mariano Morales Rúpolo, Laura Rita Montecino Núñez.

En cuanto a la violencia sexual, diversos trabajos la han abordado como una práctica que no afectó únicamente a las mujeres ya que algunos varones también la padecieron. No obstante, parece haber sido infringida en su mayor parte sobre ellas, y dentro de este grupo, sobre aquellas mujeres que estuvieron secuestradas en distintos CCD (D´Antonio, 2012; Bacci et al. 2014; Aucía et al., 2011, Ciriza, 2014; Balardini et al. 2011; Sutton, 2018; Álvarez, 2018). Tal como ha sido señalado, a partir de los testimonios “surge nítidamente que las agresiones sexuales a las que fueron sometidos los allí detenidos no configuraron situaciones aisladas, sino que formaron parte de este plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas” (Balardini et al., 2011: 8).

Una dimensión que debe ser ponderada en relación con el accionar represivo, es la existencia de elementos novedosos y otros rutinarios en las prácticas analizadas. La violencia sexual, por ejemplo, no fue algo inédito, sino que más bien se reactualizó en un contexto de violencia estatal y paraestatal. Al respecto Marta Vasallo señala cierto “continuum en la violencia sexual contra las mujeres, que dificulta establecer una frontera nítida entre los hechos generados por la represión ilegal y muchos que se producen sin necesidad de ese marco” (Vasallo, 2011: 3). Vasallo también advierte que “todas las mujeres y adolescentes internadas en asilos, correccionales, cárceles, psiquiátricos, son especialmente vulnerables a los abusos de sus guardianes” (Vasallo, 2011: 22). El continuum entre la violencia sexual ejercida contra las mujeres en el marco de crímenes de lesa humanidad y en el de delitos comunes no se aplicaría a los hombres, advierte esta autora.

En el caso en análisis, la violencia sexual fue una práctica aplicada a gran parte de las detenidas en febrero de 1976. Teniendo en cuenta que este operativo se dirigió, como ya se señaló, hacia trabajadores/as estatales y militantes de la JTP, realizamos una entrevista a un ex delegado del gremio SOEP, quien relató cómo hacia mediados de 1974, “bajo un gobierno constitucional como el de María Estela Martínez de Perón comenzó la persecución de trabajadores/as estatales” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, a Fernando Rule, ex SOEP y militante Montonero, 62 años, Mendoza, marzo de 2013). En un contexto de correlación de fuerzas desfavorable para los sectores radicalizados de la clase trabajadora, en junio de ese año una asamblea del SOEP, que sesionaba en el sindicato de obreros mosaístas, fue atacada a balazos. Frente al temor y a los obstáculos que el nuevo gobierno provincial interponía a experiencias gremiales radicalizadas, este sindicato decidió disolverse. Rule recuerda que uno de los hechos que comenzó a causar temor y preocupación fue justamente el ataque sexual a una delegada: “Recuerdo que los compañeros más asustados o débiles no te saludaban. Habían secuestrado a una compañera a fines del 74...la violó toda la comisaría... pero casi no se hablaba de eso” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, a Fernando Rule, ex SOEP y militante Montonero, 62 años, Mendoza, marzo de 2013).

Este hecho, lejos de ser aislado, fue anticipatorio de lo que ocurriría más adelante. A partir de los casos analizados podemos afirmar que la violencia sexual fue una práctica diaria y extendida no sólo a las mujeres secuestradas en el marco del Operativo Febrero del ´76 sino a la mayor parte de aquellas que pasaron por el ex D2. Silvia Ontivero declaró que fue atacada sexualmente todos los días de su cautiverio, reiteradamente, de día y de noche: “Tuve que soportar la violación de cuanto señor estaba de turno, varias veces al día. No solo yo, todas las mujeres”. Silvia compartió cautiverio con Stella Maris Ferrón y Vicenta Olga Zárate (otra delegada estatal), quienes también fueron objeto de ataques sexuales, según lo detalló la propia testigo. “Pagamos el precio de ser mujeres”, reflexionó Ontivero al referirse a los tormentos sexuales que sufrieron ella y sus compañeras. Ivonne Larrieu y Stella Maris Ferrón también declararon sobre las torturas y vejámenes sexuales sufridos por ellas y el resto de las detenidas. El caso de Vicenta Olga Zárate es emblemático. Vicenta tenía 45 años al momento de su secuestro, trabajaba en ENTEL (una empresa telefónica estatal) y era delegada gremial. El 12 de febrero estaba internada en el Policlínico de Cuyo, tras haber sido operada del útero en la jornada inmediatamente anterior, y allí se le asignó una custodia policial hasta el 21 de febrero, cuando una mujer ingresó a la sala, vendó sus ojos, le colocó gafas oscuras y el personal de Infantería la trasladó al D2. Esa misma noche, y en otras oportunidades también, fue violada en el interior de una minúscula celda. Días después fue sumada a una “pirámide humana” que provocó la muerte en el ex D2 del delegado estatal Miguel Ángel Gil.

Otras mujeres que sufrieron violencia sexual en el D2 por parte la policía provincial fueron aquellas que estaban en situación de prostitución y que diariamente eran llevadas a los calabozos de ese mismo CCD. Tanto para ellas como para las prisioneras políticas de cárceles o centros clandestinos de detención, esta práctica represiva generizada apuntaba a ultrajarlas y doblegarlas para colocarlas “en posición de víctimas y no de adversarios políticos para redoblar los efectos deshumanizantes, despersonalizantes y destructivos de la estrategia represiva” (D´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017).

Respecto de la violencia sexual en el Casino de Suboficiales, además de prácticas como el desnudo forzado, tenemos registro de un caso de violación, el de Carmen Corbellini, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires, llevada primero al D2 donde permaneció una semana, y luego al Casino. [11]

 

Circuitos represivos, género y clase

Al abordar la dimensión sexuada de la represión, vale la pena analizar el papel que cumplieron las fuerzas armadas y de seguridad en los casos analizados.

Respecto de la policía provincial tuvimos en cuenta su Departamento 2 de Inteligencia, el cual desde su inauguración en los tempranos 70, tuvo la misión de recopilar datos obtenidos a través de la vigilancia y la infiltración de agentes en actividades gremiales. Sus patotas eran las encargadas de realizar los secuestros y cometer todo tipo de vejámenes contra los hombres y mujeres que por allí pasaron.

Tal como ha planteado Gabriela Águila (2018), el estudio de las policías permite profundizar y complejizar algunas interpretaciones sobre el accionar represivo estatal y paraestatal, que han tendido a invisibilizar la actuación de esta fuerza y robustecer una visión monolítica de la represión. Águila también advierte que el estudio de las policías permite problematizar periodizaciones, temporalidades y modalidades del accionar represivo, cuestionar su papel en las tramas y configuraciones represivas y abordar las relaciones intra e inter fuerzas en diferentes escalas y contextos.

En el caso analizado en este trabajo nos interesa echar luz, desde una perspectiva sexo genérica, sobre el rol que cumplió la policía en las dinámicas y circuitos represivos. En esa dirección hay que señalar, en primer lugar, que el estudio de la violencia parapolicial desde dicha perspectiva ha permitido cuestionar la periodización tradicional que hasta hace unos años marcaba el inicio del terror en marzo de 1976. La sistemática persecución de mujeres en situación de prostitución por parte del Comando Moralizador Pío XII, banda paraestatal dirigida por el jefe de policía Julio C. Santuccione así lo ha demostrado (Rodríguez Agüero, 2009).

En relación con las temporalidades y vinculado al caso anterior, también se han hecho visibles las continuidades de las prácticas represivas hacia estas mujeres, antes y después de la dictadura (Rodríguez Agüero, 2009). Los testimonios de prostitutas han dejado en claro que para ellas el golpe de Estado no implicó un corte, por lo que podríamos hablar de temporalidades “sexuadas” del ciclo represivo. También en relación con lo anterior, el estudio de la responsabilidad de las policías en la persecución de prostitutas ha permitido detectar variaciones regionales-sexuadas- ya que hasta el momento no conocemos casos similares en otros lugares de país. Otra característica de la dinámica represiva local vinculada al accionar policial (no exclusiva del caso mendocino) es el cautiverio, y la tortura, de niños y niñas, tal como quedó demostrado en los casos analizados.

En segundo lugar, y siguiendo nuevamente a Águila (2018) cuando interpela a pensar las articulaciones entre rutina y novedad de las prácticas represivas, hay que señalar que la violencia sexual aplicada de modo “rutinario” a mujeres en situación de prostitución durante décadas, parece haberse trasladado y convertido en algo habitual en el D2. Según lo declarado en los juicios de lesa humanidad de Mendoza, la mayor parte de las mujeres –y algunos varones- que pasaron por ese CCD parecen haber sido sometidas a dicho tormento. En los casos mencionados en este trabajo, todas las militantes declararon haber sido víctimas de violencia sexual en reiteradas oportunidades. Es decir que ciertas modalidades represivas sexuadas no fueron novedosas pero se adecuaron al modus operandi del terrorismo de Estado, y pasaron a formar parte del repertorio de tormentos usados por los perpetradores.

En relación con el papel del Ejército en la aplicación de prácticas represivas generizadas en el CCD Casino de Suboficiales, hay que señalar algunas diferencias respecto del D2. En primer lugar, a las detenidas del Casino, si bien no tenían contacto con el exterior, una vez a la semana se les permitía que se acercaran familiares a llevarles ciertos artículos de primera necesidad, mediante “esquelas que iban y venían, revisadas por los guardias”. Además, las detenidas no estaban encerradas en celdas ni vendadas o maniatadas. En segundo lugar, y en relación con el perfil de víctimas que pasaron por este CCD, hay que señalar que, aunque eran todas mujeres, pertenecían a un universo heterogéneo: había periodistas, trabajadoras estatales con militancia gremial, estudiantes, y si bien la mayoría eran muy jóvenes, también se registraron casos de mujeres mayores como una inspectora de primaria y una mujer de más de 80 años (“doña María”). En tercer lugar, la violencia sexual parece no haber sido cotidiana y extendida, como lo fue en el D2. A través de los testimonios de las sobrevivientes tenemos registro de un caso de este tipo. En cuarto lugar, la violencia ejercida por el ejército tuvo ribetes absurdos, un ejemplo es el hecho de que las mujeres secuestradas en el Casino accedían a la misma comida que los suboficiales, la cual les era servida con cubiertos de plata. Por último, vale la pena aclarar que en ambos CCD las personas recluidas fueron víctimas permanentemente de distintos tormentos, solo intentamos detectar ciertas diferencias en el accionar de las distintas fuerzas.

En relación con esto último, articulando las dimensiones de género y clase, y partiendo de entender a la dictadura como una revancha clasista y heteropatriarcal nos preguntamos: ¿Es posible observar cierto carácter clasista en las prácticas de secuestros? ¿Tuvo el organigrama represivo criterios de clase?

Para el caso de Mendoza nos animamos a arriesgar una respuesta –provisoria- positiva ya que identificamos, por ejemplo, un criterio de clase en la distribución de las personas secuestradas. A partir de investigaciones propias y en concordancia con planteos realizados por el fiscal Dante Vega, entendemos que la mayor parte de los y las trabajadoras secuestradas fue a parar al D2. Al respecto, el fiscal ha señalado que los detenidos “con cierta posición institucional (políticos, profesionales, intelectuales, periodistas, abogados, médicos, actores, etc.) o económica fueron trasladados al Liceo Militar, al Casino de la Compañía de Comandos y Servicios (en el caso de las mujeres) y a la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8. La mayor parte de las y los “militantes políticos de izquierda, los dirigentes estudiantiles, sindicalistas o delegados gremiales (…) pasaron por el D2 donde fueron brutalmente torturados antes de ser recluidos en la penitenciaría provincial o desaparecieron” (Vega, 2014: 34). Esta hipótesis también pudo ser demostrarla en una investigación realizada sobre trabajadores bancarios: todos los delegados y miembros de comisiones internas que fueron secuestrados, antes y después del golpe, fueron alojados en ese CCD (Rodríguez Agüero, 2018). Otro ejemplo ya mencionado, que abona la hipótesis del carácter clasista de distribución de personas detenidas/secuestradas, es el cautiverio de mujeres en situación de prostitución en el D2.

Por otra parte, y en relación con la distribución de personas entre las distintas fuerzas, observamos que aquellas que fueron a parar al D2 (y también al Casino), tuvieron mayores posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, de los cientos de secuestrados/as que pasaron por el D2, tenemos registro de 15 desapariciones y un asesinato. Es decir que la mayor parte de los/as detenidos/as fue puesto a disposición del PEN o dejados en libertad. En cambio, un destino muy diferente tuvieron quienes fueron secuestrados por la fuerza aérea y llevados a su CCD, Campo Las Lajas. Según los registros de la justicia y de los organismos de DDHH, quienes pasaron por ese lugar se encuentran casi en su totalidad desaparecidos/as.

Para finalizar, nos preguntamos: ¿responde esta situación al azar o hubo diversas estrategias de aniquilamiento entre las distintas armas? ¿Fue la Fuerza Aérea implacable con sus víctimas mientras que la policía tuvo el criterio de torturar brutalmente pero permitir sobrevivir a quienes secuestró? Si esto efectivamente fue así ¿fueron decisiones tomadas consensuadamente? ¿Hubo criterios de clase y género entre las distintas fuerzas armadas y de seguridad al momento de decidir el destino de las personas secuestradas? Por ahora hemos arriesgado respuestas provisorias que serán cotejadas en futuros trabajos.

 

“La solidaridad y las sombras” [12]

Además de haber compartido situaciones signadas por la violencia represiva, las mujeres que pasaron por experiencias de encierro clandestino, supieron organizar respuestas solidarias para afrontar los tormentos que vivían a diario en los CCD.

En el caso del D2, nos encontramos con numerosos relatos de personas que estuvieron secuestradas ahí, recibieron ayuda y hasta fueron salvadas por las mujeres en situación de prostitución que diariamente eran llevadas a ese lugar. En esa dirección, Alicia Morales de Galamba, en su declaración durante los juicios de lesa humanidad realizados en 2011, señalaba:

 

“Me llevan al calabozo donde están los comunes en el D2. A una celda sola, grande. No sé cuánto tiempo estuve allí tirada hasta que logré recuperarme un poco, estaba oscuro, hasta que empecé a tocar la pared, a dar la vuelta y me di cuenta que era una pieza de 2 x 3 m, llegué a la puerta, en ese lugar sé que es el de los comunes porque todas las noches entraban montones de prostitutas, cosa que no me fue difícil darme cuenta porque sabíamos todo lo que pasaba desde el comisario Santuccione para adelante con la prostitución, las perseguían y las encarcelaban todas las noches… En una de esas noches sube una, había que subir para llegar a mi celda, y me dice ¿fumas?, le digo si y me tiro unos cigarrillos y fósforos y le digo estoy atada, abrió la puerta, entró y me desató las manos. Me dice yo mañana vuelvo, me dice ¿comiste? No, yo no sabía hacía cuanto que no tomaba agua ni comía. Las prostitutas me daban leche con tortitas, me daban cigarrillos” (Declaración de Alicia Morales, Audiencia 7 de diciembre de 2010 en el juicio por crímenes contra humanidad. en Mendoza, en http://www.derechos.org/nizkor/arg/informes.html).

 

Alicia Morales subrayó que mientras estuvo secuestrada nunca la llevaron al baño ni le dieron comida, “salvo la que me traían las prostitutas…una de ellas decía soy la María, ya llegué. Para mi significó sobrevivir.  ..” (Declaración de Alicia Morales, Audiencia 7 de diciembre de 2010 en el juicio por crímenes contra humanidad. en Mendoza, en http://www.derechos.org/nizkor/arg/informes.html).

 

Héctor Salcedo Orellano, testigo del secuestro –y desaparición- de Roberto Blanco declaró que detenido en el D2 (previo al golpe de Estado) también fue ayudado por las mujeres en prostitución:

 

“Por la mirilla (del calabozo), prostitutas me ofrecieron ayuda -´estamos acá todos los días´-apuntaron números de teléfonos con la indicación de que yo era funcionario del gobierno. A los tres días, cuando apareció el bolso con mis cosas, supe que la noticia había llegado” (Declaración de Héctor Salcedo Orellano, Audiencia 1 de noviembre de 2012 en el juicio por crímenes contra humanidad en Mendoza en, http://juiciosmendoza.blogspot.com.ar/search?q=cadelago).

 

Por su parte Luis Ocaña, dirigente bancario secuestrado a fines de 1975 comenta:

 

“En uno de los lugares donde estuve secuestrado, no se cual, estaba maniatado con los ojos vendados, tirado, en una línea de jardín de libustro creo, por la sensación, y siento un líquido tibio que me mojaba y pego un grito. Era una prostituta que orinaba, no me vio y me orino encima, entonces insulta, a los gritos. Le dije mi nombre y donde vivía mi mamá, que vivía en Rivadavia, y le di nombre del obispo de Mendoza que era Rey. Esa mujer se fue a ver a mi mama, mira lo inconsciente! Cuando mi mamá me va a visitar a la cárcel por primera vez me dice, nene que amiguitas que tenés, yo cada vez que veo una…las quiero tanto…En realidad eran tan marginadas como nosotras desde el punto de vista ideológico” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Luis Ocaña, dirigente bancario, Mendoza, marzo de 2013).

 

Otro militante detenido previo al golpe de Estado que enfatiza la solidaridad de las mujeres en situación de prostitución es Edgar “Chacho” Godoy quien fue ayudado en el D2 por dos chicas que luego fueron asesinadas por el Comando Moralizador Pío XII. Edgar comenta:

 

“Yo estaba tirado en el calabozo, no sabía hacía cuanto tiempo estaba ahí, y abren el ojito de la puerta y alguien con una voz femenina me pregunta quien sos, yo con mucho miedo le digo mi nombre, y me pregunta por qué estoy y le digo que soy un preso político, y la voz femenina dice: ¡chicas, un guerrilla! Entonces me pregunta si fumo, y le dije que sí y ahí me tiró un cigarrillo jockey club con un fósforo pinchado en la punta…creo que fue el cigarrillo mas aliviador del mundo. Y me dijeron bueno, ¿querés ir al baño, necesitas algo?…yo no sabía realmente qué pasaba, creo que lo que regía ahí era el miedo, porque a uno lo torturan y queda el miedo, uno no quiere que lo miren ni le hablen….al rato abren la puerta dos chicas y me sacan, me ayudan porque estaba lastimado y no podía caminar bien, me sacan y me llevan al baño y veo en la punta del pabellón tres chicas entreteniendo[13]  a los milicos de la policía provincial, que eran un asco…las chicas me ayudan a lavarme, me querían limpiar pero no las dejé…super solidarias. Al rato aparece una con un sanguche y una gaseosa a la mitad que devoré porque hacía un montón que no comía. Luego me llevaron a la celda y me dejaron un par de cigarrillos. Dos días después nos sacan de ese lugar y nos meten a un celular, ahí nos volvemos a encontrar con las chicas y se vuelve a dar la misma situación: ¿vos quien sos? yo soy fulano, ¡ah! ¡el guerrilla! Y me llevan a la cárcel. Zafaste pibe, me dicen, te dejan en la cárcel. Y yo les digo: ojalá que a ustedes también. Si dicen, a nosotras nos dejan libres, suerte suerte…” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Edgar Chacho Godoy, militante peronista, Mendoza, junio de 2019).

 

Estando preso en la cárcel, Godoy se enteró del asesinato de las dos chicas que lo habían ayudado y al día de hoy recuerda con profunda tristeza ese momento: “Más o menos al mes leo en el diario que habían aparecido dos chicas fusiladas, desnudas y con tiro en la cabeza… y dos de esas chicas eran las que me ayudaron…fue horrible” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Edgar Chacho Godoy, militante peronista, Mendoza, junio de 2019).

Más de cuatro décadas después, Chacho decidió contar esa historia a través de una historieta que llamó “La solidaridad y las sombras”, en homenaje a las dos mujeres en situación de prostitución, Claridad González de Ángel y Ramona Suarez de Martínez secuestras, torturadas y asesinadas por el Comando Moralizador Pío XII a fines de abril de 1975.

 

“Cuarenta años después si bien yo lo contaba, se da que alguien habla mal de la putas…me dio mucho enojo y le pregunté si sabía lo que eran las putas, qué significa ser puta, y ahí empecé a dibujar y guionar “La solidaridad y las sombras”. Al final de la historieta se pregunta qué es la solidaridad para uno…por la idea de que la solidaridad es de los que eligieron el camino de la militancia y creo q la solidaridad está en mucha gente y no tiene clase social determinada” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Edgar Chacho Godoy, militante peronista, Mendoza, junio de 2019).

 

También en el Casino de Suboficiales, las prácticas solidarias parecen haber sido cotidianas, tal como fue señalado por todas las testigos que declararon en el VI Juicio por crímenes de lesa humanidad. Beatriz García, entre otras, resaltó la organización y el compañerismo entre las detenidas, “se cuidaban y se mimaban” y formaban grupos de contención para las que iban entrando. En la habitación pequeña estaban Vilma Rúpolo, su bebé Mariano y cuatro mujeres más. Allí no se podía fumar y había mucha tranquilidad para cuidar al niño, destacó García. En la habitación grande estaba el resto. “Pasaron muchas cosas ahí, entre nosotras nos íbamos conteniendo” (https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/28/audiencia-34-cuando-la-realidad-supera-la-ficcion/).

Cuando tocaban el timbre en la siesta para llevarse a una compañera a ser interrogada y torturada, le daban una cucharada de dulce y se quedaban esperándola. A la vuelta la mimaban para ayudarla. “En esa situación, lo que le pasa a la compañera y lo que me pasa a mí es casi lo mismo” señaló García en su declaración. Beatriz destacó que “hacían chistes y usaban el humor para cuidar la salud psicofísica” (https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/28/audiencia-34-cuando-la-realidad-supera-la-ficcion/). También cantaban canciones de protesta o “Canción con todos”. García recordó que para el 9 de julio cantaron el himno nacional tan fuerte que los suboficiales se asustaron y temieron una rebelión.

 

Conclusión

Durante las décadas del 60 y 70 se produjeron una serie de transformaciones sociales, culturales y políticas que comenzaron a dibujar el horizonte de una nueva sociedad. Hechos como el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo había producido modificaciones en la división sexual del trabajo en cuanto se desnaturalizaba la asignación exclusiva de las tareas reproductivas a las mujeres. Al mismo tiempo la utilización de los anticonceptivos hormonales, la feminización de la matrícula universitaria, el ingreso en el espacio público y la política modificaba sus subjetividades. Por otra parte, las mujeres también comenzaron a participar activamente en experiencias gremiales, en las organizaciones políticas e incluso en las político-militares.

En ese marco, y tal como hemos señalado en trabajos anteriores, la última dictadura militar implicó además de una revancha clasista, una revancha heteropatriarcal, que se propuso revertir la “subversión” de las relaciones intergenéricas que se venía produciendo desde la década del ´60 (Ciriza, Rodríguez Agüero, 2015). En ese sentido, los militares y sus aliados desplegaron una cerrada retórica respecto de la moral, la institución familiar, el lugar de las mujeres y la sexualidad, reivindicando una “tradición occidental y cristiana” asociada a una supuesta idea de argentinidad. Sin embargo, como ha señalado D´Antonio y quedó demostrado en este trabajo, la contracara de ese discurso se manifestó en los lugares de reclusión en los que las mujeres fueron privadas de su “deber natural” de maternar, además de ser sometidas prácticas represivas generizadas como la violencia sexual. Respecto de esta última hay que señalar que estos ataques a la integridad corporal, habituales en ciertos espacios de encierro y convertidos en norma para las mujeres en situación de prostitución, se transformaron en una práctica extendida en los CCD de la dictadura.

Por otra parte, al análisis de las prácticas represivas generizadas, sumamos ciertos criterios de clase que nos permitieron comenzar a pensar de qué modo se articularon ambas dimensiones en el accionar de los dispositivos y circuitos represivos durante la última dictadura militar.

Por último, nos interesó abordar algunas acciones solidarias practicadas por mujeres en CCDs, tanto entre detenidas por razones políticas como las practicadas por mujeres en situación de prostitución hacia otras personas secuestradas en el CCD D2.

 

 

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Entrevistas

Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, a Fernando Rule, ex SOEP y militante Montonero, Mendoza, marzo de 2013.

Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Luis Ocaña, dirigente bancario, Mendoza, marzo de 2013.

Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, a Edgar Chacho Godoy, militante peronista, Mendoza, junio de 2019.

 

 

Recibido: 30/08/2019

Evaluado:20/09/2019

Versión Final: 07/11/2019

 



[1] En una nota aparecida en el diario Mendoza del 30 de abril de 1973, se denominaba “Los hijos del trueno” a los y las trabajadores/as que luego del Mendozazo fundaron el SOEP (Sindicato de Obreros y Empleados Públicos).+

[2] Una versión anterior de este trabajo fue presentada en las V Jornadas Historia, géneros y política en los ´70 “En los desbordes de una década intensa”, del 6 al 9 de noviembre de 2018, Centro Cultural Paco Urondo (Facultad de Filosofía y Letras-UBA), CABA.

[3] Toda la información relativa a testimonios en juicios es obtenida de https://juiciosmendoza.wordpress.com/ para el IV Juicio por Delitos de Lesa Humanidad de Mendoza, y https://juiciosmendoza6.wordpress.com/ para el VI Juicio.

 

[4] El 4 de abril de 1972 se produjo el Mendozazo cuando miles de trabajadores/as y estudiantes protagonizaron una multitudinaria manifestación y fueron brutalmente reprimidos/as. El saldo fue de tres muertos (Ramón Quiroga, Susana Gil de Aragón y Luis Mallea) y cientos de heridos y detenidos. El conflicto se extendió por varios días y provocó la renuncia del interventor Gabrielli y la suspensión de los aumentos de tarifas.

[5] En 1947 el 97,7 de la tasa neta de actividad PEA era de 87,7 y en 1980 fue de 80,3. En cambio la presencia femenina era de 17,8% en 1947 y 24,4% en 1980. En dicho crecimiento, la participación de mujeres de entre 14 y 29 años aumenta: en 1947 representaban el 22,5 y en 1980 el 31,7. Y disminuye la participación de mujeres de entre 30 y 49 años: en 1947 representaban el 15,8 y en 1980 28,2. Censo 1970, DEIE, p. 93

 

[6] Una descripción sobre la militancia estudiantil puede verse en Bravo Nazareno “Experiencias y prácticas políticas del movimiento estudiantil de Mendoza entre 1970 y 1973” en Apuntes de la memoria, EDIUNC, 2014; y sobre la participación de mujeres organizaciones armadas, particularmente en el PRT ERP puede verse en Ayles Violeta “Experiencias de transgresión: mujeres que rompen moldes” en Tradiciones contrahegemónicas: experiencias de mujeres y varones en el PRT-ERP en la provincia de Mendoza (1973-1976), tesis de doctorado en curso.

[7] A través de una serie de decretos se sentaron las bases para que las FFAA tuvieran injerencia directa en la represión de la conflictividad social. En febrero, el decreto 261/75 anunciaba el comienzo de las operaciones militares para “aniquilar” a la “subversión” en Tucumán. En octubre de ese año, a través de tres decretos (2770, 2771, 2772), se terminaba de formalizar la participación de las FFAA en la represión.

 

[8] Luego del secuestro en el Casino, las prisioneras siguieron distintos recorridos. Un primer grupo fue trasladado a la Penitenciaría Provincial, otras fueron enviadas a Devoto y el tercer grupo recuperó la libertad directamente desde este CCD. Al respecto ver Colectivo Juicios Mendoza (2018) “Memorias de los juicios por delitos de lesa humanidad de Mendoza (2010-2018)”, Centro de Publicaciones FCPYS,UNCU. 

[9] Palabras de la ex delegada de SOEP Silvia Ontivero en su declaración testimonial en el IV Juicio por delitos de lesa humanidad.

[10] Los casos del D2 analizados en este trabajo fueron abordados en Rodríguez Agüero L., D´Antonio D. (2019). “El carácter sexo-genérico de la represión estatal en la Argentina de la década del setenta” en Sémata Ciencias Sociales e Humanidades, Santiago de Compostela n 3, en prensa.

[11] En el VI Juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, se declaró a las mujeres como víctimas de violencia de género. Tanto el fiscal Daniel Rodríguez Infante como la abogada querellante Viviana Beigel argumentaron ampliamente ante el tribunal este pedido con fines reparadores para todas aquellas que sufrieron los crímenes del terrorismo de Estado.

 

[12] Nombre de la historieta de Edgar Chacho Godoy que refleja su paso por el D2 y relata la ayuda que en ese lugar recibió por parte de dos mujeres en situación de prostitución asesinadas por el Comando Moralizador Pío XII.

[13] Se refiere a que las chicas “se dejaban manosear por los guardias para distraerlos”, tal como lo relata Godoy en la historieta.

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