La construcción de lo público, desde la resistencia social y simbolismos en las víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja-Colombia

The construction of the public, from social resistance and symbolism in the victims of the massacre of May 16, 1998 in Barrancabermeja-Colombia

El siguiente artículo describe y analiza las estrategias de resistencia social y simbólica, generadas en diversos escenarios públicos, y promovidas por los estamentos gubernamentales y organizaciones sociales entorno a las víctimas y desaparecidos de la masacre del 16 de mayo de 1998, ocurrida en Barrancabermeja (Colombia). Mediante un análisis cualitativo de las notas informativas sobre las protestas y movilizaciones pacíficas posteriores a la incursión armada encontradas en el periódico regional Vanguardia Liberal, el trabajo se estructura en tres momentos: la situación de orden público, los hechos armados, y la visualización pública de las diversas estrategias de resistencia social. Como conclusiones, se muestra la participación activa de los colectivos sociales, la iglesia, los sindicatos, y las organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos, quienes se apropiaron públicamente de medios y formas para reclamar por la suerte de las víctimas y desaparecidos.

Palabras clave: Masacre 16 de mayo; Barrancabermeja-Colombia; Construcción de lo público; Resistencia social.

The following article describes and analyzes the strategies of social and symbolic resistance generated in various public settings and promoted by government agencies and social organizations around the victims and missing persons of the May 16, 1998, massacre in Barrancabermeja, Colombia. Through a qualitative analysis of news articles on the peaceful protests and mobilizations following the armed incursion found in the regional newspaper Vanguardia Liberal, the article is structured into three moments: the public order situation, the armed events, and the public display of the various strategies of social resistance. The conclusions show the active participation of social groups, the Church, unions, and international human rights organizations, who publicly appropriated the means and methods to demand the fate of the victims and missing persons.

Keywords: May 16 Massacre; Barrancabermeja-Colombia; Construction of the public; Social resistance.

El 16 de mayo de 1998 Barrancabermeja fue escenario de una violencia armada sin precedentes, enmarcando la historia de acciones trágicas acontecidas desde la década de 1960, cuando grupos al margen de la ley incursionaron en la región con el propósito de lograr un dominio territorial. El municipio sede de la refinería de petróleo más grande de Colombia y caracterizado por importantes luchas obreras, vivió a finales del siglo pasado la toma de grupos de guerrillas urbanas y organizaciones de extrema derecha, los cuales emprendieron una escalada de violencia en las comunas nororientales involucrando directamente a la sociedad civil residente de la zona. Dicho periodo condensa una nueva acción militar ahora de las “Autodefensas Unidas de Santander-AUC y Sur del Cesar, Ausac, al mando de Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes, los cuales tomaron posesión del municipio o a poner orden” como lo describieron Estefanía González y Orián Jiménez en su libro Las guerras del Magdalena Medio (2008, p. 124). El asalto en su momento cobró la vida de “siete personas y desaparecieron a veinticinco por supuesta relación con los grupos guerrilleros” (Barrios-Rodríguez, 2012, p. 1).

Acerca de la lucha armada o territorial de los distintos grupos que han operado en la zona, Eduardo Pizarro Leongómez destaca que el “conflicto ha enfrentado tres proyectos ideológicos: el de los grupos armados guerrilleros, que buscan la mayor fragmentación de la soberanía del Estado y establecer un proyecto político de izquierda. El de los grupos de autodefensas que buscan recentralizar al Estado y establecer un proyecto político de derecha. Por último, el del régimen político el cual busca conservar el orden capitalista” (como se citó en Barrios-Rodríguez, 2012, p. 1).

Precisamente el investigador social Alejandro Reyes manifestó un año antes de la masacre que, “Barranca es la primera ciudad con experiencia de guerra urbana. Al norte y al noroeste hay guerrilla, y por el sur, desde Puerto Boyacá, suben los paramilitares, Allí la guerra es calle, manzana por manzana, barrio por barrio” (Revista Semana, 8 de junio de 1998, p. 52). Además, enfatizó en el conflicto padecido especialmente por las comunas 5, 6 y 7^[1], como escenarios de confrontación armada de conjuntos guerrilleros como la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo-FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional-ELN. En tanto, las facciones de derecha denominados Autodefensas Unidas de Santander-AUC o los reconocidos Paramilitares fueron los mayores colectivos generadores de la violencia armada en los barrios periféricos del municipio.

Estas encrucijadas militares también alimentadas por proyectos ideológicos han generado en Colombia una violencia desbordada en varios momentos de la historia nacional. Uno de ellos fue el ocurrido en los ochenta cuando se fortaleció la Izquierda en la política colombiana, exactamente “hacía el pluralismo ideológico y el pluripartidismo, al fundarse la Unión Patriótica-UP^[2] que llegó al escenario de la política colombiana a finales de 1984” (Ocampo, 2000, p. 337). La UP hizo parte de la conversión política de los diálogos de paz de 1984 efectuadas por el presidente Belisario Betancur y el grupo guerrillero de las FARC. Se trató de una fusión política de sectores desmovilizados con simpatizantes de la izquierda en Colombia, apoyando como candidato en las elecciones presidenciales de 1986 a Jaime Pardo Leal, quien fue derrotado con 328.752 votos; cifra significante para un candidato del ala izquierda que enfrentó a los partidos políticos hegemónicos del país, representados por liberales y conservadores.

Prácticamente la anterior coyuntura política llevó a una nueva etapa del recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, al plasmasen hostilidades urbanas, donde los grupos de paramilitares y narcotraficantes hicieron parte del periodo de violencia sistemática por el control territorial. En tal orden, Javier Ocampo (2000) destaca como “la cultura de la violencia invadió la vida social y se fue convirtiendo en un problema nacional que invadió todos los sectores y profundizó la crisis nacional” (p. 338). Por su parte, el periodo corresponde a la “oscilación (…) entre los ciclos expansivos de la violencia, la irrupción del fenómeno paramilitar, los diversos intentos de solución negociada de la guerra, y la etapa de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).

Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica et al. (2013) “en Colombia entre los años de 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas, el 19% equivale a 40.787 muertos combatientes, y el 81% es decir 177.307 eran civiles” (p. 32). Además, menciona que entre 1985 a 2012 “hay 11.751 víctimas (…), 1.982 casos de masacres, realizadas por grupos paramilitares con 1.166, guerrillas 343, Fuerza Pública 158, grupos armados no identificados 295, y grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública u otros grupos armados con 20” (pp. 36, 48, 56).

Previa a la incursión armada del 16 de mayo, hubo asesinatos selectivos ocurridos en municipios circunvecinos, es el caso de Yondó-Antioquia donde los paramilitares hicieron presencia. Debido a esta constante violación de Derechos Humanos en la región del Magdalena Medio, surgieron las denuncias y sanciones económicas de los Estados Unidos, así como el flujo constante de informaciones y noticias sobre la intensificación de la violencia. Cabe destacar dos noticias publicadas por el periódico Vanguardia Liberal en 1997 “Un petardo le explotó a un niño en Barranca” el 2 de abril (p. 1); y el estallido de una “volqueta-bomba contra la Policía en Barrancabermeja” en junio 20, donde el automotor fue dirigido al puesto de la Policía de la Estación Primero de Mayo, sector residencial de la ciudad en plena comuna nororiental (p. 1).

La prensa nacional y regional, comenzó a mostrar los principales hechos de violencia que afrontaba Barrancabermeja, como el informe periodístico de la Revista Semana del 31 de marzo de 1997, al destacar que el municipio era blanco militar del grupo ELN “ataques con carrobomba o petardo que también afectan a la capital de Santander-Bucaramanga” (p. 30); o el atentado contra el Gobernador de Santander Miguel Jesús Arenas, señalando como “Gobernador Arenas se salvó de la muerte”, noticia divulgada en el rotativo regional El Frente el 30 de abril de 1998.

Por tanto, el objetivo general de este artículo es describir y analizar, a partir de las notas periodísticas de Vanguardia Liberal^[3] referentes a las protestas y movilizaciones pacíficas, posteriores a la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja, las estrategias simbólicas y de resistencia social promovidas por los distintos colectivos participantes en el escenario público. Dichos grupos reclamaban el esclarecimiento de los hechos victimizantes de las personas asesinadas o desaparecidas durante la incursión militar, destacándose entre ellos, familiares, sindicatos, instituciones del Estado, organismos internacionales y comunidades religiosas.

Se parte de una representación que estudia la resistencia social y el conjunto de símbolos, a partir del concepto de “pacifismo”, expuesto por Nelson Molina al definir la resistencia como una “amplia gama de acciones posibles, por lo que cualquier comportamiento estratégico tendría la posibilidad de incidir en el oponente. Incluso en las condiciones más adversas es posible definir acciones resistentes desde el ámbito individual hasta el comunitario” (2005, pp. 72-73). Un mecanismo al que Oscar Useche denomina “la resistencia social, es un despliegue de la potencia creativa de la vida” (como se citó en González et al., 2011).

El periódico fue seleccionado en razón a tener un importante consumo informativo en la época, debido a ser un rotativo regional. También, por abanderar las doctrinas del liberalismo muy cercanas a la cultura socio-política que envuelven a la comunidad barranqueña, y por construir una amplia tradición periodística en el departamento de Santander por más de setenta y cinco años al servicio del acontecer noticioso. Fue significativo el interés mediático que alcanzó el periódico, permitiéndole publicar páginas especializadas generadas directamente en Barrancabermeja, donde a diario mostraba los distintos hechos de la agenda pública a nivel local y en zonas del Magdalena Medio.

Las notas periodísticas correspondientes a 135 noticias alusivas al tema fueron analizadas a partir de una metodología cualitativa, aplicada en tres momentos específicos: primero, la situación de orden público que padeció Barrancabermeja antes de la masacre, luego, la incursión armada del 16 de mayo, incluyendo los primeros pronunciamientos y acciones colectivas, y finalmente, la visualización pública de las diversas estrategias de resistencia social que ejercieron las agencias y agentes, reclamando justicia por la suerte de las víctimas y las personas desaparecidas.

Por lo tanto, se muestran y describen el conjunto de estrategias de resistencia social y símbolos públicos emprendidos por los distintos sectores agolpados entorno a la masacre, así como los contenidos informativos dedicados a las concentraciones públicas, exposición de pancartas o carteles alusivos a la incursión armada, movilizaciones por las principales vías del municipio y visualización de símbolos, tales como el porte de banderas blancas o ejecución de actos culturales.

Esta investigación se complementa con documentos referentes a los hechos del 16 de mayo tomados desde diversas posturas, es decir literatura científica que aborda la compleja situación de orden público que afrontó Barrancabermeja durante el periodo de estudio. Se destaca el artículo Acción colectiva y políticas públicas. El caso de la masacre del 16 de mayo de 1998 de Flor Manuelita Barrios et al. (2017) quienes exponen las diversas acciones colectivas que transcendieron a nivel nacional e internacional; Estefanía González y Orián Jiménez en Las guerras del Magdalena Medio (2008) muestran la confrontación armada entre guerrillas y autodefensas en el puerto petrolero; y Paramilitarismo y neoliberalismo en Barrancabermeja. El caso de la privatización de Ecopetrol 1980-2000 (2009), de Silvia Juliana Becerra, quien describe las implicaciones que ha tenido el paramilitarismo en dicha ciudad en términos económicos, sociales y políticos, enfatizando en la instauración de una política arbitraria neoliberal, recurriendo al autoritarismo para legitimarse.

Como conclusiones, se muestra la participación activa de los colectivos sociales, la iglesia, los sindicatos, y la presencia de organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos, en medio de la intervención del Estado colombiano, que en su momento terminó siendo casi invisible. Asimismo, se destaca la variedad de símbolos que fueron expuestos de forma habitual, sustentando y explicando los diversos hallazgos, como el vestuario utilizado por el colectivo de mujeres o el desfile permanente de ataúdes desocupados arrastrados por los familiares de las víctimas, quienes transitaban por las principales avenidas o calles de la ciudad exigiendo respuesta Estatal por los desaparecidos.

La historia de los conflictos en Barrancabermeja quizás haya que remontarse siglo atrás con los primeros habitantes de las áreas aledañas al río Magdalena, los indios Yariguíes, caracterizados por ser ‘guerreros y flecheros’ según el oidor Luis Enríquez (como se citó en Martínez y Rueda, 1996),

Estos indios han sido valientes y siempre muy pocos en número. Salían a la ribera del río Grande y, como al subir las canoas van siempre arrimadas a la ribera, echan unos cuantos garabatos de palos muy llenos de plumas, con que detenían la canoa y luego otros flechaban a los indios y negros que venían bogando en la proa y la popa con unas flechas de yerbas […] (p. 21).

A inicios del siglo XX, con el boom de los mercados mundiales frente a la producción de hidrocarburos, Barrancabermeja comenzó a transformarse social y económicamente debido a las grandes reservas de petróleo halladas en su territorio. El descubrimiento no fue algo nuevo, pues desde la época de la colonia cronistas españoles testificaban que una “jornada adelante del pueblo de La Tora (Barrancas Bermejas de Quesada) hay una fuente de betún que es un pozo que hierve y corre fuera de la tierra, y es en gran cantidad y espeso licor” (Avellaneda, 2023, p. 23).

Este importante hallazgo se aunó a los grandes inventos de la época, especialmente a la naciente industria de automóviles y aeroplanos que funcionaban a través de motor de combustión. En materia de economía política, Colombia entraría a establecer vínculos globales, bajo una producción sistemática de países capitalistas, productores de petróleo. Ello generó la llegada de empresas estadounidenses como la Standart Oil Company que, mediante la Concesión de Mares^[4] implementada durante el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909), impulsó las concesiones petroleras en Colombia, iniciando una política de preservación y autoabastecimiento de hidrocarburos con beneficios financieros. Con la Concesión de Mares y los posteriores conflictos relacionados con la explotación de petróleo y las luchas sindicales, un informe de la Comisión de la Verdad divulgó como:

“para 1945 buena parte del territorio del Magdalena Medio estaba concesionado a estas multinacionales en tierras del Estado o en propiedades privadas (…) El anverso del progreso y el desarrollo que trajo la industria petrolera fue un proceso de reconfiguración territorial, económica y social que se tradujo en una serie de conflictos sociales que años más tarde se entretejieron orgánicamente con la guerra” (Colombia. Comisión de la Verdad, 2022, pp. 41, 42).

Los hallazgos de petróleo le representaron a Barrancabermeja su designación como municipio del departamento de Santander en 1922, después de ser corregimiento adscripto a San Vicente de Chucurí. Esto condujo a convertirse en la sede principal de la reciente industria petrolera de Colombia, también en epicentro de la llegada de hombres jóvenes procedentes de la sabana de Bolívar y de diversas partes de la geografía nacional, quienes según Gustavo Almario Salazar, terminaron atraídos por la economía del “oro negro” (1984, p. 42).

Mientras el boom petrolero comenzaba a mostrar anualmente importantes cifras de barriles de producción de hidrocarburos bajo la dirección de la empresa norteamericana Tropical Oil Company-TROCO, paulatinamente crecían los problemas de orden público entre las mismas directivas de la empresa con los propios colonos, quienes ejercían algunas pugnas por la apropiación de baldíos aledaños al municipio que “podrían tener riqueza del subsuelo” (Aprile-Gniset, 1997, p. 121). Es decir, una lucha territorial en materia de intereses económicos para favorecer la explotación de petróleo a empresas extranjeras, o igualmente la lucha de las potencias capitalistas para extraer los recursos naturales de los países subdesarrollados. Ante estos incidentes Renán Vega Cantor señala como “la policía empezó a hacer de las suyas en la región, persiguiendo, ultrajando, desalojando a los colonos y actuando a favor de la empresa” (2002, p. 196).

Un caso de acciones violentas por parte de la Policía en contra de los colonos ocurrido el 19 de octubre de 1922, fue descrito por Renán Vega Cantor (2002) de la siguiente manera:

El Alcalde acompañado por un funcionario de la TROCO procediera a desalojar violentamente a un grupo de colonos en el campamento de Infantas, como estos lo relataban en un telegrama dirigido a la Procuraduría General de la Nación: Acompañados jefe de policía departamental, bien armados dirigense a nuestras habitaciones y su diligencia término preventivo, llevaron efecto bárbaro, violento, arbitrario despojo sin que ninguno de nosotros interesados, estuviéramos presentes: desenclavaron cerraduras, violentaron puertas, penetraron habitaciones, tiendas, sustrajeron todo cuanto había (p. 198).

Por su parte, según Renán Vega (2002) la llegada de hombres jóvenes terminó siendo acompañada de “mujeres públicas”, dispuestas a ofrecer sus mejores servicios a los “peludos” o “matacongos” (términos referentes a la clase obrera y a los hombres rudos) (p. 206). Rápidamente esto provocó la aparición y avance de enfermedades venéreas, encendiendo las alarmas sobre el tema de la higiene pública, el control y la asistencia sanitaria, y especialmente, el aumento de los gastos de la empresa. La situación suscitó diversas controversias, las cuales fueron consideradas por el Concejo Municipal de Barrancabermeja mediante el controvertido Acuerdo No. 2 del 30 de diciembre de 1925, bajo los siguientes términos: “Prostitutas de Primera y Segunda clase en Barrancabermeja según el Concejo Municipal”, “existe en esta población un número considerable de Mujeres Públicas a donde afluye casi todo el dinero de los trabajadores; Que hay necesidad de amparar a éstos contra las enfermedades VENEREAS” (Aprile-Gniset, 1997, p. 240).

Si bien, las cifras de producción petrolera continuaban siendo rentables, la insatisfacción laboral dentro de la compañía comenzaba a ganar protagonismo en la población obrera. El surgimiento de las primeras protestas por las condiciones deplorables de los campamentos de alojamiento de los trabajadores, así como las enfermedades generadas por el clima cálido y húmedo en la región promediando los 35 grados centígrados, originó la presencia masiva de vectores y la falta de agua potable, sumado a ello, “la mala calidad de la alimentación y al mal trato a que eran sometidos los trabajadores colombianos por los capataces, que en su mayoría eran sus coterráneos” (Vega, 2002, p. 221). De acuerdo con Miguel Urrutia, “en 1923, 40,81% de los trabajadores empleados se enfermaron, y el 1,51% murió. Porcentajes que transformados en cifras absolutas significan unos 1.500 afectados y quizá 60 defunciones” (como se citó en Jacques Aprile-Gniset, 2022).

En efecto, lo anterior condujo a una serie de protestas que adicionaron otro ingrediente más al complejo proceso de producción petrolera, ahora materializado por el surgimiento de organizaciones laborales, acusadas en un principio por abanderar “elementos socialistas”. Estas primeras sublevaciones condujeron al desarrollo de la primera huelga de trabajadores y varios hechos de perturbación del orden público, originando que el 9 de septiembre de 1924 los obreros presentaran su primer pliego de peticiones:

aumento del jornal; reducción de las horas de trabajo; retiro de la empresa del jefe de la oficina de empleos de esta y de otros funcionarios; mejoras de los campamentos; hospitalización eficaz para los obreros enfermos; y ninguna represalia para los huelguistas (Rodríguez-Villa, 2023, p. 78).

En definitiva, según Fabio Rodríguez Villa (2003), tres elementos fueron determinantes en la huelga,

1º Factor político: el ascenso del Partido Liberal y la radicalización de su ala izquierda, muy influida por las ideas socialistas que ya cobraban fuerza en el país.

2º Problemas administrativos: entre los altos empleados de la TROCO existía un sistema tiránico en sus relaciones con el personal de obreros.

3º Situación social de los trabajadores: la jornada de trabajo excedía de las diez horas, eran pésimos los alojamientos y la alimentación, además de que los salarios eran muy bajos (p. 79).

La protesta liderada por el recién creado sindicato de los trabajadores ‘La Unión Obrera^[5]’ (posteriormente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo-USO), continuó generando en la ‘meca del proletariado colombiano’ (como fue bautizada Barrancabermeja), desmanes sociales, huelgas, enfrentamientos con la Policía, encarcelamientos y asesinatos de trabajadores, como lo acontecido con la masacre del 12 de abril de 1938. Dicho suceso fue narrado por el dirigente sindical de la época Manuel Francisco Hernández, de la siguiente manera: “estaban reunidos en el parque un grupo de trabajadores con las esposas e hijos escuchando hablar al doctor Diego Luis Córdoba, y llegó la policía que cercó a los asistentes, y sin aviso ninguno comenzó el abaleo” (como se citó en Rodríguez, 2023, p. 115).

Décadas posteriores, con el manejo absoluto de la refinación de hidrocarburos por la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, luego de finalizar la Concesión de Mares, los problemas de orden público en Barrancabermeja se acrecentaron. La llegada de nuevos actores de la violencia, aumentó su protagonismo dentro del territorio barranqueño y parte de la región del Magdalena Medio. Sin olvidar, las raíces de violencia derivadas de los primeros grupos de guerrilla liberal en la zona, motivados por los “sucesos de abril de 1948 en la formación del bando liderado por Rafael Rangel Gómez, otra forma de resistencia adelantada por pobladores de la región para enfrentar la violencia conservadora”. Un ejemplo de ello fue el corregimiento El Centro, donde apareció el grupo rural de “pájaros conservadores, apodado la chusma, que aterrorizaba a la gente para que abandonara sus tierras y si no se iban los mataban” (Vega-Cantor et al., 2009, pp. 352-353 y 355).

Con el poder político y militar que alcanzaron las Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo-FARC-EP durante los años 1960 en el sur del departamento del Tolima, las avanzadas insurgentes protagonizaron y originaron en las décadas siguientes el surgimiento de nuevos grupos de guerrillas. Es así como el Ejército de Liberación Nacional-ELN, el Ejército Popular de Liberación-EPL, el M-19, entre otros, comenzaron a operar también en zonas urbanas, especialmente en algunos municipios con importante desarrollo socio-económico.

Justamente el ELN hace presencia en los municipios santandereanos de San Vicente del Chucurí y Simacota. El primero, como lugar originario de dicho grupo, bajo el liderazgo de los hermanos Fabio y Manuel Vásquez Castaño. En tanto el segundo, se convirtió en escenario de la primera incursión armada, el 7 de enero de 1965, cuando Colombia conoció el “Manifiesto de Simacota”, con su ideal político y social que representaba la lucha armada del grupo de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana.

Desde sus orígenes el ELN contó con la afinidad de sectores obreros y estudiantes, tal como lo señalaron Acevedo Tarazona et. al., (2023), cuando identificaron que “la Asociación Universitaria de Estudiantes de Santander (AUDESA) y militantes del movimiento obrero de Barrancabermeja, coincidieron con el discurso antiimperialista y revolucionario del ELN, lo cual algunos pobladores aceptaron la presencia del grupo armado en la zona del Magdalena Medio” (p. 18).

Precisamente, ese discurso sedicioso del ELN atrajo el interés en algunas facciones de trabajadores, al sentirse motivados e identificados especialmente por las luchas obreras y por la convergencia de elementos específicos de los barranqueños como la “postura antiimperialista, el nacionalismo, la dignificación del obrero y la defensa del ideario socialista” (Vega-Cantor, 2002, p. 256). Asimismo, el triunfo de la Revolución Cubana y las secuelas de la violencia del conflicto bipartidista, conllevaron a la consolidación del grupo guerrillero en el Magdalena Medio santandereano. En consonancia con ello, González y Jiménez (2008) destacan que la “región durante algunos años fue escenario de las guerrillas liberales dirigidas por Rafael Rangel, y que tenía tradición de luchas obreras, en gran parte por encontrarse allí el centro petrolero de Barrancabermeja” (p. 59).

Mientras continuaba la avanzada de grupos de guerrilla en la región, las protestas o huelgas laborales ejercieron un rol activo en la esfera pública a nivel local y nacional, como sucedió con las huelgas de 1971 y 1977. La primera, permaneció tan solo 18 días, entre el 5 al 23 de agosto, con un saldo negativo de “más de 200 despedidos, 36 trabajadores llevados a consejo verbal de guerra y uno, Fermín Amaya, asesinado por soldados” (Rodríguez-Villa, 2023, p. 241). La segunda, fue el resultado de las posturas del entonces presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, quien, según los huelguistas, actuó como “sumiso a los dictámenes del monopolio Texas Petroleum Company”. A ello se sumó, el “interés por la huelga de los directivos de Ecopetrol, para poder acabar con la USO que incluyó el apoyo antipatriótico del gobierno y de las fuerzas armadas”, como lo narró la Comisión Sindical Nacional del Partido Comunista, acerca del balance de la huelga de Ecopetrol en 1977 (1978, pp. 2-3).

Comenzando los años 1980, aquellos grupos de extrema derecha que tuvieron poderío militar en el centro del país, especialmente las bandas de Chulavitas, Pájaros y los Contrachusmeros, surgidos después del 9 de abril de 1948, volvieron a ser partícipes de las acciones contrainsurgentes. Dispuestos a combatir bandos guerrilleros que dominaban la región del Magdalena Medio santandereano, comenzaron a identificarse con el nombre de autodefensas o las AUC, grupo en contra de las acciones militares e ideológicas de los movimientos de izquierda, que ya aparecían dispersos a lo largo de la geografía nacional, como ocurrió en el contexto de Barrancabermeja.

Varios eventos de la agenda de entretenimiento fueron narrados por el periódico Vanguardia Liberal anunciando la llegada de un nuevo fin de semana (15 al 17 de mayo de 1998), destacándose por ejemplo, las “47 horas, donde los barranqueños tendrán la posibilidad de mostrar su talento, ritmo, capacidad y buen estado físico en el III Superbailatón”, o el “Homenaje musical a mamá” (15 de mayo de 1998, p. 4C). Dichas actividades, fueron muy tradicionales en Barrancabermeja, concernientes al disfrute de un fin de semana bajo el ritmo de música tropical y con grupos de amigos departiendo en espacios abiertos o debajo del “palo de mango”, refrescándose con cerveza para mermar el calor sofocante que “humedece y hace brillar la frente de su gente”.

Empero, la noche del sábado del 16 de mayo de 1998, Barrancabermeja presenció una realidad totalmente diferente a los tradicionales festejos nocturnos del puerto petrolero. La entrada y aparición de hombres de las “Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, Ausac, al mando de Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes”, ocasionó la ocupación del municipio con el objetivo de “poner orden”. Estefanía González y Orián Jiménez (2008), describieron como la operación militar fue acompañada por frases obscenas de los miembros del grupo de las Ausac, donde resultó repetitivo tratar a las personas como ‘¡guerrilleros h... los vamos a acabar y sacar de Barranca!’ (p. 124).

La incursión armada con fusiles inició en la cancha deportiva de la Comuna 7, donde cientos de habitantes compartían un bazar en honor a la celebración del día de las madres. Otras versiones destacan que el festejo tuvo como propósito “recoger dineros para comprar instrumentos musicales”, mientras que Vanguardia Liberal, en su edición del 18 de mayo, señaló que la fiesta tuvo como finalidad recolectar fondos comunitarios. Con todo, este fue el inicio del accionar bélico que se expandió a otros lugares, como el estadero La Tora, escenario donde comenzó a relatarse un nuevo capítulo en la convulsionada historia barranqueña.

Si bien, no existe precisión sobre la hora exacta de los hechos, varios testimonios recolectados por Vanguardia Liberal señalan que “entre las 8:30 y 10 p.m. se realizó la asonada con las primeras víctimas que fueron sacadas de sus casas, la llegada a la cancha deportiva, la incursión en el estadero y el tránsito en dos camionetas <Chevrolet cabinadas, una negra, otra color verde oscuro y un camión de doble tracción>” (18 de mayo de 1998, p. 11B), por los barrios nororientales María Eugenia, El Campín, estuvieron en la Comuna 5 en el 20 de Agosto, luego Villarelys II y La Esperanza.

Dentro de las víctimas que fueron llevadas a la fuerza desde sus residencias o desde la cancha deportiva se registraron un hombre de 75 años, José Libardo Londoño, quien estaba en su casa viendo televisión, y los mellizos Ana María Ochoa y Diego Fernando Ochoa de 20 años. Sobre estos últimos, años después de la incursión armada del 16 de mayo, en una jornada de audiencia pública mediante las confesiones de ‘Bolívar’ y del ‘Panadero’, se conoció que “los jóvenes hermanos fueron los últimos que ejecutaron tras 22 días de secuestro; que Ana María, la única mujer del grupo, fue violada, y que las fosas donde los enterraron fueron movidas por informantes” (Reyes, 2010, párr. 3).

La acción militar terminó siendo conocida ampliamente por la comunidad nacional e internacional casi dos días después de los hechos, a pesar de que para la fecha, el periódico Vanguardia Liberal ocho meses atrás había incursionado en la era de la Internet, existiendo varias barreras para acceder al mundo digital en Colombia. Sumado a ello, la práctica común en los rotativos regionales de la época era cerrar el montaje de la edición del día siguiente promediando las 20:00 horas. Por ello, hasta el lunes 18 de mayo la comunidad en general conoció de primera mano los hechos victimizantes bajo dos titulares que aparecieron en las secciones Primera Página y Judicial del periódico: “Horror en Barrancabermeja” y “Le vamos a dar un paseo del que nunca regresarán”.

Vanguardia Liberal describió en los titulares los principales hechos ocurridos durante la masacre:

Doce personas asesinadas y 43 desaparecidas, fue el saldo que dejó la noche de terror vivida en algunos sectores nor y sur oriental de Barrancabermeja […]; La ola de muerte comenzó hacia las 8:30 de la noche con la aparición en los sectores antes mencionados, de un grupo de hombres fuertemente armados, al parecer pertenecientes a los llamados paramilitares, causando el caos entre los habitantes (18 de mayo de 1998, p. 11B).

Desde que se inició el drama de decenas de familias barranqueñas, empezaron a circular las primeras hipótesis sobre los posibles autores de esta masacre sin precedente en la historia de Barrancabermeja.

En la ciudad ayer se comentaba que la masacre estaba dirigida contra personas que tenían algún vínculo con los grupos de milicias urbanas que operan en el puerto petrolero (18 de mayo de 1998, p. 12B).

Las noticias estuvieron acompañadas de desgarradoras imágenes de familiares o seres queridos que se lamentaban sobre los féretros de las personas que fueron asesinadas y dejadas en plena vía pública en la noche del 16 de mayo, personas que se aglomeraron en las dos únicas Casas fúnebres que funcionaban en el municipio ‘Foranda’ y ‘García’, con el propósito de indagar por la suerte de los desaparecidos. Luego de los hechos, se respiraba un ambiente de confusión, hermetismo e incertidumbre en los diversos estamentos y organizaciones de la sociedad.

En tanto, el periódico Vanguardia Liberal intentaba persuadir o encender más el clima de tensión que respiraba el municipio, con las publicaciones en Primera página y a full color de un aviso publicitario acerca de la campaña presidencial de Horacio Serpa Uribe: “Serpa y Santander a la Presidencia. El camino de la paz” (18 de mayo de 1998, p. 1). Al día siguiente muestra el sondeo de opinión dedicado a la paz, donde preguntaba a los lectores “¿Cree usted que Colombia alcanzará algún día la paz?, y ¿Cree que las jornadas por la paz contribuyen a alcanzarla?, evidenciando cifras que arrojaban más de un 80% de escepticismo en la consolidación de estrategias a favor de la paz. Curiosamente, la nota periodística fue ubicada enseguida del titular “La de Barranca, otra masacre anunciada” (19 de mayo de 1998, p. 1).

Finalmente, meses atrás el clima de violencia urbana en Barrancabermeja comenzaba a registrar cierta preocupación por parte de organismos nacionales y por la comunidad internacional. La Iglesia católica se pronunció por medio del obispo de la diócesis del municipio Jaime Prieto Amaya, quien advirtió que, “Barrancabermeja es una bomba de tiempo debido a la violación de los Derechos Humanos en el Magdalena […], hay que tratar ese problema con mucho cuidado y que todos podemos influir para darle solución”. Asimismo, Vanguardia Liberal publicó en la misma edición (2 de febrero de 1997) la posible “sanción económica para Colombia de los Estados Unidos por el problema de violación de Derechos Humanos”.

La efectividad de la visualización pública parte de una serie de acciones sociales que conducen a la materialización de mensajes, enmarcando sentimientos, valores y sobretodo necesidades conjuntas de transformar los conflictos mediante hechos de no violencia. Para Nelson Molina (2005), se trata de un “conjunto de condiciones mínimas que deben estar presentes para los resultados obtenidos, en caso de ser favorables” (p. 78). En tanto Mauricio Katz García considera lo público como un “indicador que permite evaluar el modelo de relaciones desarrollado por los individuos en el interior de una sociedad y el tipo de organizaciones e instituciones (sociales, políticas, etcétera)” (1999, p. 98).

En ese orden de ideas, la resistencia social no violenta es un medio de dimensionar los significados interiorizados en los familiares de las víctimas del 16 de mayo de 1998, haciéndolos explícitos y constitutivos de procesos de acción conjunta que conllevan a destacar un discurso público. En otras palabras, es el despliegue de un grupo de individuos reclamando la presencia del Estado, desde alguna problemática específica que los lleva a actuar. Para Sally González Higuera, et al., “la divulgación de acciones de resistencia social, estimula a las comunidades a desarrollar sus propias iniciativas y es un motor para comunidades con características similares” (2011, p. 253). Igualmente, Amparo Marroquín Parducci destaca que las resistencias en el ámbito de la comunicación política permiten “cambiar de lugar nuestras preguntas, de repensarlas y construir nuevas -siempre de manera colectiva-, para poder dar batalla a los discursos individualizantes y, por lo tanto, paralizantes del neoliberalismo” (como se citó en Bruzzone y Papaleo, 2018, p. 10).

actúa como estrategia a través de la cual los pocos podrían invertir la relación para impedir ser sometidos por los pocos violentos. Sin embargo, para que esta condición sea posible es necesario el concurso de una buena parte de la comunidad afectada o interesada en transformar tales condiciones, porque de otra manera la estrategia no tendría ningún efecto (p. 74).

Por otra parte, Malely Linares Sánchez relaciona la resistencia social con la comunicación, donde la primera “propugna por la desmercantilización de este derecho universal. Tiene un marcado carácter anticapitalista, reflejado en los análisis que se hacen en los contenidos críticos emitidos desde sus singularidades y creatividad. Sus medios son abiertos para dar la palabra a los de abajo y a la izquierda” (2018, p. 247). Como por ejemplo, la llamada Primavera Árabe, en el año 2011, cuando se produjo una serie de “masivas protestas en el norte de África y en Oriente Medio en oposición a los regímenes autoritarios, en las que el uso de los smartphones, las redes sociales -como Twitter o Facebook con los hashtags-, permitió visualizar las denuncias” (Linares, 2018, pp. 246-247).

En cierto modo, dentro de la narrativa de los elementos constituyentes que precisan la resistencia social, surgen los símbolos, que según Murray Edelman logran entenderse como toda interacción social establecida depende de, o se forma sobre el hecho de que los participantes tienen en común un sistema de símbolos -un sistema cultural- en términos de los cuales interactúan unos con otros. Los sentimientos colectivos encarnan en símbolos materiales que los tornan comprensibles. Para el autor, como símbolos se encuentran el lenguaje, los mitos, los rituales, las tradiciones, dichos y refranes, las formas de respeto, los modos de saludar o de reverenciar (como se citó en Crespo, et al., 2016, p. 353). Como lo indica Emile Durkheim, los símbolos “son auténticos objetos, como el tótem y la bandera, que materializan la idea abstracta -y por tanto difícilmente accesible al individuo- de la sacralidad del orden social. También, Clifford Geertz lo relaciona con “todo objeto, acto, acontecimiento, cualidad o relación que sirva de vehículo a un concepto” (como se citó en Mazzoleni, 2010, p. 136).

Dentro de las muestras históricas que han dejado huellas generadas por conflictos o preferencias al momento de abanderar algún proyecto ideológico, sobresalen en Argentina las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, vestidas con su habitual pañuelo o pañoleta blanca en memoria de los parientes desaparecidos en los crímenes de la dictadura cívico-militar durante los años setenta y ochenta. En ese mismo país la Wiphala, símbolo que representa a la Pachamama, el cosmos, los animales, las plantas, las piedras, los runas (hombres) y la vida en armonía. De igual forma en Europa surgen las Mujeres de Negro, red feminista y antimilitarista que nace en Israel en 1988, con mujeres israelíes y palestinas para protestar juntas contra la ocupación y por la paz, lo hacen vestidas de negro y en silencio. También, los skinheads nacionalsocialistas conocidos como cabeza rapadas simpatizantes del proyecto ideológico de Adolf Hitler, quienes se rasuran completamente la cabeza y visten prendas estrechas y de corte militar, utilizan botas con punteras de acero, emplean tirantas, y portan símbolos nazis como la tradicional esvástica.

Ahora bien, respondiendo acerca de los hallazgos que reúne el presente estudio, aparecen como muestras de resistencia social y símbolos, los ataúdes arrastrados en las principales avenidas o calles de Barrancabermeja y el sepelio simbólico de las víctimas. Las madres de mayo que representaron el colectivo de mujeres en su mayoría progenitoras de los desaparecidos en la masacre; las jornadas de Paro Cívico que lidero la USO; las banderas blancas ondeando en las fachadas de edificios o casas, junto con los pañuelos blancos para armar una gran bandera, hacen parte de los diez elementos visuales encontrados, junto con algunas consignas expresadas que demuestran los símbolos de resistencia colectiva apropiados en comunidad. Además, se presentan dos experiencias de actos en contra de la violencia que resultaron ajenos frente a las actividades desarrolladas por las propias comunidades afectadas.

Luego de la masacre resultó común encontrar en las principales vías de Barrancabermeja el desfile de ataúdes desocupados o ubicados en lugares característicos del municipio, indicando un elemento más del inmobiliario urbano. Los ataúdes (véase gráficas № 1) exhibidos durante un largo periodo eran de color blanco, cubiertos con una manta del mismo tono y portando las fotos de los desaparecidos del 16 de mayo. En total fueron 25 cajas mortuorias simbolizando la ausencia de las víctimas que para la fecha (6 de junio de 1998) eran mencionadas en versiones sin confirmar, junto con cuestionamientos sobre el asesinato de los retenidos o fosas comunes en zonas adyacentes al Puerto Petrolero. Sin embargo, la esperanza de encontrarlos con vida no se desvanecía, por ello realizaron jornadas de movilización y concentraciones que tuvieron el espaldarazo esencialmente de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja-CPB, la USO y algunos jerarcas de la iglesia católica, quienes acompañaron al grupo de parientes en las diversas actividades programadas. Paralelamente, también se desarrolló un sepelio colectivo el 6 de junio en las instalaciones de la USO,

como protesta por el respeto de los Derechos Humanos, la incertidumbre e inseguridad que viven los pobladores de las comunas populares de Barrancabermeja, y solicitarle al Estado que investigue y tomen decisiones muy claras de búsqueda de la verdad de lo acontecido, para resolver los problemas del paramilitarismo en Barrancabermeja y el Magdalena Medio (Luna, 1998, 4C).

En esta línea, el uso de ataúdes como medio de resistencia social partió de un escenario simbólico referente a los rituales que emprendieron los familiares de las víctimas. En determinadas fechas (12 de octubre, 1 de mayo), o en el día 16 de cada mes era habitual desfilar o exhibir las cajas desocupadas como forma de protesta pacífica. De igual forma, la articulación de un lenguaje verbal y no verbal terminaban haciendo parte del repertorio, como era el caso de las consignas y frases expuestas por los participantes, o la configuración del lenguaje mediante el color blanco y los ataúdes con fotos de los desaparecidos en su interior.

El movimiento ‘madres de mayo’ conformado por las progenitoras de los desaparecidos del 16 de mayo, hizo parte de las estrategias de visualización simbólicas que emprendieron los familiares de las víctimas. Resultó habitual verlas recorrer las principales vías de la ciudad con banderas blancas, pancartas, clamando justicia por sus seres queridos y exigiéndoles a las autodefensas el paradero de los restos de las personas secuestradas. Con plantones en lugares característicos de la ciudad como la carrera 28, las instalaciones de la sede nacional del sindicato de la Estatal Ecopetrol, o la Avenida del Ferrocarril, las jornadas estuvieron acompañadas de velatones, oraciones, muestras musicales en honor al duelo y memoria de las víctimas. Durante dichos actos, acudieron representantes de la USO, la Coordinadora Popular de Barrancabermeja y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos-CREDHOS; organizaciones que se unieron y trabajaron colectivamente en las diversas actividades adelantadas por el grupo de madres, especialmente en la defensa y declaraciones sobre los derechos humanos (ver gráficas № 2).

El nombre de las ‘madres de mayo’ tuvo una coincidencia con las célebres ‘madres de la plaza de mayo’ en Argentina, movimiento social representado por madres de desaparecidos en la dictadura militar de Jorge Rafael Videla a finales de los años 1970:

El 30 de abril de 1977, un grupo de madres se presentan en la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, ante la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de ese país. Aún no saben bien qué harán, pero no van a silenciar más su dolor, indignación y clamor por sus hijos desaparecidos bajo la dictadura militar de Jorge Rafael Videla (1976-1983). Fue solamente el inicio de esa masacre…y el de una batalla incansable por la dignidad y la justicia, presente que comenzaron catorce madres, y llegó a forjarse un movimiento de entre trescientas y cuatrocientas mujeres en busca de sus hijos e hijas víctimas de desaparición forzada, tortura y asesinato (CNDH, s.f., párr. 1, 2 y 3).

Las jornadas de paros cívicos emprendidas por sindicatos, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y demás colectivos sociales, prácticamente paralizó de manera aleatoria el municipio durante varios meses. El paro cívico por el derecho a la vida convocado directamente por la USO comenzó el 18 de mayo, con el apoyo de sectores eclesiásticos, comerciales y entidades educativas de la ciudad. En efecto, declararon “paro cívico indefinido por 48 horas y asamblea permanente hasta las 6:00 de la tarde del próximo miércoles”, de acuerdo con la publicación del diario Vanguardia Liberal en la edición del 19 de mayo de 1998. El propósito de las protestas pacíficas y simbólicas desde los paros, estuvo orientado “por los hechos a la desidia que viene padeciendo la población barranqueña debido a los viles atentados contra el bienestar y la calidad de vida que afronta la población”. Asimismo, la Diócesis del municipio hizo un llamado a la “comunidad para que haga una manifestación de fuerza pero con condiciones de desarme” (Villamizar, 1998, 5C).

Paulatinamente, el paro cívico contó con una agenda propia de actividades aprobadas por los organizadores. Entre las cuales se destacaron, la paralización de la producción de hidrocarburos en Ecopetrol por 48 horas, la realización de Asambleas permanentes con la sociedad civil, el cese de toda actividad comercial, vigilia a partir de las 7:00 p. m. en el Parque Infantil, el sepelio colectivo en la catedral Inmaculada, la jornada nacional por la paz y la vida en el parque Camilo Torres, la toma de El Retén hasta nueva orden y la concentración popular el miércoles 20 de mayo, en la cancha de fútbol del barrio María Eugenia (Vanguardia Liberal, 1998, 8C).

Los paros cívicos y las huelgas formaron parte de la identidad cultural barranqueña, caracterizada por visualizar las luchas obreras mediante ambas estrategias, donde se articularon diversos elementos de comunicación, como pancartas, pendones, grafitis callejeros, mítines, plantones en sitios emblemáticos, ollas comunitarias (sancochos), entre otras formas de asociación con fines informativos. Estos medios de luchas pacíficas fueron expuestos desde las primeras protestas de los trabajadores de la Tropical Oil Company^[6], en medio del descontento por las condiciones deplorables de los campamentos de alojamiento de los trabajadores, las continuas enfermedades generadas por el clima cálido y húmedo en la región promediando los 35 grados centígrados, la presencia masiva de vectores, la falta de agua potable, “la mala calidad de la alimentación y el sometimiento de los trabajadores colombianos por los capataces” (Vega-Cantor, 2002, p. 221). A ello se añadió, la renombrada huelga de 1977 originada por “el desmantelamiento de Ecopetrol y la cesión de parte de sus activos a multinacionales de los Estados Unidos. En particular, se anunciaba la venta de la planta de plásticos Policolsa” (Vega, 2008, p. 250), y los paros cívicos liderados por la USO en la década de 1980, por temas de orden público, mejoramiento de los servicios públicos, el derecho a la vida y el empleo digno.

Los paros cívicos correspondieron a una serie de acciones mediante las cuales existía descontento ciudadano, debido al abuso de las autoridades, la falta de accesibilidad a los servicios públicos, la carencia en asistencia en políticas de empleo, la salud, la educación, el transporte, etcétera. Dicha situación generó movilizaciones en lugares representativos de la ciudad, creando en ciertas oportunidades tratamientos represivos en contra de los marchantes por parte de la fuerza pública. También, logran convertirse en prácticas pacíficas de acciones legales que son orientadas desde diversos símbolos representativos de las comunidades congregadas. Prueba de ello ocurrió con las protestas de los familiares de las víctimas del 16 de mayo en Barrancabermeja, cuando en compañía de distintos colectivos emprendieron paros cívicos para reclamar acciones de justicia, derecho a la vida y exigir información sobre las personas secuestradas.

La idea de ubicar banderas blancas en las fachadas de las casas, apartamentos e inmuebles públicos y comerciales de Barrancabermeja, propuesta inicialmente por el Comando de la Policía del Magdalena Medio, terminó siendo respaldada por las comunidades con el propósito de izar el símbolo de la paz y buscar caminos de reconciliación entre la fuerza pública y los propios residentes del Puerto Petrolero, quienes reclamaban el esclarecimiento de los hechos en medio de un ambiente de zozobra, especialmente en el sector nororiental.

Para Herminio Otero, la bandera blanca es un “símbolo internacional de la paz. Se usa especialmente en las guerras o conflictos y tiene diversos significados: alto el fuego, tregua, cese de las hostilidades, solicitud de parlamentar con el enemigo, rendición”. Este distintivo fue aceptado oficialmente desde la Convención de Ginebra de 1864, pero antes la usaron los chinos de la dinastía Han, 200 años antes de Cristo como emblema de rendición. También, hay noticia de su uso entre los romanos 100 años a. C. (s.f., p. 4). En el presente estudio, la bandera blanca representó un alto el fuego y el cese de hostilidades, principalmente de los grupos al margen de la ley quienes incursionaron en territorio barranqueño y ejercieron una batalla campal donde la población civil, ajena al conflicto, terminó siendo vinculada en las diversas acciones bélicas, que llevaron especialmente a la desaparición de 25 personas.

Por otro lado, el pañuelo blanco (véase Gráficas siguientes) también se convirtió en un elemento simbólico, pero como retazo de tela para construir una gran bandera blanca. La iniciativa liderada por la Alcaldía Municipal, contó con el respaldo de diversos personajes de la vida política, social y comunitaria quienes donaron un pañuelo blanco para el ensamble de dicha bandera, haciendo alusión al “clamor de paz de los habitantes”. En su investigación <El pañuelo como artefacto político: desplazamientos y disputas por la calle> las autoras Mercedes Barros y María Marta Quintana (2020) señalan que el pañuelo blanco,

retiene gestos, imágenes y prácticas (pasadas y presentes) abarrotadas en consignas que defienden la vida, tales como: ¡Aparición con vida!, ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!, ¡Nuestros hijos viven! Los reclamos de las Madres y Abuelas por la vida de sus hijas e hijos detenidos-desaparecidos, de sus nietas y nietos apropiados, de sus compañeras secuestradas y de las y los oprimidos y explotados (2020, p. 179).

“un sistema de combinaciones de aquéllos permite a la sociedad expresar sus intenciones políticas, dinásticas, monásticas o de otro tipo. El color, siempre y en todo, tiene una función principal centrada en clasificar, distinguir, asociar, oponer o jerarquizar. Sus múltiples juegos y contrastes posibilitan reagrupar o disociar elementos, diferenciar planos de contenido semántico diverso; en definitiva, se ofrece al hombre como medio para construir una imagen determinada de algo y dotarla de una sintaxis previamente establecida” (p. 322).

En tal línea, el color blanco mediado a través de la bandera sirvió como ejercicio en la construcción de una imagen blanca, dotada de resistencia social en contra de los hechos de violencia armada que padecía la ciudad, como se observa en las Gráficas N. 3.

El arte callejero alusivo a la no violencia se tomó la Avenida del Ferrocarril como medio de resistencia civil en contra de las acciones de hechos victimizantes. Vanguardia Liberal registró, en la edición de julio 3 de 1998, el desfile simbólico de un grupo teatral ‘bogotano’ en los barrios nororientales de Barrancabermeja, personificando el sufrimiento de las mujeres porteñas, encausado por la guerra que vivía el territorio del Magdalena Medio. A través de zancones vestidos de blanco con flores rojas en sus faldas, mujeres de negro cargaban canastos alusivos a la muerte, música de marchas fúnebre y en sus manos la bandera colombiana ondeando. En medio de ello, los residentes se agolparon para presenciar el paso de los artistas que reclamaban el cese de la violencia, con actos a favor de la vida y la paz.

Este tipo de estrategias pedagógicas permitieron generar una escena simbólica y surrealista de expresiones visuales alusivas a la violencia de la mujer barranqueña, particularmente en las madres y demás familiares de los desaparecidos del 16 de mayo. En dichas representaciones, se destacó el uso de técnicas pictóricas, las cuales buscaron propiciar una realidad del conflicto bélico padecido por las comunidades, con la exposición de zancones referentes a la muerte ‘ronda’. Asimismo, se registra una apología al desconsuelo de la mujer madre, que intenta desesperadamente saber sobre la suerte de sus hijos desaparecidos.

Según Hernán López Piñeyro (2018), el arte callejero escénico se asocia a la utilización del “espacio público y el intento por convertir a los peatones ocasionales o manifestantes en ejecutantes o participantes de la obra”. Tomando como referencia otras investigaciones, el autor analiza como “el espacio público callejero” se constituye en “un ágora, un medio propicio para la discusión, en sentido amplio, entre sujetos políticos”, donde la calle “puede devenir escenario obligado de participación y experimentación, pues ésta es el territorio por excelencia de la compleja aleación entre arte, compromiso y política” (p. 15). Estas diversas líneas epistemológicas del arte callejero escénico, son fusionadas al tema de estudio por encontrar elementos comunes, como el desarrollo de actividades en espacios públicos, discusión y reconocimiento de actores políticos: “madres de los desaparecidos que reclaman sus derechos”, y los mismos escenarios de intervención que sirvieron como experimento de acciones colectivas en contra de la violencia armada.

Los gritos, cánticos y consignas también hicieron parte de las estrategias de resistencia social en contra de los hechos de violencia que emprendieron familiares de desaparecidos y demás comunidades barranqueñas. El diario Vanguardia Liberal publicó el 6 de junio de 1998 algunos cánticos de mujeres solidarias: “!la gente pregunta ¿quiénes son ustedes? y le respondemos: “somos las mujeres que luchamos por la vida”. Estos fueron expuestos durante las jornadas de concentración y las marchas en los diversos escenarios representativos de la ciudad. El clamor especialmente de las madres de las víctimas, coreaban frases aún esperanzadoras dedicadas a los desaparecidos: “vivos se los llevaron vivos los queremos”. Rechazando los discursos rumorosos que ya circulaban en la ciudad sobre el asesinato en serie de los detenidos, los mítines y arengas populares continuaron en los meses siguientes.

Teóricamente, este tipo de respuesta ciudadana representa los dichos y refranes utilizados como símbolos en contra de la violencia armada, siendo materializados mediante los discursos orales que transmiten sentimientos, frustraciones e ilusiones ante la impotencia de los parientes que reclaman sobre la suerte de los desaparecidos, exigiendo justicia ante las autoridades competentes. Las estrategias son auténticas y se relacionan con el objeto de la violencia presente en el Puerto Petrolero, es decir a través de discursos críticos en contra del Estado y los grupos al margen de la ley. Por tanto, las personas se movilizan pacíficamente, no solamente indagando la suerte de los desaparecidos, también lo hacen como medio de resistencia social desde numerosos hechos victimizantes que han perturbado durante décadas el orden público en Barrancabermeja.

Cabe destacar y relacionar en este tipo de reacciones sociales, la concentración de un juego entre la agenda institucional y la agenda pública. Al respecto, se tratan de silenciar algunos hechos de violencia a través de la agenda institucional, pero en la agenda pública se debate la existencia del conflicto armado mediante los distintos colectivos que protestaron en contra de la masacre del 16 de mayo.

Para Ana Trucco Dalmas (2021) este tipo de manifestaciones públicas fueron muy comunes en la Argentina de los años 1960 y 1970, cuando el cántico callejero como identidad política estuvo signada por procesos de radicalización y movilización social y política, “desde el ‘Cordobazo’, el ‘Rosariazo’ o el ‘Mendozazo’, hasta la toma de fábricas y universidades -pasando por las decenas de concentraciones políticas que se producían por infinidad de motivos-, las calles argentinas se llenaron de carteles, símbolos, himnos y cánticos cuya autoría política y social era tan diversa como numerosa” (p. 18).

Dentro de los diversos actos en contra de la violencia armada en Barrancabermeja, especialmente en el segundo semestre del año 1998 (entre el 15 al 20 de julio), surgen dos iniciativas ajenas a las propuestas de resistencia social que emprendieron las propias comunidades víctimas del conflicto, a saber: “Patinaje, deporte para la paz en Barrancabermeja” y el popular “Show de las estrellas por la paz”. La “Copa Barrancabermeja en paz”, fue un evento con los mejores exponentes del patinaje colombiano, patrocinado por la Alcaldía Municipal y las diversas ligas de patinaje, atendiendo el llamado de la administración local que, en medio de un clima de violencia urbana, intentó centrar la atención de las comunidades del Puerto Petrolero en otros hechos distintos a la confrontación armada.

Pese a la proyección nacional e internacional que tuvo el torneo deportivo al concentrar competidores de diversas regiones del país e incluso delegaciones de Ecuador y Costa Rica, algunos grupos económicos de la ciudad se mostraron reacios al desarrollo del certamen. Un comunicado de Cotelco-Barrancabermeja, gremio que reúne la hotelería organizada, criticó la logística del certamen por no “tener presente los hoteles de la ciudad para alojar a los participantes del torneo, lo hicieron en las casas de familia que no cumplen con lo establecido por la normatividad colombiana” (Vanguardia Liberal, 15 de julio de 1998, 7C).

Por su parte, el reconocido programa colombiano de televisión de la época el Show de las Estrellas concentró la atención de los barranqueños al visitar la ciudad a finales de julio de 1998, con su espectáculo llamado el “Show de la estrella por la paz” o el “concierto por la paz”, un certamen musical que buscó ‘elevar una plegaria por la paz’ del puerto petrolero. Dicho evento, convocó a los artistas del momento: Ekymosis, los Embajadores Vallenatos, Juan Carlos Coronel, Charlie Cardona, etcétera. Al final, el evento también permitió “poner una dosis de anestesia a los barranqueños, en medio de problemas suscitados por la violencia armada que vive esta población del Magdalena Medio”, según lo expuesto por los organizadores (Alcaldía Municipal y Programadora Jorge Barón TV), quienes también recomendaron al público asistente llevar camisas y pañuelos blancos.

Ambos eventos al parecer resultaron ser una estrategia de ‘cortinas de humo’ frente a la crítica situación de orden público que vivía el municipio, donde no solamente se seguían registrando asesinatos en serie e incursión armada, sino también, la llegada de comunidades desplazadas por la violencia que sumaban más de “5 mil campesinos albergados en instituciones educativas públicas y privadas de Barranca” (Vanguardia Liberal, 30 de julio de 1998, 4C). Todos estos hechos victimizantes llevaron a la intervención de la Cruz Roja Internacional, organismo que “abrió sus puertas en Barrancabermeja, buscando humanizar el conflicto armado”, según Rolin Mavre, Jefe de Delegación, quien puntualizó en la importancia de trabajar con todas las partes del conflicto, especialmente con la población civil afectada (Vanguardia Liberal, 15 de julio de 1998, 4C).

La ‘cortina de humo’, representada mediante un conjunto de hechos o circunstancias que buscaba desviar la atención de la sociedad ante situaciones complejas, sirvió de escenario para intentar ocultar el problema de orden público generado en Barrancabermeja, empleando para ello, eventos deportivos y artísticos que permitieron la distracción popular. Sin embargo, el desarrollo de las distintas actividades mostrando una ciudad en paz, llena de armonía y convivencia fue fuertemente criticada por los colectivos sociales, debido a la falta de políticas de los gobiernos nacional y local en contra de los hechos victimizantes y acciones en favor de la paz, teniendo en cuenta que, para la época, las estadísticas ubicaban al Puerto Petrolero como uno de los municipios de mayor violencia armada en Colombia.

Ante las estrategias de resistencia social y símbolos emprendidos por los diversos colectivos y familiares de las víctimas del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, se describe la orientación de mensajes verbales y no verbales dedicados a la reconciliación, perdón y justicia, para intentar conocer los pormenores de la incursión armada y la suerte de los secuestrados. Detalles orientados en dos líneas discursivas: la entrega de los secuestrados vivos ‘vivos se los llevaron vivos los queremos’, o en el peor escenario, el lugar donde reposaban los restos de los secuestrados ‘para brindar una cristiana sepultura’.

Por otra parte, se destacó la participación activa de diversos colectivos como los sindicatos, organizaciones femeninas, grupos defensores de Derechos Humanos, comunidades religiosas y organismos externos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR, los cuales no solamente ejercieron un papel de mediador ante el conflicto armado, también acompañaron las distintas actividades de resistencia social que realizaron las comunidades víctimas. Inclusive, apoyaron con recursos logísticos el desarrollo de algunas actividades que hicieron parte de la agenda de eventos, en respuesta a la falta de credibilidad y desconfianza de algunas instituciones del Estado, vinculadas o señaladas por tener cierta complicidad con la masacre y omitir las denuncias que previamente advirtieron las comunidades acerca de una posible incursión armada en los barrios nororientales de Barrancabermeja.

Referente a las piezas o estrategias de difusión que exhibieron las comunidades afectadas, estas fueron clasificadas en artefactos comunicativos no verbales y verbales. En el primero, aparecen las cajas mortuorias, banderas, pañuelos blancos, pancartas, avisos y algunas escenas corporales del arte callejero. En tanto el segundo, se destacan las consignas y frases de las personas que estuvieron liderando las concentraciones y marchas, las notas musicales del grupo de teatro callejero, las canciones <populares> alusivas a la protesta social, como ‘Gracias a la vida’ de Mercedes Sosa o ‘Solo le pido a Dios’ de León Gieco.

Igualmente, fueron clasificados los discursos que llevaron a cabo líderes de las familias víctimas del conflicto, representantes de organizaciones comunitarias, sindicalistas de la USO y miembros de comunidades religiosas, como el caso del sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien presidía también en su momento el Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio-PDPMM. Dicho colectivo, se unió y estuvo presente durante las acciones de mediación y acompañamiento de las familias afectadas. Precisamente, un tema a discutir y estudiar a futuro desde la participación y obviamente la mediación que ejercieron diversos grupos u organizaciones a favor de las víctimas de la masacre del 16 de mayo.

En lo relativo a la información localizada en el periódico regional Vanguardia Liberal, se encuentra no solamente la participación activa de la Unión Sindical Obrera-USO, también las instituciones del Estado y varios sectores gremiales a nivel local. Asimismo, aparecen la Organización Femenina Popular-OFP, la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos-ASFADDES recién creada seccional en Barrancabermeja, la Coordinadora Popular de Barrancabermeja, el Comité Regional de Derechos Humanos-Credhos liderado por Osiris Bayter, la Asociación de Juntas de Acción Comunal, algunos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), la Cruz Roja Internacional, la Diócesis municipal al mando de Monseñor Jaime Prieto Amaya, el PDPMM, entre otras. Todos estos grupos materializaron un trabajo mancomunado en favor de los derechos humanos y el restablecimiento del tejido social en la ciudad después de los hechos acontecidos.

Finalmente, las estrategias de resistencia social y símbolos lograron reunir sentimientos colectivos que enmarcaron un sistema cultural de pacificación propio en la región, conforme a las distintas propuestas en comunicación estratégica que determinaron la exposición de lenguajes, mitos y rituales, que después de 25 años aún permanecen vivos en la sociedad barranqueña. Se trata de elementos que conectan con los acontecimientos, sirviendo de guía para reconocer la manera como las movilizaciones colectivas exigieron ante las instituciones una respuesta para entender la suerte de los desaparecidos del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja.

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páginas / año 18 – n° 47/ ISSN 1851-992X /2026

[1] Las comunas, en la época de la masacre la conformada 60 barrios, 57 mil habitantes, con una extensión: 8.905.175 mts2, estratos: 1, 2 y 3, la ocupación de sus habitantes: Amas de casa, albañiles, planchadoras, lavadoras, oficios varios. El 60 por ciento de la población es desempleada, según informe titulado “Las necesidades básicas insatisfechas dominan las comunas 5, 6 y 7” del 24 de mayo de 1998 en Vanguardia Liberal.

[2] Jenner Alonso Tobar (2015) hace una breve reseña de la UP, exponiendo el surgimiento en 1985 como un nuevo movimiento político amplio, pluralista e inclusivo en el que convergen diversas fuerzas políticas, principalmente de izquierda, tales como el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), Movimientos Firmes, Juventud Comunista, Partido Comunista Colombiano, Partido Socialista Revolucionario, e inclusive sectores del Nuevo Liberalismo y Conservatismo, entre otros grupos (p. 12).

[3] Vanguardia Liberal “salió a la luz pública el 1º de septiembre de 1919 en el municipio de Bucaramanga, abanderando las doctrinas del liberalismo, su fundador Alejandro Galvis Galvis, rindió homenaje a la dirigencia liberal local-regional” (Galvis-Galvis, 1981)

[4] “Con Rafael Reyes se dictan las primeras reglamentaciones en materia petrolera. La Ley 30 de 1903, artículo 5º, expresa que: ‘Ningún contrato que el gobierno celebre para la enajenación o explotación de las minas de carbón, depósitos de asfalto y petróleo o gas natural perteneciente a la misma, será válido sin la aprobación del congreso’, posteriormente se promueve la Ley 6 de 1905. Estos actos permitieron el otorgamiento de las primeras concesiones, como la concedía a Roberto de Mares, de quien Reyes era padrino de matrimonio. Fue la Concesión de Mares, para la explotación de petróleo cerca a Barrancabermeja” (Tapias-Cote, 2022, párr. 7).

[5] “Fundada el 10 de febrero de 1923 en Barrancabermeja, a orillas del río Magdalena, la USO surgió en un contexto de explotación laboral bajo la multinacional Tropical Oil Company, conocida como «Troco». Los trabajadores enfrentaban condiciones inhumanas, con jornadas de hasta 16 horas y sin derechos laborales básicos. Inicialmente llamada Sociedad Unión Obrera (SUO), la organización adoptó el nombre de USO en 1934, tras la promulgación de la Ley 83 de 1931 que permitió la libre asociación de trabajadores” véase Sobre Nosotros (Unión Sindical Obrera [USO], 2023, párr. 1-4).

[6] Para Renán Vega Cantor (2002), “las protestas populares de la época (década del veinte en Colombia) tienen un trasfondo político, que adquiere más realce después de la Revolución Rusa, puesto que en la lógica dominante de las últimas administraciones conservadoras (1918-1930) se suponía que cualquier movilización social por localizada que fuera y aunque presentara reivindicaciones puramente económicas, solamente era el producto de una acción revolucionaria de tipo anarquista o socialista que requería ser contrarrestada por medio de la representación del Estado” (p. 26).