Violencias: Una revisión de la categoría conceptual con perspectiva de género

Violencias: Una revisión de la categoría conceptual con perspectiva de género^[1]

A lo largo de la historia, la violencia ha sido un tema de interés sostenido, dando lugar a numerosas reflexiones, conceptualizaciones y clasificaciones que se hace necesario revisar constantemente. Este trabajo se aparta de esas prácticas comunes para ofrecer un análisis crítico a partir de diversas perspectivas teóricas. Su objetivo es explorar, desde un enfoque hermenéutico, las raíces histórico-culturales del fenómeno, poniendo especial énfasis en la violencia contra las mujeres e integrando una visión situada desde Latinoamérica. Se observa que la violencia de género ha evolucionado de ser un mero problema social a convertirse en una cuestión política relevante. No obstante, se concluye la necesidad de desarrollar nuevos enfoques que aborden el fenómeno de manera compleja e integral, desde una perspectiva interseccional y decolonial.

Throughout history, violence has been a topic of sustained interest, giving rise to numerous reflections, conceptualizations and classifications that need to be constantly reviewed. This paper departs from these common practices to offer a critical analysis based on different theoretical perspectives. Its objective is to explore, from a hermeneutic approach, the historical-cultural roots of the phenomenon, placing special emphasis on violence against women and integrating a Latin American perspective. It is observed that gender violence has evolved from being a mere social problem to become a relevant political issue. However, it is concluded that there is a need to develop new approaches that address the phenomenon in a complex and comprehensive way, from an intersectional and decolonial perspective.

La preocupación por la violencia en el ser humano es de larga data. A partir del desarrollo cerebral humano y su evolución respecto al resto del reino animal, dicho tema es central ante la constitución de la naturaleza gregaria del ser humano, tensionado entre el control racional y emocional (Jiménez, 2019).

Desde los albores de la humanidad, la violencia ha sido una característica societal inherente que evoluciona hacia estructuras más complejas. Este fenómeno puede analizarse desde perspectivas teóricas clásicas opuestas, como las de conflicto y consenso, superando la visión de una "naturaleza humana" egoísta y negativa propuesta por Hobbes, o la idea del "buen salvaje" de Rousseau (Botella et al., 1998).

El origen y las manifestaciones de la violencia han sido una preocupación a lo largo de la historia. En la filosofía griega, Platón justificaba la creación de una clase guerrera para el Estado ideal que garantice la seguridad de las polis, complementada por una clase gobernante erudita y otra artesana-campesina dedicada a la producción de bienes y servicios. Según Platón, la especialización de la ciudadanía en sus funciones era esencial para lograr la justicia, virtud que debía guiar la polis bajo los principios del conocimiento, el valor y la templanza. Aristóteles analizó el desarrollo de las polis señalando que el ser humano, como "animal político" (Zoon Politikón), pasa por etapas que comienzan con la formación de la familia, que luego se agrupa en aldeas por necesidad de protección y seguridad, hasta evolucionar en la polis, una comunidad políticamente organizada (Botella et al., 1998).

Pareciera ser que la emergencia de expresiones de violencia, tanto individuales como colectivas, ha influido en la creación de formas sociales, tanto informales como formales, que impactan la institucionalidad política y administrativa de las sociedades a través del tiempo. Estas estructuras buscan garantizar la seguridad y el orden social frente a dichas amenazas. Según Lensky (1993), en su análisis antropológico de la evolución social y enfoque sociocultural, el poder y el privilegio están vinculados a la concentración de bienes materiales en manos de unos pocos, lo que genera conflictos y la necesidad de institucionalizar el orden y la seguridad.

Actualmente, existe consenso en concebir la violencia como un fenómeno complejo, con múltiples formas y contextos de manifestación (Alba y Kruijt, 2007). Puede originarse en acciones individuales como colectivas, presentándose organizada y planificadamente, como en conflictos armados o actos terroristas, o de forma espontánea en situaciones de tensión o conflictos interpersonales (Wieviorka, 2018). Se distingue, por un lado, la capacidad de agresión, asociada a factores biológicos e innatos modulados evolutivamente, y, por otro, la violencia como una construcción social y cultural (Martínez, 2016). Este componente humano individual como colectivo, se expresa de manera específica en cada contexto histórico.

Históricamente, en todas las sociedades las mujeres han sido objeto de formas específicas de violencia, producto de estructuras patriarcales basadas en construcciones sociales de las diferencias biológicas entre los sexos. Estas dinámicas perpetúan una violencia diferenciada según lo femenino y lo masculino, ubicando sistemáticamente a los hombres en posiciones de dominación y mayor reconocimiento social (Bourdieu, 2000; Héritier, 2007). La tendencia en el estudio de este fenómeno ha estado con frecuencia delimitado por un interés sintético kantiano entre lo analítico y práctico, y ha ido clasificando la violencia atendiendo a sus manifestaciones, ya sean físicas, psicológicas, sexuales, económicas u otras.

Por otro lado, a razón de la necesidad constante en las ciencias sociales y humanas de revisar las propias categorías conceptuales y su semántica comunicada (Díaz-Herrera y Moyano-Díaz, 2023), este ensayo tiene como objetivo apartarse de la práctica habitual de clasificar la violencia en categorías funcionales para su gestión, enfoque que, aunque útil, tiende a instrumentalizar el concepto con el propósito de “gobernar la violencia” mediante el diseño de políticas socioculturales, urbanas y de control. En su lugar, se busca contribuir hermenéuticamente a marcos conceptuales que aborden la violencia, especialmente la dirigida hacia las mujeres, considerando su naturaleza estructural e histórico-cultural. La tesis central de este artículo sostiene que la violencia de género ha evolucionado de ser principalmente un problema social para convertirse en una cuestión política, destacando la importancia de analizarla desde sustratos sutiles, imbricados y contextualizados.

La conceptualización de la violencia ha generado debates y divergencias terminológicas, partiendo del consenso en torno a su definición básica. Desde una perspectiva convencional, arraigada en su etimología, la violencia se define como:

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002, p. 3).

Esta definición enfatiza la dimensión física e intencional de la violencia (Platt, 1992). No obstante, autores/as han cuestionado esta visión al proponer definiciones más amplias que incorporan otras formas menos evidentes de violencia. Domenach (como se citó en Martínez, 2016) destaca su manifestación como coerción psicológica o moral. Mientras que Bourdieu (2012), plantea su vinculación con normas y prácticas culturales que perpetúan relaciones de poder a través de la violencia simbólica. A su vez, puede ser ritualizada o rutinizada, integrándose en las prácticas sociales cotidianas (Bringiotti et al., 2004). Galtung (2016) amplía el concepto, incluyendo la violencia estructural, derivada de las desigualdades reproducidas por estructuras sociales e institucionales, y la violencia cultural, fundamentada en normas y creencias que la legitiman.

Martínez (2016) critica definiciones de la violencia como la previamente mencionada, que asumen la existencia de un agresor activo y una víctima pasiva, sin considerar el papel del observador como tercero implicado. Además, señala que la violencia no siempre implica daño directo ni constituye un fin en sí misma, sino que puede ser un medio para alcanzar otros objetivos. Estas concepciones, según el autor, omiten el contexto sociohistórico, espacial y cultural que permite comprender la violencia, invisibilizando las estructuras de dominación creadas social e históricamente en ámbitos como el político, racial y patriarcal.

La violencia también puede entenderse a modo de calificativo, definido como una característica del comportamiento que incluye acciones físicas, verbales o formas sutiles de coerción y control. Por ello, “el sustantivo ‘violencia’ no debería ser empleado como sujeto de una proposición; sólo debería usarse el adjetivo ‘violento/a’ para caracterizar la forma de una acción” (Mucchielli, 2010, p. 3).

La diversidad de manifestaciones de la violencia ha generado debates teóricos sobre la posibilidad de conceptualizarla de manera unificada. Surge la pregunta: ¿es viable agrupar bajo un solo concepto formas tan distintas como homicidios, parricidios, violencia conyugal, robos y violaciones? Mucchielli (2010) sostiene que, dada la evolución estadística dispar de estas formas de violencia, la respuesta es negativa.

Lo anterior subraya la necesidad de seguir reflexionando sobre cómo definir la violencia, considerando tanto el interés de múltiples disciplinas como la complejidad del fenómeno.

“El tiempo presente no se reduce a la dimensión racional, sino que incluye procesos de subjetivación, una dimensión simbólica de los procesos sociales y las políticas de las luchas por el reconocimiento social” (Rifiotis y Castelnuovo, 2013, pp. 13-14).

Los autores sugieren que la familiaridad con el concepto de violencia puede desviar a la comunidad investigadora de un análisis profundo. Por ello, se busca definir la violencia sin caer en un exceso de vigilancia terminológica (Rifiotis y Castelnuovo, 2013), pero proponiendo marcos interpretativos complejos que reflejen su carácter multifacético (Wieviorka, 2018).

La violencia es un concepto polisémico y complejo que, a lo largo de la historia, ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas (Garriga, 2010). Su amplitud permite abarcar desde acciones individuales hasta estructuras sociales, manifestándose en formas y contextos variados (Martin, 2000, como se citó en Garriga y Noel, 2010). Ignorar sus aspectos estructurales y las condiciones que la reproducen puede perpetuarla (Martínez, 2016).

Carmona (1999) desentraña afirmaciones que permiten comprender que “la violencia es tan vieja como el mundo y la historia” (párr. 2). Por ende, al concebirse como una categoría social, se transforma, al igual que las sociedades y sus procesos históricos. “En efecto, la violencia (…) sólo tiene sentido en un contexto dado; ella no tiene en sí misma ningún significado ni ningún contenido predefinidos” (Mucchielli, 2010, p. 3). Elias (1994, como se citó en Urteaga, 2013), en su teoría del proceso de civilización, plantea que las normas y comportamientos sociales han ido cambiando gradualmente hacia formas más refinadas y controladas. Este cambio ha llevado a que prácticas antes aceptables o moralmente neutras sean ahora consideradas como violentas, como resultado de una mayor sensibilidad moral en la sociedad (Garriga, 2021).

Esta idea plantea una perspectiva interesante sobre la relatividad de la violencia y cómo esta puede ser percibida de manera diversa en diferentes contextos históricos y culturales, lo que se considera violento puede variar según las normas y valores predominantes en una sociedad en particular (Elias, 1994, como se citó en Urteaga, 2013). Este enfoque nos invita a cuestionar nuestras propias concepciones de la violencia y considerar cómo han evolucionado a lo largo del tiempo.

En la antigüedad, filósofos como Aristóteles consideraban la violencia como un medio natural para mantener el orden social (Rosler, 2016), incluso como argumento de dominación (Botella et al., 1998), mientras que en la Edad Media, Tomás de Aquino la definía como un acto contrario a la ley divina (Auping, 2015).

Por su parte, el contractualista Hobbes, en su clásico texto “Leviatán”, argumentaba que el estado natural del ser humano es egoísta, por tanto, para la satisfacción de sus necesidades se generaría un estado competitivo que detonaría en una “guerra de todos contra todos”. En mencionado estado de búsqueda individual, el ser humano no dudará en matar o robar, pasando a ser el humano “un lobo para el hombre”. Para evitar lo anterior, era necesario el establecimiento de un poder soberano que impusiera el orden. En contraste con este argumento de naturaleza humana, Rousseau refiere que el hombre es un buen salvaje que aprende a socializar y es la sociedad quien corrompe al individuo, pasando a ser rol del Estado, una función normativa (Botella, et al., 1998, p. 170). Con el advenimiento de la modernidad, se refuerza la noción de violencia en los conceptos de derechos naturales y razón de Thomas Hobbes (Rifiotis, 2015).

Autores como Weber y Sorel analizaron la violencia en el contexto de la política y la lucha de clases. Weber (2005) distinguía entre la violencia legítima del Estado y la violencia ilegítima de los grupos revolucionarios, mientras que Sorel (2011) consideraba que la violencia era un medio legítimo para alcanzar objetivos políticos y sociales. Este último punto nos recuerda al fundador de las ciencias políticas modernas, Nicolás Maquiavelo. Este expuso la clásica consigna de que “el fin justifica los medios”, toda vez que la preocupación del gobernante debía ser la obtención y mantenimiento del poder a toda costa, aunque se debiera recurrir a las apariencias (Botella et al., 1998).

Los discursos hegemónicos de la modernidad, influenciados por la filosofía positiva de Comte, promovían ideas de progreso, emancipación y confianza en la razón y la ciencia como motores del bienestar humano. Se asumía que la modernidad reduciría la violencia y fomentaría la civilización. Sin embargo, el incremento de episodios de violencia demuestra la insuficiencia de estas teorías para abordar su complejidad (Rifiotis, 1999). Autores como Comte, Durkheim y Spencer miran positivamente -en el sentido científico y superando la negatividad del caos revolucionario que dichos autores observaron- a los sistemas sociales ordenados, que puedan escapar de las conductas anómicas y que entiendan que la especialización y mayor división social del trabajo trae consigo sentimientos de colaboración, esto en un marco de advenimiento y desarrollo de la Revolución Industrial y la modernidad. De ahí la emergencia de las teorías del consenso y corrientes funcionalistas estructurales que colocan el énfasis en las normatividades sociales y el control que desde los sistemas culturales y del derecho conducen el anhelado control social (Ritzer, 2001).

Como señalaría Bauman (2015), la modernidad ha transformado nuestras formas de vida, relaciones sociales y conceptos fundamentales, como el de violencia. El autor sugiere que, en la modernidad líquida, caracterizada por la fluidez y la incertidumbre, las normas y valores tradicionales se vuelven más volátiles y cambiantes. Esto se refleja en la forma que entendemos y experimentamos la violencia en la sociedad contemporánea. Por su parte, reconociendo la complejidad del concepto, Crettiez (2009) desarrolla un interesante análisis en torno a la tipología de la violencia, donde analiza tensiones dicotómicas del concepto como violencia física y simbólica, a partir de los desarrollos teóricos de Bourdieu y Foucault.

Galtung (2016) propone una tríada conceptual que clasifica la violencia en tres formas fundamentales: directa, estructural y cultural. La violencia directa comprende actos físicos o verbales que infligen daño a individuos o entornos físicos. La violencia estructural se vincula con las condiciones sociales, económicas y políticas que perpetúan la desigualdad y la injusticia, sin requerir un acto directo de violencia. Por último, la violencia cultural abarca las normas, valores y creencias que justifican y legitiman la violencia en una sociedad.

Ampliando la clasificación realizada por Galtung (2016), Jiménez (2019) establece cinco categorías de violencias. Añade a la violencia directa, estructural y cultural otras dos tipologías: la violencia simbólica e híbrida, a esta última otros autores la denominan violencia interseccional. La violencia simbólica, propuesta por Bourdieu (2012), implica una forma de dominación de un dominador en contra de un dominado en una relación, de forma indirecta pudiendo ser inconsciente a dicha práctica, llegando incluso a naturalizar e interiorizar dicho poder sin cuestionamiento, lo que colinda con la naturaleza de un poder simbólico. Por otro lado, Jiménez (2019) propone la violencia híbrida como la suma de las anteriores.

Crettiez (2009) destaca la importancia de comprender las diversas formas en que se manifiesta la violencia, superando una visión limitada que solo reconoce la violencia física como su única expresión legítima. El autor profundiza en la noción de "violencia simbólica", que trasciende los actos visibles de agresión para abordar los símbolos e instituciones que perpetúan relaciones de poder. Esta forma de violencia se caracteriza por su "sutileza" y "omnipresencia" en la vida cotidiana, manifestándose a través de esquemas de percepción y valorización que internalizan y naturalizan las relaciones de "dominación-sumisión". Bourdieu y Wacquant (2008) sostienen que la violencia simbólica opera de manera “suave”, empleando elementos culturales y estrategias que moldean las percepciones y comportamientos de los individuos con su complicidad. Esta violencia no solo perpetúa las desigualdades y jerarquías sociales, sino que las legitima como parte inherente del "orden social".

Foucault (2006) aborda la violencia desde una perspectiva amplia, más allá de los actos físicos o verbales, señalando que esta se manifiesta en las "estructuras de poder" y las "prácticas discursivas" que regulan y controlan el comportamiento social. Según el autor, “el poder produce conocimiento, y viceversa,” lo que implica que la violencia también reside en los discursos y prácticas legitimadas en la sociedad.

Para Foucault, el poder no es exclusivo de la clase dominante, sino que se ejerce activamente en múltiples formas, incluyendo el saber, enmarcando esta dinámica en la “metafísica del poder.” Afirma que “no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo relaciones de poder” (Foucault, 2006, p. 34). Así, el poder-saber define los límites y las formas del conocimiento, subordinando al sujeto de conocimiento a estas dinámicas.

Retomando a Platón en La República, Botella et al. (1998) enfatizan que el saber es esencial en un gobierno ideal, reflejando la relación entre conocimiento y poder. Para Foucault, la violencia es “una modalidad extrema de poder que implica abuso y negación de la libertad, pero en esta conceptuación predomina el sentido del concepto del poder sobre la observación de la forma límite que la violencia representa” (Foucault, 1994, citado en Zavaleta, 2018, p. 162).

Como se ha señalado, uno de los principales desafíos al estudiar la violencia es la diversidad y fragmentación conceptual que la caracteriza. Wieviorka (2018) y Collins (2008) proponen enfoques que evitan clasificaciones rígidas, argumentando que estas pueden limitar la comprensión de su complejidad. Wieviorka (2018) concibe la violencia como un fenómeno social complejo que abarca relaciones de poder, identidades colectivas y procesos de exclusión e inclusión. Por su parte, Collins (2008) desarrolla una teoría interaccional que destaca la influencia de los contextos sociales y emocionales en la génesis de la violencia.

Esta perspectiva integradora invita a considerar la violencia como un fenómeno interconectado, donde sus distintas manifestaciones están relacionadas entre sí. En lugar de categorizar la violencia en tipos discretos, este enfoque anima a examinar las interacciones complejas entre diversos factores que contribuyen a su perpetuación y reproducción social.

Rifiotis (1999) plantea la necesidad de reconsiderar la violencia como un fenómeno intrínseco a las experiencias sociales, en lugar de algo externo a la vida cotidiana. Reflexiona sobre su ubicuidad en las interacciones humanas y estructuras sociales, destacando que, aunque se manifieste de formas diversas, está presente en el tejido social. Al recolocar la violencia en el centro de las experiencias sociales, se resalta su carácter omnipresente y capacidad de influir en aspectos de la vida social. Esto sugiere que la violencia no puede entenderse solo como actos físicos o verbales, sino como un fenómeno que atraviesa todas las dimensiones cotidianas, incluidas las instituciones, relaciones interpersonales y estructuras de poder (Rifiotis, 1999).

Esta perspectiva propone un análisis de cómo la violencia se entrelaza con la cultura, la política, la economía y la historia. Reconocer su presencia constante en nuestras experiencias sociales permite desarrollar estrategias más efectivas para abordar sus causas y consecuencias y avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica (Crettiez, 2009).

La expansión del campo semántico de la violencia nos confronta con la percepción de un aumento constante e inevitable de este fenómeno en la sociedad contemporánea (Rifiotis, 1999). Este hecho suele reflotar en la actualidad en que la violencia aumenta constantemente. Sin embargo, más que el fenómeno estadístico del aumento constante de los actos violentos “debemos reconocer que la unidad aparente de la categoría “violencia” es una realidad impuesta por representaciones sociales y políticas públicas que determinan el contenido del debate público que los medios de comunicación organizan” (Mucchielli, 2010, p. 3).

Es crucial cuestionar cómo establecer una conceptualización integrada de violencias que permita análisis interseccionales con categorías como pobreza, desigualdad y género, tan presentes en América Latina. Reconocer la violencia desde las representaciones sociales resulta fundamental, ya que estas nociones construidas y modificables orientan acciones en los sujetos que las internalizan. Estas representaciones se configuran objetivamente y anclan cognitivamente para ser comunicadas mediante el lenguaje en su contexto (Araya, 2002). Una vez internalizadas, pueden generar una disposición actitudinal en los sujetos, cuya actitud podría ser predictiva en la acción social (Vergara y Delory, 2003).

Se entiende entonces que, al evitar la fragmentación del concepto de violencia, podemos abordar más efectivamente las raíces profundas y dinámicas complejas que subyacen a este fenómeno. Este enfoque holístico permite desarrollar análisis más comprehensivos y efectivos, y avanzar hacia una comprensión más profunda de la violencia en nuestras sociedades contemporáneas (Garriga y Noel, 2010).

En América Latina, la violencia ha evolucionado en un contexto marcado por procesos históricos, sociales y políticos particulares. Durante el siglo XX, la región estuvo atravesada por dictaduras militares, conflictos armados, movimientos de resistencia y luchas democráticas, lo que influyó en cómo se entendía y abordaba la violencia (Cano y Rojido, 2017). En las últimas décadas, se ha incrementado la visibilidad de diversas formas de violencia, como la urbana, el narcotráfico, la violencia de género, política y estructural (Isla y Míguez, 2012).

Este contexto ha generado un creciente interés por comprender las causas y consecuencias de la violencia en la región, así como por desarrollar estrategias efectivas para prevenirla y mitigar sus impactos (Cano y Rojido, 2017). Desde las ciencias sociales, se han propuesto diversos enfoques para analizar la violencia en América Latina. Autores como Cano y Rojido (2017), desde un enfoque sociocrítico, han señalado la relación entre violencia y desigualdad social, argumentando que la exclusión y la marginalización son factores clave en la generación de conflictos. Por su parte, García y Devia (2018) han abordado la violencia desde una perspectiva cultural, explorando cómo normas, valores y representaciones sociales pueden legitimar o cuestionar la violencia en la región.

Martínez y Agüero (2020) plantean un enfoque procesual-dialéctico que entiende la violencia de género como un fenómeno atravesado por relaciones de poder, dominación y emancipación, destacando además el papel de los feminismos descoloniales, como los comunitarios aymaras y mayas, en la construcción de saberes situados y en el desafío a los marcos hegemónicos.

Gonzáles (2006) introduce dos elementos diferenciadores de la violencia para complejizar el debate teórico. Primero, destaca su carácter relacional, argumentando que la violencia actúa como una forma de comunicación para modificar comportamientos y como una modalidad extrema de interacción social. Esta perspectiva desafía la visión tradicional de la violencia como ruptura absoluta de la interacción, sugiriendo que, en ciertas circunstancias, puede emerger como comunicación cuando otros medios han fallado. Luhmann señala que la violencia puede cumplir una función dentro del sistema, facilitando la diferenciación necesaria para la supervivencia de los sistemas sociales (Espinosa, 2019).

Siguiendo a Martínez (2016), uno de los aportes de plantear la violencia como una característica que pueden adoptar las relaciones sociales, es que tanto la víctima, como el agresor o los observadores, tienen un rol participativo. Además, implica integrar al análisis del contexto en el cual se generan las interacciones, lo cual permite comprender algunas acciones que pudieran parecer gratuitas o sin sentido; así como reconocer formas de violencia -simbólica, moral- que no se caracterizan por el uso de la fuerza o cuyas consecuencias no son fácilmente reconocibles o inmediatas, tal y como reconocería Bourdieu (2012).

Por otro lado, Gonzáles (2006) sostiene que la violencia conlleva una negación de los derechos fundamentales de la persona, destacando su gravedad al atentar contra la integridad física y moral de los individuos, y al restringir significativamente su capacidad de actuar con libertad. Esta perspectiva amplía la comprensión de la violencia, abarcando no solo los actos físicos directos, sino también las estructuras y sistemas que perpetúan la discriminación y la desigualdad, manifestándose como formas de violencia institucional.

Crettiez (2009) analiza la dicotomía entre violencia política y social, contribuyendo a una mejor comprensión de las dinámicas de conflicto en la sociedad contemporánea. En esta dirección, la violencia política se define como aquella ejercida en el contexto de la lucha por el poder, ya sea por actores estatales o no estatales, orientada a objetivos políticos y buscando influir en la estructura política y social (Noel, 2008). En contraste, la violencia social se relaciona con el incremento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión, manifestándose en situaciones como la violencia escolar, deportiva, doméstica, conflictos interpersonales y delincuencia común, entre otros (Noel, 2008). Ambas formas de violencia, política y social, están interconectadas y se refuerzan mutuamente (Crettiez, 2009). En otras palabras, se genera lo que Sommier (1999) denomina “porosidad de las fronteras” (como se citó en Crettiez, 2009, p. 33). Este marco interpretativo es clave para analizar la transformación de la violencia social conyugal en violencia política de género en la sociedad contemporánea.

Crettiez (2009, p. 23) ilustra esta idea al señalar: “una violencia doméstica que despertara el interés de los medios de comunicación y llevara a elaborar un proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres podría ser calificada como política”. Este planteamiento sugiere que la violencia doméstica no es solo un asunto privado o individual, sino que también posee dimensiones públicas y colectivas. Al captar la atención de los medios y generar una respuesta legislativa, la violencia doméstica se convierte en un asunto de interés público y político, reflejando relaciones de poder y dinámicas sociales más amplias. Esta reflexión es relevante, ya que Sartori (1999) sostiene que la opinión pública se configura mediante opiniones con relevancia política y ciudadana, es decir, un flujo de información donde las opiniones interactúan “sobre el estado de la cosa pública” (p. 171). En este sentido, cuando la opinión pública logra posicionarse en la agenda de los gobiernos, se convierte en un elemento fundamental para la democracia y la formulación de políticas públicas, como en el caso de políticas orientadas a la violencia.

A pesar del esfuerzo por conceptualizar la violencia en términos dimensionales, sin la necesidad de seccionar los tipos de violencia, surge la interrogante de cómo se pueden analizar los tipos de violencias, como la dirigida hacia las mujeres, sin encasillarse o producir la naturalización de esta, generando “una categoría clasificadora” (Rifiotis y Castelnuovo, 2013, p. 14), cada vez más sustantivada por la recurrente asociación con términos tales como intrafamiliar y género. La propuesta que se plantea es la de ampliar el alcance de los debates desde la pluralización de teorías que permitan incluir una variedad de perspectivas, sin perder de vista las experiencias individuales.

Asumiendo el desafío conceptual de evitar la fragmentación de la violencia en categorías aisladas, el objetivo es reconocer las particularidades de la violencia ejercida contra las mujeres por razón de su género, integrándola como parte inherente de la compleja red de violencias que afectan a nuestra sociedad (Segato, 2023). Entender la sociedad implica, necesariamente, entender las violencias que la atraviesan (Garriga, 2021).

En esta línea, la violencia de género contra las mujeres no debe ser vista como un fenómeno aislado o contemporáneo, ni como una simple suma de experiencias individuales descontextualizadas. Más bien, está intrínsecamente ligada a la época histórica, al contexto situacional, y adquiere significados distintos según el contexto en el que se desarrolle (Expósito, 2011).

Al considerar la violencia contra las mujeres dentro de un marco más amplio de análisis de la violencia, se facilita una comprensión más profunda de su complejidad y de las múltiples formas en que se manifiesta en la sociedad (Varela, 2019). Esta perspectiva también permite identificar cómo la violencia de género contra las mujeres se presenta en manifestaciones interseccionadas que abarcan las esferas íntima, social, estructural, política, moral y simbólica (González y Galletti, 2015).

Comprender la relevancia histórica de la violencia contra las mujeres nos permite identificar cómo esta ha adoptado diversas formas en diferentes contextos histórico-políticos (Federici, 2021; hooks, 2000; Segato, 2016). Autoras como Daly (1978) y Merchant (2023) analizan el fenómeno de la “caza de brujas”, que tuvo lugar principalmente durante los siglos XVI y XVII en Europa y América, coincidiendo con el surgimiento de la Modernidad^[2]. Dicho fenómeno nos ofrece una mirada profunda sobre la plasticidad de la violencia ejercida contra las mujeres y las formas que esta adquiere según el contexto sociopolítico de cada época.

Segato (2023) examina la caza de brujas como una campaña sistemática de persecución y represión contra mujeres acusadas de brujería, fundamentada en las creencias supersticiosas y temores de la época. Este fenómeno representaba no solo una forma de violencia física y simbólica hacia las mujeres, sino que también revelaba cómo las estructuras de poder patriarcales utilizaban la violencia como un mecanismo para controlar socialmente y mantener la dominación masculina. Las mujeres acusadas de brujería eran percibidas como una amenaza al orden establecido, ya que, con su independencia y conocimientos no convencionales, desafiaban las normas de género y el control masculino. Duarte y García-Horta (2016) señalan que estas mujeres, muchas de las cuales eran parteras, curanderas y alquimistas, desempeñaban un papel fundamental en sus comunidades, y su saber las hacía peligrosas para la hegemonía masculina. Las élites eclesiásticas y políticas vieron en la caza de brujas una forma de eliminar su influencia y asegurar la perpetuación de roles tradicionales de género.

Por su parte, Federici (2021) sostiene que la caza de brujas en Europa estuvo ligada al proceso de cercamiento de tierras y desaparición de las relaciones de propiedad comunal, vinculado al surgimiento del capitalismo agrario en el siglo XV. Este proceso impactó especialmente a las mujeres, que al perder el acceso a tierras y recursos comunes se vieron forzadas a depender de un sistema económico dominado por hombres, lo que contribuyó a su invisibilización. Duarte y García-Horta (2016) también enfatizan que estas mujeres poseían conocimientos sobre el control de la reproducción, lo cual representaba un desafío al poder patriarcal. La pobreza y desigualdad resultantes, junto con la resistencia que oponían, llevaron a que muchas fueran señaladas como “brujas”. Su persecución no solo sirvió para controlar sus cuerpos y comportamientos, sino también para suprimir cualquier forma de resistencia ante la opresión económica y social.

El análisis de la caza de brujas, desde la perspectiva feminista, permite resaltar la continuidad de la violencia de género a lo largo de la historia y la necesidad de abordarla desde un enfoque histórico y estructural. Es esencial considerar las complejas interacciones entre patriarcado, capitalismo y colonialismo para entender cómo la violencia hacia las mujeres ha evolucionado y se ha adaptado según las exigencias de poder y control en cada época.

Desde la perspectiva del feminismo decolonial, se han realizado análisis que destacan similitudes entre la caza de brujas europea y el proceso hacia la colonial-modernidad en América Latina. Estas similitudes sugieren una conexión profunda entre ambos fenómenos, revelando patrones de violencia y control que trascienden las fronteras geográficas y temporales. Es crucial desarrollar esta idea de manera más explícita en el análisis, señalando cómo la persecución de mujeres acusadas de brujería en Europa y las prácticas de control social durante la colonización en América Latina compartían fundamentos ideológicos y estructurales, a través de la cual se “elabora una genealogía del pensamiento producido desde los márgenes” (Espinosa-Miñoso, 2014, p. 7). Tal y como afirma Quiroz (2020), la colonialidad:

planteada primero por Aníbal Quijano (1992) y completada por los estudios de otres investigadores, designa un patrón de poder global, instaurado en Abya Yala^[3] a partir de 1492, que categoriza y jerarquiza a los seres humanos en función de criterios de clase, raza, género y sexualidad (p. 145).

Segato (2018) argumenta que la colonización fue un proceso de dominación que implicó la imposición de una cosmovisión monoteísta sobre los pueblos nativos, cuya espiritualidad no se regía por el monoteísmo. En este contexto, la estructura binaria y dualista promovida por la colonización situó al “sujeto universal” como ser hegemónico, relegando y marginando las diferencias, lo que resultó en la subordinación y explotación de las mujeres indígenas, entre otras identidades vulneradas. La colonialidad, a través del capitalismo eurocentrado global, instauró un sistema de género que subordinaba a las mujeres en todos los aspectos de la vida. En este sistema, los hombres colonizados se encontraban dominados frente a los colonizadores blancos, pero simultáneamente adquirieron una posición de poder que les permitió ejercer violencia sobre las mujeres de su grupo social (Lugones, 2008). De este modo, el hombre no blanco, en el contexto de la conquista, se transformó en un colonizador dentro de su hogar, emulando la agresividad viril del vencedor y trasladando la violencia apropiadora hacia sus propias relaciones (Segato, 2016).

Quiroz (2020) analiza la tesis planteada por Lugones (2008), quien declara que la categoría mujer fue impuesta desde la hegemonía instaurada por los conquistadores del continente americano, basándose en el binarismo sexual donde el concepto de “mujer delicada y frágil” se aplicaba a las damas europeas, frente al “salvajismo y firmeza” atribuido a la “hembra” de los pueblos originarios. Federici (2021) complementa esta perspectiva al señalar que la colonización fue, en parte, una respuesta a la resistencia de las mujeres indígenas frente a la opresión económica y social, quienes luchaban por autonomía y poder en una sociedad patriarcal y capitalista en formación.

Segato (2018) desarrolla un análisis en torno a dos perspectivas extremas y una más bien intermedia, en la que la autora se sitúa, en relación con el surgimiento de la categoría de género en la sociedad. Por una parte, declara una primera línea planteada desde autores/as de género eurocentristas, que enfatizan que el género y la violencia de género son similares en todos lados, inclusive más extrema en la periferia. Cosmovisión que, desde la línea argumentativa de Mohanty (1985), “ha generado que las mujeres del tercer mundo sean representadas como objeto y no como sujetos de su propia historia y experiencias particulares” (como se citó en Curiel, 2009, p. 3).

En segundo lugar, y situada en el otro extremo de análisis, se revela una interesante reflexión de Lugones (2008), quien argumenta que la noción de género, tal como la entendemos hoy en día, es una construcción occidental que no puede aplicarse adecuadamente a las sociedades precoloniales, donde incluso, “antes de la conquista, algunos pueblos originarios se desenvolvían en sociedades gino-céntricas. Existía además una gama relativamente amplia de géneros (entre tres y cinco)” (Quiroz, 2020, p. 145).

Finalmente, Segato (2018), situándose en una perspectiva intermedia de análisis, reconoce que en la precolonialidad sí existían formas de entender y vivir el género, pero diferían de las concepciones occidentales binarias/dicotómicas de lo masculino/femenino. La autora argentina sugiere que estas sociedades tenían estructuras de género propias que fueron afectadas y transformadas por el colonialismo. Así,

ese patriarcado era o es, donde todavía existe, y existe en muchos lugares, aunque en recesión, un patriarcado de bajo impacto o baja intensidad. Donde hay comunidad la mujer está más protegida. Lo que pasa en el tránsito a la modernidad es esa captura colonial del hombre no blanco y una caída América Latina (p. 644).

La autora considera que, si bien en la etapa precolonial existían estructuras patriarcales, caracterizadas por una jerarquía entre hombres y mujeres, un mayor prestigio hacia lo masculino; así como una cierta violencia de género; nunca fue tan opresivo como el que se instaló con el proceso de colonización. Segato (2016) también critica la eficacia del liderazgo feminista eurocéntrico para abordar estas realidades y destaca la lucha dual que enfrentan las mujeres indígenas: deben combatir tanto la opresión de género interna de sus comunidades como las presiones externas impuestas por la colonización y las influencias occidentales.

Un elemento histórico relevante de este análisis se relaciona con las nuevas formas de acumulación del capital y la caza de brujas contemporánea. La evolución histórica contemporánea de la violencia dirigida hacia las mujeres ha sido un tema central desde el movimiento feminista y de análisis por parte de diversos/as autores/as, tal como refiere Federici (2021). Aunque la “caza de brujas” no sea una práctica literal, actualmente persisten diversas maneras de opresión y exclusión de las mujeres, como resultado de las desigualdades de género. La violencia simbólica y el control sobre el conocimiento y la autonomía femenina continúan manifestándose, reflejando la misma intención de mantener el orden patriarcal y limitar la libertad de las mujeres (Duarte y García-Horta, 2016).

La historia del género se relaciona con al menos dos elementos, la teoría y la práctica feminista, que es posible identificar desde los años sesenta en Gran Bretaña y Estados Unidos y una década más tarde en Francia (hooks, 2017). Por su parte, Perrot (2008) identifica dos componentes clave que influyen en el surgimiento de la mujer como objeto de estudio: los factores científicos y políticos.

El factor científico se fundamenta en un primer momento en el desarrollo de la historia social del siglo XX, teorías críticas, marxistas y estructuralistas que emergen en respuesta a la cuestión social del capitalismo. Estas líneas de pensamiento permiten comprender la hegemonía que provoca el sistema de acumulación de capital, donde el desarrollo de las ciencias sociales permite avanzar desde el constreñido positivismo político hacia ámbitos de la historiografía económica, societal y cultural (García, 2016). Un segundo momento, que inicia en los años setenta, está motivado por el desarrollo de pensamientos que surgen desde la crisis de paradigmas marxistas y estructuralistas, la incorporación y valoración de los estudios multidisciplinarios y subjetivos y el interés por el estudio de las masas, donde las mujeres surgen como objeto de estudio, como parte de las minorías marginadas (García, 2016; Perrot, 2008).

Por otro lado, respecto de los factores políticos, tenemos, sin duda, el surgimiento de los movimientos feministas, su influencia en el surgimiento de la historia de género, y en el traslado de la violencia de género desde la esfera privada, que desde el marco de análisis de Crettiez (2009) denominaría violencia social; a la esfera pública o violencia política, como diría el autor.

En el movimiento feminista de los años sesenta, las reivindicaciones se centraban en aspectos fundamentales como la educación y los derechos políticos para las mujeres (Barrancos, 2020). Con el tiempo, estas demandas evolucionaron hacia la inclusión de aspectos laborales, reconociendo la importancia de la igualdad de oportunidades y derechos en el ámbito laboral (Carosio, 2016; 2019).

Además, es importante destacar que la concepción homogeneizadora de “mujer” también ha sido objeto de crítica en el feminismo contemporáneo. Autores/as como hooks (2017), Hill y Bilge (2019), Lugones (2008) y Rodó-Zárate (2021) han señalado cómo esta concepción puede excluir las voces y experiencias de otras realidades, al universalizar la experiencia de un grupo particular de mujeres, resaltando la importancia de considerar las múltiples dimensiones de la opresión de género y de dar visibilidad a las experiencias diversas de las mujeres en diferentes contextos sociales y culturales.

Rifiotis (2015) desarrolla la relevancia de analizar y distinguir las diferencias entre tres tipos de discursos que a menudo se confunden o consideran iguales: “el discurso contra la violencia (basado, por lo general, en la indignación), el discurso sobre la violencia (perspectiva de tipo analítico) y, por último, el discurso de la propia violencia (como lenguaje social)” (p. 14). La autora declara que la “violencia intrafamiliar’ y la ‘violencia de género’ deberían analizarse en términos de participación, agencia y adultez de los sujetos” (p. 14).

A pesar de los avances legislativos y en políticas públicas logrados en materia de derechos de las mujeres, la “letalidad del género” sigue siendo un problema grave y persistente. Este concepto, acuñado por Segato (2016), hace referencia a la forma en que la violencia contra las mujeres no solo se ha incrementado cuantitativamente, sino que se ejerce con mayor crueldad que antes. En una línea similar, Valcárcel (2021) señala que, en relación con otros períodos de la historia, “nuestra sociedad (…) es mucho menos violenta (…) en el uso de la violencia en las relaciones individuales; no es así en la capacidad de ejercer violencia en las situaciones bélicas” (p. 256). Y como bien ha explicado Segato (2016), estos escenarios de conflicto no son solo como las guerras tradicionales, ya que, se dan en la informalidad, donde el uso del cuerpo de las mujeres es un instrumento de destrucción; no solamente un daño colateral fruto de la victoria.

En este sentido, la propuesta es desarrollar investigaciones en torno a las violencias dirigidas a las mujeres, desde la teoría feminista interseccional (Wallace, 2009) y decolonial (Espinosa-Miñoso et al., 2014; Lugones, 2008) elaborada en las Américas (Quiroz, 2020, p. 143). Lo anterior permitirá desarrollar análisis conceptuales de violencias situados, desde la deshomogenización de discursos eurocentristas que reconozcan las historias de mujeres diversas.

El presente trabajo ha propuesto un análisis crítico que desvía la atención de la clasificación tradicional de la violencia en categorías funcionales, centrándose en un enfoque hermenéutico que permite explorar sus raíces histórico-culturales con especial énfasis en la violencia contra las mujeres e integrando una mirada desde Latinoamérica. La tesis central sostiene que la violencia de género ha dejado de ser únicamente un problema social para convertirse en una cuestión política, exigiendo nuevas formas de abordaje, más profundas y matizadas.

Pese a esfuerzos institucionales de los últimos cuarenta años, para transversalizar el género a nivel nacional e internacional mediante convenciones internacionales, cambios legislativos y políticas públicas, las cifras de feminicidios -la forma más extrema de violencia contra las mujeres- apenas han variado en Latinoamérica. Persistiendo la violencia, a pesar de la creciente participación de mujeres en espacios tradicionalmente restringidos como el trabajo remunerado, la toma de decisiones y el liderazgo político-social, evidencia que los cambios formales no son suficientes para combatir este fenómeno. Es necesario reconocer, como argumentan Crettiez (2009) y Martínez (2016), que la violencia no solo debe ser abordada en sus manifestaciones visibles, sino también en sus formas más invisibles y sutiles, como las violencias simbólicas y morales que permanecen ancladas en las estructuras sociales y que reproducen relaciones de poder. Estas formas sutiles de violencia son difíciles de erradicar porque operan desde la normalización y aceptación por parte de dominadores como dominados (Bourdieu, 2012). La propuesta analítica planteada es que, para lograr una incidencia real en la reducción de la violencia contra la mujer, se requiere una desmitificación del habitus y una transformación profunda de normas y valores que sustentan dichas estructuras. Partiendo por interrumpir la transmisión de las prácticas patriarcales que se reproducen en las fratrías de aprendizaje de la masculinidad violenta que persisten hoy y se reinventan con el transcurrir de la historia (Valcárcel, 2021).

Para Foucault (2006), el poder y el conocimiento están intrínsecamente relacionados, y el poder produce discursos que legitiman la violencia. En este sentido, no se manifestaría solo en actos físicos o explícitos, sino también en las estructuras de poder que regulan el comportamiento social y reproducen desigualdades. De esta manera, la violencia estructural y la violencia cultural, como las define Galtung (2016), se entrelazan con la violencia directa, formando un entramado complejo que requiere de enfoques de intervención más integrales y comprehensivos. Esta mirada invita a cuestionar las concepciones dominantes occidentales y a reconocer la multiplicidad de formas en las que la violencia se manifiesta en nuestras sociedades.

Es relevante destacar, siguiendo a Segato (2018), que el patriarcado colonial instauró un sistema de género que subordinaba a las mujeres en todos los aspectos de la vida, mientras que a los hombres colonizados les otorgaba una posición de poder dentro de sus comunidades. Esta dualidad de opresión ha generado formas de violencia complejas y arraigadas en el tejido social, que todavía hoy se manifiestan a través de la violencia contra las mujeres y las múltiples discriminaciones de género. Al analizar esta realidad desde una perspectiva interseccional, es posible visibilizar cómo los sistemas de poder patriarcales, raciales y de clase se entrelazan y configuran la experiencia de la violencia de manera diferenciada (Hill y Bilge, 2019).

En este contexto, resulta pertinente una aproximación teórica que conecte el análisis de las violencias en general con la violencia contra las mujeres en particular. Para esto, es esencial repensar el tratamiento metodológico de esta categoría conceptual, considerando que la manera en que accedemos a la realidad social es precisamente mediante la operativización de categorías conceptuales -ya sea en términos de variables cuantitativas o dimensiones cualitativas interpretativas-, esto permitirá comprender la violencia en sus diferentes manifestaciones desde un enfoque integral, facilitando su visibilización y tratamiento en el ámbito de las políticas públicas e integrando una mirada más poliédrica y no necesariamente impuesta por modelos occidentales.

Para avanzar hacia una conceptualización teórica más pertinente y adaptada a las condiciones sociopolíticas y económicas actuales, es necesario desarrollar políticas públicas que aborden de manera efectiva las violencias contra las mujeres, tanto sus manifestaciones visibles como aquellas más sutiles e imbricadas en las estructuras sociales. A partir de una mirada bourdiana que hace converger lo estructural y lo subjetivo, se sugiere que la intervención no puede limitarse a medidas reactivas ni a respuestas normativas institucionales, sino que debe incluir una transformación de las subjetividades y las percepciones sociales que sustentan y normalizan la violencia. Esto implica una apuesta política y educativa profunda, orientada a modificar comportamientos individuales, así como transformar las estructuras de conocimiento, poder y cultura que perpetúan la desigualdad.

Finalmente, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno estático ni unidimensional, más bien es un fenómeno complejo, flexible y dialéctico, que atraviesa diversas dimensiones de la vida social y que se adapta a los contextos y las resistencias que enfrenta. La perspectiva interseccional y decolonial, junto con el análisis de las violencias simbólicas y estructurales, permite una comprensión más rica y completa de este fenómeno. Este análisis destaca la necesidad de estrategias integrales y políticas públicas que aborden las raíces profundas de la violencia, haciendo hincapié en la necesidad de transformar las estructuras de poder, los discursos y los imaginarios sociales que perpetúan la dominación y el control.

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páginas / año 18 – n° 47/ ISSN 1851-992X /2026

[1] El presente artículo corresponde a un trabajo preliminar y parcial de la autora principal, conducente a la producción de su tesis doctoral.

[2] Si bien se ha generado un debate en torno a la época de surgimiento de la caza de brujas en América, se asume que es en el periodo donde se promueve el surgimiento de la Modernidad cuando se desarrolla este acto de violencia dirigido contra las mujeres.

[3] Nombre que le otorgan los pueblos originarios a América Latina.