Moroni, M. & Yangilevich, M. (Dirs). (2024). Culturas legales e instituciones de control social en América Latina. Siglos XIX-XX. Teseo: Buenos Aires, 500 páginas.

Los estudios históricos de ese arco vasto de temas y perspectivas sobre el delito y el castigo, sus representaciones e imaginarios y sus prácticas sociales asociadas a la ilegalidad, incluyendo las policías, las prisiones y la justicia se encuentra en un proceso de maduración, en las últimas décadas.^[1]

En este sentido, el libro editado por Marisa Moroni y Melina Yangilevich, y publicado por Teseo en 2024, surge en este clima de consolidación del campo; producido en el marco de un Workshop internacional “Justicia, policía y cárcel en América Latina (1850-1950)” que reunió a historiadores de diversos centros académicos, con el propósito de poner en dialogo diferentes trabajos vinculados al estudio de las configuraciones y circulación de saberes y prácticas que atravesaron los paradigmas punitivos y las agencias de control social en distintos países. Con un acentuado rigor metodológico, sin ninguna ambición universalizadora y omnicomprensiva, Moroni y Yangilevich nos presentan un conjunto de trabajos que abordan distintos aspectos de los ordenamientos jurídicos, los procesos de institucionalización de los espacios de encierro y las policías, las transgresiones y los delitos, a lo largo de disímiles momentos de la historia latinoamericana.

Los dispositivos eruditos empleados por las y los autores de este libro enfatizan la transversalidad de problemáticas y las miradas comparativas sobre los desafíos de construcción estatal en América Latina a fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Un gesto historiográfico que permite reconocer “las formas de materialidad estatal y la conexión con la dimensión política, cultural, social” (p. 17).

Una característica común a las culturas legales y las instituciones de control social analizados en esta obra: en todos los casos, se abre el campo para el debate en torno de la articulación entre archivos, actores, escenarios y prácticas. Ladrones, guardia cárceles, crímenes, conflictos rurales, peligros, hurtos, se dan cita en este texto. Las diferentes dimensiones analíticas, escalas temporales y espaciales atraviesan este libro, que se estructura en catorce capítulos, distribuidos en cuatro grandes ejes, organizados temáticamente.

Bajo el título “La justicia en acción”, se inicia esta sección con el capítulo de Víctor Bragier sobre los usos y significados que los actores le otorgaron a la figura legal del poseedor precario en Chile, en la primera mitad del siglo XIX. Allí, se reconstruye con detalle la cultura jurídica de la época. A partir de sus contrastes entre definiciones normativas y las prácticas de quienes se encontraban en pleito, el autor precisa las representaciones, las ansiedades y la multiplicidad de acciones de aquellos que habitaban y trabajaban la tierra. La categoría de poseedor precario empleada en una disputa sugiere cómo los actores, las circunstancias y significados otorgados, variaron en la arena judicial. En el segundo capítulo, Hernán Bacha recupera el devenir de la administración de la justicia letrada entre 1884 y 1934 en el Territorio Nacional de La Pampa. En pleno proceso de expansión estatal, el artículo complejiza las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder judicial caracterizándolas de simbióticas. El autor sostiene que en ese mapa de poder delineado en el binomio ejecutivo-justicia, el aumento y descentralización de justicia letrada nacional implicó una mayor capacidad de negociación a la vez que mayor presencia en el territorio, a través de los jueces como agentes de poder público. Para ese mismo escenario territoriano, un corpus de expedientes judiciales por infracción a la ley 7029 (denominada de defensa social), permite a Marisa Moroni indagar sobre los mecanismos de implementación de políticas estatales para disciplinar a los sectores populares en el marco de los conflictos obreros entre 1919 y 1921. Editoriales, alegatos, extractos de fallos, cartas de los trabajadores publicadas en la prensa obrera, anidan en el texto con el propósito de abordar la cultura legal de los protagonistas y reconocer sus sentidos y concepciones de derecho y justicia. Como trasfondo, la autora identifica en los diversos discursos un reclamo añejo sobre la modificación de estatus institucional y jurídico de La Pampa.

El siguiente apartado, “La organización policial y vigilancia estatal”, abre con el capítulo de Nicolás Duffau en el que se conjugan la cartografía y las prácticas policiales. A partir del proceso de elaboración del primer plano moderno con el que contó la policía de Montevideo en 1843, para uso de los agentes en la calle, el autor evidencia las pretensiones de normar y organizar el espacio público, así como de conocer los límites geográficos de la ciudad. En un período de guerra y sitio donde las jurisdicciones no eran precisas, los mapas y una serie de edictos policiales que controlaran la circulación, el crecimiento edilicio y demográfico, cumplieron un rol central en el ordenamiento. Inserto en una discusión historiográfica más amplia sobre las tareas de vigilancia política de la policía y los dispositivos de represión y violencia estatal, el estudio de Pedro Berardi avanza sobre un periodo y un espacio relativamente transitado. Delineado en dos momentos, entre la gobernación conservadora de los años 1914 a 1916 -durante la jefatura de Doyhenard- y los años posteriores al golpe militar de 1930, el autor describe los procesos de burocratización y especialización del seguimiento policial hacia las disidencias, que funcionarán como cimento de las prácticas de inteligencia en años ulteriores, en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el artículo de Daniel Palma Alvarado pone el foco en la profesionalización del trabajador policial y las reformas socio-laborales en Chile durante la década de 1920. Desde ese mirador, revisa el entorno material en el que se desempeñaron los guardianes de las policías fiscales (cuerpos de policías urbanos en las principales ciudades, distintos de los carabineros abocados a la ruralidad) y el despliegue de un conjunto de reivindicaciones que se constituyó en un pilar de la cultura policial y decantó en una abierta deliberación política de estos cuerpos empujándolos a apoyar el golpe militar de 1924.

El tercer bloque temático “Culturas jurídicas y delitos” rastrea componentes legales, debates expertos y representaciones sociales sobre el delito de infanticidio, el hurto con abuso de confianza, el homicidio y la trayectoria de un célebre ladrón. Los capítulos de Sol Calandria y Gisela Sedeillan ofrecen una perspectiva complementaria sobre un mismo espacio y marco temporal: Buenos Aires de fines de 1900 y 1921. La sanción y reforma del Código Penal en el espacio bonaerense supuso una nueva realidad jurídica en la práctica y múltiples valoraciones sobre las mujeres acusadas por infanticidio y la derogación del inciso que tipificaba el hurto por abuso de confianza como delito calificado. Un contexto atravesado por crecientes demandas y preocupaciones en torno a la política criminal en la provincia. Jorge Trujillo Breton examina y reconstruye la biografía delictiva del “Raffles mexicano”, el sobrenombre de un elegante y solitario ladrón. Desde una dimensión social y cultural, el autor analiza el papel de las agencias de control social, la prensa y el cine en la apreciación de esas prácticas y de quienes realizaban esos hechos delictivos durante la posrevolución en Guadalajara. Maira Vendrame, que cierra esta sección, se enfoca en las masculinidades, la violencia y el ejercicio de la justicia local, para desentrañar la comisión de un homicidio a un hombre negro por parte de migrantes italianos, en Rio Grande Du Sul a principios del siglo XX. Allí, la autora muestra las distintas lógicas y usos judiciales que los grupos realizaron en estas instancias desde un enfoque microhistórico.

El cuarto bloque denominado “La materialidad del castigo estatal” entrelaza tres análisis sobre la prisión en Argentina y, uno pondera los espacios de encierro en Uruguay. Los estudios de Gustavo Belzunces y Melina Yangilevich se orientan en dos dimensiones de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Ahondan tanto en los perfiles socio-ocupaciones de los guardiacárceles de Mercedes como en la vida cotidiana y la cultura material de las cárceles, respectivamente. Sus contribuciones reconstruyen el funcionamiento interno de la existencia intramuros; donde un interrogante recorre los trabajos: de qué manera ciertas preocupaciones abocadas al castigo influyeron en el proceso de consolidación estatal en esa coyuntura histórica específica. Jeremías Silva toma otro espacio de reclusión, el presidio de Ushuaia, para rastrear la sociabilidad, solidaridad y resistencias entre los penados, a principios del siglo veinte. Memorias, informes, notas periodísticas, relatos, dan soporte a un texto que profundiza en la experiencia del confinamiento, en la forma de habitarlo; con el recaudo de la distancia entre la trama aspiracional de los funcionarios reformistas y la propia realidad del castigo. El último capítulo de Daniel Fessler concentra su atención en las vicisitudes edilicias, de recursos humanos y el régimen disciplinario de la Colonia Educacional de Varones, en el transcurso de 1910 y 1926 en Montevideo. Pronto, el discurso de la prensa y los debates parlamentarios cuestionaron el entusiasmo regenerador propinado a este reformatorio de menores, el primero de este tipo en funcionar en el país.

El libro, entonces, no ofrece una mirada unívoca sobre los procesos de configuración de las culturas legales y los aparatos de control social; despliega nuevos interrogantes, nuevas problemáticas y perspectivas a partir de los casos analizados. La mayoría de los capítulos dialoga entre lo particular y lo general, entre la especificidad del propio tema estudiado y modelos interpretativos más amplios producto de la investigación. Una virtud es la interacción entre los diferentes artículos entre sí y la coherencia colectiva de la obra. Tanto las editoras como las y los autores centraron su propuesta en visibilizar trayectorias, discusiones comunes, registrar demandas y respuestas, identificar continuidades y rupturas de los procesos de estatalidad en Argentina, Brasil, México y Uruguay; abonando al desarrollo de una agenda de investigación que profundiza el proceso de renovación de nuestro conocimiento sobre la temática. Una obra que nace del interés por contribuir a esa conversación.

páginas / año 18– n° 48 / ISSN 1851-992X / 2026

[1] Caimari, L. (2016). Los historiadores y la cuestión criminal en América Latina. Notas para un estado de la cuestión. Revista Historia de las Prisiones (2): 5-15.