Acusaciones de corrupción, petitorios y manifestaciones públicas. Rosario, 1889-1890^[1]

Allegations of corruption, petitions and public demonstrations. Rosario, 1889–1890

En el presente artículo analizamos, bajo los lineamientos historiográficos de la Nueva Historia de la Corrupción Política, las denuncias y acusaciones de corrupción que se sucedieron en Rosario durante el período 1889/1890. Para llevar adelante la pesquisa nos focalizamos en tres episodios ocurridos en esa ciudad durante dicho lapso temporal: la presentación por parte de un empresario de un proyecto para la instalación de mataderos y mercados al Concejo Deliberante (CD), las denuncias de corrupción que pesaron sobre un agente policial y la celebración de petitorios y meetings contra las autoridades locales. En este sentido, exploramos el contenido de las denuncias, los discursos en torno a la corrupción y las reacciones públicas frente a las acusaciones que resultan indicativas de los niveles de tolerancia social.

In this article, we analyse, within the historiographical framework of the New History of Political Corruption, the allegations and accusations of corruption that emerged in Rosario during the period 1889–1890. To carry out this research, we will focus on three episodes that took place in that city during that period: a business owner’s presentation of a proposal to the Deliberative Council (CD) for the establishment of slaughterhouses and markets, allegations of corruption levelled against a police officer, and the organisation of petitions and rallies against the local authorities. In this regard, we examine the substance of the allegations, the discourse surrounding corruption, and public reactions to the accusations, all of which are indicative of levels of social tolerance.

“…La población de Rosario atraviesa por una época de contrariedades y de tensiones abrumadoras… los males que el vecindario experimenta, se deben en su mayor parte, á los caprichos ó a la ineptitud de una corporación municipal, que hoy rige sus destinos con la mayor indiferencia…”^[2]

En el fragmento publicado por el diario La Capital (LC) de Rosario en junio de 1889 el periodismo tomaba como propias la concepción de un conjunto más amplio de personas que sostenían que las dificultades a las que se enfrentaba la ciudad eran responsabilidad de la dirigencia local. Sin embargo, las críticas no se circunscribían al elenco político, sino que estaban direccionadas a funcionarios, empleados y empresarios ligados a la gestión estatal. Tal como ocurrió con la clase gobernante nacional, el malestar social estaba ligado, en parte, a un conjunto de denuncias sobre la mala administración que, en varias oportunidades, conllevaron acusaciones de corrupción (Alonso, 2000; Bonaudo, 2020; Gayol, 2008; Giordano, 2003; Lotersztain, 2010; Rojkind, 2012, 2016; Ruderer, 2014).

Desde hace unos años la historiografía europea, en mayor medida, y latinoamericana, con menor intensidad, han realizado interesantes aportes respecto al problema de la corrupción política (Engels, 2019; Monier, Dard y Engels, 2014; De Riquer, Pérez, Rubí, Toledano y Luján, 2018; Peña y Bonaudo, 2019; Peña y Feria Lorenzo, 2020; Rosenmüller y Ruderer, 2016).

En Argentina, para el período que abarca, en palabras de Natalio Botana (2005 [1977]), el orden conservador, es decir, las gestiones autonomistas de 1880-1916, los estudios ligados a la Nueva Historia de la Corrupción^[3] han experimentado un cierto dinamismo (Bonaudo, 2020; Rojkind, 2012, 2016; Romero, 2019; Ruderer, 2014, 2016, 2020). Las pesquisas han colocado el foco en el proceso que se inició con la crisis de 1890 y que derivó en distintas expresiones políticas contrarias al presidente Miguel Juárez Celman (1886-1890) acusado de corrupción (Rojkind, 2012, 2016)^[4]. Asimismo, en los trabajos se observan distintas reflexiones, a través del análisis de la realidad nacional y santafesina, respecto a si la coyuntura que se abrió en los años 90 fue un punto de inflexión en la variación de los niveles de tolerancia sobre el hecho corrupto (Bonaudo, 2020). En otras indagaciones, desde una perspectiva a largo plazo y un enfoque comparado, se examinó la importancia de las denuncias de corrupción —política y administrativa— en los levantamientos armados en Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX (Ruderer, 2016, 2020). También, las investigaciones han sido prolíficas en explorar las potencialidades analíticas de los escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios de la esfera nacional y a los miembros de las entidades bancarias provinciales (Romero, 2019; Garcilazo, 2019, 2021, 2023).

Sin embargo, y pese a esos significativos avances, es muy poco lo que sabemos de las denuncias de corrupción que envolvieron a los gobiernos locales en Argentina en el contexto de la crisis de 1890. La importancia de detenernos en este punto se vuelve relevante, no solo por la vacancia sobre el tema, sino porque existe una estrecha correlación entre corrupción y poder local. Esto se debe, en parte, a la debilidad de las estructuras administrativas y a que las redes políticas del poder resultan más permeables a las tramas corruptas (Jiménez Sánchez, 2010:6).^[5]

En el presente artículo, bajo los lineamientos historiográficos bosquejados y con la intención de contribuir a este vacío, analizamos las denuncias y acusaciones de corrupción que se sucedieron en Rosario durante el período 1889/1890. Durante ese tiempo la ciudad experimentó una serie de problemáticas algunas de las cuales estuvieron en diálogo con las turbulencias socioeconómicas y políticas nacionales y provinciales^[6] (Bonaudo, 2005; Carrizo, 2019; De Marco, 2001; Gallo, 2007 [1977]; Megías, 2010, 2011; Prieto, 2005; Reyes, 2022).

Para llevar adelante la pesquisa nos focalizamos en tres episodios ocurridos en ese lapso temporal: la presentación por parte de un empresario de un proyecto para la instalación de mataderos y mercados al CD, las denuncias de corrupción que pesaron sobre un agente policial y la celebración de petitorios y meetings contra las autoridades locales^[7]. En este sentido, exploramos el contenido de las denuncias, los discursos en torno a la corrupción y las reacciones públicas frente a las acusaciones que resultan indicativas de los niveles de tolerancia social^[8].

Aunque no todos los casos seleccionados presentan el mismo potencial para abordar cada uno de los ejes su inclusión resulta pertinente para aproximarnos de una manera fragmentaria, pero más compleja, a distintas aristas del problema de la corrupción. Tal como han destacado los historiadores Anaclet Pons y Justo Serna (2005), retomando las ideas de Clifford Geertz, estudiar estas problemáticas en un espacio local como la ciudad de Rosario, reduciendo la lente e intentando adoptar una mirada más densa, nos permitirá explorar la compleja y dinámica relación entre corrupción, acusaciones y gobierno municipal en el ámbito santafesino durante el período indicado.

Finalmente, cabe señalar que la investigación se sustenta en el análisis del material hemerográfico disponible como los diarios de mayor tirada en la ciudad —LC y El Municipio (EM) — y periódicos de humor político —Caramelo (CA) —. Asimismo, incorporamos documentación oficial, tal es el caso de los expedientes terminados del CD de Rosario.

Hacia fines del siglo XIX Rosario, al igual que otras ciudades del país, tuvo un rol central en el esquema económico que ubicó a la Argentina como proveedora de materias primas en el mercado internacional. La urbe experimentó una serie de cambios como consecuencia de la extensión de la infraestructura ferroviaria, del dinamismo de su puerto, del incesante intercambio con el espacio agrícola circundante y de la llegada de inmigrantes que ampliaron su base demográfica. Esos factores hicieron que, a principios del 1900, Rosario se erigiera como la segunda ciudad de la república (Roldán, 2010: 114).

Aunque en 1852 cambió el rango de villa a ciudad, la municipalidad de Rosario fue reglamentada en 1858 e instalada dos años después (Megías, 2010: 25; Roldán, 2010: 117). En 1872, en la constitución provincial se estipuló la sanción de una ley orgánica en la que se precisaron las atribuciones de las municipalidades. Estos ámbitos fueron autónomos para las funciones administrativas y se erigieron como jueces de sus propias elecciones. En materia financiera estuvieron facultados para cobrar impuestos y rentas, aunque estaban limitados para contraer empréstitos debiendo solicitar autorización al estado provincial (Roldán, 2010: 118).

La composición interna de la municipalidad presentó mutaciones. En 1873 el gobierno local quedó conformado por los CD^[9] —responsable del dictado y la sanción de ordenanzas— y ejecutor —custodio del cumplimiento de las disposiciones del órgano deliberativo— (Roldán, 2010: 119). Diez años después, las municipalidades conservaron sus CD, pero modificaron sus concejos ejecutores. Desde 1883 se instauró un departamento ejecutivo al mando del intendente (Roldán, 2010: 127).

Los concejales e intendentes eran elegidos de manera directa por los vecinos. En la normativa, aunque existieron variaciones, quedó establecido que podían ejercer el voto los varones mayores inscriptos en el registro municipal —nacionales y extranjeros— y contribuyentes de la administración local (Roldán, 2010: 118). En Santa Fe emergieron tempranamente dos tipos de ciudadanos, el político —que respondió a los atributos generales y ejerció sus derechos en la esfera provincial y nacional— y el territorial —definido por su condición de tributario y cuyas funciones electorales se desarrollaron en el municipio— (Bonaudo, 2017: 27). Estas diferencias de ciudadanía respondieron a la concepción respecto a que las municipalidades eran espacios administrativos y apolíticos (Ternavasio, 1991).

La ciudad, durante las décadas de 1880 y 1890, atravesó momentos álgidos desde el punto de vista político y social. Ello se debió a las constantes fricciones entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales (Megías, 2010: 28) que daban cuenta de los límites y condicionamientos de los poderes locales^[10]. También se sucedieron otros conflictos políticos por el posicionamiento de Rosario en la estructura institucional de Santa Fe y el enfrentamiento entre las aspiraciones de los hombres del sur que tropezaron con los intereses de la dirigencia de la ciudad capital de la provincia (Roldán, 2010: 115).

Muchos de los desacuerdos sociales confluyeron en expresiones públicas —concentraciones, procesiones y petitorios— protagonizadas por distintos espacios partidarios, ámbitos corporativos o grupos de vecinos (Megías, 2010: 28). Asimismo, la ciudad fue escenario de celebraciones como el 1 de mayo u otras expresiones de apoyo a sucesos políticos nacionales —como la renuncia del presidente Juárez Celman— que pusieron en evidencia, aún más, los altos niveles de movilización de su población (Álvarez, 1998 [1943]: 396; Megías, 2011: 11).

En las páginas de LC y EM^[11] de 1889 observamos, de manera constante, una serie de críticas contra los miembros de la municipalidad^[12]. Sin duda, uno de los puntos más sensibles refirió a la cuestión impositiva. El periodismo denunció, de manera asidua, que la corporación no solo había aumentado el valor de algunos impuestos, sino que había creado otros^[13]. Por otra parte, se apuntó a la ineptitud gubernamental respecto a la higiene de la ciudad. En relación a este asunto, se señaló la falta de vigilancia en los conventillos, la ausencia de desinfecciones, el abandono de medidas para el aseo de los alimentos y la negligencia en las obras de infraestructura^[14]. Además, se sumaron otras acusaciones respecto a lo que algunos diarios denominaron la “desorganización” de los servicios públicos^[15].

En un artículo publicado por EM se reconoció que este cuadro de situación se debía a que la corrupción administrativa venía de lo alto y descendía “por las ramas del gobierno hasta contaminar á los empleados, al servicio de las administraciones…”^[16]. Según el matutino esas prácticas estaban extendidas en “todas las ramas del gobierno”^[17].

Por su parte, LC coincidió con la apreciación, pero describió con mayor precisión el proceder de los trabajadores estatales: “… La corrupción de los empleados está traducida en unos, por espoliaciones repugnantes en otros por desobediencia, en otros por insubordinación…”^[18]

Esas actitudes, según la prensa, también se identificaban en otras conductas de la dirigencia. Aquí no solo se subrayaba la indiferencia de la gestión local ante las reiteradas quejas de los rosarinos frente a los problemas de la ciudad, sino que se hacía mención al vínculo distante entre quienes formaban parte del espacio público y el resto de la sociedad. Al respecto LC aseveró:

“… todos saben lo que pasa en la ciudad, menos la administración comunal… lo que no es de extrañarse desde que el… intendente no recorre... otro trayecto que el de su casa á la Intendencia y de ésta á su casa… los empleados de los cuales están los diversos servicios públicos, siguen… esta costumbre…”^[19]

A inicios de 1889 uno de los conflictos que cobró mayor notoriedad fue la presentación por parte de un empresario ligado a la gestión del gobernador José Gálvez, Juan Canals, de un proyecto para la construcción de tabladas, mataderos y mercados de abasto al CD. En líneas generales, la propuesta se orientaba a mejorar y modernizar las condiciones en las que se brindaba la provisión de carne a la población local^[20].

Pero, inmediatamente las críticas se hicieron notorias. Por un lado, la propuesta fue considerada ilegal por transgredir algunas de las normativas vigentes. En este sentido, se señaló que la extensión de tiempo de la concesión –40 años– no podía ser otorgada por el CD al empresario sin la autorización de los parlamentos –nacional y provincial–. Los detractores también resaltaron la imposibilidad que, por normativa, tenía la municipalidad para enajenar sus rentas por más de un año^[21]. Cabe recordar que la propuesta contempló el cobro por parte del particular de los impuestos municipales vinculados a mataderos y mercados por un extenso período de tiempo^[22].

Por otro lado, el proyecto fue cuestionado por anteponer el interés empresarial por sobre el de la comunidad. Los vecinos de Rosario, de concretarse la propuesta, resultarían afectados no solo por los montos onerosos de las tarifas impositivas, sino porque ello generaría el aumento del costo de un producto básico como la carne^[23].

La prensa local fue, retomando las palabras de Hilda Sabato (2021: 171), un actor político clave en todo este tema, aunque su comportamiento no fue homogéneo.

Una de las posturas más críticas estuvo representada por EM. En abril de 1889 el diario dedicó amplios editoriales en los que vinculó la propuesta de Canals con el contexto político —provincial y local—. El matutino sostuvo que el proyecto se enmarcaba “en estos tiempos de corrupción administrativa, bajo el poco edificante gobierno de… Gálvez”.^[24] Asimismo, EM hizo referencia a la órbita municipal y argumentó que la propuesta solo podía “tolerarse en el seno de aquellas corporaciones corrompidas, donde los votos se compran, donde las concesiones se venden y donde el cargo de municipal es sinónimo de ladrón…”^[25]

Según esas apreciaciones la corrupción se vinculaba a la inmoralidad de quienes ejercían el poder en el espacio municipal. Respecto a este tema el diario afirmó: “…las personas sindicadas en esos manejos… están sembrando á manos llenas la inmoralidad… el juego, el lujo y el sensualismo… desenfrenado domina… las esferas gubernamentales…”^[26].

Posteriormente, EM añadió que el problema estaba enquistado en el ámbito local y que involucraba a actores públicos y privados:

“… Bajo esta atmósfera corruptora no es posible un gobierno probo y el mal ejemplo del gobernante se estiende (sic)… á todos los ramos de la administración…esta es la escuela que hace del gobierno un prisionero de guerra, cuando cae envuelto en las redes… de empresarios audaces…”^[27]

Entre los términos vinculados a la corrupción resuenan fuertemente expresiones como corporaciones corrompidas, inmoralidad y atmósfera corruptora. La primera puede interpretarse, según las reflexiones de María Gemma Rubí y Ferran Toledano (2019: 136), con las acepciones que revistió para la época el vocablo corruptela, asociado al verbo corromper. Este último era comprendido como la obtención de algún tipo de beneficio por parte de políticos y funcionarios. En este sentido, las acusaciones periodísticas apuntaban contra los miembros del CD dando a entender que, a cambio de la aprobación del proyecto, ellos recibirían del empresario un incentivo económico. Por otra parte, esa idea se complementaba con una valoración moral de las personalidades políticas indicadas. Aquí, al igual que lo señalado por los opositores al autonomismo a escala nacional, esas conductas inmorales parecían derivarse del espíritu de lucro característico de la época (Alonso, 2000: 152). Asimismo, la expresión atmósfera corruptora ponía en evidencia que el mal de la corrupción no solo era percibido en las esferas nacional y provincial, sino que tenía un fuerte anclaje en el ámbito local en las dependencias de la administración pública.

Paralelamente, EM utilizó un discurso periodístico particular que contribuyó a exaltar los rasgos más controvertidos del asunto. Una de las estrategias del matutino fue, tal como ha afirmado Inés Rojkind (2021:8) para la prensa de la ciudad de Buenos Aires, el modo en que seleccionó y ordenó la información. El tema de los mataderos irrumpió en la primera plana del diario bajo la denominación: ¡Un tiburón se traga el municipio! En esa sección se reportó, durante varios días, todo lo vinculado a la propuesta de Canals. Desde sus columnas EM se jactó de abrir un proceso “contra los empresarios tiburones que acecha [ban] la renta municipal para tragárselas hoy y tener derecho de continuar tragándosela durante… años…”^[28]. Estas apreciaciones ponen en evidencia la importancia que la prensa otorgó a los empresarios en las denuncias. Cabe recordar que, en ese tiempo, Canals fue fuertemente cuestionado por el incumplimiento en los contratos celebrados con la municipalidad para la pavimentación de calles en Rosario.

En ese escenario el matutino se erigió como garante de la defensa de los intereses del municipio, una de cuyas banderas había levantado desde su creación,^[29] frente a los empresarios que atentaban contra el bien común. Esta postura se explica por el carácter denunciante que tomó EM y su necesidad de actuar en nombre de un colectivo y no en términos particulares (Boltanski, 1990: 249).

Asimismo, el diario desarrolló una intensa campaña de difusión para la suscripción de un petitorio que sería entregado al CD en el que se exigía el rechazo de la propuesta^[30]. EM autocalificó sus acciones como parte de una “propaganda honrada de la prensa incorruptible”.^[31] La utilización de este último término nos permite pensar, tal como han subrayado María Peña y Diego Feria Lorenzo (2020: VIII), que, en consonancia con lo acontecido en el siglo XIX europeo, la corrupción era percibida como un mal enquistado siempre en el adversario político y nunca cercano a la órbita propia. Además, la expresión sirvió para enfatizar una de las características que la prensa identificó sobre sí misma, es decir, ubicarse del lado de los que nunca, por ningún motivo o circunstancia, estarían envueltos en las acciones indignas que denunciaban (Rubí y Toledano, 2019: 145).

Posteriormente, el petitorio fue presentado a las autoridades quienes, por distintas circunstancias, decidieron no aceptar ni la propuesta del empresario, ni ninguno de los otros proyectos bosquejados^[32].

El escrito fue firmado por un nutrido número de electores, contribuyentes, capitalistas, comerciantes e industriales^[33]. Tal como se observa en otras experiencias desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XIX (Sabato, 2004 [1998]: 283) en el documento se enfatizó en la cantidad de personas involucradas en la solicitud. Los peticionantes reconocieron que sus demandas estaban sustentadas en el conocimiento que sobre el tema tenían proveniente del ámbito periodístico.^[34] El escrito, al igual que el resto de las peticiones presentadas en el municipio, se fundamentó en el uso de ese derecho del que eran tributarios todos los habitantes según las constituciones –nacional y provincial– y la ley orgánica municipal^[35]. Por otro lado, los peticionantes expresaron haber acudido al CD por ser el órgano encargado de velar por los intereses locales^[36].

Este último punto resulta interesante porque nos brinda algunos indicios sobre los umbrales de tolerancia sobre el hecho corrupto. Si bien, tal como hemos indicado, la prensa enmarcó la propuesta en las lógicas empresariales y políticas de la época —de la cual el municipio era parte—, el vecindario, de igual modo, interpeló al CD. Los peticionantes en la solicitud afirmaron que su reclamo no se sustentaba en la desconfianza de las deliberaciones del cuerpo al que acudían. Aunque, principalmente, sus acciones se basaron en el ejercicio de un derecho y en la convicción de que la institución debía “apoyar moralmente”^[37] los intereses comunales. Finalmente, los vecinos concluyeron que, en el caso de que no se diera lugar a lo solicitado, harían valer otros derechos en pos de reparar los perjuicios –colectivos e individuales– que la propuesta podía generarles en el caso de su aplicación.

En relación a lo antes dicho podemos bosquejar algunas reflexiones. La primera que las acusaciones de corrupción fueron denunciadas por la prensa opositora al oficialismo y, paralelamente, conllevaron la elaboración de petitorios. No debemos olvidar que esta fue una práctica ejercida de manera asidua por los vecinos de Rosario. La segunda refiere a cómo los peticionantes concibieron a la autoridad municipal. En las solicitudes, en contraposición a los discursos que circularon en la prensa, pervivió una visión menos crítica hacia la clase dirigente. Probablemente, este rasgo responda a las características que revistieron las peticiones. Asimismo, los vecinos, pese a las acusaciones públicas, reconocieron a la corporación municipal como el espacio para reclamar por sus intereses.

El periódico local CA^[38], adepto al oficialismo provincial, también le dedicó atención al tema. Su estrategia fue contraponerse a EM a quien calificó de ser “un pasquín del barrio de las injurias”^[39]. Ese atributo se debió a la función desempeñada por el matutino en la difusión de las noticias sobre la propuesta de mataderos y mercados. Paralelamente, CA criticó el petitorio presentado por el vecindario. Según su opinión los firmantes carecían de la potestad de ejercer ese derecho por no estar inscriptos en el último registro municipal^[40]. CA, en oposición a la campaña de EM, llamó a una contra protesta en favor del proyecto de Canals para reclutar a los vecinos que cumplían debidamente con sus responsabilidades^[41].

Por su parte, LC se refirió a la cuestión, pero sin aludir a expresiones vinculadas al problema de la corrupción. Aunque, el diario sostuvo que el asunto era controversial, más bien atribuyó ese rasgo a los sentimientos de adhesión y oposición que despertaba^[42]. LC, en relación al rol de la prensa, tuvo una posición más prescindente. Si bien se pronunció en contra de cualquier monopolio económico, se desligó de las posturas más críticas del periodismo al sostener que el tema debía estar sujeto al imperio de la razón^[43].

Otra de las denuncias refirió al caso de un subcomisario de policía acusado de haber cobrado una suma de dinero a los dueños de las casas de tolerancia a cambio de que estas no fueran clausuradas por incumplir con la reglamentación vigente^[44].

La prensa, al igual que en el caso anterior, vinculó el hecho con otras anomalías administrativas. En referencia al tema policial las autoridades municipales fueron catalogadas como “moralmente responsables del hecho vergonzoso”^[45] porque, según algunas fuentes de información, el acusado había actuado con la avenencia del poder municipal. Por otro lado, el periodismo arengó para que estas intervengan en el hecho a los fines de “contener el desborde de la corrupción que la amenaza, sino también para demostrar al pueblo que no son cómplices de tan grave acusación…”^[46]

En torno al caso, tal como puede observarse, circularon distintos discursos vinculados a la corrupción. Primeramente, el agente fue indicado como una persona corrompida por quienes formaban parte del negocio de la prostitución. Sobre este tema EM sostuvo:

“… el empleado público que se deja seducir por los billetes de bancos, es un hombre perjudicial á la sociedad, porque teniendo para elegir… el cumplimiento del deber ó la corrupción, y opta por esta, es un corrompido”^[47].

En el fragmento anterior observamos que la corrupción se asoció al incumplimiento del deber de un empleado del estado a cambio del pago de dinero. En este sentido, el vocablo se relacionó a algunas de las acepciones que circularon en distintos diccionarios de la lengua española durante los siglos XVIII y XIX vinculados al término corruptela para referir a las actuaciones contrarias a la norma (Peña y Bonaudo, 2019: 10).

Por otro lado, el diario apuntó nuevamente a las autoridades por su actitud respecto a la remoción del empleado: “… mucho tememos que el intendente le dé una prueba más a la amistad conservando la manzana podrida como para que los demás también se corrompan”.^[48] Unos días después EM continuó insistiendo en la necesidad de que la dirigencia apartase al acusado para no tolerar: “un hecho de tal naturaleza y que ha producido indignación… [Porque esto era] abrir puertas al vicio para que penetre en esa repartición y todo lo corrompa”^[49].

En las últimas noticias resonó con fuerza el término corromper. Este, tal como se observa en otros registros escritos para un período similar, se usó para indicar a los hombres que con sus malas acciones orientaban a otros a actuar del mismo modo (Peña y Bonaudo, 2019: 11). Para el periodismo, en este caso, tolerar el hecho podía conllevar a que otros agentes imitaran esa indeseable conducta y, de este modo, las acciones indignas se expandieran.

En relación a la tolerancia de los hechos, a diferencia de lo descripto en el apartado anterior, aquí se puso en evidencia que las acusaciones ligadas a las acciones ilegítimas generaron la reacción de la prensa, que mantuvo una postura más homogénea, tal fue el caso de EM y LC, pero ello no derivó en la activación de otros canales de expresión pública como la presentación de petitorios. El periodismo denunció los hechos y, además, se ofreció a presentarse ante las autoridades para brindar las pruebas reunidas en contra del acusado^[50].

Según la información con la que contamos, todo parece indicar que, con el correr de los días, el tema fue perdiendo atención y quedó sin resolución^[51].

Finalmente, cabe destacar que, si bien los acontecimientos se referenciaron con vocablos vinculados a la corrupción, también el hecho se asoció con expresiones como pornográfico y/o pornografía.^[52] Por los planteos de María Luisa Múgica (2022), sabemos que la primera aludía a las conductas que podían ser calificadas como intolerables. Mientras que la segunda era utilizada para indicar acciones relacionadas con la prostitución (pp. 116 y 141).

A comienzos de 1890 Rosario se vio nuevamente alterada, pero esta vez, por una serie de denuncias en contra de las autoridades municipales, quienes fueron señaladas de manejar arbitrariamente los dineros públicos. Esos cuestionamientos derivaron en distintas expresiones por parte del vecindario (Megías, 2011: 4 y 7).

Ello quedó evidenciado, por ejemplo, en una de las proclamas donde los vecinos reflejaban su desconfianza hacia las autoridades a las que acusaban de haber falseado “… las libertades y garantías de la… republicana institución municipal”^[53].

Paralelamente, las críticas contra la dirigencia apuntaron al desorden administrativo. Según algunos medios, este aspecto se visibilizaba en el enriquecimiento de ciertos funcionarios y en los mecanismos poco transparentes que habría llevado adelante la entidad municipal y que derivaron en su endeble situación financiera.

Sobre esta cuestión EM no disimuló su entusiasmo al advertir que el escenario local cambiaría si la ciudadanía orientaba sus acciones de manera conjunta:

“Nótense síntomas que inducen á creer que la inmoralidad administrativa tendrá… su más eficaz correctivo.

La iniciativa de personas acaudaladas y respetables ha sido saludada por el pueblo como una séria [sic]… reacción contra el desquicio comunal… La moral pública se siente… herida ante la ostentación de enormes fortunas que hacen ciertos funcionarios…”^[54]

Días más tardes LC, con argumentaciones similares, sostuvo: “El pueblo de Rosario bajo el… peso de una administración municipal de desquicio, despilfarro, de vergüenza… se levanta hoy fuerte…”^[55]

Nuevamente aquí las ideas respecto a la corrupción se vincularon a la inmoralidad administrativa y al socavamiento de la moral pública. La primera de las expresiones se encontraba en consonancia con las múltiples denuncias de las que había sido blanco el autonomismo por los excesivos gastos gubernamentales y por el enriquecimiento de sus integrantes (Rojkind, 2016:170). Mientras que la segunda evidenciaba que el cuestionamiento hacia las autoridades locales revestía un carácter moral, en tanto que, se consideraba que sus acciones habían lesionado el bien común (Monier, 2019: 55).

Las denuncias siguieron un largo derrotero. Aunque en un primer momento estuvieron circunscriptas al accionar de la prensa, luego derivaron en otras reacciones del vecindario. Seguidamente, se elaboró un petitorio firmado por algunos de los miembros de los sectores más renombrados de la ciudad —Juan B. Castagnino, Fermín Rodríguez y Cayetano Rodríguez, entre otros— dirigido al CD. En el documento se reclamó la reducción de gastos e impuestos municipales, la aclaración respecto al destino de un empréstito municipal^[56] y la suspensión de la construcción de cloacas domiciliarias^[57] por parte de una empresa particular hasta tanto no se contase con las autorizaciones del estado nacional.^[58]

La falta de respuesta de las autoridades a esas demandas derivó en la conformación de un movimiento, más amplio, que se propuso organizar un meeting^[59] y elaborar un nuevo petitorio dirigido al gobernador, Cafferata en contra de los miembros del municipio.

Las acciones contaron con la participación de distintos sectores entre los que se destacaron propietarios, comerciantes e industriales. Según las crónicas la comisión organizadora recurrió a la intervención del Centro Comercial^[60] para que, en el momento en que se llevara a cabo el evento, se procediera al cierre de los comercios^[61].

La concurrencia fue nutrida, de alrededor de seis mil personas. A los sectores anteriormente mencionados se sumaron otros como profesionales liberales —médicos y abogados—, obreros de la ciudad^[62] y personas de todos los “gremios… colores políticos y… clases sociales”.^[63] En estas expresiones observamos que la prensa no solo apeló al número de concurrentes, al igual que en el caso de los petitorios referidos al proyecto de mataderos y mercados, sino que también aludió, al igual que en otras manifestaciones públicas que se llevaron a cabo en Buenos Aires durante la segunda parte del siglo XIX, a la amplitud de la convocatoria y al carácter heterogéneo de sus participantes (Sabato, 2004 [1998]: 199 y 282).

Si nos focalizamos en el contenido de las peticiones advertimos una crítica contundente hacia las autoridades. Los solicitantes refirieron a ellas con estas palabras:

“… las personas que ocupan los puestos en nuestra municipalidad… la han colocado en una situación tal anormal… para normalizarla en vez de buscar el remedio en una administración honrada… han creído más fácil multiplicar los impuestos…”^[64]

El desequilibrio administrativo, una vez más, se puso en tela de juicio, pero en esta oportunidad, los cuestionamientos se orientaron, particularmente, al aumento impositivo.

Asimismo, los vecinos no solo exclamaron por el mal proceder de la administración, sino que también expresaron la falta de credibilidad y confianza y su descontento frente a las autoridades. El fragmento de una noticia periodística que relata la protesta resulta sugerente:

“Hermanados la desconfianza y el descontento, la una porque no puede existir fé en quienes falseen de continuo el credo de las libertades y las garantías de la… institución municipal, y el otro porque no puede conformarse el pueblo con los abusos… de un poder creado para protegerlo…”^[65]

Seguidamente, la comunidad exigió la intervención del gobernador para que “sirva esto mismo de denuncia”^[66] a los efectos de acusar a la corporación municipal. En consecuencia, se acudió a Cafferata en carácter de “jefe superior y guardián… de la administración del estado, para que dignándose a interponer su influencia… llegue cuanto antes á remediarse [la]… situación…”^[67]

Finalmente, los participantes del meeting entregaron la solicitud al gobernador. El encuentro que el dirigente mantuvo con uno de los principales líderes del movimiento, Escalante, fue cordial y amistoso. Sin embargo, Cafferata expresó que el reclamo no era sencillo.^[68]

No debe olvidarse que el gobernador había asumido su mandato en un momento de fuerte conflictividad económica y política. Sus gestiones de gobierno orientadas a la regularización de la administración generaron la confianza de algunos sectores (De Marco, 2001: 18). Seguramente el pedido de los vecinos respondió a esta lógica. Sin embargo, también esta actitud se explica por los cambios constitucionales sobre la potestad del mandatario provincial de designar al intendente, no así a los concejales que seguían siendo elegidos por los vecinos contribuyentes, a excepción de los extranjeros que habían perdido ese derecho (Bonaudo, 2005: 26).

En agosto de ese año, el concejo quedó acéfalo por la renuncia de algunos de sus miembros y el intendente Mazza fue reemplazado por Gabriel Carrasco, nombrado por el ejecutivo^[69]. De algún modo, las críticas del vecindario meses antes habían presagiado ese final.

En este artículo avanzamos en el análisis de ciertos nudos problemáticos que recorren actualmente la historiografía referida al fenómeno de la corrupción. Para ello nos focalizamos en un espacio municipal, la ciudad de Rosario, durante un período atravesado por profundas conflictividades.

En este sentido, del desarrollo de la investigación se desprenden algunas conclusiones provisorias. La primera es que el estudio de las acusaciones y denuncias nos advierte, que, al igual que lo sucedido en otros ámbitos, la corrupción fue un tema que irrumpió la escena pública y socavó la credibilidad de quienes ejercían cargos gubernamentales —intendentes, concejales, agentes policiales— o estaban vinculados al poder —empresarios de la obra pública—.Los tres casos estudiados, cada uno con distintos desenlaces, significaron para la política municipal altos niveles de erosión en su imagen pública en un momento donde la institución en su conjunto estaba siendo fuertemente cuestionada. Si los acusados constituyeron un universo variado, los acusadores también contemplaron un amplio espectro. Indudablemente, al igual que otros casos de corrupción en la órbita provincial para el mismo período, la prensa local, aunque con distintos niveles de intensidad, cumplió una función nodal, no solo publicitando los hechos, sino ofreciendo pruebas en contra de los actores denunciados y posicionándose como promotor de las expresiones públicas del vecindario. Asimismo, el contenido de las denuncias fue igualmente amplio. Fueron señalados en el banquillo de los acusados los empresarios que con sus propuestas podían lesionar las finanzas del municipio en pos de un interés particular, los concejales que supuestamente admitían tales acciones a cambio de un beneficio, los agentes policiales sospechados de recibir dinero en compensación por no aplicar la normativa vigente y los miembros de la clase dirigente que habían malgastado los dineros públicos, se habían enriquecido y habían tomado medidas en perjuicio de los contribuyentes.

La segunda reflexión, que se vincula con este último punto, refiere a que los discursos en torno a la corrupción presentaron un fuerte carácter moral y valorativo y estuvieron asociados, en consonancia con las ideas de la época, con expresiones como: inmoralidad administrativa, corruptelas, corporaciones corrompidas, atmósfera corruptora, entre otras. También, las acusaciones de corrupción que se desarrollaron en el ámbito local trascendieron las fronteras e involucraron al poder político de la provincia al menos en dos sentidos que resultan contrapuestos. Por un lado, las críticas se utilizaron para indicar que los casos denunciados se enmarcaban en las lógicas políticas de algunas de las administraciones provinciales. Por otro lado, cuando el gobierno municipal fue cuestionado en su conjunto, el vecindario apeló a la figura del gobernador para ser oír sus reclamos en un momento de fuerte cercenamiento de las autonomías comunales por parte del estado provincial (Bonaudo, 2005: 26).

Finalmente, la última de las consideraciones se circunscribe a las respuestas y a los niveles de tolerancia respecto a las acciones denunciadas como ilegítimas. Indudablemente, aquí el espacio local ha resultado ser fecundo. En consonancia con el clima de época, las interpelaciones a la clase dirigente estuvieron teñidas por el contexto de la crisis de 1890, pero con ciertos rasgos particulares. El recorrido de los acontecimientos nos indica que la prensa, especialmente opositora, denunció de manera enérgica lo sucedido, pero a diferencia de otros casos referidos al escenario santafesino para la misma época y vinculados a las anomalías bancarias, no fueron ni los ámbitos judiciales ni partidarios donde se manifestaron las acusaciones (Garcilazo, 2021). Especialmente, esto se evidenció en la incomodidad de la propia comunidad, que activó distintos canales de expresión que fueron desde la suscripción de petitorios hasta la organización de meetings. Es interesante subrayar que, tal como se indicó, si a inicios de 1889, los vecinos de Rosario recurrieron al CD para ejercer un derecho con el objeto de bloquear un proyecto que creían lesionaría el interés general —porque pese a las críticas confiaban en ese órgano— hacia 1890, decidieron nuevamente, acudir a ese mismo derecho, pero no dirigido al cuerpo deliberativo del que descreían, sino al mismísimo gobernador solicitando la remoción de las autoridades. De algún modo, estos cambios en las respuestas de la ciudadanía sobre las acciones denunciadas como corruptas, también sirven para comprender que las mutaciones en los niveles de tolerancia fueron componentes centrales que arrojan luz sobre el derrotero político que experimentó el municipio. La noticia del diario LC con la que iniciamos este trabajo, donde se expresaba la época de contrariedades por la que atravesaba su población, parece haber encontrado tiempo después un punto de inflexión. Al igual que en otros escenarios, la tolerancia de la ciudadanía respecto a las acusaciones de corrupción también ponía sobre el tapete las profundas alteraciones sufridas por esos años en la compleja relación entre la dirigencia local y el vecindario expresadas a través de los diversos mecanismos de interpelación pública y de las respectivas respuestas gubernamentales.

Alarcón, N. (2024). El Partido Demócrata Progresista y la Compañía General de Tranvías Eléctricos de Rosario en los años treinta. Prensa, denuncias y pujas intergubernamentales. En R. Garcilazo & S. Ferreyra (comps.); Abrir ventanas. Hacia una historia subnacional de la corrupción en Argentina (1898-1976). Buenos Aires: Imago Mundi.

Alonso, P. (2000). Entre la revolución y las urnas: los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años noventa. Buenos Aires: Universidad de San Andrés-Sudamericana.

Álvarez, J. (1998) [1943]. Historia de Rosario (1689-1939). Rosario: UNR -Municipalidad de Rosario.

Barandiarán, L. y Fuentes, L. (2024). Entre la “luz mala” y la “mala leche” En R. Garcilazo & S. Ferreyra (comps.); Abrir ventanas. Hacia una historia subnacional de la corrupción en Argentina (1898-1976). Buenos Aires: Imago Mundi.

Boltanski, L. (1990). El amor y la justicia como competencia: tres ensayos de Sociología de la acción. Buenos Aires: Amorrortu.

Bonaudo, M. (2003). Las elites santafesinas entre el control y las garantías: el espacio de la Jefatura Política. En H. Sabato & A. Lettieri (comps.); La vida política en la Argentina del siglo XIX. Amas, votos y voces. Buenos Aires: FCE.

Bonaudo, M. (2017) ¿Recrear al elector? Las reformas notabiliares santafesinas de 1890 y 1900 ante la crisis de la representación. En M. Bonaudo (coord.); Representaciones de la política. Provincias, territorios y municipios (1860-1955). Buenos Aires: Imago Mundi.

Bonaudo, M. (2020). 1889/1893 ¿Un nuevo umbral en la percepción de la corrupción política? En M.A. Peña & D. Feria Lorenzo (dirs.); Corrupción política y liberalismo en el largo siglo XIX. Granada: Comares.

Botana, N. (2005) [1977]. El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916. Buenos Aires: De Bolsillo.

Canciani, L. (2016). “Por el derecho de petición que nos confiere la ley”: estrategias legales para evadir el servicio de frontera (Buenos Aires, segunda mitad del siglo XIX). Revista Universitaria de Historia Militar (5). Recuperado de https://ruhm.es/index.php/RUHM/article/view/159/136

Carrizo, B. (2019). Los radicalismos en la democratización política. Santa Fe: UNL.

De Marco, M. A. (2001). Santa Fe en la transformación argentina. Poder central y los condicionamientos políticos, constitucionales y administrativos en el desarrollo de la provincia, 1880-1912. Rosario: Museo Histórico de Rosario Dr. Julio Marc.

De Riquer, B. (2016). Cambó en Argentina. Negocios y corrupción política. Buenos Aires: Edhasa.

De Riquer, B., J. L. Pérez, G. Rubí, F. Toledano & O. Luján (2018); La corrupción política en la España contemporánea: un enfoque interdisciplinar. Marcial Pons: Madrid.

Ebanau, L. (2019) “Rouba pero faz”: sobre los casos de destitución a intendentes y las perspectivas locales de corrupción, gobierno y política en un municipio de frontera. Misiones, Argentina. Estudios Sociales del Estado (10). Recuperado de https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/11

Engels, J. I. (2018). “De lo antiguo a lo nuevo”. La historia de la corrupción política en Europa. Estado de la cuestión y debates actuales de investigación. En B. De Riquer, J. L. Pérez, G. Rubí, F. Toledano & O. Luján (2018); La corrupción política en la España contemporánea: un enfoque interdisciplinar. Marcial Pons: Madrid.

Gallo, E. (2007) [1977]. Colonos en armas. Las revoluciones radicales en la provincia de Santa Fe (1893). Buenos Aires: Siglo XXI.

Garcilazo, R. (2013). Un tema conflictivo: la propuesta de Juan Canals para la construcción de tabladas, mataderos y mercados de abasto, Rosario 1889. Secuencia (86). Recuperado de https://secuencia.mora.edu.mx/Secuencia/article/view/1195

Garcilazo, R. (2019). Los escándalos de corrupción retratados por la prensa. El caso del Banco Provincial de Santa Fe (Argentina), segunda mitad del siglo XIX. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 46 (1). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6765321

Garcilazo, R. (2021). Escándalos de corrupción e investigación gubernamental: reflexiones en torno al caso de Santa Fe (Argentina), 1890-1894. Naveg@mérica (27). Recuperado de https://revistas.um.es/navegamerica/article/view/487301

Garcilazo, R. (2023). Denuncias y escándalos de corrupción en perspectiva comparada: Santa Fe y Entre Ríos (Argentina) a fines del siglo XIX. Rúbrica Contemporánea XII (24). Recuperado de https://revistes.uab.cat/rubrica/article/view/v12-n24-garcilazo

Gayol, S. (2008). Honor y duelo en la Argentina moderna. Buenos Aires: Siglo XXI.

Giordano, V. (2003). Qué va cha ché. Corrupción y poder en la Argentina 1890 cien años después (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires.

Ladeuix, J. (2024). “Esto no es de peronistas”. El uso de las acusaciones de corrupción en los conflictos intraperonistas durante el gobierno del Frente Justicialista de Liberación. El caso de la destitución de intendentes en la provincia de Buenos Aires (1973-1976). En R. Garcilazo & S. Ferreyra (comps.); Abrir ventanas. Hacia una historia subnacional de la corrupción en Argentina (1898-1976). Buenos Aires: Imago Mundi.

Lanciotti, N. (2002). Las relaciones entre el gobierno municipal y empresas de servicios públicos en Argentina: un estudio de caso, Rosario 1887-1910, Anuario de Espacios Urbanos (9).

Lotersztain, I. (2010). Los bancos se roban con firmas. Corrupción y crisis en 1890. Buenos Aires: Turmalina.

Megías, A. (1996). La formación de una élite de notables dirigentes. Rosario, 1860-1890. Buenos Aires: Biblos.

Megías, A. (2010). Modernización y turbulencias políticas. Rosario en la segunda mitad del siglo XIX. En A. Megías, A. Prieto, M.L. Múgica, M.P. Martín, & M. Glück; Los desafíos de la modernización. Rosario, 1890-1930. Rosario: UNR.

Megías, A. (2011). Protestas, festejos y votos. Rosario en 1890. Ponencia presentada en XIII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca.

Megías, A. (2022). De la caricatura al magazine: periodistas e intelectuales (Rosario, 1870-1914). En A. Megías et. al; Historias de la Chicago Argentina. Rosario, imaginarios y sociedad 1850-1950. Rosario: UNR.

Monier, F., Dard, O. & Engels, J. I. (2014); Patronage et corruption politiques dans l’Europa contemporaine. Paris: Armand Colin.

Múgica, M. L. (2001). La prostitución en Rosario. Reglamentaciones y controles entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. En R. Falcón & M. Stanley (dirs.); La historia de Rosario. Economía y sociedad. Rosario: Homo Sapiens.

Múgica, M. L. (2022). “Pornografía a viva voz”: un problema de higiene y moral pública. Rosario fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. Algunos apuntes. En A. Megías et. al; Historias de la Chicago Argentina. Rosario, imaginarios y sociedad 1850-1950. Rosario: UNR.

Peña, M. A. & Bonaudo, M. (2019). Historia cultural de la corrupción política. Prácticas, escenarios y representaciones contemporáneas. Rosario: Prohistoria.

Peña, M. A. & Feria Lorenzo, D. (2020). Corrupción política y liberalismo en el largo siglo XIX. Granada: Comares.

Pita, V. (2020). El arte de demandar. Versiones de vida, redes políticas y solicitudes públicas de viudas, ancianas y trabajadoras. Buenos Aires, 1852-1870. Travesía (22). Recuperado de https://travesia.ct.unt.edu.ar/article/view/254

Pons, A. y Serna, J. (2005). Más cerca, más denso. La historia local y sus metáforas. En S. Fernández, (comp.); Más allá del territorio. La historia regional y local como problema. Discusiones, balances y proyecciones. Rosario: Prohistoria.

Regalsky. A. y Vence Conti, A. (2016). Un largo y sinuoso camino: el proceso de renegociación de la deuda pública exterior de la Argentina, 1890-1907. Prólogos (VIII). Recuperado de https://plarci.org/index.php/prologos/article/view/2132

Reyes, F. (2022). Boinas blancas. Los orígenes de la identidad política del radicalismo (1890-1916). Rosario: Prohistoria.

Rojkind, I. (2016). “El triunfo moral del pueblo”. Denuncias de corrupción y movilización política en Buenos Aires, a fines del siglo XIX. En C. Rosenmüller & S. Ruderer (eds.); “Dádivas, dones y dineros”. Aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el Imperio español hasta la modernidad. Madrid: Iberoamericana.

Rojkind, I. (2021). “El poder perturbador de la prensa”: diarios modernos, mapas políticos y protestas callejeras. Buenos Aires en el cambio de siglo. Ponencia presentada en Jornadas Internacionales “Historia de la prensa periódica en América Latina”, San Martín, Buenos Aires.

Roldán, D. (2010). Formación y reforma del municipio. En: D. Barriera; Instituciones, gobierno y territorio. Rosario de la Capilla al Municipio (1725-1930). Rosario: ISHIR.CONICET.

Romero, A. L. (2019). El “escándalo Magnasco”. Denuncia pública y controversias sobre el papel del Congreso en la Argentina del 1900. Anuario de Historia de América Latina (56). Recuperado de https://journals.ub.uni-koeln.de/index.php/jbla/article/view/1756

Rosenmüller, C. & Ruderer, S. (2016). “Dádivas, dones y dineros”. Aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el Imperio español hasta la modernidad. Madrid: Iberoamericana.

Ruderer, S. (2014). Crisis and Corruption. The Anglo-Argentine Scandal Surrounding the Privatisation of the Buenos Aires Sanitary Works between 1888-1891. En O. Dard, J. I. Engels, A. Fahrmeir & F. Monier; Scandales et corruption à l’ époque contemporaine, Vol III., Paris: Armand Colin.

Ruderer, S. (2016). Corrupción y violencia. Una relación ambivalente en Argentina y Uruguay en el siglo XIX. En C. Rosenmüller & S. Ruderer. (2016). “Dádivas, dones y dineros”. Aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el Imperio español hasta la modernidad. Madrid: Iberoamericana.

Ruderer, S. (2020). “Fraude electoral” o “corrupción administrativa”. Argentina y Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX. En M.A. Peña y D. Feria Lorenzo (dirs.); Corrupción política y liberalismo en el largo siglo XIX. Granada: Comares.

Sabato, H. (1999). La vida pública en Buenos Aires. En M. Bonaudo (dir.); Liberalismo, Estado y orden burgués. Nueva Historia Argentina. Tomo IV. Buenos Aires: Sudamericana.

Sabato, H. (2004) [1998]. La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Sabato, H. (2012). Historia de la Argentina. 1852-1890. Buenos Aires: Siglo XXI.

Sabato, H. (2021). Repúblicas del nuevo mundo. El experimento político latinoamericano del siglo XIX. Buenos Aires: Taurus.

Ternavasio, M. (1991). Municipio y política, un vínculo conflictivo (Tesis de Maestría inédita). FLACSO, Buenos Aires.

Vaz, C. (2014). Entre intérêts privés et intérêt public, l’architecte municipal, vecteur d’une corruption immobilière ordinaire dans l’Espagne franquista. En F. Monier, O. Dard & J. I. Engels (2014); Patronage et corruption politiques dans l’Europa contemporaine. Paris: Armand Colin.

Videla, O. (2001). La burguesía rosarina ante las transformaciones y límites del modelo agroexportador. La Bolsa de Comercio de Rosario (Tesis de doctorado inédita). Tomo I. Universidad Nacional de Rosario, Rosario.

[3] A inicios del siglo XXI la historiografía comenzó a centrar su atención en la corrupción como problema histórico. En este sentido, se privilegiaron dos ámbitos de análisis. El primero que contempla a la corrupción como un fenómeno valorativo haciendo foco en los debates y escándalos que circulan en las sociedades según sus valores sociales y culturales. El segundo, refiere a la corrupción en términos normativo, en tanto se estudian las acciones que son tipificadas bajo ese rótulo (Engels, 2018: 31 y 33).

[4] El mandatario renunció a su cargo en 1890 como consecuencia de la crisis de legitimidad que experimentó su gobierno y el régimen político del que era parte. Si bien las recriminaciones de los sectores opositores fueron amplias el tópico de la corrupción aglutinó gran parte de las críticas (Rojkind, 2016: 169). Por otra parte, esa compleja situación política se combinó con la crisis económica vinculada al fuerte proceso de endeudamiento (Rocchi, 2003:19). Las causas de la debacle dieron cuenta de las limitaciones del modelo de desarrollo y la dependencia del país al mercado internacional (Sabato, 2012:317). Sobre este tema, consúltese: Regalsky y Vence Conti, 2016: 17-20.

[5] En los últimos tiempos la historiografía prestó una atención dispar al vínculo entre corrupción y espacio local. Por un lado, se destacan los trabajos que han examinado a la figura de los intendentes y sus procesos de destitución relacionados a las acusaciones de corrupción (Ebanau, 2019; Ladeuix, 2024). Por otro, persisten los estudios sobre denuncias de irregularidades de empresas ligadas a la contratación y concesión de servicios públicos u obras de infraestructura en complicidad con las gestiones municipales (Alarcón, 2024; Barandiarán y Fuentes, 2024; De Riquer, 2016; Vaz, 2014).

[8] Las investigaciones sobre la corrupción desde una perspectiva cultural se han focalizado en los “umbrales de tolerancia”, es decir, en las respuestas que el conjunto social ha dado a dicho fenómeno. Estas pueden ser múltiples, diversas y dinámicas y estar supeditadas a los imaginarios culturales sobre la base de las prácticas políticas y los valores sociales compartidos (Peña y Bonaudo, 2019: 36).

[11] Entre 1880 y 1890 coexistieron en Rosario alrededor de una veintena de diarios. LC tuvo su primera publicación en 1867 y su fundador fue Ovidio Lagos. Para el período que estamos analizando fue crítico de la gestión municipal. Hacia 1890 se encuadró en las ideas de los cívicos nacionales, identificados con la figura del ex presidente Bartolomé Mitre (1862-1868). EM tuvo su aparición en 1887 y pervivió hasta 1911. Su director Deolindo Muñoz, anteriormente ligado a la gestión oficial y luego defensor de las ideas cívicas, fue detractor de las gestiones de Gálvez y de su sucesor Juan Manuel Cafferata (1890-1893) y por ende de los gobiernos locales vinculados a esas figuras (Bonaudo, 2005: 73; De Marco, 2001: 52; Megías, 2022:20).

[12] En 1885 el gobierno provincial desaprobó la elección del sucesor del intendente y en su reemplazo designó una comisión municipal. En 1887 ese cargo fue ocupado por Pedro T. de Larrechea quien se mantuvo en funciones hasta enero de 1890. Luego de esa fecha y hasta agosto de 1890 lo sucedió Agustín Mazza. Posteriormente, en la constitución de Santa Fe de 1890 se suprimió el carácter electivo del intendente que pasó a ser designado por el ejecutivo provincial (Álvarez, 1998 [1943]: 411; Bonaudo, 2005: 26).

[20] En líneas generales, el proyecto presentado contempló la construcción de tabladas, mataderos y mercados y la creación de una línea férrea entre el matadero y la ciudad. Asimismo, la empresa propuso asumir la obligación de prestar los servicios de barrido y limpieza y del transporte de desechos. Biblioteca Municipal “General San Martín”, Archivo Digesto y Centro de Información (en adelante, B.S.M. A.D y C.I). Expedientes terminados del CD, Rosario, 28/03/1889, Tomo I, fs. 185-200. Para un análisis más detallado de este tema, consúltese: Garcilazo, 2013.

[30] EM, Rosario, 23/04/1889, p. 1. El derecho de petición estuvo extendido en Hispanoamérica en el siglo XIX. La tradición no era nueva, sino que se remontaba al período colonial (Castro, 2021: 78). En consonancia con otros derechos —como el de sufragio, asociación y libertad de prensa— se erigió como uno de los basamentos de los sistemas políticos liberales. Las peticiones se presentaban de manera individual o colectiva, sus firmantes pertenecían a sectores sociales y políticos amplios y las proclamas referían a temáticas administrativas, políticas, económicas o religiosas (Fernández Peña, 2023: 180 y 183). En Argentina este derecho estuvo consagrado en la Constitución Nacional de 1853. También fue reconocido en la Constitución de la provincia de Santa Fe y en la Ley Orgánica de las Municipalidades de Santa Fe. Constitución de 1883. Historia de las Instituciones de la provincia de Santa Fe. II. Documentos. Tratados, convenciones y constituciones. Edición Oficial, Santa Fe, 1967, p. 215. Ley orgánica de las Municipalidades de la provincia, sancionada el 10 de diciembre de 1884, Imprenta de El Independiente, Rosario, 1886, p. 13. Sobre el derecho de petición en Argentina, consúltese: Bonaudo, 2005; Castro, 2021; Canciani, 2016; Pita, 2020; Sabato, 1999; Garcilazo, 2014.

[33] Algunos de los firmantes fueron: Deolindo Muñoz, José Castagnino, Juan Costa, Militón de Ibarlucea, Luis Castagnino y Juan Castagnino. Paralelamente a esta solicitud se elaboró otra en la que participaron abastecedores y vecinos de la ciudad. B.S.M. A.D y C.I. Expedientes Terminados del CD, Rosario, 10/05/1889, Tomo I, fs. 201-224.

[40] En la normativa no existía ninguna restricción para ejercer este derecho en caso de no estar inscripto en el registro municipal. Incluso, los petitorios podían ser firmados por quienes estaban excluidos del voto como los extranjeros (en la órbita nacional y provincial) y las mujeres (Castro, 2021:77).

[44]EM, Rosario, 1/11/1889, p. 1. La prostitución, al considerarse un tema de higiene pública, estuvo bajo la égida del espacio municipal. Desde allí se vigiló, reglamentó e inspeccionó la práctica. La policía tenía la responsabilidad de controlar y velar por el cumplimiento de las normativas. Asimismo, fue frecuente que los intendentes solicitasen la intervención del jefe político para colaborar con algunas tareas como el cobro de multas a los prostíbulos (Múgica, 2001: 297 y 300).

[59] A lo largo del siglo XIX se desarrollaron en Argentina distintas movilizaciones públicas que tuvieron por objeto interpelar a las autoridades. Generalmente, ellas conllevaron una serie de pasos: la conformación de comisiones, la redacción de proclamas, la recolección de firmas para la elaboración de los petitorios, la celebración de actos y la concentración en espacios públicos (Sabato, 1999: 201).