¿Una
crisis de crecimiento? La expansión de la Unión Cívica Radical de Tucumán
durante la “Revolución Libertadora”
¿A
growth crisis? The expansion of the Radical Civic Union during the “Revolución
Libertadora”
Leandro Lichtmajer
Instituto
Superior de Estudios Sociales (Universidad Nacional de Tucumán)
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
leandrolichtmajer@gmail.com
Resumen
El artículo examina el derrotero
de la Unión Cívica Radical de Tucumán entre el golpe de estado de 1955 y la
división del partido en noviembre de 1956. Desde un enfoque centrado en la
organización, analiza el impacto del derrocamiento del peronismo en la
trayectoria del partido, la relación que entabló con el gobierno militar y sus
estrategias para expandirse en la sociedad. Con ese fin adopta dos variables de
análisis. Por un lado, la participación de los radicales en los planteles del
gobierno militar y en las entidades de la sociedad civil, problema que signó
las disputas internas y el perfil público del partido durante la etapa inicial
de la “Revolución Libertadora”. Por otro lado, las modalidades que asumió la
expansión territorial de la UCR mediante la creación de organismos de base, en
un contexto de repliegue del peronismo y de fuerte competencia entre sus
fracciones.
Palabras
clave: partidos políticos, Unión Cívica Radical, escala provincial,
“Revolución Libertadora”, prácticas políticas.
Abstract
The article examines the course
of the Radical Civic Union of Tucumán between the coup d'état of 1955 and the
division of the party on November 1956. From an organization centered approach,
it analyzes the impact of the overthrow of Peronism in the trajectory of the
party, the relationship between the party and the military government and its
strategies to expand over the society. To that end it adopts two analysis
variables. On one hand, the participation of the radicals in the staff of the
military government and in civil society institutions, problem that guided the
internal disputes and the public profile of the party during the initial stage
of the "Revolución Libertadora". On the other hand, the modalities
assumed by the territorial expansion of the UCR trough the creation of
grassroots organizations, in a context of withdrawal of Peronism and strong
competition among its fractions.
Key
Words: political parties, Radical Civic Union, “Revolución Libertadora”,
political practices.
Introducción
En el itinerario de los partidos durante la autodenominada
“Revolución Libertadora” se condensaron tópicos centrales para comprender el
ciclo de inestabilidad política que caracterizó a la Argentina durante los años
siguientes. El derrocamiento del peronismo impactó sensiblemente en sus
trayectorias al emerger fuertes disputas alrededor del control de las
organizaciones y la relación con el gobierno militar. En un contexto de
difusión del antiperonismo como vector del campo político-cultural, los
posicionamientos de cara al ciclo cerrado en 1955 dividieron sus filas.
Asimismo, frente a un gobierno cívico-militar que las interpeló constantemente,
las organizaciones partidarias definieron grados diversos de compromiso
mediante la participación en los planteles estatales y el apoyo a sus
políticas. En los últimos años se produjeron avances importantes alrededor de
estos temas, al revisitarse las trayectorias partidarias a la luz de nuevos
enfoques.[1] Sin embargo, entre los desbalances existentes en la producción se
destaca la atención subsidiaria que se prestó a las trayectorias partidarias
provinciales, diagnóstico que se aplica a los estudios sobre la Unión Cívica
Radical.[2] Al poner de relieve las configuraciones de cada distrito, la
reducción de la escala hacia los escenarios provinciales constituye una
estrategia metodológica pertinente para problematizar interpretaciones previas
y transitar nuevos rumbos analíticos.
Partiendo de esa premisa, el artículo examina el derrotero de la
Unión Cívica Radical de Tucumán entre el golpe de estado de 1955 y la división
del partido a finales de 1956. Desde un enfoque centrado en la organización,
analiza el impacto del derrocamiento del peronismo en la trayectoria del
partido, la relación que entabló con el gobierno militar y sus estrategias para
expandirse en la sociedad provincial. Con ese fin adopta dos variables de
análisis. Por un lado, la participación de los radicales en los planteles del
gobierno militar y las entidades de la sociedad civil, problema que signó las
disputas internas y el perfil público del partido durante la etapa inicial de
la “Revolución Libertadora”. Por otro lado, las modalidades que asumió la
expansión territorial de la UCR mediante la creación de organismos de base, en
un marco del repliegue del peronismo y fuerte competencia entre las fracciones.
A nuestro modo de ver, ambas variables permiten repensar las consecuencias del
golpe de estado en las filas radicales, las formas de vinculación entre el
partido y el gobierno militar y el proceso de fraccionalización que culminó en
su división.[3]
El texto argumenta que el derrocamiento del peronismo alentó un
proceso de expansión que abarcó a las diferentes escalas del partido radical.
Desde las cúpulas hasta la dirigencia local, la competencia por ocupar espacios
en los múltiples niveles de la administración provincial y por capitalizar la
activación partidaria posterior al golpe alimentó una fuerte conflictividad
interna. De ese modo, la renovada disponibilidad de recursos materiales y
simbólicos al alcance del radicalismo y la puja por definir el grado de
compromiso del partido con el gobierno militar exacerbaron la fraccionalización
heredada del ciclo peronista. Este rasgo, sin embargo, no obstaculizó el
proceso de expansión referido sino que alentó su consolidación.[4]
La conquista
de espacios en el gobierno: una competencia en múltiples escalas
El radicalismo tucumano emergió del ciclo peronista dividido en
tres fracciones. Por un lado, la comandada por Celestino Gelsi, presidente del
partido y diputado por la Capital durante el peronismo. Esta fracción contaba
con amplia mayoría en los organismos partidarios y se filiaba a nivel nacional
en el Movimiento de Intransigencia y Renovación liderado por Arturo Frondizi.
Precisamente, el distrito tucumano tuvo un rol crucial en el ascenso de
Frondizi en el Comité Nacional (CN) en 1954 y fue desde entonces un férreo
aliado de este.[5] Se enfrentaban al frondizismo las fracciones unionista y
sabattinista, aliadas entre sí desde 1953. La primera dominó el partido hasta
la irrupción del peronismo (1946) y ejerció una fuerte oposición a la
intransigencia a lo largo de la década siguiente. En 1955 se filiaba en el
Núcleo Unidad liderado por el dirigente cordobés Miguel Ángel Zavala Ortiz y
sus principales referentes provinciales eran Reynerio Moreno Campos y Roberto
Pérez de Nucci, dirigentes de larga trayectoria dentro del partido.[6] El sabattinismo fue aliado del frondizismo hasta 1953, cuando el
distrito mudó sus apoyos hacia el dirigente metropolitano. Esta fracción
formaba parte del Movimiento de Intransigencia Nacional, comandado el cordobés
Santiago Del Castillo, y sus líderes en Tucumán eran Ángel Pisarello y Argentino
Alonso, ex legisladores por la Capital.[7]
Al igual que en las esferas nacionales, el fraccionalismo de las
filas radicales tucumanas obedecía en 1955 a una combinación de factores
instrumentales y programáticos. La puja por los espacios de poder constituía un
vector clave. Desde la asunción de la intransigencia los opositores recurrieron
a diferentes estrategias para socavar su poder, que abarcaron el abandono de
los cuerpos directivos, la creación de organismos paralelos y el boicot a los
candidatos durante las campañas electorales. No obstante, aquella emergió del
ciclo peronista en una situación de clara superioridad sobre el resto.
Paralelamente a la lucha por los espacios de poder, otra variable de relevancia
para explicar el fraccionalismo fue la definición de la estrategia para
oponerse al gobierno peronista. Mientras que la conducción tucumana reivindicó
la bandera de la participación electoral y la oposición institucional, los
sabattinistas y unionistas promovieron desde comienzos de los años cincuenta
una salida golpista cifrada en la abstención electoral y la renuncia a los
puestos electivos. Estas divergencias, que ubicaban al frondizismo en una
perspectiva más conciliadora frente al gobierno, se enraizaban en lecturas
diferentes del ciclo político iniciado en 1945. En efecto, aunque la dirigencia
radical coincidió en atribuir una raigambre autoritaria al peronismo, las
diferencias frente al grado de legitimidad que le atribuyeron y la empatía o no
con el ciclo de reformas sociales y económicas emprendidas por aquel
alimentaron fuertes debates dentro del partido y vertebraron su trayectoria
luego del golpe de estado.[8]
El desplazamiento del peronismo impactó sensiblemente en las filas
radicales tucumanas. Al asumir el interventor militar Horacio Zenarruza (21 de
septiembre), la Junta de Gobierno (JG) emitió un comunicado de apoyo, con
reservas, al nuevo gobierno. Señaló que el derramamiento de sangre se
justificaba si se plasmaba en la ampliación de los derechos individuales y el
mantenimiento y ampliación de las conquistas sociales alcanzadas durante el
peronismo; también exhortó a los afiliados radicales a actuar “serenamente” con
el fin de evitar “persecuciones y odios”, afirmación que se desmarcaba de los
crecientes actos de violencia.[9] La conducción recuperó un sello característico de su trayectoria
a finales del gobierno peronista, cuando desalentó la participación de los
afiliados en actividades conspirativas.
A inicios de la “Revolución Libertadora” la situación política
provincial se caracterizó por una alta dosis de volatilidad. A tres días de su
asunción Zenarruza fue reemplazado por el coronel Jorge Moretti, quién duro dos
semanas en el cargo. Con la asunción del coronel Antonio Vieyra Spangenberg (4
de octubre) el panorama político cobró un cierto grado de estabilidad que le
permitió permanecer en el cargo hasta mayo de 1957. Tras su llegada a la
provincia se abandonó el esquema inicial, dominado por los cuadros del
Ejército, y cobró forma una matriz cívico-militar que buscó ampliar la apoyatura
social de la “Revolución Libertadora” mediante la integración de la dirigencia
no peronista.
En ese marco, una disyuntiva central para la UCR fue el grado de
compromiso y colaboración con el gobierno. Desde su desalojo del poder en 1943,
tras gobernar la provincia durante casi una década, los radicales tucumanos
quedaron relegados frente a un gobierno militar que, tributario de una fuerte
impronta depuradora, reformuló profundamente los planteles estatales. La década
peronista afianzó este proceso; la representación radical se circunscribió a
unos pocos asientos en la Legislatura provincial y los órganos municipales. En
la etapa final del gobierno peronista, la filiación radical se habría
constituido en un obstáculo para acceder a los diferentes niveles de la
estructura administrativa.[10]
El desplazamiento del funcionariado peronista que el gobierno
desplegó con premura tras el golpe introdujo signos alentadores para la
participación de los partidos no peronistas, al abrirse un volumen considerable
de espacios en la estructura administrativa provincial. En su carácter de
principal contendiente del peronismo y de partido con mayor presencia en el
territorio provincial, el radicalismo se perfilaba como un actor insoslayable
para nutrir los planteles administrativos. Para determinar su grado de
participación cabe observar en primera instancia la distribución de cargos en
las cuatro áreas del Poder Ejecutivo: Gobernación y Ministerios de Gobierno,
Justicia e Instrucción Pública; Hacienda, Agricultura y Obras Públicas; Salud
Pública y Asistencia Social. En la primera el interventor se rodeó de
dirigentes de múltiples extracciones, tales como Arnoldo Suasnábar, presidente
del Comité de la Juventud Radical; José Manuel Avellaneda, líder del Partido
Demócrata en Tucumán; y Pedro. C. Soaje, dirigente nacionalista-católico que
lideró los comandos civiles antiperonistas.[11] En los ministerios predominó el tinte radical. La cartera de
Gobierno, área política por antonomasia, quedó en manos del sabattinista
Argentino Alonso. En los puestos clave de la estructura ministerial Alonso
designó a funcionarios radicales, predominando la extracción sabattinista.[12] La cartera de Hacienda quedó en manos de Luis Rotundo, segunda
línea dentro del frondizismo, mientras que en Salud asumió Prudencio Santillán,
ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, sin filiación partidaria
reconocida.[13] A excepción de algunos casos puntuales, en el organigrama de
Hacienda y Salud primaron los cuadros carentes de militancia partidaria,
manteniéndose incluso funcionarios de la etapa peronista.[14]
El radicalismo también controló la Corte Suprema de Justicia,
resorte clave del estado provincial. Su presidencia recayó en el unionista
Miguel Ángel González, ex presidente de la JG (1948), mientras que en las vocalías
se designaron reconocidos dirigentes de esa fracción.[15] La avanzada radical dentro del plantel cívico-militar abarcó,
asimismo, a entidades del ámbito asociativo intervenidas por el gobierno. En la
Unión Cañeros Independientes de Tucumán, que nucleaba a miles de productores
azucareros, el gobierno designó al frondizista Ramón I. Martínez.[16] En algunos sindicatos obreros también se pusieron en funciones a
afiliados radicales, como el caso de Emilio Concha, unionista a cargo del
sindicato de maestros.[17] Esta lógica se reprodujo en la Comisión Provincial de
Investigaciones, destinada a investigar las supuestas irregularidades cometidas
por la administración peronista.[18] La conformación de las comisiones replicó, con matices, la lógica
referida: predominio radical, con mayoría sabattinista; representación
minoritaria de los demás partidos y presencia de ciudadanos carentes de
filiación definida.[19]
La temprana inclusión de dirigentes partidarios en el gobierno, en
consonancia con los casos cordobés y jujeño, marcó un contrapunto con el Poder
Ejecutivo Nacional donde primaron los dirigentes apartidarios durante el primer
gobierno provisional, rasgo que se revirtió luego del golpe palaciego que
depositó a Aramburu en la primera magistratura.[20] No obstante, a diferencia del predominio conservador en los
inicios del gobierno cívico-militar cordobés, la primacía de la UCR fue un
rasgo característico del caso tucumano. Con el transcurso de los meses, tanto
en Córdoba como en Jujuy los radicales ganaron terreno hasta dominar los
planteles de gobierno.[21]
Las designaciones desataron fuertes disputas en el radicalismo
tucumano, acentuando el fraccionalismo heredado de la etapa previa. En octubre
de 1955 Gelsi ratificó su “plena colaboración” en la tarea de “pacificación y
moralización del país”; sin embargo, exigió un pronto llamado a elecciones con
participación del peronismo.[22] Las ambivalencias de la conducción partidaria frente a la
intervención provocaron la reacción de las demás fracciones, que reafirmaron su
plena identificación con la “Revolución Libertadora”. En respuesta a Gelsi,
dirigentes sabattinistas anunciaron su “firme propósito” de ofrecer al gobierno
los “elementos cívicos indispensables” para la “reestructuración democrática de
la nación”. Dicho ofrecimiento fue acompañado por la “exigencia ineludible” de
que dichos dirigentes provengan de los partidos “populares”. Esta afirmación
dejaba entrever un rechazo al reclutamiento de cuadros carentes de filiación
reconocida o de partidos minoritarios. Finalmente, reclamaron a la JG que
impulsara una reorganización partidaria, en línea con la estrategia de su
dirigencia nacional. La cerrada oposición de la JG llevó a los sabattinistas y
unionistas a presionar al interventor para que declarara al radicalismo en
“estado de asamblea”, forzando una reorganización desde el gobierno, iniciativa
que tampoco prosperó. Frente a la identificación de los sabattinistas con la
intervención la JG ratificó su apoyo crítico al “recordar a los
correligionarios y al pueblo tucumano” que el radicalismo no era el “partido de
gobierno”. Esta posición preservaba su “autonomía de acción” ante las
autoridades y su reivindicación del voto popular como vía para alcanzar el
poder. En ese marco, Gelsi definió a la demanda de reorganización como un “alzamiento
contra la autoridad”, tensando aún más la disputa interna.[23]
Aparte de escenificar la lucha por espacios en el estado, las
citadas declaraciones revelaban la búsqueda de la conducción por conciliar un
doble imperativo. Por un lado, resistir los embates de los opositores, que
intentaban revertir la correlación interna de fuerzas favorable al frondizismo.
Por otro lado, configurar un perfil público de apoyo con reservas al gobierno y
mantener la cohesión de sus filas. La demanda creciente de cuadros planteaba un
dilema a las autoridades partidarias. Si el frondizismo procuraba mantener la
autonomía frente al gobierno, la aceptación de cargos públicos por parte de sus
afiliados enviaba un mensaje confuso hacia fuera del partido. Sobre esa
ambivalencia se montó un panfleto anónimo que denunció a los miembros del
partido que desempeñaban funciones públicas.[24] Por el contrario, una tesitura anti-colaboracionista podía
alentar las deserciones hacia el sabattinismo de los afiliados que procuraran
participar del gobierno. Frente a este dilema, la conducción optó por
flexibilizar su posición, asegurándose una presencia minoritaria en el gobierno
y manteniendo la cohesión interna.
La conflictividad alrededor de las designaciones también jalonó la
trayectoria del radicalismo en la escala local. El caso del municipio de Tafí
Viejo, segundo centro urbano de Tucumán, iluminó las disputas referidas. La
designación de un radical unionista fue a contramano de Junta Departamental,
dominada por el frondizismo, que presionó a través de diferentes vías
–asambleas de afiliados, publicación de una declaración de repudio– para que
ungieran a un dirigente de su fracción.[25] Los frondizistas de Tafí Viejo amenazaron con quitar el apoyo al
gobierno si no se reveía la decisión, presiones que no dieron resultado al
ratificarse al intendente en su puesto. En otros municipios (Concepción,
Aguilares) el gobierno respetó la correlación de fuerzas dentro del radicalismo
al proclamar a los candidatos presentados por la UCR en las elecciones previas
al golpe (1954), lo que constituía un reconocimiento tácito a la conducción
partidaria.[26] De ese modo, los radicales quedaron a cargo de tres de las seis
intendencias de Tucumán, quedando la Capital, principal centro urbano
provincial, en manos del socialismo.
La conflictividad entre las fracciones radicales también se
observó en las designaciones de los delegados comunales, representantes del PE
en las poblaciones de hasta 4000 habitantes cuya designación era potestad del
Ministerio de Gobierno. Tras el golpe, en la localidad de Bella Vista las
fracciones radicales compitieron febrilmente por el apoyo de los vecinos y la
canalización de demandas locales hacia los poderes públicos.[27] Al igual que en Tafí Viejo, el gobierno designó a un sabattinista
como delegado comunal, cargo estratégico en la disputa referida. Este hecho
generó un fuerte rechazo del frondizismo local que, preocupado por la creciente
interlocución sabattinista con el estado, achacó al delegado un plan para
“anarquizar y dividir al radicalismo local” y solicitó, infructuosamente, una
entrevista con el Ministro de Gobierno para “interesarlo de las anormalidades
creadas por el grupo disidente”.[28] La prioridad otorgada por Alonso a su fracción no fue, sin
embargo, privativa de la designación de algunos representantes del frondizismo,
como lo demuestra el caso de Trancas.[29] Esta lógica también primó en las designaciones de los jueces de
paz, a cargo de la Corte Suprema. Si tomamos en cuenta algunos ejemplos, tales
como los juzgados de Simoca, Amaicha del Valle y Bella Vista,[30] los nombramientos combinaron la presencia de las diferentes
fracciones radicales. Al igual que con los delegados comunales, las
proclamaciones de jueces, actores clave en la dinámica política local,
generaron disputas recurrentes.[31]
De lo antedicho se desprende que la intervención procuró mantener
un cierto equilibrio entre las fracciones radicales a la hora de distribuir los
asientos en el estado. Aunque se observó una primacía del sabattinismo, que
controló resortes clave del gobierno, las autoridades buscaron dar cauce a la
dirigencia frondizista, cuyo carácter mayoritario la erigía en una pieza
insoslayable. Relegados con respecto a las demás fracciones, los unionistas
controlaron, sin embargo, áreas clave como la Corte Suprema de Justicia.
El relativo equilibrio alcanzado durante los primeros meses de la
gestión Vieyra Spangenberg no logró, sin embargo, perdurar en el tiempo. El
primer partido en abandonar el gobierno fue el Demócrata. De acuerdo a una
resolución de las autoridades partidarias, los dirigentes que desempeñaban
funciones públicas renunciaron a sus puestos en febrero de 1956. Aunque tal
decisión fue justificada en la oposición a algunas decisiones económicas del
gobierno, un medio local la interpretó como una represalia al interventor por
el predominio del radicalismo en la intervención.[32] Por entonces, las relaciones de esta con el unionismo, expresión
más virulenta del antiperonismo dentro de la UCR, atravesaban una crisis que
estalló meses más tarde. En un acto público de febrero de 1956, el líder
unionista Pérez de Nucci afirmó que la “Revolución Libertadora” no había
“llegado” a la provincia. Esta crítica apuntaba a unos planteles
gubernamentales en los que convivían funcionarios “del régimen depuesto” con
dirigentes de “partidos populares” que lo habían avalado con “su colaboración o
su silencio cómplice”, afirmación que aludía a los ministros de Hacienda y
Gobierno y al Director de Enseñanza.[33]
En ese marco, los unionistas presionaron a la intervención para
que impulsara una Junta Consultiva Provincial, con la que procuraban lograr
mayor influencia en el gobierno y profundizar la “desperonización” en la
provincia.[34] La Junta fue anunciada en mayo de 1956 por el interventor,
convocatoria que, en lugar de responder a las demandas del unionismo, se
precipitó a raíz del descubrimiento de un “plan subversivo” orquestado por
sectores del peronismo provincial, hecho que provocó la intervención de las
fuerzas militares nacionales.[35] La constatación de esa acción desestabilizante debilitó la figura
del interventor. En ese marco se potenciaron las críticas a su tibieza
“desperonizadora” y a la impronta “radicalizante” de sus planteles de gobierno,
aseveraciones esgrimidas, respectivamente, por el unionismo y por el partido
conservador Bandera Blanca.[36] Las versiones de una renuncia de Vieyra llevaron a numerosos
actores del universo partidario, incluidas las fracciones sabattinista y
frondizista, a ratificarle su apoyo.[37] La JG radical señaló que a pesar de no “formar parte” del
gobierno, el partido colaboró “entregando los hombres que le han sido
requeridos” ya que el interventor “obró mediante el respeto a la ley y los
derechos individuales”, mientras que el sabattinismo profirió un apoyo
enfático.[38] Los unionistas, por el contrario, viraron hacia una posición
destituyente al denunciar la “inoperancia” del interventor y exigir su
alejamiento.[39] De allí que la convocatoria formal a la Junta Consultiva
excluyera, paradójicamente, a sus principales impulsores.[40] La negativa frondizista a participar de la Junta llevó a su
fracaso en la provincia. Esta posición, a contramano de la asumida por el CN,
reeditó su apoyo crítico al gobierno.[41]
Esta línea signó las relaciones entre la intervención y el
radicalismo hasta la Convención Nacional de noviembre de 1956. Así, mientras
que el frondizismo salió a ratificar su apoyo a Vieyra Spangenberg tras el
levantamiento de Juan José Valle, el endurecimiento de represión estatal que
sucedió a este hecho llevó a la JG a criticar las cesantías de trabajadores,
las violaciones al derecho de reunión y las torturas a presos políticos en
Tucumán, denunciadas por Gelsi en medios nacionales.[42] El giro represivo del gobierno motivó, asimismo, el alejamiento
de Alonso de su cartera, movimiento que no modificó la correlación de fuerzas
favorable al sabattinismo.[43] La impronta radical predominante en los planteles de gobierno fue
reconocida por el interventor en octubre de 1956. Este la atribuyó a que la UCR
contaba “con más gente” que los demás partidos, justificación que, como es de
suponerse, no acalló las críticas.[44]
La expansión
territorial del partido
Un segundo vector que modeló la trayectoria del radicalismo
tucumano tras el golpe de 1955 fue la búsqueda de expandirse territorialmente
mediante la fundación de organismos de base. Al igual que en la conquista de
espacios en el estado, en este proceso tuvo un impacto clave el derrocamiento
del peronismo. Durante las gestiones radicales (1935-1943) el partido conformó
una “matriz extensiva de movilización y reclutamiento” que tuvo en los centros
(también denominados comités), diseminados a lo largo del territorio
provincial, su materialización más elocuente. Sin embargo, la pérdida del
estado provincial y la profunda crisis que atravesó el partido tras la
irrupción peronista se tradujeron en una desarticulación de la red de organismos
de base, que redujeron significativamente su presencia.[45] Junto a los dos factores señalados, el repliegue local del
radicalismo se vinculó a la consolidación de un conjunto abigarrado de
instituciones locales articuladas en torno a la identidad política peronista:
Unidades Básicas, clubes de fútbol, entidades culturales o fomentistas y redes
informales de sociabilidad. De acuerdo a Omar Acha, la vigorosa capacidad de
interpelación de dichas entidades ante los poderes públicos, alimentada por la
consolidación de los lazos entre el Partido Peronista y el estado hacia
comienzos de los años cincuenta, llevó a la conformación de una “sociedad
política” que absorbió el grueso de las demandas locales hacia los poderes
públicos, reforzó la implantación territorial del peronismo y desplazó a un
lugar minoritario a los organismos de partidos opositores.[46]
La actividad de los centros de la UCR de Tucumán mostró signos de
una paulatina reactivación durante el ciclo de movilización antiperonista
desarrollado entre las elecciones de abril de 1954 y el golpe de estado de
1955, en el que la juventud radical tuvo un rol protagónico.[47] El derrocamiento del peronismo, por su parte, abrió una coyuntura
propicia para la expansión del entramado partidario radical. Diferentes
procesos confluyeron en esta dirección. Por un lado, la disolución del partido
y demás organizaciones de filiación peronista, el desplazamiento del
funcionariado y clima general de persecución a su dirigencia, hitos que minaron
la pervivencia de la sociabilidad de matriz peronista. Aunque carecemos de
estudios específicos sobre este proceso en Tucumán, la invisibilización de las
actividades de las instituciones de filiación peronista en la prensa y en la
documentación local permite inferir que la hostilidad del gobierno militar hizo
efecto. De ese modo, tras modelar hasta 1955 las formas de sociabilidad y la
construcción de lealtades partidarias a lo largo del territorio tucumano, el
repliegue de dichas entidades repercutió en la dinámica política local.
Uno de los procesos derivados de tal repliegue fue la búsqueda de
afiliados y dirigentes del peronismo por integrarse a organismos de base
radicales. Dicha tesitura motivó reacciones diversas entre los referentes
locales de la UCR. El centro frondizista de Bella Vista, fundado a finales de
1954, modeló un temprano acercamiento al electorado y la dirigencia peronistas.
Se trataba, ciertamente, de actores insoslayables para ensanchar sus bases de
sustento en una zona de fuerte presencia obrera y un bastión electoral del
movimiento derrocado.[48] La posición del centro frondizista de La Madrid, pequeña
localidad rural del sur tucumano, se ubicó en las antípodas de su par
bellavisteño. En noviembre de 1955 publicó en la prensa una declaración en
repudio a “personas pertenecientes al ex partido oficialista” que buscaban
crear otro organismo radical en la localidad.[49] Al mes siguiente, sus autoridades denunciaron el intento de un
“afiliado y dirigente” peronista por incorporarse al radicalismo local como
medio para apuntalar su designación en la delegación comunal.[50] A pesar del desmentido publicado una semana más tarde por el
denunciado, en el que negó su carácter de afiliado peronista y se atribuyó
haber sido procesado “por desacato” en 1947, prueba de una supuesta oposición
al gobierno, las gestiones del centro de La Madrid lograron su cometido. El
ministro de Gobierno designó a uno de sus miembros en el cargo.[51]
Aunque en rigor de verdad Cardozo había sido afiliado del Partido
Peronista, como lo atestigua el padrón partidario de ese circuito,[52] la posición del centro frondizista contenía una disyuntiva
futura. Si bien su perfil antiperonista obstaculizó la llegada de un ex
afiliado al principal cargo público local, esta estrategia podía toparse con
dificultades a la hora de conseguir apoyos en la población local. Del total,
aproximado, de 1000 electores masculinos inscriptos en el circuito en 1954, 718
eran afiliados peronistas,[53] posición dominante que fue ratificada en los comicios.[54] Independientemente de la viabilidad de la estrategia del
frondizismo de La Madrid, lo cierto es que aparte de visualizar una faceta
complementaria de la conflictividad local alrededor de los cargos públicos,
alimentada en este caso por radicales y peronistas, este episodio ratifica los
intentos de los segundos por migrar hacia la UCR luego del golpe. Las denuncias
sobre la inclusión de peronistas en los padrones partidarios, esgrimidas por el
sabattinismo y el unionismo, pueden interpretarse en el mismo sentido.[55]
El repliegue de la sociabilidad peronista no sólo dejó a amplios
contingentes sin un encuadre partidario local, contribuyendo, en algunos casos,
a engrosar las filas radicales. Como parte del mismo proceso, el desplazamiento
del funcionariado peronista y la persecución a su dirigencia clausuró un canal
de intermediación entre el estado y los ciudadanos en la escala local. El
avance radical sobre dependencias públicas estratégicas para construir redes
políticas ofreció al partido un canal privilegiado para encauzar demandas hacia
el estado, tarea tradicionalmente cumplida por los centros partidarios. En
virtud del “carácter bifronte” de dichas entidades, que combinaban la
construcción de clientelas y la transmisión de demandas con la configuración de
ámbitos de sociabilidad local, su multiplicación se retroalimentó con el
control radical de resortes estatales.[56]
Las demandas fueron múltiples e interpelaron a los diferentes
niveles de la administración pública. Así, mientras que el centro frondizista
de Tafí Viejo se dirigió al administrador general de los ferrocarriles y al
intendente municipal para solicitarles, respectivamente, la instalación de
barreras y el reemplazo de las lámparas del alumbrado público[57]; un centro juvenil de la localidad de Monteros instó al jefe de
policía a que clausurara locales en los que se practicaban juegos de azar
clandestinos.[58] En otros casos los pedidos se direccionaron hacia la
reincorporación de empleados públicos cesanteados por el gobierno; la
concreción de obras públicas para la comunidad –tales como arreglo de caminos y
mejoras en el alumbrado público– y la elevación de solicitudes de empleo para
miembros de los organismos de base.[59] Las presentaciones sobre temas puntuales se desplegaron en
paralelo con la búsqueda de soluciones a cuestiones de interés público, que
involucraban a múltiples instancias del gobierno. Tal fue el caso del centro de
la Juventud Radical de Famaillá, zona de fuerte presencia de agricultores y
obreros azucareros, que en diciembre de 1955 solicitó a la intervención la
puesta en marcha de una “reforma agraria” que mejore la situación de los plantadores
locales y la transformación de los ingenios de la zona a un régimen
cooperativo.[60]
Concomitantemente a estos procesos, el fraccionalismo radical
también coadyuvó a la expansión local del partido. Aunque parezca paradójico,
la disputa entre las fracciones por reconquistar militantemente al electorado
provincial y aventajar a sus rivales dentro del partido incentivó la
multiplicación de organismos de base. Como lo atestigua el caso de Bella Vista,
los enfrentamientos entre frondizistas y sabattinistas llevaron a la creación
de dos centros rivales, ubicados a una distancia estrecha. En lugar de
debilitar al partido en el pueblo, la existencia de dos centros filiados en
sendas fracciones promovió una febril competencia a lo largo de 1956, traducida
en la organización de actividades diversas –tales como asados criollos y ciclos
de conferencias sobre temas de interés local–; la promoción de filiales en las
zonas circundantes y la prestación de servicios como la apertura de una
biblioteca y un consultorio jurídico para asesoramiento a los trabajadores de
la localidad.[61] La evolución en el número de afiliados del centro frondizista a
lo largo de 1956 revela que el fraccionalismo no redundó en un debilitamiento
del partido en la escala local.[62] En forma similar al caso bellavisteño, la competencia entre
frondizistas, sabattinistas y unionistas alentó la creación de centros rivales
en numerosos puntos del territorio provincial. A modo de ejemplo, en la ya
mencionada localidad de La Madrid la disputa interna llevó a que se fundaran
dos centros rivales pertenecientes a fracciones opuestas, que se disputaron las
adhesiones de los votantes del circuito.
Las disputas también se visibilizaron al interior de cada
fracción, impactando en la presencia de centros. Esto fue palpable, por
ejemplo, en el caso de la entidad frondizista de Villa Luján, populoso barrio
de San Miguel de Tucumán. El centro “Amadeo Sabattini”, fundado en la campaña
electoral de 1951, se erigió durante los años finales del gobierno peronista en
un ámbito de vinculación y promoción de actividades locales del partido.[63] Luego del golpe y la profundización del enfrentamiento entre la
fracción sabattinista y la conducción partidaria, el centro cambió su
denominación a “Roque Raúl Aragón” con el fin de homenajear al fundador de la
intransigencia tucumana y ratificar su lealtad a las autoridades. En ese marco,
desplegó una dilatada agenda de actividades y afianzó sus bases de apoyo en el
vecindario.[64] Las disputas intestinas estallaron en agosto de 1956 cuando una
asamblea de afiliados definió el traslado de la sede desde el inmueble que
ocupaba tradicionalmente hacia uno ubicado en el mismo barrio, a seiscientos
metros de distancia. Tras denunciar la actitud “divisionista” y “personalista”
de los disidentes, las autoridades del centro refrendaron, en una asamblea de
miembros, la vigencia del domicilio anterior. Esto precipitó la creación de una
entidad paralela por parte de los disidentes, alineados, al igual que sus
rivales, con la conducción frondizista provincial.[65]
Como se desprende de los casos referidos, en un contexto de
competencia entre las fracciones radicales por el control del partido y por
ocupar espacios en el estado, las divisiones entre las dirigencias locales
imprimieron al entramado partidario local una alta dosis de volatilidad. Cada
fracción buscó capitalizar la expansión y el control de la red de centros
constituyó, en ese sentido, un tema crucial. En efecto, el conflicto más
importante dentro del radicalismo tucumano durante la etapa analizada se estructuró
alrededor del proceso de apertura de organismos de base.
En noviembre de 1955 la JG denunció un “plan de alzamiento y
divisionismo” de las fracciones opositoras a raíz de la creación de una docena
de centros sin el consentimiento de las autoridades, condición reglamentaria
establecida por la Carta Orgánica.[66] Las acusaciones se dirigieron hacia un conjunto de diez
dirigentes, entre los que se incluían los líderes sabattinista y unionista,
Pisarello y Moreno Campos, junto a otras figuras de las fracciones opositoras a
la conducción. La JG elevó los antecedentes al Tribunal de Conducta, órgano
encargado de juzgar a los afiliados que se apartaban de las disposiciones
reglamentarias, creado por la conducción gelsista a comienzos de los años
cincuenta.[67] A pesar de las mordaces críticas que esgrimieron los implicados,
al que caracterizaron como un “plan de intimidación” en su contra, la JG avanzó
en el juzgamiento.[68] El mismo replicaba un proceso judicial con presentación de
pruebas, designación de fiscal y abogados defensores, audiencias y veredicto
público del Tribunal.
El eje argumental de las autoridades señaló que la creación de
organismos de base sin autorización amenazaba la estructura orgánica del
partido al esquivar el control de la JG, situación agravada por la inclusión,
en algunos casos, de individuos no afiliados a la UCR. La defensa de Pisarello,
principal implicado en la denuncia, alegó que se trataba de centros de la
fracción sabattinista no encuadrados formalmente dentro del partido y que, por lo
tanto, no precisaban autorización de la JG.[69] Esta posición fue rechazada por el Tribunal, que consideró que
los centros organizados “aparecían ante la opinión pública como radicales” y
que buscaban, por ende, usurpar facultades de los organismos reconocidos. Luego
de un accidentado derrotero, que incluyó episodios de enfrentamiento violento
entre los seguidores de las tres fracciones, el Tribunal definió las sanciones:
Pisarello fue expulsado del partido mientras que los demás acusados fueron
suspendidos o absueltos.[70]
Al margen de los detalles propios del episodio, parte de una
querella interna de larga data que perduró hasta la división del partido, lo
que este desenlace revelaba era la búsqueda de la conducción partidaria por
controlar el proceso de apertura de organismos de base y desalentar, a través
de una medida ejemplificadora, a quienes promovieran acciones por fuera de su
influencia directa. De ese modo procuró, en un mismo movimiento, neutralizar
las tendencias centrífugas en la escala local, traducidas en la multiplicación
de centros, y poner en tela de juicio la legitimidad de las fracciones
opositoras cuestionando el accionar de sus líderes y desautorizándolos frente a
los afiliados. Respecto al primer punto, los efectos de la medida fueron nulos
ya que sabattinistas y unionistas continuaron impulsando organismos de base en
diferentes puntos del territorio. El segundo objetivo tuvo mayor impacto,
teniendo en cuenta que las sanciones fueron definidas a poco de las elecciones
de delegados nacionales de la UCR, en las que el frondizismo ratificó
ampliamente su predominio.[71] El juzgamiento dificultó el despliegue de la acción proselitista
de los dirigentes implicados, situación denunciada por el sabattinismo y el
unionismo.
Alimentado por la confluencia de factores reseñados, el proceso de
expansión del radicalismo que sucedió al golpe de estado se plasmó en términos
cuantitativos. En los trece meses transcurridos entre la “Revolución
Libertadora” y la Convención Nacional se fundaron en Tucumán cerca de un
centenar (102) de estas entidades, diseminadas por los once departamentos del
territorio provincial.[72] Si se desglosa la filiación de los centros a las diferentes
fracciones partidarias se observa un predominio del frondizismo, cuyos
organismos de base (69) duplicaron a los de las fracciones opositoras (34).
Esta cifra revela, asimismo, que la relevancia de los centros “rebeldes” era
imposible de soslayar en el mapa partidario radical post golpe, como lo
refrendó la denuncia de las autoridades contra los líderes de las fracciones
disidentes.
La veloz multiplicación de organismos de base radicales marcó un
contraste respecto al ciclo político cerrado en 1955. Este fenómeno fue
resaltado por la prensa y los propios dirigentes partidarios. Un cronista del principal
diario provincial llamó la atención, en enero de 1956, sobre la “intensa
actividad de los grupos radicales”, que se extendía por “las barriadas” de San
Miguel de Tucumán y por el “interior provincial”.[73] Desde una mirada crítica, un miembro de la JG fustigó la
“proliferación” de correligionarios que “no aparecieron” cuando la “lucha
contra la dictadura era cruenta” y que, tras el golpe, se dedicaron a “formar
centros”, alusión apuntada a las fracciones opositoras a la conducción.[74]
Entre las singularidades de este proceso cabe señalar, asimismo,
que no se enmarcó dentro de una campaña electoral propiamente dicha, como era
habitual en la trayectoria previa del partido, sino que obedeció al impulso de
las fracciones por capitalizar la coyuntura abierta con el golpe de estado y
sacar ventaja en las disputas intestinas. En el período comprendido entre
octubre de 1955 y las elecciones internas de enero de 1956 se fundaron los 2/3
del total de centros de todo el período analizado. Asimismo, el proceso de expansión
local del partido fue de la mano con el crecimiento en la participación de los
afiliados en los comicios internos. En los nueve meses transcurridos entre las
elecciones de marzo de 1955 y enero de 1956, la cantidad de votantes se
incrementó en un 40%.[75] El incremento benefició, principalmente, al frondizismo, cuyo
caudal creció un 70% entre ambos comicios, reforzando el lugar secundario de
los opositores. En ese sentido, resulta lícito afirmar que la expansión del
entramado partidario radical en la etapa post golpe se retroalimentó con un
aumento en los niveles de reclutamiento y participación de los afiliados en las
elecciones internas.
Consideraciones
finales
La “Revolución Libertadora” marcó un punto de inflexión en la
trayectoria del radicalismo. El cambio en las coordenadas
político-institucionales impactó sensiblemente en el derrotero del partido,
interpelando los discursos, las formas de hacer política y los mecanismos de
vinculación con el estado que desplegaron los radicales a lo largo del país.
Este proceso cobró perfiles propios en cada provincia, fraguando prácticas que
es pertinente rescatar en su especificidad.
El desalojo del peronismo y la matriz cívico-militar que adoptó
tempranamente la intervención de Tucumán abrieron oportunidades para que los
radicales conquistaran espacios en la administración provincial y las entidades
de la sociedad civil intervenidas por el gobierno. En contraste con la década
peronista, etapa esquiva para la militancia radical desde ese punto de vista,
el desplazamiento del funcionariado del movimiento derrocado y la fuerte
apoyatura civil de la “Revolución Libertadora” sentaron las condiciones para la
expansión del partido, a través de la ocupación de puestos decisorios en los
diferentes niveles del organigrama estatal. Ciertamente, el radicalismo se
perfilaba como un actor insoslayable a la hora de nutrir los planteles
gubernamentales, al contar con mayor presencia territorial que los demás
partidos y heredar el estatus de principal alternativa electoral al peronismo.
En virtud de dicho escenario, la intervención designó dirigentes radicales en
puestos clave del gobierno, relegando a las demás organizaciones partidarias a
lugares secundarios. La prioridad otorgada a los radicales, principalmente a la
fracción sabattinista, llevó a que, a poco de andar, el apoyo generalizado que
prestó el arco político a la intervención revelara sus límites y florecieran
las divergencias. Esto no impidió al interventor preservar una relación de
mutua colaboración con el frondizismo, actor dominante dentro del radicalismo
aunque desplazado en el reparto de cargos. En efecto, el apoyo crítico fue el
sello característico de la trayectoria de la principal fracción radical, que
debió pivotear entre imperativos discordantes tales como evitar el
desgranamiento de sus filas, preservar márgenes de autonomía frente al gobierno
y construir un perfil lo menos reactivo posible de cara a los simpatizantes y dirigentes
peronistas.
La activa participación de la dirigencia radical en el gobierno
tuvo resultados ambivalentes hacia dentro del partido. El ensanchamiento de los
recursos materiales y simbólicos a su alcance fue de la mano con la
profundización del fraccionalismo, fenómeno que, al igual que las designaciones
en el estado, involucró a los diferentes niveles de la estructura partidaria.
Desde las cúpulas hasta las bases, el repertorio de conflictos desatados por la
ocupación de puestos en la administración pública modeló la experiencia de los
dirigentes en las escalas local, departamental y provincial, reeditando
enfrentamientos pretéritos y activando nuevos. De ese modo, a tono con un rasgo
tradicional del partido, las perspectivas abiertas por un gobierno afín
exacerbaron la conflictividad interna, cuadro que sólo logró zanjarse con la
división formal de la UCR a fines de 1956.
La fraccionalización no fue a contramano del crecimiento
territorial del radicalismo. Por el contario, la expansión reticular fue un
signo característico del entramado asociativo partidario en la etapa
comprendida entre el golpe de estado y la Convención Nacional. Al embestir
contra las entidades, dirigentes y funcionarios peronistas, la Revolución
Libertadora introdujo cambios sensibles en las formas locales de la política.
En medio de un proceso general de activación de la militancia radical, cuyos
antecedentes se retrotraían a los estertores del gobierno peronista, los
centros habilitaron nuevas vías de canalización de las demandas locales,
proceso que se retroalimentó con la conquista de espacios en la administración
pública. En algunos casos, los organismos de base radicales se fortalecieron en
desmedro de la dispersión peronista, elemento que introdujo una nueva fuente de
conflictos en el seno de las filas partidarias. La multiplicación de los
centros y el robustecimiento en los niveles de afiliación, visibles a lo largo
del período analizado, también se nutrieron de la competencia entre las
fracciones. De ese modo, la microconflictividad generada en torno a los centros
hablaba de una dirigencia que recurrió a un amplio abanico de prácticas para
ensanchar sus bases de sustento y capitalizar un ciclo de expansión que
contrastó con la trayectoria partidaria durante la década peronista.
En síntesis, el derrocamiento del peronismo habilitó un singular
proceso de crisis y expansión del radicalismo tucumano. El crecimiento
territorial del partido y su acceso a puestos decisorios dentro del gobierno
fueron de la mano con un incremento en la fraccionalización, cuadro que se
mantuvo hasta fines de 1956. De ese modo, aunque en términos globales el
radicalismo robusteció su presencia en la sociedad provincial, la división del
partido minó su capacidad para construir una alternativa electoral superadora
del peronismo. La ruptura definitiva de sus filas reveló, a la postre, los
claroscuros legados por la crisis de crecimiento que atravesó el partido a
comienzos en los inicios de la “Revolución Libertadora”.
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Preliminary Observations”. Midwest
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[1] Sobre la
relación entre los partidos y el gobierno véase María Estela Spinelli. Los vencedores vencidos: el antiperonismo y
la “revolución libertadora”. Buenos Aires, Biblos, 2005. Algunas
trayectorias partidarias en Hernán Camarero y Carlos Herrera. El partido socialista en Argentina. Buenos
Aires, Prometeo, 2005; María Cristina Tortti. El “viejo” partido socialista y los orígenes de la “nueva” izquierda
(1955-1965). Buenos Aires, Prometeo, 2009; Silvana Ferreyra. Socialismo y antiperonismo: el Partido
Socialista Democrático. Transformación partidaria y dinámica política en
tiempos de proscripción. (Provincia de Buenos Aires, 1955-1966). Tesis de
Doctorado. Mar del Plata, UNMdP, 2012; Julio César Melón Pirro. El peronismo después del peronismo.
Resistencia, sindicalismo y política luego del 55. Buenos Aires, Siglo
Veintiuno, 2009.
[2] Sobre las esferas
nacionales del partido véase Alain Rouquie. Radicales
y desarrollistas en la Argentina. Buenos Aires, Schapire, 1975; Ricardo
Gallo. Balbín, Frondizi y la división del radicalismo (1956-1958). Buenos
Aires, Editorial de Belgrano, 1983; Ana Virginia Persello. Historia del radicalismo. Buenos Aires, Edhasa, 2007; María Estela
Spinelli. Los vencedores…, Op. Cit.
Las investigaciones sobre el radicalismo en Córdoba y Jujuy constituyen
excepciones al diagnóstico referido y ofrecen antecedentes de relevancia para
el presente texto. César Tcach. De la
Revolución Libertadora al Cordobazo. Buenos Aires, Siglo XXI, 2012;
Fernando Castillo. “Conflictos y representaciones en el radicalismo de Jujuy,
del peronismo a la Revolución Libertadora”. Polhis.
Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política,
N° 15. Buenos Aires, 2015, pp. 175-204.
[3] Nuestro
análisis recupera la definición de las fracciones propuesta por Richard
Zariski, quién las entiende como cualquier combinación dentro del partido, de
camarillas o grupos cuyos miembros comparten un sentimiento de identidad común
y un propósito común, que se encuentran organizados para actuar de manera
colectiva y lograr sus objetivos. Estos objetivos contemplan diversas
variables: el control del partido y el aparato gubernamental; el cumplimiento
de intereses locales, regionales o de grupo; la promoción de valores
compartidos y/o la influencia en la estrategia del partido o en las políticas
públicas. Richard
Zariski. “Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary
Observations”. Midwest Journal
of Political Science, N° 4. 1960, p. 33.
[4] Esta
perspectiva se inscribe en la corriente de análisis que define al
fraccionalismo como un fenómeno de efectos múltiples, que pueden robustecer o
debilitar al partido de acuerdo a las diferentes coyunturas. Se desmarca, en
ese sentido, de aquellas que atribuyen al fraccionalismo un carácter patológico
o disfuncional. Alberto Espejel Espinoza. “El estado de la cuestión de los
grupos al interior de los partidos. Entre facciones, fracciones y tendencias”.
Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Vol. II, N° 1.
México, 2013, pp.131-154.
[5] Leandro
Lichtmajer. “Confrontar al peronismo. Dinámica partidaria y prácticas políticas
de la Unión Cívica Radical (Tucumán, 1946-1958)”. HiSTOReLo. Revista de
Historia Regional y Local, Vol. 8, N° 15. Medellín, 2016, p. 382.
[6] Moreno Campos
fue concejal por la Capital (1938-1943) mientras que Pérez de Nucci fue
diputado provincial (1935-1943).
[7] Pisarello fue
senador por la Capital (1948-1952) y Alonso diputado por el mismo distrito
(1948-1952).
[8] Leandro
Lichtmajer. “Confrontar…”, Op. Cit., pp. 376-383.
[9] La Gaceta, Tucumán, 23/9/1955.
[10] Aunque
carecemos de estudios específicos sobre este tema, abordajes sobre el campo
escolar y la sociabilidad local durante el peronismo inducen a reflexionar en
tal sentido. Omar Acha. “Sociedad civil y sociedad política durante el primer
peronismo”. Desarrollo Económico,
Vol. 44, N° 174. Buenos Aires, 2004, pp. 199-230; Flavia Fiorucci. “La denuncia
bajo el peronismo: el caso del campo escolar”. Latin American Research Review, Vol. 48, N° 1. Austin, 2013, pp.
3-23.
[11] Boletín Oficial, Tucumán, 25 de
noviembre de 1955, p. 8144.
[12] Félix J. Mothe
y Juan Ángel Tito Frías (Subsecretarías de Gobierno y Justicia y Cultura e
Instrucción Pública, respectivamente); Lázaro Barbieri, Miguel Mendoza Padilla,
Amadeo Rizzato, Dante Salvioli (Direcciones de Enseñanza, Cárceles, Turismo y
Personal, respectivamente); Juan Fortassín (Jefatura de Policía). Ídem, 25 de
noviembre de 1955, p. 8144; 26 de julio de 1956, p. 6648.
[13] Ídem, 25 de
noviembre de 1955, p. 8144.
[14] Ibídem.
[15] Ricardo
Collado y Nilo Lucero (vocales); Nilamón Bulacio Núñez (Ministro Fiscal). La Gaceta, Tucumán, 22/10/1955.
[16] Ídem,
13/10/1955.
[17] Ibídem.
[18] Silvana
Ferreyra. “El “delito” de ser peronista. Una aproximación a la comisión
investigadora durante la Revolución Libertadora”. Ponencia presentada en Cuarto Congreso de Estudios sobre el
Peronismo, Tucumán, 2014.
[19] En la Comisión
Central se designaron tres radicales (Nilo Lucero, Ramón Villagra Delgado,
Alfredo García), un conservador y un militar. Asimismo, dirigentes de la UCR
presidieron subcomisiones clave (Partido Peronista, Municipalidad de San Miguel
de Tucumán, Municipalidad de Tafí Viejo, Justicia Nacional, Dirección de Obras
Públicas de la provincia, entre otras). Archivo General de la Nación (AGN),
Archivo intermedio, Fondo Comisión Nacional de Investigaciones, Memoria de la
Comisión Provincial de Investigaciones de Tucumán, Caja 3, fs. 1-36.
[20] María Estela
Spinelli. Los vencedores…, Op. Cit.,
p. 73.
[21] César Tcach. De la Revolución…, Op. Cit., pp. 19-43;
Fernando Castillo. “Conflictos…”, Op. Cit., pp. 195-196.
[22] La Gaceta, Tucumán, 11/10/1955.
[23] Ídem, 3/11/1955.
[24] Ídem,
17/11/1955.
[25] Ídem,
12/11/1955.
[26] Ídem, ,
8/11/1955.
[27] Leandro
Lichtmajer. “Asociacionismo y política en la escala local. El Centro de la
Unión Cívica Radical de Bella Vista durante el post peronismo (Tucumán,
1955-1958)”. Boletín Americanista, N°
68. Barcelona, 2014, pp. 165-185.
[28] Libro de Actas del Centro Social y Político de
la Unión Cívica Radical de Bella Vista, 24/10/1955.
[29] Se designó en
esa localidad a Argentina Moreno, dirigente de la rama femenina del partido. La Gaceta, Tucumán, 3/12/1955.
[30] Boletín Oficial, Tucumán, 5/9/1956, p.
6324.
[31] AGN, Archivo
intermedio, Fondo Secretos, Confidenciales y Reservados, caja n° 134, Carpeta
caratulada “Pedido de un cargo de juez de paz”, fs. 1-23, enero-abril de 1957.
[32] La Gaceta, Tucumán, 1/2/1956.
[33] Los unionistas
reclamaban cesantías del personal educativo y del ministerio de Hacienda. Ídem,
3/2/1956.
[34] Ídem,
6/2/1956. Las Juntas Consultivas Provinciales buscaban replicar el organismo
nacional creado en octubre de 1955 por Eduardo Lonardi. Sobre su funcionamiento
y alcances véase María Estela Spinelli. Los
vencedores…, Op. Cit., p. 194.
[35] Por este hecho
detuvieron a 108 personas, entre las que se encontraban ex directivos de la CGT
y del Partido Peronista. La Gaceta, Tucumán,
4/5/1956.
[36] La expresión
fue esgrimida ante el Ministro (interino) del Interior, Laureano Landaburu, en
una visita a Tucumán. Ídem, 28/5/1956.
[37] Lo apoyaron
los Partidos Socialista, Demócrata Progresista y Demócrata Cristiano. Ídem,
11/6/1956.
[38] Ídem,
12/5/1956.
[39] Ídem,
13/5/1956.
[40] Fueron
convocados las fracciones sabattinista y frondizista de la UCR y los partidos
Socialista, Demócrata Progresista, Demócrata Cristiano, Bandera Blanca, Social
Agrario y Demócrata. Ídem, 29/5/1956.
[41] Ídem,
27/5/1956.
[42] Ídem,
18/8/1956.
[43] También
renunciaron el Jefe de Policía y el Subsecretario de Cultura e Instrucción
Pública. En el Ministerio de Gobierno asumió Mothe, segundo de Alonso. Ídem, 22/7/1956.
[44] Ídem, 5/10/1956.
[45] Leandro
Lichtmajer. “Asociacionismo…”, Op. Cit., p. 169.
[46] Omar Acha.
“Sociedad…”, Op. Cit.
[47] Leandro
Lichtmajer. “Asociacionismo…”, Op. Cit., p. 169.
[48] Leandro
Lichtmajer. “Asociacionismo…”, Op. Cit., p. 168.
[49] La Gaceta, Tucumán, 9/11/1955.
[50] Ídem,
16/12/1955.
[51] Ídem,
17/12/1955.
[52] Biblioteca del
Congreso de la Nación, Sala de Colecciones Especiales, Archivo Perón. Partido
Peronista. Distrito de la Provincia de Tucumán. Padrón Partidario Departamento
de Graneros, Circuitos 83-88, c. 1954.
[53] Ibídem.
[54] La Gaceta, Tucumán,
27/4/1954.
[55] Ídem,
30/1/1956.
[56] Leandro
Lichtmajer. “Asociacionismo…”, Op. Cit., p. 166.
[57] La Gaceta, Tucumán, 14/7/1956,
15/8/1957.
[58] Ídem,
9/8/1956.
[59] Libro de Actas, Op. Cit., 26/4/1956,
14/4/1958.
[60] La Gaceta, Tucumán, 7/12/1955.
[61] Libro de Actas, Op. Cit.
[62] Por el
contrario, las cifras de participación en las asambleas del centro se
incrementaron. Ídem, 15/04/1956.
[63] La Gaceta, Tucumán, 14/4/1951.
[64] Ídem,
16/1/1956. Entre enero y junio de 1956 desarrolló las siguientes acciones:
publicó una declaración llamando a los vecinos a “profundizar la actuación” en
el barrio y repudiar un episodio de violencia entre afiliados; organizó una
caravana de afiliados para asistir a un acto con presencia de Frondizi; realizó
un acto por el día del trabajador; puso en marcha la secretaría femenina del
centro y materializó un ciclo de conferencias de dirigentes radicales. Ídem,
18/2/1956, 12/4/1956, 23/5/1956, 21/6/1956.
[65] Ídem,
24/8/1956.
[66] Ídem,
26/11/1955.
[67] Leandro
Lichtmajer. “Confrontar…”, Op. Cit., p. 380.
[68] La Gaceta, Tucumán, 29/12/1955.
[69] Ibídem.
[70] La Gaceta, Tucumán, 5/1/1956.
[71] Alcanzó un 82%
de los votos frente al 18% del sabattinismo. El unionismo no participó de la
contienda. Ídem, 1/2/1956.
[72] Las cifras
sobre los centros radicales entre 1955-1956 se basaron en la información sobre
la actividad proselitista del radicalismo publicada en el diario La Gaceta, única fuente periodística
disponible para ese período.
[73] La Gaceta, Tucumán, 21/1/1956.
[74] Ídem,
8/11/1955.
[75] La
participación trepó de 5636 a 7962. Ídem, 1/2/1956.