Junta
Consultiva y Comisiones Investigadoras en la Provincia de Buenos Aires: usos de
la escala para pensar el conflicto peronismo-antiperonismo
Advisory Board and Investigative Commissions in the Buenos Aires
province: uses of scale to think peronismo- antiperonism conflict.
Silvana Gabriela
Ferreyra
Centro de Estudios Históricos (Universidad
Nacional de Mar del Plata)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina
Resumen
Este artículo intenta reflexionar
en la intersección entre dos tópicos: las historias provinciales/locales y los
estudios sobre antiperonismo en la “libertadora”. El punto de partida es el
análisis de la Junta Consultiva y las Comisiones Investigadoras en la Provincia
de Buenos Aires. El objetivo principal es apreciar en distintas dimensiones la
radicalidad del conflicto peronismo-antiperonismo durante la “revolución
libertadora.” Por un lado, identificamos similitudes y diferencias en las
alianzas políticas de los distintos niveles administrativos bonaerenses con
respecto al gobierno nacional. Nos encontramos con un escenario complejo y
heterogéneo que evidencia tramas alternativas al binomio
peronismo-antiperonismo. Por otro lado, analizamos los expedientes de las
comisiones investigadoras para estudiar la recepción de las políticas
“desperonizadoras” entre la “gente ordinaria”. En esta línea, proponemos una
mirada microanalítica que resalta la intensidad del conflicto. Las denuncias de
las comisiones muestran cruces entre lo personal y lo político y evidencian la
tensión social que una década de peronismo había instalado a “ras de suelo”. En
definitiva, el artículo pretende constituirse en un pequeño laboratorio de
trabajo para testear usos diversos de la escala en los estudios provinciales.
Palabras
claves
Escala, microhistoria, historia provincial, antiperonismo,
“revolución libertadora”
Abstract
This paper aims to
think about the intersection between two subjects: provincial/local histories
and studies about Antiperonism at
“Libertadora”. The starting point is given in the analysis of Advisory Board
and Investigative Commissions in the Buenos Aires province. The main objective
means to appreciate the radicality of Peronism-Antiperonism conflict for the
period of “liberating revolution” in several dimensions. On one hand, we
identify both similarities and differences in distinct levels of bonaerense
administration in relation to national government. We find a complex and
heterogeneous scenario which shows alternative positions to
Peronism-Antiperonism pairing. On the other hand, we analyse files of Investigative
Commissions in order to study the reception of “desperonización” policies among
“common people”. In this way, we propose a microanalytical point of view which
highlights the intensity of this conflict. Denunciations of Commissions exhibit
crossings between personal and political matters and demonstrate social tension
“au ras du sol” installed after one decade of Peronism. In short, the paper
expects to became a little laboratory for testing several uses of scale in
provincial studies.
Keywords
Scale, microhistory, provincial history, Antiperonism,
“liberating revolution”
Introducción
Las dimensiones local y provincial lograron un importante espacio
en el diálogo historiográfico de las últimas décadas. Dos motivaciones
distintas, aunque no excluyentes, parecen haber jugado algún papel a la hora de
elegir un recorte sub-nacional para analizar problemas históricos. Una de
ellas, menos confesa pero no por eso menos efectiva, se apoya en los
requerimientos de la profesionalización del historiador. Las exigencias para
encontrar una “vacancia” en un campo que crece a un ritmo vertiginoso, podían
resolverse seriamente recurriendo al análisis de distintos interrogantes en
espacios más o menos restringidos (regiones, provincias, ciudades). La otra, enunciada
como elección metodológica, resulta de suponer que en estos niveles de análisis
pueden situarse los procesos causales de los cuales dependen los procesos
históricos que se colocan bajo la lupa.
A diferencia de lo que ha ocurrido con los estudios sobre otros
períodos de la historia (en particular nos referimos al período peronista), el
análisis regional de los sucesos políticos acontecidos durante la “revolución
libertadora” se encuentra todavía en desarrollo.[1] En esta encrucijada también el trabajo de César Tcach se
constituyó como referencia,[2] analizando las estrategias políticas de las distintas fuerzas y
las nuevas correlaciones que se tejieron con la proscripción del peronismo para
el escenario cordobés. El modo en que las tramas no siempre se correlacionaban
con las que se tejían para la escena nacional, permitía advertir un país
federal, con pactos territoriales diferenciados y un panorama nacional
complejo.[3] Pero la hipótesis de Tcach iba más allá de advertir sobre esta
diversidad de casos; su trabajo buscaba demostrar que una mirada situada en las
rencillas políticas dejaba en evidencia el escaso peso que el conflicto
peronismo-antiperonismo tenía en la agenda cotidiana del mundo posperonista.
Motivados por este problema, en este artículo decidimos analizar
dos objetos que ya hemos indagado en distintos momentos de nuestra trayectoria
de investigación. Se trata de dos observables clásicos para un enfoque
institucional: las juntas consultivas y las comisiones investigadoras, ambas
creadas por el gobierno de facto de la autodenominada “revolución libertadora”.
En cuanto al primer caso, su tratamiento se presentó de modo tangencial en mi
proyecto doctoral.[4] Al interesarme por el itinerario del Partido Socialista
Democrático en la Provincia de Buenos Aires, estudié su participación en la
Junta Consultiva Nacional y Provincial para reflexionar sobre los
enfrentamientos y acuerdos con las restantes fuerzas políticas. En este
análisis aparecieron claves alternativas a las fijadas por el tradicional
binomio, tal como había señalado Tcach en su investigación. Años más tarde,
como un modo de profundizar mis conocimientos sobre el antiperonismo más
radicalizado, me interesé por indagar en la experiencia de las comisiones
investigadoras, abordando nuevamente el conflicto peronismo-antiperonismo, pero
desde otras lecturas y enfoques.[5]
Si bien se trata de entradas
similares, rescataremos en este artículo los tratamientos diferenciales a
los que fueron sometidos en nuestra investigación, atendiendo a diferentes usos
de la escala para el análisis del período 1955-1958. En esta línea, buscaremos
pensar el conflicto peronismo-antiperonismo teniendo en cuenta diferentes
maneras de registrar lo micro.[6] En el primer aparatado, nos concentraremos en las juntas
consultivas desde la lógica modelo/desviaciones,[7] usual en las historias locales que viene construyendo la
historiografía. Desde esta óptica, podemos referir al modo en que los casos
regionales y provinciales muestran articulaciones políticas que se suponen como
reflejos o distorsiones frente a lo ocurrido en un espacio capitalino que se
modeliza. En el segundo apartado nos concentramos en las comisiones
investigadoras, apostando a colocar el foco en el análisis de actores
históricos en contextos múltiples y pensando lo micro como dimensión de
análisis.
Nos concentraremos en la Provincia de Buenos Aires como
experiencia de análisis, elección fácilmente justificable al tratarse de la
provincia con mayor peso económico y demográfico de la Argentina. No obstante,
no podemos dejar de aclarar que nuestro objetivo principal es advertir las
variaciones de un enfoque situado antes que conocer minuciosamente lo que ha
ocurrido en la provincia de Buenos Aires durante estos años.[8]
Juntas
Consultivas
La Junta Consultiva Nacional fue creada el 28 de octubre de 1955,
bajo la presidencia de facto de Eduardo Lonardi, aunque recién tomó cierto
dinamismo a partir de la asunción de Pedro Eugenio Aramburu, pocos días
después. Fue presidida por el vicepresidente, almirante Isaac Francisco Rojas,
e integrada por miembros de los distintos partidos políticos “democráticos”
(fueron excluidos peronistas y comunistas). Sin atender a representaciones
mayoritarias o proporcionales, estos partidos políticos fueron convocados por
el gobierno militar en igualdad de número, aportando cuatro miembros cada uno:
la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista,
el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata Progresista y Unión
Federal. El discurso democrático y republicano que –paradojalmente–
representaba al golpe de 1955 buscaba homologar esta institución con el poder
legislativo, funcionando en el propio Congreso Nacional. Sin embargo, se
trataba de un organismo únicamente asesor, que trabajaba a partir de las
sugerencias enviadas por el Ejecutivo, sin elevar proyectos propios. Su
accionar se puede seguir minuciosamente a través de los diarios de sesiones,
aunque algunas reuniones no se reprodujeron por definirse como secretas.[9] Con estas cualidades, las juntas consultivas se reprodujeron en
todos los niveles, tanto provinciales como municipales, lo que habilita una
lectura escalar de su funcionamiento. En esta línea, rastreamos algunos ejes
que nos permitan identificar similitudes y diferencias entre la Junta Nacional
y sus homologas regionales.
Como primer eje podemos analizar el modo en que las disidencias de
distintas fuerzas políticas hacia el gobierno nacional implicaron sucesivos
alejamientos de la institución. En la medida en que estos movimientos no
ocurrieron de forma homogénea en los distintos territorios, abrir el “juego de
escalas” nos brinda la posibilidad para pensar la especificidad de las alianzas
en cada región. De hecho, el retraso que ocasionó la propia dinámica
burocrática para disponer la normativa necesaria a efectos de reproducir en
cada provincia un organismo similar al nacional, fue el primer diferencial en
las condiciones políticas.
En Buenos Aires la constitución de la Junta llegó recién dos meses
después que la nacional: el 3 de enero de 1956. Ese primer desfasaje implicó
que ya en su constitución inicial estuvieran ausentes los nacionalistas. De
cualquier forma, la brecha entre el interventor Coronel Emilio Augusto
Bonecarrere y el coronel Arturo Ossorio Arana parece haber sido menor que la
que la bibliografía marca entre Lonardi y Aramburu. Los cambios en el gabinete
provincial se limitaron a las carteras de Hacienda y de Gobierno, probablemente
porque Ossorio Arana no era fiel representante del sector nacionalista del
Ejército, sino simplemente un oficial no demasiado liberal.[10] La conformación inicial de la Junta estuvo dada por Velma Celin
Obieta de Rodríguez y José Clusellas (Partido Demócrata Progresista); Emilio J.
Hardoy y Pablo González Bergez (conservadores); Juan Prat y Doroteo Ireneo
Drake (Unión Cívica Radical); José Amado y Mario Seijo (Partido Demócrata
Cristiano) y Teodoro Bronzini y Eduardo Schaposnik (PS). Si bien la Junta
terminó sus funciones el 3 de marzo de 1958,[11]
su actividad más agitada parece haberse desarrollado durante el año 1956,
momento hasta el que tenemos registro de su accionar en el diario de sesiones,
cuando se abrió el receso de verano que tuvo cierta continuidad con la
detención de actividades para las elecciones de constituyente en julio de 1957
y la posterior paralización por la labor de la convención. Los representantes
conservadores dejaron de participar de la misma a fines de julio de 1956,
aunque el Partido Demócrata nombró otros en 1957, designando a Julio Rodolfo
César y Roberto Sahores. La democracia cristiana, cuyas disidencias con la
mayoría de la junta se habían manifestado respecto al debate sobre educación
religiosa y en relación a la creación del Departamento Provincial del Trabajo,
se retiró definitivamente de la Junta Provincial a fines de septiembre de 1956.
Otra particularidad fue la designación de dos integrantes radicales que se
vincularían posteriormente a la Unión Cívica Radical del Pueblo, razón por la
cual no manifestaron el tipo de disidencia que Oscar López Serrot y Oscar
Allende –vinculados a la Intransigencia– se encargaban de llevar a la Junta
Nacional.[12] Al
respecto, Schaposnik (representante del PS) señaló que “la Junta Consultiva
de la provincia de Buenos Aires está dando un ejemplo de convivencia política
que no se ha podido lograr en el resto del país”.[13]
Asimismo, el enfoque puede extenderse al plano local, introduciendo en
la comparativa a las que se denominaron como Comisiones Asesoras Municipales.
Estos organismos, a diferencia de las Juntas Consultivas Provinciales y
Nacionales, tuvieron inicialmente a una representación corporativa. Es decir, mientras que la composición de las Juntas Consultivas Nacionales y
Provinciales contemplaba la representación igualitaria de los partidos “democráticos”, las
Comisiones Asesoras municipales estuvieron compuestas por “vecinos”
distinguidos, representantes de entidades que agrupaban a comerciantes,
industriales, obreros y profesionales. Este
escenario se modificó tras la aprobación de las “Instrucciones para los
Comisionados” en febrero de 1956 y la consideración del municipio como un
espacio político, equivalente al de la provincia y la nación.[14] En la sesión de la Junta Consultiva Provincial donde se discutieron
estas instrucciones, Schaposnik denunciaba que en Lomas de Zamora y Pergamino
el Partido Socialista le había retirado su apoyo a la Comisión Asesora por la
forma discrecional en que el comisionado había procedido para la designación de
los miembros. Asimismo, denunciaba la sobrerrepresentación del radicalismo en
las comisiones de varias comunas, como General Arenales, Juárez y General
Rodríguez.[15]
En efecto, en cada municipio las alianzas políticas se desplegaron de
modos particulares, atendiendo a las hegemonías locales y los factores de poder
dispuestos en el territorio. Así, en Mar del Plata, la combinación entre la
cercanía con la base naval, el arraigo histórico del socialismo local y el
alineamiento inicial de un importante sector del movimiento obrero con los
“gremios democráticos”, convirtió a la ciudad en un coto de poder para los
grupos más radicalizados del antiperonismo. El comisionado designado, Celso
Aldao, era un médico de la marina simpatizante del radicalismo que se mantuvo
en su cargo entre octubre de 1955 y mayo de 1958. La Comisión Asesora jugó un
rol activo en casi todos los proyectos que se llevaron adelante. Los
socialistas estuvieron mejor posicionados territorialmente que los otros
partidos antiperonistas y fueron otras las fuerzas que atravesaron situaciones
“enojosas” y se distanciaron del gobierno local. En primer término, se
retiraron los demócratas cristianos, quienes también lo habían hecho de la
Junta Provincial. Más tarde, en octubre de 1956, a raíz de desavenencias
internas en el partido sobre las posiciones que habían adoptado los
representantes en la comisión, los consejeros radicales dejaron de asistir. En
octubre de 1957, después del receso abierto por las elecciones de
constituyentes, fueron los conservadores quienes no se reintegraron a la junta,
quedando en la comisión únicamente socialistas y demócrata progresistas,
quienes por otra parte solían avalar las listas del PS a nivel local. Ante esta
situación, los representes socialistas (Luis Nuncio Fabrizio y Jorge Lombardo)
optaron por renunciar para facilitar la reorganización de la comisión, aunque
la cercanía del escenario electoral tornaba ya dificultoso su funcionamiento.
Otro eje a considerar es el modo en
que las
juntas Consultivas Provinciales pueden mostrar cómo gobiernos nacionales y
provinciales del mismo color político disputan por los recursos, atendiendo a
las lógicas del centralismo y el federalismo. En concreto, la Junta Consultiva
de la Provincia de Buenos Aires reclamó que la intervención solicitase al
gobierno nacional la recuperación de las fuentes impositivas, tales como la
provincialización de los casinos, la jurisdicción sobre zonas balnearias y
puertos, así como los fondos retenidos y percibidos por sus beneficios. De
hecho, a partir de los reclamos se concretaron algunos avances en torno a la
recuperación de los derechos en materia de energía, a la situación del Banco
Provincia con relación al régimen bancario nacional, a la participación de la
provincia en los impuestos internos unificados y al régimen de los convenios de
superposición impositiva.
En resumen, la
visión escalar de juntas consultivas nacionales, provinciales y locales parece
mostrar –atendiendo a diferentes ejes– articulaciones
políticas específicas, regidas por lógicas territoriales propias.
Comisiones Investigadoras
La “libertadora” mostró ser un golpe de estado con cierta
imaginación institucional: junto a las Juntas Consultivas creó las Comisiones
Investigadoras, uno de los engranajes principales de la “desperonización”. Este
proceso se basó inicialmente en la consideración del peronismo como corruptor
del sistema político y social, profundizándose al oficializarse su definición
como enemigo “totalitario” del sistema democrático y de la nación misma. El
mismo fue ganando en extensión y capilaridad, desde las acusaciones a las
segundas filas partidarias hasta el intento por eliminar al peronismo como
identidad política. Otros de los mecanismos y herramientas que se utilizaron
para tal fin fueron la eliminación de las denominaciones de Perón y Eva Perón a
distintos espacios públicos; la salida de circulación de los libros de lectura
peronistas; la prohibición de cantar la marcha partidaria; la liberación de los
presos políticos y militares que habían combatido al peronismo; el recorte de
los derechos políticos a Perón y su personal político; la intervención de la
CGT; la disolución del Partido Peronista y la confiscación de sus bienes; la
puesta en vigencia de cláusulas discriminatorias para acceder a cargos o
concursos; cesantías en reparticiones de salud pública, educación, justicia,
fuerzas armadas, etc.
La Comisión Nacional de Investigaciones
fue instituida por decreto el 7 de noviembre de 1955 durante la presidencia de
Lonardi y terminó su accionar el 31 de marzo de 1956 durante el gobierno de
Aramburu. Creada con el objeto de investigar las irregularidades producidas
durante la gestión que habían derrocado, junto a su faz represiva dirigida
hacia las personas vinculadas de distinto modo al gobierno peronista, las
comisiones buscaban deslegitimar un régimen que había sido expulsado del
gobierno pese a su amplio apoyo popular. Estuvo conformada por cuatro
integrantes civiles y militares,[16]
número que rápidamente consideraron no les permitía cumplir las amplias
funciones que se habían atribuido. Un organismo complementario fue la
Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, facultada para comprobar el origen
lícito o ilícito de los bienes de funcionarios públicos y de terceros
vinculados a la Administración y recuperarlos para la órbita estatal.
Por su parte, a partir del artículo 4°
de su reglamento interno, la Comisión Nacional quedaba autorizada para nombrar
todas las subcomisiones que fuesen necesarias, con el fin de investigar cada
rama o dependencia. De este modo se crearon 60 subcomisiones, cuya lógica de
apertura respondía tanto a la estructura burocrática (ministerios, secretarías,
poderes del estado) como al ritmo y la lógica de la investigación (casos y
personajes resonantes). Este número ya importante se multiplicó cuando cada
Intervención Provincial o Territoriana creó una comisión para investigar su
área de influencia, la que a su vez autorizó sub comisiones que, además de
reproducir el esquema anterior de ministerios y secretarías, agregaban una para
cada comuna, departamento o municipio, según los nombres que tomaba en cada
espacio la administración de lo local. La descentralización administrativa y
territorial que se generó terminó en la apertura de más de 400 subcomisiones a
lo largo y lo ancho de Argentina.
En particular, la
comisión investigadora de la Provincia de Buenos Aires se dividió en 6
comisiones ministeriales, 1 comisión del poder legislativo, 110 comisiones
municipales y 7 para el poder judicial (una por cada distrito). Si bien los
gobernadores Mercante y Aloe polarizaron la investigación de los hechos más
salientes (reuniendo 834 sumarios), debemos considerar al menos otros 4132
sumarios recibidos de los cuales 764 se elevaron a la justicia del crimen.[17]
La relación entre comisiones y poder judicial fue compleja. Las mismas
tuvieron amplias atribuciones: realizar indagatorias a sospechosos y testigos, disponer y mantener
incomunicaciones y detenciones, allanar domicilios con auxilio de la fuerza
pública, dictar medidas precautorias para evitar la desaparición de los bienes
ilícitamente adquiridos, intervenir libros y contabilidades de entidades,
disponer exámenes periciales, extraer las constancias necesarias de registros
de escribanos, bancos, Dirección General Impositiva, registro de la propiedad;
solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario; entre
otras. Aunque sus funciones se superponían en parte con las del poder judicial
(algo que no parece extraño en un gobierno de facto), las mismas no incluían la
potestad para resolver los casos. En efecto, las comisiones realizaban investigaciones
que derivaban, según el delito en cuestión, a la justicia penal o a cada
ministerio y repartición para continuar un sumario administrativo. Asimismo, debe señalarse que existía un nivel de incertidumbre importante en torno a
los resultados de los procesos, advirtiendo –como ya hemos mencionado en el
párrafo anterior– que sólo un porcentaje menor de las investigaciones impulsadas por las
comisiones fueron derivadas a la justicia.
No hay dudas sobre
la posibilidad de pensar las comisiones desde la lógica modelo/desviaciones,
atendiendo a los mismos o similares problemas que recuperamos en torno a la
experiencia de las Juntas Consultivas. Si bien la dimensión partidaria parece
menos tangible en este caso, pues las comisiones se formaron con civiles y
militares vinculados al área que se buscaba indagar antes que con
representantes de fuerzas políticas, la tensión centralismo/ federalismo
continúa siendo un eje claro. Al respecto podemos decir que si bien la Comisión
Nacional fue concebida de manera centralizada, algunas provincias hicieron
llegar sus reclamos de autonomía. Por ejemplo, uno de los procedimientos establecidos indicaba
que todas las subcomisiones creadas por las provincias debían elevar sus
resultados a la Comisión Provincial y que ésta elevaría los mismos a la
Comisión Nacional. Sin embargo, el mecanismo no funcionó de modo tan aceitado.
Muchas sub comisiones locales retrasaron sus envíos y la Comisión Provincial,
apurada por las circulares emitidas desde Nación, envió en varias ocasiones la
documentación de modo parcial. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la
comisión incluso consideró que sus expedientes no debían salir del fuero
provincial, distribuyéndose directamente a los jueces del crimen, cuando se
acreditaba la existencia de hechos delictuosos, o a los ministerios,
municipalidades y otros organismos, cuando se trataba de irregularidades
administrativas.[18]
Más radicales en su federalismo fueron respecto a la incautación de bienes. Los
integrantes de la Comisión Investigadora Provincial solicitaron la creación de
un organismo similar a la Junta de Recuperación Patrimonial para la Provincia
de Buenos Aires o, en su defecto y como garantía mínima, instaron a que un
organismo del fuero provincial representara sus intereses ante el organismo
nacional. Incluso, en un primer momento, la Comisión Provincial tomó medidas
más directas al negarse a enviar la lista de interdictos al organismo nacional,
aduciendo que los investigados no se habían enriquecido con el patrimonio de la
nación sino que habían malversado bienes del fisco de la provincia o de las
comunas.
Si seguimos pensando desde una perspectiva escalable también
podemos partir del contraste de las comisiones nacionales y provinciales para
interrogarnos sobre las diferencias entre los procesos de “desperonización”. En
esta lógica, Fernando Castillo caracterizó el proceso en Jujuy como desigual y
gradual,[19] en contraste con las acciones más decididas y rápidas de la
comisión nacional. Por el contrario, aunque bajo el mismo enfoque, para Martha
Ruffini en Río Negro se desencadenó una fiebre de denuncias y delaciones
explicables a partir del fuerte espíritu revanchista ocasionado por la
marginalidad política a la que fue sometida esta región durante la etapa
territoriana.[20] Ambas reflexiones nos invitan a pensar la “desperonización” en
niveles, en una clave similar a la que ha diseñado Estela Spinelli para
estudiar la diversidad existente entre los partidos políticos.[21] El resultado: un mosaico de casos provinciales y locales que
devolvería una imagen más compleja de la persecución al peronismo,
enriqueciendo las figuraciones que nos ha legado la “leyenda negra”.[22] Junto con la indagación cualitativa, una comparativa entre los
sumarios realizados y los enviados a la justicia del crimen en las distintas
provincias podría devolver una respuesta particular a la pregunta sobre la
radicalidad de la “desperonización”.[23]
Sin embargo, este interrogante no sólo puede responderse desde una
lectura regional, que opta por la comparación de institucionales provinciales y
nacionales para brindar respuestas. Nos interesa recuperar la pregunta sobre la
radicalidad de la “desperonización”, y desde esa clave, sobre la intensidad del
conflicto peronismo-antiperonismo. El cambio propuesto reside en aplicar un enfoque
microanalítico, enfatizando la perspectiva “desde abajo hacia arriba” que nos
brinda el proceso seguido por las comisiones investigadoras a través de sus
expedientes. Como ha señalado Mariana Nazar, en esta fuente se pueden indagar
las diferencias que distintas áreas de una institución tienen respecto a la
visión sobre determinado problema, e incluso la opinión, mirada y/o
participación de otros actores que no forman parte de dicha institución (otras
instituciones del Estado, de la sociedad civil, individuos o familias, etc.).[24]
Esta lógica de lo pequeño no está necesariamente anudada a las
historias provinciales o locales, pues puede rastrearse tanto en las denuncias
entre empleados del ministerio de salud de la Nación como en los
enfrentamientos entre vecinos peronistas y antiperonistas en un pueblo del
interior bonaerense. No obstante, el análisis de expedientes provino
principalmente de quienes han explorado en historias locales y provinciales,
pues formularon cuestionarios más sensibles a los aportes de este corpus. El
trabajo de Martha Ruffini al que ya hemos citado es una muestra palpable, pues
cruza sus reflexiones sobre semejanzas y diferencias de la política
territoriana y patagónica en el concierto nacional, con el propósito de
advertir el involucramiento de la sociedad civil y sus organizaciones en la
persecución y represión de algunos habitantes.[25]
Siguiendo estos aportes, apostamos entonces a poner en diálogo el
problema sobre la “desperonización” con un tópico más amplio: el de las
actitudes de la “gente corriente” frente a las dictaduras. De este modo, a la
pregunta sobre la mayor o menor radicalidad del conflicto político en escenas
cotidianas se suma el interrogante sobre sus causalidades. Asimismo,
desprovincializamos un problema como el conflicto peronismo-antiperonismo que,
de lo contrario, suele explicarse circularmente, en los términos dicotómicos
que lo engendran. En esta línea, Fitzpatrick y Gellately han mostrado que un
número muy importante de denuncias en la mayoría de las sociedades autoritarias
fueron hechas contra gente ordinaria – vecinos, compañeros de trabajo,
aldeanos– con quienes los denunciantes tenían un trato cotidiano. En estas
tramas, presentes en la Alemania Nazi, la Italia Fascista o la Rusia
estalinista, lo político se mezclaba con lo personal de múltiples modos,
intensificando los enfrentamientos y evidenciando razones diversas para el
apoyo a regímenes opresivos.[26]
Hasta qué niveles llegaron las
denuncias en la Argentina posperonista queda plasmado en el relato de un
maestro rural de la localidad bonaerense de 9 de julio. En su narración, da
cuenta de la incautación de una motocicleta que había llegado a su poder como
un inesperado regalo de Perón, tras su pedido personal al gobernador Aloé para
sacar un crédito en el Banco Nación que le facilitase el acceso al vehículo.
Aunque se declaraba comprensivo frente a las razones del secuestro del rodado,
el maestro solicitaba se le brinde otra solución para trasladarse
cotidianamente a su trabajo.[27]
Otros expedientes son particularmente
ilustrativos de las tramas que se tejían entre lo político y lo personal. Así,
una empleada del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión de la Provincia
de Buenos Aires denunciaba al subsecretario de Economía y Director de Turismo y
Parques y a otros empleados de menor jerarquía por persecución política. La
denunciante reclamaba que se le devolvieran los sueldos que le deberían haber
sido pagados durante su suspensión por la supuesta destrucción de una
fotografía de Juan Domingo Perón y su esposa Eva María Duarte. Al mismo tiempo,
exigía que se investigue y exonere a los acusados y se consideren los daños
materiales y personales causados, pues durante muchos años no había sido
promovida de su cargo.[28]
En la misma línea, ilustra el
testimonio de un empleado muy joven del Banco Provincia, llamado a declarar por
la comisión investigadora del municipio de Florencio Varela, frente a la cual
relató el modo en que solicitó un aval político al entonces intendente
municipal para aspirar un puesto de auxiliar. La traducción de su testimonio
que hace la comisión, a la vez que nos habla de los protocolos de defensa
ensayados por los peronistas frente a una escena inquisidora, trasluce la
complejidad del proceso:
Pasados dos meses aproximadamente y habiéndose afiliado al ex partido
peronista –se le había indicado que era
imprescindible– se apersonó nuevamente al ex
intendente y como respuesta se le devolvió la ficha de solicitud que le fuera
entregada por la oficina de personal del banco, haciéndole notar que había sido
calificado como opositor. Dice que frente a la situación creada el señor padre
se apersonó a la delegada censista, Sra. Serafina Tedesco y al insistir en el
pedido formulado, se le aconsejó que se hiciera ver acompañado de algunos
amigos de la Unidad Básica y que se acordara de Evita llevándole algún ramito
de flores de vez en cuando, como así también, que dejara de frecuentar lugares
donde concurrían personas no adictas al regimen, a las que estaba vinculado por
razones de trabajo. Aceptado en cierta forma el consejo manifiesta que al final
le fue resuelto favorablemente el pedido formulado al considerársele ya
peronista. Pasado cierto tiempo y ya empleado del Banco Provincia dejó de
concurrir a la Unidad Básica y expone que esto fue observado por la delegada
censista quien se apersonó a su señor padre y le manifestó que como se le había
facilitado la obtención del puesto en el banco, en la misma forma se podía
disponer su cesantía.[29]
Otro expediente muestra los cruces
entre lo personal y lo político de manera aún más descarnada, así como la forma
en que las comisiones intensificaron antes que amortiguar los enfrentamientos.
La fuente da cuenta de cómo el dueño de un comercio en Mar del Plata, que había
sido investigado a raíz de su participación en la Alianza Libertadora
Nacionalista, se presenta ante la justicia para defenderse de la injurias de
dos vecinos opositores al peronismo, uno de ellos policía. En efecto ambos
vecinos habían confirmado que lo consideraban posible autor de las pintadas a
favor del “ex dictador” que habían aparecido en inmediaciones de su domicilio,
irrumpiendo en su comercio en búsqueda de posibles evidencias. El comerciante
señala:
el nombrado, comenzó por decirle
palabras agraviantes para un hijo suyo que había fallecido (…) Cree que ello se
debe a que el deponente hace cerca de dos meses a la fecha, salió de testigo
por un hecho delictuoso en el que se encontraba involucrado su vecino. Que no
obstante esas palabras prosiguió después con otras “que la negra de Carmona,
que concurría a su comercio, se la había cogido muchas veces” (…) prosiguió
diciéndole en el interior de dicho comercio, que en el mismo se hablaba mal del
Gobierno Provisional, a lo que el dicente le respondió que si bien tenía la
idea de la Alianza Libertadora Nacionalista, luego de haber estado detenido,
nunca estuvo haciendo propaganda contra el actual gobierno, ya que el comercio
lo posee para mantener a su esposa e hijos y no para propaganda, ya que si
fuera verdad, la Policía le hubiera secuestrado panfletos y otros papeles.[30]
Un primer acercamiento a esta secuencia
de relatos, que no constituye sino una simple muestra de los cientos que se
apilan en el archivo, nos podría llevar a afirmar que el enfrentamiento entre
peronistas y antiperonistas en este contexto, debería explicarse más por
razones personales que por razones políticas, lo que amortiguaría la relevancia
de la dicotomía. No obstante, en líneas generales, creemos que aun cuando no
puedan desconocerse dosis variables de oportunismo en las denuncias, su
ejecución misma conllevan un importante y ambiguo proceso de identificación
política. Si observamos en profundidad, creemos advertir que el proceso de denuncias a “ras de suelo” que se
desata en los meses posteriores al golpe de estado de 1955 nos muestra sujetos
que buscan recomponer un orden social que el peronismo había alterado. En
concreto, las denuncias parecen dejar entrever los quiebres que la emergencia
del peronismo había producido en el orden local. Desde esta perspectiva, lejos
de domesticar el impacto de la brecha entre peronismo y antiperonismo, una
visión local de la “desperonización” nos muestra su faceta más radical.
Conclusión
Este artículo ha intentado reflexionar
en la intersección entre dos tópicos: las historias locales y los estudios
sobre antiperonismo en la “libertadora”. Aunque el artículo busca extender su
campo de reflexión más allá de estos confines, nuestro punto de partida podría
vincularse con una historia política tradicional, pues recortamos dos
instituciones creadas por el golpe de 1955: juntas consultivas y comisiones
investigadoras. Ambas son fácilmente escalables desde una lógica política y
administrativa, pues se replicaban a nivel nacional, provincial y local.
Atendiendo a esta cualidad, quizás más
evidente, apuntamos a resaltar la especificidad de la “libertadora” en cada
espacio, analizando las similitudes y diferencias con los restantes niveles al
aplicar la lógica modelo/desviaciones. Por esta vía recuperamos el trabajo de
César Tcach, quien en el desarrollo de esta propuesta muestra cómo el
seguimiento de estas experiencias para el escenario cordobés devolvía escenas
menos impregnadas por el conflicto peronismo-antiperonismo que las que los relatos
nacionales habían captado. Una parte de nuestro análisis devuelve conclusiones
similares. Por un lado, como ya ha mostrado Spinelli, las discrepancias
partidarias al seno del antiperonismo eran intensas y variadas. Pero las
lecturas provinciales muestran que las alianzas y coaliciones no siempre se
daban del mismo modo y que las posiciones radicalizadas y moderadas se
reflejaban también en diferencias regionales al seno de cada partido. Asimismo,
las variaciones en la política de “desperonización” no sólo se relacionaban con
diferencias partidarias sino también con lógicas regionales. Junto con la
evidencia de un escenario más complejo y heterogéneo del que conocíamos,
aparece la centralidad de otras contradicciones, como federalismo/centralismo y
oposición/oficialismo, que tejen tramas políticas alternativas al binomio
peronismo/antiperonismo. De este modo, se consolida la tesis sobre la
heterogeneidad del antiperonismo[31]
que, si bien no invalida el alineamiento en campos enfrentados, habilita el
debate sobre al intensidad del conflicto en cada contexto histórico, al punto
de discutirse la pertinencia o no de este clivaje para pensar la política
argentina post 55.
Otra perspectiva devuelve el estudio de
las comisiones investigadoras. En efecto, resulta difícil devolver imágenes que
diluyan el peso del conflicto peronismo-antiperonismo al analizar esta
institución, pues el propio objetivo de “desperonizar” devolvía –ya desde su
significación– el binomio al centro de la escena. Aun así, la lógica modelo/desviaciones
y una mirada cupular logran desdibujar las aristas del enfrentamiento: algunos
escenarios provinciales mostraban lógicas menos excluyentes y la cuestión
federal tomaba centralidad en algunos planteos. Asimismo, una mirada “desde
arriba” puede analizar la dinámica de la “desperonización” a partir de cálculos
electorales o chances de gobernabilidad mostrando al conflicto
peronismo-antiperonismo prácticamente como “fachada” para conseguir adhesiones.
Por el contrario, una mirada microanalítica, que atiende a la recepción de las
políticas “desperonizadoras” entre la “gente ordinaria” difumina esas
diferencias y resalta la intensidad del conflicto. Los cruces entre lo personal
y lo político que evidencian las denuncias muestran la tensión social que una
década de peronismo había instalado a “ras de suelo”. Así, figuraciones que referían a la
desperonización en términos de combate a la corrupción, personalismo e
ineficiencia del régimen se proyectaban a nivel local en un plano más profundo,
como un ataque a las transformaciones políticas, sociales y culturales
acontecidas en la década peronista.
En resumen, es posible que todas estas reflexiones no alcancen para
considerar que algunas de las hipótesis sean más veraces que otras. La
intensidad del conflicto peronismo-antiperonismo parece moderarse en los
ámbitos dirigenciales y radicalizarse en las expresiones políticas de la gente
ordinaria. Las historias locales, como caso o como dimensión, brindan
posibilidades para hurgar en ambos escenarios. Bernard Lepetit sugiere que sí
existen escalas más pertinentes que otras para desarrollar ciertas
problemáticas y testear ciertas hipótesis, es preciso establecer tan
sistemáticamente cuanto sea posible las consecuencias provocadas por las
variaciones de escala del campo recortado. En definitiva, considera que la
cuestión de saber en qué campo de validación y explicación se puede situar en
función de la escala de observación escogida, tal vez no tenga otra solución
que la práctica.[32]
En esa línea, este artículo puede considerarse un pequeño laboratorio de
trabajo.
Bibliografía
Omar Acha y Nicolás Quiroga. El hecho maldito. Conversaciones para
otra historia del peronismo. Rosario, Prohistoria, 2012.
Osvaldo Barrenche (director). Historia de la Provincia de Buenos Aires.
Tomo 5: Del primer peronismo a la crisis de 2001. Buenos Aires, UNIPE-
Edhasa, 2014.
Aixa Bona y Juan Vilaboa. “La
transición política de los territorios nacionales y la caída del peronismo: el
caso de Santa Cruz”. Estudios, N° 22.
Córdoba, 2009, pp. 49-60.
Fernando Castillo. Antiperonismo y resistencia en Jujuy durante
la Revolución Libertadora. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Tucumán, 2014.
Luciano De Privitellio. Vecinos y ciudadanos. Buenos Aires, Siglo
XXI, 2003.
Marcela Ferrari y Mariana Pozzoni. “Tensiones y conflictos en el peronismo: un análisis a través de
la Legislatura bonaerense, 1973-1976“. Cahiers
des Amériques latines, N° 75.
París, 2014, pp. 147-176.
Silvana Ferreyra. Socialismo
y antiperonismo: el Partido Socialista Democrático. Transformación partidaria y
dinámica política en tiempos de proscripción (Provincia de Buenos Aires,
1955-1966). Tesis de Doctorado. Mar del Plata, UNMdP, 2012.
Flavia Fiorucci. “La denuncia bajo el peronismo. El caso del campo
escolar”. Latin American Research Review, Vol. 48, N°1. Pittsburgh, 2013, pp- 3-23.
Sheila Fitzpatrick y Robert Gellately. “Introduction to the Practices of
Denunciation in Modern European History, 1789-1989”. The Journal of Modern
History, Vol. 68, N° 4.
Chicago, 1996, pp. 747-767, The University of Chicago Press. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/2946718>. [Consulta: 15/04/2014].
Graciela Iuorno. “La
provincialización de Río Negro. Interregno y conflictos de intereses nacionales
y locales”, en Graciela Iuorno y Edda Crespo, (coordinadoras), Nuevos Espacios. Nuevos problemas. Los
territorios nacionales. Neuquén, Educo-Universidad Nacional
del Comahue-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-Cehepyc
Editores, 2008.
Bernard Lepetit.
“Sobre a escala na história”, en Jacques Revel, (editor), Jogos de escala: a experiencia da micro-analis. Rio de Janeiro,
Fundación Getulio Vargas, 1998.
Ricardo Levene. Historia de
la Provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos. La Plata, Taller
de Impresiones Oficiales, 1941.
Leandro Lichtmajer y Lucía Santos Lepera. “Repensando el golpe de
1955 desde una perspectiva provincial: Iglesia católica y radicalismo en
Tucumán”, ponencia presentada en Tercer
Congreso de Estudios sobre el Peronismo, San Salvador de Jujuy, Jujuy,
2012.
Daniel Lvovich. “Actitudes sociales y dictaduras. Las historiografías Española y
Argentina en perspectiva comparada”. Páginas, Vol.1 N°. 1. Rosario, 2008, pp.
29-49.
Darío Macor y César Tcach, (editores). La
invención del peronismo en el interior del país. Santa Fe, Ediciones UNL, 2003.
Darío Macor y César Tcach,
(editores.). La invención del peronismo en el interior del país II. Santa Fe, Ediciones UNL, 2013.
Mariana Nazar. “En torno a
la especificidad del archivo como territorio de investigación”, ponencia
presentada en VI jornadas sobre
etnografía y métodos cualitativos, Buenos Aires, 2010.
Elías Palti. “De la historia de ‘ideas’ a la historia de los ‘lenguajes
políticos’. Las escuelas recientes de análisis conceptual. El panorama
latinoamericano”. Anales Nueva
Época, Nº 7/8. 2004, pp. 63-81.
Jacques Revel. "Microanálisis y construcción de lo
social". Anuario del IEHS, Nº
10. Tandil, 1995, pp. 125-143.
Alain Rouquié. Poder militar y sociedad política en la
Argentina,1943-1973, Vol. II. Buenos
Aires, Emecé.
Martha Ruffini. “La
revolución libertadora en el sur argentino. Persecución política y
antiperonismo en Rio Negro”. E-latina, Revista electrónica de estudios
latinoamericanos, Vol. 11,
N° 41. Buenos Aires, 2012, pp. 37-58. Disponible en <http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/e-latina>. [Consulta: 25/03/2015].
Justo Serna y Anaclet Pons. “Más cerca, más denso. La historia local y sus metáforas”, en Sandra Fernández, (compiladora), Más allá del territorio. La historia regional y local como problema.
Discusiones, balances y proyecciones. Rosario, Prohistoria, 2007.
María Estela Spinelli. Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la
“revolución libertadora.” Buenos Aires, Biblos,
2005 y por María Sáenz
Quesada. La Libertadora. De Perón a
Frondizi. 1955-1958. Historia pública y secreta. Buenos Aires,
Sudamericana, 2007.
César Tcach. “Partidos y pactos políticos en la Córdoba
Libertadora (1955-1958)”. Revista
Estudios, Nº 3. Córdoba, 1994, pp. 17-30.
Marcela Ternavasio. Municipio y política, un vínculo
conflictivo. Tesis de Maestría. Buenos Aires, FLACSO, 1991.
[1] El análisis del
gobierno nacional de la “revolución libertadora” ha sido estudiado
minuciosamente por María Estela Spinelli. Los
vencedores vencidos. El antiperonismo y la “revolución libertadora.” Buenos Aires, Biblos, 2005 y por María Sáenz Quesada. La Libertadora. De Perón a Frondizi. 1955-1958. Historia pública y
secreta. Buenos Aires, Sudamericana, 2007.
[2] César Tcach.
“Partidos y pactos políticos en la Córdoba Libertadora (1955-1958)”. Revista Estudios, Nº 3. Córdoba, 1994,
pp. 17-30. Para el período peronista véase Darío Macor y César Tcach, (editores). La invención del peronismo en el
interior del país. Santa Fe, Ediciones
UNL, 2003 y Darío Macor y César Tcach, (editores.). La
invención del peronismo en el interior del país II. Santa Fe, Ediciones UNL, 2013.
[3] Este ejercicio,
movidos por motivaciones varias, se repitió para otros escenarios provinciales.
Véase para el caso de Río Negro el capítulo de Graciela Iuorno. “La provincialización de Río Negro. Interregno
y conflictos de intereses nacionales y locales”, en Graciela Iuorno y
Edda Crespo, (coordinadoras), Nuevos
Espacios. Nuevos problemas. Los territorios nacionales. Neuquén,
Educo-Universidad Nacional del Comahue-Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco-Cehepyc Editores, 2008.; para Santa Cruz el texto de Aixa Bona y
Juan Vilaboa. “La transición política
de los territorios nacionales y la caída del peronismo: el caso de Santa Cruz”.
Estudios, N° 22. Córdoba, 2009, pp.
49-60; para Tucumán la ponencia de Leandro Lichtmajer y Lucía Santos
Lepera. “Repensando el golpe de 1955 desde una perspectiva provincial: Iglesia
católica y radicalismo en Tucumán”, ponencia presentada en Tercer Congreso de Estudios sobre el Peronismo, San Salvador de
Jujuy, Jujuy, 2012.
[4] Silvana Ferreyra.
Socialismo y antiperonismo: el Partido
Socialista Democrático. Transformación partidaria y dinámica política en
tiempos de proscripción (Provincia de Buenos Aires, 1955-1966). Tesis de
Doctorado. Mar del Plata, UNMdP, 2012.
[5] Mi proyecto
actual como investigadora en CONICET se denomina Prácticas e imaginación política
antiperonistas: las comisiones investigadoras durante la “revolución
libertadora”.
[6] Para seguir algunas discusiones teóricas
sobre el tema véase Jacques Revel. "Microanálisis y construcción de lo
social". Anuario del IEHS, Nº
10. Tandil, 1995, pp. 125-143; Justo Serna y Anaclet Pons. “Más cerca, más denso. La historia local y sus
metáforas”, en
Sandra Fernández, (compiladora), Más allá
del territorio. La historia regional y local como problema. Discusiones,
balances y proyecciones. Rosario, Prohistoria, 2007 y Bernard Lepetit. “Sobre a escala na história”, en Jacques Revel,
(editor), Jogos de escala: a experiencia
da micro-analis. Rio de Janeiro, Fundación Getulio Vargas, 1998.
[7] Nos permitimos
aquí una extrapolación desde el campo de la historia intelectual, propuesta por
Elias Palti. El autor considera que este esquema fue el propio de la historia
de las ideas latinoamericanas, en la medida en que esta disciplina se centró en
la definición de tipos “puros” o modelos originados en Europa y la
identificación de las “desviaciones” ocurridas una vez que estas ideas eran trasladadas a un
medio supuestamente extraño y hostil a las mismas. Véase Elías Palti. “De la historia de ‘ideas’ a la historia de los ‘lenguajes políticos’.
Las escuelas recientes de análisis conceptual. El panorama latinoamericano”. Anales Nueva Época, Nº 7/8.
2004, p. 70.
[8] El registro
empírico de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, al menos desde la
perspectiva de la historia política institucional, puede seguirse –aunque
exiguamente– en manuales sobre la historia de la provincia. Véase Ricardo
Levene. Historia de la Provincia de
Buenos Aires y formación de sus pueblos. La Plata, Taller de Impresiones
Oficiales, 1941 y Osvaldo Barrenche (director). Historia de la Provincia de Buenos Aires. Tomo 5: Del primer peronismo
a la crisis de 2001. Buenos Aires, UNIPE-Edhasa, 2014.
[9] Para el caso de los diarios de sesiones
parlamentarios también se ha señalado que sólo se registran los debates en las
sesiones públicas –y no las reuniones de comisión ni de los bloques
partidarios–, ocultando buena parte de las discusiones de fondo y
proporcionando una imagen sesgada a favor de la armonía partidaria. Al
respecto, véase Marcela Ferrari y Mariana Pozzoni. “Tensiones
y conflictos en el peronismo: un análisis a través de la Legislatura
bonaerense, 1973-1976“. Cahiers
des Amériques latines,
N° 75. París, 2014, pp. 147-176.
[10] Alain Rouquié. Poder militar y sociedad
política en la Argentina,1943-1973,
Vol. II. Buenos Aires, Emecé, p.139.
[11] Decreto
Provincial Nº 2646/58
[12] En la Junta
Consultiva Nacional estuvieron representadas las tres líneas internas del
radicalismo: Miguel Ángel Zavala Ortiz por el unionismo, Octavio Gauna por la
intransigencia nacional y Oscar López Serrot y Oscar Alende por el Movimiento
de Intransigencia y Renovación, ambos leales a Frondizi. Para estos últimos, el
único objetivo de la “libertadora” era derrocar a Perón, razón por la cual
debía convocar a elecciones inmediatamente. Ello explicaría su posición crítica
al gobierno de Aramburu en el seno de la Junta, mientras que los unionistas y
la intransigencia nacional colaboraron estrechamente con el gobierno de facto.
Los “moderados” de la intransigencia, liderados por Ricardo Balbín, compartían
esta posición que a partir de noviembre de 1956 los unirá en la conformación de
la Unión Cívica Radical del Pueblo. Aunque no tuvieron representación en la
junta consultiva nacional, los balbinistas sí la obtuvieron en la junta
bonaerense, a través de Juan Prat. Para más detalles sobre la participación de
las distintas fracciones del radicalismo en la “libertadora” véase María Estela
Spinelli. Los vencedores…, Op. Cit., pp. 194-196.
[13] Honorable Junta
Consultiva de la Provincia de Buenos Aires, Diario
de Sesiones, La Plata, Dirección de Impresiones Oficiales. Sesión 18/12/56.
[14] La
asociación entre el espacio local y la idea de vecino frente al espacio
nacional y la idea de ciudadano ha sido ampliamente debatida en la
historiografía. Dos referencias importantes pueden encontrarse en Marcela Ternavasio. Municipio y política, un vínculo
conflictivo. Tesis de Maestría. Buenos Aires, FLACSO, 1991 y Luciano
De Privitellio. Vecinos
y ciudadanos. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
[15] Honorable Junta
Consultiva de la Provincia de… op. cit. Sesión 21/2/56.
[16] Los integrantes
fueron el Contraalmirante Leonardo McLean (presidente) y los vocales: General
de Brigada Luis Rodolfo González, el Brigadier mayor Federico Fernando Antonio
Ruiz y el Doctor Rodolfo Medina. Véase Vicepresidencia De La Nación - Comisión Nacional De
Investigaciones . Documentación, Autores
y Cómplices de las irregularidades cometidas
durante la segunda tiranía. Buenos Aires, servicio oficial, 1958.
[17] Vicepresidencia
De La Nación - Comisión Nacional De Investigaciones. Documentación…, Op. Cit., Tomo V, pp. 5-166
[18] Nota de Julio
Aramburu (presidente comisión PBA) a Mac Lean (presidente comisión nacional),
24/4/56. Archivo Intermedio-Archivo General de la Nación. Fiscalía Nacional de
Recuperación Patrimonial. Clasificación y Custodia de Actuaciones. Comisión
Provincial (en adelante AGN- FNRP.CCA.CP) Buenos Aires. La propia presencia en
el archivo de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial de siete cajas
correspondientes a la Provincia de Buenos Aires muestran que una buena parte
del material fue desconcentrado según indicaba el procedimiento desde nación,
aunque desconocemos el volumen del faltante.
[19] Fernando Castillo. Antiperonismo y resistencia en Jujuy durante
la Revolución Libertadora. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Tucumán, 2014
[20] Martha Ruffini. “La revolución libertadora en el sur argentino.
Persecución política y antiperonismo en Rio Negro”. E-latina, Revista electrónica
de estudios latinoamericanos,
Vol. 11, N° 41. Buenos Aires, 2012, pp. 37-58. Disponible en <http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/e-latina>.
[Consulta: 25/03/2015].
[21] María Estela
Spinelli. Los vencedores…, Op. Cit.
[22] Entre ellas,
plagadas de acusaciones sobre corrupción, inmoralidad, ineficiencia,
personalismo, podemos recuperar a Perón abusando de menores, ministros
corruptos manejando discrecionalmente grandes montos de dinero, funcionarios
obsecuentes frente a los líderes, empleados cobrando sueldos del estado pero
trabajando para el partido, Eva y su megalomanía.
[23] No manejamos una
serie de datos completa sobre este punto. Junto a los datos ya señalados para
la Provincia de Buenos Aires, podemos agregar: según
el presidente de la Comisión Nacional, Leonardo Mc Lean, para Capital Federal
la proporción entre expedientes ingresados y enviados a la justicia fue de
15000 y 300 respectivamente; en el Ministerio de Salud Pública, 1100 y 57; en
la provincia de Santa Fe (segunda circunscripción) 999 y 150. Estos datos
fueron extraídos de Vicepresidencia de la Nación - Comisión Nacional de
Investigaciones, Documentación…, Op. Cit., tomo I. La búsqueda de otras fuentes
de información podría brindar una perspectiva más completa.
[24] Mariana Nazar. “En torno a la especificidad del
archivo como territorio de investigación”, ponencia presentada en VI jornadas sobre etnografía y métodos
cualitativos, Buenos Aires, 2010.
[25] Martha Ruffini. “La revolución libertadora…, Op. Cit.
[26] Sheila
Fitzpatrick y Robert Gellately. “Introduction to the Practices of Denunciation
in Modern European History, 1789-1989”. The Journal of Modern History, Vol. 68, N° 4. Chicago, 1996, pp.
747-767, The University of Chicago Press. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/2946718>. [Consulta:
15/04/2014]. Aunque esta bibliografía ha sido utilizada en la historiografía local
para pensar las denuncias durante el peronismo o para indagar sobre la
complicidad civil en la dictadura militar abierta por el golpe de estado de
1976, nos parece oportuno retomarla para indagar la coyuntura 55-58. Para el
período peronista véase Flavia Fiorucci. “La denuncia bajo el peronismo. El
caso del campo escolar”. Latin American Research Review, Vol. 48, N°1. Pittsburgh, 2013, pp-
3-23. Para el período de la dictadura cívico-militar puede leerse, entre otros
trabajos del autor, el publicado en esta revista. Daniel Lvovich. “Actitudes sociales y dictaduras. Las historiografías Española y
Argentina en perspectiva comparada”. Páginas, Vol.1 N°. 1. Rosario, 2008, pp.
29-49.
[27] AGN- FNRP.CCA.CP.
Buenos Aires. Comisión investigadora 9 de julio. Caja 3.
[28] Expediente
107085/57. AGN- FNRP.CCA.CP. Buenos Aires. Caja 3.
[29] Expediente
2006/56. AGN- FNRP.CCA.CP. Buenos Aires. Sub comisión Florencio Varela. Caja 3.
[30] Expediente
2074/1957. Archivo Tribunales. Departamento Judicial Mar del Plata.
[31] Como dos caras de
la misma moneda, la literatura revisionista y las visiones patológicas sobre el
peronismo comparten una visión bifronte sobre el mundo político. En un esfuerzo
por no reforzar estereotipos y visiones dicotómicas de la Argentina, la
historiografía académica de las últimas décadas ha construido una visión
“normalizadora”, donde el peronismo habría aportado a la democratización a
partir de la ampliación de la ciudadanía social, aunque este proceso habría ido
en detrimento del avance del pluralismo y los derechos civiles. En este marco,
los trabajos sobre antiperonismo han buscado aportar heterogeneidad a un campo
que se visualizaba como homogéneo. Para un análisis de la normalización del peronismo
véase Omar Acha y Nicolás Quiroga. El hecho maldito. Conversaciones para
otra historia del peronismo. Rosario, Prohistoria, 2012.
[32] Bernard Lepetit. “Sobre a escala na
história”, en Jacques Revel, (editor), Jogos
de escala: a experiencia da micro-analis. Rio de Janeiro, Fundación Getulio
Vargas, 1998.