Tiempos
antiperonistas en la Patagonia argentina. La acción de las Comisiones
Investigadoras durante la “Revolución Libertadora”
Antiperonist times in Patagonia Argentina.
The action of the Investigating Committees during the "Liberating
Revolution"
Martha
Ruffini
Centro de Estudios de la Argentina Rural (Universidad Nacional de
Quilmes)
Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
meruffini@gmail.com
Resumen
En 1955 se produjo un nuevo
quiebre institucional en Argentina, que provocó el final del llamado “peronismo
histórico” (1946-1955). A partir de entonces, la autodenominada Revolución
Libertadora (1955-1958) quedó asociada indisolublemente a la exclusión política
mediante la proscripción electoral del partido justicialista, sus ex
funcionarios y el líder mismo. En la Patagonia la Dictadura Militar puso entre
paréntesis la creación de nuevas provincias dispuesta por el peronismo. Al
igual que en el resto de las provincias, el gobierno de facto ordenó la
adopción de medidas tendientes a perseguir, investigar y juzgar las actividades
del partido peronista y de sus principales funcionarios en el marco del proceso
de desperonización impulsado desde el gobierno de facto. En ese sentido la
acción de las comisiones y sub comisiones Investigadoras provinciales se
materializó en una multiplicidad de denuncias, detenciones y cesantías que
demuestran la trama del poder anudada en los ex territorios nacionales del sur,
con una sociedad movilizada que colaboró activamente con la intervención
federal como parte del aval al pacto proscriptivo, evidenciando la escasa
valencia del concepto democracia como rasgo dominante.
Palabras
claves
Dictadura, Exclusión, Patagonia, Peronismo,
Proscripción
Abstract
In 1955 there was a new institutional breakdown in Argentina that caused
the end of the "historical Peronism" (1946-1955). Since then, the
self-appointed Liberating Revolution (1955-1958) remained indissolubly
associated to the political exclusion by the electoral proscription of the
Peronist party, its former officials and the leader himself. In Patagonia the
Military Dictatorship bracketed the creation of new provinces disposed by
Peronism. Just like in the other provinces the illegally government ordered the
adoption of measures to pursue, investigate and prosecute the activities of the
Peronist party and its principal officials under the “desperonización” process
promoted by the illegal government. In this sense the action of committees and
sub provincial commissions of inquiry materialized in a multitude of
complaints, arrests and dismissals that show the plot of power in the former
national tied southern territories, with a mobilized society that actively
collaborated with the federal intervention as part of the endorsement of the
pact proscriptive, evidencing the low valence of democracy as a dominant trait
concept.
Keywords
Dictatorship, Exclusion, Patagonia,
Peronism, Proscription
Introducción
En 1955 el golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Domingo
Perón (1946-1955) abrió una etapa histórica en la que la exclusión política
emergió como nota dominante. El gobierno militar instalado bajo el liderazgo de
los generales Eduardo Lonardi, Pedro Eugenio Aramburu y el Contralmirante Isaac
Rojas provocó un quiebre profundo que fue más allá del desplazamiento del
gobernante elegido democráticamente. A partir de ese momento se profundizó la
polarización peronismo/antiperonismo, fragmentación exacerbada por las medidas tomadas
por el gobierno de facto, la autodenominada “Revolución Libertadora”
(1955-1958), que pronto devino en Dictadura.
Para el sur del país -la Patagonia- el golpe implicó un paréntesis
hacia la autonomía política. Durante el peronismo, los territorios nacionales
de Chaco, La Pampa (1951) y Misiones (1953) fueron convertidos en nuevas
provincias. Pero en Formosa y las provincias patagónicas -Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz- la provincialización se produjo en el último año del
gobierno peronista mediante la sanción de la ley Nº 14.408. Con el golpe
militar, postergar la instalación de las nuevas provincias fue una decisión
basada en la necesidad de realizar una tarea previa de “depuración ideológica”
y eliminación de los “resabios peronistas”.
Entre 1955 y 1958 el gobierno militar mantuvo la proscripción
electoral del partido y de su líder, pero intentó borrar al peronismo de la
historia argentina mediante un proceso de desperonización compulsiva. En ese
marco y con la complicidad de sus aliados civiles –partidos políticos,
corporaciones y el clero– decidió iniciar una investigación profunda de las
actividades del peronismo, de sus principales dirigentes y del desempeño de los
organismos estatales. Para justificar esta “cruzada pedagógica”, ordenó una amplia
investigación. Con ese objetivo, fue creada una Comisión Nacional de
Investigaciones y se dispuso replicar este formato en todo el país.
La acción desarrollada por estas comisiones nos muestra una
radiografía de la política y la sociedad en la que la antinomia amigo-enemigo
traducida en la disputa peronismo y antiperonismo se mostraba en su faz más
aguda. Y en el caso de la Patagonia, con Estados en formación, la acción
desarrollada por las comisiones provinciales y sub-comisiones traduce los
consensos, orientaciones y definiciones con los que las provincias iniciaban su
historia institucional. En ese sentido, creemos que la modalidad político-partidaria
de las nuevas provincias del sur y la discusión acerca de las díadas
antinómicas democracia/autoritarismo y peronismo/antiperonismo en las
dirigencias políticas provinciales estuvo moldeada e influida por el momento de
la “Revolución Libertadora”, fundamentalmente en lo atinente a la definición de
su perfil provincial y la relación que se establecerá entre los poderes del
nuevo Estado. El rol activo de la dirigencia partidaria y de gran parte de la
sociedad civil en la trama de las investigaciones augura expectativas poco
favorables para el ejercicio del disenso y el pluralismo político en los
futuros gobiernos constitucionales patagónicos.
En cuanto a las
comisiones investigadoras, María Estela Spinelli (2005) las considera parte del
proyecto pedagógico de la desperonización ya que la difusión de los resultados de las investigaciones estigmatizaba al peronismo y
alentaba la desmitificación del líder y de su gobierno. Más recientemente,
Silvana Ferreyra (2014) ha trabajado las comisiones investigadoras en la
provincia de Buenos Aires y Chaco en pos de articular la tipificación de
delitos, las motivaciones de las denuncias y su relación con los conflictos
políticos. En cuanto a la Patagonia, existen pocas referencias acerca del
alcance de la desperonización y la persecución política y sobre la acción de
las comisiones investigadoras provinciales o locales. Para Neuquén, un primer
acercamiento en este sentido se advierte en Mases y Cuminao, y en Rafart y
Mases; mientras que para Santa Cruz en Bona y Vilaboa. Las investigaciones
sobre Río Negro ponen el acento en el gobierno del Gral. Aramburu como el
momento de mayor violencia política en el que rápidamente se puso en marcha el
aparato represivo, se activaron las comisiones investigadoras y se detuvieron a
las autoridades del gobierno justicialista. Por nuestra parte, hemos comprobado
que en la provincia de Río Negro la represión estatal estuvo presente en ambos
gobiernos –Lonardi y Aramburu–, señalándose la participación activa de la
sociedad civil y política rionegrina en la labor de las comisiones
investigadoras (Ruffini, 2012).[1]
Entre la
palabra y la acción: la “Revolución Libertadora” y el discurso del orden y la
reparación
El consenso para
provocar la caída del gobierno peronista tenía una larga gestación. Durante su
mandato, Perón se había enfrentado con las grandes corporaciones debido a la
pugna por la apropiación de la renta agraria. Sobre el final de su gobierno, el
conflicto con la Iglesia Católica alarmó a los sectores más conservadores y al
Ejército, en cuyo seno se estaba gestando una conspiración antiperonista. La
conjunción de intereses militares, eclesiásticos y partidarios otorgaron
legitimidad al desplazamiento del líder justicialista. El conflicto con la
Iglesia Católica, la política petrolera oficial, la exacerbación de la
violencia, el enfrentamiento faccioso y el ejercicio autoritario del poder
fueron algunas de las razones alegadas para desencadenar la conspiración
cívico-militar.
Con escasa
resistencia, el gobierno peronista fue derrocado el 16 de septiembre de 1955, y
se produjo la asunción del General Eduardo Lonardi, jefe de la sublevación en
Córdoba. El tono conciliador de Lonardi, resumido en su famosa arenga “no hay
vencedores ni vencidos”, acercó al sindicalismo, otrora apoyo sustancial del
peronismo, pero no evitó la emergencia de la llamada “resistencia obrera”.[2]
Los hacedores de la
Revolución –generales Lonardi, Aramburu y Contralmirante Isaac Rojas– se
ocuparon en todo momento de crear un andamiaje explicativo de la acción
realizada y del rumbo que debía tomar el nuevo gobierno. En primer lugar,
buscaron auto-legitimarse a través del rol que le cabía a los militares como
gestores de la revolución y ubicaron al golpe dentro de la historia nacional.
En segundo lugar, trazaron un diagnóstico severo del gobierno precedente, al
que llamaron “tiranía” y propusieron medidas de acción para eliminar todo
vestigio del mismo.
Ante la población,
procuraron justificarse interpretando que su
accionar formaba parte de la responsabilidad histórica de las Fuerzas Armadas
con el pueblo de la Nación. Conociendo su ilegalidad de origen, intentaron
mostrar al golpe como un hecho legítimo, como una obligación histórica “de
breve interinato”, que coronaba la culminación de un clima de resistencia
popular, de “rebeldía espiritual y
material del pueblo sano de nuestra patria”, que en la revolución corona la
unión pueblo civil y pueblo armado lo que constituye “una verdadera empresa
patriótica”. Así presentaron a la revolución como nacida de “…la necesidad de poner fin al caos imperante
y a las causas que lo originaron”.[3] En ese sentido el alzamiento armado era la ejecución de una
voluntad social que emanaba de la comunidad misma y los militares fueron
quienes interpretaron el “sentir del pueblo” y produjeron el golpe. En sentido
gramsciano, los militares pretendieron actuar como “reserva del orden” cuando
consideraron que la legalidad estaba amenazada, representando el pensamiento de
las fuerzas políticas y sectores sociales antiperonistas y constituyendo así
una voluntad activa que se impuso sobre la voluntad estatal hasta entonces
hegemónica y la derrocó.[4]
El objetivo revolucionario era “recuperar el sistema de vida
civilizada occidental”, que formaba parte de la tradición histórica argentina.
En ese sentido el golpe hundía sus raíces en los inicios de la Nación. Para la
retórica golpista la revolución se entroncaba con la gesta fundadora de Mayo de
1810 y tenía como jalón fundamental los principios e ideales de la Constitución
de 1853, pacto constitucional del que la revolución de 1955 se consideraba
heredera. Entre 1810 y 1853 el país había presenciado el surgimiento de lo que
ellos nominaban como la “Primera Tiranía”, con la que se aludía al gobierno de
alcance nacional de Juan Manuel de Rosas. Al ser derrotado en la batalla de
Caseros (1852), el pueblo condenó el despotismo y dictó la Constitución
Nacional de 1853, “inspirada en el dolor
padecido”.[5] Esta afirmación era sostenida con fuerza ya que la asociación
despotismo vencido/nuevo pacto constitucional fue utilizada con frecuencia en
función de uno de los objetivos primordiales del gobierno de facto que fue la
derogación de la Constitución de 1949, de cuño peronista, y el restablecimiento
de la vigencia de la Constitución liberal de 1853 y sus reformas.
La voluntad de provocar el golpe nacía de la esencia ideológica de
los militares que ellos identificaban con la idea de democracia: “La sustancia democrática no está en su
origen y forma de advenimiento sino en las razones éticas que lo determinan y
en los medios que emplea para realizar los fines propuestos”.[6] Los aliados civiles que apoyaron el golpe formaban parte de “la
opinión sana del país” eran fuerzas de “raigambre democrática” decididas a
colaborar para el advenimiento de un futuro Estado Constitucional. En una
aparente paradoja, los militares utilizaron en reiteradas ocasiones el concepto
democracia diluyendo de su contenido la idea de pueblo participativo y reforzando
su asociación con el orden y la armonía. Como bandera, esgrimían que algunas de
las instituciones creadas respondían al objetivo de restablecer la soberanía
popular y recuperar el verdadero sentido de la democracia, entre ellas la Junta
Consultiva Nacional[7] y la Junta de
Defensa de la Democracia.
Otra manera de auto-legitimarse fue considerar que la legalidad
del movimiento revolucionario se hallaba determinada por la ilegalidad del
gobierno derrocado, al que pronto comenzaron a llamar “régimen depuesto”. La
revolución venía a libertar al pueblo de la opresión sufrida –de ahí su auto
denominación como Libertadora– y a restaurar las libertades conculcadas. El
diagnóstico realizado implicaba la condena a la tiranía vivida y la necesidad
de reparación del equilibrio federal mediante la revitalización del federalismo
constitucional genuino. Los militares venían así a restaurar el orden y
corregir el rumbo de la Patria, que se había desviado de sus fines originales
durante el peronismo. Así lo expresaban en la proclama del 7 de diciembre de
1955, en la que se aseguraba que su razón de ser era derrocar al régimen de la
“dictadura” como fin impulsor de la acción militar. Entre los objetivos se
encontraba la necesidad de “desmantelar
las estructuras y formas totalitarias de la sociedad y desintegrar el estado
policial a fin de democratizar la sociedad y las instituciones argentinas”.[8]
Estas argumentaciones justificaban la proscripción electoral del
Partido Justicialista y de su líder y la apertura del proceso de
desperonización. Su determinación implicaba borrar al peronismo de la memoria colectiva, en
suma, destruir sus vestigios para reconstruir lo que ellos consideraban una
Nación quebrada y sin rumbo. Se apeló a la desperonización para constituirse
como actores legítimos, intérpretes de la verdadera tradición nacional .El
discurso emitido reflejó el “mercado de ideas“ dominante que representaba el
pensamiento de gran parte del antiperonismo reinante.[9]
La naturaleza misma
del golpe de Estado contenía la violencia como parte constitutiva: la
desperonización como meta implicó el ejercicio violento y represivo, que
excedió la mera declamación. A pesar de la dificultad en sostener como
compatibles la desperonización con la idea de pacificación del presidente Lonardi
y las tensiones que esto generaba al interior del bloque gobernante,[10] persecuciones,
detenciones, fusilamientos fueron visibles manifestaciones de esa violencia
estatal impulsada por el Estado que actúa como un gendarme, un “guardián
nocturno” que se auto-asume como tutor del “orden deseado”. La decisión de
proscribir aparece así como manifestación de exclusión.
Pero esa exclusión
debía justificarse ante la sociedad y los militares lo van a hacer en forma
minuciosa. La puesta en escena del golpe implicó dar a conocer con dramatismo
extremo el grado de corrupción imperante que fundaba –para ellos– el
avasallamiento institucional. Para ello describieron con crudeza lo que
consideraban una “dictadura degradada de honda inmoralidad” que significó un
claro retroceso de la argentinidad al desconocer derechos y garantías
ciudadanas. En la discursividad golpista, el pueblo aparecía como un actor
pasivo durante el peronismo, engañado, un colectivo sometido y cargado de
obsecuencia. El “servilismo incondicional” de funcionarios y legisladores se
tradujo en una “masa de delitos,
irregularidades, gérmenes del oprobio de un régimen siniestro” que “afirmó buena parte de su fuerza de cohesión
subjetiva en el fanatismo de hombres y mujeres que lo sostuvieron”.[11] Como contraste, la
Revolución Libertadora era “límpida, de rectos principios, democrática, sana y
restauradora”.
Interpretaban que el
camino hacia la “dictadura” peronista se había gestado a partir del golpe de
1943, con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión que marcó el “comienzo de la descomposición institucional
orientada en el camino de la tiranía”. Perón era el tirano “corrupto y
depravado” que había impuesto su voluntad al pueblo. Lo representaban como una
figura ambiciosa, con procedimientos delictuosos e inmorales, demagogo y mal
gobernante ya que “traiciono los ideales
de la nacionalidad”. Afirmaban que discursivamente, al criticar Perón el
pasado nacional glorioso de nuestro país, rompió el vínculo existente entre las
generaciones argentinas que la revolución venía a anudar nuevamente. Frente al
golpe de 1955, Perón era un cobarde que había abandonado el poder y sus deberes
como Comandante en Jefe ofreciendo a los militares una “rendición
incondicional”.[12] De igual modo,
afirmaban que el líder justicialista era el responsable de haber creado “jefaturas espirituales repugnantes a toda
conciencia republicana “. Esta expresión era una inequívoca alusión a su
esposa Eva, “el más extraordinario
elemento de propaganda que tuvo el dictador”,[13] que los militares
consideraban una mujer agresiva y
espontánea pero le reconocían coraje e intuición política En alguna medida
–decían– Eva se asemejaba a Encarnación Ezcurra, la esposa del gobernador
Rosas. Al igual que esta figura, la muerte temprana de Eva “evito al país más graves perturbaciones en
el período final de la tiranía”.[14]
El gobierno de facto y la decisión de investigar
Con una acción
envolvente, los militares operaron en dos sentidos. Por un lado, ensayaron una
estrategia de integración subordinada de los partidos políticos, cómplices del
pacto de proscripción. En octubre de 1955, se anunció la creación de una Junta
Consultiva Nacional de carácter asesor integrada por fuerzas representativas de
diferentes corrientes de opinión y se sugirió replicar esta organización en las
provincias. A pesar de su breve vigencia, esta Junta Consultiva fue considerada
el brazo civil del movimiento revolucionario.[15]
Simultáneamente y
mediante decreto-ley se crearon dos comisiones nacionales de investigación: la
Comisión Investigadora del enriquecimiento ilícito y la actuación de personas
que ejercieron funciones legislativas desde 1946, y la Comisión Nacional de
Investigaciones, creada el 7 de octubre de 1955. Su objetivo era determinar la
responsabilidad de figuras vinculadas con la administración justicialista con
el objetivo de “reintegrar a la
administración pública la moralidad, la honestidad y el prestigio que deben
caracterizar el ejercicio de sus funciones”, para lo cual se proponía
investigar las “irregularidades del
régimen depuesto cometidas por funcionarios o por particulares” en todas
las ramas de la administración pública.[16] Dotada de facultades
y atribuciones judiciales y legislativas excepcionales,[17] estaba integrada por
cinco miembros –tres de ellos pertenecientes al orden castrense– y se hallaba
bajo la dependencia directa del vicepresidente de la Nación Contraalmirante
Isaac Rojas. La presidía el Contralmirante Leonardo Mc.Lean, ex director de la
Escuela Naval Militar. De su actividad se derivaron 60 comisiones –generales y
específicas– que abarcaban un amplio abanico de indagaciones.[18]
Para los militares,
esta Comisión Investigadora constituyó un “imperativo revolucionario” basado en
la necesidad de restablecer la legalidad que se consideraba perdida durante el
peronismo.[19] Mac Lean llegó a
afirmar que las Comisiones Investigadoras “debían
realizar una limpieza total de los gérmenes del oprobio” y “descubrir para su extirpación hasta donde
fuese posible los gérmenes de la traición”.[20] Esta afirmación
prefigura las argumentaciones vertidas por las dictaduras militares de 1966 y
1976 y revela el progresivo empoderamiento del orden castrense de estas
nociones que formaron parte del régimen estatal de desaparición de personas a
partir de la década de 1970.
Las disidencias al
interior de las filas golpistas y el vínculo con el movimiento obrero del
presidente Lonardi fragmentaron el sector antiperonista del gobierno,
provocando la renuncia de la Junta Consultiva Nacional. Con el liderazgo de la
Marina, un movimiento interno produjo el desplazamiento de Lonardi por el
general Pedro Eugenio Aramburu el 13 de noviembre de 1955, dando por terminado
el experimento de la “transición tolerante”.[21]
Como correlato
anunciado, se endureció la postura con respecto al peronismo. Se reprimió la
actividad sindical, las comisiones investigadoras intensificaron su labor y se
produjo la inhabilitación gremial y política del justicialismo y de sus figuras
más representativas. En esta instancia cobró mayor relevancia el ala dura de
los militares, simbolizada en la figura del vicepresidente de la Nación
Contralmirante Isaac Rojas. La desperonización cobró forma normativa mediante
el decreto Nº 4161 del 5 de marzo de 1956, [22] que prohibió lo que
consideraban “elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista”.
Este decreto originó el marco legal de la proscripción, justificó la represión
y procuró borrar la memoria social para desarticular la identidad política
peronista.[23] La represión
ejercida motorizó diversas respuestas. Militares, ex funcionarios peronistas y
dirigentes sindicales comenzaron a dar forma a lo que se ha llamado “la
resistencia peronista”, que se prolongó hasta mediados de la década de 1960.[24] Pero la espiral
represiva continuó su marcha ascendente. Este proceso que abarcó todos los
aspectos de la vida política nacional se agudizó en junio de 1956 con el
levantamiento de los generales de división Juan José Valle y Raúl Tanco, que
fue desactivado rápida y drásticamente al decidir el gobierno de facto el
fusilamiento de gran parte de los militares y civiles sublevados y la
implantación de la Ley Marcial que instaló la pena de muerte por razones
políticas.
En todo el país, las
Comisiones Investigadoras trabajaron para cumplimentar los fines de su
creación. Al cesar su labor habían analizado más de 15.000 notas y expedientes,
elevado 314 sumarios y puesto a disposición de la Justicia 1045 procesados.[25] En abril de 1956
Rojas ordenó interrumpir el trabajo de las comisiones, alegando la premura de
obtener los datos necesarios para el armado de los libros que darían a conocer
los hechos delictuosos. Pero se puede pensar también en presiones empresariales
y de las corporaciones económicas nacionales e internacionales ante los hechos
investigados.[26]
El gobierno de la “Revolución Libertadora” y
la Patagonia
Como se ha expresado, la Revolución Libertadora postergó la
ejecución de la ley N° 14.408/55 de creación de nuevas provincias patagónicas
dictada durante los últimos meses del gobierno peronista. En su reemplazo, el gobierno provisional
dictó un Estatuto para el gobierno y administración de las provincias que
tendría vigencia hasta la sanción de la Constitución Provincial.[27] Para Tierra del
Fuego fue dictado un Estatuto especial en 1957 y se creó una gobernación
militar dependiente de la presidencia de la Nación, manteniendose como
Territorio Nacional hasta 1991. En el caso de las provincias Chubut y Patagonia
la transición fue más compleja. Al disolverse la Gobernación Militar de
Comodoro Rivadavia (1944-55),[28] su parte norte quedo
para Chubut y la parte sur para Patagonia, provincia que además debió
administrar temporalmente la ex gobernación de Tierra del Fuego. En 1956 la
Provincia Patagonia recobró su antigua denominación de Santa Cruz.
A poco de asumir y en
función de la decisión de desperonizar la sociedad, los interventores federales
recibieron la orden de eliminar los nombres de Perón y Eva de calles, plazas,
ciudades y monumentos, suprimir feriados celebratorios vinculados con el
peronismo y los libros de texto alusivos de los planes de estudio. Los primeros pasos colocaron a todo el personal de la gobernación
bajo sospecha y fueron declarados en comisión, medida que en algunos casos como
la Provincia Patagonia no fue levantada hasta octubre de 1956. Fueron
intervenidos la mayoría de los municipios territoriales –en Neuquén la totalidad– y de las
comisiones de fomento al igual que algunas comisarías y subcomisarías. Los
jueces de paz fueron reemplazados y una minoría fue reconfirmada en el cargo.
En Rio Negro varios organismos fueron intervenidos –mayoritariamente establecimientos
escolares, hospitales y delegaciones del ministerio de Trabajo y Salud- o
disueltos, como por ejemplo las Cámaras de Alquileres de General Roca, Villa
Regina, Bariloche, Ing. Jacobacci, Bariloche y Rio Colorado. En la Provincia Patagonia se intervino el Yacimiento de Río Turbio
y ramal ferroviario, la delegación Rio Gallegos de la CGT, la emisora LU12 Rio
Gallegos, el Círculo Policial de Socorros Mutuos y la Confederación General de
Profesionales.[29]
Simultáneamente, los interventores debían instalar las Comisiones Investigadoras en sus provincias.[30] El objetivo era “mostrar a la Nación aquellos hechos que habiendo constituido una corrupción administrativa o moral sean capaces de gravitar en la opinión publica en forma tal que conmuevan profundamente toda esta organización de tipo político-delictiva que accionaba en todo el país durante doce años”. Reservadamente se le sugería al interventor de Río Negro que investigara cinco o seis tipos de irregularidades “que justifiquen plenamente la razón de ser de esta comisión investigadora”; se infiere que el interventor debía buscar y denunciar y si no hallaba cargos para acusar, crear los hechos, sugerencia implícita
que trasunta el verdadero espíritu de la nota.[31]
Las Comisiones Investigadoras fueron organizadas rápidamente en el
sur. En la mayoría de los casos las presidían militares como el Capitan de
Navío José María Guzman en Patagonia, el Teniente Angel Barbieri en Neuquén, el
teniente de Navío Alberto Schneidewind en Chubut –posteriormente reemplazado
por Julio Ibarguren, quien manifestaba que deben “juzgar a los ciudadanos que delinquen o cooperaron en la subversión del
orden republicano y en la deformación de las conciencias”–.[32] Sus integrantes eran figuras locales, vinculadas a corporaciones
o a partidos como el radicalismo en Neuquén y en Río Negro, provincia en la que
tambien actuó el Partido Socialista. La Comisión rionegrina fue presidida por
Enrique Geddes y en ella participó el abogado radical Edgardo Castello, primer
gobernador constitucional de Rio Negro en 1958. En cambio en Patagonia fue
notoria la presencia de militares en las comisiones.
Los Interventores Federales tenían la facultad de crear la
cantidad necesaria de subcomisiones, ya sea de carácter permanente o por breve
tiempo. En Río Negro hubo 12 subcomisiones; Neuquén 3 subcomisiones –Zapala, Neuquén y San Martín de los Andes– mientras
que en Chubut hubo 17 sub comisiones y colaboraron con ellas 73 personas. La
provincia Patagonia tuvo 9 subcomisiones en las principales localidades, una
Comisión Provincial de Investigaciones sobre importación al sur del paralelo 42
y una Sub Comisión Investigadora de Aduana y Contrabando, en ambos casos
creadas debido a las múltiples denuncias de irregularidades en el transporte de
productos.[33]
En líneas generales las comisiones investigadoras recibieron
amplia colaboración de la sociedad civil y sus instituciones representativas.
Según el presidente de la Comisión de Neuquén Barbieri, la colaboración social
se explica por las “ansias retenidas de
la gente para que por fin bajo el nombre de Revolución Libertadora se les
hiciera justicia volviendo al país a la normalidad que tanto aspiraba”, lo
que justificaba la cantidad de denuncias realizadas.[34]
La sociedad se movilizó y denunció con un tono no exento de
revancha. En Neuquén se registraron varias denuncias de particulares contra
policias, personal de las escuelas y ferroviarios. En esta provincia llama la
atención un importante número de denuncias de subalternos contra superiores, lo
que señala el grado de persuasión de las autoridades revolucionarias sobre la
totalidad de los empleados, animando la delación y la denuncia. En la provincia
Patagonia hubo denuncias de vecinos sobre empleados de Aduanas, jueces de paz,
comisionados municipales y directores de escuela. No todas las denuncias tenían
resolución favorable. En el caso de Neuquén la falta de prueba era suficiente
para archivar la causa o la pertenencia de los denunciados al orden castrense
alejaba el riesgo de investigación.
Una vez producida la revolución, representantes del clero,
autoridades civiles y de organizaciones expresaron la adhesión al nuevo
gobierno. En Neuquén y en las ciudades rionegrinas de Viedma y General Roca se
realizaron celebraciones populares –caravanas de vehículos y hasta carrozas
adornadas con importante participación de jóvenes estudiantes festejando la
caída del gobierno peronista–. Estos actos festivos estuvieron acompañados de
episodios violentos y de vandalismo contra estatuas, placas, locales
justicialistas –con quema de archivos– y periódicos locales como Bariloche, de la localidad homónima, cuyo local fue destruido.[35] En Gaiman (Chubut) a los pocos dias de la revolución se registró
una manifestación popular en homenaje a las Fuerzas Armadas y al gobierno
revolucionario.[36] En Río Gallegos (provincia Patagonia) fue aprovechada la llegada
de un torpedero para rendir homenaje al conjunto de las Fuerzas Armadas.
Las comisiones investigadoras recibieron apoyo de empleados que
donaron su tiempo libre para investigar como tambien de organizaciones
económicas que expresaron su deseo de colaborar, como por ejemplo, la
Federación Económica de Comodoro Rivadavia o el Colegio de Abogados de General
Roca. Del mismo modo, la creación de Juntas Consultivas en las provincias contó
con la participación de las organizaciones económicas e instituciones
financieras y educativas. A modo de ejemplo, en Patagonia la Junta Consultiva
tuvo representantes de corporaciones como la Sociedad Rural de Río Gallegos, la
Cámara de Comercio e Industria, la Federación Económica de la Provincia,la CGT
regional, el Banco Nación, YPF y el Colegio Nacional entre otros.[37] En Río Negro la Junta Consultiva estuvo integrada por dos representantes de
los partidos políticos y de las fuerzas independientes de la provincia,
actuando el ministro de gobierno como su presidente. Participaron en ella siete
integrantes, dos por cada fuerza política –partidos Socialista, Demócrata
Nacional, Demócrata Cristiano– y un representante por las fuerzas
independientes. El radicalismo rionegrino aceptó integrar las comisiones
investigadoras y la subcomisión provincial liquidadora de los bienes del ex
Partido Peronista creada en enero de 1956, pero no participó de esta Junta
quizá para no aparecer directamente ligado a una tarea gubernativa de estrecha
colaboración con la intervención.
Pero hubo también
muchas denuncias de particulares o grupos de vecinos que se dirigían
directamente al interventor, a los ministros o a la Comisión Investigadora
Provincial o local. Solicitaban la intervención de organismos alegando la
presencia de figuras vinculadas con el justicialismo que constituían una
verdadera “amenaza y peligro para la moral”. Los motivos eran por acciones o
dichos de los denunciados, ya sea autoridades, empleados o instituciones pero
también por omisiones –la inasistencia a un acto patrio por ejemplo– o
expresiones orales de difícil probanza. Se los acusaba de vínculo –aunque sea
emocional– con el gobierno justicialista y la persona de Perón o por presunción
de connivencia con el mismo ya sea por ausencia de palabras a favor del gobierno
de facto. No se presentaba prueba alguna y bastaba la declaración para que la
policía iniciara una investigación. En
ocasiones, las comisiones investigadoras y sus filiales dieron pie para que
asuntos de índole comercial o personal intentaran ser resueltos a través de las
mismas como denuncias por cobro de deudas, multas, desalojo de tierras o
reyertas personales Asimismo personal despedido durante la gestion peronista
por faltas en el desempeño de sus tareas aprovechó el cambio de orientacion
política para alegar discriminación politica y antiperonismo.
Cuando la sospecha
era de connivencia y para prevenir cualquier reacción contra el gobierno de
facto, los resultados de las denuncias implicaban frecuentemente el traslado o
cesantía o la detención como presos políticos en la cárcel de Viedma o en la de
Río Gallegos, motivado la queja de las autoridades gubernativas ante esa
presencia: “se extendieron de inmediato
en esa capital las redes sutiles de las comunicaciones clandestinas,las
familias o amistades de los confinados que vinieron periodica o permanentemente
a Rio Gallegos serán células en potencia a las que será imprescindible
vigilar”.[38]
Llama la atención que
en Río Negro grupos de vecinos y autoridades municipales colaboraron
activamente en la represión mediante la creación de comandos civiles
revolucionarios o grupos de apoyo al gobierno de facto que pusieron bajo la
dependencia de la policía local. Su función era vigilar, delatar y castigar,
generando acciones con algún grado de violencia.[39] En algunos casos
como los comandos civiles organizados en Ing.Jacobacci y Maquinchao, su
emergencia podría estar relacionada con los sucesos de junio de 1956; en otros
casos como la Junta Pro Defensa de la Revolución Democrática de General Roca,
resultan anteriores y aparecen a fines de 1955. Esta Junta emitió una amplia
solicitada explicitando su constitución y objetivos y registrando múltiples
adhesiones. En sus considerandos advertimos que se auto-asignó un rol de
vigilancia, delación y control tanto de la opinión pública como de las
autoridades como una forma de prevenir acciones de los “dirigentes
desplazados”.[40]
Otro actor social
importante fue la Iglesia Católica, estrecha aliada
del régimen militar. Pero su postura no fue uniforme ya que dependió de la
adhesión personal de los sacerdotes –mayoritariamente de la orden salesiana de
Don Bosco– instalados en el sur. Algunos con militancia activa, difundiendo
panfletos y realizando denuncias, tuvieron un claro compromiso con uno u otro
bando. A modo de ejemplo, mientras en Neuquén una cesantía masiva de obreros
petroleros en Plaza Huincul motivó la intervención del sacerdote salesiano
Ernesto Zsanco en favor de los despedidos, en la Provincia Patagonia, en el
paraje Los Antiguos, el sacerdote Natalio Astolfo realiza una serie de
denuncias contra el presidente de la Comisión de Fomento, el director del
Hospital Local, enfermeros y maestras. Su fervor con el gobierno de facto lo
expresa al decir: “La Escuela de Perito
Moreno es un nido de viboras peronistas…que los trasladen a un lugar donde, en
nuevo ambiente, puedan rehabilitarse para bien suyo y nuestro”.[41]
Las grandes distancias significaron muchas veces un importante
obstáculo para la labor de estas comisiones. Pueblos separados por varios
kilometros y las dificultades en las comunicaciones implicaron una tarea lenta
y dificil, que demoró la conformacion de las subcomisiones. El compromiso de la
sociedad civil pasaba por la denuncia y el ofrecimiento de pruebas, no así por
la participación efectiva, como refieren en Chubut.[42] Por otra parte, un inconveniente de dificil superación y que
provenía de la etapa territorial era la existencia de oficinas del Estado
Nacional con sus propias autoridades que respondían directamente a funcionarios
nacionales. Al no haberse dispuesto la preeminencia de los interventores
federales y por ende sus comisiones de investigación sobre los mismos, estos
alegaban desconocimiento de la autoridad provincial, dilatando las respuestas
solicitadas, aspecto advertible como comentario o queja en notas e informes de
Chubut y Neuquén.
Además, no siempre existía personal disponible para integrar las
sub comisiones. En la Provincia Patagonia no se pudo conformar la sub comisión
Tierra del Fuego porque no había integrantes militares disponibles para asumir
el cargo sin dejar su tarea habitual. En Río Negro, Enrique Geddes manifestaba que la labor de
la Comisión Provincial había sido eficiente, ardua pero obstaculizada por la
gran extensión de la provincia y la necesidad de constituir subcomisiones cuya
supervisión recaía sobre la Comisión Provincial que se vio considerablemente
recargada de trabajo. Opinaba que las dificultades operativas de las
sub-comisiones estribaban en la composición y el carácter no rentado de los
miembros, lo que ocasionaba que hubiera un reducido número de horas diarias
destinadas a analizar los expedientes.[43]
Por otra parte, se advirtieron disidencias al interior de las
comisiones investigadoras. En Patagonia renunciaron todos los integrantes de la
subcomisión del Puerto Santa Cruz disconformes con decisiones tomadas por la
Comision Investigadora Provincial sobre la permenencia de notorios dirigentes
justicialistas en sus cargos.[44] En la sub-comisión
rionegrina de Allen, dos de sus integrantes fueron acusados de propiciar despidos
de personal en el hospital regional para negociar los cargos; en otros casos la
comisión se extralimitó –como en Ing. Jacobacci– irrumpiendo en un
establecimiento escolar para revisar carteras y mochilas de los alumnos y
verificar si portaban retratos o libros del peronismo. El justificativo de la
Comisión fue que “era necesario
atemorizar a los niños para desperonizarlos”. Las deficiencias en las
investigaciones y estos hechos de corrupción motivaron el envío del secretario
del ministerio del Interior Rafael Gallo para realizar averiguaciones o en
ocasiones, la incorporación del comisario local como preventor en todas las
actuaciones.[45]
La Comisión
Investigadora Nacional controlaba estrechamente las actuaciones de sus filiales
provinciales solicitando en forma permanente novedades y estado de las
investigaciones y recordando las medidas a tomar, fundamentalmente la
información con antelación en los casos de allanamientos y secuestro de bienes.[46] Los expedientes se
resolvían en el lapso aproximado de dos meses, recabándose informes, tomando
declaraciones y agregándose pruebas.
La atención inicial se puso en los ex funcionarios de los
territorios nacionales, objeto preferencial de la investigación. En Neuquén
fueron procesados por malversación de caudales públicos, dilación de justicia y
falsificación de documentos el ex gobernador Pedro Luis Quarta (1952-1955), el
secretario de la gobernación Claudio Robiglio y siete funcionarios y empleados.
Asimismo, fueron acusados de desvío de fondos municiaples al Partido Peronista
e irregularidades administrativas el ex Intendente de Neuquén Eduardo Cortez
Rearte, el ex secretario Tesorero Juan Carlos Sobisch y el Contador Raul Pintos
quienes conjuntamente con la delegada del Partido Peronista Femenino Amelia de
Scalia quedaron detenidos.[47]
En Río Negro fueron
investigados ex gobernadores como Miguel Montenegro, quien fue gobernador entre
1946 y 1949 y Emilio Belenguer (1949-1955). Emilio Belenguer fue investigado,
detenido y juzgado. Se lo investigó por el uso de automóviles oficiales para
fines propagandísticos del peronismo en Río Negro y en el distrito Villarino de
la provincia de Buenos Aires; la utilización de empleados de la gobernación,
materiales de construcción, maquinarias, muebles y otros bienes del Estado para
su chacra en Río Colorado.[48] En la investigación
quedaron involucrados el ex ministro de Gobierno Juan Paolini –acusado de
utilizar fondos públicos para el financiamiento de las actividades del partido
justicialista, utilización de bienes del Estado para viviendas particulares y
solicitud de facturas de favor– y el ex contador de la gobernación Vicente
Rossi, cesanteado y denunciado por malversación de caudales públicos por el
manejo de 250 expedientes de infracciones municipales.[49] El ex Inspector de
policía y jefe de la comisaria de Viedma Ricardo Mauri también fue alcanzado
por la investigación, ya que fue denunciado por maltrato, utilización de
automóviles oficiales y personal de bomberos para tareas agrícolas en su chacra
particular. Los hijos del ex gobernador –Héctor y Emilio– fueron inicialmente
cesanteados de sus cargos en la gobernación, posteriormente afectados a otras
reparticiones, y finalmente el interventor solicitó su salida de la provincia.[50]
En Chubut fueron investigados tanto ex gobernadores civiles como
el abogado José Eduardo Picerno ( 1950-1951) y Hector Perurena (1952-1955) como
así también el Gral. José Fernando Carlés, ex gobernador militar de Comodoro
Rivadavia (1951-1953) y el secretario de la gobernación Cnel. Gabriel Bidone.
En el caso de Carlés estaba imputado de peculado, malversación de caudales
públicos, defraudación y contrabando a Chile de mercaderías. Este delito
involucró al secretario Bidone, acusado de coacción a las autoridades
aduaneras. Según Julio Ibarguren, en el caso de la ex gobernación de Comodoro
se acumularon abundantes pruebas que fueron giradas a la Justicia. Pero la
solicitud de interdicción de bienes a los presuntos responsables realizada al
Interventor Federal quedó sin respuesta.[51]
En la provincia Patagonia fueron investigados los ex gobernadores
de Santa Cruz el coronel Rafael Lascalea (1946-1951), el odontólogo Angel
Carnota (1951-1952) y Tomás Fernández (1952-1955) sin resultado concreto ya que
al cesar las comisiones la investigación estaba en curso.
Las medidas tomadas por los interventores muchas veces como
iniciativa propia, otras a sugerencia del gobierno de facto o de la Comisión
Provincial de Investigaciones constituyeron un arco que iba desde los sumarios
administrativos, la detención, la toma de declaraciones, la suspensión en el
cargo, el traslado o la cesantía y exhoneración. Los causales alegados fueron
la militancia en el justicialismo, fundamentalmente en Unidades Básicas y en
los Comandos Territoriales; la impresión y difusión de propaganda partidaria,
el uso de bienes del Estado en beneficio del Partido Peronista; la asistencia a
cursos doctrinarios –fundamentalmente de la Escuela Superior Peronista– o el dictado de charlas sobre doctrina o medidas del gobierno
justicialista. Mientras el gobierno alentaba la delación y la denuncia, se
investigaba a aquellos justicialistas que habían delatado a compañeros de
trabajo como antiperonistas. En este sentido las que recibieron las mayores
acusaciones fueron las delegadas censistas y las maestras. En el caso de las
mujeres, haber desempeñado el rol de delegadas censistas o militantes de las
Unidades Básicas Femeninas inmediatamente las ponía bajo sospecha e
investigación.
En algunos casos se hacia alusión a la adhesión por omisión –no denunciar, encubrir, la adscripción simbólica– portar el escudo peronista, tener fotos de Perón y Eva en los
domicilios particulares y estafetas de correo, o tareas de delación y espionaje
durante el gobierno peronista, ocultamiento de información y documentación.En
algunos casos extremos se iniciaba la investigación sobre personas que eran
señaladas por “hablar bien del peronismo”, entonar canciones partidarias en
oficinas públicas o mantener un concepto poco positivo en el ámbito civil. En
la Provincia Patagonia fue denunciado el Juez de Paz de San Julian Pedro
Mariottini por varios vecinos porque “se
indignó al enterarse de la caída de Perón”.[52] En otras ocasiones, para obtener el desplazamiento del cargo se
aludía en general a la necesidad de reorganización de los cuadros de la
administración o en casos particulares a negligencia, apatía o irregularidad en
el desempeño de las funciones o simplemente “hablar mal del interventor
federal”, siendo mínima la cantidad de justificaciones que alegan cargos
cobrados pero no trabajados.
Las cesantías fueron importantes en número y se dieron
mayoritariamente en el área educativa –directores
de escuela y maestras–, salud –directores
de hospitales y médicos–,agentes de policia, empleados de
ministerios , oficinas de correo y municipales. En Neuquén la información
oficial mencionó que no había habido despidos en los tres ministerios de la
provincia –Gobierno,Economía y Acción Social–, pero se advierte que la Intervención Federal solicitó la remoción
de funcionarios y empleados de la administración nacional en la provincia,
contabilizándose solamente 25 traslados en la Oficina de Correos. En Rio Negro,
se
registraron cesantías de directores de establecimientos escolares y docentes o
en su defecto traslados compulsivos, motivando a través de la prensa a la
ciudadanía a colaborar indicando personas o instituciones que debían ser
investigadas. En Chubut las cesantías fueron
numerosas en la policia, personal municipal y correo; en Patagonia y Neuquén
abarcaron un amplio campo de la salud, municipal, educativa y judicial. En muchas
ocasiones los cesanteados alegaban haber mantenido un vinculo forsozo con el
Partido Justicialista y haber participado para no perder el puesto de trabajo.
En ese caso se solía recurrir a otros testigos que aseveraran el comportamiento
neutral del cesanteado pero con pocas excepciones no lograban recobrar su
cargo.
La vigilancia se
extendió por toda la población. Por orden de los interventores federales, se
fotografiaban a los asistentes a ceremonias religiosas, actos y reuniones
incluso las convocadas por el gobierno militar. Se registraron cementerios
–como el de Neuquen– en busca de material peronista enterrado, casas, chacras y
unidades básicas justicialistas. Los medios de prensa también fueron
perseguidos, controlados y censurados. A modo de ejemplo, el director del
periódico Bariloche Andrés Castro y
su esposa sufrieron embargo de bienes y Castro quedó detenido por disposición
de la Comisión Investigadora local.[53] En algunas provincias hubo solicitudes de expulsión. Fue el caso
de en la Provincia Patagonia sobre Pablo Imboden de Ushuaia, Rector del Colegio
Nacional, Director de la Escuela N° 1, presidente de la Biblioteca Provincial
Sarmiento y fundamentalmente Presidente de la Agrupación Descamisados. Fue declarado
persona no grata, bloqueados sus fondos, detenido por exacciones ilegales y
fraude y expulsado de la provincia junto con su esposa, acusada de utilizar a
sus hijos pequeños para delación.[54]
En las provincias patagónicas el peronismo derrotado mantuvo un
perfil bajo. En Neuquén se pudo constatar acciones de ocultamiento de libros,
fotos, folletos y la desaparición del busto de Eva Perón en San Martin de los
Andes. Pero la agitación obrera se manifestó como una forma de resistencia
civil. En esta provincia las autoridades militares y vecinos manifestaron la
preocupación por el personal obrero en la Comisión de Energía Atómica de
Loncopue en estado de rebelión, disponiéndose la separación de varios empleados
y la exhoneración del secretario del gremio. También se registraron incidentes
en los sindicatos petroleros de ASTRA e YPF en Chubut, en los que el
antiperonismo había retomado el control y en la ciudad de Caleta Olivia, en la
que fue allanada la casa del suboficial del Ejercito, peronista y dirigente de
la Alianza Libertadora Nacionalista Federico Troxler, involucrado en el
conflicto en las petroleras chubutenses.[55]
En cuanto a los resultados, en Río Negro hubo aproximadamente 400
denuncias sobre asociaciones e instituciones y 60 denuncias contra particulares.
La Comisión Provincial elevó 35 sumarios a la justicia y 45 casos quedaron
abiertos para continuar las investigaciones. En
la Provincia Patagonia la Comisión Provincial al finalizar su tarea elevo al
gobierno nacional 73 causas, de las que finalizaron 33, se pasaron a la
Justicia 13 y se dejaron abierta para nuevas investigaciones 27.[56] En Chubut el Informe de la Comisión declaró que no se habían
realizado detenciones ni procedimientos policiales.[57]
Conclusiones
Con el golpe militar de 1955, Argentina transitó un camino
tortuoso en el que la exclusión política de amplios sectores de la población
fue la nota dominante. La decisión de proscribir y desperonizar profundizó la
polarización ya advertible en los años finales del peronismo y la condensó en la
necesidad imperiosa de investigar, difundir los resultados y castigar a los
culpables de delitos públicos durante la administración peronista.
La argumentación utilizada para justificar el golpe y la represión
posterior demuestra la manipulación de conceptos claves de nuestro sistema
político como democracia, constitución, participación en función de los
intereses golpistas, con expresiones que aluden a la actuación militar como
parte de la responsabilidad histórica asumida, último y necesario eslabón para la
reparación y corrección del rumbo de la argentinidad. Al utilizar metáforas
organicistas para explicar la profundidad de la represión, tensan la misma
hasta los extremos como una invitación a actuar sin hesitar. Con esta
orientación, el clímax de la violencia fue en aumento. Investigaciones,
persecuciones, detenciones, arrestos y fusilamientos formaron parte del
escenario político y constituyeron una modalidad de dominación que si bien
generó resistencia civil, fue naturalizada por la mayoría de la población como
parte de la tendencia democrática inspirada por los radicales golpistas.
Las nuevas provincias del sur iniciaban su administración
autonómica en un contexto signado por una conducción nacional dictatorial con
la violencia como parte de la cotidianeidad del poder. La colaboración de la
sociedad civil le otorgó un manto de legitimidad a las acciones represivas que
en la Patagonia estuvieron encabezadas por los interventores militares
auxiliados por la policía y con la colaboración de las Comisiones Investigadoras
provinciales y sub comisiones que sugirieron medidas, opinaron y dictaminaron
en numerosas causas. Los destinatarios eran aquellos que podian incidir sobre
la población ya sea dictando procederes o difundiendo valores
contrarrevolucionarios. El personal de las escuelas –directores y maestras– estuvieron en el centro de la atención por su capacidad de
influir pero tambien por el lugar prominente que ocupaban en la sociedad
provincial, conjuntamente con los jueces de paz y en menor medida, directores
de hospitales y gremialistas.
Este rasgo fundacional evidentemente incidió en los formatos
politicos de las provincias y en la adhesión a los principios revolucionarios
de políticos, medios de prensa y corporaciones claramente observables en los
debates de los convencionales constituyentes en 1957 y en la presencia
permanente de los principios de la Revolución Libertadora en los discursos de
la dirigencia política patagónica hasta 1966.
Llama la atención que las provincias del sur no cuestionaran la exclusión.
Politicamente no habían participado de las instancias de decision politica
nacional desde la creación de los territorios en 1884. Podríamos pensar que
esta marginalidad vivida y sufrida –que hemos llamado legado territorial– debería haber operado como un atenuante de la exclusión. Sin
embargo, el involucramiento de las fuerzas politicas actuantes en la etapa
territorial en las instituciones revolucionarias y el compromiso de gran parte
de la sociedad civil como respuesta al llamado a denunciar e informar,
desmienten esta a presunción o al menos le otorgan matices. Creemos que la
tendencia que se desplegó e impuso con mayor fuerza fue la del antiperonismo
latente en los sectores dominantes territoriales, desplazados del poder en
forma completa entre 1946-1955, y que creían que sostener la proscripción les
aseguraría el mantenimiento del poder político por largo tiempo. La debilidad
en la concepción de la democracia como sistema político incluyente y
participativo tuvo en las provincias del sur un primer signo distintivo
motivador de conflictos entre poderes del Estado y desplazamientos de
gobernadores constitucionales durante la década de 1960.
Fuentes
Primarias
Anales de
Jurisprudencia Argentina ,Tomo XVI-A,
Decretos, 1956.
Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio, Fiscalía Nacional de
Recuperación Patrimonial, Clasificación y custodia de actuaciones. Comisiones Provinciales Neuquén,Patagonia,Río
Negro y Chubut.
Archivo General de la Nación, Departamento Archivo Intermedio, Fiscalía
Nacional de Recuperación Patrimonial, Comisión Nacional de Investigaciones.
Memoria de las Comisiones Provinciales. Cajas 12 y 13.
Archivo General de la Nación. Archivo Intermedio. Comisión de
Ordenamiento de Archivos. Expedientes Secretos, Confidenciales y Reservados.
Archivo Histórico de Chubut. Fondo Documental Gobernación del territorio
del Chubut, 1885-1957, Expedientes Microfilmados, Rollos N° 1224 a 1258.
Archivo Histórico de la provincia de Río Negro, Sección Administración
de Gobierno. Expedientes Generales. 1955-1956.
Archivo Histórico de la provincia de Santa Cruz. Fondo Gobernación de la
provincia. Sección Provincia Patagonia, 1955-1956.
Presidencia de la Nación. Memoria
del gobierno Provisional de la Revolución Libertadora. 1955-1958. Buenos
Aires, 1959.
República Argentina. Libro Negro
de la segunda tiranía. Decreto-ley n° 14988/56.Buenos Aires, 1958.
Vicepresidencia de la Nación, Comisión
Nacional de Investigaciones. Documentación,
autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía,
Tomo IV, Buenos Aires, 1958.
Bibliografía
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vencidos. El antiperonismo y la revolución libertadora. Buenos Aires, Biblos, 2005.
[1] María Estela
Spinelli. Los vencedores
vencidos. El antiperonismo y la revolución libertadora. Buenos Aires, Biblos, 2005;
Silvana Ferreyra. “El delito de ser peronista. Una aproximación a las
Comisiones Investigadoras durante la Revolución Libertadora”, ponencia
presentada en IV Congreso de Estudios
sobre Peronismo, San Miguel de Tucumán, Tucumán, 2014; Enrique Mases y Mariano
López Cuminao. “La luz de un fosforo fue. Auge y decadencia de la Unión Cívica
Radical Intransigente Neuquina 1957-1962”, en Francisco Camino Vela,
(compilador), El mundo de la política en
la Patagonia Norte. Neuquén, Editorial
de la Universidad del Comahue EDUCO, 2012; Gabriel Rafart y Enrique Mases. El peronismo desde los territorios a la
Nación. Su historia en Neuquén y Río Negro 1943-1958.Neuquén, Editorial de la Universidad del
Comahue EDUCO, 2001; Aixa Bona y Juan Vilaboa. “La transición política de los
territorios nacionales y la caída del peronismo. El caso de Santa Cruz”,
ponencia presentada en III Jornadas de
Historia de la Patagonia, San Carlos de Bariloche, Río Negro, 2008; Aixa Bona y Juan Vilaboa, (Coordinadores). Las formas de la política en la Patagonia. Buenos Aires, Biblos,
2007; Graciela Iuorno. “La provincialización de Río Negro, Interregno y conflicto de
intereses nacionales y locales”, en Martha Ruffini y Ricardo Freddy Masera,
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Viedma, Legislatura de Río Negro, 2007; Martha Ruffini.
“La Revolución Libertadora en el sur argentino. Persecución política y
antiperonismo en río Negro”. Revista
e@latina, Vol.XI, N° 41. Buenos Aires, 2012, pp. 37-58.
[2] Daniel James. Resistencia e integración. El peronismo y la
clase trabajadora argentina. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2003.
[3] República
Argentina. Libro Negro de la segunda
tiranía .Decreto-ley n° 14988/56. Buenos Aires, 1958, p 10. Anales de Jurisprudencia Argentina, Tomo
XVI-A, Decretos, 1956, Proclama del 27 de abril de 1956, p. 1.
[4] Antonio Gramsci. Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el
Estado moderno. Buenos Aires, Nueva Visión, 1987, p.89.
[5] República
Argentina. Libro Negro…, Op.cit, p.p.
25-27.
[6] Presidencia de la
Nación. Memoria del gobierno Provisional
de la Revolución Libertadora. 1955-1958. Buenos Aires, 1959, p. 33.
[7] Estaba integrada
por los socialistas Nicolás Repetto, Américo Ghioldi, Alicia Moreau de Justo,
los radicales Oscar Alende, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz, el
socialista Américo Ghioldi y los demócratas progresistas Horacio Thedy y Julio
Noble, entre otros.
[8]Anales de Jurisprudencia Argentina, Tomo XVI-A, Decretos, 1956, Directivas
Básicas del 7 de diciembre de 1955, pp. 2-3.
[9] O’Donnell, Guillermo
y Philippe Schmitter. Transiciones desde
un gobierno autoritario. Buenos Aires, Prometeo, 2010, pp. 41 y ss.
[10] María Estela Spinelli. Los vencedores vencidos…Op.Cit, pp.7-10.
[12] Estas
afirmaciones fueron tomadas de los Considerandos del Decreto –Ley N° 42 del 25
/9/1955 por el que el Presidente Provisional de la Nación asumió las facultades
legislativas del Congreso Nacional.
[13] República
Argentina, Memoria del gobierno…, Op.cit,
pp.34-44; República Argentina, Libro
Negro…, Op.cit, pp.9-22.
[14] República
Argentina, Libro Negro…, Op.Cit, p.
43.
[15] María Sáenz Quesada. La Libertadora. Historia pública y
secreta.1955-1958, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, p. 139.
[16] República
Argentina, Libro Negro…, Op.Cit,
pp.7-8.
[17]La Comisión Nacional de Investigaciones podía detener personas, allanar
domicilios, recoger pruebas e intervenir libros de contabilidad de organismos
públicos y privados.
[18]Las comisiones de
investigación eran de diferentes tipos. Algunas eran generales –comisiones que investigaban el accionar de cada ministerio– y otras
específicas, vinculadas con la actuación de personas (Jorge Antonio, Alberto
Teissaire, ex legisladores peronistas), organismos nacionales (Banco Central,
Banco Hipotecario Nacional, YPF, Aerolíneas), espectáculos (cine, teatro y
radio), instituciones y asociaciones vinculadas directamente con el peronismo
(Escuela Superior Peronista, Fundación Eva Perón, Comisión Pro-Monumento a
Eva), entre otras.
[19] República
Argentina, Libro Negro…, Op.CIt,
p.11.
[20] Ídem, pp.13-14.
[21] María Estela
Spinelli. Los vencedores…op.cit, p.
55.
[22] República
Argentina, Anales de Jurisprudencia
Argentina Tomo XVI-A, Decretos, pp.241-242.
[23] Catalina Scoufalos. 1955. Memoria
y resistencia. Buenos Aires, Biblos,
p. 50.
[24] Como es conocido,
la resistencia clandestina se manifestó de múltiples maneras: atentados,
incendios intencionales, sabotaje, ataques a símbolos de la “Revolución
Libertadora”, fabricación casera de bombas y artefactos explosivos.
[25] República Argentina, Libro Negro…, Op.Cit, p.14.
[26] María Sáenz
Quesada. La Libertadora…, Op.Cit, pp.
155 y ss.
[27] República
Argentina, Anales de Jurisprudencia Argentina…Op.
Cit, pp. 755-758.
[28] Los habitantes de
Comodoro Rivadavia no aceptaron la incorporación a Chubut y ensayaron varias
alternativas. En enero de 1956 a través de los medios de prensa y el envío de
petitorios, propusieron integrarse totalmente a la provincia Patagonia o bien,
crear una nueva provincia que contuviera los límites de la antigua gobernación
militar.
[29]La Voz del Pueblo, Rio Gallegos, 11/11/1955, p.1.
[30] En Neuquén el
Interventor Federal fue el capitán de navío Ricardo Hermelo, quien actuó hasta
noviembre de 1955; en Río Negro el Teniente Coronel Gualberto Wheeler; en
Chubut el Capitán de Fragata Raúl Sidders desde octubre de 1955;en la provincia
Patagonia el Capitán de Fragata Alejandro Galarce, sucedido por el Teniente de
Navío Miguel Muro.
[31] Archivo General
de la Nación, Archivo Intermedio, Fiscalía Nacional de Recuperación
Patrimonial, Clasificación y custodia de actuaciones. Comisiones Provinciales (en adelante AGN-FNRP), provincia de Río
Negro, legajo Nº 1066, Directivas para la intervención Federal, 8 de noviembre
de 1955. Véase también Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro. Sección
Administración de Gobierno. Expedientes Generales (en adelante AHP-RN), año de
1955, Caja Nº 18-B, Expediente I-331, Nota del ministro del Interior al
interventor de Río Negro, 18 de octubre de 1955.
[32] AGN-FNRP, Caja N°
1, nota del 6/1/1956, Comisión Central de Chubut a Leonardo Mc Lean, f 2.
[33]Archivo Histórico
de la provincia de Santa Cruz. Fondo Gobernación de la provincia. Sección
Provincia Patagonia (en adelante ASC-PP) Legajo 2, Expediente 1361, 15 /2/1956;
Expediente 1749-C, 15/3/1956.
[34] Archivo General
de la Nación, Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, Comisión Nacional
de Investigaciones, (en adelante AGN- CNI), Memorias de las comisiones
Provinciales, Caja 13, Memoria original de Neuquén, f 1.
[35]La Nueva Era, Carmen de Patagones, 1/10/1955, p.3; Río Negro.General Roca, 23/9/1955, p. 1, entre otros.
[36] Archivo Histórico
de Chubut, Fondo Documental Gobernación del territorio del Chubut, 1885-1957,
Expedientes Microfilmados (en adelante AHCH), Rollo N° 1229, Nota del
interventor Federal al Ministro de Interior y Justicia, 24 de octubre de 1955;
Rollo 1224, Expediente 2192, nota del 24/9/1955.
[37] ASC-PP, Legajo 3,
Expediente 8019, Decreto N° 28, 9/10/1955.
[38]ASC-PP, legajo 4,
Expediente 9863-C, Nota del interventor Federal al Ministro del Interior,
9/1/1956, f 2; AHP-RN, año de 1955, Caja Nº 18- B, Expediente C-421, 19 de
octubre de 1955.
[39] AHP-RN, año de
1956, Caja Nº 6, nota del comisario de Maquinchao al Jefe de Policía, 18 de
junio de 1956.
[40] AGN-CNI,
provincia de Río Negro, legajo Nº 1068, 5 de diciembre de 1955.
[41] ASC-PP, Legajo 1,
Expediente 3333-A, 3 de enero de 1956.
[42] AGN-FNRP,
Comisiones Provinciales, Caja 1, provincia de Chubut, nota del 31 de marzo de 1956,
Julio Ibarguren a Leonardo Mc Lean.
[43] Ídemm, Nota de Enrique Geddes al presidente de la Comisión Nacional de
Investigaciones del 16 de abril de 1956, p.750.
[44] ASC-PP, Legajo 1,
Expediente 1894-C, 17 de marzo de 1956.
[45] AGN-FNRP,
provincia de Río Negro, Legajo Nº 1070, Nota del 27 de diciembre de 1955;
legajo Nº 1068, 14 de abril de 1956; legajo Nº 1067, Libro Copiador de la
Comisión Provincial, 11 de noviembre de 1955, f 69 y 27 de diciembre de 1955, f
245 entre otros.
[46]AGN-CNI, provincia de Río Negro, legajo Nº 1066,”Normas básicas a seguir
por las Comisiones Investigadoras y las sub-Comisiones”, 21 de octubre de 1955.
[47] AGN-FNRP, Caja 1,
Neuquén, Expediente 8989-D, 20 de diciembre de 1955; Archivo General de la
Nación. Archivo Intermedio. Comisión de Ordenamiento de Archivos. Expedientes
Secretos, Confidenciales y Reservados (en adelante AGN-ESCR), Caja 132, Nota
del 8/2/1956 al ministro de gobierno de Neuquén sobre irregularidades en la
Municipalidad de Neuquén.
[48] AHP-RN, año de
1955, Caja Nº 18-D, expediente C- 1196, 9 de octubre de 1955.
[49] AGN-FNRP,
provincia de Río Negro, legajo Nº 1067, Informe reservado, Nota de Enrique
Geddes al Interventor Gualberto Wheeler, 9 de enero de 1956, f 303.
[50] AHP-RN, año de
1955, Caja nº 18-E, Expediente I-1722, Nota del interventor de Río Negro al
director general del ministerio del Interior, 23 de noviembre de 1955.
[51] Ibidem, nota de
la Comisión Central Investigadora del Chubut a Leonardo Mc Lean, 16 de marzo de
1956.
[52] ASC-PP,
Expediente 1288-C, elevan actuaciones de la subcomisión de San Julián,
15/2/1956.
[53]AGN-CNI, Río Negro, legajo Nº 1067, Libro Copiador de la Comisión Investigadora
Provincial, nota de Abel Castro al interventor de Río Negro, 3/1/1956, f 270.
[54] AGN-FNRP,
Comisiones Provinciales, Caja 1, Patagonia, Expediente 51025/56, Memoria
Incompleta de la Comisión Provincial de Investigaciones, f 6.
[55]AGN-FNRP,
Comisiones Provinciales, Caja 1,Neuquén, Expediente N° 102.568, 17/4/1956;
AGN-ESCR, Caja 133, Expediente 149, 1956 ; AHCH, Rollo 1228,Expediente 3014-R,
19/10/1955; Rollo 1234, Expediente 4425-I, 1° /12/1955; ASC-PP, Legajo 4,
Expediente 9174, octubre de 1955, entre otros.
[56]AGN-FNRP, Caja 1,
Patagonia, Expediente 51025/56, Memoria Incompleta de la Comisión Provincial de
Investigación.
[57] República Argentina. Vicepresidencia de la Nación, Comisión Nacional de Investigaciones. Documentación, autores y cómplices de las
irregularidades cometidas durante la segunda tiranía, Tomo IV, Buenos
Aires, 1958, pp. 451-452.