La represión antiperonista y su justificación en
Jujuy en tiempos de la Revolución Libertadora
Antiperonist
repression and its justification in Jujuy for the period of Revolución
Libertadora
Fernando Aníbal Castillo
Unidad de
Investigación en Historia Regional (Universidad Nacional de Jujuy)
Investigaciones Socio-históricas Regionales
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas - Argentina
ferredbo@yahoo.com.ar
Resumen
La destitución del gobierno peronista,
ejecutada en septiembre de 1955 mediante un golpe de Estado, conllevó la
institución de una administración antiperonista, denominada “Revolución
Libertadora”, cuya lógica apuntaba a la proscripción absoluta del peronismo.
Este régimen ejerció la represión contra el peronismo mediante diversos
procedimientos. Estas medidas se pusieron en operación en todo el territorio
nacional, y alcanzaron de esta forma a la provincia de Jujuy. En este distrito,
la política estatal de coacción al peronismo comportó medidas como la encarcelación
de sus militantes y la supresión de sus símbolos del espacio público. Este
dispositivo se justificó en términos generales en esta jurisdicción mediante la
apelación a los principios del antiperonismo radicalizado, basado en la
representación del peronismo como un régimen totalitario.
Palabras claves
Antiperonismo, Jujuy, Representaciones, Represión
política, Revolución Libertadora
Abstract
Peronist
administration was overthrown in September 1955 by a coup d’état; as a result
of such event, an Antiperonist government, so-called “Revolución Libertadora”,
was established. This regime introduced political repression against Peronism;
thus, state logic aimed to banish Peronism in an absolutely way. In order to
achieve that objective, several procedures were executed. This manoeuvres were
carried out in the whole country, including Jujuy (a northern Argentina
province). In this district, mechanisms such as the imprisonment of its
militants and the suppression of its symbols from public space were deployed.
In this jurisdiction, state policy pointed to repress Peronism was justified in
a general way by the means of radicalized Antiperonism principles, specially
the representation of Peronism as a totalitarian regime.
Keywords
Antiperonism,
Jujuy, Political repression, Representations, Revolución Libertadora
Introducción
El gobierno peronista fue depuesto por una
coalición opositora en septiembre de 1955; el resultado inmediato del
levantamiento fue el establecimiento de un régimen designado por sus promotores
como “Revolución Libertadora”. Bajo la nueva gestión –que se extendería hasta
los primeros meses de 1958–, se puso en operación una serie de procedimientos
encauzados hacia la proscripción de los principios organizacionales de la sociedad
argentina dejados luego de una década de administración peronista. La
desperonización alcanzó a esferas como el ámbito sindical, la escuela y los
medios de comunicación, y se diseminó (con mayor o menor énfasis y rapidez) a
través del conjunto del territorio.
Tales mecanismos fueron institucionalizados
también en la provincia de Jujuy; siguiendo la lógica de las políticas
constituidas por el gobierno central, también en esta jurisdicción el peronismo
fue objeto de prácticas represivas. Estas estrategias se hicieron ostensibles
en la destitución de las autoridades peronistas, la persecución de sus
militantes, la prohibición de nombrar a Perón o todo referente al mismo, la
depuración de la administración pública y la execración de sus símbolos.
Las representaciones invocadas para
justificar de manera pública estos procedimientos no pueden plantearse de
manera unívoca, dado que depende de los actores colectivos que las invocasen y
los contextos específicos dentro de la coyuntura. En este sentido, en cuanto la
dinámica del antiperonismo suponía numerosas y profundas disidencias internas,
incluso en el espacio acotado de esta provincia, es factible rastrear diversas
representaciones sobre el peronismo y en definitiva disímiles posturas sobre
qué métodos ejecutar sobre el orden dejado por el mismo.
Más allá de este rasgo particular de la
“Libertadora”, y omitiendo también la participación de los sectores civiles
(como los partidos políticos y las organizaciones vecinales) en el proceso de
desperonización, las autoridades provinciales que se sucedieron durante el
período construyeron un conjunto categórico de representaciones y principios
que habrían de invocar al promover la separación del peronismo de la sociedad
jujeña.
El presente artículo apunta en un sentido
general, a contribuir a la comprensión de las bases de la violencia estatal en
la Argentina a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En términos
específicos, el objetivo de este trabajo está orientado a determinar las
características de las representaciones que operaron como justificación de la
represión política ejecutada contra el peronismo en la provincia de Jujuy
durante la Revolución Libertadora.
El artículo fue desarrollado a partir de la
consulta de expedientes alojados en los siguientes repositorios: Archivo
General de la Nación, Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy, Archivo de la
Justicia Federal y el Archivo Histórico de Tribunales de la Provincia de Jujuy;
asimismo se procedió a la reseña de periódicos resguardados en la Hemeroteca de
la Biblioteca Popular de Jujuy.
Desde el punto de vista metodológico, se
sigue la propuesta de la historia cultural, atendiendo primordialmente a la
tesitura de Roger Chartier sobre las representaciones sociales y los aportes de
María Estela Spinelli, desde la misma línea, sobre las especificidades del
antiperonismo. Finalmente, cabe añadir que el artículo está guiado por la
siguiente conjetura: la construcción estatal en esta provincia de las
representaciones sobre el peronismo que justificaron su represión habría
abrevado en la referencia dominante del antiperonismo radicalizado, aludiendo
en particular al presunto carácter totalitario del peronismo.
Consideraciones
metodológicas
La propuesta
metodológica de Spinelli parte en
líneas generales de que las prácticas de los dirigentes políticos se fundan en
la evaluación del escenario en el que se encuentran inmersos: “a partir de su
diagnóstico elaboran sus acciones, proyectos y estrategias y lo participan –si
son exitosos– a grupos de referencia y opinión […] que lo adoptan como propio”.[1] Tales definiciones se construyen
fundamentalmente en función de lo que Roger Chartier “ha denominado las
‘representaciones de la realidad’”.[2] Estas últimas están asociadas a “cómo se
concibe –desde un ángulo particular de observación a partir de una determinada
escala de valores temporal, donde también intervienen ideales, sentimientos y
prejuicios– la realidad económica, política, social y cultural de una época”.[3] En definitiva, sostiene Spinelli, los
antiperonistas constituyeron representaciones sobre el peronismo y actuaron en
función de tales. Cabe agregar que Chartier asevera que los esquemas
perceptuales generados por las representaciones contienen “divisiones de la
sociedad”; de esta forma las representaciones son productoras de lo social.[4] Al respecto, señala que sobre la realidad
confluyen múltiples representaciones (dada la complejidad de las formaciones
sociales), en función de las cuales esta se construye contradictoriamentea partir de la
beligerancia entre distintos grupos que integran la sociedad, que el
reconocimiento de las identidades se realiza a partir de prácticas y
finalmente, que las representaciones se expresan a partir de mecanismos de
institucionalización y objetivación.[5] Dentro de las sugerencias del autor cabe
enfatizar también que las identidades son el resultado de una relación
beligerante entre las representaciones “impuestas por aquellos que poseen el
poder de clasificar y designar y la definición, sumisa o resistente, que cada
comunidad produce de sí misma”.[6]
El estudio de los vínculos entre el
peronismo y los discursos, cabe añadir, ha sido abordado por diversos autores.
Al respecto, vale mencionar los trabajos de Gerardo Aboy Carlés,[7] Emilio de Ípola,[8] Alejandro Groppo,[9] Ernesto
Laclau[10] y Silvia Sigal y Eliseo Verón.[11] Nuestra
preferencia por la propuesta de Chartier y Spinelli radica tanto en los
elementos que privilegian como los que omiten. Al respecto de la teoría del
discurso político, debe señalarse que Chartier
discute las tesis derivadas del giro lingüístico, desagregadas de la propuesta
axiomática de concebir al lenguaje como “un sistema cerrado de signos que
producen sentido por el único funcionamiento de sus relaciones”.[12] Chartier cuestiona que la producción de la
significación sea impersonal y automática, desvinculada de la subjetividad, y
que la realidad social sea un elemento constituido “por el lenguaje,
independientemente de toda referencia objetiva”.[13] Señala que las prácticas constitutivas del
mundo social no deben reducirse a la lógica productiva de los discursos. Aun
aceptando que la producción discursiva supone la organización del mundo social,
no debe equivalerse discurso y realidad social. En otro registro, los trabajos
de de Ípola y de Sigal y Verón destacan que la construcción de los discursos se
genera a partir de condiciones que son externas a los mismos –las “bases
materiales que son su verdadera fuente de inteligibilidad”, de acuerdo con de
Ípola–.[14] Consideramos
que el problema en torno a las condiciones de los discursos es relevante para
la comprensión de la producción de los mismos.
Sobre
la represión al peronismo durante la Revolución Libertadora
Consumada la destitución del peronismo, las
fuerzas sublevadas se apropiaron del aparato del Estado. La presidencia de la
Nación fue conferida en primera instancia a Eduardo Lonardi, representante de
la facción nacionalista del Ejército; su principal lema pregonaba la
restitución del imperio del derecho y la pacificación de la nación.[15] Spinelli señala que el lonardismo le
concedió escasa relevancia a los partidos, sobre todo en la constitución de su
gabinete. Esto, sumado a la inacción en contra del peronismo, desacreditó
rápidamente la imagen de Lonardi frente al antiperonismo. La conciliación no
pudo concretarse, así, por falta de consenso entre las líneas antiperonistas.[16]
La pacificación fue rechazada por el sector
más radicalizado del antiperonismo. Sus representantes reclamaban una
investigación, juicio y castigo a los responsables de haber colaborado con el
ascenso y mantenimiento del peronismo. A los ojos del antiperonismo, la
restitución de los valores que Perón les había arrebatado y el reencauzamiento
de la política y la sociedad demandaba necesariamente la punición y la
proscripción del peronismo.[17]
Cuestionado en definitiva por su
displicencia frente a los partidos y por su posicionamiento indulgente con los
derrocados, el primer presidente provisional fue desalojado. La línea que
cobijaba al primer jefe de Estado “revolucionario” fue segregada en definitiva
bajo el argumento de la necesaria depuración ideológica para la reconstrucción
democrática de la nación. Este acontecimiento se inscribió en el marco de uno
de los procesos centrales que se desenvolvieron entre la revolución de 1955 y
la salida electoral de 1958: el desgranamiento paulatino de la coalición
antiperonista. La primera depuración de esta alianza le confirió homogeneidad
“a los objetivos ‘revolucionarios’ definidos como democráticos por sus
contemporáneos”.[18]
En lugar de Lonardi, asumió la primera
magistratura otro oficial del Ejército, Pedro Aramburu, más proclive a atender
la postura liberal y a los partidos políticos. El relevo de la consigna
“conciliación” por “democracia”, orientación auspiciada por la tradición
liberal-democrática y subsumida bajo la consigna de “Mayo-Caseros”, puso de
manifiesto el lineamiento que le sería conferida a la Revolución Libertadora.[19] La postura del nueve jefe del ejecutivo
hacía ostensible así la participación del antiperonismo radicalizado.
Como consecuencia inmediata de la
deposición del lonardismo, las prácticas represivas puestas en operación
dejaron traslucir que el binomio gubernamental Aramburu-Rojas abandonaría toda
ambigüedad.[20] Los militantes peronistas fueron apresados
e interrogados en función de las prácticas inquisitivas de las comisiones
investigadoras, formadas “para atender a las múltiples denuncias de corrupción
y abuso de poder que pesaban sobre el gobierno derrocado”.[21] Además, se proscribió el Partido
Peronista, se intervino la Confederación General del Trabajo (CGT), la
persecución de la militancia peronista adquirió naturaleza sistemática y se
sancionó “la penalización de la apelación a sus símbolos”.[22]
En lo que concierne al caso de Jujuy, el
Ejecutivo provincial quedó en manos de la Intervención Militar, bajo el comando
de un oficial del Ejército. Esta gestión se caracterizó por iniciar la
represión al peronismo. No obstante, el discurso del gobierno “revolucionario”
provincial favorecía a simple vista la ratificación del programa lonardista,
fundado en la conciliación. La representación que construyó la tutela local se
manifestó a partir de las palabras de su titular, el mismo día de su asunción;
destacando su compromiso con los ideales públicos de la “Libertadora”, declaró:
“Haré todo lo posible, con la energía necesaria, para que Jujuy […] se encamine
por el camino de paz que le marcan las nuevas autoridades, en procura de la
pacificación del país y el reencuentro de sus hijos”.[23] El jefe castrense enfatizó también: “la
Intervención Militar no vino a perseguir a nadie”; contrariamente, su misión
habría supuesto “unir a todos los jujeños bajo la bandera azul y blanca […] de
acuerdo a los principios espirituales que guían a la Revolución Libertadora”.[24] De esta forma, se preconizaría valores
como la paz, la unidad y la libertad de pensamiento y de culto; y este albedrío
debería ser el fundamento de una auténtica democracia. Es ostensible que el
llamado a la pacificación fue uno de los ejes estructuradores del discurso de
esta administración. Lejos de la concordia y la libertad prometidas, sus
políticas dieron cuenta rápidamente de sus objetivos.
Los discursos de la Intervención Militar
entraron rápidamente en conflicto con las medidas que propiciaba. La primera
acción llevada a cabo por la nueva gestión fue la clausura de la Legislatura.
Esta disposición fue ejecutada en “concordancia con la medida adoptada por el
Superior Gobierno Provisional con el […] Congreso de la Nación”.[25] En esta misma dirección se procedió luego
al cierre de los Concejos Deliberantes de las ciudades del interior. Asimismo,
se intervinieron numerosas municipalidades, como la de San Salvador de Jujuy,
ahora bajo la égida del Ejército. La celeridad del trámite puso de manifiesto
las urgencias y prioridades de la Intervención Militar. La cancelación de las
prácticas deliberativas y ejecutivas coadyuvó a la paralización de la
“maquinaria” política peronista. Las subsiguientes Intervenciones estuvieron
investidas de los mismos rasgos: apuntaban a eliminar al peronismo del espacio
público y el campo político.
A partir de la misma emergencia de la
Revolución Libertadora se inició la represión y persecución de la militancia
peronista, en la que el Ejército tomó activa participación encarcelándolos.[26] Asimismo, se dio curso a la depuración de
la administración pública; iniciando un proceso que semanas más tarde se
exacerbaría, se llevaron a cabo las primeras cesantías. La exoneración del
comisionado municipal de Volcán (localidad emplazada en la Quebrada de
Humahuaca, a 40 km al norte de cabecera provincial) fue paradigmático, en
cuanto en sus fundamentos se hizo ostensible la posición estatal: “era
Secretario de la Unidad Básica que funcionaba en aquel vecindario, lo que
importaba actuar en política con evidente olvido de sus deberes de
funcionario”.[27]
Casi al unísono, la Intervención Militar
compelió a retirar “de las oficinas estatales todo símbolo, divisa, afiche,
fotografías, efigies y bustos que identifiquen la tendencia política depuesta”;[28] y demandó el cambio de nombre de las
calles que hicieran referencia a los derrocados.[29] Además, se procedió a retirar textos
escolares de los recintos de enseñanza, como Evita, La Argentina de Perón, La
razón de mi vida y Patria justa.[30] El saneamiento de las instituciones
estatales fue uno de los basamentos de la Intervención Militar.
Esta primera gestión daría paso
rápidamente, en octubre de 1955, a una nueva administración. El escenario que
se gestó en Jujuy fue en cierto sentido opuesto a la dinámica nacional. En el
caso de esta provincia el alejamiento del interventor se debió a las presiones
que el sector yrigoyenista de la Unión Cívica Radical ejerció sobre la gestión
militar. Ciertamente, la administración castrense no había prestado mucha
atención a los partidos, relegándolos en beneficio de oficiales del Ejército. A
la reticencia de la Intervención Militar a incorporar a los partidos a su
gestión, debe añadírsele la crudeza de las medidas represivas implementadas. A
la inversa de lo acaecido a nivel nacional, en Jujuy, la política coactiva de
las autoridades generó rápidamente disconformidad antes que beneplácito, en
particular, en el ala yrigoyenista del radicalismo. El recambio de autoridades
puso en claro que si bien la dinámica provincial estaba sin dudas sujeta a la
lógica de la esfera del gobierno central, la política se desarrollaba también a
fuerza de las condiciones locales.
A la primera tutela “libertadora” le siguió
la Intervención Federal –cuyo mandato le fue conferido por el Gobierno Nacional
al contralmirante Gastón Clement–. Esta desenvolvió también los roles del
Ejecutivo provincial intentado consolidar el programa de la “Revolución”. Esta
gestión, no obstante los reclamos del radicalismo por el escarmiento aplicado a
los derrocados, fue sumamente coherente con el planteo del gobierno de Aramburu
y Rojas.
Las tendencias fuertemente represivas y
antiperonistas en Jujuy fueron prolongadas, ampliadas y organizadas por la
segunda intervención. Las políticas de desperonización que se habían
desarrollado de manera arbitraria semanas antes fueron investidas ahora de
carácter sistemático. La urgencia, que había sido el principio que guió a la
Intervención Militar, fue sustituida por un proceso a mediano plazo que se
extendió durante los siguientes meses a lo largo de un paulatino desmontaje de
los “resabios del totalitarismo”. Se profundizaron así todos los mecanismos de
expulsión de los peronistas y sus símbolos de las instituciones y de toda la
esfera pública, se incrementaron los operativos de represión y asimismo se
instauraron procedimientos de indagación que recayeron sobre el “régimen
depuesto” y sus acólitos.
Esta gestión abrió paso a una gran cantidad
de intervenciones a instituciones de la administración estatal.
Fundamentalmente, se inició una campaña de destitución de autoridades en las
comunas del interior, como los casos de la Municipalidad de Humahuaca y
Comisiones Municipales de Abra Pampa, Estación Perico, Purmamarca, Pampichuela,
Santa Catalina, La Esperanza, Maimará, Vinalito, Rinconada, Pampa Blanca y
Tumbaya. Por otro lado, a lo largo del proceso de ocupación de las
instituciones del Estado, se produjo una sustitución de buena parte de las
procuraciones designadas por la primera tutela “revolucionaria”. De esta forma,
por ejemplo, se cambiaría a los intendentes de origen militar por civiles en la
municipalidad de la capital[31] y en la de Libertador General San Martín
(ciudad ubicada en el departamento de Ledesma).[32]
Asimismo, se reforzó el proceso de
cesantías. Así, por ejemplo, fueron relevados de sus cargos empleados públicos
de La Quiaca, Humahuaca y Tilcara. La lógica inversa se siguió mediante la
reincorporación de trabajadores exonerados durante el gobierno peronista, sobre
todo en lo que concernía a los docentes. También en el ámbito educativo
diversos establecimientos fueron intervenidos, como la Escuela Nacional de
Comercio de la ciudad de San Pedro, y el Colegio Nacional y la Escuela Normal,
en San Salvador de Jujuy.[33]
Otra de las medidas significativas fue la
puesta en operación de dos comisiones investigadoras; una destinada a la indagación
en la esfera del Poder Legislativo, y otra con facultades más amplias, que
indagó en el ámbito administrativo provincial y en la órbita comunal. Estas
instituciones se encargaron de llevar adelante un proceso sistemático de
escudriñamiento, y bajo su accionar fueron detenidos numerosos dirigentes del
“régimen” destituido; entre estos, fueron arrestados los vicegobernadores
Emilio Navea y Juan José Castro.
Por otro lado, se suprimieron instituciones
y leyes asociadas al peronismo, como la Subsecretaría de Investigaciones, por
su falta de vinculación con el espíritu democrático. También en esta dirección,
se procedió a la desocupación de las unidades básicas, como el caso de las de
Estación Perico y San Pedro. La Intervención Federal, en una medida de tenor
similar, derogó la Ley 2208/1952, por la que la Provincia había adherido a la
Ley Nacional Nº 14184 del Segundo Plan Quinquenal.[34] En este sentido, otras medidas relevantes
fueron la disolución del Partido Peronista y de la filial jujeña de la Unión de
Estudiantes Secundarios (UES).[35]
Con Clement se inició una embestida contra
los trabajadores; así se intervino la CGT y sus gremios, como el Sindicato de
Empleados y Obreros Viales de la Provincia,[36] el Sindicato de Taximetristas de Ledesma
y, en San Pedro, la Unión Obrera Argentina, la Unión Obrera de la Construcción,
el Sindicato de Obreros Panaderos y el Sindicato de Empleados de Comercio.[37] Además, se removieron los dirigentes de
los sindicatos azucareros y se estableció con dureza la racionalización como
principio económico. Este procedimiento se manifestó en la administración
pública y también en el marco de las empresas privadas, como los ingenios
azucareros.
Finalmente, la Intervención Federal tuvo
que comenzar a lidiar con la resistencia peronista, que paulatinamente se fue
organizando. Si bien desde los primeros días luego de la expulsión del
peronismo sus militantes habían puesto en operación acciones como hacer
circular rumores o panfletos,[38] estos sujetos colectivos irían alcanzando
cada vez mayor organización, que se exteriorizaría en la preparación (el
primero en Jujuy) de un levantamiento armado.[39] El gobierno puso en práctica fuertes
operativos policiales, en los que se arrestaron a decenas de personas que
además del encarcelamiento, eran sometidas a procedimientos judiciales. La
represión al peronismo alcanzaría en adelante no solo a aquellos que
participaron del “régimen depuesto”, sino también de aquellos que pugnaban por
reinstalarlo.
El escenario no mutaría con el arribo de
una nueva Intervención Federal, a principios de 1956, cuya titularidad fue
asignada a Andrés Schack, otro oficial de la Armada. La novel administración
continuaría el rumbo instaurado por la anterior. Así, las políticas de
desperonización seguirían su curso.
El gobierno mantuvo firme el embate contra
el peronismo en dos direcciones: sobre los que fueron sus operadores hasta
septiembre de 1955 y contra aquellos que pretendían reinstaurarlo. El gobierno
procuró mantener a raya a los gremios, que permanecieron intervenidos.[40] Uno de los mecanismos mediante el cual la
Intervención Federal limitó a los ex funcionarios fue el decreto de
inhabilitación “para el desempeño en empleos de la administración pública
nacional, provincial y municipal, a las personas que partir del 4 de junio de
1946 se hubieren desempeñado […] [en cargos directivos] durante el régimen
depuesto”.[41] Mediante tal normativa, muchos fueron
expulsados de la administración pública y del ámbito educativo por su pasado
peronista. Las cesantías, por ejemplo, alcanzaron su punto más álgido durante
estos meses, aunque menguarían casi completamente a partir del segundo semestre
de 1956. La arremetida contra los ex funcionarios tuvo un cierre con la
clausura de la Comisión de Investigación; luego de casi medio año de
funcionamiento, con centenares de procedimientos y decenas de detenidos,
clausuró sus acciones a fines de marzo de 1956.[42]Mientras, el peronismo daría pruebas
suficientes de su persistencia.
La represión ejecutada sobre los peronistas
se llevó a cabo también en junio de 1956. En tal momento, una sublevación de
signo opositor al gobierno militar, liderada por Juan José Valle (oficial del
Ejército, de orientación nacionalista), favoreció una conmoción sin
precedentes. La derrota de las fuerzas insubordinadas en manos de las tropas
leales al régimen “libertador” fue seguida del fusilamiento de numerosos
insurrectos. No obstante, en Jujuy no se llevaron a cabo ejecuciones, aunque
cuantiosos militantes peronistas fueron encarcelados y procesados por su
vínculo con la asonada. Aunque durante los meses siguientes la resistencia
peronista de esta provincia procuró mantener las expectativas de un triunfo por
la vía armada, el peso de represión estatal compelió a los seguidores de Perón
a probar por otros caminos, como la lucha partidaria y sindical.[43]
Las autoridades provinciales sostuvieron
que la participación local en la intentona de junio de 1956 fue llevada a cabo
por “elementos totalmente descentrados y descalificados, del régimen depuesto
conjuntamente con unos cuantos descastados que solo han pensado […] en sus
apetitos personales”.[44] Por otro lado, sostenían que las Fuerzas
Armadas habían defendido la nación frente a esta embestida, devolviendo la paz
espiritual a toda la sociedad argentina; concluían que las prácticas de los
actores marciales expresaba “el deseo de defender los conceptos de libertad y
democracia, razón de ser de la Revolución Libertadora”.[45]
Acerca
de la justificación de la desperonización
Entre los antiperonistas la representación
con mayor consenso, que le otorgaba un sentido global al conjunto de las
imágenes sobre el peronismo, “fue la del carácter subversivo del peronismo
respecto de los valores políticos y socio-culturales tradicionales”.[46] Desde la llegada de Aramburu a la
presidencia, hubo un intento consensuado por establecer a la “democracia” como
la idea fuerza del proceso político que advendría.[47] Esta representación gravitaba en todas las
tendencias ideológicas y fue uno de los fundamentos del acuerdo básico a partir
del cual los diversos sectores políticos coincidieron en la necesidad de la
desperonización. Los parámetros que guiaron el debate en torno a cómo redefinir
el orden político se fundaron en los significados de los acontecimientos que
estaban protagonizando y en “la caracterización de la aborrecida experiencia de
diez años de gobierno peronista”.[48] El conjunto del antiperonismo coincidía en
“un sentimiento y un objetivo político compartido, poner fin a un estado de
cosas para ellos intolerable que era el peronismo y fundamentalmente a Perón
como presidente”.[49]
El antiperonismo radicalizado representaba
al peronismo como una copia del fascismo y aborreció su condición vulgar,
expresada en sus dirigentes y en el uso del lenguaje de los sectores populares.
Estos actores, frente al peronismo, proponían la desfascistización y la
desnazificación.[50] Además asumían la democracia como una
ética política, orientada fundamentalmente a “garantizar los principios
liberales consagrados por la Constitución de 1853” y, asimismo, asegurar la
representación de las minorías.[51] Por otro lado, aspiraban a “refundar el
orden republicano-democrático”; para lo cual era imprescindible la supresión
del peronismo.[52]
El trazado de los basamentos operativos de
la desperonización invocados en esta provincia no distó de aquellos propuestos
por el gobierno central, de fuerte talante radicalizado. Sin embargo, aunque la
represión sobre los elementos y militantes de cuño peronista supuso una
política connivente con los postulados nacionales que privilegiara su
erradicación, la aplicación de tales medidas en este distrito tuvo la atención
puesta sobre la depuración de las instituciones estatales.[53] Esta cuestión, no obstante, no debe
escamotear el hecho de que los fundamentos de las prácticas desperonizadoras
estaban conferidos de una perspectiva integral, destinada a impactar sobre la
totalidad de las esferas.
En una primera instancia, la Intervención
Militar declaró que el trasfondo de sus acciones de gobierno suponía la
pacificación; las mediaciones estatales habrían comportado así como objetivo el
cese de las hostilidades sociales y políticas entre los actores en pugna. Esta
primera gestión, al margen del escaso tiempo que duró, adoptó una postura
bastante reticente a especificar sobre qué otros cimientos se apoyaban sus
determinaciones (más allá de reproducir taxativamente la prédica lonardista).
Sin embargo, el titular de la Intervención Militar no se privó de pronunciarse
al respecto. Por ejemplo, en relación a la medida de remover los nombres de los
lugares públicos alusivos al peronismo, adujo que se la promulgaba “Atento a la
hora de recuperación integral que vive el país en los actuales momentos”.[54] No obstante, menos ambiguos fueron los
considerandos bajo los cuales se procedió a intervenir la Municipalidad de
Tilcara: tal medida se proclamó a propósito de brindar mejores servicios y por
ética administrativa.[55]
Aunque en el texto de la disposición no se explicitó qué era la “ética
administrativa”, el decreto se refería indudablemente al saneamiento moral que
en adelante las intervenciones realizarían sobre las reparticiones públicas. La
alusión al mejoramiento de los servicios brindados por los organismos del Estado
tuvo fuerte preponderancia en los discursos de las intervenciones,
fundamentalmente en el marco de los procedimientos de desalojo de los
funcionarios emparentados con el “régimen depuesto”. Los dirigentes
“revolucionarios” concebían que el problema del Estado peronista radicaba en
parte en su inherente ineficacia, propia, por supuesto, de la incapacidad
técnica y moral de sus gestores. Como se verá, este principio sería
recurrentemente invocado.
Por otro lado, otro objetivo de la gestión
conllevaba la recuperación y consolidación de “las libertades y los derechos
conculcados asegurando al pueblo el libre ejercicio de todos los derechos
democráticos, en busca de la plena vigencia de la Constitución”.[56] La ya mencionada proscripción de textos
escolares también estaba investida de fundamentos categóricos: los niños no
debían quedar subsumidos bajo la propaganda ni la política.[57]
De esta forma, se puede inferir que las
plataformas representacionales con mayor gravitación, que serían recogidas con
fuerte énfasis durante los siguientes meses, entrañaban lo siguiente: la
compostura de la administración pública (tanto ética como técnica), la
restitución de la libertad, la erradicación de la propaganda, el
restablecimiento de los derechos, la prescindencia de la política y la
salvaguarda de la niñez. En un sentido general, los elementos propuestos pueden
ser rastreados sin dudas en las acusaciones que pesaron sobre el peronismo
durante la década pasada. Lo que esta primera administración “revolucionaria”
inauguró fue el posicionamiento de estos postulados como política de Estado.
La llegada de la primera Intervención
Federal dio un paso más allá en relación a los principios que debería seguir la
expresión provincial de la Revolución Libertadora. A diferencia de su antecesora,
esta nueva gestión participó activamente en el espacio público, haciendo
ostensibles sus postulados. Estos últimos se explicitaron además rotundamente
en los textos oficiales, sobre todo en la promulgación de los decretos.
En este contexto, debe considerarse de qué
forma las dinámicas oficiales construyeron las representaciones sobre el
peronismo (más allá de las tácitas alusiones a la política del Superior
Gobierno Provisional, que confirieron tonalidad al imaginario provincial). Las
enunciaciones de las autoridades locales operaron mediante un mecanismo de
diferenciación, a través del cual la representación sobre el peronismo suponía
el opuesto pleno de la Revolución Libertadora. En los ejemplos que se mencionan
a continuación, se evidencia la reconstitución del campo político-cultural; en
rigor, las representaciones aludidas anclaron en un espacio polarizado
precedente (construido en función de la contienda entre peronistas y
antiperonistas durante el decenio anterior), aunque a la luz del nuevo contexto
político, que demandaba resignificaciones específicas.
En su discurso de asunción, el
contraalmirante Clement tornó patente el carácter fundacional de la
“Libertadora” y asimismo la dicotomía irreconciliable entre ambos gobiernos:
“Comienza otra jornada que conducirá indefectiblemente a la victoria total del
pueblo de mi patria sobre los malos argentinos que intentaron torcer la
voluntad de constituir siempre un pueblo libre y bueno”.[58]
La separación de las características de uno
y otro sistema político se desempeñó por medio de un cedazo clasificatorio, que
dotaba necesaria e insistentemente a la “Revolución” de propiedades inherentes
a los gobiernos democráticos, federalistas y morales; al peronismo no solo le
privaba este carácter, sino que le confería inflexiblemente las peculiaridades
propias de las gestiones totalitarias. Las concepciones acerca de la naturaleza
del gobierno derrocado se evidencian en el párrafo que sigue:
[El peronismo] no condice
con el espíritu democrático […] pues son resabios del sistema totalitario que
imperó hasta el 16 de septiembre, ya que tenían como finalidad la anulación de
la libertad y la implantación de un régimen de temor dentro de la población,
que se utilizaba para cercenar los derechos de la personalidad civil y
política, disponer arbitrariamente de la honra y el honor de los ciudadanos,
manejar incontroladamente los dineros del pueblo y propagar conceptos y
sentimientos que deformaban la raigambre histórica de la Nación y la conciencia
de los hombres.[59]
La Intervención suponía que el peronismo se
oponía a valores que consideraba fundamentales; y que había conculcado los
“principios de la moral, de la paz, de la ley y de la libertad”.[60] El fin último del peronismo habría sido el
establecimiento de un régimen totalitario que “solo reconocía la obsecuencia y
el servilismo”.[61]
La construcción del peronismo como
objetivación vernácula del autoritarismo fue reproducida luego del recambio de
autoridades provinciales. Para la administración siguiente, el gobierno peronista
conllevó “la más espantosa tiranía, que constituyó durante 12 interminables
años, la noche más fría y tenebrosa de nuestra historia”.[62] Los discursos de esta gestión también
tuvieron para el peronismo solo consideraciones lúgubres:
Durante la tiranía no ha
existido ni siquiera un vestigio de libertad. Todos los argentinos estábamos
obligados a pensar o sentir como el déspota. […] Tampoco hubo democracia en el
tiempo de la tiranía […] ¿Cómo puede haber democracia cuando se pusieron todos
los órganos de publicidad oficiales y particulares al exclusivo servicio del
partido de la dictadura y fueron perseguidos todos aquellos que no se prestaron
a ensalzar los caprichos del tirano?[63]
Nuevamente, se evidencia el rechazo a la
presunta condición dictatorial del peronismo y la preconización de la
democracia, el republicanismo y el federalismo, repetidos incansablemente. La
libertad, la justicia, la verdad y el honor. El amor a la patria. En
alocuciones posteriores se ensalzaría la niñez y la juventud, la familia y la
escuela, y los auténticos héroes y símbolos nacionales.[64] Hubo una recurrencia a la “Patria” como
referente organizador de la experiencia y como elemento identitario
estructurador del conjunto de las identidades tradicionales o (re) emergentes.
Este planteo se manifestó en alocuciones como la que sigue: “Solamente unidos
en un ideal común de Patria será posible retomar las normas democráticas y
restaurar los principios morales y condiciones económicas que el país necesita
para reanudar su marcha”.[65] La subsunción de los intereses sectoriales
al bien común de la Patria fomentaría así la superación del estado de crisis
dejado por el peronismo.
Por otro lado, se manifestaron otras
referencias fundamentales, que identificaban al programa del peronismo como el
montaje de una farsa;[66] tal postura –que se evidenció, como las
restantes, a través de la prensa– denunciaba la inexistencia de una política de
industrialización[67] y que la riqueza no había sido invertida
en obras, sino, desfalcada: las únicas obras del gobierno peronista, como
adujeron las autoridades de la “Libertadora”, habrían sido “edificios hechos a
los costados de los caminos para que los pasantes pudieran leer los
correspondientes carteles de propaganda”.[68]
La administración de los bienes del erario
público también fue objeto de controversia; el aumento de la deuda estatal
durante la década pasada contrastaba con el temple racionalizador de la
Intervención Federal.[69] En definitiva, subyacía en torno a estos
un tinte no solo de condena al gobierno depuesto, sino también de proclama
justificadora, dirigida a legitimar las prácticas de desperonización. La
conformación del peronismo como anomalía (enfatizando su naturaleza impugnadora
y devastadora) favorecería el reconocimiento de la institución de contrapesos
que reequilibrasen la condición sombría del estado dejado por Perón y sus
huestes.
El proceso oficial de desafección
discursiva que recayó sobre el peronismo iría menguando paulatinamente, no
tanto porque el mismo hubiese sido efectivamente anulado, sino porque en la
execración del mismo ganó mayor preponderancia la prensa. Por otro lado, la
reactivación de los partidos también restó protagonismo a las Intervenciones.
Cabe insistir en que no se pretende menoscabar el papel que el Estado asumió en
la constitución del imaginario antiperonista y en la formulación de los
fundamentos de la desperonización, sino que se produjeron desplazamientos. En
este sentido, puede decirse que la execración del peronismo por parte de los
“revolucionarios” provinciales tuvo su ápice en el triunfo militar de junio de
1956 y un cierre a principios de 1957; durante la administración de Vitón, la
prédica “libertadora” tuvo en adelante otro matiz, signado por la amenaza del
radicalismo. Sin embargo, cabe acotar que el trato que el último interventor
dispensó al peronismo no distó de manera alguna del de sus predecesores.
Conclusiones
La provincia de Jujuy constituyó un espacio
de intervención del antiperonismo encarnado en el Estado. Las prácticas coactivas
(en sus diversas expresiones) siguieron la lógica centralizada bajo el gobierno
nacional e impactaron en diversas medidas sobre el peronismo, erradicándolo del
espacio público, eliminándolo de las instituciones estatales y proscribiéndolo
en definitiva. En este sentido, la dinámica provincial (más allá de algunos
matices en lo que concierne al devenir político local) supuso la ratificación
del programa de desperonización trazado (con mayor o menor sistematicidad)
antes que la introducción de desvíos en la política oficial.
Lo planteado con respecto a los principios
de la desperonización permite establecer que las características que asumieron
las Intervenciones eran propias del antiperonismo radicalizado. Las
representaciones que formularon sobre el peronismo lo identificaban
necesariamente como una dictadura, de carácter aberrante. La apelación a
ciertos conceptos y símbolos implicó la reproducción de las tendencias traídas,
nuevamente, de las prescripciones trazadas por el gobierno central. El conjunto
de los preceptos bajo los cuales se construyó la representación del peronismo
recuperó de manera evidente la tradición liberal.
Los fundamentos de la desperonización y la
represión política no escamoteaban la tensión y la naturaleza que en definitiva
era característica de la Revolución Libertadora: la libertad implicaba un
objetivo que demandaba la exclusión de un sector mayoritaria de la sociedad.
Este régimen instauró un mecanismo constituyente de la vida política de esta
provincia (en el contexto general de esta nación, sin dudas), que se basaba en
la formulación (más o menos sofisticada y sistemática) de principios de
justificación de la represión política con la mira puesta en la libertad.
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[1] María Estela Spinelli. Los
vencedores vencidos. El antiperonismo y la “Revolución Libertadora”. Buenos
Aires, Biblos, 2005, p. 14.
[2] Ibídem.
[3] Ibídem.
[4] Roger Chartier. “Prólogo a la edición
española”, en El mundo como representación. Estudios de historia cultural. Barcelona, Gedisa, 1999, p. IV.
[5] Roger Chartier. “El mundo como
representación”, El mundo como representación. Estudios de historia cultural.
Barcelona, Gedisa, 1999.
[6] Roger Chartier. “El mundo como
representación…”, Op. Cit., p. 57.
[7] Gerardo
Aboy Carlés. Las dos fronteras de la
democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín
a Menem. Rosario, Homo Sapiens, 2001.
[8] Emilio de Ípola. “‘Desde estos
mismos balcones…’. Nota sobre el discurso de Perón del 17 de octubre de 1945”,
en Juan Carlos Torre, (compilador), El 17
de Octubre de 1945. Buenos Aires, Ariel, 1995 y
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ideología en la teoría marxista, de Ernesto Laclau)”, en La bemba: acerca del rumor carcelario y otros ensayos. Buenos
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[9]
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Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77720764004>.
[10] Ernesto
Laclau. La razón
populista. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005 y Ernesto
Laclau. Politics and ideology in
Marxist theory: Capitalism, Fascism, Populism. Londres, New Left Books,
1977.
[11] Silvia
Sigal y Eliseo Verón. Perón o muerte: los
fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Buenos Aires, Eudeba, 2004.
[12] Roger Chartier. “Prólogo a la
edición…”, Op. Cit., p. IX.
[13] Ibídem.
[14] Emilio de Ípola. “Populismo e ideología…, Op. Cit.,
p.96.
[15] María Estela Spinelli. Los
vencedores vencidos…, Op. Cit.
[16] María
Estela Spinelli. “El debate sobre el orden político durante los primeros
gobiernos antiperonistas, 1955-1958”. Anuario
del IEHS, N° 16. Tandil, 2001, pp. 13-37.
[17] María Estela Spinelli. Los
vencedores vencidos…, Op. Cit.
[18] María
Estela Spinelli. “El debate sobre el orden político…”, Op. Cit., p. 19.
[19] María
Estela Spinelli. “La ‘Revolución Libertadora’. Proyección política. Un análisis
sobre su lugar en la historiografía”, en María Estela Spinelli; Alicia
Servetto; Marcela Ferrari y Gabriela Closa, (compiladoras), La conformación de las identidades políticas
en la Argentina del siglo XX. Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de
Mar del Plata, Córdoba, 2000.
[20] Julio Melon Pirro. “La corrección de la historia: proyectos
institucionales y pedagogía democrática en el primer post-peronismo”, en María
Estela Spinelli, Alicia Servetto, Marcela Ferrari y Gabriela Closa,
(compiladoras), La conformación de las
identidades políticas en la Argentina del siglo XX. Córdoba, Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2000.
[21] María
Estela Spinelli. “La ‘Revolución Libertadora’…”, Op. Cit., p. 191.
[22] María
Estela Spinelli. “El debate sobre el orden político…”, Op. Cit., p. 19.
[23] Crónica, San Salvador de Jujuy,
24/09/1955.
[24] Jujuy, San Salvador de Jujuy,
27/09/1955.
[25] Archivo
Histórico de la Provincia de Jujuy (en adelante AHJ). Boletín Oficial. Segundo
semestre. Año 1955. Decreto Nº 1/G/H.
[26] Archivo
Histórico de Tribunales de la Provincia de Jujuy. Conservación Civil 1952-1957.
Expediente N° 239/1955 [Expurgo: 1955. Orden: 1].
[27] Crónica, San Salvador de Jujuy,
6/10/1955.
[28] AHJ.
Expediente Nº 8-I-1955.
[29] AHJ.
Expediente Nº 7-I-1955.
[30] Jujuy, San Salvador de Jujuy, 2/10/1955.
[31] Jujuy, San Salvador de Jujuy,
17/11/1955.
[32] AHJ.
Expediente Nº 245-I-1955.
[33]
Fernando Castillo. “Docentes, peronismo y antiperonismo en la provincia de
Jujuy (1952-1955)”. Revista de la Escuela de Historia, Vol. XI, N° 2. Salta,
2012, s/p. Disponible en: < www.scielo.org.ar/pdf/reh/v11n2/v11n2a03.pdf
>.
[34] AHJ.
Expediente Nº 126-M-1955
[35] Crónica, San Salvador de Jujuy,
20/12/1955.
[36] Libertad, San Salvador de Jujuy,
1/02/1956.
[37] Pregón, San Salvador de Jujuy,
24/01/1956.
[38] Archivo
de la Justicia Federal. Expediente N° 928-1956.
[39] Pregón, San Salvador de Jujuy,
24/01/1956.
[40] Libertad, San Salvador de Jujuy,
24/02/1956.
[41] AHJ.
Boletín Oficial. Primer semestre. Año 1956. Decreto-Acuerdo Nº 1143/G/H.
[42] Archivo
General de la Nación. Archivo intermedio. Fondo: Comisión Nacional de
Investigaciones. Memorias Comisiones Provinciales: Ch-M. Caja N° 12. Expediente
N° 22821/C.
[43]
Fernando Castillo. “El peronismo y la opción partidaria en Jujuy durante la
Revolución Libertadora”. Trabajos y Comunicaciones, 15. La Plata, 2015, s/p.
[44] Pregón, San Salvador de Jujuy,
12/06/1956.
[45] Ibídem.
[46] María
Estela Spinelli. “El debate
sobre la desperonización. Imágenes del peronismo en los ensayos políticos
antiperonistas”, en Susana Bianchi y María Estela Spinelli,
(compiladoras), Actores,
ideas y proyectos políticos en la Argentina Contemporánea. Tandil, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Instituto de Estudios Histórico-Sociales, 1997, p. 258.
[47] María
Estela Spinelli. “Ideas fuerza en el debate político
durante los años de la ‘Libertadora’, 1955-1958”. Estudios Sociales, N° 24. Santa Fe, 2003, pp. 61-88.
[48] María
Estela Spinelli. “El debate sobre el orden político…”, Op. Cit., p. 25.
[49] Ibídem.
[50] María Estela Spinelli. “La construcción del Frente
Nacional en la Argentina post-peronista, 1955-1958. ¿Una estrategia electoral o
un proyecto político modernizador?”. Estudios Interdisciplinarios de América
Latina y el Caribe, Vol. III, N° 1. Tel Aviv, 1992, pp. 93-108.
[51] María Estela Spinelli. “La construcción del Frente
Nacional…”, Op. Cit. pp. 96-97.
[52] María
Estela Spinelli. “El debate
sobre la desperonización…”, Op. Cit., p. 240.
[53] Debe
considerarse que en la provincia de Jujuy, más allá el rol que de por sí ganó
el Estado a través de medidas intervencionistas durante los años peronistas, el
peso del gobierno en el empleo era sumamente considerable, sobre todo en los
valles centrales y particularmente, en la ciudad capital.
[54] AHJ.
Expediente Nº 7-I-1955.
[55] AHJ.
Expediente Sin número-I-1955.
[56] Jujuy, San Salvador de Jujuy, 4/10/1955.
[57] Jujuy, San Salvador de Jujuy, 2/10/1955.
[58] Jujuy, San Salvador de Jujuy, 8/10/1955.
[59] AHJ.
Boletín Oficial. Segundo semestre. Año 1955. Decreto Ley Nº 10/G/H.
[60] Jujuy., San Salvador de Jujuy,
23/11/1955.
[61] Ibídem.
[62] Libertad, San Salvador de Jujuy,
16/03/1956.
[63] Ibídem.
[64] AHJ.
Boletín Oficial. Segundo semestre. Año 1955. Decreto Nº 245/G.
[65] Libertad, San Salvador de Jujuy,
20/12/1955.
[66]
Spinelli sostiene que esta política, de carácter pedagógico, suponía la
mostración de las “aberraciones” morales y políticas del gobierno peronista,
desmitificándolo y “mostrando lo que a su entender había sido su ‘verdadero’
significado”. Al respecto, la autora señala: “El resultado de la actividad de
la investigación al que la prensa comercial dio amplia cobertura, constituyó
una parte esencial del proyecto pedagógico de la desperonización. Éste tenía por
finalidad, además del castigo a los culpables, convencer a los peronistas de
que habían sido víctimas de un ‘engaño’, por eso se manifestó en los primeros
momentos a través de la exhibición del lujo del gobierno anterior”. María Estela Spinelli. Los
vencedores vencidos…, Op. Cit. pp. 66-67.
[67] Se
acusaba, asimismo. al gobierno derrocado de la liquidación de los vínculos
comerciales y la cancelación de la Argentina agroexportadora. El problema de la
intervención del Estado en la economía sería retomada de alguna forma
posteriormente; a través de un balance de su gestión, el interventor Clement
sostuvo que se había restituido a la provincia el devenir normal de la “libre
empresa”. Libertad, San Salvador de
Jujuy, 21/02/1956.
[68] Libertad, San Salvador de Jujuy,
6/12/1955.
[69] Libertad, San Salvador de Jujuy,
27/12/1955.