La
"Acción Cívica" del Ejército argentino: características, modalidades
y planificación de una estrategia de legitimación. 1966-1975
The "Civic Action" of the Argentine Army: characteristics,
modalities and planning of a strategy of legitimation. 1966-1975
María Alicia Divinzenso
Escuela de Historia
Universidad
Nacional de Rosario, Argentina
aliciadivinzenso@gmail.com
Resumen
Desde
finales de la década de 1950, las Fuerzas Armadas comenzaron a prepararse para
intervenir en un nuevo tipo de guerra que permitía su participación en la
represión de un “enemigo interno”. Al interior del Ejército, este proceso de
redefinición doctrinaria significó no sólo modificaciones en su organización
territorial y operacional sino la adopción de un conjunto de prácticas y
técnicas que fueron adaptándose e incorporándose al accionar militar.
En este
trabajo, proponemos abordar una de ellas, particularmente, a la que los
militares denominaron “Acción Cívica”. Allí, civiles y militares realizaban
tareas conjuntas relacionadas con la educación, la salud y el deporte. A partir
del análisis de documentos militares y de la prensa periódica, buscaremos caracterizar
estas prácticas, analizando las reglamentaciones que las orientaban y sus
modalidades de realización. La hipótesis que recorre este trabajo es que el
Ejército concibió a la “Acción Cívica” como un recurso operativo que se integró
de forma planificada al funcionamiento regular de las unidades militares y se
constituyó como un espacio donde pretendió orientar los sentidos, imágenes y
actitudes implicados, buscando incrementar su visibilidad y aceptación en la
sociedad civil.
Palabras
clave
Ejército
Argentino; relaciones cívico-militares; “Acción Cívica”; Argentina
contemporánea
Abstract
Since the late 1950s, the Armed Forces began to get prepared to
intervene in a new type of war that allowed them to participate in the
repression of an "internal enemy." Within the Army, this process of
doctrinal redefinition meant not only changes in its territorial and
operational organization but also the adoption of a set of practices and
techniques that were adapted and incorporated into military action.
In this work, we intend to analyze one of them, in particular, that the
military called "Civic Action". In it, civilians and military carried
out joint tasks related to education, health and sport. From the analysis of
military documents and the periodical press, we will try to characterize these
practices, analyzing the regulations that guided them and their modalities of
realization. The hypothesis that runs this work is that the Army conceived the
"Civic Action" as an operational resource that was integrated in a
planned way to the regular operation of military units and was constituted as a
space where it intended to guide the senses, images and attitudes envolved,
seeking to increase their visibility and acceptance in civil society.
Keywords
Argentine Army; "Civic Action"; civilians – military;
contemporary Argentina
Hacia finales de la década de
1950, las Fuerzas Armadas (FF.AA., en adelante) comenzaron a transitar un
proceso de renovación doctrinaria en base a una nueva hipótesis de guerra. En
el contexto de la Guerra Fría, los objetivos, misiones y funciones de los militares
se redefinieron en torno a un potencial conflicto bélico caracterizado como
multiforme, integral y no “convencional” contra un enemigo de carácter
“interno”. En el curso de la década comprendida entre 1966 y 1976, las FF.AA.,
y particularmente el Ejército, aumentaron su participación en la realización de acciones
represivas a la par del ascenso de la movilización social, amparados en los
cambios que supuso la Doctrina de Seguridad Nacional (en adelante DSN). Los estudios de los cambios doctrinales coinciden
en afirmar que la DSN fue el resultado de la lectura en clave nacional de la
“Doctrina de la Guerra Revolucionaria” francesa, incorporada por el Ejército
hacia 1956, sumado a las influencias doctrinarias norteamericanas de “guerra
contrainsurgente” que se difundieron en la década del sesenta.[1]
La teoría contrainsurgente norteamericana postulaba
que el “comunismo” utilizaba las tensiones generadas por los procesos de
modernización en las sociedades de los países del “tercer mundo” para promover organizaciones
guerrilleras que derrocaran a los gobiernos aliados de Occidente. En este
contexto, la actitud de Estados Unidos debería ser la de no intervención
directa con fuerzas militares propias en los conflictos internos de los países
latinoamericanos sino, por medio de programas de ayuda militar, apoyar a las
acciones de contrainsurgencia de las FF.AA. nacionales así como propiciar
políticas reformistas.[2]
Dichos programas, también instaban a la elaboración de planes de “Acción
Cívica” donde se preveía el uso de fuerzas militares locales en proyectos de
utilidad para la población en diversas áreas relacionadas con la educación, las
obras públicas, agricultura, transporte, comunicaciones, salud y sanidad,
cultura, entre otras. Según la visión norteamericana, los militares debían
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población por dos
objetivos complementarios: Por un lado, para mejorar la imagen de los Ejércitos
latinoamericanos ante la población civil y por el otro, porque suponían que
eliminando las bases materiales del descontento social reducirían las
condiciones que estaban en la base de adhesión a los movimientos
revolucionarios.
Durante los años previos a la aprobación de la Ley
de Defensa Nacional en 1966, se produjeron los principales acercamientos entre
las FF.AA. argentinas y el gobierno de los Estados Unidos. Las relaciones entre
ambos países se basaron en la incorporación de las FF.AA. locales a los
Programas de Asistencia Militar (PAM) y en el entrenamiento de los oficiales
argentinos en las bases militares norteamericanas. La formación que los
militares argentinos recibieron en dichos cursos incorporaba a la “Acción Cívica”
como parte integral de la doctrina contrainsurgente.[3]
En Argentina los planes de “Acción Cívica” comenzaron a formalizarse para todas
las armas a partir de 1963 en el momento en que empezaban las negociaciones
para la firma de los PAM.[4]
Más allá del derrotero de la relación con el gobierno norteamericano[5],
lo cierto es que el concepto de “Acción Cívica” tomado de la doctrina
contrainsurgente se incorporó por estos años como un recurso operativo del
Ejército Argentino. Dicha situación, evidenciaba que al interior de la Fuerza
las transformaciones en la caracterización del tipo de guerra, en la
tipificación del enemigo y en la amenaza a la seguridad interna tuvieron como
correlato una nueva actitud para relacionarse con la sociedad civil.
En el proceso de investigación que culminó con la
elaboración de nuestra tesis de Maestría,[6]
nos propusimos reconstruir el origen, funciones y misiones de la “Acción
Cívica” en la ciudad de Rosario y su región. El interés central en esa ocasión,
estaba puesto en analizar las características, modalidades y ritmos de
realización de dichas prácticas en un período extendido en el tiempo
(1960/1983). Al construir un
estado del arte sobre la “Acción Cívica” de las FF.AA. argentinas advertimos
que era una práctica escasamente abordada por los especialistas de las ciencias
sociales y humanas. En líneas generales, las referencias a la “Acción Cívica”
podían encontrarse en dos líneas de trabajo. Por un lado, menciones aisladas en
los estudios sobre doctrina militar que reseñábamos más arriba. Por el otro, y
dentro del campo de la historia reciente, no sólo eran escasos los estudios
sobre la “Acción Cívica” sino que se concentraban en tres contextos específicos
de la historia reciente argentina: el “Operativo Dorrego”,[7]
el “Operativo Independencia”[8]
y durante la última dictadura militar.
El caso del “Operativo Independencia” presentaba como
singularidad el hecho de que allí se utilizaron, por primera vez y como un
conjunto sistemático, los elementos programáticos de la doctrina “antisubversiva”
–acción represiva, cívica y psicológica-.[9]
Es decir, no sólo se desplegaron operativos represivos sino también otro tipo
de acciones cuyo blanco inmediato fue la población en su conjunto.[10]
Santiago
Garaño afirmó que el objetivo de dicho operativo era no sólo aniquilar toda forma de
oposición al poder militar sino construir una sociedad ordenada, disciplinada,
silenciosa y armoniosa a partir de la multiplicación e irradiación de la
disciplina militar y los valores castrenses.[11]
Por último, las escasas investigaciones dedicadas a la última dictadura que se
han detenido a analizar a la “Acción Cívica” de las FF.AA. coincidían en
caracterizar a esas prácticas como una estrategia de socialización en valores
militares que formó parte de los mecanismos de legitimación de la Fuerza para
lograr su inserción social en las localidades y mejorar su imagen, a partir de
generar una mayor presencia y visibilidad de los militares.[12]
Como se puede apreciar, los estudios sobre la “Acción
Cívica” del Ejército se focalizaron sobre experiencias aisladas y relativamente
excepcionales. Aunque con distintas
evaluaciones, los abordajes académicos estas experiencias resaltaron, un rasgo
de continuidad con los planes de “Acción Cívica” previos del Ejército pero
resignificados en cada contexto de realización. Sin embargo, no existen investigaciones empíricas
que den cuenta de su funcionamiento regular desde los primeros años de la
década de 1960. Uno de los objetivos de este trabajo es reconstruir la génesis,
misiones y formas regulares de realización de la “Acción Cívica” contribuyendo
así a incrementar en densidad explicativa de algunas hipótesis. Por otro lado,
si bien la “Acción Cívica” era mencionada
por los estudiosos de los cambios de la doctrina militar, no se exploró cómo estas
actividades se integraron en términos reglamentarios al funcionamiento
operativo del Ejército.
El
presente trabajo tiene como objetivo cubrir estas vacancias articulando dos
niveles de análisis. En primer lugar, se analizarán cómo los cambios doctrinales
se expresaron en un conjunto de reglamentos, por considerar que dicha
documentación organizó la realización operativa, orientó los sentidos, misiones
y funciones, así como construyó una actitud hacia la población civil que se
materializaron en la realización de la “Acción Cívica”. Luego, se caracterizará
su realización, modalidades e instituciones convocadas por el Ejército por
medio de la reconstrucción de dichas actividades para el caso de Rosario y su
región, y del análisis de diferentes documentaciones militares (reglamentos,
directivas y planes) que regularon dichas prácticas. Creemos que este abordaje
nos permitirá demostrar que el Ejército concibió a la “Acción Cívica” como un
recurso operativo que se integró de forma planificada al funcionamiento regular
de las unidades militares y se constituyó como un espacio donde pretendió
orientar los sentidos, imágenes y actitudes implicados, buscando incrementar su
visibilidad y aceptación en la sociedad civil, en un contexto donde
paulatinamente incrementó su participación en la represión.
La
“Acción Cívica” en los reglamentos del Ejército argentino de la década de 1960
Durante la autodenominada “Revolución Argentina” se
constituyó un corpus normativo y
legislativo que respondía a la noción de “enemigo interno” y permitía a FF.AA.
intervenir en la represión del conflicto interno entendido como “lucha contra
el comunismo”, nociones propias de la DSN. Esta situación se expresó en la
intensificación de la elaboración de reglamentos militares que conformaron un corpus relativamente coherente y
totalizador que orientó las operaciones represivas a mayor escala encaradas por
el Ejército para reprimir los alzamientos populares que se iniciaron en 1969.[13]
En otro trabajo[14]
hemos analizado el reglamento específico que regulaba las formas operativas de
la “Acción Cívica” - el RC-19-1, Reglamento
de Operaciones de Asuntos Civiles[15]
- publicado en 1966. Siguiendo a Pontoriero,[16]
los reglamentos no sólo condensan de manera sistemática la doctrina militar
sino que, en base a la densidad conceptual que poseen y a la complementariedad
que mantienen entre sí, se convierten en fundamentos teóricos y prácticos de la
acción militar. Por este motivo, nos interesa particularmente registrar cómo se
articuló e integró a la “Acción Cívica” en este conjunto reglamentario[17] de
fines de las década de 1960 ya que el reglamento RC-19-1, no sólo fue un reglamento “temprano” sino que además, no
fue modificado ni sustituido por otros.[18]
Recordemos, en líneas generales, las misiones y
funciones operativas de la “Acción Cívica” en el Reglamento de Asuntos Civiles. En primer lugar, se partía de la
premisa de que el accionar militar “repercutirá siempre sobre la población
afectando fundamentalmente su situación social, económica y a menudo política
existente” creando “un factor de fricción
potencial.” Para contrarrestar dicha situación y obtener “un
conveniente grado de comprensión y buena voluntad hacia las tropas”, las
autoridades militares debían ofrecer “a las autoridades civiles y/o a los
grupos sociales más representativos, como compensación por los inconvenientes
que necesariamente deberán aceptar, cierto tipo de colaboración y asesoramiento
en beneficio de sus organizaciones”.[19]
Con este objetivo, los militares enumeraban una
serie de programas de relaciones cívico-militares enmarcadas dentro de la
categoría de “Acción Cívica” entendida como “el empleo del personal y medios militares en
proyectos que resulten de utilidad para la población civil (…) que, además de contribuir al desarrollo
social y económico, realzan o consolidan el prestigio de las fuerzas armadas
ante la población.”[20]
Según la argumentación militar, durante la Guerra Fría y ante la ausencia de un
conflicto armado entre fuerzas regulares, las partes en contienda “buscan alcanzar sus objetivos por otros
medios (políticos, económicos, sicológicos, etc.). El poder militar
intervendría apoyando en forma indirecta tales acciones o directamente en
operaciones de seguridad”.[21] De
esta manera, la “Acción Cívica” se convertía en un medio clave para estrechar
dicha relación y se constituía en “un
medio eficaz durante la paz para prevenir la subversión y durante la guerra
para neutralizarla o eliminarla [ya que] no solamente proporcionarán bienestar
a la población, sino que motivarán la confianza y el apoyo por parte de ésta”.[22]
Dichas acciones estaban indicadas fundamentalmente para zonas de escaso
desarrollo y debían ser concretadas en períodos cortos de tiempo, con
resultados tangibles y visibles para los beneficiarios “a fin de que puedan apreciar el esfuerzo de las autoridades militares y
civiles.”[23]
Entre las consideraciones recomendadas a la hora de elaborar los planes se
destacaba que “los programas propiciados
por las autoridades o entidades civiles tendrán preferencia sobre los
originados en organismos militares.”[24]
Por otra parte, la “Acción Cívica” también podían
integrarse y contribuir al desarrollo de las operaciones militares destinadas a
la “eliminación del enemigo”. A diferencia de la guerra limitada, donde las
operaciones de “Asuntos Civiles” estaban “dirigidas
fundamentalmente a prevenir la interferencia de la población en las operaciones
militares”[25]
durante las operaciones “no convencionales” podrían proporcionar importante
información acerca de las “funcionarios
simpatizantes, de grupos opositores políticos, refugiados y otras fuentes de la
comunidad civil que puedan ser útiles”[26]. En este
sentido, las articulaciones entre la unidad de “Asuntos Civiles” y la de
“Inteligencia” adquirían especial importancia ya que al estar en contacto
cercano y permanente con distintas personas y organizaciones de la sociedad
civil, colocaba al personal militar en una posición privilegiada para realizar
actividades de inteligencia.
El Reglamento RC-19-1 Asuntos Civiles de
1966, mostraba el cambio operado en las formas de concebir al enemigo.
Particularmente en su segunda parte, el “enemigo interno” se configuró como una
amenaza que se confundía con la población. Esta concepción determinó que la
“Acción Cívica” tuviera distintos objetivos, expresados en el reglamento como
complementarios. En líneas generales, la realización de tareas conjuntas entre
civiles y militares en tareas que reportaran un bienestar material de la
población, buscaba generar imágenes positivas del accionar militar en dos
direcciones: por un lado, como forma de restar el apoyo de la población a las
organizaciones del enemigo. Por el otro, como formas de legitimar las acciones
ofensivas contra ese enemigo, es decir la represión violenta del mismo. La
noción de “enemigo interno” en el reglamento construyó una visión ambivalente
de la población, como sujeto pasivo y un objeto en disputa que los militares
debían, a la vez, “cuidar” y controlar. En este sentido, la “Acción Cívica” se
constituía, por lo menos desde el punto de vista teórico, como una forma de
mejorar las condiciones de vida y así prevenir o combatir la subversión,
reduciendo el descontento social que podía ser “capitalizado” por los
movimientos de insurrección. En el reglamento de 1966, al mismo tiempo que se
reconocían como legítimas las demandas de la población, y se proponía la
utilización de personal y recursos militares para satisfacerlas, se preveían
operaciones de inteligencia para controlarla. En este sentido, el reglamento
otorgaba funciones a la “Acción Cívica” que excedían a los objetivos
legitimantes del accionar militar, ya que es posible verificar cómo dichas
prácticas se insertaban en términos operativos a las acciones
“contraguerrilleras”.
Entre 1968 y 1969 se publicaron una serie de
reglamentos que mostraba una transformación en las formas de tipificar al
“enemigo interno”. En líneas generales, se distinguían dos tipos de enemigos
que tenían en común el hecho de organizarse como fuerzas irregulares y operar
dentro de las fronteras nacionales a partir de una estrategia destinada a
conquistar a la población. El primer tipo, son las fuerzas irregulares de un
movimiento de insurrección, materia a la que se dedicaron los dos primeros
tomos del RC-8-2 Operaciones Contra las Fuerzas Irregulares (el Tomo I,
“Fuerzas Irregulares” y el Tomo II, “Operaciones de Guerrilla y
Contraguerrilla”) y el RC-8-3 Operaciones contra la Subversión Urbana. En términos generales, el enemigo que construían
dichos reglamentos “emergía” de la población y se organizaba como un movimiento
de insurrección, de resistencia al gobierno establecido o a la fuerza de
ocupación, debido al “descontento de la
población, ya sea real, imaginario o provocado; dicho descontento surgirá como consecuencia
de las condiciones políticas, sociales económicas, militares y sicológicas
prevalecientes”[27].
En este sentido, las fuerzas de la “guerrilla” o las organizaciones
clandestinas “subversivas” procurarían, según el discurso militar, ampliar,
organizar y consolidar el apoyo de una población movilizada como posibilidad de
éxito y desarrollo de sus operaciones. Para ello recurrirían a la infiltración,
se “ocultarían” en la población procurando producir huelgas, disturbios,
protestas, etc. y utilizando técnicas como la “acción psicológica” lograrían
traducir los “legítimos deseos” de la población en “lenguaje subversivo”.[28]
Con este diagnóstico, en el reglamento RC-8-2, Tomo I se indicaba que las
operaciones de contra-subversión debían “mitigar
o eliminar las causas que la producen a la par que la individualización de los
elementos u organizaciones subversivas para su neutralización y/o destrucción”[29]
a partir de tres programas fundamentales: mejoramiento de las condiciones de
vida de la población, el control de la población y de los recursos y las
operaciones contraguerrilla. Con respecto al primero, se consideraba que las
causas que motivaban a la subversión disminuirían cuando las autoridades
pudieran satisfacer las aspiraciones y necesidades de la población. Para ello
se recomendaba “el empleo de las fuerzas
militares en programas de Acción Cívica militar, en estrecha coordinación con
las autoridades y organismos civiles [buscando a su vez], el apoyo, la lealtad
y respeto de la población hacia las autoridades constituidas, como así también
hacia las fuerzas armadas.”[30]
De esta manera, la “Acción Cívica” contribuía a
disminuir las causas del malestar social, especialmente cuando se trataba de
obras mayores, relacionadas con la construcción de caminos y puentes; el
tendido de líneas telefónicas; la provisión de sistemas de agua potable; las
campañas sanitarias, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que dichas obras
también estaban pensadas para contribuir al desarrollo de las operaciones de
“contraguerrilla” permitiendo el rápido acceso y control de las poblaciones más
pobres y alejadas, con el objeto de la “eliminar” la subversión.
La importancia de la “Acción Cívica” es ratificada en el Reglamento
RC-8-2 Tomo III operaciones contra
fuerzas irregulares (guerra revolucionaria) de 1968. El pensamiento militar
distinguía este tipo de guerra contra “fuerzas irregulares” de las anteriores
por considerar que se enfrentaba a un enemigo específico, el “comunismo”, que
planteaba por este medio un objetivo revolucionario. Es decir, a diferencia de
los movimientos insurreccionales, no sólo buscaba resistir u oponerse a un
gobierno sino que se proponía transformar radicalmente al sistema. Aún actuando
en el territorio nacional y con promotores locales, su origen se postulaba en
el reglamento como externo ya que la “Guerra Revolucionaria” era definida como
un “tipo de guerra ideológica
desarrollada por el comunismo internacional en los campos políticos,
sicológicos y militar para imponer la ideología marxista”.[31]
Los militares consideraban que el comunismo buscaba
lograr la captación y adhesión de la población procurando involucrarla en la
lucha usando como medios “apropiadas
técnicas de subversión, combinando estrechamente acciones políticas, sociales,
sicológicas, económicas y eventualmente acciones violentas y operaciones
militares.”[32]
Es por ello que la guerra “contrarrevolucionaria” que llevaría adelante el
Ejército debería ser igualmente integral, abarcando “todos los campos de la
actividad humana” entendiendo que “si su
actuación en el orden militar es esencial, su acción en otros campos no es
menos importante”[33].
Entre estos últimos, se mencionaba a la “Acción Cívica”, justificando su
utilización en “la necesidad de una acción integral en todos los escalones, ya
sean políticos, administrativos, económicos, sociales, culturales y militares”.[34]
Con este diagnóstico, la “Acción Cívica” debía reforzar los valores de la sociedad
occidental y cristiana, el respeto por la norma, la disciplina y la tradición a
partir de reforzar el nacionalismo, tópicos identificados como “blancos del
ataque comunista”. Por último, queremos señalar que la utilización de la
“Acción Cívica” en situación de “guerra revolucionaria” apareció por primera
vez en este manual, ya que el reglamento RC-19-1
de Asuntos Civiles no la contemplaba.
Los reglamentos de finales de la década de 1960
consideraban que los descontentos de la población eran capitalizados por las
“organizaciones subversivas” a través de “operaciones psicológicas”.[35]
Partiendo de esta premisa y para combatir esta acción del enemigo, el 8 de
noviembre de 1968 se publicó con carácter reservado el Reglamento RC-5-2 Operaciones sicológicas (sic).[36]
El Ejército denominó “Operaciones sicológicas de consolidación” a las
actividades que estaban dirigidas hacia poblaciones dentro del propio
territorio o de territorio ocupado por fuerzas militares propias, con el objeto
de facilitar las operaciones y promover el máximo de cooperación de la
población civil. Para ello se enumeraban una serie de métodos[37]
considerados como “las vías de acceso más
indicadas para lograr un impacto sicológico y por las cuales transitan los
temas o asuntos seleccionados para alcanzar los efectos deseados [es decir]
crear, afirmar o modificar conductas y actitudes en los públicos”.[38]
Si bien los campos operacionales donde podían realizarse estas tareas son
múltiples, nos detendremos a analizar las indicaciones relacionadas con la
“Acción Cívica”.
El reglamento tipificaba una serie de actividades
destinadas a la población, que en este caso dejaba de estar indiferenciada para
pasar a dividirse en “públicos (blancos) seleccionados”.[39] Entre
estas actividades se mencionaban la propaganda y la conducción e instrucción de
los públicos internos (personal militar) y externos a través de “cursos regulares, cursillos, conferencias,
proyecciones, pruebas de capacitación, apuntes, folletos, cuestionarios y
acción cultural”.[40]
Un área importante para realizar operaciones psicológicas lo constituía una
amplia categoría denominada “educación”. En ella los militares buscaban formar
la personalidad de los “públicos” a partir de la incorporación de determinados
valores con el objeto de generar conductas “adecuadas”. La educación, decía el
reglamento:
Se podrá
realizar por medio del diálogo del conductor, del sicólogo, del docente, del
médico o cualquier otra autoridad capacitada con los blancos. También se podrá
ejecutar mediante los ritos religiosos, las costumbres, las celebraciones
patrióticas, las ceremonias, los homenajes, los castigos, las concesiones de
bienestar, los premios y la creación de los hábitos de disciplina.[41]
Por otro lado, las relaciones públicas del Ejército
también se constituían en un medio para llegar a determinados públicos con el
objeto de crear, afirmar o modificar la propia imagen institucional. Para ello,
el reglamento sugería utilizar las herramientas del ceremonial y protocolo, las
entrevistas, las mesas redondas, las conferencias de prensa así como los
padrinazgos, las obras sociales, las becas, los viajes, los congresos, las
exposiciones y las visitas explicadas, entre otras.
En este sentido, las actividades de “Acción Cívica”
implicaban prácticas y lugares concretos donde desarrollar operaciones
psicológicas de este tipo. A su vez, eran espacios propicios para estudiar a
cada “blanco” con el objetivo de preparar programas específicos de operaciones
psicológicas. Complementariamente, la relación que los militares establecieron
en el mediano plazo con distintas instituciones de la sociedad civil, permitía
un grado de conocimiento y de “confianza” hacia la Fuerza que podía reforzar
los objetivos de la “Acción Psicológica”. La necesaria vinculación entre los dos
tipos de acciones (Cívica y Psicológica) se expresó en el reglamento a partir
de indicar la coordinación entre los responsables de ambos grupos. Era
responsabilidad del oficial de asuntos civiles (G-5) asistir y coordinar con el
oficial de “Operaciones Sicológicas” la planificación y evolución de las
actividades de “Asuntos Civiles” evaluando el “impacto sicológico” de las
mismas. Dicha relación debía establecerse también con el oficial de relaciones
públicas ya que se esperaba que “la
coordinación entre el oficial de relaciones públicas, el oficial de operaciones
sicológicas del estado mayor y el de asuntos civiles (G5) deberá dar como
resultado un efectivo programa de relaciones con la comunidad”.[42]
Planificación, difusión y financiamiento: las
modalidades de la convocatoria militar
En las
páginas anteriores nos hemos dedicado a caracterizar a la “Acción Cívica” en
función de sus objetivos, misiones y potencialidades en términos operativos, a
partir de las indicaciones que brindaban los reglamentos. En este apartado
pretendemos reconstruir la forma efectiva en que se llevaban adelante dichas
prácticas en la ciudad de Rosario y su zona entre 1966 y 1975. Para ello, nos
interesa analizar cómo eran los procedimientos con los que se desarrollaba la
“Acción Cívica” e identificar el tipo de instituciones participantes en este
particular periodo caracterizado por el aumento de la conflictividad social y
política así como por la participación creciente del Ejército en la represión
interna.
Si bien
para el caso de Rosario y su región podemos relevar tareas de “Acción Cívica” a
partir de 1964,[43] el funcionamiento
operativo regular puede verificarse a partir de la publicación del Reglamento de Asuntos Civiles de 1966,
cuando las actividades se tipificaron, se organizaron en planes anuales y
adquirieron un formato unificado para ser informado. Los planes de “Acción
Cívica” estaban conformados por tres áreas prioritarias: “Educación”, “Salud y
Comunidad” y “Deportes”. El área de Educación fue la que con más intensidad
recibió la atención de los militares. Durante el período 1966/1975, “soldados
albañiles” ampliaron, repararon y realizaron tareas de mantenimiento en
diversas escuelas y colegios de la ciudad. También les proporcionaron
materiales didácticos como libros, útiles escolares y mapas sumados a la
donación de mástiles y banderas de ceremonia. Las diferentes unidades del
Ejército radicadas en Rosario y su zona brindaron transporte, alojamiento y
comida para que los alumnos de las escuelas más alejadas de los centros urbanos
realizaran “viajes de estudio”. En líneas generales, el número de
establecimientos educativos, públicos y privados, de todos los niveles
(inicial, primario y secundario) aumentó, localizándose la mayoría de estas
iniciativas en las zonas urbanas de Rosario y su región. Dentro del área
denominada de “Salud y Comunidad” se desarrollaron actividades que incluían
campañas de relevamiento sanitario de la población, de vacunación, donación de
medicamentos, atención médica y odontológica, entre otras. Dentro de este rubro
también, se realizaron la reparación y el mantenimiento de caminos, líneas
telefónicas, conductos de agua potable y plazas públicas. Diferentes
hospitales, iglesias, parroquias, asilos, orfanatos y asociaciones vecinales
figuran entre las instituciones que no sólo recibieron ayuda en materia
edilicia sino que fueron objeto de diversas donaciones. Con respecto al área
“Deporte”, múltiples instituciones deportivas recibieron mejoras y
mantenimiento de su infraestructura, así como donaciones por parte del personal
militar.
En
resumen, de la reconstrucción de las actividades del II Cuerpo de Ejército se
puede concluir que los espacios privilegiados para la realización de tareas de
“Acción Cívica” fueron las instituciones escolares de todos los niveles, los
establecimientos deportivos y en menor grado los organismos de beneficencia y
las vecinales o comunas. Esta jerarquización de las actividades se correspondía
con las modalidades de la convocatoria militar enmarcadas en un conjunto de directivas
que organizaban el funcionamiento operativo “regular” de la “Acción Cívica”.
El
concepto que primaba sobre la realización de estas actividades era el de la
“planificación”. Para ello, el Comando del II Cuerpo informaba a través de la
prensa que “las autoridades provinciales y municipales, los presidentes de las
vecinales, cooperadoras de escuelas y hospitales, como también sus direcciones,
y en general toda aquella persona que represente a una entidad de carácter
social”[44]
podían solicitar obras para ser incorporadas en el plan de “Acción Cívica” de
la unidad militar. Es decir, que cada dependencia militar tenía su propio plan
de actividades a realizar en la comunidad en donde estaba asentada. Sobre las
formas en que se realizaba la planificación de dichas actividades, una nota
publicada el 19 de diciembre de 1968 destacaba que
Los planes de Acción Cívica del Ejército, son el
resultado de conjugar los requerimientos formulados por las entidades civiles,
con las propias capacidades [de la fuerza] para satisfacerlas y cuyo proceso de
concreción es el siguiente: Las autoridades civiles o entes representativos –
provinciales, departamentales o comunales- hacen llegar sus requerimientos
particulares a los comandos o unidades, por medio de reconocimientos se determina
si se pueden satisfacer y en caso afirmativo se incluyen en el Plan de Acción
Cívica de la unidad militar el que es elevado a la superioridad para su
aprobación. Conferida la autorización se firma un acta convenio donde se
establecen las responsabilidades para cada una de las partes y una vez fijada
la fecha de iniciación se da comienzo a la tarea.[45]
Aunque
el énfasis de la nota esté puesto en la “demanda” de la sociedad civil a los
funcionarios militares, el hecho de que se publicara en la prensa las formas de
ingresar a los planes de “Acción Cívica” era de por sí una convocatoria
proveniente del Ejército y no un requerimiento “espontáneo” de las
instituciones civiles. En el mismo sentido, estaban orientados los documentos
de la Fuerza que regulan estas actividades. El marco de conceptos generales que
brindaba el reglamento RC-19-1, era
periódicamente actualizado por medio de Directivas
de Asuntos Civiles.[46]
Por medio de las Directivas, el
Comandante en Jefe del Ejército ordenaba las acciones a llevar adelante en
términos prioritarios, las modalidades de realización, así como formas en que
debían ser informadas y difundidas. Los mecanismos para acceder a la “Acción
Cívica”, los procedimientos, la planificación y el financiamiento de las
directivas son las mismas que las se expresan en la prensa periódica. Sin
embargo, nos interesa reseñar algunas indicaciones que no tenían carácter
público, o en todo caso, que no pueden deducirse de la información brindada por
la prensa.
En
primer lugar, las Directivas del
Comandante en Jefe indicaban que todas las actividades debían tener una
importante difusión por medio de las siguientes medidas: “1) Dar relevancia a
la ceremonia de inauguración. 2) Utilizar fundamentalmente el medio local para
difundir en general la labor que realiza el Ejército y en particular las obras
que se inauguran.”[47]
El objetivo de publicitar las tareas según la Directiva era “consolidar la
unión del pueblo con el Ejército y crear una imagen favorable de la
Institución”.[48]
La difusión de las actividades no sólo estaba a cargo de la unidad militar que
las llevaba adelante, sino que las
Directivas estipulaban que se debía enviar al Comando en Jefe del Ejército
una reseña de las obras realizadas. Para ello se pedía explícitamente material
fotográfico y periodístico para replicar la difusión de las obras realizadas.[49]
Los
documentos oficiales especificaban que la “Acción Cívica” prioritaria debía ser
las “actividades deportivas, culturales, educativas y donación de efectos,
apadrinamiento de escuelas e instituciones educacionales, etc.”[50]
a las que se sumaban las de las unidades de Sanidad y Veterinaria. Con respecto
a la donación de banderas para mástil o ceremonias, y de “efectos no
reglamentarios” (materiales didácticos, bibliografía, etc.) se aclaraba que
podían ser por requerimiento de las instituciones o por iniciativa de las
unidades militares. En todos casos, los beneficiarios privilegiados serían “las escuelas apadrinadas, los polígonos de
tiro federal y las escuelas de frontera y/o de muy escasos recursos”[51],
siendo las escuelas el objetivo prioritario y los polígonos de tiro casos
excepcionales. Las Directivas nos
ofrecen una visión distinta a la recogida en la prensa pues destacan que las
unidades militares podían seleccionar y proponer el apadrinamiento o la
donación de elementos a diversas instituciones por su propia iniciativa y no
por requerimiento de las mismas.
Por
último, las órdenes del Comandante en Jefe otorgaban un lugar destacado a las
ceremonias a realizar durante el acto de apadrinamiento: “una vez fijado el día (...) y previo acuerdo con las autoridades del
establecimiento escolar, concurrirá a éste una comisión de personal superior,
subalterno y de tropa del organismo militar que apadrina, y un Jefe u Oficial
pronunciará palabras alusivas al acto”.[52]
Como hemos podido reconstruir en la prensa, las ceremonias de apadrinamiento no
sólo llegaban a los integrantes directamente involucrados sino que se
replicaban en los medios de comunicación los días subsiguientes.
Con respecto al financiamiento de
las actividades existían dos modalidades. Cuando se trataba de apadrinamientos,
refacciones edilicias o donaciones de banderas y materiales didácticos, la
unidad militar empleaba sus propios recursos. Por otro lado, cuando se realizaran
proyectos de mayor envergadura, como construcción de caminos, tendidos de
líneas eléctricas, etc., el financiamiento corría por cuenta de las entidades
solicitantes ya que el Ejército no contaba con una partida presupuestaria
especial destinada a tales obras. Los militares insistieron en las notas en la
prensa, cuando se trataba de proyectos mayores, que
… si bien el costo de estas obras es sensiblemente
más bajo que el que podrían ofrecer empresas privadas se debe destacar que
todas las actividades de Acción Cívica no compiten, en ningún momento y bajo
ningún concepto, con empresas privadas u oficiales, sino que su intervención
está basada en los siguientes conceptos: no lesionar la capacidad operacional
de la fuerza; no emplear al Ejército y sus recursos económicos, salvo casos muy
especiales (emergencia nacional).[53]
Acatando
las indicaciones de las Directivas de
Asuntos Civiles, durante estos años aparecieron en la prensa extensos
artículos que reseñaban la “Acción Cívica” del II Cuerpo. Por ejemplo, el 14 de
noviembre de 1967, el Diario La Capital dedicó cuatro páginas a un
informe titulado “Aporte de Rosario a las armas de la Nación.” El
contenido de la nota, en líneas generales, no difería de otras donde se
destacaba la “Acción Cívica” de las FF.AA., sin embargo dentro de la larga
nómina de obras realizadas por el cuerpo en las seis provincias de su
jurisdicción aparece por primera vez una cuantificación en términos monetarios.
El periódico señalaba que las realizaciones del Ejército “han significado en 1966 un ahorro para el Estado de aproximadamente 50
millones de pesos. Durante el corriente año [1967] se han finalizado ya obras
por un valor aproximado a los 20 millones, y otras muchas continúan en
ejecución”.[54] Esta
cuantificación monetaria se repite en los Libros
Históricos del Comando de los años siguientes[55], hasta el
año 1971 cuando las actividades de “Acción Cívica” del II Cuerpo dejaron de
financiarse con los fondos asignados por el Ejército a esa gran unidad militar y “el Ministerio de Bienestar Social de la
Nación comenzó a aportar fondos para tales fines, con lo cual se puede realizar
una planificación más adecuada y de más efectivos resultados”.[56]
El funcionamiento regular
de la “Acción Cívica” que venimos relatando sufrió una importante
discontinuidad hacia 1974. A partir de ese año, las actividades mermaron
ostensiblemente y durante 1975, ni la documentación oficial ni la prensa
escrita registraron actividades de “Acción Cívica”. A esta situación se le sumó
la desaparición del “Departamento V- Asuntos Civiles y Territoriales/G-5” del
cuadro orgánico del II Cuerpo.[57]
Creemos que la menor participación del Ejército en este tipo de tareas debe
analizarse poniéndola en relación con el creciente lugar que fue adquiriendo el
Ejército en la represión del conflicto social a partir de mediados de 1974, y
fundamentalmente durante 1975.
La “Acción Cívica” en la antesala del último golpe
militar
Luego
de la muerte de Perón en julio de 1974, las FF.AA. comenzaron a recobrar su
iniciativa y capacidad de presión sobre el gobierno y comenzaron a reclamar un
rol más activo en la “lucha antisubversiva”. En 1975, las FF.AA. –y en
particular el Ejército- terminaron de
delinear y comenzaron a poner en práctica una nueva modalidad represiva que
articulaba dispositivos de carácter “legal” con otros ilegales y clandestinos.[58]
En el plano normativo interno, el Ejército aprobó
el 18 de agosto de 1975 un proyecto para reemplazar los dos principales
manuales doctrinarios del período anterior (RC-8-
2, Tres Tomos y RC-8-3, ambos de
1969): El reglamento RC- 9-1 Operaciones
contra elementos subversivos.[59]
Los
principales cambios se realizaron en el área de operaciones no convencionales,
inteligencia y seguridad. Por el contrario, el reglamento de Operaciones Psicológicas y de Asuntos Civiles no recibieron
modificaciones continuando en vigencia los aprobados en la década del sesenta.
Sin embargo, y con respecto a este último, el proyecto del reglamento 1975, incluyó dentro de su organización
objetivos y misiones para la “Acción Cívica” en el marco de una nueva doctrina
“contrasubversiva”.
En líneas generales, la
principal transformación se operó en la forma de conceptualizar al “enemigo
interno”, que fue denominado “oponente subversivo”. Se retomó la matriz de la
guerra revolucionaria en lo que se refiere a los objetivos y a la estrategia
integral del enemigo pero desvinculados del concepto de guerra y de la
identidad política “comunista”.[60] Por otro lado, la distinción entre diferentes
tipos de enemigos presentes en los reglamentos de la década de 1960 se diluyó y
el concepto “subversivo” se extendió a organizaciones político ideológicas
diversas y a una noción de política ampliada que incluía aspectos del orden
moral.[61]
Esta indiferenciación anulaba el reconocimiento de la legitimidad de los
reclamos que se le reconocía en los manuales de la década anterior diluyendo la
línea que separaba el enemigo de la población. Melisa Slatman destacó que en estos reglamentos
existe un desplazamiento en el discurso militar desde el “bienestar de la
sociedad” a la “seguridad de la población” con el correspondiente correlato en
la necesidad de mantenerla controlada.[62] Dada la magnitud del “enemigo subversivo” esta
normativa suponía, discursivamente, acciones que
exceden el nivel de las responsabilidades
operacionales de las fuerzas militares que deberán combatir la subversión (…)
[ya que] requiere la participación de todos los campos del quehacer nacional
para procurar solución a las causas reales que alimentan o favorecen la
subversión y que, por desarrollarse en la población, cuyo favor hay que
mantener y fortalecer, no puede fundarse sólo en operaciones militares o de
control.[63]
Por lo tanto, la “lucha contra la subversión” era
un recurso aglutinante que reclamaba acciones concretas de múltiples actores
nacionales ya que tanto “el personal militar, las autoridades, los funcionarios
públicos en general, deben comprender las respectivas responsabilidades y
asumirlas, en defensa de la estructura social amenazada”.[64] Por otro
lado, al considerar a la “subversión” como una amenaza político-ideológica que
atenta contra el orden político-administrativo “es en la sensibilidad y aptitud integral de los mecanismos e
instituciones y elementos que componen el Poder Político del Estado donde
habrán de producirse los hechos y respuestas valederas para neutralizar las
causas que la generan”.[65] De
esta manera quedaban integrados dentro de las “Fuerzas Legales” en el combate
contra la “subversión”, organismos nacionales, provinciales y municipales entre
los que se destacaban: los ministerios y secretarías de acción social, salud
pública, educación, servicios públicos esenciales, vialidad, entre otros. Si
bien se indicaba que dichas instituciones no tendrían participación directa en
las operaciones militares, su acción se presentaba como “fundamental y hasta decisiva para alcanzar el objetivo de la
contrasubversión [pues] serán empleados en el desarrollo de programas de acción
social, destinados fundamentalmente a eliminar situaciones de insatisfacción o
injusticias que puedan afectar la vida de la población”[66].
Así las principales medidas para ganar o mantener el apoyo de la población eran
asignadas a los diferentes Ministerios de Gobierno.[67]
Más allá de involucrar a las instituciones del
Estado, los reglamentos indicaban que las operaciones “contrasubversivas”
realizadas por las unidades militares tenían tres objetivos que debían
realizarse de forma simultánea y concurrente: “1. Recuperar el dominio de la
zona. 2. Aniquilar a la Subversión. 3. Ganar la voluntad y el apoyo de la
población”[68].
Con respecto al último ítem, se indicaban fundamentalmente operaciones de
“Acción Psicológica” y de apoyo
material a la población a través de actividades de “Acción Cívica” con una
importante aclaración: “el esfuerzo (…)
dedicado a ello no debe incidir en el dedicado a la atención de las operaciones
contrasubversivas, ya que la solución de los problemas materiales que afectan a
la población debe ser proporcionada por los organismos competentes de los
distintos campos de gobierno y quehacer nacional”.[69]
Llegados hasta aquí cabe preguntarnos: ¿Cuál era el
lugar de la “Acción Cívica” en el nuevo cuerpo reglamentario? Recordemos, en
líneas generales, que en Reglamento
RC-19-1 Asuntos Civiles de 1966 si bien aparece una figura de la población
ambivalente existía cierto “margen de confianza” en la misma. Esto
se expresaba en las indicaciones de intervenir sólo cuando las autoridades
civiles se vieran sobrepasadas por la situación; en el énfasis en el rol de los
militares como enlace o coordinación con dichas autoridades o personalidades
civiles y por último, en la indicación de privilegiar las iniciativas
provenientes de la sociedad civil por sobre las originadas en una unidad
militar. Esta situación también que se
reflejó en las formas de financiar dichas actividades con recursos provenientes
de las instituciones afectadas y las partidas asignadas a la unidad militar,
por lo menos hasta 1971 cuando el Ministerio de Bienestar Social empezó a
destinar fondos para tales fines.
En el reglamento de 1975, esta situación se invirtió
totalmente. La construcción de un enemigo indiferenciado, la “subversión”,
aparecía en el discurso militar con unas características y una dimensión que
echaba un manto de sospecha sobre el conjunto de la población. En virtud de la
amenaza que construía, el reglamento RC-9-1 indicaba un tipo de “Acción Cívica”
que debía contribuir al objetivo “antisubversivo” encarnado en el Estado.
Centralizadas las líneas de acción desde el aparato de gobierno y utilizando
sus canales institucionales. Por otro lado, las actividades de “Acción Cívica”
originadas en las unidades militares no sólo no debían interferir en las
operaciones militares asignadas, es decir en el despliegue del aparato
represivo, sino que debían contribuir a tal objetivo. Es por ello que los
vínculos operativos se refieren especialmente con las áreas de Inteligencia y
“Operaciones Psicológicas”.
Conclusiones
En este artículo pretendimos
caracterizar el origen, funciones, características y modalidades de realización
de la “Acción Cívica” del Ejército entre 1966 y 1975, a partir de dos registros
de análisis: su evolución en términos reglamentarios y la reconstrucción de las
actividades a partir de un estudio de caso.
En primer lugar, enmarcamos el
inicio de dichas prácticas en el proceso de renovación doctrinaria de las
FF.AA. y en su cristalización en términos reglamentarios en la década de 1960.
Sostuvimos que la “Acción Cívica” fue un dispositivo que buscaba construir
visiones positivas de la institución militar en un contexto de creciente
participación del Ejército en la represión del conflicto social. Los
reglamentos de la década de 1960 construían una visión ambivalente de la
sociedad. Siendo la población el objeto y a la vez el sujeto de una posible
insurrección, los militares instaban a la realización de tareas de “Acción
Cívica” con el objetivo legitimar a la Fuerza y disminuir el apoyo dado por la
población al “enemigo”. A su vez, dichas tareas provocarían un mejoramiento
material de las condiciones de vida que disminuiría el descontento social que
podría ser utilizado por el “enemigo”. Por otro lado, los reglamentos
caracterizaban al accionar del “enemigo” como una fuerza irregular que se
escondía en la población, a la que por medio de técnicas de “Acción
Psicológica” buscaban controlar. Por este motivo, las actividades de “Acción
Cívica” que se tipificaban en los reglamentos combinaban tareas que tenían objetivos
legitimatorios con técnicas que contribuyeran al objetivo prioritario del
Ejército, la eliminación del “enemigo”. Particularmente, se presentaban como
espacios privilegiados para realizar operaciones de inteligencia y operaciones
psicológicas.
En
segundo lugar, demostramos que la “Acción Cívica” fue una práctica que se
incorporó al funcionamiento operativo regular del Ejército y se desarrolló en
forma continua y planificada a partir de 1966. Desde ese año, II Cuerpo de
Ejército convocó por medio de la “Acción Cívica” de forma sostenida y creciente
a diversas instituciones de la sociedad civil. A través de actividades
planificadas en forma anual, la “Acción Cívica” pretendió instalar imágenes
positivas de la figura militar presentándolas como una contribución al
“bienestar de la población” en tres áreas: educación, salud y comunidad y
deportes. Una de las principales continuidades en la realización de las tareas
de “Acción Cívica” se registró en las instituciones convocadas, siendo los
espacios dedicados a la juventud los que se consideraron prioritarios. Los
establecimientos privilegiados por los militares fueron las escuelas y colegios
de todos los niveles y las asociaciones deportivas. En menor medida, las
asociaciones vecinales, las instituciones de beneficencia y los clubes de tiro.
Las formas de planificación,
financiamiento y realización de las actividades muestran una continuidad entre
1966 y 1975. En dicho período, el mecanismo de planificación consistió en que
las entidades civiles hicieran “requerimientos” al II Cuerpo para integrarse al
plan de “Acción Cívica” aunque también la unidad militar podía elegir
unilateralmente a las instituciones. Como hemos mostrado, la demanda no era
espontánea ya que la convocatoria se realizaba por medio de la prensa y a
través de la difusión de las actividades. Esta situación estaba en consonancia
con los lineamientos que brindaban las Directivas
de Asuntos Civiles que regulaban las prioridades, la realización de los
actos de inauguración y difusión de las actividades. Dichas tareas se financiaban con los recursos
asignados a la unidad militar y los aportes de la sociedad civil y, a partir de
1971, comenzaron a recibir fondos del Ministerio de Bienestar Social.
Por último, la reconstrucción del
caso Rosarino nos permitió evidenciar que hacia 1974, la “Acción Cívica” del II
Cuerpo disminuyó notablemente y en 1975 no se registraron actividades de este
tipo. Sostuvimos que esta situación debía
analizarse vinculándola con los cambios en materia reglamentaria que se
estaban operando en las FF.AA., a la par del inicio de las acciones
“contrasubversivas” que se operaron en dicho año. A partir del análisis del
reglamento RC- 9-1 Operaciones contra
elementos subversivos (proyecto)
sostuvimos que las funciones, misiones y formas operativas de la “Acción
Cívica” se adaptaron o se integraron a las nuevas formas de tipificar al
“enemigo interno” y a los dispositivos utilizados para reprimirlo. Si bien la
articulación entre las tareas de “Acción cívica”, Inteligencia y “Acción
Psicológica” estaban presentes en los reglamentos de finales de la década de
1960, la dimensión del “enemigo” que construyó el RC-9-1, justificó no sólo el diseño de una estrategia represiva de
características inéditas sino la posibilidad de nuevas articulaciones o
funciones para la “Acción Cívica”. La construcción del “delincuente subversivo”
como una categoría ampliada que teñía de sospecha al conjunto de la población
requería, en el argumento militar, no sólo el despliegue de un dispositivo
represivo de dimensiones y modalidades nunca antes vistas, sino que reclamaba
el esfuerzo del conjunto del Estado en la “lucha contra la subversión”. De esta
manera quedaban integrados dentro de las “Fuerzas Legales” en el combate contra
la “subversión”, organismos nacionales, provinciales y municipales que se
convertían en los encargados de mantener
el apoyo de la población.
Asimismo, el reglamento de 1975
creaba nuevo entramado institucional que colocaba a la “Acción Cívica” del
Ejército como una práctica disponible para ser utilizada tanto en planes de
“Acción Psicológica” diseñados a nivel nacional como en programas llevados
adelante por cada unidad militar. La única limitación que planteaban los
reglamentos para la realización de la “Acción Cívica” era que no lesionara su
capacidad operativa, es decir que no quitara hombres y recursos que debían ser
utilizados para la ejecución de las tareas represivas. Esperamos en futuros
trabajos, analizar las transformaciones operadas durante la última dictadura en
las formas de realización de la “Acción Cívica” del Ejército.
Bibliografía
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Recibido: 27/12/2016
Evaluado: 15/01/2017
Versión Final: 03/02/2017
[1] Daniel Mazzei. Bajo el poder de la
caballería. El Ejército argentino (1962-1973). Buenos Aires, Eudeba, 2012.
Esteban Pontoriero. “Pensamiento militar y legislación de defensa en la
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¿Continuidad o ruptura? (1963-1970)”, en Contemporánea,
Año 3, 2012, pp. 149-166.
[2] Claude Heller. “Las relaciones
militares entre Estados Unidos y América Latina: Un intento de evaluación” en Nueva Sociedad Nº. 27, 1973, pp. 17-31. Esteban Pontoriero,
“Pensamiento militar y legislación de defensa…”, Op. Cit.
[3] Daniel Mazzei. Bajo el poder de la caballería… Op. Cit., p. 148.
[4] Ídem,
pp.146-149.
[5] Al respecto, Daniel Mazzei
señala que las diferentes posiciones al interior del Ejército implicaron que la
presencia y recepción por parte de los oficiales argentinos de la doctrina
norteamericana fuera limitada. El hecho que Argentina fuera el último país en
firmar un PAM con los Estados Unidos en mayo de 1964, muestra que lejos de una
subordinación automática a las políticas norteamericanas, se estableció una
relación con altibajos que alternó momentos de estrecha colaboración con otros
de relativa autonomía por parte de los militares argentinos. De hecho, hacia 1965 se consideraba
que los PAM habían fracasado en la Argentina debido a las profundas críticas
que había provocado en el parlamento y al incumplimiento de los acuerdos en
materia abastecimiento militar. Daniel Mazzei. “El Ejército argentino y la asistencia militar
norteamericana durante la Guerra Fría”. RevistaTaller,
nro. 20, 2003, pp. 92-116 y Daniel Mazzei, Bajo
el poder de la caballería… Op. Cit., p. 146 y ss.
[6] Ma. Alicia Divinzenso. La
“Acción Cívica” del Comando del II Cuerpo de Ejército. Un estudio sobre las
relaciones cívico-militares en Rosario, 1960-1983. Tesis de Maestría. Los
Polvorines, UNGS, 2016.
[7] El denominado “Operativo
Dorrego” ha sido una de las experiencias más profundamente estudiadas de la
presidencia de Cámpora. Durante octubre de 1973, esta iniciativa intentó
fomentar el accionar conjunto de los efectivos del Ejército y los militantes de
la Juventud Peronista en tareas de reconstrucción de las zonas centro-oeste de
la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones. Juan Luis Besoky. “Hacia
la convergencia cívico militar. El Operativo Dorrego”, ponencia presentada en IX Jornadas de Sociología de la UBA,
Buenos Aires, 2011. Guillermo
Caviasca. La hipótesis Carcagno.
Guerrillas y Fuerzas Armadas en la transición democrática de 1973. Tesis
doctoral. Buenos Aires, UBA, 2015. Marina Franco. Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”,
1973-1976. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp.67 y ss.
[8] El
llamado “Operativo Independencia” fue una acción contrainsurgente ordenada por
el gobierno peronista y llevada adelante por las Fuerzas Armadas y las fuerzas
represivas de la provincia Tucumán. Comandado por el general Acdel Vilas, de la V Brigada de
Infantería, llevó adelante acciones destinadas a “aniquilar” el foco
guerrillero instalado en el monte tucumano por el ERP en 1974/75. (Cf. Marina Franco. Un enemigo para la Nación…, Op. Cit., pp-135-138. Santiago Garaño. Entre el cuartel y
el monte. Soldados, militantes y militares durante el Operativo Independencia
(Tucumán, 1975-1977). Tesis doctoral. Buenos Aires, UBA,
2013.
[9] Marina Franco. Un enemigo para
la Nación…, Op. Cit., p. 136.
[10] Ana Jemio. “Una aproximación al estudio de las relaciones entre
coerción y consenso en el caso del Operativo Independencia (febrero de 1975 –
marzo de 1976), Tucumán”, ponencia presentada en VI Jornadas de trabajo sobre historia reciente, Santa Fe, 2012.
[11] Santiago Garaño. Entre el
cuartel y el monte…, Op- Cit., p. 290
[12] Entre los pocos estudios dedicados a la “Acción Cívica” durante
la última dictadura, se destaca el trabajo pionero de Lvovich y Rodríguez
quienes analizaron el proyecto de “Gendarmería Infantil” de Gendarmería
Nacional. Con respecto a la ciudad de Rosario, el antecedente más importante es
la investigación de Laura Luciani. En su tesis doctoral sobre la juventud en
dictadura, rastreó los orígenes de la “Acción Cívica” de las FF.AA. en la
década del 60, aunque su interés central haya sido las estrategias desplegadas
entre 1976-183, y específicamente el programa “Argentinos, Marchemos a las
fronteras” de Gendarmería Nacional. Daniel Lvovich y Laura Rodríguez. “La
Gendarmería Infantil durante la última dictadura.” En Quinto Sol, Vol. 15, Nº1, 2011. Luciani, Laura. Juventud en dictadura: Representaciones,
políticas y experiencias juveniles en Rosario (1976-1983). Ensenada:
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación; Misiones: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines:
Universidad Nacional de General Sarmiento. (Entre los libros de la buena
memoria; 7). 2017. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.490/pm.490.pdf. Pp.119-148
[13] Ana Jemio. “La construcción del enemigo interno en los
reglamentos del Ejército Argentino de las décadas del sesenta y setenta.
Continuidades y rupturas”, ponencia presentada en X Jornadas de Sociología de la UBA, Buenos Aires, 2013, p.8.
Esteban Pontoriero. “De la guerra (contrainsurgente): la formación de la
doctrina antisubversiva del Ejército argentino (1955-1976)” en Águila,
Gabriela, Garaño, Santiago & Scatizza, Pablo (coords.), Represión
estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos
abordajes a 40 años del golpe de Estado, Ediciones FAHCE-UNLP, en línea en: http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63 p. 54.
[14] Ma. Alicia Divinzenso. “La
transformación de las relaciones cívico-militares: la “Acción Cívica” del
Ejército (1960-1983).” Ídem. Pp. 73-102.
[15] Ejército Argentino, RC-19-1. Reglamento de Operaciones de Asuntos Civiles, Buenos Aires, 1966.
Archivo Histórico del Ejército.
[16] Esteban Pontoriero, “De la
guerra (contrainsurgente)…”, Op. Cit., p. 46.
[17] Este está constituido por los
reglamentos RC-8-2 Operaciones Contra las Fuerzas Irregulares (3 tomos)
y el reglamento RC-5-2 Operaciones Sicológicas, ambos publicados en
1968, el reglamento RC-8-3 Operaciones contra la Subversión Urbana de
1969.
[18] El otro reglamento que no
recibió modificaciones fue el RC-5-2
Operaciones Sicológicas.
[19] Ejército Argentino. RC-19-1…, Op. Cit., p.54.
[20] Ídem. p. III.
[21] Ídem. p. 60.
[22] Ibídem.
[23] Ídem. p. 65.
[24] Ibídem.
[25] Ídem. p. 70.
[26] Ídem. p. 89.
[27]Ejército Argentino. RC-8-2. Operaciones Contra las Fuerzas Irregulares.
Tomo I. 1968, p. 2
[28] Ana Jemio, “La construcción del enemigo…”, Op. Cit., p. 15.
[29]Ídem. p. 80.
[30]Ídem. Tomo I. p. 81.
[31] Ejército Argentino. RC-8-2… Op. Cit., Tomo III.
p. I.
[32]Ibídem
[33] Ídem. p. 61
[34] Ídem. p. 63
[35] Al respecto, el reglamento RC-8-3 Operaciones contra la subversión urbana de 1969, afirmaba: “Los movimientos subversivos, generalmente, son
llevados a cabo en los centros urbanos de magnitud, de acuerdo con las técnicas
de manejo de masas ampliamente difundidas en el mundo, las que se apoyan en una
minuciosa y bien planeada acción sicológica”.p.1
[36] Ejército Argentino, RC-5-2.
Operaciones sicológicas. Buenos Aires, 1968, Archivo Histórico del
Ejército.
[37]
Es interesante señalar que los
métodos indicados por el reglamento iban desde la
“acción persuasiva”, la
“acción sugestiva” hasta la aplicación de la
tortura y los tormentos bajo el
eufemismo de “acción compulsiva”. Ídem. pp.
14-15. La “Acción Cívica” estaría
comprendida en los dos primeros conceptos.
[38] Ejército Argentino, 1968. RC-5-2
p.13.
[39] Ídem p. 18
[40] Ídem. pp. 23-24
[41] Ídem. p. 25
[42] Ídem. p.57
[43] Ma. Alicia Divinzenso, “La
transformación de la relaciones cívico-militares…”, Op. Cit. P.84.
[44] La Capital, Rosario, 25/02/72.
[45] La Tribuna, Rosario, 19/12/68.
[46] Para la caracterización del
funcionamiento de los planes de Acción Cívica hemos utilizado: Las Directivas
del Comandante en Jefe del Ejército 45/65 y 77/69. Asuntos Civiles. (Doc. s.
213 y 199, respectivamente). Archivo General del Ejército.
[47] Directiva del Comandante en Jefe
del Ejército 77/69. Asuntos Civiles. p. 3.
[48] Ídem. p. 1.
[49] Ídem. p. 2.
[50]Ídem. p. 1.
[51] ídem. p. 4.
[52]Ibídem.
[53] La Tribuna, Rosario, 19/11/68.
[54]La Capital, Rosario, 14/11/67. pp. 60-64
[55] Comando del II Cuerpo de
Ejército, Libros Históricos, 1968-
1976. Archivo General del Ejército.
[56]
Diario La Capital, 25/02/72.
[57]Comando del II Cuerpo de
Ejército, Libro Histórico, 1975. f.2.
[58]Gabriela Águila. Dictadura, represión y sociedad en Rosario,
1976/1983: un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes
sociales en dictadura. Buenos Aires, Prometeo, 2008, pp. 43-49. Marina
Franco. Un enemigo para la nación… Op.
Cit., p. 110, p. 133 y ss.
[59] Ejército Argentino, RC- 9-1
Operaciones contra elementos subversivos (Proyecto), 1975. Archivo
Histórico del Ejército.
[60] Esteban Pontoriero. “De la
guerra (contrainsurgente)…”, Op. Cit., pp.62-66.
[61] Ana Jemio, “La construcción del
enemigo interno…”, Op. Cit., p. 21.
[62] Melisa Slatman. “Una doctrina
contrarrevolucionaria para el ejército argentino. Análisis de la discursividad
oficial del Ejército Argentino durante la Guerra Fría (1957-1976)”. En: García
Ferreira, Roberto (comp.), Guatemala y la Guerra Fría en América Latina
(1947-1977), Guatemala, CEUR-USAC., 2010, p. 2.
[63]Ejército Argentino, RC-9-1…, Op.
Cit., p. III. Destacado en el original.
[64] Ibídem.
[65] Ídem. p.5
[66] Ídem. p.6
[67] “Cuando la acción de los elementos de la
subversión se proyecte en el tiempo y explote situaciones que requieran
soluciones políticas, económicas o sociales, resultantes de un estado de
insatisfacción o postergación de problemas que afectan la vida de la población
o de determinados sectores, tendrán prioridad de empleo las medidas a cargo de
los organismos o instituciones civiles del Estado Nacional o Provincial”. Ídem.
p.85
[68] Ídem. p. 96.
[69] Ídem. pp. 97-98.