La educación militar en la transición democrática
argentina. Tensiones entre concepciones tradicionales y reformistas en el
contexto de crisis profesional e institucional del Ejército. 1984-1986
The military education in the
argentine democratic transition. Tensions between traditional and reformist
ideas in the context of professional and institutional crisis of the Army.
1984-1986
Germán
Soprano
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de La Plata
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Argentina
gsoprano69@gmail.com
Resumen
La
transición democrática en la Argentina se produjo por el colapso de la última
dictadura. Tras la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982, las Fuerzas
Armadas atravesaron esos años desde una posición de debilidad relativa en la
política nacional y como corporaciones del Estado. En particular, el Ejército
experimentó una crisis profesional e institucional que amenazaba con romper la
cadena de mandos. De hecho ésta se quebró durante los “levantamientos
carapintada” en abril de 1987, enero y diciembre de 1988 y diciembre de 1990.
La represión a este último terminó con cinco décadas de intervenciones
militares en la política y garantizó la subordinación militar al poder civil.
Este
artículo tiene por objetivo, por un lado, comprender cómo fueron procesados esos
conflictos por las autoridades y oficiales del Cuerpo de Cadetes del Colegio
Militar de la Nación entre 1984 y 1986, esto es, antes de los “levantamientos
carapintada”. Y, por otro lado, analizar iniciativas de reforma para adecuar la
educación de los cadetes a los cambios producidos en las relaciones
civiles-militares y en la sociedad argentina en democracia.
Palabras clave
Transición
democrática argentina; Ejército; crisis profesional; crisis institucional;
educación militar; oficiales
Abstract
The democratic transition
in the Argentina occurred by the collapse of the last dictatorship. After the defeat in the Guerra of Malvinas in 1982,
the Armed Forces crossed those years from a position of weakness relative in
the political national and as corporations of the State. In particular, the
Army experienced a professional and
institutional crisis that threatened to break
the chain of command. In fact, this is broke during the military rebellions in
April of 1987, January and December of 1988 and December of 1990. The
repression of this latest rebellion ended with five decades of military
interventions in politics and guaranteed military subordination to civilian
rule.
This article has by
objective, on the one hand, understand how were processed those conflicts by
the authorities and officers of the Cadets Corps in the National Military
College between 1984 and 1986, this is, before military rebellions. And, on the
other hand, to analyze reform initiatives to adapt the education of cadets to
the changes produced in the civil-military relations and in Argentine society
in democracy.
Keywords
Argentina
democratic transition; Army;
professional crisis; institutional crisis; military education; officers
Introducción
La transición
democrática en la Argentina se produjo por colapso del gobierno dictatorial del
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.[1] En consecuencia, las Fuerzas Armadas
atravesaron esos años desde una posición de debilidad relativa en la política
nacional y como corporaciones del Estado, en oposición con el protagonismo y
autonomía que tuvieron desde el golpe de estado de 1930 hasta la derrota en la
Guerra de Malvinas el 14 de junio de 1982.[2] Desde entonces y hasta fines de 1990, el
Ejército experimentó una crisis profesional e institucional que se manifestó en
un “estado de deliberación” y de “politización” de oficiales y suboficiales que
amenazaba con romper el funcionamiento de la cadena de mandos; de hecho ésta se
quebró en cuatro oportunidades durante los “levantamientos carapintada” de
abril de 1987, enero y diciembre de 1988, y diciembre de 1990. La represión a
este último –conducida por el subjefe del Ejército, el general Martín Antonio
Balza- terminó con cinco décadas de intervenciones de las Fuerzas Armadas en la
política argentina y garantizó la subordinación militar al poder político
civil.[3]
Este artículo tiene
por objetivo, por un lado, comprender cómo fueron procesados esos conflictos
por las autoridades y oficiales del Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar de la
Nación entre 1984 y 1986, es decir, en los tres primeros años de la presidencia
de Raúl Alfonsín y antes del “levantamiento militar” de abril de 1987 cuando la
crisis estalló en el Ejército, provocando la desestabilización política del
orden democrático. Y, por otro lado, analizaremos iniciativas de la reforma
educativa impulsadas para adecuar la educación de los cadetes a los cambios
producidos en las relaciones civiles-militares y en la sociedad argentina en
democracia.[4] A tal efecto, nos serviremos de
fuentes institucionales y de entrevistas a protagonistas de aquellos sucesos.[5]
Se enfocará ese
breve período (1984-1986), por un lado, para comprender las perspectivas y
experiencias de oficiales superiores, jefes y subalternos del Ejército en esos
años situándolas en un ámbito institucional específico y en una etapa previa a
la crisis militar de “Semana Santa” de 1987.[6] Por otro lado, porque en otros trabajos se
han estudiado las reformas de la educación militar producidas desde la década
de 1990 hasta el presente por iniciativa de las Fuerzas Armadas o del
Ministerio de Defensa.[7]
Oficiales
“politizados” y “profesionales”
El coronel Martín
Antonio Balza había sido oficial instructor de la Batería de Artillería del
Colegio Militar de la Nación entre 1962 y 1964 y ayudante el director en 1965.
En 1984 regresó como jefe del Cuerpo de Cadetes, esto es, el oficial a cargo de
los oficiales instructores y cadetes de todas las armas. En tanto que entre
1985 y 1986 fue subdirector de esa academia militar, la única en la que
recibían su formación básica los oficiales del Ejército.[8] Tradicionalmente ha sido
considerado como un destino prestigioso en la carrera profesional, pues los
oficiales jefes y subalternos que se desempeñan como instructores constituyen
una referencia fundamental en la educación y sociabilidad de los cadetes. Esa
influencia, empero, no termina con su egreso como subtenientes tras cuatro años
de estudios; los oficiales instructores se referirán en los años sucesivos a los
oficiales que tuvieron a cargo como “mis cadetes”, procurando prolongar su
influjo en el desarrollo de sus carreras; o bien en algunas oportunidades
reproduciendo las conflictivas relaciones mantenidas en esa academia en los
destinos en diferentes unidades.
Las máximas
autoridades del Colegio Militar de la Nación eran el director y el subdirector.
Del primero dependía el Consejo Académico, Relaciones de Ejército y la
Ayudantía; del segundo el Estado Mayor con sus Divisiones de Personal,
Inteligencia, Operaciones, Logística y Finanzas, el jefe de Cuerpo de Cadetes y
el jefe de la Agrupación Comando y Servicios. En 1984 el director era el
coronel Juan Carlos Etchepare y en 1985 y 1986 el general de brigada Antonio
José Deimundo Piñeiro; en tanto el subdirector en 1984 fue el coronel Juan
Carlos Gualco y Balza en los dos años siguientes.
Entre 1984 y 1986
cursaron cadetes seis Promociones. La Promoción 115 que egresó en diciembre de
1984 con 214 subtenientes de las armas, que habían ingresado en 1981 a esa academia
militar; sus miembros en su mayoría había nacido entre los años 1962-1963. La
116 ingresó en 1982 y egresó en 1985 con un total de 214 subtenientes de las
armas. La 117, por su parte, ingresó en 1983 y egresó en 1986 con 178
subtenientes; al tiempo que las Promociones 118, 119 y 120 –respectivamente-
ingresaron en 1984, 1985 y 1986 y egresaron en los años 1987, 1988 y 1989 con
115, 86 y 91 subtenientes de las armas; los cadetes de la Promoción 118 eran
jóvenes nacidos principalmente entre 1967-1968.[9] Nótese en relación con las últimas tres
que la cantidad de subtenientes egresados era relativamente inferior si la
comparamos con las tres anteriores.
No disponemos de
documentación que nos permita demostrar fehacientemente el motivo de esas
disminución -que si se la compara con las Promociones ingresadas en los años
1981 y 1982 expresan una merma de más del 50 por ciento- pero resulta difícil
no invocar como explicación plausible el contexto nacional de críticas de las
cuales eran objeto las Fuerzas Armadas ampliamente en diversos sectores
políticos y sociales así como en buena parte de la prensa del país tras el
colapso del “Proceso” tras la derrota en la Guerra de Malvinas y en los
primeros años de la transición democrática en que se hicieron públicos los
resultados de la investigación de la CONADEP (año 1984) y se sustanciaron los
juicios a los comandantes de las Juntas Militares (1985). Esta tendencia a la
disminución en los egresos –y presumimos también en el reclutamiento- tuvo su
punto más crítico con la Promoción 121 que ingresó en 1987 y contó con un
egreso de tan solo con 67 subtenientes de las armas. Desde entonces la
tendencia a la baja comenzó a revertirse con las Promociones 122, 123 y 124 que
contaron con 86, 94 y 114 subtenientes egresados de las armas.
El “estado de
deliberación” y “politización” en el que estaba sumido el personal de cuadros
del Ejército no alcanzaba a la totalidad de los oficiales del Colegio Militar
de la Nación, pero si a algunos, especialmente, en el Batallón de Infantería.[10] Estos comportamientos de
oficiales instructores eran percibidos por sus camaradas, pero también por los
cadetes, produciendo sobre estos últimos –sobre todo cuando estaban a su cargo-
un efecto de “adoctrinamiento” en sus ideas sobre la política y el Ejército.[11] Los oficiales más conspicuos de
este grupo se autodenominaban “nacionalistas”. Se reconocían críticos de la
conducción superior militar y de los gobiernos del “Proceso de Reorganización
Nacional”. Cuestionaban el modo en que habían conducido la “lucha contra la
subversión” y por no “defender” a sus subalternos en los juicios por
violaciones a los derechos humanos abiertos en democracia, por conducir a las
Fuerzas Armadas y, en particular, al Ejército al desastre de la derrota en la
Guerra de Malvinas, y por la orientación “liberal” del programa de gobierno del
“Proceso”. Como observaremos en los siguientes párrafos, una revisión del
activismo de estos oficiales revela que en el Colegio Militar de la Nación
conformaban una minoría cuyas ideas y actitudes influían sobre otros camaradas,
pero que también encontraban cuestionamientos y el rechazo explícito en las
perspectivas de otros que los percibían críticamente como “politizados”. A esos
oficiales “nacionalistas” es posible inscribirlos en la genealogía de una
tradición política e intelectual vigente en los medios castrenses argentinos
desde la década de 1930: el nacionalismo católico integrista.[12]
Ahora bien,
deberíamos enfatizar aquí que lo que definía a esos oficiales como grupo que
incluía a algunos miembros de ideas más programáticas y a otros afines con
ellas no eran sólo su nacionalismo católico integrista y su rivalidad con los
militares que ellos denominaban críticamente como “liberales” -tal como
pretendían destacar sus principales ideólogos- sino sobre todo su abierto
cuestionamiento a la conducción del Ejército y las autoridades gubernamentales
civiles. Tales actitudes eran contrarias al orden jerárquico y disciplinar
castrense y deslegitimaban la investidura del poder civil democráticamente
electo. Si llamo la atención sobre las consecuencias derivadas de esas
actitudes es porque pienso que debemos tener presente que otros oficiales “no
politizados” podían sustentar opiniones críticas acerca de las aptitudes
profesionales del generalato y/o considerar que el poder político debía ofrecer
otro tipo de políticas en favor de las Fuerzas Armadas. Es por ello que si
tuviéramos que expresar una diferencia clave entre unos y otros oficiales
diríamos que para los primeros la “ineptitud profesional” e “intereses
personales” del generalato y la pretensión del gobierno nacional de “destruir
al Ejército” eran las principales amenazas que los militares debían enfrentar,
incluso a sabiendas de que con tales cuestionamientos y actitudes se generaba
un “estado deliberativo” en la Fuerza reñido con el orden militar. En cambio,
para los segundos ningún objetivo o valor último era legítimo o justificaba la
decisión de violentar la cadena de mando, pues del orden y la disciplina
dependía la reproducción del Ejército como institución del Estado nacional.
Estas diferentes
perspectivas y posicionamientos de los oficiales acerca de lo que se debía
hacer en esas críticas circunstancias provocarían tres comportamientos
diferenciados durante los “levantamientos carapintada” ocurridos entre 1987 y
1990. Por un lado, quienes no dudaron en subvertir el orden para exigir
reivindicaciones corporativas y profesionales que eran caras a muchos más
integrantes del Ejército que aquellos comprometidos activamente en esos
“levantamientos”. Por otro lado, quienes se diferenciaron de los primeros,
procurando en unos casos una salida negociada ante el conflicto planteado
–veremos que esta fue la actitud de la conducción superior del Ejército en los
“levantamientos” de abril de 1987, enero y diciembre de 1988- o bien
reprimiéndolos –esto es lo que hicieron el jefe y subjefe del Ejército en
diciembre de 1990. Y, por último, existían una extendida mayoría de oficiales
que no participaron de los “levantamientos”, pero se negaron en los tres primeros
a cumplir órdenes de reprimir a sus camaradas, pues en definitiva compartían
con ellos parcial o totalmente su diagnóstico acerca de la situación del
Ejército y las soluciones políticas y profesionales que se requerían, o bien
pretendían evitar un enfrentamiento militar que, entendían, tendría graves
consecuencias en la reproducción de la vida institucional de esa Fuerza. El
modo en que unos y otros comportamientos de los oficiales gravitaron en los
cuatro “levantamientos” acabarían determinando los resultados alcanzados en
cada caso.[13]
Retomemos ahora la
situación interna del Colegio Militar de la Nación en 1984. De acuerdo con
Balza, entre los oficiales “politizados” que manifestaban críticas a la
conducción superior del Ejército y el gobierno nacional se contaban unos
“activos” –más comprometidos- y otros “simpatizantes”. En el período en que
Balza estuvo como jefe de Cuerpo de Cadetes y subdirector no provocaron ninguna
situación grave de indisciplina en esa academia militar.[14] Pero se vivía una contenida
tensión conforme muchos oficiales percibían que no podían permanecer ajenos al
destino de otros camaradas que eran citados por la justicia en causas por
violación de derechos humanos cometidos durante el “Proceso”. Así pues:
Una tarde de domingo,
casi a fines de 1984, un sorprendido coronel Roberto Etchepare, director del
Colegio Militar, se llegó hasta el local del casino de oficiales. Contra usos y
costumbres, había una treintena de oficiales frente al televisor. Entre ellos
se encontraba el teniente coronel Polo, jefe del Batallón de Infantería en ese
momento (más tarde sería el anfitrión de Barreiro). Por aquella época el jefe
del Cuerpo de Cadetes era el coronel artillero Martín Balza. Etchepare se
decide a preguntar por qué razón hay allí tantos oficiales un día domingo:
- Entre ustedes hay una
cantidad de hombres casados y hoy es día de salida ¿qué hacen mirando
televisión en el Colegio?
Le respondió uno de los
oficiales:
- Mi coronel, hay
camaradas nuestros que en estos momentos son requeridos por la justicia y deben
presentarse a declarar. No nos podemos quedar en nuestra casa. Y este es
nuestro destino militar.[15]
Y hacia fines del
año 1986, el director del Colegio, el general de brigada Antonio José Deimundo
Piñeiro, reunió a sus oficiales para comunicarles su posición ante aquellos
juicios:
Los juicios son
dolorosos, pero las Fuerzas Armadas tienen que pagar los errores políticos del
Proceso, en forma cohesionada –dijo.
Su afirmación no pasó
inadvertida. Un oficial instructor de una de las compañías de Infantería –que
luego participaría en Semana Santa y Monte Caseros- solicitó permiso para
hablar. Replicó:
- No es justo que
tenientes primeros y capitanes paguen ese precio, mientras que los responsables
no lo hacen y muchos de ellos ni siquiera dan la cara por los que fueron sus
subordinados.
La situación general se
tornó incómoda. Si [Deimundo Piñeiro] aceptaba la réplica, debía sumarse a la
crítica a sus jefes y hacer público su descontento por el curso de los juicios impulsados
por el poder político.
- Este general
–respondió refiriéndose a sí mismo- no está pensando en Balcarce 50.
Esto no amedrentó a su
subordinado.
- Mi general, nadie está
hablando de un golpe de Estado. Nadie lo quiere. Pero parece una costumbre en
el Ejército decir a todo `si, señor´ o sacar los tanques a la calle, sin
término medio. Entre una y otra posibilidad hay una cantidad infinita
de respuestas: incluso ante el poder
político. Tampoco pedir el retiro es la actitud más adecuada.[16]
Asimismo, apenas
unas semanas antes del “levantamiento carapintada” de abril de 1987 se produjo
en el Círculo Militar una reunión de la Promoción 106:
Se habló de los juicios.
Los presentes [capitanes] tomaron la cuestión con cierta puntillosidad. Se
trataron, uno a uno, todos los aspectos de la convocatoria a otros camaradas de
armas ante los estrados judiciales. Se analizaron con cierto detalle los
antecedentes de algunos funcionarios radicales, y se les asignó, según los
casos, una razón ideológica a lo que se tachaba lisa y llanamente, de
`ensañamiento contra las Fuerzas Armadas.[17]
Sobre el final de la
reunión se propuso: “Si por esa razón algo llegara a pasar en los tiempos por
venir, la promoción deberá adoptar las providencias necesarias para que, si
alguno de sus miembros llegara a tomar parte en determinados hechos de esa
guerra continuada, pueda tener la seguridad de que sus camaradas sostendrán sus
necesidades y las de sus familias”.[18] Estas situaciones también eran percibidas
y vividas de este modo por otras promociones integradas por oficiales
subalternos y oficiales jefe en actividad.
En el Colegio
Militar de la Nación, entre 1984 y 1985, uno de los referentes “nacionalistas”
era el mayor Luis Nicolás Polo, un oficial de infantería de la Promoción 94. De
Polo dependían tres Compañías de Infantería, cada una conformada por un jefe de
Compañía y seis oficiales instructores, es decir, unos veintiún oficiales
estaban a su cargo. Decíamos que en las Compañías de Infantería se concentraba
la cantidad más numerosa de oficiales “politizados” que explicitaban sus
cuestionamientos o bien simpatizaban con aquellos que formulaban críticas al
generalato y el gobierno nacional. Según Balza:
No eran un grupo
homogéneo. Básicamente tenían posiciones contestatarias hacia los altos mandos
o la conducción superior del Ejército… Decir que eran politizados no quiere
decir que todos tuvieran ideas políticas claras, programáticas. Y algunos eran
solo simpatizantes o cripto-simpatizantes. Lo que sí los definía era que en sus
concepciones mezclaban lo político, lo ideológico, lo religioso y lo militar.[19]
En 1984 entre los
oficiales “politizados” o “simpatizantes de los politizados” en el Batallón de
Infantería estaban el jefe de la 1º Compañía el teniente primero Jorge
Guillermo Villarreal; los oficiales instructores de la 2º Compañía tenientes
primero Mario Marcelo Orstein y Andrés Máximo Maisano; los tenientes primero
Martín Eduardo Sánchez Zinny y Ernesto Hanse Larramendi; y los tenientes
primeros Osvaldo Daniel García, Carlos María Ricciardi, Juan Bautista Sasiain y
Leopoldo Guillermo Quintana de la 3º Compañía. En tanto otros once oficiales
del Batallón de Infantería tenían posiciones “profesionales”.[20] Que el jefe del Batallón de
Infantería y el jefe de la 1º Compañía tuvieran posiciones “politizadas” y sus
subordinados no necesariamente los acompañaran en actitudes similares, prueba
que en esas circunstancias el acatamiento a las órdenes de un superior
resultaba del cumplimiento de prescripciones institucionales y profesionales
tenidas como legales y legítimas, es decir, que no se invocaba “obediencia debida”.
Algunos de esos
oficiales tenidos como “politizados” podían ser fuertemente críticos de los
gobiernos del “Proceso”, tal como hemos visto al caracterizar a aquellos
auto-denominados “nacionalistas”. Pero otros no necesariamente lo eran. Algunos
de estos últimos eran hijos de generales que habían tenido un destacado
protagonismo en los asuntos políticos y militares en la última dictadura, tales
como los tenientes primero Jorge Guillermo Villarreal, Osvaldo Daniel García y
Juan Bautista Sasiain, hijos de los generales de división José Rogelio
Villarreal (jefe de Personal del Estado Mayor General del Ejército, secretario
general de la Presidencia, comandante de la Subzona 1C y comandante del Cuerpo
V de Ejército) y Osvaldo Jorge García (comandante del Teatro de Operaciones
Malvinas en la Guerra homónima) y el general de brigada Juan Bautista Sasiain
(ex–jefe de la Policía Federal).
Es preciso reconocer
la existencia de esos diferentes comportamientos y posicionamientos entre los
oficiales destinados en el Colegio Militar de la Nación, pues –al igual que lo
que sucedía más ampliamente en el Ejército- la “politización” no era
reivindicada ni promovida abiertamente por la mayoría de los oficiales, aun
cuando estos últimos pudieran subscribir personalmente duras críticas contra el
generalato. Si analizamos qué sucedía en 1984 en las unidades que conformaban
la Agrupación Montada del Colegio Militar de la Nación constataremos que, por
el contrario, en ellas primaban los oficiales con actitudes “no politizadas” o
“profesionales”. Tal es lo que sucedía con el jefe de la Agrupación Montada
mayor, los diez integrantes del Escuadrón de Caballería, los ocho de la Batería
de Artillería, siete (de los ocho) de la Compañía de Ingenieros,[21] los seis de la Compañía de
Comunicaciones y los siete de la Compañía de Arsenales. Asimismo, los dieciocho
oficiales que dependían de la dirección y subdirección eran casi en su
totalidad tenidos como “profesionales”; sólo dos eran “politizados”.[22]
De estos dos últimos
merece una mención especial el jefe del Servicio Sanitario, el mayor médico
Mario Caponnetto, un oficial del cuerpo profesional que se distinguía por su
participación militante en grupos del nacionalismo católico integrista desde la
década de 1950, particularmente, aquellos vinculados al liderazgo de Jordán
Bruno Genta. Genta fue asesinado el 27 de octubre de 1974 en una acción que se
atribuyó al ERP-22, una fracción disidente del Ejército Revolucionario del
Pueblo, pero su ideario lo sobrevivió en la revista Cabildo, una publicación del nacionalismo católico argentino, de
derechas y antisemita, creada en 1973.[23] Durante la presidencia de
Alfonsín, Caponnetto no dudaba en considerar que “la subversión que asesinó a
Genta hoy es gobierno”.[24] Laura Graciela Rodríguez
caracterizó –a partir de una revisión sistemática de esta publicación- a los
“enemigos” declarados por sus editores: “el liberalismo y el marxismo en todos
sus matices, la masonería y el judaísmo, los intereses venales y el conformismo
egoísta y utilitario, el progresismo religioso y la pacatería, la pederastia
intelectual, los partidócratas, los espíritus cobardes, la mediocridad y la
envidia”.[25]
Seguramente,
las
concepciones tan definidamente programáticas de este
nacionalismo católico
integrista no eran necesariamente reconocibles en perspectivas e
intervenciones
públicas de muchos oficiales autodenominados
“nacionalistas” ni en aquellos que
“simpatizaban” con sus ideas. No obstante, esa
simultánea crítica a los
gobiernos del “Proceso” -por su
“corrupción” y el “fracaso”
político, económico
y militar de su proyecto- y del presidente Alfonsín –por
la “amenaza” que la
“democracia” y su gobierno “izquierdista” o
“radical socialista” suponía para
las instituciones y valores castrenses, nacionales y católicos-
interpelaba a no
pocos oficiales, si bien ciertamente no a la mayoría de aquellos
destinados en
el Colegio Militar de la Nación.
Si contabilizamos la
totalidad de los oficiales jefes y subalternos destinados en el Colegio Militar
de la Nación en 1984, aquellos que evidenciaban posiciones o comportamientos
“politizados” y abiertamente críticos al generalato y el gobierno nacional eran
una minoría, pero una minoría activa y visible ante autoridades, camaradas y
cadetes. Entre estos últimos estarían aquellos que integraban las Promociones
115 a 120 -que cursaron en esa academia militar entre 1984 y 1989- y estuvieron
destinados como subtenientes o tenientes en diferentes unidades del país cuando
sucedieron los “levantamientos carapintada”. Esos subtenientes y tenientes para
entonces estaban familiarizados con la prédica “carapintada”, registrándose en
una minoría un involucramiento activo en aquellos sucesos; en tanto que la
mayoría no participó, pero se negó –al igual que hicieron muchos de sus jefes-
a reprimir a sus camaradas, sobre todo, en ocasión de los primeros tres
“levantamientos”.
A fines de 1984 se
le comunicó a Balza que en 1985 sería subdirector. Le pregunté cuál había sido
su balance del año como jefe del Cuerpo de Cadetes:
No
fue difícil para mí,
pero si conflictivo para la conducción del Colegio porque en el
staff de
oficiales instructores había hijos de miembros caracterizados
del Proceso,
varios, estaba también Capponetto… y el Ejército
estaba conducido por un
generalato que también respondía a los postulados del
Proceso […] El generalato
con contadísimas excepciones veía a Alfonsín como
sinónimo de la subversión. Al
Colegio Militar venían profesores de la Escuela de Inteligencia
que daban
conferencias en las que todo eso se acentuaba. El subdirector, el
coronel
Gualco, era un hombre de Inteligencia con todos los vicios de esa
especialidad.
Nadie se explicó nunca cómo fue subdirector. Pensaba que
en el país los
`enemigos´ habían ganado políticamente…
Decían que Alfonsín y Borrás venían a
destruir al Ejército. Algunos profesores que eran militares
retirados, por
acción u omisión, estimulaban ese clima. Conmigo
tenían sentimientos
encontrados: era un veterano de guerra condecorado y no era un oficial
de
escritorio; pero también algunos me sindicaban como `adherente
de la sinagoga
radical´. Fue un año difícil.[26]
En 1985 se hizo
cargo de la dirección el general de brigada Antonio José Deimundo Piñeiro. Los
veintidós oficiales que integraban su staff
y el de Balza eran tenidos como “profesionales”. Se nombró como jefe de Cuerpo
de Cadetes a un oficial que tenía una perspectiva contraria a aquellos que se
mostraran a favor de actos de indisciplina: el teniente coronel Carlos Salvador
Ruffino. A su vez, el mayor médico Alberto Leopoldo Bolaño reemplazó a
Capponetto. Sin embargo, el Batallón de Infantería continuó con oficiales
“politizados”: el teniente coronel Luis Nicolás Polo permaneció como jefe del
Batallón. Lo secundaban con esas posiciones “politizadas” los tenientes primero
Juan Bautista Sasiain (1º Compañía de Infantería), Martín Eduardo Sánchez Zinny
y Andrés Máximo Maisano (2º Compañía de Infantería), Leopoldo Guillermo
Quintana y Carlos María Ricciardi (3º Compañía de Infantería); en tanto que
Mario Marcelo Orstein fue promovido como jefe de la 3º Compañía de Infantería.
Asimismo fueron incorporados nuevos oficiales “politizados” como el jefe de la
2º Compañía de Infantería capitán Jorge Raúl Daura y los oficiales instructores
tenientes primero José Luis Giro Martín (1º Compañía de Infantería), Jorge
Alberto Guidobono (2º Compañía de Infantería), Jorge Aníbal Santiago Cadelago
(3º Compañía de Infantería), Ricardo Jacinto Novoa y José Alberto Guglielmone
(Compañía 1º Año “A”), Ernesto Hanse Larramendi y Juan Eduardo Emilger
(Compañía 1º Año “B”). En tanto que otros dieciséis oficiales de infantería
eran reconocidos como “profesionales”. El jefe de la Agrupación Montada
continuó siendo el teniente coronel Héctor Francisco Olascoaga. En tanto que en
las subunidades de caballería, artillería, ingenieros, comunicaciones y
arsenales predominaban oficiales –treintaisiete- “profesionales”; apenas la
Compañía de Comunicaciones incorporó uno "politizado”.[27]
En 1986 el general
de brigada Deimundo Piñeiro y el coronel Balza siguieron como director y
subdirector. Sus staff continuaron
integrados por unos treintaitrés oficiales “profesionales” y solo un par
“politizados”.[28] El nuevo jefe del Cuerpo de
Cadetes era el teniente coronel Horacio Raúl Robredo. Como en los dos años
anteriores, el Batallón de Infantería exhibía mayor concentración de
“politizados” o “simpatizantes”, comenzando por su jefe, el mayor Juan Carlos
Mañé. Otro tanto sucedía con los capitanes Carlos María Ricciardi (jefe de la
1º Compañía de Infantería), Martín Eduardo Sánchez Zinny (jefe de la 2º
Compañía de Infantería) y Ricardo Jacinto Novoa (jefe de la Compañía de 1º Año
“A”), los tenientes primero Juan Eduardo Emilger (1º Compañía de Infantería),
Jorge Alberto Guidobono (2º Compañía de Infantería) y José Alberto Guglielmone
(Compañía de 1º Año “A”). Por su parte eran tenidos como “profesionales” otros
veintitrés oficiales de infantería. La Agrupación Montada estaba a cargo de un
“profesional”, el mayor Juan Carlos Videla. Y treintaiún oficiales de
subunidades de caballería, artillería, ingenieros, comunicaciones y arsenales
eran “profesionales” y sólo uno era “politizado”.[29]
De acuerdo con
Balza, a fines de 1985 “varios oficiales ideologizados” fueron asignados a
otras unidades del Ejército. Normalmente los jefes de subunidades u oficiales
instructores permanecían en el Colegio Militar de la Nación dos o tres años.
Sin embargo, aquellos que evidenciaban puntos de vista o comportamientos
tenidos como “politizados” no vieron penalizada entre 1984-1985 la continuidad
en esa academia militar; es decir, si bien podían ser objeto de críticas por
parte de sus autoridades y de otros camaradas, eran tolerados. Los propios
oficiales instructores “nacionalistas” han sostenido que no fueron objeto de
sanciones disciplinarias.[30]
Algunos de ellos incluso
conservaron cargos importantes: el teniente coronel Luis Nicolás
Polo como jefe
del Batallón de Infantería en los años 1984 y
1985, el teniente primero Mario
Marcelo Orstein -jefe de la 3º Compañía de
Infantería en 1985-, el teniente
primero Jorge Enrique Altieri -jefe de la Compañía
Comando y Servicios en 1986,
el capitán Leopoldo Guillermo Quintana –oficial
logístico del jefe de Cuerpo de
Cadetes en 1986-, el mayor Juan Carlos Mañé –jefe
del Batallón de Infantería-,
el capitán Carlos María Ricciardi –jefe de la
1º Compañía de Infantería- el
capitán Martín Eduardo Sánchez Zinny –jefe
de la 2º Compañía de Infantería-, el
capitán Ricardo García Novoa –jefe de la
Compañía de 1º año “A”.
Pregunté a
Balza ¿por qué sucedía esto? Y me
respondió: “Cómo no iban a ser tolerados si
los propios generales hacían públicas sus críticas
al gobierno nacional y
reivindicaban abiertamente la lucha contra la subversión durante
el Proceso”.[31] La conducción superior del
Ejército ni las autoridades del Colegio ejercieron una “persecución” sobre
estos oficiales “nacionalistas” o sus “simpatizantes”. A ninguno de ellos no
corresponde por entonces aplicarles el término “carapintadas”, pues este es
para los años 1984-1986 un rótulo extemporáneo, pues comenzó a emplearse desde
Semana Santa de 1987.
Ciertamente entre
los años 1984 y 1986 existían puntos de contacto y superposiciones entre los
discursos del “generalato” y los “politizados”, pero estos últimos se
diferenciaban de los primeros cuando sostenían duras críticas contra la
ineptitud de la conducción superior del Ejército y la desprotección a la que
dejaban a la Fuerza ante lo que consideraban como ataques sistemáticos del
gobierno nacional contra las Fuerzas Armadas. Del mismo modo, se evidenciaban
coincidencias entre los oficiales “politizados” y los “profesionales”, dado que
muchos de estos también cuestionaban el modo en que el “generalato” conducía al
Ejército. Pero a diferencia de los primeros, los “profesionales” consideraban
que aquellas críticas no podían derivar en la subversión del orden, la jerarquía
y disciplina militar, pues eso acabaría destruyendo la institución y profesión
castrense. Estas afinidades y diferencias volverán a hacerse evidentes en los
“levantamientos carapintada”.[32]
Educación
militar: entre la reivindicación del pasado y la adecuación a los nuevos
tiempos
En ese conflictivo
escenario del Ejército, algunos oficiales promovieron reformas en la educación
militar para adecuarla a los cambios en las relaciones civil-militares y en la
sociedad argentina en democracia. Esas iniciativas reformistas, no obstante, se
confrontaban con las percepciones y acciones predominantes en la conducción
superior de la Fuerza y entre otros camaradas que efectuaban una defensa de
ideas tradicionales que concebían al Ejército como una institución que
encarnaba una concepción de la Nación argentina “occidental y cristiana”, más
precisamente, “católica”. Ideas y valores que habían justificado y eran
invocadas para reivindicar la “lucha” o “guerra contra la subversión” en la
década de 1970, así como las manifestaciones que –se creía- asumía la
“subversión” en el presente.[33]
Si la Guerra de
Malvinas había sido una guerra en la que el Ejército había sido derrotado por
los británicos, por el contrario, la “lucha contra la subversión” supuso un
combate en que resultó militarmente victorioso, aun cuando la condena pública
de amplios sectores de la dirigencia política y de la sociedad argentina
evidenciaba que ese “triunfo de las armas” supuso una “derrota política y
cultural” que se manifestó en el colapso del “Proceso” y en los juicios por
crímenes por la violación a los derechos humanos impulsados en democracia. De
modo que la reivindicación del combate “contra la subversión” y el homenaje a
los “camaradas asesinados” o “muertos” en la misma constituían una clara
prioridad para la conducción superior del Ejército.[34] Recordar a los “camaradas
caídos” era una actitud esperada, necesaria y legítima. Es por ello que
ordenaron conmemoraciones mensuales.
De esas
conmemoraciones se conservan los discursos del director del Colegio Militar de
la Nación entre los años 1985-1986, el general de brigada Antonio José Deimundo
Piñeiro. Su trayectoria profesional militar es la de un oficial jefe y oficial
superior del Ejército que cumplió esa etapa de su carrera en el “Proceso”. En
esos años estuvo destinado en España en la Escuela de Guerra entre 1976 y 1977.[35] A su regreso con el grado de
teniente coronel fue designado jefe del Regimiento de Infantería de Monte Nº30
de la localidad de Apóstoles (provincia de Misiones) entre octubre de 1977 y
octubre de 1979. Como jefe de esta unidad era responsable del Área 232 de la
Subzona 23 de la Zona 2. Sin bien la justicia imputó a su antecesor, el
teniente coronel Héctor Leopoldo Flores, como responsable de haber cometido
crímenes de lesa humanidad como jefe de ese Regimiento (entre octubre de 1975 y
octubre de 1977), algunas fuentes periodísticas extienden responsabilidad a
quienes lo sucedieron: Deimundo Piñeiro (octubre de 1977 a octubre de 1979) y
los tenientes coronel Eduardo Antonio Cardoso (de octubre de 1979 a septiembre
de 1981) y Juan Carlos Correa (septiembre de 1981 a octubre de 1983).
En un discurso
pronunciado en la conmemoración del 117º Aniversario del Colegio Militar de la
Nación, Deimundo Piñeiro decía:
De esas camadas de
oficiales [egresados] hay quienes murieron heroicamente, como deseamos hacerlo
los soldados, en los campos de batalla de todos los confines de la patria,
algunos con sus cuerpos aún calientes en los montes tucumanos y en las
irredentas Malvinas, otros, asesinados por quienes intentaron negarnos el
derecho de ser cristianos y en consecuencia libres; y muchos como otros que
dejaron esta vida terrenal naturalmente como casi todos los seres humanos. A
todos ellos, en este día, nuestro recuerdo y agradecimiento.[36]
Pero su
reivindicación de la “guerra contra la subversión” y exaltación del mérito
militar de “camaradas asesinados” o “muertos”, no le impedían reconocer que las
relaciones entre civiles-militares habían cambiado radicalmente en el
incipiente escenario democrático y que era preciso adecuarse a esa nueva
situación. También enfatizaba que la sociedad argentina había mudado desde
diciembre de 1983 y el Ejército no podía quedar al margen de esas
transformaciones políticas, sociales y culturales. Por ello sostuvo que:
[…] el concepto de
Nación conlleva la existencia de las Fuerzas Armadas sólidas y permanentes,
puestas exclusivamente a su servicio, y conducidas por hombres educados e
instruidos en un hogar común, lo que supone identidad de ideales, unidad de
pensamiento, de conocimientos y de acción […] Estos criterios no significan ni
significarán el desarrollo por parte del Colegio Militar de la Nación de un
proceso educativo desvinculado de la problemática de la sociedad de la cual
esos hombres provienen, integran y sirven, o dicho de otro modo, la formación
de los futuros oficiales con pautas diferentes de la que la Nación persigue
para todos los argentinos. Si debemos reiterar que esa identidad de ideales,
unidad de pensamiento, de conocimiento y de acción responde básicamente a las
singulares responsabilidades que el Estado le asigna a las Fuerzas Armadas y,
consecuentemente, es imprescindible obtener las conductas que aseguren su
materialización más ajustada.[37]
De modo que si cabía
alguna singularidad en la formación de los oficiales que los diferenciara de
aquella que recibían otros jóvenes argentinos, esta era sólo una de orden
funcional, es decir, conforme a las responsabilidades que como militares debían
asumir como funcionarios del Estado nacional. Ciertamente la concepción de
sociedad nacional del director era católica, pero no se asemejaba a aquella que
hemos reconocido entre los oficiales “nacionalistas”:
El Colegio Militar de la
Nación dentro del marco global de la reestructuración del Ejército y desde el
año próximo pasado [1984], ha reformulado su sistema de enseñanza y está
revisando su organización y régimen funcional. La escala de valores propuesta
por la Fuerza, basado en la concepción cristiana de la vida y de los principios
expresados en la Constitución Nacional, la problemática de la guerra moderna,
experimentada muy reciente [sic] y las transformaciones de nuestra sociedad
constituyen los factores condicionantes fundamentales de la metódica, profunda
y sistematizada tarea que tenemos en plena ejecución.[38]
No debe escapar a
nuestra interpretación el énfasis colocado en la invocación a la Constitución
Nacional. Recordemos que Raúl Alfonsín a cerrar los actos de campaña con la enunciación
programática su Preámbulo. La estricta obediencia a la Constitución y a las
autoridades de ella emanadas, bien podían convivir en el discurso de Deimundo
Piñeiro con la ponderación de las tradiciones militares fundadas en el “amor a
dios” y a la “libertad”, tal como dejó constancia en la ceremonia de la Plaza
de Armas con motivo del inicio del ciclo lectivo 1986:
En primer término sepa
el Colegio Militar de la Nación que insistiremos con firmeza y decisión en
continuar formando a los futuros oficiales en la más pura tradición militar
argentina. Esencias que se concretan en el amor a dios y a la libertad, en el
acatamiento a la Constitución Nacional y a los poderes que de ella emanan, en
la prioritaria valorización de las cualidades humanas, y en la plena e idónea
dedicación al cumplimiento del deber militar.[39]
No perdamos de vista
al comprender esta referencia a la Constitución, el modo burlón y crítico con
que los editores de la revista Cabildo referían
a aquella en los discursos de Alfonsín.[40] Y tengamos también en cuenta que el poder
político apelaba a la Constitución para afirmar el principio de subordinación
militar al poder civil. Así pues, en la ceremonia de egreso de la Promoción
117, 4 de diciembre de 1986, sostuvo:
A partir de mañana en
que el señor Presidente de la Nación los investirá con el símbolo del mando
militar [en la ceremonia del egreso conjunto], función esencial y primaria de
todo oficial, iniciaban el atrayente y apasionante camino de la milicia. Atrayente
y apasionante camino que lo comenzarán en unas circunstancias mundial y
nacional particularmente compleja, fluida y dinámica y que deberán transitarlo
entre este convulsionado siglo, que muy pronto finalizará, y el próximo que ya
se avecina signado por profundas mutaciones. Esta singular situación les
impondrá como consecuencia de nuestro triple carácter de hombres, ciudadanos y
soldados argentinos, enfrentarla con un conjunto de actitudes y aptitudes
acordes con los signos de los tiempos que acabamos de definir.[41]
En esa realidad
“compleja, fluida y dinámica” se esperaba de aquellos jóvenes soldados apertura
de ideas y sensibilidad para apreciar y acompañar los cambios en la Argentina y
el mundo. Es preciso reparar en esas expresiones de Deimundo Piñeiro, pues su
reivindicación pública del accionar del Ejército “contra la subversión” en la
década de 1970 convivía bien en su perspectiva con la genuina exigencia
impartida a sus subordinados (y no sólo a los cadetes) de comprometerse con las
transformaciones en la sociedad. En otros términos, quizá a algunos lectores
ambas afirmaciones les resulten contradictorias, pero si queremos comprender
situacionalmente el punto de vista de este militar, apreciaremos que aquel
mensaje institucional en la tradicional ceremonia de egreso de los cadetes no
era, en modo alguno, un cerrado llamado a abroquelarse en ideas y valores
esenciales de la milicia, sino uno que advertía sobre los necesarios cambios
que como “hombres, ciudadanos y soldados argentinos” debían afrontar como
integrantes de la Nación.[42] Veamos cómo continuaba:
Nos impone poseer una
actitud personal amplia, receptiva, permeable y libre de preconceptos, para
aceptar y acompañar racionalmente estos profundos cambios, como datos de esta
tangible realidad que nos circunda. Sociedad que ha cambiado fundamentalmente
porque el hombre es distinto; el hombre de hoy, ustedes jóvenes subtenientes
poseen comportamientos, formulan preguntas y requieren respuestas que hasta
hace algunos años eran impensables e impensadas, pero que hoy constituyen una
realidad que hay que asumir y enfrentar con inteligencia, valentía y sensatez.[43]
El lector escéptico
dirá en esta oportunidad que los dichos de Deimundo Piñeiro estaban más
dirigidos a las autoridades civiles, especialmente del Ministerio de Defensa.
Pero incluso asumiendo esto, a ese lector no puede escapársele que la
mayoritaria audiencia castrense en el Patio de Honor del Colegio también estaba
atenta a lo que se dijera o no. Y si bien había oficiales que cuestionaban el
recurso del director a aquella mentada “actitud amplia, receptiva, permeable y
libre de preconceptos” indispensable para que los subtenientes recién egresados
pudiese “aceptar y acompañar racionalmente” los “cambios profundos” por los que
atravesaba el país y el mundo; otros juzgaban que el sino de los tiempos había
mudado y que, efectivamente, era preciso que el Ejército se relacionara con la
sociedad y la política en democracia de un modo desconocido en los últimos
cincuenta años. Los militares ya no podían arrojarse el derecho y el deber de
tutelar los destinos de la Nación.
En
comparación con Deimundo Piñeiro, Balza era un oficial superior que no
reivindicaba el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en la “lucha” o la
“guerra contra la subversión”, porque consideraba que aquella estaba ligada a
violaciones a los derechos humanos inconcebibles en un “estado de derecho”, ni
factibles de ser reconocidas por el “derecho de guerra” o “leyes de la guerra”.[44] Entre los años
1984 y 1986 este posicionamiento o actitud se revelaba más bien marginal si nos
atentemos a las declaraciones públicas efectuadas por otros oficiales
superiores del Ejército en defensa del accionar represivo durante el “Proceso”.
En este sentido, la perspectiva Balza encarnaba un punto de vista minoritario
entre aquellos oficiales superiores. Pero también Balza era (y es) un oficial
que, como la mayoría de los oficiales y suboficiales que estuvieron en
actividad en el Ejército entre 1976 y 1983, no participó ni estuvo directamente
involucrado en hechos pasibles de ser judicialmente caracterizados como actos
de terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos.
Ahora bien, esas
diferencias apreciables con Deimundo Piñeiro en torno de la reivindicación del
accionar en la “lucha” o la “guerra contra la subversión” no le impedían a
Balza reconocer coincidencias en otros asuntos. En 1985 concretaron una reforma
en el Plan de estudios destinado a la formación de los cadetes. Fue la primera
encarada en democracia por iniciativa del Ejército.[45] Suscitó algunos
cuestionamientos internos que, no obstante, no impidieron su concreción.[46] El capitán Mario Luis Chretien,
un “profesionalista” que era oficial de Operaciones del Cuerpo de Cadetes en
1985, recuerda que la reforma:
Le daba importancia a la
parte intelectual, a los idiomas, literatura, historia militar. También hubo
cambios importantes en la enseñanza de la táctica: el cadete necesitaba
aprender en el primer año cómo es el soldado individual, en el segundo la
fracción, en tercero el grupo y en cuarto la sección. En esa época el oficial
instructor empezó a dar clases en el aula. Ese año estaba en auge los comandos
y los cursos de paracaidistas. Los cadetes querían hacer esos cursos en
diferentes ambientes geográficos.[47]
También eran clave
los cambios en la sociabilidad militar de los cadetes, responsabilidad de los
oficiales instructores. Deimundo Piñeiro y Balza eran conscientes que prácticas
castrenses legítimas en los tiempos en que fueron cadetes u oficiales
instructores, ya no podían ser sustentadas en el presente. Los tenientes
primero Oscar Martínez Conti y Antonio Eduardo Serrano, oficiales instructores
“profesionalistas” de la Batería de Artillería, cuentan que:
Una vez mandamos con
Antonio [Serrano] a unos cadetes al cónclave para ver si pasaban de año. Vino
Martín [Balza] y nos cagó a pedos porque los habíamos mandado. Quizá nosotros
fuimos muy duros. Quizá él se puso más blando y desde la función que tenía como
autoridad del Colegio veía cosas que nosotros no percibíamos. Nos dijo que lo
que nos habían exigido a nosotros en nuestros tiempos de cadetes ya no era
posible de ser exigido, porque la sociedad había cambiado y los jóvenes
también. Pensá que era el primer año de la democracia: 1984.[48]
Yo había escuchado
comentarios de que Martín era duro y hasta arbitrario de joven. Pero la vida lo
fue haciendo más ecuánime. Y nos exigía a los oficiales instructores ser
ecuánimes con los cadetes […] Venía a los cónclaves para si los cadetes
aprobaban el año o iban a ser dados de baja. Cuando los oficiales no
fundamentaban por qué un hombre `no puede ser militar´ y con eso se lo
pretendía dar de baja, nos preguntaba: ¿Por qué? O nos decía: usted dice que es
malo, pero ¿no tiene días de arresto? O: ese cadete puede ser mediocre, pero no
necesariamente eso quiere decir que no puede ser militar. Tenía que remar mucho
para imponer esos cambios […] Martín nos decía que no teníamos que ser
arbitrarios, que teníamos que cambiar esas inculturas.[49]
A su vez, los
oficiales instructores “nacionalistas” evaluaban críticamente el impacto de la
reforma, pues –decían- con ella Balza había “comenzado un proceso de `ablandamiento´
de la disciplina” basándose en su concepción de la “libertad responsable” de
los cadetes en ejercicio del estudio académico y actividades militares.[50]
La colaboración
entre Deimundo Piñeiro y Balza concluyó cuando el último fue designado inspector
de Artillería a comienzos de 1987. Deimundo Piñeiro fue confirmado en cargo de
director por un tercer año y permaneció en el mismo hasta inmediatamente
después del “levantamiento carapintada” de abril de 1987 cuando se dispuso su
pase a situación de retiro. El Colegio Militar de la Nación no fue una unidad
en la que se concentraron oficiales durante ese “levantamiento”, pero la
conducción del Ejército decidió que era preciso producir cambios en su
dirección y en el Cuerpo de Cadetes tras aquellos sucesos.[51]
Conclusiones
Tras la derrota en
la Guerra de Malvinas y con el colapso de los gobiernos del “Proceso”, se abrió
una crisis profesional e institucional en el Ejército que eclosionó con el
“levantamiento carapintada” de abril de 1987. En este artículo se buscó enfocar
cómo esa crisis fue percibida y experimentada por autoridades, oficiales jefes
y subalternos en el Colegio Militar de la Nación entre 1984 y 1986, esto es,
entre el inicio del gobierno de Alfonsín y los meses previos a la crisis de Semana
Santa de 1987. De este modo, procuré ofrecer una contribución sustantiva al
estudio de los militares en la historia reciente comprendiendo perspectivas de
actores castrenses que no conformaban la conducción superior de las Fuerzas
Armadas, situando a esos actores en una institución clave destinada a la
formación de los futuros oficiales, y reconociendo diferentes posicionamientos
y actitudes de autoridades y oficiales en relación con cambios producidos en
las relaciones civiles-militares y en la sociedad en la transición democrática.
Se identificó en el
Colegio Militar de la Nación a una minoría de oficiales autodefinidos
“nacionalistas” que desde una concepción católica e integrista se reconocían
críticos de la “ideología liberal” del “Proceso”, de la conducción superior del
Ejército por no proteger a camaradas juzgados por su participación en el
combate a la “subversión”, y del gobierno de Alfonsín por desplegar una campaña
contra las Fuerzas Armadas y ser sospechado de encarnar una renovada
manifestación de la “subversión”. También vimos que había oficiales que no
asumían definiciones claramente programáticas, pero eran tenidos como
“simpatizantes” de los “nacionalistas”; y que unos y otros tenían fuerte
presencia en el Batallón de Infantería. Asimismo que las autoridades del
Colegio y oficiales que cuestionaban las ideas y actitudes de los
“nacionalistas”, los rotulaban como “politizados” o “ideologizados”, en tanto
que ellos se definían como oficiales “profesionales”. Además se observó que
algunos de estos últimos compartían con los primeros críticas al “generalato” y
el “gobierno radical” y les preocupaba el juzgamiento de camaradas por causas
por derechos humanos; pero entendían que esas críticas no podían explicitarse
públicamente ni emplearse para estimular un “estado de deliberación” que
violentara la disciplina y el ejercicio del mando, pues ello acabaría con el
Ejército como institución. Al tiempo que se señaló que entre los
“nacionalistas” y sus “simpatizantes” había oficiales hijos de jerarcas militares
de la dictadura que no se reconocían críticos del “Proceso”.
Existía también un
extendido consenso en torno de la reivindicación de la “lucha” o “guerra contra
la subversión” en la década de 1970. Sin embargo, para algunos oficiales como
el general de brigada Deimundo Piñeiro, esa reivindicación coexistía con el
reconocimiento de la necesaria promoción de importantes cambios, especialmente
en la educación de los oficiales, para que el Ejército se adecue a las inéditas
transformaciones sociales, políticas y culturales en democracia. Así pues, la
defensa de una educación basada en el “amor a dios y la libertad”, esto es,
católica y alineada con los principios liberales de Occidente, no presuponían
la atribución de una excepcionalidad social y moral que erigiera a los
militares en únicos garantes de los intereses y valores de la Nación argentina
en el escenario de la Guerra Fría. Si esa tradicional concepción había sido
invocada durante décadas como fundamento de la tutela castrense sobre la
ciudadanía, aquel director del Colegio representaba a los oficiales como
“hombres” y “ciudadanos” cuya singularidad residía en las funciones que
cumplían como “soldados” para el Estado y la sociedad nacional. En
correspondencia, enfatizaba además la subordinación castrense a los principios
de la Constitución Nacional y al poder político civil. Por último, se señaló
que la reforma educativa hizo foco no sólo en cambios en contenidos
curriculares sino en la sociabilidad de los cadetes promoviendo una relación
instructor-cadete menos autoritaria y el ejercicio de la “libertad responsable”
de estos últimos en el desempeño de sus estudios y actividades cotidianas. Esta
reforma comenzó su implementación en los años 1985-1986, encontrando
resistencias dentro de la corporación militar. En qué medida tuvo buen suceso o
no entre 1987-1990, es una pregunta a responder en otro trabajo donde
intentaremos enlazar los resultados alcanzados en este artículo con
investigaciones sobre educación militar desde la década de 1990 -con la creación
de los Institutos Universitarios de las Fuerzas Armadas- hasta el presente.
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[1] Guillermo
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Philippe Schmitter y Laurence Whitehead, (editores). Transiciones desde un
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[2] Esta afirmación
no desconsidera, tal como han observado acertadamente Claudia Feld y Marina
Franco, la comprensión de los primeros años de la denominada transición
democrática como un proceso que fue percibido y experimentado por una
diversidad de actores sociales –incluidos los militares- como una época de
incertidumbre cuyos resultados en modo alguno estaban definidos de antemano.
Claudia Feld y Marina Franco. “Introducción”, en Claudia Feld y Marina Franco,
(directoras). Democracia, hora cero.
Actores, políticas y debates en los inicios de la postdictadura. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp.9-22.
[3] A los efectos
de un estudio sobre las relaciones civiles-militares en la “transición
democrática”, sigo a Daniel Mazzei cuando señala que la represión por parte de
la conducción del Ejército al “levantamiento carapintada” del 3 de diciembre de
1990 marcó el fin de ese proceso transicional en la medida que desde entonces
supuso la subordinación castrense a la conducción política civil. Daniel
Mazzei. “Reflexiones sobre la transición democrática”, PolHis Año 4 Nº7, 1º semestre 2011, pp.8-15. Sobre los
“levantamientos carapintada”: Ernesto López. El último levantamiento. Buenos Aires, Legasa, 1988. Marcelo Sain. Los
levantamientos carapintada. 1987-1991 Buenos Aires. Centro Editor de América Latina, 1994.
[4] El foco de
análisis en la trayectoria profesional de Martín Antonio Balza tiene que ver
con la inscripción de este trabajo en una investigación histórica y etnográfica
sobre liderazgos militares en la Argentina desde 1983 al presente. Asimismo,
entiendo que mediante la producción de entrevistas que busquen reconocer
perspectivas y experiencias de militares en la “transición democrática”, es
posible abordar el estudio de las Fuerzas Armadas desde un punto de vista que
comprenda sus vivencias y memorias sobre aquel proceso.
[5] Esta
investigación es parte mi labor como investigador del CONICET centrada en el
estudio histórico y etnográfico de la educación, profesión y liderazgos
militares en la Argentina, y como director del PICT2015-1428 Profesionales,
intelectuales y Estado. Análisis comparado de trayectorias y configuraciones
sociales en la Argentina.
[6] Oficiales
superiores: generales y coronel; oficiales jefes: teniente coronel y mayor;
oficiales subalternos: capitán, teniente primero, teniente, subteniente. Para
el período de la transición democrática disponemos de investigaciones sobre
concepciones ideológicas y actitudes políticas de las conducciones de las
Fuerzas Armadas. Ernesto López. Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema
político y cuestión militar en los años de Alfonsín. Bernal, Universidad
Nacional de Quilmes, 1994. Paula Canelo. “La descomposición del poder militar
en la Argentina. Las Fuerzas Armadas durante las presidencias de Galtieri,
Bignone y Alfonsín (1981-1987)”, en Alfredo Pucciarelli, (compilador). Los
años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? Buenos Aires, Siglo Veintiuno
Editores, 2006, pp.65-114. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz. “Militares en la
transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional”, en Anne
Pérotin-Dumon, (directora). Historizar el
pasado vivo en América Latina. Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 2007,
pp.3-94.
[8] Ejército
Argentino. Legajo Personal del Teniente
General Martín Antonio Balza (duplicado).
[9] Elaboración
propia con información de: Abelardo Figueroa. Promociones egresadas del Colegio Militar de la Nación. Buenos
Aires, Edivérn, 2001.
[10] Hemos realizado
un análisis de posicionamientos y actitudes de todos los oficiales destinados
en el Colegio Militar de la Nación entre 1984 y 1986, reconociendo a aquellos
autodefinidos como “nacionalistas” y los rotulados como “politizados” o bien
“profesionalistas”, conforme a entrevistas y el estudio de sus trayectorias
profesionales y políticas. Por razones de espacio sólo haré referencia a los
nombres de algunos protagonistas, la mayoría pertenecientes a las compañías de
infantería.
[11] Estos términos
entrecomillados corresponden a expresiones de actores sociales.
[12] Loris Zanatta. Del Estado Liberal a la Nación Católica. Iglesia y
ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes,
1996. Humberto Cuchetti. “Algunas lecturas sobre la relación iglesia/peronismo (1943-1955):
entre el mito de la `nación católica´ y la `iglesia nacional´. Revista Confluencia, año 1 Nº1, 2003.
Martín Obregón. Entre la cruz y la
espada. La Iglesia Católica durante los primeros años del ‘Proceso’.
Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2005. Elena Scirica. “Ciudad
Católica-Verbo: Discurso, redes y relaciones en pos de una apuesta [contra]
revolucionaria”. Ponencia presentada en IV
Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad. Rosario, Universidad
Nacional de Rosario, 2006. Miranda Lida. “Los orígenes del catolicismo de masas
en la Argentina, 1900-1934”. Jahrbuch für
Geschichte Lateinamerikas, 46, 2009, pp.345-370. Mario Ranalletti. “Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y
extremismo de derecha en la formación militar argentina. Influencias francesas en los orígenes del
terrorismo de Estado (1955-1976)”, en Daniel Feierstein,
(compilador). Terrorismo de
estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires, Prometeo, 2009,
pp.249-281. Facundo Cersósimo. “El tradicionalismo católico argentino:
entre las Fuerzas Armadas, La Iglesia Católica y los nacionalismo. Un estado de
la cuestión”. PolHis, Año 7 Nº14,
2014, pp.342-374. Fortunato Mallimaci. El
mito de la Argentina laica. Catolicismo, política y Estado. Buenos Aires,
Capital Intelectual, 2015.
[13] Marcelo Sain. Los
levantamientos carapintada... op.cit.
[14] Entrevista al
teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 2 de noviembre de 2016. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
[15] Héctor Simeoni
y Eduardo Allegri. Línea de fuego.
Historia oculta de una frustración. Buenos Aires, Sudamericana, 1991.
pp.80-81.
[16] Ibídem.p.82.
[17] Ibídem.p.84.
[18] Ibídem.p.85.
[19] Entrevista al
teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 2 de noviembre de 2016. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
[20] Entrevista al
teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 19 de octubre de 2016. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La nómina de oficiales y sus cargos en el Colegio
Militar de la Nación ha sido confeccionada en base a información tomada del Libro Histórico de esa academia militar
de 1984, 1985 y 1986. En la caracterización de los posicionamientos y actitudes
“politizadas” o “profesionales” me oriento principalmente por testimonios de
Balza y otros oficiales. Pero también me he servido de trabajos de científicos
sociales y periodistas –citados en este texto- que estudiaron los
“carapintada”.
[21] El teniente
primero Luis Alejandro Candia.
[22] El teniente
primero José Alberto Guidobono y el mayor médico Mario Caponnetto.
[23] Laura Graciela Rodríguez.
“Los nacionalistas católicos de Cabildo y la educación durante la última
dictadura en Argentina”. Anuario de Estudios Americanos, Vol. 68, 1,
2011, pp. 253-277. Jorge Saborido. “El nacionalismo argentino en los años de plomo:
la revista Cabildo y el proceso de reorganización nacional (1976-1983). Anuario de Estudios Americanos, volumen
62, Nº 1, 2005, pp.235-270. Patricia
Orbe. “Entre mitines y misas. La revista Cabildo y la red de sociabilidad
nacionalista católica (1973-1976). Ponencia presentada en IV Jornada de
Historia Política. Bahía Blanca. Universidad Nacional del Sur / Programa Buenos
Aires de Historia Política.
[24] Germán Ferrari.
Símbolos y fantasmas. Las víctimas de la
guerrilla: de la amnistía a “justicia para todos”. Buenos Aires,
Sudamericana, 2009, p.179.
[25] Laura Graciela
Graciela. “Los nacionalistas católicos de Cabildo… op.cit. p.255.
[26] Entrevista al
teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 4 de mayo de 2016. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
[27] El teniente
Enrique Alfredo Ferraris.
[28] El capitán
Leopoldo Guillermo Quintana.
[29] El teniente
Enrique Alfredo Ferraris.
[30] Héctor Simeoni
y Eduardo Allegri. Línea de fuego… op.cit.
p.80-81.
[31] Entrevista al
teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 19 de octubre de 2016. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
[32] Ernesto López. El
último levantamiento… op.cit. Marcelo Sain. Los levantamientos
carapintada... op.cit.
[33] Sobre la
persistencia de discursos militares reivindicando la “lucha” o “guerra contra
la subversión”, véase: Valentina Salvi. “Guerra, subversivos y muertos. Un
estudio sobre las declaraciones militares en el primer año de democracia”, en
Claudia Feld y Marina Franco, (directoras). Democracia,
hora cero… op.cit. Germán Soprano. “El Ejército Argentino en democracia: de
la `doctrina de la seguridad nacional´ a la definición de las `nuevas amenazas”
(1983-2001)”, Revista Universitaria de
Historia Militar, Nº7 vol.4, Cádiz, 2015, pp.86-107.
[34] Como sostiene
Paula Canelo, la “reivindicación de la lucha contra la subversión” constituyó
un factor decisivo de cohesión profesional de las Fuerzas Armadas. Paula
Canelo. El Proceso en su laberinto. La
interna militar de Videla a Bignone. Buenos Aires, Prometeo, 2008.
[35]
El 22 de octubre de 2014 en una nota publicada por el periodista Danilo Albin
en el sitio web del diario español
Público mencionó a Deimundo Piñeiro como un oficial que realizó tareas de
inteligencia sobre exiliados argentinos entre 1976 y 1977 cuando estuvo
destinado en la Escuela de Guerra del Ejército de ese país. http://www.publico.es/politica/torturadores-argentinos-recibieron-cursos-instituciones.html
Consultado en línea el 15 de octubre de 2016.
[36] Libro Histórico del Colegio Militar de
la Nación. Año 1986. Foja 69.
[37] Ibídem. Foja
68-69.
[38] Ibídem. Foja
70. No debemos olvidar asimismo que la Constitución Nacional hasta que fue
reformada en 1994 prescribía que el presidente de la Nación debía profesar la
religión Católica, Apostólica Romana.
[39] Ibídem. Foja
60.
[40] Véase:
editoriales de Cabildo correspondientes
a los números 70 y 71 (segunda época), publicados en los meses de noviembre y
diciembre de 1983.
[41] Libro Histórico del Colegio Militar de
la Nación. Año 1986. Foja 71.
[42] Ibídem. Foja 72.
[43] Ibídem. Fojas 71-72.
[44] Cuando Balza
era jefe de Cuerpo de Cadetes en 1984, en conversaciones con oficiales y
suboficiales –no sólo del Ejército sino de otras Fuerzas Armadas- coincidían en
críticas a lo actuado por la dictadura en relación con el accionar represivo y
la violación a los derechos humanos. Entrevista
al teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 14 de diciembre de 2015.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
[45] No he podido
hallar copia del Plan de Estudios. Algunos de los cambios académicos y en la
sociabilidad militar introducidos con el Plan fueron reconstruidos por
testimonios de militares destinados entonces en el Colegio Militar de la
Nación.
[46] Entrevista al
teniente general VGM (R) Martín Antonio Balza. 14 de diciembre de 2015. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
[47] Entrevista al
general de división (R) Mario Luis Chretien. 19 de noviembre de 2015. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
[48] Entrevista al
general de brigada VGM (R) Oscar Martínez Conti. 9 de diciembre de 2015. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
[49] Entrevista al general
de brigada (R) Antonio Eduardo Serrano. 26 de noviembre de 2015. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
[50] Héctor Simeoni
y Eduardo Allegri. Línea de fuego… op.cit.
p.80-81.
[51] Entre quienes
se sumaron al “levantamiento militar” encabezado por Aldo Rico en la Escuela de
Infantería se encontraban oficiales que fueron instructores del Colegio Militar
de la Nación entre 1984-1986: Luis Alejandro Candia, Juan Bautista Sasiain,
Jorge Guillermo Villarreal, Ernesto Hanse Larramendi, Martín Eduardo Sánchez
Zinny, Jorge Raúl Daura, Ricardo Alfredo Morici, Pablo Andrés Oliva, Enrique
Alfredo Ferraris y Andrés Máximo Maisano.