Autonomía y sistematicidad del dispositivo
represor. La Policía Federal en Neuquén (1975-1978) [1]
Autonomy and systematicity
of the repressor device. The Federal Police in Neuquén (1975-1978)
Pablo Scatizza
Facultad
de Humanidades,
Universidad Nacional del Comahue, Argentina
Resumen
En este artículo se expone la dinámica represiva propia que fue adquiriendo
la Policía Federal en Neuquén (Argentina) en los años previos y durante la
última dictadura militar. En este sentido, se destaca cómo se fue articulando
su accionar con las otras fuerzas e instituciones con las cuales constituyó el
dispositivo represor que caracterizó ese período, cuáles fueron algunas
características del universo moral de sus miembros y la manera en que el mismo
se dinamizó con la “lucha antisubversiva”, y cuál fue el grado de autonomía que
tuvo respecto de las Fuerzas Armadas al momento de actuar. El objetivo de este
recorrido es, en definitiva, realizar un aporte más a los estudios sobre
represión y violencia política que se vienen desarrollando hace algunos años en
diversas partes del país, con la idea de armar un mapa cada vez más completo
sobre la manera en que se desplegó el plan represivo que caracterizó a las
décadas del sesenta y setenta en el cono sur.
Palabras clave
Dictadura; Represión; Policía Federal; Neuquén; Norpatagonia
Abstract
This article analyses the repressive dynamic
that the Federal Police in Neuquén (Argentina) acquired in the previous years
and during the last military dictatorship. It is highlighted how its action was
articulated with the other forces and institutions with which this police
constituted the repressive device that characterized that period, what were
some characteristics of the moral universe of its members and the way it was
part of the "anti-subversive struggle", and what was the degree of
autonomy that it had with respect to the Armed Forces at the moment of acting.
The aim of this reflection is, in short, to make a contribution to the studies
on repression and political violence that have been developing since some years
ago in different regions of this country, with the idea of putting together an
increasingly complete map on the way that the repressive plan that
characterized the decades of the sixties and seventies in the southern cone was
deployed.
Keywords
Dictatorship; Repression; Federal Police; Neuquén;
North Patagonia
Juego de escalas
Mirar un cuadro. Por ejemplo, El palacio papal, Avignon, del puntillista Paul Signac (c. 1900). Observado a cierta distancia, la forma del palacio queda separada claramente de un cielo que funde azules, morados y verdes. La luz que refleja el agua que lo rodea permite distinguir la orilla arbolada que continúa al puente de arco inconcluso y, el conjunto, es fácilmente apreciable. Pero al acercarnos al lienzo, la imagen comienza a desdibujarse para darle paso a un conglomerado de puntos de diversos tonos de colores cuyos bordes no son distinguibles a la distancia. Minúsculas pinceladas que ya no parecen puntos siquiera, sino trazos cuyas líneas e irregularidades devela la cercanía de la mirada. Cada color toma matices no percibidos a la distancia, y por momentos se torna difícil diferenciar dónde comienza uno y dónde termina el otro.
Pero lo
interesante no termina allí, sino cuando volvemos a alejarnos para apreciar
nuevamente el cuadro en su conjunto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo que vemos ya no
es lo mismo, si el cuadro es el mismo? ¿Por qué perdió simplicidad, si es que
alguna vez la tuvo?
Algo
similar suele ocurrir en el oficio de historiar, cuando cambiamos la lente para
observar y estudiar esos objetos de investigación que hemos construido con la
pretensión de conocer un pasado que no deja de reconfigurarse. ¿En qué medida
el acto de modificar la escala de análisis y de nuestros niveles de
observación, para ahondar en lo que a simple vista podrían ser matices, nos
puede permitir alcanzar una mayor comprensión de los procesos históricos? ¿Qué
sucede cuando nos detenemos en aquello que a la distancia parecía un dato
complementario o incluso menor, y vemos que más de cerca conformaba en sí mismo
un problema, y cuyo análisis complejiza –y en cierta medida vuelve más
profundo- el conocimiento que ya teníamos? Sería como detenernos en la
pincelada más pequeña, aquella que a la distancia puede pasar desapercibida o
ser parte de un nimio detalle, como “punto de partida de un movimiento más
amplio hacia la generalización”.[2] En
especial cuando luego de sumergirnos en esos “detalles” -que generalmente no
son tales- nos alejamos del cuadro que estamos analizando y volvemos a mirar la
obra en su conjunto. Un movimiento de lo micro a lo macro que produce “efectos
de conocimiento y que puede ser puesta al servicio de estrategias de
conocimiento” –para decirlo con las propias palabras de Jacques Revel- donde lo
que cuenta, justamente, no es la elección de la escala en particular sino el
“principio de variación”.[3]
Debido
a las características propias de nuestro objeto de investigación (que hemos
comenzado a construir hace ya casi una década e involucra a la represión
estatal, sus lógicas y modalidades, cuyo primer acercamiento lo circunscribe a
las décadas de 1960/1970 y por lo cual forma parte de un proceso histórico que
posee múltiples aristas que se desarrolló en diferentes espacios regionales
adquiriendo sus propias especificidades) pensar en una variación de la escala
de observación nos remite necesariamente a dos planos yuxtapuestos. Uno
espacial, que nos permite (o impulsa a) estudiar a este objeto en términos
regionales/locales en tensión con “lo nacional” o metropolitano, y otro que nos
lleva a (o exige) aumentar o disminuir el tamaño de las diferentes unidades de
análisis desde las cuales pretendamos abordarlo, modificando con ello la forma
y la trama que de lo que pretendemos conocer. En este sentido, nuestro trabajo
intenta jugar dentro de este doble plano analítico, buscando reconstruir con
mayor precisión el entramado del dispositivo que hizo posible el despliegue
represivo en la Patagonia Norte durante los años setenta. Si ya la propia
escala de observación desde la cual abordamos en una primera instancia este
objeto era considerablemente menor a la utilizada en otros estudios similares[4] -no
solo por la “regionalización” del objeto sino por el nivel de detalle que fue
posible observar al aumentar la lente-, ahora esta escala se reduce un poco más
en busca de niveles más profundos de lo real, intentando complejizar su
conocimiento.[5]
Para
decirlo en términos metodológicos más concretos, el problema que aquí nos
interesa trabajar es la tensión entre la sistematicidad que caracterizó al
dispositivo represor durante la última dictadura militar y sus años previos, y
los diferentes niveles de autonomía que adquirieron determinadas agencias
represivas que lo constituyeron. Para ello, hemos aumentado aún más la lente
para enfocarnos con mayor precisión en la Delegación Neuquén de la Policía
Federal Argentina (PFA), una unidad de análisis que si bien ya hemos abordado
parcialmente en otros trabajos[6],
ahora lo haremos a partir de ciertos interrogantes específicos sobre los cuales
aún no habíamos trabajado. Más concretamente, con la intención de establecer la
dinámica propia que fue adquiriendo esta fuerza policial como parte del
dispositivo represor desde los años previos al golpe de Estado; cómo se fue
articulando con las otras fuerzas e instituciones que lo conformaron, cuáles
eran algunas características del universo moral de sus miembros y cómo el mismo
se dinamizó con la “lucha antisubversiva”; y cuál fue el grado de autonomía que
tuvo respecto de las Fuerzas Armadas al momento de actuar.
Cuando
hablamos de autonomía, nos referimos
puntualmente al grado o niveles de independencia que tuvieron las distintas
fuerzas policiales y de seguridad en la
planificación y ejecución de las acciones represivas[7],
respecto de las Fuerzas Armadas bajo cuyo control operacional estuvo el
accionar “antisubversivo” desde octubre de 1975.[8]
Ciertos grados de “libertad” que adquirieron, aun formando parte de un
entramado represivo que actuó de manera sistemática de acuerdo a una
planificación previamente desarrollada. Cabe señalar que esta búsqueda es
tributaria en cierta medida de algunos de los trabajos que ha realizado
Gabriela Águila, destacando la manera en que se dio esta tensión en la ciudad
de Rosario y alrededores.[9]
Asimismo, esta modificación en la escala de observación se viene utilizando
metodológicamente en torno al tema de la represión y la violencia política hace
ya algunos años y en diversas partes del país, con la idea de armar un mapa
cada vez más complejo sobre la manera en que se desplegó el plan de exterminio
que caracterizó a las décadas del sesenta y setenta en el cono sur.[10]
Un
elemento motivador para avanzar en esta búsqueda fue la dificultad de poder
ensayar hipótesis lo suficientemente sólidas que pudieran explicar ciertos
procedimientos realizados por la Policía Federal durante la última dictadura y
sus años previos, y que a primera vista escapaban a la lógica de funcionamiento
del dispositivo represor. Por un lado, acciones que a la distancia parecían no
estar vinculadas a la “lucha contra la subversión”, pero que al mirar más
detenidamente quedaba en evidencia que sí lo estaban. Y por otro, el despliegue
de cierto grado de autonomía en la planificación y ejecución de acciones
respecto del Ejército, mucho mayor que el que tuvieron el resto de las fuerzas
en la Norpatagonia. Indicios que dejaban en evidencia que no se trató de sólo
una institución represiva más dentro de este entramado, y que era necesario
reformular algunas preguntas para poder seguir avanzando. Si bien no resulta
novedoso el protagonismo indiscutible que tuvo la Policía Federal como
institución en el desarrollo de la represión[11],
creemos que la posibilidad de cambiar la escala espacial y profundizar el
análisis de las características que adoptó esta fuerza por fuera de los grandes
centros urbanos puede brindar más
elementos para comprender mejor su accionar global. Especialmente, si tenemos
en cuenta que más allá de haber actuado bajo control operacional de las Fuerzas
Armadas luego de sancionados los “decretos de aniquilamiento” de octubre de
1975, su propio y particular despliegue en todo el territorio nacional bajo una
coordinación centralizada en la Capital Federal hizo de su participación un elemento clave del dispositivo represor.
Una
breve aclaración conceptual: cuando hablamos de dispositivo represor no pensamos la nación de “dispositivo” en
tanto artefacto, mecanismo o conjunto de piezas que cumple una función
determinada, sino en los términos de Michel Foucault: como un heterogéneo
conjunto de discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposiciones filosóficas y morales; una red de prácticas discursivas y no
discursivas; “una especie -digamos- de formación que, en un momento histórico
dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia”.[12] ¿En
qué medida cambia nuestro entendimiento sobre la represión el pensarla tras
esta matriz conceptual? Es cierto que no lo hace radicalmente, pero sí nos
exige, de alguna manera, a tener presente que el desarrollo del proyecto
represivo implicó mucho más que la suma de un conjunto de instituciones cuya
naturaleza era ya, de por sí, represiva, sino que en cierta medida configuró un
entramado; una red cuyos hilos fueron esas instituciones -para lo cual hubieron
de reconfigurar parte de sus prácticas y saberes-, pero también discursos y
significaciones, toda una red de relaciones que, más que habilitarlo y dejarlo
actuar, formó parte de su actuación.
El
corpus documental en el cual se sustenta nuestro análisis es en gran medida de
origen judicial, vinculado a la causa “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/
Delitos c/ la libertad y otros" Expte. Nº 8736/2005 Juzgado Federal Nº 2
de Neuquén, Secretaría Nº 2,
correspondiente al juicio por delitos de lesa humanidad que comenzó a
desarrollarse en Neuquén en 2005. Como parte de esa causa ya se ventilaron
públicamente cinco tramos (la causa fue fragmentada y dividida en tramos, según
los cuales se fueron realizando los sucesivos debates orales[13]),
por lo cual gran parte de la documentación se encuentra disponible, aunque no
públicamente accesible.[14] En
este sentido, la asistencia a los debates orales ha permitido registrar
numerosos testimonios y presenciado las numerosas exposiciones probatorias.
Asimismo, se han utilizado diarios de la época y realizado entrevistas
personales. Por último, y como hemos referido más arriba, cabe señalar que no
es la primera vez que analizamos el funcionamiento de la PFA, pero sí de la
manera en que sigue a continuación, tratando de acercar aún más la lente para
precisar mejor su papel como parte del dispositivo. En este sentido, y en el
intento de evitar repeticiones con lo expuesto en otros trabajos, haremos
referencia a ellos cuando sea necesario.
La fuerza se prepara
Como
hemos demostrado en otros trabajos[15], a
comienzos de 1974 se evidencia en la Subzona 52[16] una
escalada de violencia hacia las militancias y todo tipo de expresiones del
amplio arco de la izquierda que bien puede pensarse como el sustrato sobre el
cual germinó el dispositivo represor que luego caracterizó a la última
dictadura. Una serie de actos intimidatorios (atentados con bombas, tiroteos,
amenazas de muerte) que algunos analistas del momento ya le adjudicaban a
fuerzas peronistas de derecha y ligadas al ministro de Bienestar Social, José
López Rega, que actuarían en sintonía fina con el proceso de “depuración
interna del peronismo” iniciado oficialmente[17] en
octubre de 1973, con la firma del “documento reservado” por parte de Perón que
promovía la lucha contra la “infiltración marxista” dentro del movimiento
peronista “a través de todos los medios que se consideraran eficientes”.[18]
Cabe recordar que en sincronía con esto último, y como parte de la decisión del
gobierno y su entorno de incrementar la represión hacia los sectores de
izquierda y contestatarios, el presidente interno Raúl Lastiri reincorporó por
decreto el 11 de octubre de 1973 -un día antes de que Perón asumiera su tercer
presidencia- al comisario Juan Ramón Morales y al subinspector Rodolfo Eduardo
Almirón.[19] Ambos
al servicio activo de la Policía Federal como miembros de la custodia del
General Perón y del propio López Rega, devenidos luego en dos de los máximos
responsables de la Triple A, cuyo primer acto público reconocido, concretado
pocas semanas después, fue el atentado contra el senador radical Hipólito
Solari Yrigoyen.[20]
También es preciso tener en cuenta que, ya instalado en la Casa Rosada, Perón
impulsaría rápidamente cambios sustanciales hacia el interior de la PFA, con el
reingreso por decreto a esa fuerza de Alberto Villar como subjefe y de Luis
Margaride como Superintendente de Seguridad Federal -el 29 de enero de 1974- a
partir de lo cual se concretaría la articulación triangular entre la Policía
Federal, el Ministerio de Bienestar Social y la Triple A.[21]
En
lo que respecta a Neuquén, la Delegación de la PFA en esta capital comenzaría a
integrarse a la dinámica represiva recién a comienzos de 1975, con la llegada a
esta dependencia de actores clave de su accionar hasta entrado el gobierno de
la dictadura. Personajes que, según consta en sus legajos, tenían abultada
experiencia en tareas de Inteligencia así como relación estrecha con las
Fuerzas Armadas. El primero de ellos fue el comisario Jorge Ramón González,
quien asumió la jefatura de la Delegación el 8 de enero de 1975, y como tal
sería el principal responsable del accionar represivo de esa fuerza.[22]
Desde entonces, y en el transcurso de ese año, una veintena de agentes de
distinto rango llegaron a Neuquén, muchos de ellos con acreditada participación
en el desarrollo de la represión, como el subcomisario Jorge Alberto Soza, y
los agentes Miguel Ángel Cancrini, Ricardo Arean, Javier Fernández y Gustavo
Alberto Sommer.[23]
Coincidentemente
con el armado de la PFA en esta ciudad haría su desembarco en la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo) la “misión Ivanisevich”, bajo la conducción del
fascista rumano Dionisio Remus Tetu.[24]
Durante la gestión de poco más de 11 meses al frente del rectorado, Tetu se
propuso “depurar la estructura curricular de la UNC (sic) de todo lo
tendencioso, unilateral y partidista (…) así como de todo lo que pueda atentar
contra la seguridad del país (…)”, para lo cual resolvía “dar por terminadas
todas las llamadas experiencias o innovaciones pedagógicas y didácticas en el
dictado de clases”, y advertía que “toda transgresión a las presentes
disposiciones que pudieran constatarse serán sancionadas de inmediato con el
máximo rigor y sin contemplación alguna”.[25] Se
lo propuso y lo hizo. No sólo expulsó a más de 130 trabajadores/as docentes y
no docentes de esta universidad, sino que incorporó un grupo de choque que
protagonizarían no pocas acciones represivas.[26]
Entre ellas, el atentado a la agencia neuquina del diario Río Negro y a una
reconocida librería de esta ciudad (la primera mediante el tiroteo de las
oficinas y la segunda a través de un artefacto explosivo), así como la
persecución y hostigamiento a estudiantes y trabajadores de la universidad.[27]
Entre
los personajes que ingresarían a formar parte del “personal de custodia” de Remus
Tetu se encontraba Raúl Guglielminetti, un engranaje fundamental dentro de la
maquinaria de persecución y exterminio, y cuyo desempeño permite, de alguna
manera, demostrar el vínculo estrecho e ineludible entre lo estatal y lo
paraestatal del dispositivo represor, antes y durante la última dictadura. Y
esto, debido a la multiplicidad de roles que cumplió durante los años que
estuvo en esta región, mientras revistaba en el Ejército Argentino como
Personal Civil de Inteligencia (PCI), desempeñando funciones en el Destacamento
de Inteligencia 182 de Neuquén desde fines de diciembre de 1970, hasta mayo de
1976.[28]
Reconocido en todo el país por su pertenencia al Batallón 601 de Inteligencia y
por haber participado en delitos de lesa humanidad en varias partes de
Argentina y América Latina, Raúl
Guglielminetti (o “mayor Guastavino”, como se hacía llamar) se ha transformado
en uno de los íconos del plan sistemático de represión en la región. Llegó a la
Neuquén durante las huelgas de El Chocón hacia fines de 1969, se convirtió en
un personaje de muy alto perfil y muy reconocido en el ambiente político,
universitario y de los medios de comunicación. Durante el período en que estuvo
bajo la órbita del Ejército, Guglielminetti “trabajó” además como periodista en
la principal radio AM de la capital Neuquina (LU5) y en el diario Sur
Argentino, y fue contratado por Remus Tetu, durante el tiempo que duró su
intervención, para llevar a cabo proyectos “de trabajos públicos de esta
universidad”.[29]
Y si interesa destacar la persona de Guglielminetti, es justamente porque
durante las acciones represivas que protagonizaría la PFA en este período y
especialmente durante los primeros meses del gobierno dictatorial, él sería el
nexo permanente entre el Ejército y la Delegación, ingresando y moviéndose en
esta dependencia como si fuera una máxima autoridad de la institución,
dirigiendo interrogatorios y llevando a cabo personalmente las sesiones de
torturas realizadas en ese lugar.[30]
Dato que puede abonar a la reflexión en torno a la tensión entre autonomía y
sistematicidad del proceso represivo, como veremos más adelante.
Otra
muestra de la conexión entre la PFA, el Ejército y la Universidad Nacional del
Comahue en el entramado represivo previo al golpe de Estado es el ingreso a
esta casa de estudios de una decena de agentes de ambas fuerzas como
estudiantes de distintas carreras, con el claro objetivo de realizar tareas de
inteligencia. Todos ellos en 1975, plena gestión de Remus Tetu en la UNCo, y
sin continuar en sus carreras más allá de ese año. Lo interesante del caso es
que la inscripción a esas carreras se realizó de manera formal, por
administración, y cada uno contaba con un legajo con sus nombres reales, sin
ocultar su lugar de trabajo (sea en la Policía Federal, el Comando de Brigada o
incluso uno de ellos como “Instructor en la Escuela de Policía”), y detallando
como domicilios particulares las direcciones postales de las fuerzas a las que
pertenecían.[31] En
este sentido, y teniendo en cuenta los testimonios que dan cuenta de cómo la
universidad “estaba infiltrada” y que “había servicios por todos lados”, no resulta forzado sostener que la
función de estos “alumnos” pudo haber estado especialmente vinculada a la
recolección de información y todo tipo de tareas de inteligencia, en pos de la
persecución de estudiantes y trabajadores/as de esa casa de estudios.
Autonomía y articulación, primera parte:
Inteligencia
El
párrafo anterior nos lleva de alguna manera a caracterizar las tareas de
inteligencia que desarrolló la Policía Federal en la Delegación neuquina, las
cuales adquirieron un relativo grado de autonomía respecto del Ejército, más
precisamente del D2 (o la División 2) del Comando de Brigada de Infantería de
Montaña VI (quien tuvo a su cargo el desarrollo del plan represivo de la
Subzona 52), así como del Destacamento de Inteligencia 182 que operaba en la
misma manzana que el Comando y dependía directamente del Batallón 601 en Buenos
Aires.[32] Es
preciso no olvidar que de acuerdo a los reglamentos y directivas militares, la
labor de inteligencia era considerada una actividad prioritaria y precedente
al resto de las operaciones a desarrollar en la “lucha antisubversiva”, e
implicaba una multiplicidad de tareas que incluían la obtención de todo tipo de
información relativa al enemigo, sus acciones, organización interna y
movimientos, y por lo cual era considerada de fundamental importancia ya que
sin ella no se podían llevar a adelante ninguna de las operaciones previstas.[33] Y
más allá de la centralidad del despliegue represivo que tuvo el Ejército en
esta región, la relativa autonomía que en ciertos aspectos tuvo la PFA -como al
momento de obtener información y actuar en función de ella- resulta un dato que
complejiza el cuadro y se vuelve necesario atender. En este sentido, la
documentación disponible hasta el momento[34] nos
permite asegurar que ya en 1975 la Delegación neuquina de la PFA comenzó a
realizar tareas de inteligencia de manera sistemática en vistas a combatir la
“subversión”. Y lo hacía en un doble plano fuertemente articulados entre sí: de
manera relativamente autónoma mediante la acción de su propio personal -tanto
en la producción de información como en su posterior análisis-, y al mismo
tiempo coordinando el análisis de esa información con el de otras agencias
estatales y paraestatales.
Así,
además de lo señalado respecto de la vinculación de esta fuerza con la
Universidad Nacional del Comahue desde comienzos de ese año –a través de
Guglielminetti y de los “alumnos” infiltrados-, ambas instituciones
participaban activamente en la denominada “comunidad informativa”, en reuniones
más o menos periódicas en las que representantes de todas las fuerzas de
seguridad (Ejército, Gendarmería, policías provinciales de Río Negro y Neuquén,
Policía Federal y SIDE) intercambiaban la información obtenida.[35]
Quién asistía a estas reuniones en representación de la PFA era el propio jefe
de la Delegación, el comisario González, generalmente en compañía de algunos
agentes a su cargo, entre ellos quienes trabajaban en la denominada “Oficina
Técnica”, el área dentro de la Delegación que concentraba las tareas de
inteligencia.[36] En
este último lugar, precisamente, los agentes -que vestían de civil y
participaban también de los operativos represivos, como veremos a continuación-
recibían y producían todo tipo de documentación de personas potencialmente
sospechosas, y confeccionaban fichas con información relacionada con temas
gremiales, socioeconómicos, estudiantiles y políticos. De esas fichas se
realizaban cinco copias, tres de las cuales iban a Buenos Aires -presuntamente
a Coordinación Federal- y dos quedaban en la Delegación, una de las cuales era luego
utilizada al momento del operativo relacionado con la persona relacionada con
ella.[37] La
PFA contaba además con un grupo especial de tareas autodenominado “halcones”,
conformado por hombres que vestían de civil y ocupaban la Delegación
generalmente de noche, que se encargaban de llevar, traer y procesar
información, así participar de algunos operativos y sesiones de torturas.[38]
Esta
vinculación de la PFA con otros actores del dispositivo represor que comienza a
evidenciarse un año antes del golpe y se consolida luego del mismo, se completa
con dos elementos para destacar, también en materia de inteligencia. Por un
lado, con la participación activa de colaboradores civiles que concurrían
asiduamente a la Delegación a brindar información relacionada con personas
perseguidas por el régimen y, por otro, a partir de la particular y estrecha
relación personal e institucional entre esta fuerza y algunos de sus agentes
con el Ejército. Respecto a lo primero, si bien es sabido que las prácticas de
delación formaron parte del entramado represivo, lo que por ahora es posible
afirmar en este espacio -a partir de la documentación con la que contamos- es
que hubo al menos dos sujetos activamente involucrados con esta dependencia
policial en materia de aporte de información relacionada con la “lucha contra
la subversión”. Uno de ellos un comerciante repostero que vivía a la vuelta de
manzana de la Delegación, y el otro un personaje que ha sido identificado por
varios testigos de la Causa Reinhold llamado Alfonso Rodríguez, que no sólo
compartió residencia con el comisario González, sino que trabajó un tiempo como
supernumerario en la Delegación, durante el período en cuestión; además de
haber trabajado en la Legislatura neuquina antes del golpe y en tareas propias
de inteligencia y de persecución de estudiantes universitarios.[39] El
segundo elemento a señalar también es sugerente, dado que permite analizar
desde otra perspectiva -o bien con nuevos datos- el grado de descentralización
que hubo entre los distintos circuitos represivos respecto de sus respectivos
Comandos, así como del Consejo de Seguridad y la Junta Militar. En este
sentido, algunos testimonios en la Causa Reinhold señalan que el comisario
González era frecuentemente visitado en su oficina por personal del Destacamento
de Inteligencia 182 (que dependía del Batallón 601 de Informaciones, en Buenos
Aires, y operaba junto al Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI, en la
capital neuquina) y que mantuvo todo el tiempo estrechos vínculos personales
con el Ejército. Asimismo, parte del personal de la Delegación que desarrollaba
las mencionadas actividades de inteligencia revestía también -y al mismo
tiempo- como Personal Civil de Inteligencia o bien como oficial de enlace con
el Ejército[40], lo
que permite inferir que ello favorecía el intercambio de información y el
mantenimiento de las relaciones entre ambas fuerzas.
Es
interesante ver, entonces, cómo se fue configurando desde un año antes del
golpe de Estado el entramado represivo en torno a las tareas de inteligencia, y
cómo en esa red la Delegación de la Policía Federal cumplió un rol superlativo,
dada su articulación con otros componentes del dispositivo represor. Es cierto
que la propia comunidad informativa establecía un vínculo concreto entre las
distintas fuerzas policiales y de seguridad, pero lo que deja en evidencia la
dinámica propia de la PFA es que paralelo al funcionamiento de esa comunidad,
tanto la Delegación como institución así como ciertos integrantes de la misma
(como el comisario González, o los agentes con doble dependencia), además de
producir y analizar su “propio” material de inteligencia, mantenían contacto
permanente tanto con otras fuerzas estatales (Comando, Destacamento de
Inteligencia 182, Coordinación Federal)
como paraestatales (vía Remus
Tetu y su fuerza de choque/Triple A) en materia de intercambio de información y
de organización de las acciones represivas, que sin dudas favorecieron la
puesta en acto del plan de exterminio en toda la región.
Autonomía y articulación, segunda parte: Operativos
La
manera en que se llevaron a cabo los operativos de detención y secuestros desde
la Delegación de la Policía Federal aportan un elemento más para pensar el
grado de autonomía relativa que mantuvo esta fuerza con relación al Ejército,
así como la manera en que actuó como componente articulador dentro de la propia
dinámica del dispositivo represor. Si bien -como ya fue mencionado- luego de
los decretos de octubre de 1975 esta y todas las fuerzas policiales y de
seguridad quedaron bajo el control operacional del Ejército, es importante
destacar que dicho control no fue tan estricto como sí lo fue, por ejemplo,
para con las policías provinciales o la Unidad Nº 9 del Servicio Penitenciario
Federal (U9), donde fueron alojadas o trasladadas temporalmente la mayoría de
los/as detenidos/as por motivos políticos.
Como
vimos en el apartado anterior, ya desde las tareas de inteligencia la PFA
mantuvo un relativo grado de autonomía dentro del entramado represivo, que si
bien se mantuvo al momento de llevar a cabo los operativos, tuvo al menos una
característica que creo importante destacar. En este sentido, y dado el rol
“natural” (histórico) de esta fuerza respecto de su intervención en delitos
comunes de competencia federal, durante este período queda en evidencia la
facultad que tuvo para articular distintos objetivos represivos, como los que
se unificaron en la triada juventud, drogas y subversión.
Juventud,
drogas y “subversión”. Una triada contra la “seguridad nacional”
Detengámonos
ahora a observar una práctica muy específica desarrollada en la Delegación de
la Policía Federal, cuyo análisis nos va a permitir demostrar aún con más
claridad el grado de autonomía, arbitrariedad y abuso de poder desplegado por
esta fuerza durante el período analizado, en especial por los hombres que
estuvieron a su cargo entre 1975 y 1977. Una práctica que, a la luz de algunas
nuevas preguntas, podría llevarnos a modificar significativamente algunas
hipótesis que teníamos, hasta el momento, respecto al accionar del dispositivo
represor. Una práctica que se habría propuesto eliminar una triada que atentaba
peligrosamente contra la “seguridad nacional”, conformada por la juventud, las
drogas y la subversión.[41] Si
bien aún no ha sido posible acceder a una mayor cantidad de documentación que
permitiera asegurar con mayor énfasis lo que sigue a continuación, los dos
casos que referiré permiten redefinir aquella hipótesis respecto al accionar de
la PFA en Neuquén. Nos referimos puntualmente a una forma de persecución y
represión de la “subversión” desplegada desde la Delegación ya en dictadura (es
posible que también durante el año anterior, pero aún no ha sido posible
acceder a documentación que lo demuestre), basada en el armado de causas por infracción a la “ley de drogas” (Ley
20.771) para perseguir y reprimir “legalmente” a grupos de jóvenes que, en
tanto podían tener vínculos con la droga, también podían (o no) tenerlos con
organizaciones políticas, pero que de una forma u otra representaban un peligro
para la “seguridad nacional” que debía ser combatido.
Se
trata, concretamente, de dos causas judiciales diferentes, por infracción a la
Ley 20.771, que involucraron a dos víctimas que forman parte de la causas por
delitos de lesa humanidad, Roberto Saez y Jorge Onofri, cuyos casos fueron
ventilados en el cuarto juicio oral realizado en el Tribunal Oral Federal en lo
Criminal de Neuquén entre 2015 y 2016.[42]
Dado que por cuestiones de espacio no es posible detallar aquí cada uno de esos
casos, baste decir por ahora que, en ambos hechos los nombrados fueron
agregados a ciertas causas iniciadas en la Delegación de la PFA, luego de ser
mencionados por personas que ya formaban parte de esos expedientes, durante las
declaraciones indagatorias realizadas en esa institución por el propio
comisario Jorge Ramón González y sus agentes. Menciones que los vinculaban al
comercio y consumo de estupefacientes, por lo cual de manera inmediata se
procedía a su detención. En ambos casos permanecieron detenidos en la
Delegación durante varios días, tiempo en el que fueron maltratados física y
psicológicamente, e interrogados bajo tortura. En esos interrogatorios, se les
preguntaba por cuestiones vinculadas a las drogas y respecto a personas de la
política y la militancia social.[43]
Mientras Onofri fue liberado finalmente una semana después de su detención,
Saez fue involucrado en otra causa -por el propio comisario González- justo el
día que iba a ser liberado, vuelto a detener, y trasladado a la Compañía de
Comunicaciones de Montaña Nº 6 donde permaneció detenido durante cuatro meses.
En ese período, fue trasladado al Centro Clandestino de Detención (CCD) “La
Escuelita”, donde permaneció ocho días siendo sistemáticamente torturado e
interrogado.
Es
necesario señalar que en un primer momento -y así quedó expresado en otro
escrito e, incluso, en el Requerimiento Fiscal de Elevación a Juicio de cuya
elaboración formó parte quien suscribe[44]-
supusimos que ese modus operandi se trataba de la creación deliberada de
causas judiciales por consumo o tenencia de estupefacientes en las que se
involucraba de manera falsa a personas que buscaban detener e interrogar por
motivos políticos, o bien mediante la incorporación de esas personas en causas
-por infracción a la ley de drogas- ya existentes. Ello, teniendo en cuenta que
por aquel entonces, debido a la vigencia de la Ley 2.372 (¡del año 1888!), los
funcionarios policiales tenían la facultad de detener personas contra quienes
hubiera “indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad”, a “conservar
incomunicado al detenido”, “a recibir a las personas detenidas declaración
espontánea en la misma dependencia policial y a producir la prueba que juzgaren
necesaria”.[45] De
esta manera, creímos, la Policía Federal tenía en sus manos las herramientas
necesarias para poder detener “legalmente” a las personas que buscaban por
motivos políticos, endilgándoles el carácter de imputados en una prevención
sumarial, retenerlas en el ámbito físico de la Delegación -de manera
“legal”- y someterlas a interrogatorios
para obtener de ellos información que sirviera a la “lucha antisubversiva” bajo
aplicación de tormentos.
Si
bien esa fue la hipótesis que mantuvimos hasta aquí, había una pregunta que no
dejaba de inquietarnos y que la ponía en crisis nuestra teoría: si el objetivo
era detener por motivos políticos a ciertas personas, ¿por qué inventar una
causa judicial (que legalizara esa detención), si antes y después hubo
detenciones ilegales y secuestros protagonizados por los mismos perpetradores,
y no hay indicios que evidencien algún tipo de preocupación por esa situación
de irregularidad?
Fueron
los trabajos de Valeria Manzano[46] en
torno a la creación de un problema político-social por parte del Estado sobre
las drogas y la juventud en los setentas los que nos ayudaron a construir nuevas
preguntas, cuyas potenciales respuestas le aportaron un giro a la
investigación. En su estudio, Manzano desarrolla una hipótesis más que
sugerente al señalar que la sanción en 1974 de la Ley 20.771 fue una pieza más
del andamiaje de legislación represiva promulgada ese año, junto a la
promulgación de otras normas como con la ley de asociaciones profesionales, la
reforma del código penal y la ley universitaria que limitaba la actividad
política en las aulas.[47]
Para demostrarlo, la historiadora recorre el entramado discursivo y político
que rodeó la génesis, sanción y aplicación de esta ley hasta su reemplazo por
una nueva en 1989, destacando cómo el consumo y la tenencia de drogas fue
convertido en un “problema” a comienzos de la década del ‘70, trasladando el
foco de atención desde el tráfico y los traficantes hacia los consumidores -que
por definición eran jóvenes-, para finalmente colocar el desde entonces
“problema de las drogas” dentro de la esfera de la “seguridad nacional”.[48]
Frente
a este dato, una primera pregunta en torno a nuestro objeto de estudio surgió
de manera inmediata, casi de manera natural: la detención en el marco de causas
por drogas de estas personas que luego fueron interrogadas sobre militantes y
referentes de la política regional, ¿fue sólo una manera de “blanquear” un
secuestro por motivos políticos, o había algo más que no estábamos viendo?
¿Este tipo de detenciones formaban parte de su rutina de funcionamiento, o
estaban relacionadas –y hasta qué punto- con la “lucha contra la subversión”?
¿Era posible que la propia Policía Federal neuquina haya actuado pensando en
esa triada drogas-jóvenes-subversión? Pero si fue así, ¿por qué y a partir de
qué indicios interrogaron solo a uno de los imputados en cada una de esas
causas por personajes de la política? ¿Y
si no fue sólo a ellos a quienes se interrogó bajo apremios sobre cuestiones
políticas, sino que sólo nos enteramos de esos dos hechos porque fueron los
casos denunciados a la justicia luego de la dictadura y que a la postre integraron
los juicios por delitos de lesa humanidad? ¿Es posible suponer que el resto de
los/as imputados/as en esas causas por drogas también hayan sido interrogados
respecto de cuestiones políticas, pero que no lo supiéramos dado que no
denunciaron sus casos en el marco de los juicios de lesa humanidad?
Al
mirar con más detalle y bajo estas nuevas preguntas los expedientes que
involucraron a estas dos personas, y a partir de las declaraciones realizadas
por las personas imputadas en esas causas ya en sede judicial[49]
(luego de la instrucción realizada en la Delegación) vemos que la práctica de
obtener confesiones -algo sustancial en el sistema judicial inquisitorial en
boga por entonces- bajo torturas se repite en la mayoría de los involucrados en
dichas expedientes, así como la exigencia de firmar supuestas declaraciones sin
leer. Esto fue denunciado por varios/as de los imputados/as en esas causas
cuando el expediente fue elevado a sede judicial. Jorge Onofri declaró incluso
que escuchó cómo torturaban y aparentemente violaban a una de las mujeres
imputadas en la misma causa que él, por la cual, incluso, le preguntaron qué
conexiones tenía con el MIR chileno dado que ella provenía de ese país.[50] Y
en este sentido, si seguimos esta nueva hipótesis, no es demasiado aventurado
suponer que en la lógica de los perpetradores, si era “chilena y drogadicta”
bien podía pertenecer a esa organización revolucionaria trasandina (de la cual
ya se sabía que tenía vínculos con el PRT-ERP).[51] Es
cierto que sólo sabemos que sólo a Onofri y a Sáez los interrogaron por sus
conexiones o conocimiento de personas vinculadas a la política regional. Pero
eso lo sabemos porque sus casos fueron los únicos, de sus respectivos
expedientes, que fueron conocidos luego de la dictadura, y cuyo testimonio ha
sido posible obtener en la actualidad. ¿Cómo es posible asegurar que al resto
de los imputados en esas causas por drogas no los interrogaron con preguntas
similares, especialmente cuando lo hicieron bajo la aplicación de tormentos?
Otro
dato que quisiéramos dejar mencionado acá es el grado de “represión moral” que
se desprende de estos expedientes, lo cual de alguna manera, junto con lo
anterior, nos obliga a reformular nuestras concepciones sobre la represión
estatal en este período.[52] En
tal sentido, es recurrente, por ejemplo, la manera en que los policías indagan
en sus interrogatorios en torno a la homosexualidad de los imputados, hurgando
en detalles de las prácticas sexuales cuya descripción ocupa numerosas líneas
en cada uno de los expedientes. Tal es así, que en una de las causas citadas el
Juez le pide un Informe Pericial al médico forense para que realice sobre uno
de los imputados un análisis de “su estado físico anal”, dado que “resulta damnificada la salud pública”.[53]
Informe que el médico concluye asegurando que “el citado podría tratarse con
bastantes seguridades (sic) de un homosexual pasivo, lo cual se vería reforzado
mediante un estudio psiquiátrico u otras pruebas”. ¿Hasta qué punto este tipo
de prácticas estaba relacionada con la “lucha antisubversiva”? ¿O formaba parte
de la rutina cotidiana –en términos represivos- del funcionamiento de la
Policía Federal? O, cruzando ambos interrogantes, ¿en qué manera ciertas
prácticas rutinarias de esta fuerza –y también de otras, por supuesto- fueron incorporadas a la lucha contra la
“subversión”?
La PFA como centro de detención clandestina
Además de la modalidad operativa descripta en el
apartado anterior, la Delegación de la Policía Federal actuó activa y
protagónicamente en una gran cantidad de raids represivos, tanto el año
anterior al golpe como en los subsiguientes. Actuación que se efectuó tanto a
partir de la integración de Grupos de Tarea, vestidos de civil o bien
disfrazados en aquellos casos en que se trató de operativos de secuestro, como
conformando Comisiones de Detención, así fuera acompañando a oficiales del
Ejército o encabezando y dirigiendo los operativos no encubiertos.[54] En
no pocas de las acciones represivas encabezadas por la PFA, quien comandó los
operativos fue el ya mencionado Raúl Guglielminetti, quien, como vimos más
arriba, tuvo la cualidad de articular la dinámica represiva entre las distintas
fuerzas, especialmente entre el Ejército (en su rol de PCI) y la Policía
Federal.[55]
Articulación que incluyó, por ejemplo, el traslado personal de detenidos/as
desde y hacia la Delegación, la U9 del Servicio Penitenciario Federal y el CCD
“La Escuelita”.
Por otro lado, una de las principales
características que adoptó la Delegación de la Policía Federal ya durante la
dictadura fue la de funcionar como Centro Clandestino de Detención. Aunque tal
como lo hemos precisado en otros trabajos, sería más preciso describirlos como centros
de detención clandestina, y destacar la condición de clandestinidad en la
forma en que se mantenían allí a los detenidos, más que propiamente al lugar
que sirvió como tal.[56] Y
ello, dado que su principal característica frente a los CCD como “La
Escuelita”, que funcionó en los fondos del Batallón de Ingeniero de Montaña VI,
es que se trató de lugares públicos, identificados claramente por la comunidad
neuquina. En este sentido, las personas detenidas -legal e ilegalmente- eran
ingresadas por la puerta principal, esposadas y con la cara descubierta, y la rutina diaria parecía no alterarse a pesar
de las acciones clandestinas que allí se llevaban a cabo. El movimiento normal
del personal de la institución no se interrumpía, quienes continuaban con sus
tareas administrativas habituales, incluso atendiendo al público. Y, mientras
ello sucedía, en las oficinas ubicadas al fondo eran retenidas en condiciones
inhumanas las personas detenidas allí ingresadas, así como interrogadas y
torturadas. A lo largo del período analizado -en especial entre 1975 y 1977- ha
sido posible identificar a diecisiete víctimas que fueron trasladadas y
mantenidas clandestinamente a la Delegación de la PFA, aunque ese número podría
ser mucho mayor.[57]
Personas que fueron siempre retenidas de manera clandestina, incomunicadas, en
su mayoría sometidas a malos tratos y torturas, e interrogadas por sus
vinculaciones políticas y su militancia partidaria.
Si bien hay registros de la utilización de esta
dependencia como CCD hasta entrado 1977, la mayor intensidad de su protagonismo
como lugar de reclusión clandestina la tuvo en los primeros meses luego del
Golpe, dado que “La Escuelita”, el principal espacio de concentración que
funcionó durante la dictadura y que estuvo bajo control operacional y funcional
del Ejército, comenzó a operar a mediados de junio de 1976 al momento de
ejecutarse un operativo para eliminar al PRT-ERP de la región.
Entre la autonomía y la sistematicidad
Es hora de volver a la pintura que abre este
escrito y pensar si el juego de escalas tuvo el efecto deseado. El lienzo es el
mismo, pero ¿lo es también la significación que ahora podemos otorgarle? ¿Cuál
es el grado relativo de luz que la pincelada que define a la Policía Federal de
Neuquén –y su accionar- le aportan al cuadro de la represión estatal durante la
última dictadura militar y sus años previos? ¿Es sólo un punto de color
claramente definido, o el acercamiento mediante un lente de mayor aumento nos
muestra –o nos permite significar- una serie de matices que lo complejizan?
El rol que le cupo a la Policía Federal en el
despliegue represivo en todo el territorio nacional ha sido demostrado
profusamente en los últimos años, y a lo largo de este escrito hemos referido a
parte de la basta bibliografía que da cuenta de ello. En menor medida, también
ha comenzado a investigarse su accionar en la Patagonia Norte, y ya ese cambio
de escala espacial ha permitido observar algunas tonalidades diferentes, a las
cuales este trabajo que aquí concluye pretende abonar aumentando un poco más la
lente de observación, tratando de aportar mayor complejidad a la noción de
sistematicidad del proceso represivo, especialmente en relación/tensión con los
grados de autonomía relativa que tuvieron determinadas fuerzas que actuaron en
él.
Como vimos, la Delegación de la Policía Federal de
Neuquén tuvo un rol protagónico en el despliegue del dispositivo represor desde
un año antes del golpe de Estado, que se prolongó durante los meses de mayor
intensidad de la violencia estatal de la dictadura militar. En ese período,
tanto en materia de inteligencia como de detenciones, secuestros, retención de
detenidos, interrogatorios y otras prácticas represivas, su actuación se desarrolló en dos planos
articulados entre sí: de manera relativamente autónoma mediante el accionar de
su propio personal en determinados casos (tanto en la producción de información
y su posterior análisis como en la posterior ejecución de las operaciones), y
al mismo tiempo coordinando el análisis de su información y ciertos operativos
con el de otras agencias estatales y paraestatales. Esto le permitió a la PFA
desarrollar sus actividades con un relativo grado de autonomía respecto del
Poder Judicial durante el período constitucional[58],
así como de las Fuerzas Armadas luego de octubre del ’75 cuando los decretos de
aniquilamiento ordenaron que bajo ellas quedaría el control operacional en
materia de “lucha antisubversiva”.
¿Implica esta autonomía la descentralización de los
objetivos primarios que persiguieron las Fuerzas Armadas, concretados con su
asalto al poder estatal? ¿Niega el accionar relativamente independiente de la
PFA la organización y puesta en acto de un plan sistemático de exterminio y
terror en todo el país por parte de las Fuerzas Armadas? De ninguna manera. Si
algo muestra y confirma la manera en que la PFA intervino en el desarrollo de
la represión en la Norpatagonia, justamente, es la potencia que tuvo dicha
planificación. Potencia que habilitó la existencia y convivencia de diferentes
grados de autonomía y acción por parte de las distintas fuerzas y agencias que
formaron parte del dispositivo represor que se desplegó en todo este período.
En este sentido, si algo deja en claro y expresa el análisis aquí presentado
del accionar de la Policía Federal en Neuquén, es otra muestra más de la
estrategia elaborada por las Fuerzas Armadas en los años previos al golpe de
Estado, para llevar a cabo su “guerra contrainsurgente”, que se ejecutó
mediante el accionar represivo descentralizado
a través de grupos militares, policiales y civiles, los cuales actuaban bajo
una dirección centralizada (militar)
aunque manteniendo un relativo grado de autonomía.[59]
Si bien la conducción del accionar represivo en la
Subzona 52 estuvo ubicada en el Comando de la VI Brigada de Infantería de
Montaña, y la Policía Federal actuó bajo control operativo de esa fuerza a
partir de sancionados los “decretos de aniquilamiento” de octubre de 1975,
hemos podido ver cómo esta fuerza manejó un grado de autonomía no menor al
momento de llevar a cabo sus acciones. Pero aun así, persiguiendo siempre el
claro y preciso objetivo de “combatir y aniquilar a la subversión”.
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Recibido: 08/10/2017
Evaluado: 15/11/2017
Versión Final: 27/12/2017