Un caso de anticomunismo
civil: los “padres demócratas” de Uruguay (1955-1973)
An anticommunism civil case: the “democratic parents” of Uruguay
(1955-1973)
Universidad
de la República, Uruguay
magdalena.broquetas@gmail.com
Resumen
La
Organización de Padres Demócratas (ORPADE) de Uruguay fue creada en 1962,
aunque la preocupación por el sesgo antidemocrático en la educación pública fue
anterior y ambientó denuncias y persecuciones en la década de 1950. Organizado
en dos olas (1962-1964 y 1968-1973), con rasgos de continuidad en los
repertorios de acción y en las consignas, el movimiento de “padres demócratas”
encarnó un caso de anticomunismo civil cuyo peso hasta ahora no ha sido
reconocido frente al anticomunismo militar, policial u oficial. La hipótesis
que guía la investigación propone que este movimiento desempeñó un papel
relevante en el proceso de violencia social y política que atravesó Uruguay en
la larga década de 1960. Se trató de un movimiento que concitó adhesiones en
todo el territorio uruguayo, desplegó una ferviente vigilancia ideológica en
los centros de educación secundaria de todo el país, actuó como grupo de
presión ante autoridades de la enseñanza y del gobierno nacional para lograr
sanciones legales y depurar el cuerpo docente y fue un actor clave en la
promoción de la delación y en la consolidación de la idea del “enemigo interno”
solapado en el entramado social.
Palabras
clave
Organización
de Padres Demócratas (ORPADE); derechas en Uruguay; anticomunismo
Abstract
The Democratic Parents Organization (ORPADE)
of Uruguay was created in 1962, although concerns about antidemocratic traits
in public education preceded and was the context of denounces and prosecutions
in the fifties. Structured in two periods (1962-1964 and 1968-1973) with a
continuum in practices and leitmotivs, this movement embodied a civil
anti-communisim case, whose dimension has not been, so far, as much recognized
as military, police or official anticommunism. This paper proposes that this movement played a key role in the process
of social and political violence that Uruguay went throw during the sixties and
the seventies. It was a movement with strong support in the whole country,
which carried out an ideological vigilance in secondary schools. Its members
tried to persuade political authorities in order to get legal suspensions and
expel some teachers out of the system. ORPADE was a key element of the
promotion of accusations and to consolidate the idea of an “internal enemy”
hidden within the society.
Keywords
Democratic Parents Organization (ORPADE);
right-wing movements in Uruguay; anticommunism.
En la inmediata posguerra y primeros años de
la Guerra Fría, en Uruguay se formaron numerosas organizaciones que incluyeron
en su denominación la palabra “demócrata”. El adjetivo fue usado por
movimientos integrados por mujeres, estudiantes, trabajadores y jóvenes por
fuera de las pertenencias político-partidarias y en todos los casos revelaba una
vinculación con la militancia “antitotalitaria”, nacida en el contexto de la
Segunda Guerra Mundial en el fragor del combate a los grupos y actividades
filo-fascistas. Hasta los primeros años de la década de 1940 la alianza
antifascista había cobijado a liberales, católicos,
socialistas y comunistas, estos últimos, al igual que en otras partes de
Occidente, principales impulsores de la estrategia de Frente Popular.[1]
Sin embargo, después de la finalización de la
guerra y ante la derrota del nazi-fascismo y el consiguiente fortalecimiento de
la URSS como potencia mundial, antagonista de los Estados Unidos, se produjo un
viraje conceptual y político que afectó al campo “demócrata” y antifascista: en
la revitalizada defensa de un “mundo libre” y “democrático” no había lugar para
el comunismo, que pasó a ser recurrentemente señalado como otra forma de
totalitarismo tan (o más) peligrosa que los fascismos.
Cabe destacar que, en este contexto, el
vocablo “comunismo”, invocado hasta el hartazgo por los diversos integrantes
del campo anti-soviético, no aludía estrictamente al comunismo doctrinario o a
los partidos locales. Por el contrario, comprendía un amplio abanico de
expresiones partidarias, sociales y culturales de izquierda que quedaron
retóricamente ubicadas dentro del espacio conceptual y simbólico del
“comunismo” o “totalitarismo”.[2] En ese trasvase del “antifascismo” al
“antitotalitarismo”, el concepto “demócrata” fue parte de una pugna ideológica
en clave de Guerra Fría y se transformó en buque insignia de una serie de
movimientos de raigambre liberal-conservadora que bregaron por identificar -e
irradiar- grupos, individuos y actividades calificados, de manera muy laxa, de
“anticomunistas” y “antinacionales”.
Este artículo se centra particularmente en la
Organización de Padres Demócratas (ORPADE), creada formalmente en 1962 -aunque
con antecedentes en la década de 1950- y activa hasta el golpe de Estado de
1973.
Como punto de partida cabe subrayar tres
aspectos que hacen a la periodización y a la inscripción del fenómeno dentro de
los nuevos estudios sobre la Guerra Fría en América Latina: 1) en primer lugar,
el movimiento parece haber protagonizado dos olas (1962-1964 y 1968-1973), en
las que es posible reconocer continuidades en las consignas y repertorios de
acción, así como algunas peculiaridades en sus marcos de alianzas; 2) en
segundo lugar, conformó un caso de anticomunismo civil, compartido con otras
organizaciones que también se denominaban “demócratas”, cuyo peso no siempre ha
sido reconocido frente al anticomunismo militar, policial u oficial; 3) tomando
en cuenta las definiciones y líneas de acción adoptadas por la ORPADE y otros
movimientos “demócratas” es posible inscribir a estos colectivos en un
movimiento más amplio de circulación transnacional de ideas, propaganda e
individuos que hizo del anticomunismo su leitmotiv desde la década de
1950. En ese sentido, las caracterización del peligro latente, las
preocupaciones y el tipo de acciones que llevó adelante la ORPADE coincidieron
con las de los cuatro grandes congresos anticomunistas que se celebraron entre
1954 y 1958 en distintos países de América Latina y que en la década siguiente
tuvieron proyección en la Confederación Anticomunista Latinoamericana, con
estrechos vínculos con la Liga Mundial Anticomunista.[3] En cada una de estas instancias se recalcó
la importancia de identificar y señalar cripto-comunistas en los respectivos
países, publicar en la prensa y otros formatos para divulgar la gravedad del
problema y mantener contactos con autoridades de gobierno en diferentes
niveles.
La hipótesis que guía la investigación
propone que el movimiento de “padres demócratas”, en sus distintas modalidades
de asociación, desempeñó un papel relevante y hasta ahora no dimensionado en el
proceso de violencia social y política que atravesó Uruguay en la larga década
de 1960. Se trató de un movimiento que concitó adhesiones en todo el territorio
uruguayo, desplegó una ferviente vigilancia ideológica en los centros de
educación secundaria de todo el país, actuó como grupo de presión ante
autoridades de la enseñanza y del gobierno nacional para lograr sanciones
legales y depurar el cuerpo docente y fue un actor clave en la promoción de la
delación y en la consolidación de la idea del “enemigo interno” solapado en el
entramado social.
La investigación se basa en fuentes
hemerográficas, folletería de la organización, fuentes del gobierno nacional y
documentación de la policía política de Montevideo. El texto se divide en dos
apartados que reproducen la división en períodos que parece haber marcado el
itinerario de la organización.[4]
Convencer y castigar. La ORPADE en el
contexto de la primera reacción “demócrata”, 1955-1965
La Organización de Padres Demócratas (ORPADE)
se creó formalmente en 1962, en un contexto marcado por la crisis económica, el
giro autoritario del gobierno, y la proliferación de organizaciones no
partidarias de derecha, tanto en su versión moderada como extrema. Para este
momento, gobernantes, políticos de las fracciones de derecha de los principales
partidos uruguayos y la élite empresarial compartían la idea de que el
“comunismo”, replicando una estrategia exitosa en otras partes del mundo, se
había infiltrado en el país en los gremios y sindicatos, en la administración
pública y en el mundo de la cultura, procurando cooptar para su proyecto de
refundación social sobre todo a los jóvenes.[5] Esta preocupación no era del todo novedosa,
puesto que la alarma pública ante el avance de ideas totalitarias en el campo
de la enseñanza secundaria tenía por lo menos una década y estaba abonada por
numerosas advertencias sobre la penetración solapada de ideas “comunistas” y
anti-democráticas en los centros de estudios.
En 1955 el diario El País (vocero periodístico de uno de los sectores conservadores
del Partido Nacional) publicó una extensa nota de la profesora Celia Reyes de
Viana en la que se explicaba con lujo de detalles “cómo los profesores
soviéticos inculca[ban] sus ideas a los discípulos uruguayos”.[6] Vale la pena examinar los tópicos de un
texto de fecha tan temprana debido a que éstos se transformaron en piedra
angular de la batalla de los padres y educadores “demócratas” en los años siguientes.
El artículo recordaba que el “verdadero peligro de los educadores comunistas”
radicaba en su capacidad para “penetrar el alma del alumno y deformarla” para
siempre y discurría ampliamente sobre los artilugios desplegados por los
docentes comunistas dentro de las aulas. En este caso el acento estaba puesto
en los sellos editoriales y en los contenidos de los textos. La minuciosa
disección ofrecida por la profesora Reyes de un libro de texto de idioma
español, publicado por la Editorial Pueblos Unidos, de filiación comunista,
vigente desde 1945 para los estudiantes de los primeros años de enseñanza en
los liceos (escuelas secundarias), ofrecía numerosos ejemplos textuales sobre
“temas capciosos”. Para esta profesora el problema no eran los autores elegidos,
sino el sesgo antidemocrático y desestabilizador reconocible en los pasajes
seleccionados y las preguntas formuladas. Reyes demostraba cómo en la selección
de autores de variada procedencia, entre los que figuraban Gabriela Mistral,
Justino Zavala Muniz, Javier de Viana, José Marti, García Lorca, Rafael Alberti
o Quevedo, podía reconocerse un ensañamiento en dirigir la atención del alumno
hacia las diferencias de clases y la injusticia del sistema social imperante,
la hipocresía moral o la reiterada exposición de biografías “destinadas
solamente a amargar al niño pleno de vida y alejado de las maldades humanas”.
Para contrarrestar la sesgada selección de asuntos y autores se proponía, a
modo de ejemplo, la inclusión de textos de José Enrique Rodó, un autor
especialmente apreciado por la educadora demócrata, convencida de que la
inspiración rodoniana insuflaría el necesario optimismo que requería el
espíritu adolescente de una nación que debía “formar alumnos para la
democracia”.
Si la expurgación de los contenidos de los
manuales liceales era presentada como condición sine qua non para
caminar hacia una verdadera educación democrática, se entendía tan o incluso
más importante la depuración del cuerpo docente, en el que se habían infiltrado
estos “soldado[s] en pie de batalla” al servicio de un plan de construcción
social totalitario. Evocando una cita de José Artigas, el artículo se cerraba
exhortando la expulsión de educadores “enemigos de nuestro sistema”. En
adelante, Celia Reyes de Viana mantuvo su militancia demócrata en los medios de
comunicación (diarios y radios), las aulas, la dirección de liceos, el ámbito
gremial y organismos internacionales como la UNESCO, a cuya conferencia general
sobre educación celebrada en 1962 asistió como delegada del gobierno uruguayo.[7]
Entre 1961 y 1962, el movimiento “demócrata”
focalizado en la educación pública creció notoriamente en todo el país a través
de asociaciones de docentes, como la Confederación de Maestros del Uruguay con
sus respectivas filiales de “maestros demócratas”, diseminadas por distintas
localidades del territorio nacional. A diferencia de lo ocurrido en los años
cincuenta, estas organizaciones encontraron un clima propicio a sus intereses
en el gobierno nacional, organizado en entorno a un ejecutivo colegiado
compuesto por nueve miembros, con mayoría de consejeros procedentes del
herrerismo, la fracción más conservadora del Partido Nacional, y del ruralismo,
un movimiento que había reeditado el histórico discurso anti-sindical,
anti-industrialista y clasista de las asociaciones gremiales rurales con la
incorporación de una amplia base social que incluía sectores rurales medios y
bajos.
En este momento las referencias a la
Revolución Cubana se sumaron al repertorio de ejemplos nocivos de lo que podía
ocurrir si se dejaba avanzar la ideología comunista. Indudablemente el proceso
revolucionario cubano incidió en la proliferación de agrupaciones demócratas
que salieron a ganar la calle en distintos frentes. Sin embargo, es importante
subrayar que la preocupación por el sesgo antidemocrático y filo-comunista en
la educación pública fue anterior y respondió a una lógica anti-soviética (y
antitotalitaria) cimentada en los inicios de la Guerra Fría. A partir de la
aprobación en 1958 de una nueva ley orgánica para la Universidad de la
República que, entre otras cuestiones, establecía la autonomía de gestión y
financiera y el co-gobierno de la institución, incluyendo la participación
estudiantil, el celo anticomunista fue extendiéndose también al ámbito de la
educación terciaria.[8]
En su debut público de abril de 1962 la
ORPADE estuvo presidida por Carlos Stajano, un médico cirujano y político del
Partido Nacional, que entre 1959 y 1961 se había desempeñado como Ministro de
Salud Pública.[9] Stajano llevaba una década publicando textos científicos que establecían
conexiones entre la “degeneración adolescente” (ya fuese por hábitos o por
opciones políticas) y la amenaza al orden establecido. El nuevo espacio parecía
ofrecer la posibilidad de dar un paso del diagnóstico a la praxis.[10] En
los meses siguientes el movimiento fue responsable de la organización de dos
grandes congresos de “Padres y Amigos Demócratas”, en mayo en la ciudad de
Artigas y en julio en Tacuarembó. En estos congresos fueron acusados directamente
numerosos docentes y funcionarios de enseñanza secundaria de profesar
ideológicas antidemocráticas.[11]
El señalamiento público, a modo de estigma,
de la presunta ideología anti-democrática de maestros y profesores trascendió
los congresos de ORPADE para pasar a ser una práctica habitual en otras
organizaciones, surgidas por la misma época, que también se auto-percibían
“demócratas”. Así, por ejemplo, una organización que compartía definiciones y
prácticas con el movimiento de padres, como lo era la Asociación de Lucha
Ejecutiva contra los Totalitarismos de América (ALERTA), publicaba en la prensa
de circulación nacional largas listas de nombres de supuestos comunistas entre
los que figuraban docentes de enseñanza primaria, secundaria y de la Universidad
del Trabajo, funcionarios de la administración pública, trabajadores de la
industria y el comercio y periodistas. El comunicado de ALERTA apuntaba a
evidenciar que el comunismo estaba “al acecho” en todas las áreas de la
actividad nacional. Ofrecía esta información a las autoridades responsables de
los respectivos sectores y reiteraba en varias oportunidades: “¡ESTO NO ES
DELACIÓN: ES PATRIOTISMO!”[12]
La actividad de ORPADE no se restringió al
proselitismo anticomunista en congresos y medios de comunicación. Durante todo
1962, las más altas autoridades del movimiento llevaron adelante una cruzada a
favor de lo que se entendía como “defensa de la nacionalidad” que en los hechos
consistía en presionar a los gobernantes para lograr la sanción de leyes que
garantizaran la expulsión de profesores que tuvieran militancia orgánica o
compromiso ideológico con partidos de izquierda.[13] En una nota enviada el 12 de junio de 1962 al Consejo Nacional de Gobierno la ORPADE
denunciaba la penetración cada vez más aguda del comunismo en la enseñanza y la
falta de medidas de las autoridades respectivas. Destacando los logros y la
amplia base social del movimiento, fundamentalmente en el interior del país,
solicitaban la reglamentación de un artículo de una ley aprobada en 1953, en el
que se establecía que “será condición indispensable para el ingreso a todos los
cargos de la Administración Pública, incluso de los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, probar notoria filiación democrática.”[14] La iniciativa fue apoyada por el resto de
los movimientos demócratas que coincidían en la necesidad de reforzar la
vigilancia ideológica del cuerpo docente y bregaban por la ilegalización de
partidos marxistas.[15] La campaña se intensificó notoriamente desde
el boletín de las Organizaciones Demócratas del Interior (ODI), que proclamaban
la necesidad de “exigencia de militancia democrática como requisito de ingreso
a la administración pública”, advirtiendo que “la Escuela y demás Institutos
docentes” debían ser “objeto de especial preocupación en lo que se refiere a la
infiltración aludida”.[16]
En pleno verano de 1963, las organizaciones
demócratas alcanzaron a acariciar la concreción de un decreto de “defensa de la
nacionalidad”, en el que se establecía la obligatoriedad de probar “notoria filiación
democrática” para el ingreso a la administración pública[17], que fue aprobado por la mayoría de los
consejeros de gobierno pero pocos días después reconsiderado y anulado. Este
episodio confirmó dos cuestiones centrales para comprender los apoyos y rechazos
que suscitaba la legislación autoritaria en debate. En primer lugar, las
argumentaciones de los consejeros que votaron el decreto -varios de ellos con
vastos conocimientos jurídicos- se inscriben plenamente en lo que Leandro
Kierszenbaum ha analizado en el marco de la noción de “legítima defensa”, que
justificó la inclusión de legislación preventiva contra supuestos ataques al
orden social o al Estado mismo.[18] Siguiendo ese razonamiento, ante la
presencia de agentes nocivos diseminados en el cuerpo social, el Estado se
defiende adoptando medidas preventivas, que en los hechos se transforman en
represivas.[19] En segundo lugar, la marcha atrás lograda
por la minoría representada por los consejeros colorados evidencia la
existencia de un centro liberal en el espectro partidario que irá
desapareciendo con la polarización del escenario político que tuvo lugar en los
años siguientes. Las palabras del consejero Amílcar Vasconcellos ejemplificando
las derivaciones que podía generar la vigencia de una norma como la que quería
imponer, son elocuentes respecto de esta posición:
Las normas
legales deben proteger y se debe reglamentar la entrada a la función pública,
pero, una presunción de no pertenecer al sistema democrático representativo me
parece llevarlo más allá de lo que la Constitución permite. Sería declarar la
ilegalidad en el país de los partidos políticos, que no comparten la línea de
los partidos tradicionales.[20]
Para las organizaciones demócratas lo
ocurrido representó una derrota de la que no todas pudieron recuperarse. Como
se verá, la ORPADE fue uno de los pocos movimientos que no bajó los brazos.[21] En paralelo a la movilización por leyes que frenaran las actividades
antinacionales y viabilizaran la depuración ideológica de los cuadros docentes,
las organizaciones se movilizaron exigiendo
la ruptura de relaciones diplomáticas con la URSS primero y, a partir de 1961,
también con Cuba.[22]
La mayoría de los movimientos “demócratas” de
la primera época, desaparecieron o vieron decaer significativamente su actividad
entre fines de 1962 y mediados de 1963, fecha que coincide tanto con la derrota
en la campaña por modificar el orden legal, como con la definición estratégica
de Estados Unidos en cuanto a evitar un giro hacia lo que calificaron como
“derecha totalitaria”, evitar una ruptura del sistema político-económico, reforzar los lazos con
Estados Unidos y trabajar para para lograr una reforma constitucional que
pusiera fin al sistema colegiado y retornara al presidencialismo unipersonal. [23]
ORPADE fue una excepción, puesto que durante
1964 se mantuvo en actividad, alentando la militancia de los “demócratas” en
los centros de estudio donde el control ideológico reforzó el carácter
interpersonal y difamatorio. Por ejemplo, en 1964 cobró notoriedad el caso del profesor
y director del liceo de Florida, Salvador Fernández Correa, quien en junio de
1964 fue acusado por los “padres demócratas”, con el apoyo del periódico local,
de haber convertido a esa casa de estudios en un “centro de comunismo activo”.
Memorias contemporáneas evocan la generosa dedicación de este profesor de
convicciones libertarias a la educación pública, subrayando su presencia
durante muchas horas en el liceo y la creación de una especie de internado que
proporcionaba la alimentación para los alumnos más carenciados, incluso durante
los fines de semana. Fernández Correa estaba en la mira de ORPADE por
anarquista y por negarse a tomar el juramento de la bandera en el acto patrio
del 19 de junio. En 1964, mientras atravesaba una enfermedad terminal, los
representantes locales de ORPADE en Florida reclamaron la intervención del
Ministerio del Interior en ese liceo, acto que fue seguido por una campaña de
difamación del director desde los diarios El
País y El Plata y la radio Carve,
todos ellos medios oficialistas. Luego de su muerte, ocurrida en ese contexto,
la Cámara de Representantes le rindió homenaje y en palabras de diputados
comunistas y del co-gobernante coloradismo quincista se recordó la “caza
de brujas” que se había desatado sobre este docente “hereje”.[24]
Entre 1964 y 1965, el movimiento de “padres
demócratas” amplió su radio de acción implementando una campaña antisindical
dirigida a los gremios de la administración pública. Con este objetivo se
publicó una serie de folletos impresos a color, titulados “Si usted fuera un
trabajador soviético...”, que apuntaban a alertar a la población sobre la
ambigüedad del discurso del Partido Comunista que dominaba los sindicatos y la
agitación laboral. En la portada, una balanza simbolizaba la falta de
equilibrio entre la ley y la justicia social. El texto tomaba elementos de la
“ley rusa” para develar que en el régimen comunista los sindicatos estaban
sometidos al Estado, no era legal la huelga, los dirigentes sindicales estaban
todos sobornados y regían penas extremas para quienes infringían la ley.[25]
En un folleto titulado “Qué es ORPADE” el
movimiento se presentaba afirmando que no era un grupo que “limita[ra] su
acción únicamente a la defensa de la patria potestad sino que su acción
involucra[ba] a todas las actividades lícitas del país y a ciudadanos de todas
las edades”.[26] Al finalizar el año 1964 el movimiento envió
cartas personalizadas anunciando una colecta pública para recaudar fondos y
engrosar el número de adherentes. En la correspondencia de un profesor de
filiación blanca figura una de estas misivas en las que ORPADE se presentaba
como un movimiento de opinión que incluía ciudadanos de todas las tendencias
democráticas. La carta iba acompañada de bonos colaboración por diferentes
montos, que el interesado podía remitir a vuelta de correo.[27] A mediados de 1965 Celia Reyes proclamaba en
la prensa el vigor de ORPADE y la vigencia de su cruzada. Según Reyes la
organización tenía más de diez mil adhesiones explícitas en distintos sectores
sociales: “cientos y cientos de obreros y obreras apoyan su lucha y demuestran
su inmensa valentía espiritual poniendo su firma, que es personalidad superior,
limpia de intereses materiales en apoyo a su obra.”[28]
Lo expuesto hasta aquí se ha centrado
fundamentalmente en el costado público de ORPADE y su incidencia en grupos
sociales que se activaron políticamente ante la percepción de una amenaza
izquierdista inminente. Aunque amerita una investigación con mayor profundidad,
cabe señalar que algunos hallazgos documentales en los fondos de la policía
política de Montevideo documentan la presencia de representantes de ORPADE en
un fallido complot golpista organizado a comienzos de 1964 y en organizaciones
parapoliciales como el Movimiento Oriental Reivindicador Artiguista Libertador
(MORAL), que proporcionaba financiación encubierta para formar grupos de choque
en varios ámbitos, entre los que figuraba enseñanza secundaria.[29]
No sólo padres... La ampliación del campo
demócrata y la radicalización de los conflictos en la educación, 1968-1973
En 1968 la conflictividad social tuvo su
epicentro en enseñanza secundaria. El primer semestre del año estuvo marcado
por el aumento abrupto de la inflación, conflictos sindicales y movilizaciones
estudiantiles con una fuerte presencia numérica de estudiantes de enseñanza
secundaria, cuya matrícula había experimentado un crecimiento exponencial en el
último decenio.[30] Además de las ya tradicionales formas de
protesta -huelgas, movilizaciones callejeras- los estudiantes ensayaron nuevas
modalidades, como las ocupaciones de los liceos, las manifestaciones
“relámpago” con quema de neumáticos o la organización de “contracursos” y
“liceos populares” en respuesta a las clausuras temporales dispuestas por el
gobierno de Jorge Pacheco en reiteradas ocasiones.[31] Varios liceos habían sido ocupados por los
estudiantes identificados con distintas corrientes de izquierda y eran
frecuentes las manifestaciones en demanda de más presupuesto para la enseñanza
en todos sus niveles. Además, el movimiento estudiantil se había solidarizado
sistemáticamente tanto con el movimiento sindical, recientemente unificado en
una central única, como con los países víctimas del avance autoritario que se
estaba dando en el continente americano.
En ese contexto se revitalizó la Organización
de Padres Demócratas, con explícitos reproches hacia gobernantes que no habían
apoyado la batalla legal y “demócratas plácidos y tranquilos” convencidos de
que su “lucha e[ra] ilusoria y cuentos de brujas”.[32] El movimiento reeditó sus viejas estrategias
de acción en liceos del todo el país, creando el estigma en torno a docentes
con nombre y apellido, instigando a la violencia policial y presionando a las
altas autoridades de la enseñanza para que sancionaran legalmente a
funcionarios docentes y administrativos.
En el mes de setiembre se hizo pública la
campaña contra de los directores de los liceos de las ciudades de Batlle y
Ordóñez y Chuy, quienes terminaron formalmente separados de sus cargos mientras
se realizaban investigaciones administrativas. La prensa de oposición denunció
situaciones similares en Minas de Corrales, San Gregorio, Flores y Las Piedras.[33] A fines de 1968 ORPADE retomó la campaña de
recaudación de fondos. Un aviso destacado del diario La Mañana solicitaba la colaboración económica y convocaba a
“Ayuda[r] a defender nuestra Democracia”.[34] En 1969 se publicó y tuvo difusión en la
prensa un libro de Celia Reyes en que se desmenuzaban los orígenes y las
características de la infiltración totalitaria en enseñanza media y se ofrecía
una puntillosa deconstrucción del “profesor socio-comunista” y sus
posibilidades de acción en función de la asignatura que dictara.[35]
Dentro
del repertorio de acciones del movimiento en este segundo período sobresalieron
las tomas de liceos, una práctica que no era nueva pero aumentó
significativamente su frecuencia y fue apoyada por organizaciones surgidas en
la órbita estudiantil entre 1969 y 1970. El
anticomunismo juvenil se reactivó a partir de 1968 en respuesta a la radicalización
de la conflictividad estudiantil y a las primeras acciones de los grupos de
izquierda armada.[36]
A partir de 1971 la creación de la coalición electoral de izquierdas
Frente Amplio intensificó aún más la polarización y la violencia de las
agrupaciones percibidas como demócratas y anticomunistas. La renovación de
organizaciones juveniles “demócratas” se dio
inicialmente en el interior de Uruguay, donde se desarrolló un vasto movimiento
a favor de la creación de una universidad pública que disputara la hegemonía de
la Universidad de la República.[37]
Entre estos nuevos movimientos sobresalió la Juventud Uruguaya de Pie (JUP),
fundada en 1970 a partir de la convergencia de varias organizaciones
estudiantiles que también se decían “demócratas”.[38]
La JUP no fue exactamente una réplica de las organizaciones
juveniles “demócratas” de la primera época, de las que se diferenció a través
de una prédica más nacionalista, recelosa de la influencia cultural y económica
estadounidense y más cercana al tradicionalismo ruralista. Se trató de un
movimiento complejo, con distintos niveles de actuación e incidencia, que fue
cambiando su discurso de manera pragmática, probablemente en función de
tensiones internas y apoyos externos. Sin embargo, es posible inscribir a la JUP
en su primera etapa como una de las organizaciones juveniles conservadoras que
se movilizaron en defensa de un estilo de vida supuestamente autóctono, más
sano, menos citadino y respetuoso de las diversas jerarquías.[39]
Entre 1970 y 1971 realizó congresos, actos y charlas en Montevideo y, sobre
todo, en el interior del país. Su actividad involucró también acciones de
propaganda callejera y participación en instancias gremiales estudiantiles. Los
jóvenes de la JUP contaron con el respaldo moral, logístico y en ocasiones
económico de la ORPADE, dirigentes ruralistas y representantes de la jerarquía
católica. Entre los apoyos de la JUP se destacó Celia Reyes, mentora y
referente intelectual y político de ese colectivo, frecuentemente citada en las
páginas del suplemento del interior de La
Mañana, vocero de la agrupación.
Las organizaciones “demócratas” que actuaron en el espacio de la
enseñanza media y universitaria se enfrentaron a las agrupaciones izquierdistas
fundamentalmente por dos vías: en el plano sindical, disputando las elecciones
gremiales en los centros de estudiantes, las asociaciones de padres y los
ámbitos de co-gobierno, y en el dominio territorial de los centros de estudio
que se entendían infiltrados por estudiantes, funcionarios administrativos y
docentes marxistas que respondían a un plan de dominación totalitaria en el que
la cooptación ideológica de los jóvenes ocupaba un lugar central. Entre 1969 y
1972, las cada vez más frecuentes “tomas” de liceos fueron justificadas por la
ORPADE como acciones reivindicatorias ante un gobierno que hacia oídos sordos a
sus reclamos o bien en términos de “recuperación” -real y simbólica- de los
locales ocupados a instancias de los gremios estudiantiles de izquierda. En
1969, miembros de ORPADE ocuparon por más de un mes el liceo José Batlle y
Ordóñez en el Departamento de Lavalleja. Ese mismo año en la ciudad de Bella
Unión estudiantes y padres “demócratas” ocuparon el liceo para denunciar la
infiltración de “ideas foráneas” por parte de los profesores y la manipulación
del estudiantado, que era obligado a hacer huelga en apoyo a situaciones ajenas
a la enseñanza. La medida fue replicada en otras ciudades del departamento
norteño, como la localidad fronteriza de Quaraí o en la capital departamental,
donde la Confederación de Estudiantes Demócratas ocupó el liceo reclamando
explícitamente la intervención del Consejo de Enseñanza Secundaria y la
destitución de los “profesores culpables”.[40]
A comienzos de 1970, el movimiento de padres y organizaciones
estudiantiles demócratas celebró la intervención decretada por el Poder Ejecutivo
de los Consejos de Enseñanza Secundaria y la Universidad del Trabajo del
Uruguay. La medida, insistentemente solicitada por ORPADE desde 1968, garantizaba
el alejamiento del ente rector de los consejeros docentes, que en su mayoría
pertenecían a las listas gremiales de
izquierda.[41]
Desde entonces y hasta el 12 de junio de 1971 – fecha en que el Parlamento
anuló el decreto- el Presidente Pacheco nombró consejos interventores para
enseñanza secundaria y técnica que mostraron gran afinidad con las preocupaciones
orpadistas. Durante los meses de intervención se concretaron numerosas
investigaciones administrativas, que derivaron en sumarios a docentes que
venían siendo denunciados por la organización, así como recambios en puestos
administrativos considerados clave, entre los que sobresalían las bedelías, y
fundamentalmente las direcciones de los liceos.[42]
Este contexto agudizó el enfrentamiento entre izquierdas y derechas en el
ámbito de la enseñanza media.
En 1971 y 1972 Montevideo fue escenario de numerosas
“recuperaciones” de liceos que supusieron acciones de violencia física y
simbólica. Por lo general quienes efectivamente llevaban adelante la ocupación
eran integrantes de la JUP y otras agrupaciones estudiantiles
anti-izquierdistas, mientras que ORPADE se encargaba de reforzar en los medios
de comunicación el carácter noble y apremiante de esa lucha, que apuntaba a
salvar a los “verdaderos estudiantes”, un concepto muy usado en la visión
dicotómica que proyectaban las organizaciones demócratas. Así, por ejemplo, un
suelto publicado en la prensa poco antes del inicio del año lectivo de 1971
instaba al “Padre de alumnos de Enseñanza Secundaria” a velar por la asistencia
a clases de su hijo: “asegure y respalde la asistencia normal de su hijo a los
cursos. No permita que una minoría organizada provoque la pérdida del año de
los verdaderos estudiantes. Usted también es responsable – Participe!”.[43]
Un mes antes de que se levantara la intervención, en mayo de
1971, varios liceos de la capital y el interior habían sido ocupados por
estudiantes de las agrupaciones de izquierda y permanecían cerrados. Los
“estudiantes demócratas”, apoyados por ORPADE, emprendieron una campaña de
recuperación de las casas de estudio que siguió un mismo patrón: la irrupción
de los autoproclamados libertadores ocurrió en la madrugada y supuso, no solo
el desalojo violento de los ocupantes y la recuperación de la llave que
garantizaba el acceso a local, sino también una serie de rituales simbólicos de
desagravio a los símbolos patrios y de apología nacionalista. Según se narra en
la crónica de La Mañana, laudatoria
de estas acciones, cuando los “jóvenes demócratas” lograron vencer la “lluvia
de piedras y objetos con que los ocupantes instalados en la azotea, pretendían
hacerlos desistir de sus propósitos” y entrar al liceo número ocho se
encontraron con un grupo de “facciosos” durmiendo sobre “emblemas nacionales”.
El grupo de asalto recogió banderas, limpió las leyendas “de carácter faccioso”
de las paredes y obligó a los ocupantes a cantar cinco veces la marcha mi
bandera y siete veces el himno nacional.[44]
Por esos días se dieron situaciones similares en una decena de
liceos de la capital y Canelones en los que se llevaban adelante “huelgas de
brazos caídos”. La recuperación de los locales por parte de estos grupos de
estudiantes demócratas solía contar con el inmediato apoyo de la policía que
garantizaba la desocupación del lugar. Lo habitual era que el conglomerado
demócrata, con JUP y ORPADE a la cabeza, aprovechara la situación para ofrecer
evidencia pública de que las casas de estudio estaban infiltradas por
“agitadores profesionales” que no tenían nada que ver con el estudiantado (en
el caso del liceo ocho se informó a la prensa sobre la presencia de un
“funcionario de una fábrica de calzado” que estaba allí como “elemento de
choque”). Las recuperaciones de liceos eran, a su vez, instancias propicias
para demostrar el grado de degeneración moral que rodeaba al estudiantado
calificado de “comunista”, “totalitario” o “marxista”.
La coyuntura de mediados de 1971, caracterizada por el
desmantelamiento de los Consejos Interventores y tomas de locales, clausuras
temporales de liceos y enfrentamientos físicos en los centros de estudios
ocupados, ambientó una activa movilización del Movimiento de Padres Demócratas
de Liceos de Montevideo, que el 4 de junio divulgó un “manifiesto dirigido al
gobierno y las autoridades de Enseñanza Secundaria”. En él se reiteraban
exigencias de larga data, como la obligación de docentes y cargos de dirección a
cumplir con los programas de enseñanza establecidos de “forma objetiva en
cuanto a su interpretación política”, y agregaban la prohibición de realizar
asambleas en horas de clase, la obligatoriedad de remover “letreros con slogans
deformantes de la mente juvenil” y la implementación de una vigilancia extrema
para evitar que entraran a los liceos quienes no justificaran ser estudiantes.
El llamado Consejo Interino, y su decisión de reintegrar a la
actividad docente a muchos de los profesores y directores sancionados,
decepcionó a las organizaciones “demócratas”, que redoblaron su costado
inquisitivo dirigiéndose en tono amenazante a las nuevas autoridades y a la
población en general. El diario El País
sostuvo que un grupo de integrantes del movimiento había concurrido
personalmente a la redacción a entregar un comunicado con “gravísimas
denuncias”. Las clases se suspendían por la realización de asambleas
manipuladas por “un grupito de agitadores que promueve tumultos y tienen
mandato del Partido Comunista” y en un pizarrón del Instituto Alfredo Vázquez
Acevedo la organización de izquierda FER 68 informaba abiertamente sobre la
expropiaciones realizadas por un Comando de Apoyo Tupamaro. El comunicado
concluía increpando directamente a los “políticos demócratas”: “1) ¿Saben que
FER 68 es escuela y fábrica de sediciosos? 2) ¿Saben que hay mucho alumno y
profesor amenazado? 3) ¿Qué medidas enérgicas y bien meditadas se les ocurre
para terminar con esto, antes de que esto termine... como la universidad
gobernada por Moscú?”.[45]
Pocos días después, en una nota dirigida al Consejo Interino de
Secundaria que se publicitó en La Mañana, la organización manifestaba profunda
preocupación por la reintegración a centros docentes de profesores y alumnos
que habían hecho “uso del aula para fines político-revolucionarios”, ofreciendo
la colaboración para “erradicar todo proselitismo”. La contribución ofrecida
por los “padres demócratas” para lograr una “pacificación” de la enseñanza
media consistía fundamentalmente en dar a conocer la información sobre la
filiación ideológica y la militancia política de personal docente y
administrativo que habían ido recopilando en liceos y centros de enseñanza
técnica de todo el país. En reiterados comunicados recordaban que tenían
“informes en su poder”, “nombres propios”, denuncias fundadas y todo ello
estaba a disposición para retomar el necesario proceso de depuración en la
educación.[46]
Otra de las banderas tanto de ORPADE como de JUP fue la defensa
de estudiantes y docentes que habían sido des-gremializados (expulsados de sus
respectivos claustros y organizaciones), y quedaron en ocasiones impedidos de
ingresar a los locales de estudio. Rehabilitarlos en el ejercicio de sus cargos
y reivindicar su coraje se transformó en una parte importante de sus cometidos
y actividad militante.
Las relaciones con el Consejo Interino no resultaron tan fluidas
como con su antecesor, probablemente debido a la inminencia de las elecciones
nacionales que desestimulaba la adopción de medidas impopulares. El Consejo
nombrado después del levantamiento de la intervención fue mucho menos permeable
a las sistemáticas denuncias del movimiento que, desde el mes de agosto, volvió
a manifestar públicamente su preocupación por la falta de acción y la
permisividad de las autoridades de la enseñanza.[47]
A su vez, la coyuntura pre-electoral estuvo signada por un aumento de la
violencia que se manifestó, entre otras modalidades, a través de una ola de
atentados contra domicilios de políticos de izquierda y abogados de presos
políticos y que se prolongó y multiplicó en el transcurso del año siguiente.[48]
El 27 de noviembre de 1971 fue víctima de un atentado contra su casa particular
Daniel Buquet, el entonces presidente de la asociación gremial de los
profesores de Montevideo.[49]
En el mes de marzo de 1972, en un contexto que coincidió con la
detención de numerosos docentes a los que se acusaba de mantener contactos con
organizaciones guerrilleras, se realizó el Primer Congreso Nacional de Padres
Demócratas en la ciudad de Durazno, con la participación de delegaciones de
todo el país. En el encuentro se definió la creación de una Federación Nacional
de Padres Demócratas (FENAPADE) que tendría como principales cometidos
denunciar ante los poderes del Estado, autoridades privadas y paraestatales
“desvíos” y casos en los que no se respetara el “ideal democrático”. El
congreso, que estuvo acompañado de un acto público con varios oradores, debe
ser analizado como otro hito en la movilización de ORPADE y las organizaciones
afines. En la declaración aprobada y ampliamente divulgada en esta oportunidad
se plantearon asuntos variados, como por ejemplo el malestar que provocaba la
orientación del Instituto de Profesores Artigas como ámbito de formación
docente, la inconveniencia de levantar el régimen de medidas prontas de
seguridad -vigente prácticamente desde junio de 1968- si las autoridades no se
comprometían a cumplir con la legislación que auscultaba la filiación
democrática del cuerpo docente o la profunda preocupación que generaba el
incipiente uso de drogas por parte de los adolescentes. La declaración exigía
además el cumplimiento de la ley de creación de Liceos Militares en cada región
de Uruguay, manifestaba su apoyo a “todos los movimientos juveniles que tengan
como fin la democratización de la enseñanza” y exhortaba a profesores, maestros
y asociaciones democráticas a mantener la vigilancia y la militancia activa.[50]
En agosto de 1972 la prensa difundió una “carta abierta de los
padres demócratas” dirigida a Walter Schettini, presidente del Consejo Interino
de Educación Secundaria, en la que se acusaba directamente a las autoridades de
permitir que “la guerra” tuviera lugar en la enseñanza. La nota revelaba un
punto de inflexión en las expectativas del movimiento en relación al Consejo:
El año 1971 fue un año cumbre en la escalada de
la violencia en Secundaria. Entre el 20 de abril, cuando un grupo de presuntos
cañeros ingresa al Liceo de Colón e incita a los alumnos 'a agruparse para la
lucha armada a fin de liberar a Sendic', hasta noviembre, en que los centros
docentes se habían convertido en Comités de Base y de promoción sediciosa, se
sucedieron amenazas de muerte, agresiones y expulsiones ante la mirada
impertérrita de las autoridades.
En ese “ambiente subvertido” el llamado a la pacificación
formulado por la organización había caído en el vacío. La solución ya
no vendría mediante la acción de un consejo con potestades de gobierno. Fueron
enfáticos en la valoración de la derrota. “Profesor Schettini: la sedición hace
años que es dueña de la enseñanza; desde los muro de los centros docentes ha
venido permanentemente reclamando la sangre de nuestra juventud”.[51]
En los últimos meses de 1972 tuvieron lugar masivas movilizaciones
populares impulsadas por la CNT y el Frente Amplio. Los trabajadores de la
educación protagonizaron algunos de los conflictos más radicalizados en
respuesta a la gestación de una Ley General de Educación, finalmente aprobada
en enero de 1973, que promovía la centralización del sistema educativo básico,
procurando reforzar el control en esta área. Los “padres demócratas” ocuparon
un lugar destacado entre los auspiciantes de la ley. Celia Reyes volvió a desplegar el tipo de argumentos que había poblado sus
cartas públicas y activismo militante a mediados de los años cincuenta: : el
Estado debía velar por a “idoneidad en educación democrática”, algo que no
tenía que ver con los títulos ni los cargos, sino con la ideología y la moral
de los individuos. A juicio de Reyes, la Ley de Educación -cuyo
contenido no era novedoso puesto que podía encontrarse en el texto
constitucional vigente- ofrecía una solución para la integración de los
Consejos de Educación. “Los pasados años han sido oscuros -afirmaba en una
carta abierta al Presidente de la República- y el país entero no tiene
confianza en quienes, pudiendo actuar, no actuaron, aún en el cargo más simple
de maestro o profesor.”[52]
Otro de los activos respaldos públicos a la normativa fue el de
Carlos Stajano, mentor fundacional de ORPADE, muy comprometido con el impulso
de la legislación frustrada de los tempranos años sesenta. Para el médico,
político y docente universitario, que por esos días había diagnosticado la
total “cancerización de nuestro organismo nacional”, la nueva ley de educación
simbolizaba el triunfo de la Civilización por sobre la Barbarie y venía a
abolir “la siempre monstruosa consigna 'apóstata' que proclamó que el educando
no necesita estudiar, sino exaltar sus méritos en la órbita gremial”.[53]
Conclusiones
En las auto-identificaciones de los sujetos y grupos sociales, el
término “demócrata” podía figurar como adjetivo o como sustantivo puesto que
“ser demócrata” conllevaba una serie de sobreentendidos que remitían a la
defensa de liberalismo en términos fundamentalmente discursivos (los demócratas
no defendían proyectos alternativos a la democracia multipartidaria) y a un
conservadurismo social. En el amplio período analizado los “demócratas” se
revelaron extremadamente tradicionalistas en su visión de la historia nacional
y su defensa de un orden familiar y social que no admitía el cambio o algún
tipo de innovación. A diferencia de movimientos de derecha más extremos, que
defendieron abiertamente proyectos contra-revolucionarios y de cambio radical
del orden establecido, puede decirse que los demócratas se definieron sobre
todo por oposición: a los totalitarios, a “otros jóvenes”, a los agitadores
profesionales, a los anti-nacionales. Por contraposición, ellos -ya fuesen
jóvenes, padres, obreros, mujeres o profesores- eran democráticos, “sanos” y
auténticos.
El movimiento de los autodenominados “padres demócratas” se
inscribió plenamente en la lógica de construcción de enemigos internos que
estructuró los conflictos sociales de la Guerra Fría. En ese sentido, sus
prácticas y definiciones se inspiraban en la idea de que existía un nuevo tipo
de enemigo, que lejos de mostrarse abiertamente, se infiltraba en las naciones
y se caracterizaba por actuar en muy diversas áreas en organizaciones de fachada.
La idea del “quintacolumnismo” comunista que se escabullía en actividades
supuestamente gremiales, culturales o educativas obsesionó al movimiento de
“padres”, lo cual explica que dedicaran ingentes esfuerzos a la identificación
de individuos, grupos y actividades “antinacionales” y su consiguiente
desenmascaramiento. Sus acciones estaban destinadas al gran público y
apuntaban, en la primera época, a sacudir la modorra, demostrar que había un
peligro activo que estaba siendo subestimado (por la sociedad en general y por
los gobiernos reformistas) y a partir de la radicalización de los conflictos en
los años sesenta, a presentarse como guardianes de un orden que se desmoronaba.
Se observó cómo las actitudes en relación al Estado fueron cambiando, oscilando
entre acciones de presión, colaboración y enfrentamiento.
En este diagnóstico de infiltración solapada, que, además del
ámbito de la enseñanza, comprendía sindicatos, partidos políticos, la
administración pública, espacios confesionales y el mundo de la cultura, era
especialmente alarmista en relación a la vulnerabilidad de los jóvenes,
presentados como el grupo social más codiciado por la infiltración comunista y
con menos herramientas para hacer frente al “lavado de cerebro” que suponía el
contacto prolongado con “profesores socio-comunistas” y con los jóvenes
izquierdistas, con participación en los gremios estudiantiles y organizaciones
políticas. Del contacto con esos “jóvenes degenerados” preocupaba especialmente
la supuesta propagación de un estilo de vida y una manera de ver el mundo que
subvertía los pilares básicos del orden social. En este sentido las acciones
promovidas por el movimiento de “padres demócratas” deben ser entendidas en el
marco de un frente conservador que impugnó la cultura juvenil de izquierda,
atacando tanto sus expresiones moderadas (por ejemplo, que los estudiantes
realizaran asambleas en horas de clase o formaran parte de “huelgas de brazos
caídos”) como las más radicalizas, asociadas con la promoción del hippismo u otros
estilos de vida alternativos.
No debe pasar desapercibido el hecho de que se presentaran como
“padres”, lo cual demuestra un trasfondo patriarcal y conservador que se
manifestaba en la actitud del que vigila y protege, incluso cuando los
supuestos damnificados no puedan reconocerlo. Mientras que la juventud era una
identidad temporal, la de “padres” se presentaba perdurable y habilitaba
apropiaciones metafóricas que conferían autoridad al colectivo más allá de los
estudiantes de enseñanza media. El compromiso de los padres era, ante todo, con
la defensa de la nación, lo cual justificaba velar también por la consolidación
de “buenos trabajadores” o “buenos servidores públicos”.
Las actividades del movimiento fueron muchas y de variada índole.
En primer lugar debe subrayarse la minuciosa tarea de identificar, señalar
públicamente e intentar irradiar a individuos que tenían militancia en partidos
de izquierda (por entonces legales) o algún tipo de vinculación con
organizaciones sociales y culturales relacionadas con el campo socialista. La
tarea de recopilación y ordenamiento de información personal que justificara
una eventual sanción o destitución y, más adelante, un apresamiento fue lo que
dio vida a estas organizaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, su
militancia anticomunista supuso muchas otras actividades. Actuaron como
censores de manuales de enseñanza media, publicaron en diarios importantes y
participaron en programas de radio y televisión para dar a conocer en el
público amplio la cercanía del peligro denunciado, sacaron libros específicos,
realizaron grandes congresos, impulsaron leyes y exigieron a las autoridades
correspondientes la disposición de sanciones que podían suponer tanto el
alejamiento temporario de un docente o funcionario de un liceo, como su
destitución definitiva. En todos los casos las acciones de los “padres
demócratas” estaban teñidas por la voluntad de provocar escarnio público
entorno al acusado. Por eso sus adversarios los tildaban de “cazadores de
brujas” o “macartistas”.
La importancia de los “padres demócratas” en relación a la
violencia política que fue en ascenso en los años sesenta y setenta merece
estudios que incorporen otro tipo de fuentes. Sin embargo, es posible afirmar
que el movimiento de “padres demócratas” desde mediados de los años sesenta
tuvo contacto con organizaciones para-policiales y apoyó las tomas de liceos de
los “estudiantes demócratas” identificados con organizaciones como la JUP, que
actuaron como brigadas de choque en la expulsión de ocupantes de izquierda y a
la vez como referentes éticos que venían a demostrar a través de las
“recuperación” de locales de estudio la infiltración izquierdista y la
degeneración moral de la juventud. En las desocupaciones eran apoyados por la
policía que, por norma general, no investigaba las denuncias que incriminaban a
las agrupaciones “demócratas”.
Sin profundizar demasiado al respecto, este artículo pretendió
visibilizar la importancia de los divulgadores (¿intelectuales?) “demócratas”
-como Carlos Stajano o Celia Reyes de Viana- que no han merecido la atención
suficiente en una historiografía que descansa en la idea de una hegemonía
cultural de izquierda. Esto está ligado con la preocupación en relación al
éxito político de un movimiento como ORPADE. En términos de modificaciones
legales, hasta 1973 fueron más sus fracasos que sus victorias. Sin embargo,
incluso en los momentos de mayor desencuentro con el gobierno (anulación del
decreto que formalizaba la vigilancia ideológica en 1963 o nombramiento del
Consejo Interino que dejó sin efecto muchas de las sanciones aplicadas por el
Consejo Interventor), su eficacia debería buscarse en lo que parecería haber
logrado en términos de formación de opinión pública y promoción de actitudes
sociales como la sospecha, la vigilancia entre vecinos o directamente la
delación. En definitiva, ese repertorio de conductas era el que se había
presentado como deseable para un “demócrata” que se preciara de tal.
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Recibido: 21/08/2018
Evaluado: 25/09/2018
Versión Final: 31/10/2018
[1] Sobre el movimiento antifascista y sus
redes de solidaridad en la década entre 1935 y 1945 véase: Sandra McGee
Deutsch. “Hands Across the Río de la Plata: Argentine and
Uruguayan Antifascist Women, 1941-1947”. Revista Contemporánea, Año 8, vol.8, 2017, Montevideo, pp.
29-54; Gerardo Leibner. Camaradas y Compañeros. Una historia social y
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pp. 50-88; Juana Paris y Esther Ruiz. El frente en los años 30.`
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[2]
Ernesto Bohoslavsky y Mariana Iglesias han señalado este rasgo en común
en los inicios de la guerra fría en la región: “Las guerras frías del
cono sur: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (1945-1952)”. OPSIS, v. 14, Goiás, 2014, pp. 113-133
[3] Luc Van Dungen, Stéphanie Roulin y Giles Scott-Smith (eds.). Transnational Anti-communism and the Cold
war. Agents, activities, and networks. Palgrave Macmillan, Londres, 2014.
Sobre los congresos contra la intervención soviética en América Latina véase:
Ernesto Bohoslavsky y Magdalena Broquetas, “Los congresos anticomunistas en
América Latina. Redes, sentidos y tensiones en la primera guerra fría
(1954-1958)”, ponencia presentada en el Tercer coloquio internacional Pensar as direitas na América Latina
no século XX, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
Brasil, 2018.
[4] Parte de la prensa citada en esta
ponencia fue relevada por el equipo del investigadores que coordino en el marco
del proyecto sobre Nacionalismos de derecha y anticomunismo en el Uruguay de
la Guerra Fría (proyecto CSIC I+D) S integrado por Fernando Adrover, Pablo
Langone, Matías Rodríguez y Álvaro Sosa. Agradezco a Javier Correa los aportes
documentales sobre Durazno.
[5] Magdalena Broquetas. La trama
autoritaria. Derechas y violencia en Uruguay (1958-1967). Montevideo,
Ediciones de la Banda Oriental, 2014
[6] “Cómo los profesores soviéticos
inculcan sus ideas a los discípulos uruguayos”, El País, Montevideo,
11/6/1954.
[7] Antonio Romano ha seguido el
itinerario de Celia Reyes en la “Agrupación Educación Democrática” que la
propuso entre los candidatos docentes para el Consejo de Enseñanza Secundaria.
"El (anti) comunismo en la enseñanza secundaria". La Agrupación
"Educación Democrática" y las elecciones docentes (1964-1968)",
ponencia presentada en el Seminario Internacional A 50 años del 68. Miradas
e interpretaciones desde el sur, Universidad de la República, Montevideo,
2018.
[8] Magdalena Broquetas. La trama ...,
Op. Cit. pp. 79-124.
[9] Servicio de Inteligencia y Enlace
(SIE), Memorándum sobre organizaciones gremiales, 25 de mayo de 1964, carpeta
N° 1285, Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
Varios de los miembros de ORPADE lo fueron también de la Asociación de Padres de Alumnos Liceales (APAL), Informe sobre
“agrupaciones anticomunistas no oficiales”, abril de 1962, carpeta N° 674,
DNII.
[10] Véase: Carlos Stajano,
"Psicología del Adolescente y el Futuro de la Democracia", Revista
de Criminología, Abril-Junio, 1956, pp. 99-100, citado en Leandro
Kierszenbaum. Tesis de Doctorado. Orígenes
del orden represivo uruguayo: usos y percepciones de la violencia (1945-1968).
Tel Aviv, Universidad de Tel Aviv, 2012, pp. 105-106 y 151-152.
[11] “Finalizó en Tacuarembó el II Congreso
de Padres Demócratas”, La Mañana, 24/7/ 1962; “Rotundo éxito del
Congreso de Padres Demócratas en Tacuarembó”, El País, 24/7/ 1962.
[12] “A la opinión pública”, La Mañana, Montevideo, 19/1/1961.
[13] A fines de 1962 el presidente de la
organización envió un a nota al Poder Ejecutivo colegiado en la que manifestaba
su agradecimiento por “la comprensión y la solidaridad del H. Consejo Nacional
de Gobierno, con este movimiento ciudadano, auténticamente nacional, que aúna a
los hombres de todos los partidos tradicionales, en la defensa de las
instituciones y el futuro de la patria, severamente y tenazmente amenazada”.
Actas del Consejo Nacional de Gobierno (CNG), Montevideo, 11/12/1962, p. 2.
[14] “Nota del movimiento nacional de
Padres Demócratas” al Consejo Nacional de Gobierno, Actas del CNG, Montevideo,
12/6/1962. La ley mencionada era la 11.923 y se pedía la reglamentación de su
artículo 40.
[15] “A.L.E.R.T.A”, El País, 30/11/1961.
[16] “Respetemos la constitución”, Boletín
mensual de ODI, N°2, setiembre de
1962.
[17]
El texto, que incluía mención explícita a las normas jurídicas
reiteradamente invocadas por ORPADE y ALERTA había sido redactado por una
comisión integrada por Aparicio Méndez, Nicolás Storace y Eduardo Pons Echeverry
(ministros de Salud Pública, Interior e Instrucción Pública y Previsión social,
respectivamente), aunque se reconocía la paternidad intelectual casi exclusiva
del primero.
[18] Leandro Kierszenbaum. Los orígenes
..., Op. Cit.
[19] Véase, por ejemplo, la argumentación
de Martín Echegoyen. Actas del CNG, 22/1/1963, pp. 22-25.
[20] Actas del CNG, 22/1/ 1963, p. 27.
[21]
A pesar del revés sufrido con la reconsideración del decreto, el 25 de
julio de 1963, el Consejo Nacional de Gobierno acusó recibo de una nota de la
asociación de “padres demócratas” entregada el día anterior por una comisión
que se había entrevistado con el Presidente del Consejo. Actas del Consejo
Nacional de Gobierno, 25/7/1963.
[22] En setiembre de 1959 el Movimiento
Nacional Femenino para la Defensa de la Libertad reclamaba a los gobernantes la
“inmediata ruptura de relaciones con la URSS”. Desde enero de 1961 la
movilización apuntó al rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. “La
mujer adhiere con gran entusiasmo a la lucha de Defensa de la Libertad”, El País, 3/10/1959 y “Movimiento Estudiantil para la defensa de la
Libertad”, El País, 7/1/1961.
[23] Magdalena Broquetas, La trama
autoritaria..., Op. Cit., pp. 67-71.
[24] Diario de Sesiones de la Cámara de
Representantes, Montevideo, 3/6/ 1965, pp. 69-70. Salvador Neves, “Mi abuelo el
anarquista”, Brecha, Montevideo, 28/3/2008.
[25] “Si usted fuera un trabajador
soviético ...”.[1964-1965 aprox.] Archivo DNII.
[26] Folleto de ORPADE, [1964 aprox.]
Archivo de Propaganda Política, Departamento de Historiología, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (APP-FHCE) de la Universidad de la
República.
[27]Carta firmada por Carlos Stajano
dirigida al Prof. Antonio Mena Segarra, noviembre de 1964, Fondo Misceláneas,
Donación Mena Segarra, APP-FHCE.
[28] “ORPADE es fuerza democrática
indestructible”, El País, 4/7/1965.
[29]
Composición de la directiva de Vanguardia
Tricolor [probablemente 1/2/1964]. SIE, carpeta N° 1172c y Hoja
mecanografiada [probablemente mediados de 1965]. SIE, carpeta N° 1285. Archivo
DNII. Véase también: Magdalena Broquetas, La trama autoritaria..., Op.
Cit., capítulos 4 y 7.
[30] Entre 1950 había poco más de 34.000
estudiantes matriculados en enseñanza media y en 1970 la cifra era de 132.125.
Benjamín Nahum, Ana Frega, Mónica Maronna e Ivette Trochón. El fin del
Uruguay liberal. 1959-1973,` Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental,
1993, p. 175.
[31] Véase Vania Markarian. El 68
uruguayo. El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat. Buenos
Aires Universidad Nacional de Quilmes, 2012 y Gonzalo Varela. El movimiento
estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal.` Montevideo,
Ediciones Trilce, 2002 .
[32] “Cuentos de brujas y epopeyas. Grave
infiltración comunista hace tiempo se ha denunciado”, El País, 10/2/1968.
En este segundo período Stajano ya no figuró como presidente de la
organización. En su lugar, aunque asociado a la organización en Montevideo,
estuvo el profesor Mortimer Quijano.
[33] “ORPADE, la caza de brujas y el
Ministerio de Cultura”, El Popular,
Montevideo, 12/9/1968. `
[34] Publicidad de ORPADE, La Mañana, 7 de
noviembre de 1968. Ver también: “Por una enseñanza democrática auténtica
colabore con ORPADE”, La Mañana, 10
de agosto de 1969.
[35] Celia Reyes de Viana. El comunismo
en la enseñanza secundaria. Sus problemas; aspectos educativos de enseñanza
secundaria. Montevideo, 1969.
[36] Sobre las organizaciones de la
izquierda armada véase: Clara Aldrighi. La izquierda armada. Ideología,
ética e identidad en el MLN-Tupamaros. Montevideo, Ediciones Trilce, 2002 y
Eduardo Rey Tristán. A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria
uruguaya. 1955-1973. Montevideo, Editorial Fin de Siglo, 2006.
[37] María Eugenia Jung. La educación superior
entre el reclamo localista y la ofensiva derechista. El movimiento pro-Universidad
del Norte de Salto (1968-1973). Montevideo, Universidad de la República,
2018.
[38] Ídem y Gabriel Bucheli. “El sujeto social de derechas en Uruguay y la emergencia de
la Juventud Uruguaya de Pie (1968-1972)”. Revista de Historia Política
Divergencia, No. 4, Año 2, 2013.
[39] Ernesto Bohoslavsky, Magdalena Broquetas y
Gabriela Gomes. “Juventudes conservadoras en los años sesenta en Argentina,
Chile y Uruguay”, en Fabio Kolar y Ulrich Mücke (eds), El pensamiento conservador y derechista en América
Latina, España y Portugal. Siglos XIX y XX,
Editorial Iberoamericana-Vervuert, 2018, pp. 289-312.
[40] “Dirigente estudiantil opina sobre la
ocupación del liceo departamental de Artigas”, La Mañana, 15 de agosto de 1969;
“Ilegales sanciones en el Liceo de Batlle y Ordóñez”, El Popular, 16/5/
1970.
[41] Antonio Romano. De la reforma al
proceso. Una historia de la enseñanza secundaria (1955-1973). Montevideo,
Ediciones Trilce, 2010.
[42] Leonor Berná estudió en detalle la
amplia gama de sanciones aplicadas por el Consejo Interventor de Secundaria. Enemigos
peligrosos. El control político a los docentes de Educación Secundaria entre
1970 y 1985. Tesis de Maestría. Montevideo, Universidad de la República,
2016.
[43]
Suelto firmado por ORPADE en La Mañana, 28/2/1971.
[44] “Estudiantes demócratas obligan a
cantar el himno 7 veces”, La Mañana, 27/5/1971.
[45] “Desgremializados: padres con
Schettini”, El País, 25/6/1971.
[46] “Respuesta de los padres demócratas de
Secundaria”, El País, 13/8/1971.
[47] “Extremistas expulsan tres liceales”, El
País, 22/10/ 1971; “De la Asociación de Padres y Ciudadanos Demócratas de
Batlle y Ordóñez”, La Mañana, 11/7/1972.
[48] “La subversión permitida” I, II y III,
Semanario Marcha, 7,14 y 21/4/1972.
[49] El Popular, 27/11/1971.
[50] “Se cumplió el Durazno el Primer
Congreso de Padres Demócratas”, La Mañana, 7/3/`1972.
[51] “Carta abierta de los Padres
Demócratas a Schettini”, El País, 13/8/1972.
[52] “Carta abierta al señor presidente de
la República”, El País, 20/3/1973.
[53] “La Ley de Enseñanza”, El País,
24/1/1973.