“Las hijas del trueno”.
Algunas notas sobre el carácter sexuado de la represión en Mendoza (1976)[1]
"The daughters of
thunder". Some notes on the sexual character of the repression in Mendoza
(1976)
Laura Rodríguez Agüero
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y
Ambientales,
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Argentina)
lrodriguezaguero@gmail.com
Resumen
Este
trabajo se propone ahondar en las características sexo genéricas y de clase de
los dispositivos represivos estatales que actuaron en Mendoza durante 1976. En
esa dirección, en primer lugar analizaremos ciertas especificidades que
tuvieron las prácticas represivas cuando las víctimas fueron mujeres que
estuvieron secuestradas en los CCD D2 y Casino de Suboficiales. En segundo
lugar estudiaremos el accionar específico de las policías y el Ejército en las
dinámicas represivas en clave sexo genérica, y en tercer lugar intentaremos
abordar el carácter de clase –en articulación con el de género- de ciertos
dispositivos represivos que actuaron en la provincia durante el primer año de
la dictadura. También realizaremos una breve descripción de las prácticas de solidaridad
desarrolladas por mujeres en los espacios de encierro analizados.
Los
interrogantes planteados serán abordados partiendo de la idea de que el combate
a la denominada “subversión” estuvo inscripto en la relación asimétrica entre
los géneros sexuales, hecho que se plasmó en el carácter diferenciado de la
represión hacia varones y mujeres por parte de los dispositivos represivos
tanto estatales como paraestatales. [2]
Palabras Clave
Represión; mujeres; dictadura; historia reciente; historia regional.
Abstract
This research intends to delve into the generic and
class gender specificities of the repressive state mechanisms that acted in
Mendoza during 1976. In that direction, we will first analyze certain
specificities that had repressive practices when the victims were women who
were kidnapped in the CCD D2 and Casino de Suboficiales. Secondly, we will
study the specific actions of the police and the Army in the repressive
dynamics in gender generic key, and in third place we will try to address the
class character - in articulation with the gender - of certain repressive devices
that acted in the province during the first year of the dictatorship. We will
also make a brief description of the solidarity practices developed by women in
the confinement spaces analyzed.
The questions raised will be addressed starting from
the idea that the fight against the so-called "subversion" was
inscribed in the asymmetric relationship between sexual genders, a fact that
was reflected in the differentiated character of the repression of men and
women by the devices repressive both state and parastatal.
Keywords
Repression; women; dictatorship; recent history; regional history.
Introducción
Este trabajo se propone abordar las especificidades sexo genéricas y de
clase de los dispositivos represivos estatales que actuaron en Mendoza en los momentos
previos y posteriores al 24 de marzo de 1976.
En
trabajos anteriores hemos analizado cómo el uso de una perspectiva sexo
genérica permite no sólo hacer visibles ciertos actores y prácticas, sino que
también muestra el carácter estructurante del género en las múltiples
dimensiones de la vida de hombres y mujeres (D´Antonio, Rodríguez Agüero,
2017). En esta oportunidad, y a partir del caso mendocino, intentaremos
desentrañar algunos de los aportes de la dimensión sexo genérica en el estudio
de los dispositivos represivos.
Para ello
en primer lugar, analizaremos ciertas especificidades que tuvieron las
prácticas represivas cuando las víctimas fueron mujeres trabajadoras y
militantes, para lo cual nos detendremos en las experiencias concentracionarias
de mujeres activistas estatales, estudiantiles y trabajadoras de la prensa que
pasaron por los CCD (Centro Clandestino de Detención) mendocinos D2 y Casino de
Suboficiales durante el año 1976. En segundo lugar, estudiaremos el accionar específico
de las policías y el Ejército en las dinámicas represivas en clave sexo
genérica, y en tercer lugar intentaremos abordar el carácter de clase –en
articulación con el de género- de ciertos dispositivos represivos que actuaron
en la provincia durante el primer año de la dictadura. También realizaremos una
breve descripción de las prácticas de solidaridad desarrolladas por mujeres en
los espacios de encierro analizados.
En este
trabajo, realizado a partir de un variado tipo de fuentes[3] (judiciales, periodísticas y
orales) se intentará responder las siguientes preguntas: ¿de qué modo se
manifestó el carácter sexo genérico de la represión en los circuitos
clandestinos? ¿Qué papel cumplieron las fuerzas armadas y de seguridad en dicho
accionar? Y: ¿es posible determinar cierto carácter de clase en el ejercicio
del terror? ¿Existió una distribución de tareas entre las fuerzas armadas y de
seguridad en función de criterios de clase y género? ¿Cuáles fueron las
respuestas solidarias de las mujeres en los espacios de encierro?
Para
intentar responder estos interrogantes, nos detendremos en algunas
características de la represión a escala local, ya que achicar la escala de
análisis permite observar dimensiones de la represión que a gran escala pasan
inadvertidas. Los interrogantes planteados serán abordados partiendo de la idea
de que el castigo aplicado tanto a aquellos denominados “subversivos/as” como a
las mujeres en situación de prostitución, se hallan inscriptos en relaciones
asimétricas entre los géneros sexuales, y que la última dictadura implicó,
además de una “revancha clasista”, una de corte “heteropatriarcal” (Ciriza,
Rodríguez Agüero, 2015).
Los ´60 y
´70 y la subversión de las relaciones intergenéricas. Las “hijas del trueno”
Las
décadas de los ´60 y ´70 estuvieron signadas por una serie de transformaciones
en el rol tradicional asignado a las mujeres, que modificaron sus
subjetividades y provocaron cierta alteración de las relaciones intergenéricas.
A su vez, estas transformaciones se produjeron en un contexto de agudización de
la lucha de clases a lo largo de todo el país. Mendoza no fue ajena a este
proceso, y ya desde fines de los 60 un robusto movimiento estudiantil, y
distintos sectores de trabajadores/as pusieron en jaque a las intervenciones de
la autodenominada Revolución Argentina, en protesta contra su política
represiva y económica. En este marco, en 1972 se produjo el Mendozazo[4] , hecho que cristalizó en la consolidación de algunas experiencias
organizativas, tales como docentes, contratistas de viña, bancarios y
estatales, entre otros. De los casos mencionados, además del docente, el sector
de estatales es el que registró mayor presencia femenina. Las distintas
reparticiones del estado provincial parecen haber registrado un significativo
ingreso de mujeres en sus distintas dependencias durante la segunda mitad del
s. XX. [5]
Además,
fue en este contexto que nació un combativo gremio de estatales, el SOEP
(Sindicato de Obreros y Empleados Públicos), sindicato surgido luego del
Mendozazo, que según sus fundadores había “despertado la conciencia de ser
pueblo de los mendocinos” y había llevado a los estatales a asumirse como clase
trabajadora (Mendoza, 30 de abril de 1973). Este gremio, entre junio y julio
1973 en un clima de “primavera camporista” protagonizó un proceso tomas de los
lugares de trabajo, y logró la conquista de la principal herramienta legal que
los estatales han tenido y tienen: el Estatuto del Empleado Público. Sin
embargo, la correlación de fuerzas hacia fines de 1973 y comienzos de 1974,
desfavorable para los sectores radicalizados de la clase trabajadora, y el
miedo generado a partir de la violencia paraestatal llevó a que SOEP se
disolviera y se integrara a ATE, y a fines de 1975, frente a un posible triunfo
de los ex SOEP, el gremio fuera intervenido por la derecha peronista. Traemos a
colación al SOEP debido a que esta progresiva experiencia gremial habilitó la
participación de mujeres en algunos puestos directivos, comisiones y cuerpos de
delegados/as. Por otro lado, porque la presencia de mujeres en instancias
gremiales estatales fue advertida por las fuerzas armadas y de seguridad, y ya
en los meses previos a la dictadura, la persecución de delegadas se puso en
marcha.
Este
marcado ascenso de la participación femenina en diversas instancias
organizativas no aconteció solo en el ámbito estatal. En sectores como el
estudiantil, en agrupaciones político partidarias y político militares la
participación de mujeres también creció. [6] Lo mismo ocurrió en los medios de comunicación, ámbito que por décadas
había sido predominantemente masculino. En este trabajo, al analizar el
carácter sexo genérico de la represión estatal, abordaremos casos de
trabajadoras y delegadas estatales, estudiantes y periodistas que fueron
víctimas del terror.
La represión sexo genérica en dos CCD
En
Mendoza, la represión paraestatal tuvo temprana aparición, ya desde 1973
distintos comandos colocaron bombas y protagonizaron las primeras acciones
violentas (Rodríguez Agüero, 2014). Las acciones represivas ilegales se
articularon con procedimientos legales impulsados por el gobierno nacional
tales como la reforma del Código Penal, o las leyes de Prescindibilidad o de
Seguridad Nacional 20840; pero también en pequeñas disposiciones locales como
la modificación del Código de Faltas o la reglamentación del carnaval. Es decir
que entre 1973 y 1976 las medidas coercitivas legales e ilegales/clandestinas
fueron parte de una misma trama represiva que se estaba poniendo a punto en los
meses previos al golpe de Estado.
Hacia
fines de 1975 se promulgaron los denominados decretos de aniquilamiento [7] y fue en ese marco que se produjo
la intervención de sindicatos considerados díscolos por la ortodoxia peronista,
se agudizó el accionar de las bandas paraestatales y comenzó la persecución de
delegados/as gremiales (Rodríguez Agüero, 2014). En este punto resulta
importante enfatizar el hecho de que gran parte de las detenciones y secuestros
que se produjeron durante 1975, fueron realizados en el marco de la ley 20840
de Seguridad Nacional sancionada en setiembre del año anterior.
A
continuación, vamos a abordar algunos casos de mujeres que estuvieron
secuestradas en los CCD D2 y Casino de Suboficiales, con el objetivo de
analizar prácticas represivas generizadas a las que fueron sometidas, ya que si
bien el ejercicio del terror operado por las fuerzas armadas y de seguridad
sobre hombres y mujeres fue brutal, entendemos que hubo un componente
diferencial de género en la aplicación del terror (D´Antonio, Rodríguez Agüero,
2017).
El primer
caso que vamos a analizar refiere al operativo contra delegados/as estatales y
militantes peronistas de izquierda ocurrido en febrero de 1976, que fue
denominado por la justicia “causa Rabanal” y que consistió en el secuestro once
delegados/as gremiales pertenecientes a SOEP y ATE, y en algunos casos a la
Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y Montoneros (y un niño y dos niñas). Las
víctimas de este operativo, secuestradas en el marco de la ley 20.840, fueron
sometidas a distinto tipo de tormentos en el Departamento de Informaciones de
la Policía de Mendoza, D2, hoy Espacio Provincial de la Memoria, y luego
conducidas a la Penitenciaría Provincial, salvo el delegado Miguel Ángel Gil,
quien murió a raíz de las torturas padecidas en dicho centro clandestino. La
mayor parte de ellas fueron previamente interrogadas por el juez Carrizo en la
Jefatura de Policía y, más tarde, trasladadas a distintos centros de detención
del país, donde sus cautiverios se extendieron por años.
El otro
caso refiere a la experiencia concentracionaria “Casino de suboficiales”,
dependencia del Ejército que entre marzo y septiembre de 1976 funcionó como
Centro Clandestino de Detención y alojó según la justicia a 16 mujeres, aunque
una de las sobrevivientes, Beatriz García, mencionó que fueron 21 y uno de
militares condenados señaló que hubo 36 detenidas. [8] El Casino dependía de la Compañía de Comandos y Servicios, y ésta de la
8va. Brigada de Infantería de Montaña. En el VI Juicio por delitos de lesa
humanidad de Mendoza, y a partir del tratamiento de este caso, se demostró el
funcionamiento coordinado y conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea, a través
de la presencia de agentes de inteligencia de ésta última, en los
interrogatorios bajo tortura ocurridos en el Casino.
“El doble castigo” [9]
Si bien a
partir de un análisis estructural genérico se puede ver una diversidad de
prácticas represivas en los distintos circuitos clandestinos o carcelarios, acá
nos concentraremos en dos prácticas represivas generizadas que afectaron
especialmente a militantes, periodistas y trabajadoras estatales cuyos casos
vamos a abordar. Nos referimos a la desmaternalización y a la violencia sexual.
Respecto
de la primera de ellas, la desmaternalización, Débora D ´Antonio advierte, por
un lado, cómo “el régimen militar subvirtió el orden de género y sexual en los
espacios de encierro ocultos a los ojos de la sociedad yendo contra su prédica
familiarista y restauracionista” (D ´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017:9). La
veneración que se hacía públicamente hacia las madres tuvo su contracara en el
trato ofrecido a las militantes “que convertían primero en desaparecidas para
luego secuestrarles y sustituirles la identidad a sus hijos e hijas” (D
´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017:9). En el caso de las presas políticas agrega
la autora “el poder penitenciario puso todos los mecanismos institucionales al
servicio de interferir el vínculo con los menores” (D ´Antonio, Rodríguez
Agüero, 2017:9).
Los casos
de mujeres víctimas de tormentos en el D2 son múltiples. En este trabajo
analizaremos solo algunos de ellos, encuadrados en el operativo de febrero de
1976.[10]
Silvia
Ontivero trabajaba en la Dirección de Comercio, de la cual era delegada
gremial, militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y había tenido una
activa participación gremial. Fue secuestrada junto a su compañero Fernando
Rule y su hijo Alejo Hunau, de cuatro años, y llevada al D2, donde según ha
relatado, vivió los peores 18 días de su vida. En ese CCD fue golpeada e
insultada frente a su hijo. A dicha situación se le sumó el hecho de que su
secuestró se realizó mientras ella tenía un embarazo en curso, y luego de las
sesiones de tortura con picana eléctrica, sufrió un aborto, y un posterior
legrado sin anestesia. Según relató en su declaración en el IV Juicio por
delitos de lesa humanidad de Mendoza, con el paso del tiempo, supo que estos
vejámenes le habían producido infertilidad. Silvia consignó en su testimonio
judicial otros episodios de abortos sufridos por otras mujeres: “junto con otra
compañera abortamos en el momento de la tortura, yo estaba de aproximadamente
dos meses y medio y la otra detenida de cuatro meses. Luego del aborto
espontáneo se presentó una persona que dijo ser médico y que realizó en carne
viva el raspaje final” (https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/02/).
Después de su paso por el D2, Silvia fue trasladada a la Penitenciaría
provincial -donde fue golpeada y se le impidió la visita de su hijo- y,
posteriormente, trasladada a la cárcel de Villa Devoto en la ciudad de Buenos
Aires. Recién recuperó su libertad en septiembre de 1982 (https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/02/).
En los interrogatorios a los que fue sometida mientras estuvo en cautiverio,
una de las amenazas recurrentes era que no volvería nunca más a ver a su hijo.
Una intimidación que finalmente se cumplió ya que el padre del menor,
aprovechando su aislamiento, y con la connivencia del poder judicial
provincial, en octubre de 1977, logró que se dictaminara el abandono de hogar
por su parte cuando era de público conocimiento que ella estaba en situación de
encierro. La figura de abandono de hogar, avalada por un juzgado de familia, la
llevó a perder la patria potestad sobre el niño y le impidió verlo durante los
primeros seis años de vida. Fue recién once años después y tras una larga lucha
que Silvia logró recuperarlo.
Ivonne
Larrieu fue secuestrada el 9 de febrero de 1976 junto con su hija
María Antonia
que había nacido el 25 de enero de ese mismo año. Fueron
llevadas al D2, al
igual que su marido y padre de la bebé, Alberto Muñoz.
Ivonne y Alberto,
oriundos de Mar del Plata, eran militantes de la Unión de
Estudiantes
Secundarios (UES), organización ligada a la agrupación
Montoneros de la
izquierda revolucionaria del peronismo. Al detectar que eran vigilados
y
perseguidos, decidieron trasladarse a la ciudad de Mendoza. En el D2,
Larrieu y
su bebé fueron alojadas en una habitación vacía,
sin muebles ni colchones.
Durante por lo menos 4 días, no le proporcionaron comida ni
agua, pero aún así
pudo amamantar a su hija. Tampoco le facilitaron pañales por lo
que para
higienizar a su hija utilizaba pedacitos de la funda de la almohada con
la que
tenía vendada su cabeza. Una vez trasladada a la
Penitenciaría, cuando Antonia
tenía sólo 5 meses, debieron llevarla de urgencia al
hospital Militar para
operarla por una obstrucción intestinal
(https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-134-alegato-fiscalia-iii-el-descenso-del-d2).
En esa intervención le provocaron quemaduras en las nalgas, en
apariencia con
agua hirviendo. Ivonne en su declaración en el IV Juicio por
delitos de lesa
humanidad señaló: “ella también estaba
presa. Tenía 15 días y era una víctima
más. Nos les importó nada, qué animales, si se
moría, se moría”
(https://juiciosmendoza.wordpress.com/audiencia-134-alegato-fiscalia-iii-el-descenso-del-d2/v).
En el
caso de Stella Maris Ferrón, quien fue secuestrada el mismo día que Ivonne y
trasladada también al D2, el trato fue bastante similar. Fue capturada junto a
su hija Yanina de 10 meses y fue seriamente golpeada “y hasta le aplicaron
corriente en su cuerpo con un cable conectado a un auto”
(https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/16/). Desde el momento de la
detención de ambas, la familia de Ferrón se trasladó desde la provincia de
Santa Fe a la de Mendoza para abocarse a la búsqueda de la pequeña. Sin
resultados positivos decidieron regresar a Santa Fe. En esa ciudad, la madre de
Stella solicitó la mediación del entonces obispo, Monseñor Zaspe, quien
aparentemente se comunicó con la curia mendocina hasta que finalmente dieron
con el paradero de la criatura. La hija de Ferrón había quedado en poder del
comisario Juan Félix Amaya, funcionario de la seccional 25°. En la actuación
policial consta que Amaya “por peligro moral y material se hace cargo de la
niña”. Sin embargo, cuando la entregó a los padres de la detenida el día 12 de marzo:
“Yanina tenía el mismo enterito que el día del secuestro -había pasado más de
un mes- con olor a amoníaco, estrabismo en los ojos e infecciones varias”. Ya
con Stella, en la cárcel, debió soportar un simulacro de fusilamiento estando
en brazos de su mamá. A raíz del clima de inseguridad y agresión que vivían,
Ferrón decidió entregar la nena a sus abuelos. “Las consecuencias psíquicas han
sido severas”, señalaba el informe médico con el que Stella Maris concluyó su
testimonio en sede judicial (https://juiciosmendoza.wordpress.com/2014/06/16/).
En el CCD
Casino de Suboficiales, también nos encontramos con prácticas de
desmaternalización aunque con características diferentes. Un caso emblemático
es el de la joven estudiante, bailarina y militante del PRT ERP Vilma Rúpolo,
quien fue detenida en su domicilio, a sólo dos días de dar a luz a su primer
hijo. Si bien se le permitió tener a su bebé durante un tiempo, Vilma sufrió
torturas a días del nacimiento. Tal como ella señaló “los verdugos no usaban
picana”, sino que la colgaban de las muñecas con alambre, de modo que quedaba
“despegada del piso, bamboleando”, y le pegaban. Cada sesión duraba 2 horas y
según declaró utilizó distintos métodos para retrasar los tormentos. También
señaló haber perdido el conocimiento luego de un “submarino seco” y haber
despertado vestida y rodeada de sus compañeras quienes le ofrecieron algo para
beber. Tenía que recuperarse pronto, “para atender al bebé”
(https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/15/audiencia-31-el-sosten-entre-companeras/).
Beatriz
García estudiaba Ciencias Políticas, militaba en la Juventud Peronista y era
trabajadora estatal en la Dirección de Tránsito y Transporte. Fue secuestrada
el 24 de marzo de 1976 de madrugada y llevada directamente al Casino de
Suboficiales. Beatriz recuerda la llegada Mariano Morales, hijo de Vilma: “un
soldado con casco, un arma larga y un moisés en la otra mano trajo al bebé… me
marcó para toda la vida ver a Vilma Rúpolo amamantando a su hijo con los pechos
morados de tantos golpes”
https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/28/audiencia-34-cuando-la-realidad-supera-la-ficcion/).
Otro caso fue el de Rosa “Kity” Obredor quien también era trabajadora estatal
en la Dirección de Tránsito y Transporte y militante humanista. Fue secuestrada
el 24 de marzo de 1976 y llevada “a un lugar cerca de la cárcel…le decíamos La
Casita”, señaló. Ese lugar era el Casino. Rosa fue secuestrada en su domicilio
adonde se encontraban su esposo y sus dos hijitos, el último de cinco meses, al
que estaba amamantando (https://juiciosmendoza6.wordpress.com/?s=audiencia+33).
También
las trabajadoras de prensa Liliana Petruy y Dora Goldfarb fueron separadas de
sus hijos. Petruy era periodista del diario Mendoza y fue detenida en su
domicilio el 24 de marzo de 1976 por la Policía Federal, y llevada, luego de
pasar por esa delegación, al Casino de Suboficiales. Al llegar ahí se encontró
con un gran habitáculo desprovisto de muebles, donde ya había algunas
detenidas. Días después les entregaron camas y una pequeña mesita para comer.
Luego de 3 meses Liliana firmó una declaración, bajo presión, afirmando no
haber sido torturada y consiguió la libertad, pero tal como ella declaró, al
regresar a su vida el vínculo con su hijito estaba dañado además de quedar desempleados
tanto ella como su esposo
(https://juiciosmendoza6.wordpress.com/?s=audiencia+33). Dora Goldfarb jueza de
primera instancia y periodista, fue detenida en su domicilio junto a su esposo,
el periodista Pedro Tránsito Lucero, el 24 de marzo de 1976 (al igual que
varios trabajadores/as de prensa). Dora, fue llevada al Casino donde fue
permanentemente hostigada por ser judía, y también fue separada de sus tres
hijas.
Respecto
del CCD Casino de Suboficiales vale la pena realizar una breve descripción siguiendo
el relato de Beatriz García, quien señaló que los primeros días el lugar tenía
solamente un banco, “que le dejaban a la señora mayor para que pudiera estar
sentada y acostarse”. Las más jóvenes dormían en el piso. Luego les fueron
trayendo camas, mesas y sillas e incluso empezaron a comer con platos del
Ejército, copas y cubiertos de plata. Beatriz y otras testigos hicieron
hincapié en lo absurdo de estar secuestradas, ser sometidas a torturas y comer
la misma comida que los suboficiales con cubiertos de plata. “Era por momentos
enloquecedor”, señaló la testigo. Otra práctica represiva generizada descripta
por Beatriz era la instrumentalización del cuerpo de las secuestradas para
“castigar” a varones detenidos. En esa dirección relató cómo a Liliana Buttini,
empleada municipal y militante de la JP que pasó por el Casino, fue desnudada
frente a su novio para que él hablara
(https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/28/audiencia-34-cuando-la-realidad-supera-la-ficcion/).
Este
recorrido por los casos descriptos permite observar cómo la institución de la
maternidad y el lugar de las mujeres como pilares de la misma, que era
defendido y “militado” por el régimen castrense como una de las bases de la
sociedad occidental y cristiana, sin embargo fue atacado brutalmente en los
circuitos represivos clandestinos. Tal como se señaló, esto incluyó prácticas
como secuestro y tortura de madres y niños/as a los que se les aplicó
electricidad o se les provocó quemaduras en distintas zonas del cuerpo. También
se llevaron adelante simulacros de fusilamientos, se indujeron abortos (con
posterior legrado sin anestesia), se les quitó la posibilidad de ejercer la
patria potestad a las mujeres presas justificado bajo la figura de “abandono de
hogar”, además de la apropiación ilegal de los y las hijos/as de desaparecidas
a los que se les sustituyó su identidad. Un capítulo aparte merecería el
secuestro de niños y niñas que estuvieron recluidos/as en ambos CCD. Nos
referimos a Ángela Urondo Raboy, Yanina Rossi Ferrón, Jimena y Guadalupe
Olivera Rodríguez, Antonia Muñoz Larrieu, Alejo Hunau Ontivero, Mauricio y
Natalia Galamba Morales, Josefina y Soledad Vargas Sarmiento, Mariano Morales
Rúpolo, Laura Rita Montecino Núñez.
En cuanto
a la violencia sexual, diversos trabajos la han abordado como una práctica que
no afectó únicamente a las mujeres ya que algunos varones también la
padecieron. No obstante, parece haber sido infringida en su mayor parte sobre
ellas, y dentro de este grupo, sobre aquellas mujeres que estuvieron secuestradas
en distintos CCD (D´Antonio, 2012; Bacci et al. 2014; Aucía et al., 2011,
Ciriza, 2014; Balardini et al. 2011; Sutton, 2018; Álvarez, 2018). Tal como ha
sido señalado, a partir de los testimonios “surge nítidamente que las
agresiones sexuales a las que fueron sometidos los allí detenidos no
configuraron situaciones aisladas, sino que formaron parte de este plan general
de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas” (Balardini
et al., 2011: 8).
Una
dimensión que debe ser ponderada en relación con el accionar represivo, es la
existencia de elementos novedosos y otros rutinarios en las prácticas
analizadas. La violencia sexual, por ejemplo, no fue algo inédito, sino que más
bien se reactualizó en un contexto de violencia estatal y paraestatal. Al
respecto Marta Vasallo señala cierto “continuum en la violencia sexual contra
las mujeres, que dificulta establecer una frontera nítida entre los hechos
generados por la represión ilegal y muchos que se producen sin necesidad de ese
marco” (Vasallo, 2011: 3). Vasallo también advierte que “todas las mujeres y
adolescentes internadas en asilos, correccionales, cárceles, psiquiátricos, son
especialmente vulnerables a los abusos de sus guardianes” (Vasallo, 2011: 22).
El continuum entre la violencia sexual ejercida contra las mujeres en el marco
de crímenes de lesa humanidad y en el de delitos comunes no se aplicaría a los
hombres, advierte esta autora.
En el
caso en análisis, la violencia sexual fue una práctica aplicada a gran parte de
las detenidas en febrero de 1976. Teniendo en cuenta que este operativo se
dirigió, como ya se señaló, hacia trabajadores/as estatales y militantes de la
JTP, realizamos una entrevista a un ex delegado del gremio SOEP, quien relató
cómo hacia mediados de 1974, “bajo un gobierno constitucional como el de María
Estela Martínez de Perón comenzó la persecución de trabajadores/as estatales”
(Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, a Fernando Rule, ex SOEP y
militante Montonero, 62 años, Mendoza, marzo de 2013). En un contexto de
correlación de fuerzas desfavorable para los sectores radicalizados de la clase
trabajadora, en junio de ese año una asamblea del SOEP, que sesionaba en el
sindicato de obreros mosaístas, fue atacada a balazos. Frente al temor y a los obstáculos
que el nuevo gobierno provincial interponía a experiencias gremiales
radicalizadas, este sindicato decidió disolverse. Rule recuerda que uno de los
hechos que comenzó a causar temor y preocupación fue justamente el ataque
sexual a una delegada: “Recuerdo que los compañeros más asustados o débiles no
te saludaban. Habían secuestrado a una compañera a fines del 74...la violó toda
la comisaría... pero casi no se hablaba de eso” (Entrevista realizada por Laura
Rodríguez Agüero, a Fernando Rule, ex SOEP y militante Montonero, 62 años,
Mendoza, marzo de 2013).
Este
hecho, lejos de ser aislado, fue anticipatorio de lo que ocurriría más
adelante. A partir de los casos analizados podemos afirmar que la violencia
sexual fue una práctica diaria y extendida no sólo a las mujeres secuestradas
en el marco del Operativo Febrero del ´76 sino a la mayor parte de aquellas que
pasaron por el ex D2. Silvia Ontivero declaró que fue atacada sexualmente todos
los días de su cautiverio, reiteradamente, de día y de noche: “Tuve que
soportar la violación de cuanto señor estaba de turno, varias veces al día. No
solo yo, todas las mujeres”. Silvia compartió cautiverio con Stella Maris
Ferrón y Vicenta Olga Zárate (otra delegada estatal), quienes también fueron
objeto de ataques sexuales, según lo detalló la propia testigo. “Pagamos el
precio de ser mujeres”, reflexionó Ontivero al referirse a los tormentos
sexuales que sufrieron ella y sus compañeras. Ivonne Larrieu y Stella Maris
Ferrón también declararon sobre las torturas y vejámenes sexuales sufridos por
ellas y el resto de las detenidas. El caso de Vicenta Olga Zárate es
emblemático. Vicenta tenía 45 años al momento de su secuestro, trabajaba en
ENTEL (una empresa telefónica estatal) y era delegada gremial. El 12 de febrero
estaba internada en el Policlínico de Cuyo, tras haber sido operada del útero
en la jornada inmediatamente anterior, y allí se le asignó una custodia
policial hasta el 21 de febrero, cuando una mujer ingresó a la sala, vendó sus
ojos, le colocó gafas oscuras y el personal de Infantería la trasladó al D2.
Esa misma noche, y en otras oportunidades también, fue violada en el interior
de una minúscula celda. Días después fue sumada a una “pirámide humana” que
provocó la muerte en el ex D2 del delegado estatal Miguel Ángel Gil.
Otras
mujeres que sufrieron violencia sexual en el D2 por parte la policía provincial
fueron aquellas que estaban en situación de prostitución y que diariamente eran
llevadas a los calabozos de ese mismo CCD. Tanto para ellas como para las
prisioneras políticas de cárceles o centros clandestinos de detención, esta
práctica represiva generizada apuntaba a ultrajarlas y doblegarlas para
colocarlas “en posición de víctimas y no de adversarios políticos para redoblar
los efectos deshumanizantes, despersonalizantes y destructivos de la estrategia
represiva” (D´Antonio, Rodríguez Agüero, 2017).
Respecto
de la violencia sexual en el Casino de Suboficiales, además de prácticas como
el desnudo forzado, tenemos registro de un caso de violación, el de Carmen
Corbellini, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires, llevada primero al D2 donde
permaneció una semana, y luego al Casino. [11]
Circuitos represivos, género y clase
Al
abordar la dimensión sexuada de la represión, vale la pena analizar el papel
que cumplieron las fuerzas armadas y de seguridad en los casos analizados.
Respecto
de la policía provincial tuvimos en cuenta su Departamento 2 de Inteligencia,
el cual desde su inauguración en los tempranos 70, tuvo la misión de recopilar
datos obtenidos a través de la vigilancia y la infiltración de agentes en
actividades gremiales. Sus patotas eran las encargadas de realizar los
secuestros y cometer todo tipo de vejámenes contra los hombres y mujeres que
por allí pasaron.
Tal como
ha planteado Gabriela Águila (2018), el estudio de las policías permite
profundizar y complejizar algunas interpretaciones sobre el accionar represivo
estatal y paraestatal, que han tendido a invisibilizar la actuación de esta
fuerza y robustecer una visión monolítica de la represión. Águila también
advierte que el estudio de las policías permite problematizar periodizaciones,
temporalidades y modalidades del accionar represivo, cuestionar su papel en las
tramas y configuraciones represivas y abordar las relaciones intra e inter
fuerzas en diferentes escalas y contextos.
En el
caso analizado en este trabajo nos interesa echar luz, desde una perspectiva
sexo genérica, sobre el rol que cumplió la policía en las dinámicas y circuitos
represivos. En esa dirección hay que señalar, en primer lugar, que el estudio
de la violencia parapolicial desde dicha perspectiva ha permitido cuestionar la
periodización tradicional que hasta hace unos años marcaba el inicio del terror
en marzo de 1976. La sistemática persecución de mujeres en situación de
prostitución por parte del Comando Moralizador Pío XII, banda paraestatal
dirigida por el jefe de policía Julio C. Santuccione así lo ha demostrado
(Rodríguez Agüero, 2009).
En
relación con las temporalidades y vinculado al caso anterior, también se han
hecho visibles las continuidades de las prácticas represivas hacia estas
mujeres, antes y después de la dictadura (Rodríguez Agüero, 2009). Los
testimonios de prostitutas han dejado en claro que para ellas el golpe de Estado
no implicó un corte, por lo que podríamos hablar de temporalidades “sexuadas”
del ciclo represivo. También en relación con lo anterior, el estudio de la
responsabilidad de las policías en la persecución de prostitutas ha permitido
detectar variaciones regionales-sexuadas- ya que hasta el momento no conocemos
casos similares en otros lugares de país. Otra característica de la dinámica
represiva local vinculada al accionar policial (no exclusiva del caso
mendocino) es el cautiverio, y la tortura, de niños y niñas, tal como quedó
demostrado en los casos analizados.
En
segundo lugar, y siguiendo nuevamente a Águila (2018) cuando interpela a pensar
las articulaciones entre rutina y novedad de las prácticas represivas, hay que
señalar que la violencia sexual aplicada de modo “rutinario” a mujeres en
situación de prostitución durante décadas, parece haberse trasladado y
convertido en algo habitual en el D2. Según lo declarado en los juicios de lesa
humanidad de Mendoza, la mayor parte de las mujeres –y algunos varones- que
pasaron por ese CCD parecen haber sido sometidas a dicho tormento. En los casos
mencionados en este trabajo, todas las militantes declararon haber sido
víctimas de violencia sexual en reiteradas oportunidades. Es decir que ciertas
modalidades represivas sexuadas no fueron novedosas pero se adecuaron al modus
operandi del terrorismo de Estado, y pasaron a formar parte del repertorio de
tormentos usados por los perpetradores.
En
relación con el papel del Ejército en la aplicación de prácticas represivas
generizadas en el CCD Casino de Suboficiales, hay que señalar algunas
diferencias respecto del D2. En primer lugar, a las detenidas del Casino, si
bien no tenían contacto con el exterior, una vez a la semana se les permitía
que se acercaran familiares a llevarles ciertos artículos de primera necesidad,
mediante “esquelas que iban y venían, revisadas por los guardias”. Además, las
detenidas no estaban encerradas en celdas ni vendadas o maniatadas. En segundo
lugar, y en relación con el perfil de víctimas que pasaron por este CCD, hay
que señalar que, aunque eran todas mujeres, pertenecían a un universo
heterogéneo: había periodistas, trabajadoras estatales con militancia gremial,
estudiantes, y si bien la mayoría eran muy jóvenes, también se registraron
casos de mujeres mayores como una inspectora de primaria y una mujer de más de
80 años (“doña María”). En tercer lugar, la violencia sexual parece no haber
sido cotidiana y extendida, como lo fue en el D2. A través de los testimonios
de las sobrevivientes tenemos registro de un caso de este tipo. En cuarto
lugar, la violencia ejercida por el ejército tuvo ribetes absurdos, un ejemplo
es el hecho de que las mujeres secuestradas en el Casino accedían a la misma
comida que los suboficiales, la cual les era servida con cubiertos de plata.
Por último, vale la pena aclarar que en ambos CCD las personas recluidas fueron
víctimas permanentemente de distintos tormentos, solo intentamos detectar
ciertas diferencias en el accionar de las distintas fuerzas.
En relación
con esto último, articulando las dimensiones de género y clase, y partiendo de
entender a la dictadura como una revancha clasista y heteropatriarcal nos
preguntamos: ¿Es posible observar cierto carácter clasista en las prácticas de
secuestros? ¿Tuvo el organigrama represivo criterios de clase?
Para el
caso de Mendoza nos animamos a arriesgar una respuesta –provisoria- positiva ya
que identificamos, por ejemplo, un criterio de clase en la distribución de las
personas secuestradas. A partir de investigaciones propias y en concordancia
con planteos realizados por el fiscal Dante Vega, entendemos que la mayor parte
de los y las trabajadoras secuestradas fue a parar al D2. Al respecto, el
fiscal ha señalado que los detenidos “con cierta posición institucional
(políticos, profesionales, intelectuales, periodistas, abogados, médicos,
actores, etc.) o económica fueron trasladados al Liceo Militar, al Casino de la
Compañía de Comandos y Servicios (en el caso de las mujeres) y a la Compañía de
Comunicaciones de Montaña 8. La mayor parte de las y los “militantes políticos
de izquierda, los dirigentes estudiantiles, sindicalistas o delegados gremiales
(…) pasaron por el D2 donde fueron brutalmente torturados antes de ser
recluidos en la penitenciaría provincial o desaparecieron” (Vega, 2014: 34).
Esta hipótesis también pudo ser demostrarla en una investigación realizada
sobre trabajadores bancarios: todos los delegados y miembros de comisiones
internas que fueron secuestrados, antes y después del golpe, fueron alojados en
ese CCD (Rodríguez Agüero, 2018). Otro ejemplo ya mencionado, que abona la
hipótesis del carácter clasista de distribución de personas
detenidas/secuestradas, es el cautiverio de mujeres en situación de
prostitución en el D2.
Por otra
parte, y en relación con la distribución de personas entre las distintas
fuerzas, observamos que aquellas que fueron a parar al D2 (y también al
Casino), tuvieron mayores posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, de los
cientos de secuestrados/as que pasaron por el D2, tenemos registro de 15
desapariciones y un asesinato. Es decir que la mayor parte de los/as
detenidos/as fue puesto a disposición del PEN o dejados en libertad. En cambio,
un destino muy diferente tuvieron quienes fueron secuestrados por la fuerza
aérea y llevados a su CCD, Campo Las Lajas. Según los registros de la justicia
y de los organismos de DDHH, quienes pasaron por ese lugar se encuentran casi
en su totalidad desaparecidos/as.
Para
finalizar, nos preguntamos: ¿responde esta situación al azar o hubo diversas
estrategias de aniquilamiento entre las distintas armas? ¿Fue la Fuerza Aérea
implacable con sus víctimas mientras que la policía tuvo el criterio de
torturar brutalmente pero permitir sobrevivir a quienes secuestró? Si esto
efectivamente fue así ¿fueron decisiones tomadas consensuadamente? ¿Hubo
criterios de clase y género entre las distintas fuerzas armadas y de seguridad
al momento de decidir el destino de las personas secuestradas? Por ahora hemos
arriesgado respuestas provisorias que serán cotejadas en futuros trabajos.
“La solidaridad y las sombras” [12]
Además de
haber compartido situaciones signadas por la violencia represiva, las mujeres
que pasaron por experiencias de encierro clandestino, supieron organizar
respuestas solidarias para afrontar los tormentos que vivían a diario en los
CCD.
En el
caso del D2, nos encontramos con numerosos relatos de personas que estuvieron
secuestradas ahí, recibieron ayuda y hasta fueron salvadas por las mujeres en
situación de prostitución que diariamente eran llevadas a ese lugar. En esa
dirección, Alicia Morales de Galamba, en su declaración durante los juicios de
lesa humanidad realizados en 2011, señalaba:
“Me llevan al calabozo donde están los comunes en el D2. A una celda sola,
grande. No sé cuánto tiempo estuve allí tirada hasta que logré recuperarme un
poco, estaba oscuro, hasta que empecé a tocar la pared, a dar la vuelta y me di
cuenta que era una pieza de 2 x 3 m, llegué a la puerta, en ese lugar sé que es
el de los comunes porque todas las noches entraban montones de prostitutas,
cosa que no me fue difícil darme cuenta porque sabíamos todo lo que pasaba
desde el comisario Santuccione para adelante con la prostitución, las
perseguían y las encarcelaban todas las noches… En una de esas noches sube una,
había que subir para llegar a mi celda, y me dice ¿fumas?, le digo si y me tiro
unos cigarrillos y fósforos y le digo estoy atada, abrió la puerta, entró y me
desató las manos. Me dice yo mañana vuelvo, me dice ¿comiste? No, yo no sabía
hacía cuanto que no tomaba agua ni comía. Las prostitutas me daban leche con
tortitas, me daban cigarrillos” (Declaración de Alicia Morales, Audiencia 7 de
diciembre de 2010 en el juicio por crímenes contra humanidad. en Mendoza, en
http://www.derechos.org/nizkor/arg/informes.html).
Alicia
Morales subrayó que mientras estuvo secuestrada nunca la llevaron al baño ni le
dieron comida, “salvo la que me traían las prostitutas…una de ellas decía soy
la María, ya llegué. Para mi significó sobrevivir. ..” (Declaración de Alicia Morales, Audiencia
7 de diciembre de 2010 en el juicio por crímenes contra humanidad. en Mendoza,
en http://www.derechos.org/nizkor/arg/informes.html).
Héctor
Salcedo Orellano, testigo del secuestro –y desaparición- de Roberto Blanco
declaró que detenido en el D2 (previo al golpe de Estado) también fue ayudado
por las mujeres en prostitución:
“Por la mirilla (del calabozo), prostitutas me ofrecieron ayuda -´estamos
acá todos los días´-apuntaron números de teléfonos con la indicación de que yo
era funcionario del gobierno. A los tres días, cuando apareció el bolso con mis
cosas, supe que la noticia había llegado” (Declaración de Héctor Salcedo
Orellano, Audiencia 1 de noviembre de 2012 en el juicio por crímenes contra
humanidad en Mendoza en, http://juiciosmendoza.blogspot.com.ar/search?q=cadelago).
Por su
parte Luis Ocaña, dirigente bancario secuestrado a fines de 1975 comenta:
“En uno de los lugares donde estuve secuestrado, no se cual, estaba
maniatado con los ojos vendados, tirado, en una línea de jardín de libustro
creo, por la sensación, y siento un líquido tibio que me mojaba y pego un
grito. Era una prostituta que orinaba, no me vio y me orino encima, entonces
insulta, a los gritos. Le dije mi nombre y donde vivía mi mamá, que vivía en
Rivadavia, y le di nombre del obispo de Mendoza que era Rey. Esa mujer se fue a
ver a mi mama, mira lo inconsciente! Cuando mi mamá me va a visitar a la cárcel
por primera vez me dice, nene que amiguitas que tenés, yo cada vez que veo
una…las quiero tanto…En realidad eran tan marginadas como nosotras desde el
punto de vista ideológico” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a
Luis Ocaña, dirigente bancario, Mendoza, marzo de 2013).
Otro
militante detenido previo al golpe de Estado que enfatiza la solidaridad de las
mujeres en situación de prostitución es Edgar “Chacho” Godoy quien fue ayudado
en el D2 por dos chicas que luego fueron asesinadas por el Comando Moralizador
Pío XII. Edgar comenta:
“Yo estaba tirado en el calabozo, no sabía hacía cuanto tiempo estaba ahí,
y abren el ojito de la puerta y alguien con una voz femenina me pregunta quien
sos, yo con mucho miedo le digo mi nombre, y me pregunta por qué estoy y le
digo que soy un preso político, y la voz femenina dice: ¡chicas, un guerrilla!
Entonces me pregunta si fumo, y le dije que sí y ahí me tiró un cigarrillo
jockey club con un fósforo pinchado en la punta…creo que fue el cigarrillo mas
aliviador del mundo. Y me dijeron bueno, ¿querés ir al baño, necesitas algo?…yo
no sabía realmente qué pasaba, creo que lo que regía ahí era el miedo, porque a
uno lo torturan y queda el miedo, uno no quiere que lo miren ni le hablen….al
rato abren la puerta dos chicas y me sacan, me ayudan porque estaba lastimado y
no podía caminar bien, me sacan y me llevan al baño y veo en la punta del
pabellón tres chicas entreteniendo[13] a los
milicos de la policía provincial, que eran un asco…las chicas me ayudan a
lavarme, me querían limpiar pero no las dejé…super solidarias. Al rato aparece
una con un sanguche y una gaseosa a la mitad que devoré porque hacía un montón
que no comía. Luego me llevaron a la celda y me dejaron un par de cigarrillos.
Dos días después nos sacan de ese lugar y nos meten a un celular, ahí nos
volvemos a encontrar con las chicas y se vuelve a dar la misma situación: ¿vos
quien sos? yo soy fulano, ¡ah! ¡el guerrilla! Y me llevan a la cárcel. Zafaste
pibe, me dicen, te dejan en la cárcel. Y yo les digo: ojalá que a ustedes también.
Si dicen, a nosotras nos dejan libres, suerte suerte…” (Entrevista realizada
por Laura Rodríguez Agüero a Edgar Chacho Godoy, militante peronista, Mendoza,
junio de 2019).
Estando
preso en la cárcel, Godoy se enteró del asesinato de las dos chicas que lo
habían ayudado y al día de hoy recuerda con profunda tristeza ese momento: “Más
o menos al mes leo en el diario que habían aparecido dos chicas fusiladas,
desnudas y con tiro en la cabeza… y dos de esas chicas eran las que me
ayudaron…fue horrible” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Edgar
Chacho Godoy, militante peronista, Mendoza, junio de 2019).
Más de
cuatro décadas después, Chacho decidió contar esa historia a través de una
historieta que llamó “La solidaridad y las sombras”, en homenaje a las dos
mujeres en situación de prostitución, Claridad González de Ángel y Ramona
Suarez de Martínez secuestras, torturadas y asesinadas por el Comando
Moralizador Pío XII a fines de abril de 1975.
“Cuarenta años después si bien yo lo contaba, se da que alguien habla mal
de la putas…me dio mucho enojo y le pregunté si sabía lo que eran las putas,
qué significa ser puta, y ahí empecé a dibujar y guionar “La solidaridad y las
sombras”. Al final de la historieta se pregunta qué es la solidaridad para
uno…por la idea de que la solidaridad es de los que eligieron el camino de la
militancia y creo q la solidaridad está en mucha gente y no tiene clase social
determinada” (Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Edgar Chacho
Godoy, militante peronista, Mendoza, junio de 2019).
También
en el Casino de Suboficiales, las prácticas solidarias parecen haber sido
cotidianas, tal como fue señalado por todas las testigos que declararon en el
VI Juicio por crímenes de lesa humanidad. Beatriz García, entre otras, resaltó
la organización y el compañerismo entre las detenidas, “se cuidaban y se
mimaban” y formaban grupos de contención para las que iban entrando. En la
habitación pequeña estaban Vilma Rúpolo, su bebé Mariano y cuatro mujeres más.
Allí no se podía fumar y había mucha tranquilidad para cuidar al niño, destacó
García. En la habitación grande estaba el resto. “Pasaron muchas cosas ahí,
entre nosotras nos íbamos conteniendo”
(https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/28/audiencia-34-cuando-la-realidad-supera-la-ficcion/).
Cuando
tocaban el timbre en la siesta para llevarse a una compañera a ser interrogada
y torturada, le daban una cucharada de dulce y se quedaban esperándola. A la
vuelta la mimaban para ayudarla. “En esa situación, lo que le pasa a la
compañera y lo que me pasa a mí es casi lo mismo” señaló García en su
declaración. Beatriz destacó que “hacían chistes y usaban el humor para cuidar
la salud psicofísica”
(https://juiciosmendoza6.wordpress.com/2017/09/28/audiencia-34-cuando-la-realidad-supera-la-ficcion/).
También cantaban canciones de protesta o “Canción con todos”. García recordó
que para el 9 de julio cantaron el himno nacional tan fuerte que los
suboficiales se asustaron y temieron una rebelión.
Conclusión
Durante
las décadas del 60 y 70 se produjeron una serie de transformaciones sociales,
culturales y políticas que comenzaron a dibujar el horizonte de una nueva
sociedad. Hechos como el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo había
producido modificaciones en la división sexual del trabajo en cuanto se
desnaturalizaba la asignación exclusiva de las tareas reproductivas a las
mujeres. Al mismo tiempo la utilización de los anticonceptivos hormonales, la
feminización de la matrícula universitaria, el ingreso en el espacio público y
la política modificaba sus subjetividades. Por otra parte, las mujeres también
comenzaron a participar activamente en experiencias gremiales, en las
organizaciones políticas e incluso en las político-militares.
En ese
marco, y tal como hemos señalado en trabajos anteriores, la última dictadura
militar implicó además de una revancha clasista, una revancha heteropatriarcal,
que se propuso revertir la “subversión” de las relaciones intergenéricas que se
venía produciendo desde la década del ´60 (Ciriza, Rodríguez Agüero, 2015). En
ese sentido, los militares y sus aliados desplegaron una cerrada retórica
respecto de la moral, la institución familiar, el lugar de las mujeres y la
sexualidad, reivindicando una “tradición occidental y cristiana” asociada a una
supuesta idea de argentinidad. Sin embargo, como ha señalado D´Antonio y quedó
demostrado en este trabajo, la contracara de ese discurso se manifestó en los
lugares de reclusión en los que las mujeres fueron privadas de su “deber
natural” de maternar, además de ser sometidas prácticas represivas generizadas
como la violencia sexual. Respecto de esta última hay que señalar que estos
ataques a la integridad corporal, habituales en ciertos espacios de encierro y
convertidos en norma para las mujeres en situación de prostitución, se
transformaron en una práctica extendida en los CCD de la dictadura.
Por otra
parte, al análisis de las prácticas represivas generizadas, sumamos ciertos
criterios de clase que nos permitieron comenzar a pensar de qué modo se
articularon ambas dimensiones en el accionar de los dispositivos y circuitos
represivos durante la última dictadura militar.
Por
último, nos interesó abordar algunas acciones solidarias practicadas por
mujeres en CCDs, tanto entre detenidas por razones políticas como las
practicadas por mujeres en situación de prostitución hacia otras personas
secuestradas en el CCD D2.
Bibliografía
Álvarez, Victoria (2018). “Testimonios sobre la violencia sexual e
(im)posibilidades de escucha en el juicio a las Juntas”,Prácticas de Oficio,
vol.1, Nº 21, junio 2018 - diciembre 2018, recuperado de
<http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/7-ALVAREZ.pdf>
Aucía, A; Barrera, F, Berterame, C, Chiarotti, S, Paolini, A. y Zurutuza,
C. (2011). Grietas del silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en
el marco del terrorismo de Estado. CLADEM, Insgenar: Buenos Aires.
Ayles V. “Experiencias de transgresión: mujeres que rompen moldes” en
Tradiciones contrahegemónicas: experiencias de mujeres y varones en el PRT-ERP
en la provincia de Mendoza (1973-1976) (Tesis de doctorado en curso). UBA,
Buenos Aires.
Bacci, C, Capurro M., Oberti, A., Skura S. (2014). “Entre lo público y lo
privado: los testimonios sobre la violencia contra las mujeres en el terrorismo
de Estado en Argentina”. Clepsidra, Revista Interdisciplinaria de Estudios
sobre la Memoria, (IDES), Buenos Aires, Año 1, Nº 1
Balardini, L; Oberlin, A. y Sobredo, L. (2011) “Violencia de género y
abusos sexuales en centros clandestinos de detención. Un aporte a la comprensión
de la experiencia Argentina”. Hacer justicia. Nuevos debates sobre el
juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Siglo XXI: Buenos
Aires.
Baraldo N. y Scodeller G. “La fuerza de las bases. El Sindicato de Obreros
y Empleados Públicos”. Mendoza 70. Tierra del sol y de las luchas populares. Bs
As, 2006.
Berterame, M. C. (2011). “Reparación del daño a las víctimas de violencia
sexual. Una mirada desde el feminismo” Aucía et al. (comp.) Grietas del
silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del
terrorismo de Estado. CLADEM, Insgenar: Buenos Aires.
Bravo N. “Experiencias y prácticas políticas del movimiento estudiantil de
Mendoza entre 1970 y 1973”. Apuntes de la memoria. EDIUNC: 2014.
Ciriza, A. (2014) “Sobre las violaciones cometidas en los centros
clandestinos de detención como delitos de lesa humanidad”. Sin Permiso.
Recuperado de: http://www.sinpermiso.info/textos/index. php?id=3807.
Ciriza A. y Rodríguez Agüero, L. (2015). “La revancha patriarcal. Cruzada
moral y violencia sexual en Mendoza (1972-1979)”. Avances del Cesor, Rosario;
vol. XII.
Colectivo Juicios Mendoza (2019 “Memorias de los juicios por delitos de
lesa humanidad de Mendoza (2010-2018)”, Centro de Publicaciones FCPYS,UNCU.
D´Antonio, D. (2011). “Políticas de desarticulación de la subjetividad
sexual y de género practicadas en la cárcel de Villa Devoto durante la última
dictadura militar argentina (1976-1983). Revista Estudios, N° 25.
D´Antonio, D. y Rodríguez Agüero L. (2017). “Una lectura de la represión
desde los bordes de género”. Ponencia presentada en III Jornadas de la Red de
Estudios sobre Represión y Violencia Política, Universidad Nacional de La
Plata, Buenos Aires.
Manzano, V. (2015). “Sex, Gender and the Making of the
‘Enemy Within’ in Cold War Argentina. Journal of Latin American
Studies, Cambridge, Nº 47.
Perrot, M. (2008). Mi historia de las mujeres. FCE: Buenos Aires.
Rodríguez Agüero, L. (2009). “Mujeres en situación de prostitución como
blanco del accionar represivo: el caso del Comando Moralizador Pío XII. Mendoza
1974-1976”. Andujar, A. y otras (comp.) De minifaldas, militancias y
revoluciones. Exploraciones sobre los ´70 en América Latina. Editorial
Luxemburg: Buenos Aires.
Rodríguez Agüero, L. (2014) “Centralización de la represión, violencia
paraestatal y redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”.
Cuadernos del CISH: Sociohistórica n° 33, Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, UNLP, segundo semestre 2014.
Rodríguez Agüero, L. (2018) “Violencia estatal y paraestatal sobre
trabajadores bancarios en Mendoza (1972-1977), Revista de Historia Regional;
Lugar: Villa Constitución; p. 1 - 17
Rodríguez Agüero L., D´Antonio D. (2019). “El carácter sexo-genérico de la
represión estatal en la Argentina de la década del setenta”. Sémata Ciencias
Sociales e Humanidades, Santiago de Compostela n 3, en prensa.
Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Prometeo:
Buenos Aires.
Sirimarco, M. (2004). “Marcas de género, cuerpos de poder. Discursos de
producción de masculinidad en la conformación del sujeto policial”. Cuadernos de Antropología Social, n.° 20, FFyL-UBA.
Sutton, B. (2018). Surviving State Terror: Women’s
Testimonies of Repression and Resistance in Argentina. NYU Press: Estados Unidos.
Vasallo, M. (2009). “Militancia y transgresión” en Andújar, A., D’Antonio,
D., Gil Lozano, F., Grammático K. y Rosa, M. L. (compiladoras). De minifaldas,
militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina.
Luxemburg: Buenos Aires.
Vasallo, M. (2011). “Introducción” en Aucía et al. (comp.) Grietas del
silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del
terrorismo de Estado. CLADEM, Insgenar: Buenos Aires.
Entrevistas
Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, a Fernando Rule, ex SOEP y
militante Montonero, Mendoza, marzo de 2013.
Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero a Luis Ocaña, dirigente
bancario, Mendoza, marzo de 2013.
Entrevista realizada por Laura Rodríguez Agüero, a Edgar Chacho Godoy,
militante peronista, Mendoza, junio de 2019.
Recibido: 30/08/2019
Evaluado:20/09/2019
Versión Final: 07/11/2019
[1] En una nota aparecida en el diario
Mendoza del 30 de abril de 1973, se denominaba “Los hijos del trueno” a los y
las trabajadores/as que luego del Mendozazo fundaron el SOEP (Sindicato de
Obreros y Empleados Públicos).+
[2] Una
versión anterior de este trabajo fue presentada en las V Jornadas Historia,
géneros y política en los ´70 “En los desbordes de una década intensa”, del 6
al 9 de noviembre de 2018, Centro Cultural Paco Urondo (Facultad de Filosofía y
Letras-UBA), CABA.
[3] Toda
la información relativa a testimonios en juicios es obtenida de
https://juiciosmendoza.wordpress.com/ para el IV Juicio por Delitos de Lesa
Humanidad de Mendoza, y https://juiciosmendoza6.wordpress.com/ para el VI
Juicio.
[4] El 4 de abril de 1972 se produjo el Mendozazo
cuando miles de trabajadores/as y estudiantes protagonizaron una multitudinaria
manifestación y fueron brutalmente reprimidos/as. El saldo fue de tres muertos
(Ramón Quiroga, Susana Gil de Aragón y
Luis Mallea) y cientos de heridos y detenidos. El conflicto se extendió
por varios días y provocó la renuncia del interventor Gabrielli y la suspensión
de los aumentos de tarifas.
[5] En
1947 el 97,7 de la tasa neta de actividad PEA era de 87,7 y en 1980 fue de
80,3. En cambio la presencia femenina era de 17,8% en 1947 y 24,4% en 1980. En
dicho crecimiento, la participación de mujeres de entre 14 y 29 años aumenta:
en 1947 representaban el 22,5 y en 1980 el 31,7. Y disminuye la participación
de mujeres de entre 30 y 49 años: en 1947 representaban el 15,8 y en 1980 28,2.
Censo 1970, DEIE, p. 93
[6] Una
descripción sobre la militancia estudiantil puede verse en Bravo Nazareno
“Experiencias y prácticas políticas del movimiento estudiantil de Mendoza entre
1970 y 1973” en Apuntes de la memoria, EDIUNC, 2014; y sobre la participación
de mujeres organizaciones armadas, particularmente en el PRT ERP puede verse en
Ayles Violeta “Experiencias de transgresión: mujeres que rompen moldes” en
Tradiciones contrahegemónicas: experiencias de mujeres y varones en el PRT-ERP
en la provincia de Mendoza (1973-1976), tesis de doctorado en curso.
[7]
A
través de una serie de decretos se sentaron las bases para que
las FFAA
tuvieran injerencia directa en la represión de la conflictividad
social. En
febrero, el decreto 261/75 anunciaba el comienzo de las operaciones
militares
para “aniquilar” a la “subversión” en
Tucumán. En octubre de ese año, a través
de tres decretos (2770, 2771, 2772), se terminaba de formalizar la
participación de las FFAA en la represión.
[8] Luego del secuestro en el Casino, las prisioneras
siguieron distintos recorridos. Un primer grupo fue trasladado a la
Penitenciaría Provincial, otras fueron enviadas a Devoto y el tercer grupo
recuperó la libertad directamente desde este CCD. Al respecto ver Colectivo
Juicios Mendoza (2018) “Memorias de los juicios por delitos de lesa humanidad
de Mendoza (2010-2018)”, Centro de Publicaciones FCPYS,UNCU.
[9] Palabras de la ex delegada de SOEP Silvia Ontivero
en su declaración testimonial en el IV Juicio por delitos de lesa humanidad.
[10] Los
casos del D2 analizados en este trabajo fueron abordados en Rodríguez Agüero
L., D´Antonio D. (2019). “El carácter sexo-genérico de la represión estatal en
la Argentina de la década del setenta” en Sémata Ciencias Sociales e
Humanidades, Santiago de Compostela n 3, en prensa.
[11] En el VI Juicio por delitos de lesa humanidad de
Mendoza, se declaró a las mujeres como víctimas de violencia de género. Tanto
el fiscal Daniel Rodríguez Infante como la abogada querellante Viviana Beigel
argumentaron ampliamente ante el tribunal este pedido con fines reparadores
para todas aquellas que sufrieron los crímenes del terrorismo de Estado.
[12] Nombre de la historieta de Edgar Chacho Godoy que
refleja su paso por el D2 y relata la ayuda que en ese lugar recibió por parte
de dos mujeres en situación de prostitución asesinadas por el Comando
Moralizador Pío XII.
[13] Se
refiere a que las chicas “se dejaban manosear por los guardias para
distraerlos”, tal como lo relata Godoy en la historieta.