Pasados suspendidos.
Estrategias represivas y tecnologías biopolíticas sobre las disidencias
sexo-genéricas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile
Suspended
Pasts. Strategies of repression and biopolitical technologies on sexual and
gender dissidence during Augusto Pinochet dictatorship in Chile
Fernanda Carvajal
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Argentina)
Resumen
El
presente artículo se propone comprender de qué modo el foco sobre las formas de
represión y control biopolítico de las disidencias sexogenéricas entre los años
sesenta y ochenta en Chile, permiten interrogar las formas de periodización que
han organizado los relatos de la historia reciente bajo la distinción
dictadura/posdictadura. Comienzo analizando cómo se ha abordado hasta ahora la
pregunta sobre las políticas represivas dirigidas a la población LGBT durante
la dictadura, en torno a dos grandes ejes: aquella que denuncia la violencia
militar hacia a la población LGBT, y postula la necesidad de que se reconozcan
como crímenes del Estado dictatorial y aquella que postula que la población
LGBT se mantuvo al margen creando formas paralelas de libertad sexual y de
circulación habilitada por el mercado. En el segundo apartado, propongo que
durante la dictadura es posible identificar otras formas de regulación
sexo-genérica en relación a la discreta vía médico-legal de “cambio de sexo”
que permitió el acceso de mujeres transexuales a cirugías de modificación
genital en hospitales públicos y clínicas privadas. En el último apartado me
pregunto cómo se articulan las formas históricas de criminalización de la
homosexualidad y el travestismo con las tecnologías biopolíticas que
permitieron el desbloqueo de la transexualidad como diagnóstico durante el
período dictatorial.
Palabras Clave
estrategias
represivas; disidencias sexo-genéricas; dictadura; biopolítica; “cambio de sexo”.
Abstract
This article aims to understand how the focus on the
forms of repression and biopolitical control of sexual and gender
dissidence in the seventies and eighties in Chile, allow us
to interrogate the forms of periodization that have organized
recent history under the distinction between dictatorship / post-dictatorship.
I start by analyzing two ways in which repression against
the LGBT population during the dictatorship has been addressed: one
that demands that the crimes of the security forces on the LGBT population should
be recognized as crimes of the dictatorial state and another, which
postulates that the LGBT population remained on the sidelines by
creating parallel forms of sexual freedom and circulation, enabled by the
market. In the second section, I propose that during the dictatorship it is
possible to find other forms of sexual and gender regulation in
relation to the discrete medical-legal procedures of “sex
change” that allowed the access of transsexual women to genital reassignment
surgery in public hospitals and private clinics. In the last section, I analyze
how the historical forms of criminalization of homosexuality
and transvestism were
articulated with biopolitical technologies that allowed the
emergence of transsexuality as a diagnosis during the dictatorial
period.
Keywords
Strategies of repression; biopolitical
technologies; sexual and gender dissidence; dictatorship; “sex change”.
Introducción
El presente
artículo aborda algunas de las formas de represión y control biopolítico de las
disidencias sexo-genéricas que marcaron el período que va entre los años
sesenta y ochenta en Chile, para interrogar las periodizaciones que han
organizado los relatos de la historia reciente bajo la distinción
dictadura/posdictadura. Más específicamente, propongo analizar continuidades y
rupturas que trajo consigo el desbloqueo de la transexualidad como diagnóstico
en las formas de regulación sexogenérica en el periodo señalado. Planteo que la
patologización de la transexualidad se articuló y convivió con la persistencia
de la criminalización, por parte del Estado, de homosexuales visibles,
travestis y personas trans[1].
Considero que esas formas de criminalización conjugan prácticas de excepción y
dinámicas burocráticas regulares que estaban vigentes en el periodo
pre-dictatorial, y a la vez, interrogo cómo una serie de prácticas de
sexualidad pública plantean nociones extrañas del tiempo ejercen presión sobre
la organización del conocimiento histórico.
Para
abordar estas hipótesis y preguntas, analizo una serie de notas de prensa que
dejan huella de la criminalización de la sexualidad y el género disconforme en
el espacio público durante dictadura. Los diarios consultados fueron diarios
sensacionalistas dirigidos a un público popular: La Tercera de la Hora y Las
últimas Noticias (Santiago), La Estrella de Valparaíso y La Estrella del Norte
(Antofagasta). Estos diarios pertenecían al grupo COPESA y a la cadena de
Agustín Edwards, conglomerados mediáticos que tuvieron participación en la
gestación del Golpe Militar y apoyaron a la dictadura (Baltra,
2012). Quisiera señalar que me encontré con las
notas de prensa sobre el control de la sexualidad en el espacio público durante
el trabajo de archivo de mi investigación doctoral, aunque no eran el foco de
mi búsqueda, que estaba dirigida a las noticias sobre las primeras cirugías de
“cambio de sexo” en diarios de Santiago y Valparaíso entre los años 1974 y 1977[2]. Sin
embargo, la recurrencia de aquellas notas fue configurando una serie que me
permitió verificar materialmente en las páginas del mismo diario, que estaban
teniendo lugar cirugías de modificación genital en mujeres trans, mientras
simultáneamente se aplicaban tecnologías de control del espacio público sobre
homosexuales feminizados visibles, locas y travestis. Lo que era menos
evidente, eran los actos de sexualidad pública que esas breves notas
registraban. Me parece importante mencionar este encuentro “azaroso” con los
documentos de prensa analizados, para señalar también que trabajar sobre la
historia de las disidencias sexo-genéricas implica confrontarse con archivos
irregulares e incompletos, que dificultan el encuentro con información
“sustantiva” o “sistemática” sobre una problemática que, hasta ahora, ha sido
poco abordada por la investigación académica. En este sentido quisiera remarcar
el carácter exploratorio de este trabajo y espero las hipótesis y preguntas que
aquí planteo lejos de cerrar, puedan abrir una discusión.
La serie
relevada está conformado por notas breves, fieles a los códigos
sensacionalistas, que permiten que vidas anónimas accedan al discurso cuando el
crimen o la aventura las deja marcadas por un toque de imposibilidad que les
permite dejar huella y convertirse así en algo decible (Foucault 2006).
La prensa sensacionalista transmuta lo cotidiano en sensacional y convierte las
vidas anónimas de aquellos que no entran en la categoría de ciudadanía en
mercancías noticiosas, productivizando una inflación informativa que produce
golpes de efecto breves cuya fuerza se acaba casi al instante. Considero, con
Snorton (2017), que como noticias estas historias están sesgadas y son
parciales, dan cuenta de estructuras de pensamiento de la época que hicieron de
ellas figuras valiosas por su excentricidad, a la vez que muchas veces eran
consideradas como chistes, indicando así su supuesta condición desechable. La
investigadora colombiana María del Pilar Betancurt (2005),
señala que una de las características de la prensa sensacionalista es su
temporalidad, que se jugaría entre la velocidad de lo insólito y un tiempo que
parece inmutable: son historias que podrían ser contadas en cualquier época.
Desde mi perspectiva, son historias que podrían ser contadas en cualquier época
y a la vez no. Pues, junto con el lenguaje sesgado, espectacularizante e
injurioso (raros, depravados, drogadictos, amorales), estas breves notas nos
entregan datos que permiten verificar algunas de las tecnologías de represión
que desde cierto amparo legal se aplicaban sobre homosexuales visibles, locas y
travestis de la época (y que eran aplicadas también a las mujeres cis que
ejercían el trabajo sexual).
Estas
formas de violencia pueden vincularse con lo que Snorton, pensando en las vidas
trans negras, ha llamado las formas de “muerte lenta” (Snorton,
2019, p.11) que han transcurrido históricamente al
interior de instituciones como hospitales, centros de salud mental, cárceles y
comisarías, cuya ubicación es medular dentro de los órdenes biopolíticos y
necropolíticos actuales. Órdenes que requieren de una forma “anti-trans” de
organizar el tiempo, perpetuando una violencia intolerable pero cotidiana. Formas
continuas de vulneración, precarización e incluso de muerte, a las que están
expuestas las disidencias sexo-genéricas, como formas de violencia persistente
que permiten interrogar si, antes que una excepción, el estado de emergencia no
ha devenido ya la regla.
Junto con
constatar esta forma continua de la violencia, a lo largo de este artículo
planteo que estos documentos dejan huella de pasados suspendidos, es decir,
permiten cuestionar la idea historicista del tiempo como un todo progresivo,
debido a que perturban la temporalidad de progreso, superación y modernización
que el espíritu fundacional de la dictadura buscó instalar como norma histórica
(Thayer,
2004). Con la figura de pasados suspendidos, me
refiero a relatos e imágenes que tienen la capacidad de suspender el tiempo, en
el sentido de detenerlo, como sucede en la interrupción de una colisión entre
cosas. O bien que tienen la facultad de diferirlo, como hacen en la escritura
los puntos suspensivos. Son huellas de vidas que presentan un exceso o un
descalce que perturba la linealidad de las narrativas políticas, médicas y legales
sobre las disidencias sexo-genéricas, e incluso de la temporalidad progresiva
en sí misma, refractando las formas crono-normativas de comprender la gestión
biopolítica / necropolítica de los cuerpos. Pero también me interesa cómo esta
operación temporal es ineludiblemente espacial, pues lo que queda suspendido,
colgado, queda también suelto, lanzado no solo fuera del tiempo sino también
del lugar normativo.
El Informe
sobre Chile escrito por Néstor Perlongher (2006
[1980]) luego de un breve viaje a Santiago y
Valparaíso en el año 1980, plantea muy tempranamente que las vidas de
homosexuales, locas y travestis fue tocada por el poder dictatorial con la
violencia inicial de las políticas de aniquilación, para luego verse envueltas
en los roces más permisivos de una marginalidad urbana “agazapada en las
penumbras” (p. 89) -en burdeles, boites, barrios chinos, a los que a fines de
los años setenta se sumaría un incipiente mercado gay. Perlongher contrastaba
así el “escenario infernal” de los primeros años de la dictadura chilena, con
la idea del “paraíso provinciano” (p. 87) que podía surgir cuando el infierno
retrocedía o en aquellas zonas donde entraba en latencia. Esta primera lectura,
parece haber marcado los abordajes posteriores de la pregunta acerca de si la
dictadura chilena, que se extendió entre 1973 y 1990, tuvo o no una política
específica y sistemática dirigida a la población LGBT[3]
por su condición de tal. En efecto, los autores que se han aproximado a este
período han fluctuado entre establecer una genealogía política común con las
víctimas del Terrorismo de Estado, reclamando que se reconozcan las violencias
contra las personas LGBT como crímenes políticos de lesa humanidad (Garrido,
2016; Rivera, 2009; Robles, 2009),
y aquellos discursos que enfatizan más bien el descompromiso de una comunidad
gay que se hizo lugar a partir de un incipiente nicho de mercado (Contardo,
2011; Salas, 1989). La dualidad así presentada, resulta acorde a
una dictadura donde las políticas represivas fueron simultáneas y no
posteriores a la implementación de un modo de gobierno neoliberal.
Hasta el
momento en que se escribe este artículo, no hay registros historiográficos que
permitan afirmar que durante la dictadura chilena haya habido una política
represiva sistemática ideada por el régimen militar que tuviera como objetivo
la persecución sobre la población LGBT por su condición de tal, como sí
ocurrió, por ejemplo, en relación con la homosexualidad masculina durante la
dictadura de Stroessner en Paraguay[4]. Solo
hay testimonios no oficiales, fragmentarios y dispersos, que permiten recoger
algunos episodios precariamente documentados de la violencia militar contra la
población LGBT. En 1974, el Frente de Liberación Homosexual argentino publicó,
en N°2 de la revista Somos (Frente
de Liberación Homosexual, 1974)
la historia de la Lola Puñales, una travesti uruguaya violada, castrada y
acribillada por los militares chilenos durante las masacres y fusilamientos que
siguieron al 11 de septiembre de 1973. El libro La Manzana de Adán de la fotógrafa Paz Errázuriz y la periodista
Claudia Donoso (1990),
que reúne voces e imágenes de travestis recogidas entre 1984 y 1988, conisgna
la detención de un grupo de homosexuales y travestis en un barco varado en
Valparaíso y varias detenciones ilegales de travestis en prostíbulos por parte
de militares. Pedro Lemebel (1993)
escribió sobre hallazgo de dos cuerpos masculinos “vestidos de mujer” encontrados
en las fosas de Pisagua en el norte del país. También el libro Bandera Hueca de Víctor Hugo Robles
(2009) recoge el testimonio de La Doctora, una travesti que ejercía el trabajo
sexual en la calle San Camilo en Santiago, que relata el asesinato de dos
travestis en los días posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre. Y
más recientemente Garrido (2016) ha recogió testimonios sobre la violencia
policial y civil dirigida a mujeres trans, homosexuales y lesbianas.
Simultáneamente,
durante los primeros años de la dictadura, comenzó a crearse en Santiago un
incipiente mercado nocturno gay. Mientras la Quinta Cuatro[5]
y la discoteca Quásar (1980) reunían un público homosexual popular, el Bar
Burbuja (1976) y la discoteca Fausto (1979) ubicadas en barrios acomodados,
estaban dirigidas a un público homosexual de clase media-alta. Como apunte
Gonzalo Salazar en su investigación sobre las prácticas de homoerotismo durante
las décadas previas al Golpe de Estado: “la dictadura cívico-militar (…) vio
emerger un mundo homoerótico ligado a las discoteques, a fines de los
setenta, y que sólo a comienzos de los noventa comenzó a emerger lentamente
hacia lo público. Entonces, para el sentido común es como si el homoerotismo no
hubiera existido antes de esta última década.” (Salazar,
2015, p. 9)
Un aspecto
importante a señalar es que en Chile no hubo movimientos LGBT organizados
públicamente previos a la expansión del VIH-Sida. Uno de los antecedentes de la
politización de las disidencias sexo-genéricas durante el gobierno de la Unidad
Popular, fue la concentración de travestis y homosexuales que se dedicaban al
trabajo sexual que tuvo lugar en la Plaza de Armas en abril de 1973. Algunos
documentos permiten pensar que una parte de ese grupo creó el Movimiento de
Liberación por el Tercer Sexo. Así lo sugiere una carta publicada el 13 de
octubre de 1976 en el diario Las Ultimas Noticias. Sin embargo, hasta
ahora no hay más antecedentes de que el grupo haya realizado acciones públicas
o haya tenido continuidad (Contardo, 2011; Robles, 2009). Durante la dictadura
surgieron algunos colectivos que funcionaban de manera privada, como el grupo Integración, de tendencia católica,
conformado por varones gay en 1978 y el colectivo lésbico-feminista Ayuquelén
en 1984. Ambos mantuvieron el anonimato de sus integrantes. Luego de que se
hiciera público el primer caso de VIH-Sida[6],
se constituyeron a partir de 1987, las primeras agrupaciones conformadas por
homosexuales visibles: la Corporación Chilena
Contra el Sida de Santiago y el Centro de Educación y
Prevención en Salud Social y Sida de la ciudad de Concepción. Ese mismo año el
colectivo de agitación cultural Yeguas del Apocalipsis inició sus acciones en
el campo cultural. Fue recién en 1991 que se conformaron las primeras
agrupaciones homosexuales organizadas públicamente, marcando así una historia
de organización política relativamente tardía en relación con otros países de
la región.
Esta
dilación o retraso de los activismos sexo-genéricos tiene efectos en lo que
hemos podido configurar como archivo de las vidas LGBT en dictadura, al menos
hasta ahora. Los registros activistas, militantes o testimoniales de ese
periodo donde la comunidad LGBT haya elaborado su experiencia en sus propios
términos son escasos y fragmentarios. También pueden considerarse algunos
textos e imágenes producidos desde sectores minoritarios del mundo del arte
antidictatorial de esos años[7]. Esto
ha implicado, para los que hemos querido volver a sobre ese tiempo, sumergirnos
en las huellas dejadas en la prensa sensacionalista o en el mucho más esquivo,
árido y distante del archivo médico-legal.
En este
texto intento visibilizar otras zonas, que no son las de los dos polos recién
expuestos. No para negar o superar los extremos que las imágenes del
arrasamiento o de una sexualidad no heternormativa habilitada por el mercado
proyectan. Sino para pensar otros puntos de contacto con un pasado que han
quedado en suspenso y que permitan complejizar el modo en que entendemos las
tecnologías represivas y biopolíticas sobre la población LGBT, y que permitan interrogar las formas de periodización que
han organizado los relatos de la historia reciente bajo la distinción
dictadura/posdictadura en Chile.
La
dictadura de Augusto Pinochet, tuvo como una de sus características
distintivas, la articulación entre la aplicación sistemática de políticas de
tortura, fusilamiento y desaparición de personas y la instauración simultánea
(y no posterior) de políticas económicas que promovieron la apertura
indiscriminada al comercio internacional, la reducción del gasto público y la
liberalización financiera, convirtiendo a Chile en el primer laboratorio
neoliberal del planeta (Garate,
2015)[8].
Los militares pusieron en práctica métodos de represión excepcionales e
ilegales transgrediendo las formas de represión consentidas por el marco
jurídico tradicional, con el fin de aniquilar a los grupos marcados como
“opositores políticos” y amedrentar a la población (Bonasso,
1990).
Como señala
el filósofo chileno Willly Thayer (2004) “el golpe no ocurrió en la historia de Chile, le ocurrió a la historia de Chile” (p.20-21),
inaugurando así un nuevo tiempo hegemónico. Para Thayer la dictadura no fue un
paréntesis en la historia de Chile sino que, en su autodeclarado estado de
excepción, confirmó los más de doscientos años de violencia política
republicana en nombre de la ley. Al mismo tiempo, la dictadura perpetuó esa
violencia como transición desde el Estado al mercado como principal regulador
de la sociedad. En nombre del progreso, la superación o la modernización como
norma histórica la dictadura civico-militar ejerció la gobernabilidad tanto de
acuerdo al binomio represión / consentimiento (basado en el monopolio estatal
de la violencia y en los instrumentos ideológicos de persuasión), como en base
a una forma de gobierno neoliberal (que organiza los cálculos y los afectos de
la maquinaria social a través del impulso de libertades, la producción de la
desigualdad y el menoscabo de la recomposición de los lazos colectivos).
En este
artículo, parto del supuesto de que este rasgo, tiene un correlato en la
convivencia de distintas tecnologías de producción sexogenérica, donde un
régimen disciplinario del sexo, va abriendo lugar, de modo parcial,
fragmentario y contradictorio, a un modelo más flexible de modulación de la
identidad y la sexualidad, de acuerdo a lo que Preciado ha llamado tecnologías
farmacopornográficas (Preciado 2014) de producción de los cuerpos. [9] Esto no
implica, sin embargo, marcar la trayectoria en línea recta de una supuesta
“modernización sexual”, que implicaría dejar atrás los rasgos disciplinarios.
Al contrario, me interesa observar la convivencia tensa, turbulenta y
superpuesta de distintas tecnologías de regulación sexo-genérica.
No es
difícil ver como la dictadura reforzó un régimen disciplinario del sexo al
intensificar la propagación del modelo familiar heterosexual como principal
matriz de identificación de lo masculino y lo femenino según valores
católico-conservadores (Grau et al., 1997). La dictadura impuso un discurso
militarista-patriarcal que exacerba las identificaciones viriles a la retórica
de mando (Richard, 1993) y promovió la figura tradicional de maternidad, que
ubicaba a las mujeres en el rol de guardianas morales de la sociedad y
depositarias de las tradiciones nacionales (Junta Nacional de Gobierno, 1974).
En este período, también estuvieron vigentes los artículos del Código Penal nº
365 (que tipifica como delito la práctica de sodomía, específicamente homosexualidad
masculina, desde el año 1875) y nº 373 (de “el ultraje a las buenas costumbres”
utilizado para penalizar el travestismo y la prostitución callejera). Es
preciso aclarar que estos artículos se aplicaron antes, durante y después del
periodo dictatorial. Sin embargo, tal como sucede en otros países de la región
bajo dictadura como Argentina[10] y
Brasil[11], hasta
el momento no hay registros de una política represiva ideada por los militares
que tuviera como finalidad la persecución directa de la diversidad sexual por
su condición de tal[12].
Pero lo que
busco enfatizar es que simultáneamente, es posible advertir desde los primeros
años de la dictadura, indicios de la gradual emergencia de técnicas
farmacopornográficas de control de los cuerpos que dan cuenta de mecánicas de
poder más difusas, que se implican en la modulación del deseo subjetivo, la
diversificación del mercado sexual y en la medicalización de la sexualidad.
Desde fines de los años 1970s, el burdel tradicional y la prostitución de
“asiladas” fueron reemplazados por servicios individuales y reservados que
tenían lugar en topless, saunas y cabarets (Salazar & Pinto, 1999); y a su
vez, comienzan a surgir las primeras discotecas gay (Contardo, 2011), asociadas
al fortalecimiento del mercado nocturno y sexual. Además, en lugar de enmarcar
la vía médico-legal del cambio de sexo desde una lógica prohibitiva y que le
diera un fuerte poder al Estado para decidir sobre el cuerpo de las personas
trans (como sucedió por ejemplo en la dictadura argentina[13])
durante la dictadura chilena se abrió un espacio discreto[14]
para que las cirugías de “cambio de sexo” pudieran llevarse a cabo en
hospitales públicos y clínicas privadas, llegando a ofrecerse como un servicio
gratuito para beneficiarios del sistema público de salud en el Hospital van
Buren de Valparaíso. Apelando a la ley 17.344 que autoriza el cambio de nombres
y apellidos, mujeres trans[15] que se
sometieron a la cirugía, lograron en algunos casos y a condición del criterio
del juez de turno, el cambio registral de nombre y sexo.
Los
procesos medico-legales de “cambio de sexo” se formalizaron a través de la
discreta admisibilidad de las cirugías y de la judicialización del cambio civil
de nombre y sexo. Esto implicaba que una vez realizada la cirugía, quien
solicitaba el cambio civil de sexo debía volver a someterse a un peritaje
médico que daba lugar a procedimientos abusivos y de castigo físico y moral,
que dejaban en evidencia como contracara de un marco legal permisivo, la
vulnerabilidad de la población trans a la violencia institucional. Esta
convivencia de permisividad y vulneración
que trabaja en la judicialización del “cambio de sexo”, parece hablar de las
modalidades neoliberales del arte de gobernar que, en una sociedad que comienza
a ser modelada según la multiplicidad y la diferencia, confronta y quita
legitimidad a las intervenciones de tipo disciplinario y planificador del
Estado, promoviendo en cambio, una proliferación del arbitraje jurídico que
añade formas más sofisticadas de violencia sobre la población trans (Carvajal,
2019).
En
ausencia de organizaciones LGBT (que, como señalé arriba, en Chile se
conformaron recién a partir del año 1991 durante el período postdictatorial)
fueron los miembros de la Sociedad Chilena de Sexología Antropológica (SChSA),
junto a otros médicos y abogados, los que contribuyeron a abrir un campo de
acciones médico-legales en torno al “cambio de sexo”. En efecto
el discurso sexológico de la década de 1960 es un antecedente fundamental para
comprender como funcionó el “cambio de sexo” como dispositivo durante los
primeros años de la dictadura. En el año 1967, los médicos de la Sociedad
Chilena de Sexología Antropológica decidieron discutir la factibilidad de
iniciar una vía médico-legal para el “cambio de sexo” en el país, como un modo
de ofrecer una solución a la criminalización de las mujeres trans. En el libro Cambio
de sexo: puntos de vista antropológico, biológico, embriológico, genético,
clínico endocrinológico, psiquiátrico, religioso católico y jurídico: con un
apéndice sobre correcciones quirúrgicas, los integrantes de a SChSA
discuten un caso publicitado en la prensa, que relataba la detención de una
camarera en su lugar de trabajo bajo la aplicación del artículo 373 del Código
Penal, debido a que su documento no coincidía con su expresión de género.[16] La
anécdota, que es retomada en distintos textos de la SChSA, era un caso ejemplar
porque ponía a la persona de “sexo indefinido”
en una escena laboral (que resalta el aspecto moral de “ganarse la vida
horadamente” como un modo de alejar trabajo sexual como “destino” de las
personas trans):
con toda
razón el detenido argumentó que su figura y sus maneras, que incluían timbre de
voz que no había podido corregir, hacían que en ninguna parte le dieran trabajo
cuando lo solicitaba vestido de hombre, por lo que si quería ganarse la vida
honradamente tenía que hacerlo vestido de mujer. No sabemos que exista la
posibilidad de que cuando médicos comprueban la imposibilidad de cambiar estos
caracteres [se refiere a los caracteres sexuales secundarios], puedan dar a él
o a la afectada, un certificado válido para que estos individuos no sean
molestados por la policía (Quijada,
1968, p. 23).
Y
más adelante agregan:
Recuérdese
aquel individuo que debe emplearse como mujer, única posibilidad de ganarse la
vida honradamente, pues vestido de hombre y pidiendo ocupaciones masculinas, no
le dan trabajo en ninguna parte a pesar de sus genitales externos de varón.
Irracionalmente llevado a prisión por poseer dichos genitales que no usa y de
nada le sirven como si únicamente en ellos debiese descansar el derecho legal a
determinadas vestimentas. No lo apoyan legal ni moralmente su voz, formas
corporales o maneras, por congénitas e irrenunciables que sean que lo hacen ser
reconocido de lejos como mujer o con mayor razón de cerca. Estas personas
piden, ya como necesidad vital que se les prive de esos atributos físicos que
son para ellos estigmas que les impide la única existencia normal que pueden
llevar. En realidad lo transformado es solamente la apariencia externa de unos
detalles orgánicos en individuos operados para hacerlos mujeres más completas
pues eran ya muy poco o nada varoniles” (p.112).
Los
integrantes de la SChSA presentaban la modificación genital como la solución
que permitiría “definir” el sexo y otorgar así el ingreso a la ciudadanía. La
posibilidad de definir a la persona en un sexo mediante la cirugía, articulaba
así el poder médico, las tecnologías de normalización sexo-genérica, la
desigualdad de clase, las dificultades de acceso al trabajo, la criminalización
de las personas trans y la obsesión por
el nudo entre la genitalidad y la verdad del sujeto. En este argumento, la
cirugía de “cambio de sexo” era presentada desde un discurso humanitario,
modernizador y desde una temporalidad ligada al progreso, como la forma de
garantizar, el “derecho”[17] e
incluso el “deseo” de las personas de definirse en un sexo (Quijada,
1968). Este modo de justificar la cirugía persistió
en el discurso médico de este período, tanto textos escritos años más tarde por el médico Osvaldo Quijada[18], como
en escritos del urólogo Guillermo Mac Millan que haciendo referencia a la
aplicación del artículo 373 del código penal, señala que tras la operación, la
persona solicitante ahora “rehabilitada (…) termina su conflicto con la ley por
su conducta juzgada como inmoral o deshonesta” (Mac
Millan, 1988, p. 95).
La
construcción de la cirugía de modificación genital como frontera entre la
legalidad e ilegalidad de una identidad, es lo que me permite pensar el
dispositivo del “cambio de sexo” como estrechamente entramado a las formas de
criminalización de las disidencias sexo-genéricas, como el artículo 373 del
código penal.
Ahora bien,
cuando me refiero al “cambio de sexo” como dispositivo, no estoy pensando en un
concepto dado (no es un a priori teórico) si no en una categoría que fue siendo
construida a partir del archivo disponible, a través de un análisis relacional
entre distintos discursos médicos, jurídicos y periodísticos, que dejaron
huella en una serie de documentos a partir de fines de los años sesenta en
Chile. En efecto, el “cambio de sexo” funciona en los documentos analizados
como un enunciado opaco, contradictorio, pseudo-científico, que va adquiriendo
significados móviles y heterogéneos pero que al mismo tiempo tiene efectos
sobre los cuerpos.
Así, una de
las contradicciones que operaron en el “cambio de sexo” como dispositivo, fue
que, al contrario de lo que planteaba el discurso médico, la ubicación de las
personas trans en una posición de infracción a la ley continuó, en especial
porque en Chile (en los años setenta y hasta el año 2012), era posible
someterse a una cirugía de modificación genital, pero el cambio civil de sexo y
nombre en los documentos de identificación no estaban asegurados por la ley, lo
que dejaba a las personas trans expuestas a diferentes formas de violencia
represiva e institucional (Rivera 2009)[19].
Como ha mostrado Garrido (2016), homosexuales, travestis y mujeres trans que
ejercieron el trabajo sexual en los años 70s y 80s se vieron expuestas a episodios
de violencia física y sexual por parte de la policía y fueron detenidas tanto
por ofensa a la moral y las buenas costumbres como por vagancia.
En su
investigación sobre deseo homoerótico, Gonzalo Salazar (2015) ha mostrado cómo
durante el período previo a la dictadura, entre 1950 y 1973, las sexualidades
disidentes lograron abrirse camino en pequeños espacios de libertad ligados a
la bohemia, el hampa y los mercados del sexo en un contexto que las relegaba al
destierro cultural, a la represión y prevención sanitaria de parte del Estado.
Durante el
período del denominado “Estado Asistencial Sanitario” (1938-1973) (Illanes,
2010), el Servicio Nacional de Salud y la Brigada
de Delitos Sexuales fueron los dos principales organismos estatales de
disciplinamiento y normalización sexual. Se trataba de una matriz biopolítica
que entendía las disidencias sexo-genéricas, las prácticas ligadas a la
homosexualidad, el lesbianismo el travestismo, el trabajo sexual, como
problemas de salud moral y social de la población, es decir, como “desviaciones
sociales” (antes que, por ejemplo, como “enfermedades mentales”). Como señala
un reportaje publicado en abril del año 1973 en la revista VEA: “el problema de
la homosexualidad se aborda en Chile desde dos ángulos prácticos: represión y prevención
sanitaria. Se protegen así las buenas costumbres, la moral y se evita que la
prostitución de invertidos produzca focos de enfermedades venéreas” («El
sórdido submundo…» 1973, p.6).
Durante el
período previo a la dictadura el Servicio Nacional de Salud tuvo a su cargo los
controles de enfermedades venéreas como una forma de regulación y construcción
social de las “sexualidades peligrosas” (Castejón,
2004). Esta política buscaba llevar un registro
tanto de la prostitución (femenina y masculina) como de la homosexualidad. Así,
desde el año 1965, se produjeron estadísticas para identificar y llevar una
contabilidad de individuos “homosexuales”[20].
El foco del
acoso policial estuvo dirigido hacia el “ejercicio de la prostitución
homosexual callejera” o “ambulatoria” o a los “homosexuales que se esconden en
alguna actividad” (el término travesti no es utilizado en el reportaje citado).
La principal vía de criminalización era la aplicación del artículo 373 que
penaliza las ofensas al pudor y las buenas costumbres. A su vez, la policía
perseguía a personas codificadas como sospechosas que circulan por cines porno
o que “merodean colegios”, sancionándolos por delitos como la “corrupción de
menores” o las “proposiciones deshonestas”. Ahí se incluía también a mujeres
lesbianas que “acosaban” menores de edad en el ámbito escolar[21]. Una
nota anterior, publicada en la revista VEA en el año 1970, señalaba que la
Policía de Investigaciones tenía más de quinientas fichas de homosexuales (Correa,
1970). La nota no especificaba cuál era el delito
de los varones homosexuales fichados, más bien daba por sentado que la
orientación sexual era razón suficiente para abrir un prontuario (Contardo,
2011, p. 276)
¿Qué
sucedió más adelante, durante el período dictatorial? Es preciso recordar que a
partir del Golpe de Estado cambió radicalmente las formas de habitar y circular
por la ciudad. El control del espacio público se dio a través de la consecutiva
declaración de estados de excepción, toques de queda y estados de sitio[22]. Por
un lado, las notas relevadas en la prensa sensacionalista durante los primeros
años de la dictadura (entre 1974-1977) dan cuenta de la continuidad de las
formas del acoso policial sobre las disidencias sexo-genéricas. Permiten
verificar que muchas de las detenciones narradas, ocurrían en medio de lo que
parecen ser habituales rondas y redadas efectuadas momentos previos al toque de
queda, asumidas “con firmeza” (“Guerra
a muerte a los homosexuales en Viña”, 1977)
tanto por la policía civil como por la policía uniformada. La figura delictual
rigurosamente aplicada, era el artículo 373 que penaliza los escándalos contra
la moral y las buenas costumbres. En ocasiones se añadía la figura de vagancia
o tenencia de drogas. Las notas también dejan ver que la policía continuaba
usando el sistema de fichaje de homosexuales y tarjetas de control por
vagancia, y que el traslado a los tribunales, obligaba a quienes podían haber
sido (no lo sabemos) locas, travestis o mujeres trans, a ponerse vestimentas
masculinas. Así, quienes protagonizan estos relatos eran expuestos a una doble
violencia, a la arbitrariedad de la detención y a formas de negación sobre sus
formas de identificación y nombres femeninos, inmediatamente “rectificados” por
los nombres masculinos de nacimiento. Los procedimientos de detención quedan
bien registrados en la siguiente nota que narra el supuesto equívoco de un
grupo de “raros” intentando “seducir” a agentes de la policía vestidos de civil:
Los
raros lucían pelucas rubias y recargado maquillaje en sus rostros, incluyendo
pestañas postizas (…) Con coquetos ademanes habían conquistado ya a dos varones
trasnochadores, y buscaban un tercero cuando se toparon con miembros de la
comisión civil de la segunda comisaría central. Los interceptaron en la vía
publica y previos guiños insistentes los invitaron a sumarse al grupo. Solo
entonces se percataron de que eran policías. Los raros fueron invitados al
cuartel de Avenida Argentina para cumplir una corta detención en esa unidad
policial. Esta mañana pasaron a disposición del tribunal de policía local, por
infracción al a moral y las buenas costumbres. Fue preciso conseguirles
vestimentas varoniles para trasladarlos a tribunales (“Raros
querían conquistar a un policía”, 1977, p.5) [23]
Antes que
un plan sistemático sobre las personas LGBT por su condición de tales, la
revisión de la prensa del periodo 1974-1977, que coincide con los años más
represivos de la dictadura chilena, permite verificar la continuidad de una
política represiva ejecutada por las fuerzas de seguridad vigente antes y
durante la dictadura: verificable en las fichas de homosexuales y la aplicación
del código 373 del código penal. A diferencia de los edictos policiales o los
códigos contravencionales argentinos que tienen un estatuto jurídico más débil
y discontinuo pues operan a nivel provincial, en Chile el artículo 373 (así
como 365 que penalizaba la sodomía entre varones) está incrustado en el código
penal, reforzando el modo en que se nos aparecen como atemporales y
constitutivos al Estado Nación. En particular el artículo 373 es un tipo penal
abierto que exhibe la legalidad como excepción, en tanto lleva a una aplicación
arbitraria y prácticas abusivas por parte de las fuerzas policiales y de
seguridad pública, que lo utilizan para llevar adelante “detenciones fundadas
en la estigmatización y discriminación” (Senado,
Congreso Nacional de Chile 2006).
Una de las
preguntas que atraviesa esté artículo es si debemos separar el análisis de las
políticas represivas de larga duración dirigidas a aquellos sujetos indeseados
de la nación y distinguirlas de aquellas acotadas al periodo dictatorial, que
tuvieron como objetivo perseguir a las izquierdas y disidencias
político-ideológicas como plan sistemático ejecutado por las Fuerzas Armadas. O
en cambio, si nuestra tarea es visibilizar “los enlaces entre los aspectos
legales e ilegales, y entre las prácticas excepcionales de la represión
clandestina y las dinámicas institucionales y burocráticas regulares
preexistentes” (D’Antonio,
2015, p. 11). Es importante tener en cuenta que
históricamente la policía chilena ha tenido una tendencia a la militarización y
que en 1974 la Junta Militar decretó que tanto la policía uniformada como la
civil fueron asimiladas por las Fuerzas Armadas pasando a depender del
Ministerio de Defensa (Maldonado
Prieto, 1996), lo que hace posible preguntarse en qué
puntos las fronteras entre diferentes formas y tiempos de la represión al
interior del Estado, se habrían vuelto porosas, en qué momentos o en qué
modalidades, pudieron haber producido efectos de intensificación mutua.
Como han
mostrado distintos autores (Acevedo & Elgueta, 2009; Contardo, 2011) el
contexto de la Unidad Popular, marcado por una fuerte homofobia, se erigía
sobre la construcción de una masculinidad fuerte, basada en la fuerza física y
la producción, encarnada en el minero, el obrero industrial, el trabajador de
la construcción. La acusación de ser homosexual fue un enunciado utilizado por
la prensa sensacionalista afín al gobierno de Allende para deslegitimar el
discurso del adversario político. En ese mismo período, la homosexualidad y el
travestismo aparecían en la prensa recurrentemente adheridos a crímenes
pasionales, construidos como series de asesinatos, violaciones o abusos[24].
En
contraste, lo que las notas relevadas en los primeros años de la dictadura
están transcribiendo son prácticas de una sexualidad pública. Transcribo aquí
algunos de los titulares: “Bailando flamenco cae homosexual drogadicto”,
“¡Todos presos! Homosexuales danzaban desnudos en la noche en playa Caleta
Abarca.”, “Raros querían conquistar a un policía”, “Raros y lanzas detenidos en
redada de medianoche”, 1977; “Tres raros detenidos en el barrio chino”.
Estas notas
no hablan solo de “fiestas negras”, o del incipiente mercado nocturno gay que
comenzó a consolidarse a fines de los setenta. Transcriben relatos de cerros y
playas tomadas por grupos de homosexuales para practicar sexo público. Lanzan
imágenes de otras posibilidades sexoafectivas, incluso aunque estén acechadas
por la amenaza. Así, por ejemplo, el 26 de enero de 1977 en el diario La
Estrella de Valparaíso publica “¡Todos presos! Homosexuales danzaban
desnudos en la noche en playa Caleta Abarca”, que relata:
Con
traje de adanes, pero sin la hoja de parra, fueron sorprendidos en la playa
caleta abarca tres homosexuales a la luz de la luna (…). Aun cuando a las 22:30
horas esos parajes costeros estaban solitarios, igual faltaban a la moral y las
buenas costumbres. Los funcionarios de la brigada de narcóticos y drogas
peligrosas que efectuaban una ronda en busca de mariguaneros se toparon con los
homosexuales quienes participaban de un recreo nocturno en compañía de otros
individuos que huyeron al percatarse de la presencia de la policía en la playa.
Para ser remitidos al cuartel policial (…) debieron colocarse diminutos trajes
de baño. Posteriormente fueron enviados al tribunal de turno en calidad de
vagos (“¡Todos
presos! Homosexuales danzaban desnudos en la noche en playa caleta abarca”,
1977).
La página
del diario publica la noticia del trío de “homosexuales” que hacía nudismo
nocturno en la caleta de pescadores junto a un breve artículo que señala que,
en el mismo lugar, había sido encontrado recientemente dos cadáveres masculinos
expulsados por el mar. El choque entre la imagen de liberación en el acto de
nudismo público de tres homosexuales y la borradura de las huellas de un crimen
en el cadáver arrojado por el mar, que podría remitir a la desaparición forzada
en tiempos de dictadura, produce una suerte de suspensión o detención temporal.
Permite pensar en diferentes regímenes y estratos temporales que atraviesan un
mismo momento histórico, asincronías, diferimientos, que impide relatar estos
episodios en una trayectoria lineal.
Al mismo
tiempo quisiera notar que estas breves notas de prensa permiten pensar que
prácticas homosexuales anónimas que transcurrían en diferentes espacios
clandestinos o semipúblicos como saunas o cines porno, abandonan los subsuelos
para ocupar la superficie de la ciudad, más precisamente la ciudad sitiada[25]. Como una suerte de posibilidad distópica de un
tiempo-espacio que se abre cuando la ciudad se va vaciando ante la proximidad
del toque de queda, lo suficientemente peligroso y depurado de heterosexualidad
como para habitarlo como un transitorio “paraíso perverso” (parafraseando a
Perlongher). Una nota publicada el 17 de enero de 1977 bajo el titulo “Guerra a
muerte a los homosexuales en Viña”, alertaba sobre a la aparición de
“homosexuales e individuos amorales” en diversos sectores de la ciudad de Viña
del mar:
Se han
quejado de la aparición de homosexuales en los prados que corren en forma
paralela a la ribera norte del estero marga-marga. Estos individuos llegan en
parejas hasta ese lugar cuando comienza el atardecer y sus desviados instintos
les hacen realizar una serie de actos reñidos por completo con la moral y las
buenas costumbres (…) Recientemente la comisión civil de la prefectura de
carabineros (…) sorprendió a las 22 horas (…) a dos homosexuales que se hacían
el amor a vista y paciencia de los transeúntes (“Guerra
a muerte a los homosexuales en Viña”, 1977, p.3).
Estos
fragmentos dan cuenta del uso efímero de zonas de la ciudad delimitadas y
“accionadas por el deseo homoerótico” (Salazar 2015, p. 73) -para usar la
expresión de Salazar-. Se trataba de lugares y recorridos re-configurados por
el uso deseante que las disidencias sexo-genéricas hicieron de espacios que no
estaban concebidos para esos fines. En efecto las notas de prensa operan la
restitución de la codificación y ordenamiento de la ciudad sitiada, invocando
no sólo al control policial si no también al “control ciudadano”, llamando a la
“responsabilidad a los vecinos quieres deben denunciar cualquier acto
sospechoso de inmediato a la policía” (“Guerra
a muerte a los homosexuales en Viña”, 1977, p.3)
Mi
propósito es pensar cómo estas breves notas de prensa permiten abrir otras
zonas del pasado que se desenganchan tanto de las imágenes de la aniquilación
como de las de una libertad sexual y de circulación habilitada por el
mercado. El archivo no solo sirve como
prueba de las preguntas que le hacemos, sino que también habla de un conjunto
de procedimientos políticos y fuerzas institucionales que lo ponen a nuestra
disposición (Snorton
en Bychowsky et al., 2018).
En el caso de la prensa sensacionalista esos procedimientos y fuerzas tienen
que ver con la espectacularización, la patologización, la criminalización. No
es posible pasar por alto, el efecto productivo y ejemplarizante que pueden
llegar a tener la inscripción de la reiteración del castigo sobre esas formas
de sexualidad no-normativa (que siguen incluso aquí acechadas por la muerte,
como muestra el cadáver encontrado en Caleta Abarca). Pero es tal vez por esa misma razón, como ha
señalado Snorton, que podemos considerar un compromiso ético, el acto de
imaginar lo contrario de la evidencia documental en aquellos discursos que se
han organizado para disminuir y desacreditar ciertos tipos de vidas. Esto no
implica absorber las diferencias que produce la distancia histórica. Como han
planteado los investigadores de las temporalidades trans (Bychowsky
et al., 2018; Devun & Tortorici, 2018)
la especulación, la conjetura abierta, incluso el afecto pueden ser buenas
guías a través de los archivos, especialmente cuando las figuras que buscamos
parecen estar escritas fuera del tiempo. Se trata de poder conjugar esas guías
con el cuidado que implica, al mismo tiempo, mantener la diferencia y la
opacidad a la que nos confronta la distancia histórica, para no imponer las
imágenes y contenidos de nuestro presente como una horma para el pasado.
Quisiera cerrar este apartado, dejando abierta la pregunta, sobre si estos
relatos, pedazos de vida capturados como mercancías informativas, pueden estar
hablando también de tácticas y maniobras que dejaron huella de la persistencia,
episódica y fugaz, de una “cultura de posibilidad sexual” (Crimp,
2005; Muñoz, 2009), incluso bajo dictadura.
Conclusiones
El corpus
de notas revisadas, dejan huella de la vigencia de la aplicación del artículo
373, el fichaje de homosexuales, los abusos policiales contra la población
LGBT, y dan cuenta de procedimientos atravesados por aspectos legales e
ilegales, por dinámicas institucionales habitadas por políticas de excepción,
que han sido procuradas históricamente por distintas fuerzas de seguridad del
Estado, desordenando el límite seguro y aliviante entre el antes, el durante y
el después de la dictadura, mostrando los retornos de un tiempo represivo que
no pasa, que no termina de pasar. Se trata de la continuidad
de formas de excepcionalidad que podríamos calificar como de baja intensidad,
por el modo discreto, permanente y focalizado sobre ciertos sectores de la
población en que se ejecutan.
Por otra
parte, considerar en serie las distintas notas de prensa que registraban
detención de personas homosexuales o de género disconforme por la policía
durante los primeros años de dictadura, permite leerlas no solo como el reverso
represivo de las tecnologías biopolíticas en relación con la transexualidad que
tuvieron lugar en esos años. Siguiendo la metodología de los estudios queer
y trans la propuesta fue leer estos episodios también a partir de las
prácticas de sexualidad pública que registran (oferta de sexo en la calle,
nudismo, sexo en público). En un país que no vio surgir movimientos de
liberación homosexual previos a la expansión del VIH-sida, esos relatos pueden
ser leídos como huellas de otro tiempo queriendo emerger a fragmentos. No solo
hablan de formas de sanción que no cesaron, a diferencia de lo que sugería
Perlongher con la imagen de paraíso de libertad donde la policía pasa de largo
y mira hacia un costado. Pueden ser considerados como episodios que exceden y
descontrolan la razón punitiva: imágenes que a pesar de su suspensión (legal,
histórica) dan cuenta de una “cultura de posibilidad sexual” que está fuera del
tiempo y del espacio en más de un sentido: fuera del tiempo normativo
familiarista, patriarcal y cis-heterosexual controlado por la dictadura. Fuera
de la temporalidad de la derrota política que implicó la dictadura para una
cultura y política de izquierdas igualmente cisheterocentrada. Pero también
hablan de la imposibilidad y el destiempo al que se ven expuestos ciertos
contextos, en los que la irrupción de movimientos queer y LGBT no calza, no
logra sincronizarse con las cronologías euro-norteamericanas. Son huellas del
exceso de una sexualidad pública y colectiva que incluso el presente de la
normalidad neoliberal, formalmente democrática y post-vih, queda arrojada a un
fuera de tiempo. Son huellas de vidas que han sido suspendidas, en el sentido
de la sanción burocrática, que han sido inhabilitadas, tachadas y por eso
también penden; están, en algún sentido, todavía pendientes como posibilidad
futura.
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Recibido: 13/09/2019
Evaluado: 10/10/2019
Versión Final: 30/11/2019
[1] A lo largo del artículo opté por el uso alternado de terminología
utilizada en los documentos de época analizados, como “cambio de sexo”,
“transexualidad”, “homosexualidad” (que tienen significados objetivantes o patologizantes en diferentes contextos y
períodos de tiempo) y terminología contemporánea como “trans”- un término
abarcativo que hace referencia a transexales, transgéneros y travestis –
“disidencias sexo-genéricas” –que ha sido propuesta desde el activismo para
evitar los términos patologizantes o esencializantes- y “cirugías de
modificación genital”-que resulta más precisa y evita otras formulaciones que
tienden a reproducir la temporalidad del antes y el después de una identidad-
en tanto categorías no patologizantes. Esta decisión busca tensionar la
distancia entre la historicidad de terminologías usadas en el pasado y aquellas
que configuran nuestro momento presente, así como mostrar que la elaboración de
categorías y el establecimiento de las diferencias es un proceso inacabado,
inestable, que nos confronta a la necesidad permanente de ajuste. Quisiera remarcar también, la renuncia de
cualquier tipo de esencialización de las categorías utilizadas, así como
también la precaución de evitar elevar cualquiera de las prácticas o
subjetividades abordadas como emblema de subversión, transformación o misión
histórica.
[2]
Durante estos años, la prensa sensacionalista publica una serie significativa
de notas con historias de personas transexuales que se sometieron a cirugías de
cambio de sexo. En el período que va
desde 1974 a 1977 pude recopilar 65 notas sobre transexualidad y “cambio de
sexo” en diferentes diarios de tres ciudades -Santiago, Valparaíso y
Antofagasta y 32 notas de personas detenidas por el artículo 373 por su
condición sexo-génerica.
[3] La
sigla refiere a lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, trans y
bisexuales.
[4] Como
explica Rocco Carbone: “En setiembre de 1959, Bernardo Aranda, un locutor de la
Radio
Comuneros fue
quemado en el departamento donde residía. Con motivo de ese asesinato el
stronato desató una razzia y apresó a 108 presuntos homosexuales para
esclarecer el motivo de esa muerte, presentada como un hecho relacionado con la
vida sexual de la víctima. A partir de ese momento se acuña el sintagma 108
como marca despectiva para indicar a todo homosexual y el sistema sexo/género
irrumpe de manera evidente como parte de los cálculos del poder, del cálculo
del gobierno. Ese número, que integra el
léxico stronista, sigue teniendo plena vigencia en el Paraguay de hoy” (Carbone
y Soto 2015, p.187).
[5] La
Quinta Cuatro era una quinta de recreo ubicada en calle Zapadores en el barrio
Recoleta, donde “acudían a divertirse
matrimonios con hijos hombres
heterosexuales solos, travestis, proxenetas y hombres gay de sectores populares
y algunos de sectores más acomodados” (Contardo,
2011, p. 332).
[6] En
1984, cobró estado público por primera vez, el caso de una persona que falleció
de VIH-Sida en Chile. Ese mismo año, el régimen de Augusto Pinochet 0modificó
el artículo 2 del decreto 362 sobre Enfermedades de Transmisión Sexual,
incorporando “el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”. Con este
acto, el Ministerio de Salud incorporaba el SIDA como enfermedad en el sistema
de salud pública
[7] El
trabajo que los artistas chilenos Carlos Leppe y Juan Domingo Dávila realizaron
desde mediados de la década de los setenta, la escritura de Nelly Richard, las
acciones de las Yeguas del Apocalipsis, trabajos que combinaron fotografía y
testimonio como La Manzana de Adán, fueron el territorio de las primeras
enunciaciones politizadas de formas de sexualidad y de identificación de género
que ponían en cuestión las normas cis-heterosexuales, y pueden ser consideradas
antecedentes fundamentales para pensar las disidencias sexo genéricas en Chile
en el período dictatorial. Ver: Richard,
1980, 1985, 1993.
[8] Es
preciso señalar que la liberalización de la economía chilena no se hizo solo
desde un ministerio de economía, sino también desde una Oficina central de
Planificación (ODEPLAN), a cargo de una segunda generación de economistas
formados en Chicago y de políticos ligados a la derecha política y al
catolicismo integrista.
[9] Retomo la distinción que hace Preciado entre un régimen
disciplinario del sexo, basado en las técnicas de producción de identidades
biológicas concebidas como verdades anatómicas a partir una lógica dicotómica
(hombre/mujer) y que organizan la sexualidad en torno a la díada
heterosexualidad/homosexualidad, y el régimen farmacopornográfico, según el
cual, técnicas de control de los cuerpos no intentan castigar o corregir los
desvíos de la norma desde el exterior, sino modular los cuerpos a partir de
técnicas como el uso de materiales sintéticos, prótesis o el consumo de
hormonas, que se infiltran en el interior el cuerpo individual y modifican el
modo de concebir el cuerpo, para producir artificialmente una corporalidad
estándar, pero de tal modo que cada órgano ya no corresponde “a una única
función y aun único emplazamiento” (Preciado, 2014:154).
[10] Para
el caso argentino ver el texto de Insausti, J. (2015). Los cuatrocientos
homosexuales desaparecidos: Memorias de la represión estatal a las sexualidades
disidentes en Argentina. En D. D’Antonio (Ed.), Deseo y represión. Sexualidad,
genero y estado en la historia reciente argentina. Buenos Aires: Ediciones
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por Astor Massetti, Ernesto Villanueva y Marcelo Gómez. Buenos Aires: Nueva
Trilce.
[11] Para
el caso de Brasil ver: Green, J., & Quinalha, R. (
2015).
Ditadura e homossexualidades: Repressão, resistência e a busca da verdade. São
Carlos: Edufscar.
[12] Una
excepción en este sentido es la Dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay,
donde sí es posible identificar una política represiva dirigida a la
homosexualidad masculina: Carbone, Rocco
(2016). Putos de fuga.
Diversamente deseante en Paraguay. Los Polvorines: Universidad Nacional de
General Sarmiento.
[13] Ver:
Farji, A. (2017)La ley de los
cuerpos. Análisis de dos decisiones judiciales en torno al “cambio de sexo”
(Argentina, 1966—1974). Revista Mora, 23, 65–78.
http://dx.doi.org/10.34096%2Fmora.n23.5199
[14] Es
importante aclarar que, si bien los procedimientos médico-legales en torno al
“cambio de sexo” no se dieron a espaldas de la institucionalidad dictatorial,
los antecedentes reunidos hasta ahora, no permiten hablar de una política
oficial en relación a las cirugías de modificación genital. Ver: (Carvajal,
2019)
[15] A lo
largo de este articulo utilizo categorías contemporáneas como “mujer trans” o
“feminidades trans”, aunque estos términos no eran utilizados aún en el período
estudiado.
[16] Esta
discusión ha quedado registrada en el libro: Quijada, O., Parada, J., Barrera,
R., Tellez, R., Godoy, M., Peró, J. y Gonzalez, M., 1968. Cambio de sexo: puntos de vista antropológico, biológico, embriológico,
genético, clínico endocrinológico, psiquiátrico, religioso católico y jurídico:
con un apéndice sobre correcciones quirúrgicas. Buenos Aires: Joaquín
Almendros.
[17] Lo integrantes de la Sociedad Chilena de Sexología
inscribían este discurso garantista en lo que en esos años en Chile se
denominaba “derecho a la personalidad” (González
Berendique, 1968).
[18] Por
ejemplo, en un texto de 1980, donde retoma el caso de la camarera y señala:
“cuando son descubiertos resulta paradójico que la policía los detenga por
infringir las buenas costumbres no haciéndolo cuando vestidos varonilmente
ridiculizan la masculinidad y ridiculizan la feminidad” (Quijada,
1980, p. 2)
[19] Como
ha señalado Andrés Rivera, estos procedimientos abusivos dieron lugar a que
algunos jueces cambiaran el nombre pero no el sexo de los documentos de
identificación, exponiendo a las mujeres transexuales a una serie de problemas
y restricciones (Rivera,
2009)
[20] El
médico del Servicio Nacional de Salud entrevistado en la nota, señala que
considerando “homosexuales asilados y ambulatorios (…) las cifras sobre esta
población santiaguina es variable podría decir que estadísticamente barajamos
una cantidad de 150 a 290”. Señala que los controles se realizan cada veintiún
días para detectar enfermedades como sífilis y gonorrea aunque “actualmente ninguno está enfermo” («El
sórdido submundo….» 1973, p. 7)
[21] La
Brigada de Delitos Sexuales, entonces, (…) fue creada para combatir toda clase
de desviaciones. Su misión: proteger a las gentes de la acción de anormales
(…).El homosexual adulto que practica su anormalidad en privado o en forma
oculta, no nos interesa (…) lo realmente grave y que reprimimos con toda
energía es el homosexual que atenta contra las buenas costumbres y la moral
(«El sórdido submundo…» 1973, p. 6).
[22] Como
se señala en el El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura, “Los estados de excepción serían renovados sin interrupciones durante
quince años seguidos, mientras el estado de sitio –categoría que ampliaba aún
más la discrecionalidad del poder en su tarea represiva, concediéndole a las
autoridades de gobierno la facultad de ordenar arrestos arbitrarios, censurar
la prensa y suspender un cúmulo de libertades civiles- se prolongaría hasta
marzo de 1978, y posteriormente se restableció en dos ocasiones, ambas en la
década de 1980” (2005, p.172)
[23] Por
ejemplo: “Carlos Alarcón Toro, apodado la Vicky o la Piba de 21 años de edad,
recientemente llegado de argentina, jugaba al pillarse con lo raros Alejandro
Mora Mora de 45 años, la Aleja, y Robinson Cueto Duran, la Polla, de 26 años de
edad” (“¡Todos
presos! Homosexuales danzaban desnudos en la noche en playa caleta abarca.”,
1977) o
“Luciendo minifaldas, pelucas y maquillaje facial, fueron trasladados hasta el
Cuartel de avenida Argentina, Lautaro Canilao Collio, la “Pascuala”, de 19
años, Adonis Uribe Matus, de 25 años, la “Madona” y Jorge Alegría Droguett de
25 años, la “Miguelina”(“Tres
raros detenidos en el barrio chino”, 1977).
[24] La
relación entre homosexualidad y muerte en la prensa durante el periodo de la
Unidad Popular ha sido trabajado por diferentes autores (Acevedo
& Elgueta, 2009; Contardo, 2011). Transcribo aquí
algunos titulares analizados por Oscar Contardo en el capítulo 6 de su libro Raro,
una historia gay de Chile: “Feroz asesinato entre maracos. Se trata de
gente jai que ama el Arrayan” Puro Chile, 27 de abril de 1971 o
“Detective mató a loca de hot-pants” Puro Chile, 5 de octubre de 1971;
“Balearon a maricón del piano: Carmen 664” Puro Chile, 30 de marzo de
1971.
[25] En el libro Sida en Chile. Historias Fragmentadas de
Amelia Donoso y Víctor Hugo Robles, se reúnen algunos relatos de vida de
activistas que permiten reconstruir algunos de los circuito de gire homosexual
de los años dictatoriales (A. Donoso & Robles, 2015).