¿Víctimas de primera o de segunda categoría? La compleja construcción
social de una “jerarquía de las víctimas” en la Argentina posdictadura (1983-1987)
Victims of first or second category? The complex social construction of
a "hierarchy of victims" in Argentina post-dictatorship (1983-1987)
Instituto
de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
lastra.soledad@gmail.com
Resumen
Los desaparecidos y los campos de concentración de la última dictadura
militar, fueron consagrados como las figuras principales excluyendo a otros
sectores de afectados. Este artículo se propone analizar el proceso de
construcción social de una “jerarquización de las víctimas” desplegado en los
años ochenta en la transición a la democracia en Argentina. Para historizar este proceso, este trabajo analiza el papel de
actores sociales y de organismos de derechos humanos, especialmente del equipo
de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales. Este equipo trabajó
en la atención psicológica a los exiliados argentinos que regresaron al país
desde 1983. La hipótesis que guía este artículo señala que en el proceso de
“jerarquización de las víctimas”, entre 1983 y 1987, existieron prácticas de
mistificación, estigmatización y autosilenciamiento
por parte de ciertos actores del campo de los afectados que se combinaron con
límites conceptuales y analíticos a los que se enfrentaron los trabajadores de
la salud mental para comprender los efectos de la violencia estatal.
Palabras Clave
Víctimas; desaparecidos; Madres de Plaza de Mayo; terrorismo de Estado;
salud mental
Abstract
Disappeared persons and concentration camps
were consecrated as the main figures of the victims of the last military dictatorship, excluding
with this other types of grievances. This article aims to analyze the social
construction of a "hierarchy of victims" deployed in the eighties
during the transition to democracy in Argentina. To historicize this process,
the paper analyzes the role of social actors and human rights organizations,
focusing especially the mental health team of the Center for Legal and Social
Studies. This team worked in the psychological attention to the Argentine
exiles who returned to the country since 1983. The hypothesis that guides this
article indicates that in the process of "hierarchy of the victims",
between 1983 and 1987, there were mitifcation,
stigmatization and self-rehearsal practices by certain actors in the field of
victims that were combined with conceptual and analytical limits faced by
mental health workers to understand the effects of state violence.
Keywords
Victims;
disappeared; State terrorism; transition to democracy; mental health
Introducción
La dictadura militar argentina que se instaló
el 24 de marzo de 1976 implementó un modelo represivo singular y conectado con
los regímenes autoritarios del Cono Sur cuyo mecanismo central fue el secuestro
y la desaparición forzada de personas (Slatman y
Serra Padrós, 2014). La transversalidad social y la masividad del daño
ocasionado por la desaparición fueron características del terrorismo de Estado
desplegado en este país (CADHU, [1977] 2017; Duhalde, [1983] 2014). Sin
embargo, como señala Virginia Vecchioli (2001) ello
no implica necesariamente el automático reconocimiento de los desaparecidos
como víctimas por excelencia de la última dictadura.
Como muestra Marina Franco (2018), durante
los años ochenta, en el marco de las negociaciones de los partidos políticos
con los militares en el poder, los desaparecidos se convirtieron en un problema
de gobernabilidad dejando por fuera de la agenda otros temas de la represión.
Es decir, que no hubo una repercusión política inmediata que atendiera el
reclamo de los familiares de desaparecidos sino que
hizo falta que esta figura se convirtiera en un problema interno de la propia
dinámica política transicional para alcanzar un alto grado de protagonismo.
La sobre representación de la desaparición
como efecto represivo de la última dictadura también se refleja en el campo
académico. Sólo en los últimos años se fue ampliando la agenda de temas sobre
otras formas represivas –como la cárcel y el exilio, y sus efectos- comenzando
a interpelarlas en conflicto o conexión con la desaparición como paradigma de
la violencia estatal (Águila 2013; Águila, Garaño y Scatizza, 2016; D´Antonio, 2018;
Jensen y Montero, 2018; Jensen y Lastra, 2014; Merenson,
2014).
En este marco, en el presente artículo nos
proponemos analizar y desnaturalizar el proceso de jerarquización del dolor
producido por la última dictadura militar argentina.[1]
Nos referimos a una “escala” del daño ocasionado por la represión estatal así como a una clasificación sobre las
consideraciones sociales acerca de esos daños o sufrimientos (Canelo y Guglielmucci, 2005; Franco, 2006; Jensen, 2008; Vecchioli, 2014). Sin llegar a cristalizarse en una teoría
formal o explícita pues se vincula con representaciones sociales presentes en
prácticas y discursos, la “jerarquización” generalmente pondera la imagen de
los desaparecidos y de los niños apropiados como las “víctimas” por antonomasia
de la última militar a las que luego seguirían los ex presos políticos y los
exiliados, entre otros afectados. Hasta ahora, este problema ha sido analizado
para el caso de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención
cuyas voces fueron a la vez legitimadas y desautorizadas por actores sociales
del campo de los derechos humanos (Feld y Messina,
2014); y también para el caso de los ex combatientes y sobrevivientes de la
Guerra de Malvinas cuyas memorias se construyen desde la comparación con otras
experiencias internas a la guerra (mayor legitimidad por haber combatido en el
campo de batalla) y sociales (mayor validez por la cercanía con la muerte o por
haber sufrido más bajo la dictadura) (Rodríguez, 2014).
Como ha señalado Santiago Cueto Rúa
(2010:134-135) la operación de clasificación sobre las víctimas se encuentra en
las dinámicas internas del mismo campo de afectados, reflejándose en disputas
morales y políticas sobre la legitimidad de la palabra de los represaliados y
sobre sus membresías a determinados grupos. Junto a ello, retomamos las
reflexiones de Andrea Rodríguez (2014: 348-349) para destacar que si bien se trata de jerarquías que pueden ser
comprensibles desde la mirada de los sujetos, no dejan de producir dolor sobre
las personas y efectos esencializadores (y
silenciadores) en sus memorias.
Nuestro interés consiste en analizar mucho
más el proceso que sus efectos. En este sentido, nos proponemos examinar
históricamente la construcción de este imaginario “jerarquizador” durante los
primeros años de la transición a la democracia sin descuidar algunos elementos
que estuvieron presentes desde los últimos años de la dictadura militar. Para
ello, ingresamos al problema desde el campo de estudios de los exilios, es
decir, desde una de las “bases” o márgenes de este proceso piramidal.
Recurrimos al trabajo realizado por el equipo de Salud Mental de la Oficina de
Solidaridad con el Exilio Argentino (OSEA) del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS). Abocado a la atención psicológica de los exiliados argentinos
que regresaron al país desde 1983, el equipo OSEA-CELS fue produciendo un marco
teórico y clínico que incluyó a los exiliados como parte del universo de las víctimas aunque este proceso no llegó a consagrarlos como
tales. Por distintos factores internos y externos que analizaremos aquí, el
exilio como dispositivo represivo y los exiliados como sus efectos, quedaron
rezagados del campo de las víctimas, mientras que paralelamente se acrecentaba
el reconocimiento de otros sectores de afectados. Miramos especialmente el
trabajo en salud mental pues advertimos que ciertos saberes y prácticas que se
fueron desplegando en el campo “psi” a nivel micro pudieron amalgamarse con
otros procesos sociales y políticos externos, reforzando la constitución de un
“escalafón”.
Cabe aclarar que entendemos a la salud mental
como un paradigma del campo “psi” a la vez que como una posición política
adoptada por los propios actores. Desde principios de los años setenta en
Argentina los trabajadores de la salud mental asumieron un enfoque antipsiquiátrico de la salud, concibiéndola como el
resultado de una articulación de variables que incluyeron lo político, lo
social y lo familiar. Este nuevo paradigma, profundizado por el encuentro entre
el marxismo y el psicoanálisis y por la urgencia de comprender el desarrollo
psíquico a partir de sus contextos sociales de producción, implicó múltiples
tensiones al interior del campo “psi” así como nuevos roles para los
profesionales de la salud (Carpintero y Vainer, 2018;
Chama, 2015, p. 81). En Argentina, el campo de la salud mental fue duramente
reprimido por la dictadura, lo que generó la desarticulación de proyectos
inéditos de atención integral, el asesinato, cesantía y exilios de centenares
de personas.[2] Así, la
iniciativa de la OSEA-CELS resultó novedosa porque retomó un proyecto de salud
mental interrumpido por la dictadura militar y porque permitió considerar al
exilio como una experiencia traumática con características propias.
En relación a las fuentes, hemos consultado
el fondo documental del Equipo de Salud Mental del CELS y documentos producidos
por la OSEA y por la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF). Esta
última institución trabajó transitoriamente junto a OSEA en la recepción a los
retornados argentinos ejecutando programas puntuales de reinserción social
(1984-1985).[3] De
estas fuentes recuperamos documentos institucionales, ensayos inéditos,
informes y proyectos de atención psicológica, expedientes y legajos producidos
por asistentes sociales y psicólogos que trabajaron en las reuniones con
retornados del exilio atendidos por el equipo de salud mental mencionado.
También utilizamos entrevistas propias[4]
y otras consultadas en el Archivo de la Palabra de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), para ilustrar algunas dimensiones de las
representaciones y prácticas de los exiliados retornados que abonaron a este
escalafón.
Este texto se organiza en dos partes. En la
primera parte reconstruimos las particularidades del proceso político y social
más general de los años ochenta, analizando el posicionamiento de ciertos
organismos de derechos humanos y de los mismos exiliados-retornados en este
proceso “jerarquizador”. En la segunda parte, examinamos específicamente el
trabajo del equipo de salud mental OSEA-CELS, recuperando las clasificaciones
que fueron construyendo sobre los casos y los efectos que tuvo para sus
análisis el uso del concepto “terrorismo de Estado”. En las conclusiones
ofrecemos algunas líneas que pueden contribuir a una agenda más amplia sobre
esta problemática.
Marcos de
producción de la “jerarquización de las víctimas”
Como anunciamos, la categorización de
“víctima” es producto de una construcción política y social que implicó
disputas dentro del campo político y de los derechos humanos en Argentina. Nos detendremos
en las dimensiones macro del proceso que lo fueron delineando.
En primer lugar, atendiendo a la dimensión
político-estatal, las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno
constitucional se concentraron en fortalecer la búsqueda de verdad y justicia:
primero investigando el destino de las personas secuestradas y desaparecidas
(creación de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, Decreto
187/83 del 19/12/1983) y luego, juzgando todo acto de violencia criminal por
parte de las organizaciones de izquierda armada (Decreto 157/83) como de las
autoridades estatales del gobierno de facto anterior (Decreto 158/83). Al
contrario de lo sucedido en otras experiencias transicionales del Cono Sur
–como Chile y Brasil-, en Argentina la amnistía sancionada por los militares
antes de dejar el poder fue declarada insanablemente nula (Ley 23.040 del
22/12/1983) de manera que, en lo inmediato, fueron compelidos a declarar por
sus crímenes. Por su parte, los dirigentes y militantes de las organizaciones
revolucionarias fueron mantenidos en prisión cumpliendo condenas impartidas por
la justicia militar. Esta posición judicial que equiparó la violencia estatal
con la violencia política civil se convirtió en el pilar de la llamada “teoría
de los dos demonios”, discurso que alimentaron los organismos de derechos
humanos durante la transición a la democracia en Argentina (Franco, 2014). Así, en los primeros años del gobierno de
Alfonsín se concretó la condena social a la represión implementada por el Estado
y también a la militancia en proyectos políticos revolucionarios en un sentido
amplio (Franco, 2018). Ello impactó en el retorno de los exiliados que sólo
entre 1983 y 1984, debieron tramitar más de dos mil habeas corpus preventivos
para poder ingresar al país sin problemas judiciales (Lastra, y Jensen, 2014).
La judicialización sobre el exilio se
profundizó en el marco del Juicio a las Juntas Militares entre abril y
septiembre de 1985. El juicio, hecho inédito para el Cono Sur, condenó a
militares de alto rango por la planificación y puesta en marcha de un proceso
criminal masivo que incluyó a la desaparición de personas como metodología
central. Junto a ello, fue creciendo la persecución judicial sobre los
exiliados y retornados pues desde 1985 y especialmente entre 1986 y 1987, se
abrieron causas penales sobre ellos, lo que en algunos casos produjo nuevos
exilios (o re exilios). Este clima judicializador
incidió también en los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención
que debían participar como testigos ante los juicios y que
en varios casos, se sintieron condicionados a no hacerlo o a testificar desde
el extranjero (González Tizón, 2018). Este proceso contribuyó al silenciamiento
político y social de la experiencia del exilio, generando sospechas por parte
del poder político hacia estos actores (Jensen, 2008 y 2014; Yankelevich,
2009).
Las políticas estatales hacia los exiliados
argentinos tuvieron un importante componente criminalizador. Sin embargo, ello
no alcanza para explicar el lugar marginal que tuvieron en el campo de las
víctimas. Otros actores cuyos discursos y prácticas incidieron en este proceso
fueron los organismos de derechos humanos y los mismos exiliados. Nos
detendremos en cada uno de estos actores rastreando aquellos elementos que, en
dictadura y en los primeros años de la democracia, intervinieron en este
proceso de jerarquización.
Durante la dictadura, los organismos de
derechos humanos no hicieron del exilio un elemento de la demanda pública. A
diferencia del caso chileno o uruguayo, en los reclamos de organismos de
familiares de detenidos-desaparecidos o de presos, no se produjo una
articulación de la demanda por el retorno del exilio (Lastra, 2016 y 2017). En
el caso argentino, la agrupación Madres de Plaza de Mayo se fue constituyendo
en vocera de los hijos desaparecidos fortaleciendo desde 1977 el reclamo social
de “aparición con vida” y “castigo a los culpables” (Jelin,
2005). Sin embargo, este proceso no estuvo exento de tensiones. Laura
Bonaparte, psicoanalista, exiliada en México en febrero de 1976 y madre de una
hija desaparecida, señalaba:
“Con Madres nosotros tenemos una
relación muy desgraciada, todo el exilio, no solamente yo. Teníamos prohibido
usar el pañuelo […] las Madres viajaban y yo me enteraba después que se habían
ido. Y cuando me enteraba y les pedía cita, nunca nos daban cita. Yo era la
madre subversiva en el exterior” (Entrevista a Laura Bonaparte, realizada por
Pablo Yankelevich, Ciudad de Buenos Aires, 3 y 6 de agosto de 1999, pp. 59-61.
PEL/2/A/6, Archivo de la Palabra, UNAM, México).
El relato de Bonaparte nos permite
identificar un factor importante en la construcción de esta jerarquización de
los efectos de la represión: la incidencia que la misma agrupación de Madres,
constituida en voz hegemónica en el país, tuvo hacia afuera, “desautorizando”
las voces de otros actores. En ese sentido, el carácter “subversivo” del exilio
-que también aparecía vinculado a la campaña psicológica llevada adelante por
los militares en el poder- impregnaba los discursos y prácticas de organismos
que se iban ubicando como vanguardias de la lucha antidictatorial (Balbino,
2015; Franco, 2006). En la entrevista, Bonaparte remarcaba cierto uso que
habrían hecho las Madres de las redes construidas en el exilio a la par que
clausuraban la posibilidad de que fueran los mismos exiliados los que, en
determinados foros y encuentros internacionales, pusieran su voz para la
denuncia: “ellas aceptaban nuestros contactos pero no
aceptaban nunca jamás presentarse con nosotras” (Entrevista a Laura Bonaparte, op. cit.,
p. 67). Un matiz a esta afirmación lo introduce la psicoanalista
y exiliada Beatriz Aguad, quien explica esta ausencia del exilio en la denuncia
por el miedo que muchos expatriados sentían ante las represalias que la
dictadura militar podía haber tomado con los familiares y amigos que
permanecían en el país (Entrevista a Beatriz Aguad, realizada por Cecilia
Guerrero, Ciudad de México, 21 de noviembre de 1997, 4 y 12 de marzo de 1998,
PEL/1/A/29, Archivo de la Palabra, UNAM, p. 47).
El proceso de jerarquización nos remite
entonces a un conflicto de voces iniciado en dictadura, entre las Madres y los
exiliados. A ello debemos agregarle que, en el proceso de conformación de la
denuncia realizada desde los países de exilio, también se fue diagramando una
compartimentación de la información sobre la represión en la que se fue
excluyendo al exilio de los repertorios de la represión. En México, por
ejemplo, se formó la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en
Argentina (COSOFAM) que trabajó conjuntamente con el Movimiento de Trabajadores
de la Salud Mental creado por exiliados argentinos y sudamericanos en ese país.[5] Desde
estos espacios se reunían los relatos de sobrevivientes y familiares de
desaparecidos que se encontraban en el exilio, con el fin de presentarlos en
los distintos foros para la denuncia. Los relatos, devenidos en testimonios,
nacían del trabajo clínico de Mimí Langer, Ignacio Maldonado y Beatriz Aguad
que se distribuían los casos clasificando las experiencias represivas: los dos primeros
se ocupaban de los sobrevivientes de centros clandestinos de detención,
mientras que Aguad se dedicaba a la situación de los ex presos políticos y de
los familiares detenidos en el país.[6]
En consecuencia, se encuadraban los efectos de la represión en dos grandes
áreas “centros clandestinos” y “cárcel”, dejando al exilio por fuera. Los
informes que luego se presentaban en foros y organismos internacionales
respondían a esta fragmentación represiva que, como veremos en el próximo
apartado, aparecía con grandes conexiones en el trabajo de atención psicológica
a los exiliados.
El proceso de jerarquización parece responder
entonces a un distanciamiento que se fue generando durante la dictadura entre
el exilio y otras experiencias represivas. Sin embargo, como ya ha señalado
Luciano Alonso (2008), existieron importantes vínculos entre los organismos de
derechos humanos en el país con los del exilio, aunque contradictoriamente,
ello fortaleció la denuncia parcializada sobre los dispositivos represivos implementados
por la dictadura.
Mirando los primeros años de la democracia es
posible identificar otros discursos y prácticas en torno a las Madres y a la
figura del desaparecido que contribuyeron a consolidar su lugar hegemónico en
el “escalafón” del dolor. Por ejemplo, la psicóloga Raquel Bozzolo
-por entonces integrante del equipo de salud mental de la agrupación Madres-,
señalaba que existía sobre ellas una idea “mistificadora” del daño que
soportaban por la desaparición de un familiar y de la acción que llevaban
adelante en la búsqueda de verdad y justicia. Enfatizaba:
“los profesionales que hemos
trabajado cerca de estas personas [Madres], muchas veces hemos hallado
preservado lo que esperábamos encontrar dañado […] encontramos incluso un nuevo
desarrollo psíquico basado en nuevas identificaciones que fortalecieron y
desarrollaron el Yo de las supuestamente “más dañadas” víctimas de la
represión” (Bozzolo, 1986: 102.).
Aquí se subraya un aspecto central del
proceso de jerarquización que se fue elaborando en los años ochenta: la
unificación de las víctimas directas de la represión y de los “afectados” por
parentesco, que homologó en el campo de las “víctimas inocentes” experiencias
distintas de la violencia estatal. Así, “las víctimas más dañadas” a las que
aludía Bozzolo, no eran sólo los desaparecidos sino
también los familiares que debían vivir con esa figura.[7]
En este sentido, como han señalado Feld y Messina
(2014: 57), las Madres y también la agrupación de Abuelas se convirtieron en
voces autorizadas en el campo de la escucha social sobre la represión pues
fueron a la vez víctimas y testigos. Bozzolo agregaba
que en esta operación se investía a las Madres en “seres casi fuera de lo
terrenal”, lo que producía un efecto de profunda diferenciación en el campo
social:
“estas santificaciones –o más
bien esta actitud mistificadora- vuelve a introducir una fractura en el seno de
nuestra sociedad […] tiene consecuencias en el nivel político al restar fuerzas
que podrían unirse al Movimiento de Derechos Humanos” (Bozzolo,
1986: p. 103).
No es la intención de este trabajo cuestionar
o poner en duda la legitimidad del reclamo de las Madres por la aparición de
sus hijos –aspecto con el que comulgamos política y éticamente- sino subrayar
cómo en el desarrollo de su lucha pudo delinearse un carácter heroico o
idealizado que impactó en el posicionamiento de otros sectores afectados por
hechos represivos diferentes.
El protagonismo pujante de Madres se expresó
en la legitimidad social que fue adquiriendo su lucha para el resto de los
actores sociales. Si bien este reconocimiento no fue inmediato a la caída de
los militares sino que se fortaleció con las
decisiones tomadas por el gobierno de Alfonsín de juzgar los crímenes estatales
(Franco, 2018), lo cierto es que en el campo de los derechos humanos y de la
salud mental en particular, se constituyeron en portavoces privilegiadas. Para
Luciano Alonso (2008: 8) ello se debió en parte, al nuevo modo de resistencia
que proponía la agrupación: mucho más enraizado en lo emocional que en un
proyecto político o revolucionario. Mientras las integrantes de Madres fueron
depositarias de sentidos icónicos sobre ellas y sus luchas, la figura de sus
hijos, los desaparecidos, atravesaba un proceso similar.[8]
En ese proceso, los mismos exiliados que
retornaban en los ochenta, se posicionaban reconociendo ese protagonismo. Una
entrevistada, sobreviviente de un campo clandestino, señala:
“desde el exilio uno lo que
denunciaba era eso, la desaparición, dónde están nuestros seres queridos,
entonces el exilio pasaba a segundo plano porque en definitiva aquéllos que
habían podido salir del país […] era producto del terrorismo de Estado, el
desarraigo, el empezar de nuevo, las dificultades para insertarse en la
sociedad […] pero todo eso al lado de la desaparición...” (Entrevista a A.C.,
11/10/2013, Buenos Aires.)
La imposibilidad de que los exiliados
inscribiesen su experiencia como parte del mecanismo represivo estatal tuvo su
correlato en la ausencia de una agrupación propia. A diferencia del caso
chileno o uruguayo, que contó con agrupaciones de Familiares de Exiliados o de
los mismos exiliados retornados en las transiciones, en Argentina existieron
algunos intentos con poca proyección.[9]
Como subraya Silvina Jensen (2014: 185), existió un importante componente “no
reflexivo” por parte de los exiliados que abonó a la construcción de un relato
apolítico sobre el exilio, que no explicaba las verdaderas razones de la
partida y que impidió que se reconocieran como víctimas legítimas del proyecto
dictatorial.[10]
En este punto, debemos considerar que si bien los argentinos en el exilio lograron articular
una importante red de denuncia y solidaridad antidictatorial, en el retorno
este no fue un capital político importante (Roniger, Senkman, Sosnowski y Sznajder, 2018: 100). Muchos se asumieron como activistas humanitarios pero sin tener un reconocimiento social y
político de las “batallas” dadas en el exterior. En ese sentido, la
“jerarquización” del sufrimiento también estuvo determinada por la
invisibilidad política que tuvieron los retornados del exilio y por su escasa
incidencia en el desarrollo de la transición y en el nuevo gobierno[11]. Estos
elementos se fortalecieron en el marco de 1984 y 1985 con la edición del
Informe Nuncá Más, que consagró la condición de
“inocencia” para que las víctimas fuesen reconocidas como tales (Crenzel, 2010).
El cariz “inocente” operado por la
despolitización narrativa de esos años cristalizó en algunas figuras sociales
paradigmáticas que operaron acelerando esta jerarquización. Inés González
Bombal (1995: 206) lo señaló con la noción de “hipervíctima”:
aquellas personas muertas o desaparecidas, principalmente niños, mujeres
embarazadas y ancianos. En esta categorización también se consideró a los niños
apropiados o nacidos en cautiverio de los que no se sabía su destino. Estas
figuras fueron concentrando el trabajo del CELS, multiplicando sus informes
sobre el tratamiento terapéutico de esos niños, sobre los modos de acompañar la
restitución de sus identidades, entre otros temas[12].
En este punto, podemos identificar que las
fronteras de los escalafones tenían que ver mucho más con los alcances del
dispositivo desaparecedor que con los perfiles de las
víctimas. Por ejemplo, el equipo de salud mental de la OSEA-CELS atendió a un
significativo sector de niños, mujeres y ancianos que vivieron el exilio y que
regresaron con graves sintomatologías generadas por la experiencia exilar. En
el caso de los niños, los síntomas se expresaban en crisis emocionales y
alteraciones del desarrollo psico-físico y del lenguaje; mientras que en los
adolescentes se manifestaba en reiterados intentos de suicidio. También se
encontraban los ancianos, que se enfermaban por no poder continuar con los
tratamientos iniciados en el exterior[13]
y las mujeres que regresaban viudas, con parejas muertas o desaparecidas como
consecuencia del accionar estatal (CAREF, Trabajo con retornados argentinos,
1984). Así vemos cómo se fue gestando un proceso de autonomización de la
desaparición y de los desaparecidos que totalizó la identificación de la
represión y de sus efectos con estas figuras, silenciando otras. Es decir, que
las “hipervíctimas” no eran tales sino habían pasado
de alguna forma por el dispositivo de la desaparición.
Los
trabajadores de la salud mental frente al exilio y al concepto “Terrorismo de Estado”
En esta segunda parte nos concentraremos en
las dimensiones “micro” de este proceso, analizando especialmente el papel que
tuvo el equipo de salud mental de OSEA-CELS. Recordemos que el CELS fue fundado
en 1979 por un grupo de familiares cuyos hijos habían sido secuestrados y
desaparecidos, y que fue Emilio Mignone quien
estimuló el funcionamiento de la OSEA motivado por las crecientes consultas de
exiliados argentinos que esperaban por regresar y dudaban sobre las condiciones
judiciales y legales para poder hacerlo.
El equipo de Salud Mental de la OSEA-CELS
estuvo dirigido por Laura Conte (psicóloga y esposa de Augusto Conte) e
integrado por 40 profesionales que atendían las distintas situaciones de salud
de los exiliados que volvían. Su creación fue novedosa pues si bien ya existían
en los organismos de derechos humanos equipos de salud mental, estos se habían
abocado a la atención de otros afectados por la represión y no de los
exiliados. De ellos cabe destacar al equipo de la agrupación Madres de Plaza de
Mayo que desde 1977 atendió a familiares de desaparecidos y que tuvo una
incidencia importante en este imaginario jerarquizador, como vimos en el
apartado anterior.
El área de salud mental para los exiliados se
formó en el marco del Programa de Prevención y Asistencia en Salud Mental para
los Afectados Directos de la Represión. Incluir a los exiliados en el universo
de los afectados “directos” significó, en principio, equiparar el daño del
exilio al de los familiares de los desaparecidos.
Esa línea se refuerza cuando vemos que el
exilio fue considerado por este equipo como un trauma con síntomas específicos
que respondían a un quiebre en la vida psíquica producido al salir del país
(CELS, Informe del Equipo de Salud Mental, 1986). También afirmaron que el
retorno conllevaba otros traumas pues las personas regresaban a un país
generalmente idealizado (OSEA, Proyecto de Prevención y Asistencia en Salud
Mental, s/f). El exilio y el retorno se definieron como experiencias de “trauma
social”, es decir, que el equipo reconocía una producción política del daño
desestimando categorizaciones limitadas al campo de lo inconsciente. Como
adelantamos, esto tenía que ver con una profunda transformación del campo “psi”
en los años previos a la dictadura militar, en los que se recuperó la condición
política y social como variable explicativa de los daños psíquicos. Ello, junto
a la proliferación de ensayos y reflexiones que realizaron los psicólogos,
psiquiatras y psicoanalistas exiliados, que intercambiaron ideas y reflexiones
con el CELS, fortaleció la idea de que el exilio y el retorno también podían
identificarse como “traumas” (Lastra, 2019).
Sin embargo, a lo largo de sus análisis, los
integrantes del equipo fueron visibilizando las conexiones que el exilio tuvo
con otros hechos represivos. Sobre un total de 187 casos registrados en el área[14], al
menos un 46% de los casos podía definirse como personas afectadas “solamente”
por el exilio, mientras que el resto se distinguía por una situación híbrida
que podía incluir prisión política, secuestros, o la ausencia de un familiar
desaparecido (CELS, Informe del Equipo de Salud Mental, 1986). Para
sistematizar los cuadros psicológicos de cada paciente con las situaciones de
violencia vividas en el pasado los trabajadores de la salud mental fueron
organizando[15] las
“afecciones” que surgían de las consultas en un cuadro de datos. El registro de
cada caso se transcribió en una secuencia de experiencias que iban surgiendo en
el relato de las personas. Con fines ilustrativos, reproducimos los siguientes
casos:
- Sexo femenino, 38 años, comenzó su
asistencia en agosto de 1984, afectada por: “detenida-desaparecida. Tortura,
secuestros hijos. Exilio”;
- Sexo femenino, 35 años, comenzó su
asistencia en octubre de 1984, afectada por: “secuestro. Tortura. Fuga y
exilio. Esposo muerto”;
- Sexo femenino, 43 años, comenzó su
asistencia en abril de 1985, afectada por: “prisión. Tortura. Exilio”;
- Sexo masculino, 64 años, comenzó su
asistencia en noviembre de 1985, afectado por: “exilios sucesivos”;
- Sexo masculino, 37 años, comenzó su
asistencia en mayo de 1985, afectado por: “hermano desaparecido. Exilio”;
- Sexo femenino, 65 años, comenzó su
asistencia en septiembre de 1985, afectada por: “Exilio de un hijo”;
- Sexo femenino, 28 años, comenzó su
asistencia en junio de 1985, afectada por: “exilio de un hermano” (CELS,
Informe del Equipo de Salud Mental, 1986, selección de casos).
Los casos mencionados forman parte de un
registro mucho mayor y heterogéneo. Aquí recuperamos algunos para problematizar
los nexos entre las experiencias represivas. Justamente en ellos se puede ver
cómo el exilio se fue delineando a la luz de un entramado de vivencias exilares
y no exilares, no siempre vividas en primera persona.
En primer lugar, subrayamos que estar
“afectado” por exilio no siempre respondía a una experiencia exilar propia sino que podía tener que ver con el exilio de un
familiar (de un hijo o hermano, por ejemplo), con haber regresado y que parte
de la familia se quedase en el exilio o bien con modalidades de la partida que
hicieron que en muchos casos los familiares de desaparecidos en Argentina
tuvieran que salir del país.
En segundo lugar, se evidencia la variedad de
momentos en que se iniciaron las consultas y que no fueron inmediatas a la
recuperación de la democracia. Del total de casos registrados, 134 iniciaron su
terapia en 1985, mientras que 38 lo hicieron en 1984 y sólo 8 en 1983.[16] La
abrumadora mayoría de casos iniciados en 1985 expresa el modo en que las
experiencias personales de retorno se fueron articulando con los procesos
político-institucionales del país. Distintos cuadros de angustia y de fantasías
persecutorias que comenzaron a manifestarse en 1985 tenían que ver no sólo con
la represión del pasado sino con la actualización de ciertos traumas y miedos a
la luz del Juicio a las Juntas que se estaba desarrollando por ese entonces.
Así, los traumas del exilio estaban profundamente ligados a las condiciones
políticas del retorno que, en el caso argentino, se construyeron al calor de la
criminalización de la militancia y de la judicialización ya mencionada.
Por último, vemos que las detenciones,
prisiones y desapariciones de integrantes del núcleo familiar y de amigos de
las personas atendidas, en algunos casos se registraban como hechos unidos al
exilio. Los secuestros, torturas, prisión política, y/o la desaparición
temporal en algún centro clandestino de detención o el asesinato de algún
familiar, emergen en los registros como daños ligados por la represión estatal
sin que uno (la desaparición) prevalezca sobre los otros. Las experiencias eran
registradas horizontalmente y en algunos casos, siguiendo las secuencias de las
vivencias, sin que ello significara jerarquización. De hecho, en los síntomas
manifestados, no siempre las personas con familiares desaparecidos o con
experiencias de desaparición se acercaban a la clínica por ese tema. Por
ejemplo, se registró el caso de una mujer de 40 años, “detenida-desaparecida.
Tortura. Exilio” cuyo motivo de consulta fue señalado como “problemática de los
hijos adolescentes”. Otro caso fue el una pareja, una mujer y un hombre de 31 y 36 años
respectivamente, que habían vivido el secuestro y la desaparición de familiares
y su propio exilio, y cuyo motivo de consulta fue registrado como “dificultad
de convivencia en el retorno” (CELS, Informe del Equipo de Salud Mental, 1986).
Esto no quiere decir que las angustias no estuviesen ligadas a los hechos
represivos vividos; lo que tratamos de mostrar es cómo en los registros no era
natural la primacía de un dolor por sobre otro.
Vemos así que en los primeros años de la posdictadura los relatos sobre las experiencias represivas
fueron objeto de sistematización por parte de los integrantes de la OSEA-CELS y
que ello profundizó el conocimiento sobre sus conexiones.[17]
Sin embargo, ello no implicaba necesariamente la superioridad de la
desaparición.
En 1986, el equipo OSEA-CELS anunció el
cierre del Programa de salud mental de atención a los retornados[18]. En su
informe final afirmó que ni el exilio ni otros hechos represivos se podían
encontrar en “estado puro” (CELS, Informe del Equipo de Salud Mental, 1986). Al
respecto subrayaron que si bien existían prioridades
de algunos hechos represivos conforme a los diagnósticos y primeras consultas
de los pacientes, lo cierto era que no primaba una experiencia por sobre otra
sino que las vivencias se entremezclaban y mixturaban psíquicamente.
Esta noción analíticamente integradora del
exilio en una matriz represiva mayor se fue nutriendo en los trabajos conjuntos
de los integrantes del equipo de salud mental que, a partir de 1986, sólo
pertenecían al CELS.[19] El
exilio fue ubicándose en las producciones escritas del área como una
experiencia lo suficientemente significativa y disruptiva para ser identificada
con peso propio a la vez que como un hecho vinculado con otras experiencias
encadenadas de represión y violencia. Los trabajadores de la salud mental
afirmaron que resultaba difícil comprender el daño de un hecho represivo
particular sin tener en cuenta que la violencia estatal implementada era
global, es decir, amplia y dirigida a toda la sociedad.
Esta caracterización de la violencia estatal
tuvo al concepto “terrorismo de Estado” como pilar fundante. El uso de este
concepto por parte del equipo nos permite plantear que fue justamente en ese
pasaje, de la interpretación de la “violencia conectada” al “terrorismo de
Estado” que la jerarquización pudo hallar un reducto analítico para comenzar a
formalizarse.
El concepto “terrorismo de estado” se forjó al
calor de la lucha antidictatorial impulsada por los organismos de derechos
humanos locales y por los exiliados y agentes de la denuncia humanitaria en la
arena internacional (Jensen, 2017).[20]
Este concepto tuvo en el CELS un anclaje central por el papel que cumplieron
sus abogados en la construcción de la evidencia sobre la violencia sufrida por
las víctimas. Como señala Santiago Garaño (2019)
siguiendo a Philips Abrams, el concepto “terrorismo de Estado” o “Estado
terrorista” fue cimentado por el activismo de derechos humanos como una contra-idea-de Estado para evidenciar que los agentes e
instituciones estatales cometían delitos y crímenes hacia la oposición política
local estigmatizada como “terrorista”. En efecto, la categoría fue migrando
desde el ámbito de los derechos humanos a otras áreas de producción de
conocimiento. En el caso del equipo de salud mental OSEA-CELS, es posible
identificar la existencia de ciertos matices operados sobre el concepto en su
apropiación semántica.
En su obra fundante, el abogado Eduardo
Duhalde (2014:251) afirmaba que la cualidad sustancial del Estado terrorista
consistía en la ejecución del terror social y en la aniquilación física de sus
opositores. Sin embargo, en los informes y documentos internos de trabajo del
equipo OSEA-CELS se incluyen otras facetas represivas del terrorismo de Estado
que se articulaban con la eliminación física de las personas, como ya vimos
anteriormente.
Por ejemplo, en 1987, el psicoanalista Juan
Jorge Fariña señalaba en un informe del equipo de salud mental del CELS:
“lo esencial del Terrorismo de
Estado es el carácter clandestino de la violencia represiva, con miras a
desmoralizar y aterrorizar tanto a los opositores políticos activos como a la
población en general (…) La política represiva, aplicada sistemática y
masivamente, consistió en secuestros, desapariciones, torturas, fusilamientos,
reclusión legal y exilio” (Fariña, 1987: 8).
La mención de las prácticas represivas no
siempre conducentes a la aniquilación física es evidente. Ello se refuerza en
el citado informe con un prolífico detalle de las características que asumió
cada una de estas prácticas en la última dictadura militar. En efecto, podemos
plantear que en estos años de la posdictadura,
al interior de la categoría “Terrorismo de Estado” podían convivir experiencias
de la represión no jerárquicas entre sí. Sin embargo, también es posible
identificar en los documentos internos del equipo de salud mental, otros
análisis en los que el exilio comenzó a ocupar un lugar periférico en relación
a la desaparición. Para ello, recurrimos como ejemplo a otro informe de la
OSEA-CELS que señala en los exiliados a personas que vivieron en “la lejanía
del escenario del acontecimiento traumático y del brazo ejecutor de lo
siniestro” a pesar de que “el exilio en sí mismo se pudiera constituir en un
acontecimiento traumático a elaborar” (OSEA-CELS, La Familia, objetivo
privilegiado de la acción siniestra del Terrorismo de Estado, Informe, mayo de
1986, pp. 2-3).
Los años 1986 y 1987 fueron centrales en la
construcción de las interpretaciones sobre la violencia y sobre sus efectos en
nuestra sociedad. La sanción de las leyes de Punto Final (Ley 23.492, diciembre
de 1986) y Obediencia Debida (Ley 23.521, junio de 1987) obstaculizaron los
avances judiciales sobre los crímenes cometidos por las fuerzas militares e
impactaron profundamente en las luchas de los organismos de derechos humanos.
Ello tuvo también una gran repercusión en los análisis realizados por el equipo
de salud mental del CELS pues a partir de allí, los distintos efectos
represivos se fueron descentralizando, para dar paso a una narrativa que
subrayó a los secuestros, las muertes y las desapariciones como las principales
“aberraciones” de la metodología represiva (Juan Jorge Fariña, Paradigmas
metodológicos y conceptuales en Salud Mental y derechos Humanos, Trabajo
presentado en el Simposium sobre Psicología y
Derechos Humanos, 1987, La Habana). Los intentos gubernamentales por clausurar
el proceso judicial operaron en este sesgo, que se tradujo en el crecimiento
sostenido de la producción escrita sobre la muerte, la desaparición y la
incidencia que la impunidad tenía en la subjetividad dañada[21].
La acumulación sobre el tema de los
desaparecidos se reflejó también en los recursos a la bibliografía sobre el
caso del nazismo y de sus campos de concentración para comprender la
experiencia argentina. El “campo de exterminio” que también había sido fundante
para el estudio de Duhalde, funcionó como una figura muy utilizada en la
clínica del equipo de salud mental del CELS.[22]
Esta creciente primacía del dispositivo desaparecedor
tuvo un efecto potenciador de la figura de los desaparecidos como las
principales víctimas de la última dictadura militar.
“El desaparecido es un enigma de destino
incierto. A él no podemos caracterizarlo y es a través del trabajo con el
familiar donde somos convocados a develar el secreto que el enigma encierra.
Qué le pasó, dónde está, cuál fue su destino y quiénes fueron los responsables
de la desaparición” (Conclusiones del seminario Consecuencia de la Represión en
el Cono Sur: sus efectos médicos, psicológicos y sociales, Uruguay, 18-23 de
mayo de 1986, p. 11).
Lo
desarrollado hasta aquí nos permite
afirmar que el uso del concepto “terrorismo de Estado” fue
convirtiéndose
gradualmente en un marco de interpretación de la
producción de saberes de los
trabajadores de la salud mental frente al exilio, sin ser determinante
en la
operacionalización de la jerarquía de las
víctimas. La especialista Gabriela
Águila (2013) subraya que el concepto “terrorismo de
Estado” invisibilizó la
especificidad represiva de la dictadura militar a través de su
carácter
clandestino: opacó la selectividad y direccionalidad para
aniquilar a la
oposición política, soslayó la variedad de
agencias estatales que funcionaron
articuladas entre sí para concretar los crímenes y
desdibujó las
características de los distintos dispositivos represivos que
alimentaron la
“máquina terrorista”. La noción de
“terror” del “terrorismo de Estado”
quedó
restringida al “Estado clandestino” de Duhalde (2014:252),
descuidando la
contracara legal y normativa del Estado que el mismo autor
señaló como un
elemento fundamental para la comprensión del funcionamiento de
la dictadura
militar.
Actualmente la idea generalizada de
“terrorismo de Estado” adjudica una direccionalidad a las experiencias de
violencia estatal, imprimiendo un sentido teleológico a la desaparición de
personas como fin último de la represión. Sin embargo
esto no se reflejó inmediatamente en el campo de las víctimas pues, como
mencionamos, existieron algunas interpretaciones que en la práctica homologaron
los daños sin reconocer víctimas de primera ni de segunda categoría. Aquellas
experiencias represivas con efectos no desaparecedores
no siempre tuvieron un lugar subalterno en el relato sobre el “terrorismo de
Estado”[23]. En el
caso del exilio, su subsidiaridad fue el resultado de un proceso gradual y en
conjunción con otros factores. En consecuencia, el concepto de “terrorismo de Estado”
por sí solo no fundó escalafones pues ellos se fueron asentando semánticamente
junto con las prácticas y sentidos construidos por los actores políticos y
sociales en los álgidos y complejos años ochenta.
Conclusiones
A lo largo de este trabajo profundizamos en
un problema complejo del campo de la historia social del pasado reciente
argentino referido al proceso de jerarquización de las víctimas que se fue
construyendo en la posdictadura.
En la narrativa hegemónica sobre la
transición a la democracia, el terrorismo de Estado y los desaparecidos son
actualmente las figuras nodales para su interpretación. El primero, como relato
sobre el tipo de violencia impartido por el régimen militar y el segundo, como
el paradigma de la víctima creada por el dispositivo desaparecedor
como “el” dispositivo represor. Como mostramos en este artículo, este proceso
encontró fuelles de amarre en distintos actores y escenarios: en los organismos
de derechos humanos, especialmente en la agrupación de Madres; en los profesionales
de la salud mental y en los mismos actores afectados por otras experiencias
represivas no necesariamente ligadas a la desaparición de personas. Así, la
“jerarquización del daño” sin ser una teoría elaborada explícitamente ni un
objetivo de la violencia estatal, pudo ser un efecto no deseado y reproducido
por distintas voces e imaginarios sociales.
El proceso judicial y las medidas políticas
tomadas en el gobierno de Alfonsín contaron con elementos centrales para la
consolidación de una “escala de dolores” sobre los efectos de la represión
previa: la judicialización de todo tipo de violencia que persiguió a ex
militantes y retornados del exilio; la estigmatización del exiliado como
sospechoso por “subversión” y la ausencia de un discurso y una política pública
que alentara y facilitara el retorno de los expatriados.
Sin embargo, en este artículo nos detuvimos
en otros factores sociales que operaron gradualmente en la posibilidad de que
la jerarquización se consolidara.
En primer lugar, nos acercamos al rol que
tuvieron las Madres de Plaza de Mayo frente al exilio. En esa exploración
examinamos cómo en el proceso de silenciamiento o marginalidad del exilio en la
“jerarquía de las víctimas”, existieron prácticas de inclusión/exclusión de
ciertos actores. El hecho de que durante la dictadura algunos actores tuviesen
una mayor proyección internacional en su capacidad de hablar en nombre de “las
víctimas”, merece una investigación más profunda. Junto a ello, uno de los
temas de agenda que abre esta investigación, consiste en revisar las relaciones
y tensiones que se fueron estableciendo bajo la dictadura y en democracia entre
los distintos organismos de derechos humanos con los actores del amplio campo
del exilio, entre los que se incluyen los militantes de las organizaciones de
izquierda armada.
En segundo lugar, analizando los sentidos y
las prácticas de los trabajadores de la salud mental, pudimos identificar dos
procesos paralelos que confluyeron en esta jerarquización. Por un lado, la
existencia de ciertos sentidos mistificadores sobre las Madres de Plaza de Mayo
y sobre los desaparecidos como figuras incuestionables del campo de los
derechos humanos en Argentina. Por otro lado, reconstruimos y analizamos los
conocimientos que el equipo de salud mental de la OSEA-CELS puso en juego a la
hora de comprender al exilio como dispositivo represivo específico. Ello nos
permitió relativizar el alcance del concepto de Terrorismo de Estado como
matriz explicativa totalizante pues si por un lado, el
concepto fue acuñado privilegiando al campo de concentración y a la
desaparición como dispositivo y efecto principal de la última dictadura
militar, por otro lado, pudimos ver cómo este concepto tuvo matices de
interpretación por parte de la OSEA-CELS que hizo que, dispositivos como la
cárcel y el exilio, también fuesen contemplados en él. Esa inclusión, sin
embargo, fue coyuntural, pues a partir de la profundización del escenario de
impunidad en 1986 y 1987, los desaparecidos ocuparon la atención analítica
central en el trabajo del equipo de salud mental.
En tercer lugar, este artículo pudo mostrar
cómo la pertenencia al campo de las víctimas requiere en alguna medida del autoreconocimiento de los afectados como tales. En el caso
de los retornados del exilio, las distancias que asumieron frente al exilio
como un daño “equiparable” al de otros efectos de la represión estatal
contribuyeron al espacio periférico que posteriormente terminaron ocupando. Así
podemos plantear que la ausencia de un grupo de afectados por el exilio pudo
impactar en su limitada proyección en el campo de las víctimas, en dictadura y
en democracia. Sobre este tema quedan muchas aristas por investigar.
En definitiva, el proceso de jerarquización
de las víctimas en la posdictadura argentina respondió
a una construcción social que tuvo elementos centrales provenientes del campo
semántico y de las prácticas psicológicas y sociales para atender los daños
heredados. Los primeros años ochenta demuestran esa contingencia en la
articulación de ciertos sentidos sobre las víctimas. Muchos de esos sentidos se
mantienen sin desnaturalizar.
Bibliografía
Águila, G. (2013). La represión en la
historia reciente argentina: perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y
matrices explicativas. Contenciosa.
Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la historia
iberoamericana (1). Recuperado de http://www.contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=7
Águila, G.; Garaño,
S. y Scatizza, P. (2016). Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente
argentina: nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado, La Plata:
FAHCE-UNLP. Recuperado de: http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63
Alonso, L. (2008). El surgimiento del
movimiento argentino por los derechos humanos en perspectiva comparada. Páginas. Revista digital de la Escuela de
Historia (1), Universidad Nacional de Rosario. Recuperado de http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/152
Balbino, A. (2015). O exílio em machete: O retrato dos exilados na imprensa argentina durante a redemocratização (1982-1984) (Tesis de Maestría en
Historia, inédita). Programa de Posgraduación en Historia, Universidade
Estadual de Campinas, Brasil.
Bozzolo, R. (1986). Acerca del lugar de las Madres
de Plaza de Mayo. En D. Kordon & L. Edelman (comps.); Efectos
psicológicos de la represión política, Buenos Aires:
Sudamericana-Planeta.
Canelo, B. y Guglielmucci,
A. (2005). (Re) aparecer en democracia: silencios y pasados posibles. Anuario de Estudios en Antropología Social
(CAS-IDES).
Carpintero, E. & Vainer,
A. (2018). Las huellas de la memoria II.
Psicoanálisis y salud mental en la Argentina de los ´60 y ´70. Tomo II:
1970-1983. Buenos Aires: Topia.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
(1981). El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y
generalizado de una política. La doctrina del paralelismo global. Trabajo
presentado en Coloquio La Política de
desaparición forzada de personas. París, 31 de enero y 1 de febrero de
1981.
Chama, M. (2015). Compromiso político y labor profesional. Estudios sobre psicología y
abogados en los primeros setenta, Colección Entre los libros de la Buena
Memoria, Los Polvorines: UNGS, UNLP, UNaM.
Comisión Argentina por los Derechos Humanos
(CADHU). ([1977] 2014). Argentina. Proceso al genocidio, Buenos
Aires: Colihue.
Crenzel, E. (coord.) (2010). Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas
(1983-2008). Buenos Aires: Editorial Biblos.
Cueto Rúa, S. (2010). HIJOS de víctimas del
terrorismo de Estado. Justicia, identidad y memoria en el movimiento de
derechos humanos en Argentina, 1995-2008, Revista Historia Critica (40),
Bogotá. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n40/n40a08.pdf
D´Antonio, D. (comp.)
(2018). Violencia, espionaje y represión
estatal. Seis estudios de caso sobre el pasado reciente argentino, Buenos
Aires: Imago Mundi.
Duhalde, E. L. ([1983]2014), El Estado terrorista argentino. Buenos
Aires: Colihue.
Fariña, J. (coord.) (1987). Salud mental y derechos humanos. Efectos psicológicos
de la represión. Informe de avance, Buenos Aires, agosto de 1987.
Feld, C. y Messina, L. (2014), En torno a la
palabra testimonial de los sobrevivientes: testigos legitimados y denegados de
los centros clandestinos de detención en Argentina. Revista Tramas, Universidad Autónoma
Metropolitana. División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de
Educación y Comunicación, año 24, núm. 41, pp. 43-77. Recuperado de http://bidi.xoc.uam.mx/MostrarPDF.php
Franco, M. (2018). El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la
transición (Argentina, 1979-1983). Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
Franco, M. (2014). “La "teoría de los
dos demonios", un símbolo de la posdictadura en
la Argentina. Revista A Contracorriente, North Carolina State University.
Department of Foreign Languages and Literatures, vol. 11, num. 2. Recuperado de
https://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/
Franco, M. (2006). El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura. Buenos
Aires: Siglo XXI.
Garaño, S. (2019). Notas sobre el concepto de
Estado terrorista. Revista Question (61),
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, La Plata. Recuperado de https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/4997/4451
González Tizón, R. (2018). Militancia humanitaria y testimonio. Los
sobrevivientes de “El Vesubio” y la denuncia de los crímenes de la última
dictadura (1976-2016) (Tesis para obtener el grado de Doctor en Historia,
inédita), Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de General
San Martín, Buenos Aires.
González Bombal, I. (1995). “Nunca Más”. El
juicio más allá de los estrados. En C. Acuña & C. Smulovitz
(comps.) Juicio,
castigos y memoria. Derechos humanos y justicia en la política argentina,
Buenos Aires: Nueva Visión.
Infesta Domínguez, G. (1987). Visualización del exilio y del retorno en la
sociedad argentina. (Tesis de Licenciatura en Sociología, inédita),
Universidad de Buenos Aires.
Jelin, E. (2005). Los derechos humanos entre el
Estado y la sociedad. En Suriano, J. (dir.). Nueva Historia Argentina, Tomo X, Dictadura
y Democracia, Buenos Aires: Sudamericana.
Jensen, S. (2017). Los exiliados argentinos y
las luchas por la justicia (1976-1981), Estudios. Revista del Centro de
Estudios Avanzados (38), Universidad nacional de Córdoba. Recuperado de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/view/19126
Jensen, S. (2014). Memorias lights, memorias
anestesiadas. Reflexiones acerca de los olvidos del exilio en el relato público
y social de los setenta en la Argentina. En P. Flier
y D. Lvovich (coords.). Los usos del olvido. Recorridos, dimensiones
y nuevas preguntas. Rosario: Prohistoria.
Jensen, S. (2008). ¿Por qué sigue siendo
políticamente incorrecto hablar del exilio? La dificultosa inscripción del
exilio en las memorias sobre el pasado reciente argentino (1983-2007). Páginas. Revista digital de la Escuela de
Historia (1), Rosario. Recuperado de http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/177
Jensen, S. & L. Montero (2018). Repensando las
articulaciones entre experiencias represivas y militantes. Walter Calamita, de
la Unidad Penitenciaria 4 a la “opción” italiana (1974-1983). Revista Historia Oral, Associação Brasileira de História
Oral (21), Rio de Janeiro. Recuperado de
https://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=article&op=view&path%5B%5D=752
Jensen, S. & S.
Lastra (edits). (2014). Exilios: militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de
los destierros de la Argentina de los años setenta. La Plata: EDULP.
L´Hoste, M. (1986). La desaparición. Efectos
psicosociales en Madres. En D. Kordon & L. Edelman (comps.) Efectos psicológicos de la represión
política, Buenos Aires: Sudamericano - Planeta.
Lastra, S. & Jensen S. (2014). La
criminalización judicial de la militancia y su impacto en el retorno de los
exiliados argentinos en la posdictadura. En Jensen,
S. y Lastra, S. (edits). Exilios: militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de
los destierros de la Argentina de los años setenta, La Plata: EDULP.
Lastra, S. (2019). “Dejar de ser síntoma con
el silencio”. La inscripción del exilio-retorno en el campo de la salud mental
en la posdictadura argentina (1983-1986). Revista Tempo, Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, vol. 25, núm. 2. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/tem/v25n2/1980-542X-tem-25-02-496.pdf
Lastra, S. (2017). Dictaduras y retornos del
exilio. Chile y Argentina en perspectiva comparada. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria (núm.
7), IDES, Buenos Aires, pp. 120-136.
Recuperado de http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/view/8439/pdf
Lastra, S. (2016). Volver del exilio. Historia comparada de las políticas de recepción en
las posdictaduras de Argentina y Uruguay (1983-1989),
Colección de Libros de la Buena Memoria, Los Polvorines: UNGS, UNaM, UNLP. Recuperado de
http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/77
Manzanares, M. (2016). Los psicoanalistas rioplatenses en el exilio. Diálogos, aportes y
discusiones más allá de los divanes mexicanos (1974-1985). (Tesis de
Maestría en Historia Moderna y Contemporánea, inédita), Instituto José María
Luis Mora, México.
Merenson, S. (2014). Y hasta el silencio de tus labios. Memorias de las ex presas políticas
del Penal de Villa Devoto en el transcurso de la última dictadura militar en
Argentina, La Plata: Ediciones Al Margen.
Rodriguez, A. (2014). Entre la guerra y la paz: La posguerra de los ex-combatientes
del Apostadero Naval Malvinas: Experiencias, identidades, memorias, Tesis
presentada en Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación para optar al grado de Doctora en Historia. Recuperado
de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.918/te.918.pdf
Roniger, L.; Senkman, L.; Sosnowski, S. & Sznajder, M. (2018). Exile,
diáspora and return. Changing cultural landscapes in
Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay, Oxford University Press.
Slatman, M. & E. Serra Padrós (2014). “Brasil y
Argentina: modelos represivos y redes de coordinación durante el último ciclo
de dictaduras del Cono Sur. Estudio en clave comparativa y transnacional”. En
S. Jensen & S. Lastra (edits.). Exilios: militancia y represión. Nuevas fuentes
y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta,
La Plata: EDULP.
Vecchioli, V. (2014). La recreación de una comunidad
moral y la institución de un relato legitimo sobre los derechos humanos en la
Argentina, Publicar-En Antropología y Ciencias Sociales (17), Colegio de
Graduados en Antropología de la República Argentina. Recuperado de http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar/article/view/4779
Vecchioli, V. (2001). Políticas de la Memoria y formas
de clasificación social. ¿Quiénes son las “víctimas del
terrorismo de Estado” en Argentina. En B. Groppo
& P. Flier (comps.) La imposibilidad del olvido, Recorridos de
la Memoria en Argentina, Uruguay y Chile, La Plata: Al Margen.
Yankelevich, P. (2009). Ráfagas de un exilio. Argentinos en México (1974-1983). Ciudad de
México: El Colegio de México.
Entrevistas citadas
Entrevista a Laura Bonaparte, realizada por
Pablo Yankelevich, Ciudad de Buenos Aires, 3 y 6 de agosto de 1999. PEL/2/A/6,
Archivo de la Palabra, UNAM, Ciudad de México.
Entrevista a Beatriz Aguad, realizada por
Cecilia Guerrero, Ciudad de México, 21 de noviembre de 1997, 4 y 12 de marzo de
1998. PEL/1/A/29, Archivo de la Palabra, UNAM, Ciudad de México.
Entrevista a B.F, realizada por Soledad
Lastra, CABA, 28/03/2013.
Entrevista a A.C., realizada por Soledad
Lastra, CABA, 11/10/2013.
Recibido: 21/07/2019
Evaluado: 15/08/2019
Versión
Final: 01/10/2019
[1] Este trabajo forma parte del proyecto
de investigación “Historia de las redes de asistencia psicosocial a los
retornados del exilio en Argentina (1982-1990)” que dirijo en el marco de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina) y con su
financiamiento para el período 2018-2020. Fue presentado y debatido en
distintos ámbitos académicos a los que quiero subrayar mi agradecimiento. Al
Seminario de Historia Social organizado por El Colegio de México y dirigido por
la Dra. Clara Lida, la Dra. María Dolores Lorenzo, el Dr. Diego Pulido Esteva y
el Dr. Mario Barboza Cruz, que me brindaron un espacio fundamental para
desnaturalizar nociones nativas que guiaban los interrogantes iniciales. Por
otro lado, este texto fue sometido a las agudas lecturas de mis colegas del
Núcleo de Historia Reciente del IDAES-UNSAM y del Dr. Luciano Alonso, quien
contribuyó con sus comentarios en el tercer encuentro de la Red de Estudios
sobre Violencia Política y Represión en Rosario (abril de 2019). Quiero
agradecer también a Santiago Cueto Rúa y a Cecilia Azconegui por sus preguntas
atentas a la versión preliminar de este trabajo y a los evaluadores de la
revista Páginas por sus sugerencias. Este análisis es deudor de todas esas
voces. Todo lo dicho aquí es de mi entera responsabilidad.
[2] El campo de la salud mental fue uno de
los más afectados por la represión estatal en Argentina, dejando un doloroso
saldo de exiliados, torturados y al menos 397 trabajadores y estudiantes
desaparecidos (Carpintero y Vainer, 2018, pp. 378 y 390).
[3] Si bien OSEA estuvo conformada por actores del movimiento de derechos
humanos que contribuyeron en las tareas de asistencia jurídica y social (como
el COPEDE, MOVIP, SERPAJ, MEDH); en lo que respecta a la atención psicológica,
convocó a profesionales de la salud que habían ocupado cargos en la función
pública previamente a la dictadura, otros que eran docentes en la Universidad
de Buenos Aires y a trabajadores sociales que provenían de distintos organismos
afines. Este último aspecto sobresale pues, como analizamos en otro trabajo, se
requería que los profesionales demostraran su compromiso con la defensa de los
derechos humanos (Lastra, 2019).
[4] Excepto en los casos en que se aclara
el nombre, en todas ellas se decidió utilizar iniciales para preservar la identidad
de los entrevistados.
[5] Este grupo brindó apoyo terapéutico a
exiliados argentinos y latinoamericanos en general, recuperando la experiencia
profesional y política que habían tenido en el campo del psicoanálisis
argentino en los años sesenta y setenta (Manzanares, 2016).
[6] Entrevista a Beatriz Aguad, op.cit, pp.
46-48.
[7] Agradezco a
Cecilia Azconegui por resaltar esta diferencia.
[8] Marta L´Hoste (1986: 107), psicóloga e
integrante del equipo de salud mental de la agrupación de Madres, señalaba que
las intervenciones de las Madres en el espacio público estaban instituyendo a
la figura del desaparecido con gran reconocimiento por parte de toda la
comunidad.
[9] A lo largo de nuestras investigaciones
hemos podido corroborar dos intentos claros de organización de los retornados
del exilio: uno en septiembre de 1983 y otro en julio de 1984, ambos sin éxito
(Movimiento Solidario de Salud Mental, Conclusiones al Encuentro de Salud
Mental y Derechos Humanos, 25/09/1983, Buenos Aires; OSEA, Proyecto de prevención
y asistencia en salud mental, s/f.).
[10] Por ejemplo, B.F, exiliada en Alemania
y retornada con su familia en junio de 1984 recuerda que en su primer trabajo
estuvo más de seis meses sin poder contarle a sus compañeros que regresaba del
exilio. “Sentía soledad, más que necesidad de hablar, uno siente necesidad
cuando sabe que puede ser escuchada. De hecho yo sentía que no podía ser
escuchada, había algo que no… que no cuajaba. En mi trabajo, por ejemplo, nadie
me ha preguntado nada. Nadie sabe cómo es el estudio que yo hice en Alemania.
Nadie me preguntó. O sea, no sé… si no necesitan saber, no quieren saber, si
hay una negación, si es dejadez, no sé, pero objetivamente no…” (Entrevista a
B.F., realizada por Soledad Lastra, CABA, 28/03/2013).
[11] Sobre la escasa participación que
tuvieron los exiliados en los partidos políticos argentinos de cara a la
transición, ver Infesta Domínguez (1987); mientras que el importante papel que
tuvieron algunos intelectuales retornados en el equipo de gobierno de Alfonsín
se profundiza en Roniger et. al. (2018: 139 y ss).
[12] Una lista incompleta de esos informes,
incluye: Elsa Pavón, “Niños secuestrados y nacidos en cautiverio”, 1987; Mirta
Clara, “Niños detenidos desaparecidos. El derecho a recuperar su identidad”, 1986;
Marie Pascale, “Memoria para lo impensable. El caso de los hijos de
desaparecidos robados por militares y policías”, 1987; Abuelas de Plaza de Mayo, “Los niños desaparecidos. Su
restitución”, 1984; Abuelas de Plaza de Mayo, “La importancia de la restitución”,
s/f.
[13] CAREF señaló que en septiembre de 1984,
de 300 familias entrevistadas, al menos 20 tenían como jefes de familia a
personas transitando por la tercera edad. Hacia finales de 1984, preocupaba el
caso de un “anciano que antes de salir estuvo detenido y torturado, que vivió
su exilio en México y que regresó cuando tenía un hijo detenido, situación que
lo expuso a un recrudecimiento de los trastornos físicos y psíquicos que
sufrieron estos años. Estos problemas en el caso de la población mayor, son
altamente generalizados” (CAREF, Proyecto de Rehabilitación de Retornados,
1984).
[14] Estos casos responden solamente a los
que fueron registrados para el Informe aquí citado. No hemos podido corroborar
la magnitud total de casos atendidos entre 1983 y 1986 por el equipo de salud
mental, pero sabemos que entre 1984 y 1985, OSEA recibió 1168 y 2508 casos respectivamente, lo que
podría señalar un universo bastante limitado de los datos registrados (OSEA,
Informe sobre la actividad desarrollada por la Oficina de Solidaridad para
Exiliados Argentinos y evaluación sobre su reinserción a la patria, 1988, p.
17).
[15] Este registro de casos es resultado de
los datos que construyó el área de admisión del equipo de salud mental del
CELS. Las historias clínicas no se encuentran a disposición del investigador,
pero sí los registros organizados por los integrantes del equipo de salud mental
entre los años 1981 y 1986 (CELS, Informe del Equipo de Salud Mental, 1986, p.
5).
[16] Los 7 casos restantes se dividen en: 1
en 1981 que fue derivado de otro organismo de derechos humanos, 1 en enero de
1986 al cerrar el informe y de los otros 5 no se tuvo información (CELS,
Informe del Equipo de Salud Mental, 1986).
[17] Recordemos
que tempranamente a la instauración de la dictadura militar, y a raíz de la
desaparición de sus hijos, Emilio Mignone y Agusto Conte –fundadores del CELS-
identificaron que la violencia estatal se caracterizaba por un movimiento
reticular y expansivo, que configuraba un circuito represivo recorrido por las
personas detenidas o perseguidas. En este circuito se combinaban los
dispositivos legales con los clandestinos, a veces con el propósito de la
dictadura de “blanquear” detenidos (CELS, 1981).
[18] Ello no significó el abandono de los casos
pues OSEA delegó en el CELS la recepción y continuación de la atención
psicológica, pero ya no en el marco de una sub área especializada en el
exilio-retorno. Si bien esto pudo deberse a que el retorno masivo se produjo en
el primer año del gobierno democrático (1984), lo cierto es que los efectos
psicológicos del exilio y el retorno continuaron.
[19] Nos
referimos a las Primeras Jornadas Nacionales sobre Problemas de Repatriación y
Exilio (julio, 1984); Primer encuentro nacional Viejos y Nuevos problemas en
salud y derechos humanos (marzo, 1986), Seminario Internacional Consecuencias
de la Represión en el Cono Sur (mayo, 1986) y Jornadas “La psicología al
servicio de los intereses populares: experiencias concretas” (junio, 1988).
[20] Una breve genealogía de su impacto en
la lucha humanitaria inicia con el trabajo de la Comisión Argentina por los
Derechos Humanos (CADHU) titulado “Argentina: proceso al genocidio” de los abogados Eduardo Luis Duhalde
y Gustavo Roca en Ginebra en 1977. Cuatro año después, Mignone y Conte
presentaron en París el Informe del CELS ya mencionado y por último, en 1984 se
editó en Argentina el que fue un libro fundante para pensar la represión de la
dictadura: “El estado terrorista Argentino”, escrito por Duhalde en su exilio
en Madrid.
[21] De la creciente producción del CELS
sobre la impunidad y la subjetividad dañada, ver: Elena Aguiar, Algunas
consideraciones sobre los efectos psicológicos de la impunidad en parejas
afectadas directas por la represión política, s/f; María del Carmen Patrón y
Carlos Etchegoyhen, Salud y Derechos Humanos, junio de 1988; CELS, Efectos de
la impunidad en el sujeto y en el cuerpo social, 1989.
[22] Algunos materiales que remiten a esta
figura: Sara Moscona, Los trabajadores de la salud mental frente a la
problemática de los desaparecidos, 1985; Enrique Guinsber, Salud mental, paz y
terrorismo de Estado, Nueva Sociedad, núm. 89, Mayo-junio de 1987, Caracas.
[23] Resulta
importante reconocer la multiplicidad de apropiaciones y reinterpretaciones que
existen sobre el concepto “terrorismo de Estado”, muchas de las cuales fueron
impulsadas por el mismo Duhalde en sus recurrentes revisiones sobre su obra
original.