“Si va hablando solo por la calle: trabaja en
Dálmine”.
La salud obrera como campo de disputa en una
gran empresa siderúrgica: entre la resistencia de los trabajadores y las
prácticas de violencia estatal y empresarial (1974-1978)
“Si va
hablando solo por la calle: trabaja en Dálmine”.
Worker´s
health as a field of conflict in a steel factory: between worker´s resistance
and state and business violence practices
(1974-1978)
Pablo Javier Peláez
Instituto de Investigaciones Sociales de América
Latina;
Concejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Argentina)*
Resumen
El artículo propone analizar un conflicto laboral suscitado entre
1974 y 1978 en una de las empresas con mayor cantidad de víctimas trabajadoras
y sindicalistas durante el terrorismo de estado: la siderúrgica Dálmine-Siderca, ubicada en Campana y perteneciente al grupo
Techint. La disputa tuvo como eje las condiciones de insalubridad laboral, en
un contexto determinado por la ampliación de la planta industrial y la
represión extrema sufrida por el colectivo obrero de la fábrica.
La reconstrucción del entramado conflictivo nos permite realizar
un primer avance en un campo de estudios poco desarrollado en la
historiografía, relativo a las disputas específicas por la salud y las
condiciones de trabajo en las fábricas, y encontrar líneas explicativas que
contribuyan a identificar algunas de las razones de aquella represión
particularmente intensa.
El trabajo consta de cuatro apartados, en los que se desarrollan
un breve estado de la cuestión sobre la temática, un recorrido por las
condiciones de trabajo en la acería de la planta, una aproximación empírica al
conflicto y la dinámica represiva, y algunas reflexiones generales. Utilizamos
una amplia variedad de fuentes: balances y publicaciones empresarias,
expedientes del Ministerio de Trabajo, legajos de inteligencia, prensa local y
testimonios de ex trabajadores.
Palabras clave
Salud Obrera; Violencia empresarial; Sindicatos; Terrorismo de
Estado; Siderurgia
Abstract
The article aims to analyze a labor
conflict raised between 1974 and 1978 in one of the firms with the highest
number of workers and union victims during the state terrorism: the steel
industry Dálmine-Siderca, located in Campana and
belonging to the Techint Group. The dispute focused
on the unhealthy labour conditions, in a context
determined by the expansion of the industrial plant and the extreme repression
suffered by the worker´s collective.
The reconstruction of the conflictive
framework allows us to make a first advance in a field that was little
developed in historiography, related to specific disputes for health and
working conditions in factories, and find explanatory lines that help us
identify some of the reasons for that particularly intense repression.
The work has been structured in four
sections. The first one developes a brief state of
the issue on the subject. The following describes the working conditions in the
steelworks of the industrial plant. After that, we empirically approach the
conflict and repressive dynamics. And finally, we draw some general
reflections.
We use a wide variety of primary sources:
company´s balance and business publications, files of the Ministry of Labor,
intelligence files, local press and testimonies of former workers.
Keywords
Worker´s health; Business violence; Unions;
State Terrorism; Steel industry
En este trabajo nos proponemos analizar un conflicto laboral suscitado
entre 1974 y 1978 en una de las empresas con mayor cantidad de víctimas
trabajadoras y sindicalistas durante el terrorismo de estado: la siderúrgica
Dálmine-Siderca, ubicada en Campana y perteneciente
al grupo Techint. La disputa tuvo como eje las condiciones de insalubridad y se
desarrolló a lo largo de estos cuatro años, en un contexto determinado por la
profunda ampliación de la planta industrial y la represión extrema sufrida por
el colectivo obrero.
La reconstrucción de este entramado conflictivo nos permite realizar un
primer avance en un campo de estudios poco desarrollado en la historiografía de
la clase trabajadora en Argentina, relativo a las disputas específicas por la
salud y las condiciones de trabajo en las fábricas, y encontrar líneas
explicativas que contribuyan a identificar algunas de las razones de la
represión particularmente intensa. Con la idea de que los conflictos en torno a
la salud laboral tuvieron una importancia cualitativa para explicar la álgida
conflictividad social del período analizado, discutiremos algunas de las
interpretaciones vigentes.
Este trabajo parte de la reconstrucción minuciosa del caso, analizando
indicios tanto de los discursos como de las acciones que llevaron adelante los
trabajadores y la empresa en dos fases, evidenciando que las prácticas de
violencia empresarial cumplieron un rol central para la resolución provisoria
de la disputa en favor de la dirección empresarial.
En primer lugar, desarrollamos un breve estado de la cuestión sobre la
temática. En segunda instancia, realizamos un recorrido empírico con el
despliegue de diversas fuentes primarias sobre el caso particular. Por último,
presentamos algunas reflexiones generales y una hipótesis de trabajo a futuro.
La conflictividad por la salud en las
fábricas entre 1973 y la última dictadura: un breve estado de la cuestión
Ya desde principios de los años 70, en el devenir mismo de los hechos,
algunos análisis resaltaron la importancia de los reclamos obreros sobre
salubridad y seguridad laboral, inmersos en una disputa más general por el
control de las condiciones de trabajo y el cuestionamiento a los líderes
sindicales desde las bases (Pasado y Presente, 1973). Retomando esa línea, años
más tarde Jelin (1977) evidenció que el eje de
conflictividad centrado en el control de las condiciones de trabajo y la salud
laboral tuvo una importancia cualitativa para el período específico entre mayo
de 1973 y mediados de 1974, en un particular clima político que posibilitaba
ese tipo de demandas, en relación con un alto grado de movilización de las
bases y un creciente cuestionamiento a los liderazgos sindicales; y a partir de
la vigencia sólida del Pacto Social, el cual no permitía la discusión salarial
directa.
La autora también señaló, sin embargo, que la protesta en este eje
retrocedió en la coyuntura abierta por la muerte de Perón en julio de 1974, con
el resquebrajamiento del Pacto Social y el avance más decidido desde las
cúpulas sindicales y el Ministerio de Trabajo por disciplinar a sectores de
oposición gremial, desmovilizar a las bases y centralizar la estructura
sindical. Hacia fines de 1974, resaltó la emergencia del ausentismo laboral como
forma de expresión del descontento obrero desde el lugar de trabajo, lo cual
pudo relacionarse tanto con la aplicación de la legislación represiva a las
manifestaciones colectivas de protesta como con la estabilidad laboral que
aseguraba la recientemente sancionada Ley de Contrato de Trabajo.
Estudios posteriores sobre la conflictividad obrera general del período
1973-1976 no le otorgaron un peso específico al eje de salubridad (Pegoraro, 1979; Izaguirre, 2009; Löbbe,
2006), aunque en algunos casos apareció mencionado en forma subordinada a otras
variables como los posicionamientos de las dirigencias sindicales (Schneider,
2017; Torre, 1983), las estrategias de las corrientes obreras de izquierda
(Werner & Aguirre, 2009) o la política laboral del tercer peronismo
(Schneider, 2015). Algunos de estos trabajos, sin embargo, retomaron parte de
la tesis de Jelin, encorsetando este tipo de
conflictividad a la coyuntura de 1973-1974 y asociándola puntualmente a la
vigencia del Pacto Social. Particularmente Schneider (2017) afirmó que los
reclamos por condiciones laborales y de salud en realidad encubrieron demandas
que, indirectamente y en última instancia, buscaban las mejoras salariales que
venían siendo frenadas por el Pacto Social. En sentido similar, Torre había
planteado que, en la imposibilidad de negociar mejores ingresos, los
trabajadores intentaron obtenerlos en forma indirecta, reclamando por la
reclasificación de tareas consideradas insalubres, por las que se esperaba un
aumento en las retribuciones (Torre, 1983).
En un trabajo reciente, Lissandrello (2017)
retomó la conflictividad por salubridad, seguridad e higiene laboral durante
1973-1974 relacionándola a la específica estrategia de inserción sindical de
Montoneros-Juventud Trabajadora Peronista y el accionar del Instituto de
Medicina del Trabajo, perteneciente a la UBA. Su tesis central fue que la lucha
por condiciones laborales y trabajo salubre estuvo vinculada a la búsqueda de
Montoneros por articular una construcción sindical que pudiera disputar con las
burocracias sindicales por dentro del movimiento peronista, sin enfrentar al
Pacto Social y al propio Perón. Lissandrello destacó
la coincidencia entre aquella estrategia y el planteo programático y práctico
del Instituto, que se vio plasmado en la intervención conjunta en diferentes
conflictos gremiales.
Desde una mirada distinta, Basualdo y Lorenz (2012) advirtieron la
necesidad de profundizar en la historia de los trabajadores industriales
durante la segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones
(ISI), en relación a aspectos vinculados con la organización de la producción,
las condiciones de trabajo y la salubridad e higiene en las fábricas. Se abrió
en esta perspectiva un interés más amplio por este eje de disputa, intentando
conjugar la atención sobre variables objetivas, relacionadas al proceso de
trabajo en industrias dinámicas, con cuestiones subjetivas, ligadas a la
organización y las luchas de la clase trabajadora. Tanto en los casos de
Acindar Villa Constitución y Alpargatas Barracas (Basualdo, 2011, 2018) como en
el de Astilleros Astarsa (Lorenz, 2007, 2013) las
demandas por accidentes de trabajo, condiciones insalubres e insuficiente
atención médica actuaron como disparadores para la organización de agrupaciones
combativas hacia principios de los años setenta. En una línea similar, Soul (2014) verificó en la empresa siderúrgica estatal
SOMISA que las demandas por el reconocimiento de la insalubridad de sectores y
por la aplicación de regímenes de trabajo especiales generaron procesos de
movilización gremial en 1966/67, 1973 y 1982/83, los cuales se constituyeron en
instancias de importancia para la conformación de colectivos reivindicativos en
la fábrica y para la definición de específicas estrategias sindicales. Otros
estudios de caso enfocados en establecimientos de ramas dinámicas del período como
la automotriz, la naval y la metalúrgica, mostraron, en sintonía, a la salud
laboral como eje de conflicto central y/o puntapié para la organización obrera
en el espacio productivo desde principios de los años setenta (Schmucler, Gordillo & Malecki,
2009; Barragán, 2015; Ríos, 2017).
Respecto a la última dictadura, los primeros estudios realizados durante
los años 80 y 90 evidenciaron los impactos generales que la dictadura produjo
sobre el mercado de trabajo, la legislación laboral y la estructura de la clase
obrera, así como las formas en que los trabajadores de base y las dirigencias
sindicales respondieron (o no) a esa ofensiva (Gallitelli
y Thompson, 1982; Delich, 1982, 1983; Bieber, 1983; Abós, 1983; Fernández, 1985; Pozzi, 1988; Falcón, 1996). Desde comienzos de la década del 2000 se desarrollaron distintas
investigaciones que, partiendo de estudios de caso o regionales, dialogaron con
algunas de esas apreciaciones iniciales más generales. Muchos de estos trabajos
presentaron novedosas preguntas, problemáticas y tópicos, a partir del análisis
de archivos y repositorios documentales abiertos en los últimos años.[1] En términos
generales, estos aportes recientes evidenciaron que el accionar de la clase trabajadora,
inserto en un proceso de cambios estructurales fuertemente regresivos, tuvo una
primera etapa en la que predominaron formas de resistencia “molecular” y
“subterránea” desde los espacios de trabajo, y una segunda etapa, iniciada con
la Jornada Nacional de Protesta de abril de 1979, en la que se evidenció una reemergencia
de las formas de lucha tradicionales, más abiertas y visibles, aún en un
contexto de desarticulación y represión de la actividad sindical (Basualdo, 2010).
Si bien existieron algunas menciones puntuales a la cuestión de la salud
en los análisis más globales de la conflictividad del período (Abós, 1984; Fernández, 1985; Pozzi, 1988), incluso los trabajos que la tomaron como variable a atender dentro de
la disputa a nivel de los espacios de trabajo no la han abordado como eje
central o como problemática a desarrollar en su especificidad.[2]
En suma, vemos que más allá del considerable desarrollo de los estudios
sobre conflictos laborales en el período que consideramos en este trabajo,
aquellos motivados por condiciones laborales y de salud fueron un terreno
escasamente explorado en su especificidad por la historiografía especializada.
En pos
de realizar un avance en ese sentido, entendemos que es necesario remarcar sintéticamente
algunas consideraciones de índole teórica.
En un clásico texto, Hyman
(1981) definió al campo de las relaciones industriales como aquel que estudia los
procesos de control sobre las relaciones de trabajo; y observó la centralidad
que adopta la incesante disputa por el poder entre el capital y el trabajo en
el espacio laboral, relacionándolo a la capacidad de cada uno de los polos de
la contradicción por controlar su medio ambiente físico y social, y por la posibilidad
de influir sobre las decisiones tomadas (o no) por el otro. En un mismo
sentido, Adolfo Gilly (1985,1986) se refirió a la existencia de una “guerra de posiciones” por
el control del proceso productivo, en lo que consideró como el núcleo de la
dominación celular del capital: la fábrica.
Retomando esa perspectiva, entendemos que dentro de la dinámica de
producción fabril el capital y los trabajadores ponen en juego una serie de tácticas
para definir qué trabajo se hace y cómo se hace. Distintas prácticas son
llevadas por los operarios en forma organizada y desorganizada, individual y
colectiva; mientras que el capital despliega una serie de estrategias que van desde formas paternalistas y de “despotismo
hegemónico” (Burawoy, 2014) hasta formas abiertas de disciplinamiento (De Gaudemar,
1991) y violencia (Jasinski, 2019). Bajo la idea de
“frontera de control” distintos autores evidenciaron aquel nivel de disputa por
quién y cómo determina la cantidad y calidad de trabajo realizado en cada
espacio productivo, definido por el choque entre esas estrategias patronales y las
formas de “control obrero” de la producción desplegadas por los trabajadores[3], en un
marco histórico específico y en articulación con distintas formas de
intervención estatal en el lugar de trabajo (Darlington, 2014; Edwards, 1986; Hyman, 1981). La “frontera de control” representa un
compromiso insatisfactorio para las partes, redefinido continuamente en un
proceso de presión y reacción, de lucha abierta y tácita.
En este trabajo particular indagaremos en la disputa por la salud obrera
como elemento central para comprender los movimientos de aquella “frontera de
control” y de las relaciones industriales en la planta de producción, en un
período histórico en el que entendemos que esta se constituyó como una variable
clave dentro de la conflictividad social más general. Como hemos planteado en
abordajes previos (Peláez, 2017), la profundización de las demandas en relación
a la salud obrera se dio en el contexto de la crisis capitalista desatada desde
fines de la década del sesenta, que estuvo caracterizada, entre otros aspectos,
por la radicalización de la disputa entre el capital y el trabajo desde los
espacios de producción, y por el creciente peso de las reivindicaciones obreras
de base centradas en el control de las condiciones de producción y en el
cuestionamiento a la división del trabajo capitalista (Antunes,
2013). Con temporalidades y desarrollos particulares, este proceso general se
manifestó en diferentes partes del mundo, constituyendo una de las experiencias
paradigmáticas la de los obreros automotrices de la Fiat Mirafiori en Italia,
que dieron origen al denominado “modelo obrero”. Este modelo, difundido en 1969
como resultado de un trabajo conjunto entre obreros y técnicos profesionales
desde una de las secciones de la fábrica automotriz, llegó a representar una de
las propuestas más acabadas para el estudio de las condiciones de trabajo y la construcción
de una plataforma de demandas, prácticas y estrategias para la defensa de la salud
obrera y el avance en el control de las condiciones laborales por los propios
trabajadores desde sus espacios laborales (Laurell,
1975).
Partiendo de un balance de aquella experiencia, la reconocida teórica de
la medicina social latinoamericana Asa Cristina Laurell
definió una fructífera vía de entrada para entender el proceso de
salud-enfermedad obrera en su carácter histórico-social y a partir de sus múltiples
determinaciones. Puntualmente, Laurell destacó que la
presencia e intensidad de determinadas cargas laborales (físicas, químicas,
biológicas, mecánicas, psíquicas y fisiológicas)[4]
y patrones de desgaste del cuerpo obrero en el espacio fabril[5] son
definidos históricamente por una articulación dinámica entre factores de índole
objetiva, relacionados al proceso de valorización del capital y al proceso de
trabajo, y factores de carácter subjetivo, vinculados a la dinámica de
conflicto entre el capital y el trabajo por el control de las condiciones de
producción (Laurell, 1982; Laurell
& Noriega, 1989).
Un recorrido por las condiciones
laborales en la acería de Dálmine-Siderca en la
segunda ISI
La planta de tubos Dálmine Safta fue
inaugurada en Campana en 1954, bajo el mando del grupo empresario Techint S.A.I.C.,
fundado nueve años antes por el italiano Agostino Rocca. La fábrica se
especializó desde el principio en la producción de tubos de acero sin costura,
utilizados principalmente para la perforación, entubado y extracción de pozos
petrolíferos; siendo la única productora de esta vital mercancía en el país y
abasteciendo centralmente la demanda de la empresa estatal YPF. Hacia 1963 comenzó
a funcionar, anexa a la fábrica de tubos, la planta de acería, pasando la
empresa a denominarse Dálmine-Siderca por la
integración de ambas.[6] La producción de
acero resultó también fundamental en un rubro clave para el desarrollo de la
segunda etapa de la ISI, en el que el país había sido históricamente
deficitario (Azpiazu, Basualdo, & Kulfas, 2005).
Luego de diversas expansiones realizadas durante la década del sesenta,
hacia marzo de 1974 la asamblea de accionistas decidió ejecutar el más
ambicioso plan de ampliación de la planta hasta entonces, el cual sería
finalizado unos años después. En cuatro años se incorporó a la
fábrica un sistema de reducción directa para el mineral de hierro (1976), un
muelle propio sobre el río Paraná para recibir la materia prima (1978), un
cuarto horno eléctrico (1977) y una segunda máquina de colada continua (1978)
en la sección acería, y un moderno laminador continuo en la fábrica de tubos
(1976).
A partir de allí, la producción pasó a estar en línea con la frontera
tecnológica internacional, y a superar la media productiva mundial, lo que le
permitió a la empresa competir plenamente en el mercado externo en años siguientes
y constituirse como una de las más importantes productoras de tubos en el país
y en el mundo, en el marco de una reconfiguración de la rama siderúrgica a
nivel mundial (Kornblihtt, 2010). Además, al
transformarse en una fábrica plenamente integrada (en 1978 lo haría también la
otra empresa siderúrgica privada más importante del país, Acindar), comenzó a producir
los insumos semielaborados que antes demandaba de la estatal SOMISA y pasó a
establecer una relación de competencia directa con el complejo estatal. Esto representó el fin de uno de los pilares en los que se asentaba el Plan Siderúrgico Argentino aprobado en 1947, y marcó el inicio de un
período de fuerte concentración en la rama que sería encabezado por los dos
grupos empresarios privados más importantes, Acindar y Techint (Azpiazu, Basualdo, & Kulfas, 2005).[7]
En este período de imponente crecimiento para la planta “madre” del
grupo Techint en el país, como contracara, el colectivo obrero de la fábrica sufrió
una fuertísima represión, con al menos 22 trabajadores que fueron afectados por
los operativos represivos durante 1975 y otros 80 que fueron víctimas de
crímenes de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado, con una probada
responsabilidad de la empresa en la comisión de esos delitos (AEyT FLACSO, CELS, PVyJ,
& SDH, 2016). El problema de las condiciones de insalubridad en el trabajo se había
transformado en uno de los principales motivos de descontento obrero y de
disputa con la patronal[8],
particularmente en la sección con mayores niveles de peligrosidad: la acería.
Hacia 1978, aquella sección de la planta tenía una superficie cubierta
de 20.500 m2 y constaba de diversas áreas en su interior. En la
primera, cuatro hornos eléctricos ubicados en una nave a cinco metros de
elevación fundían el hierro esponja a granel y diferentes aditivos para obtener
el acero crudo líquido. El proceso de fusión producía, además de altísimas
temperaturas a las que los trabajadores estaban expuestos[9],
la mayor contaminación de todo el ciclo productivo, al involucrar productos
orgánicos que emanaban gases y humos tóxicos. En segundo término, en el área de
la fosa de escorificación, por debajo de los hornos, se trabajaba removiendo
las escorias y cenizas provenientes de la fundición, proceso en el cual los
trabajadores se exponían a una abundante cantidad de polvillo irritante para
las vías respiratorias.
En el área de lingoteras se producían los lingotes de acero que luego eran
llevados a la nave donde se separaban de las placas y se introducían en cuatro
piletas de enfriamiento. Posteriormente se los sometía al proceso de rebabado
(con la operación de un sopletero y su ayudante),
limpieza y posterior marcado para su despacho. Según Cristaldo, el trabajo en
las lingoteras era uno de los más duros, vinculándose al ambiente de ruidos,
suciedad y calor en el que se desarrollaba la actividad.[10]
Por su parte, en el sector más moderno de colada continua, se producía
la palanquilla en cuatro líneas automáticas por las que fluía el acero
proveniente de los hornos, el cual progresivamente se enfriaba desde las
paredes y se solidificaba. Finalmente, en el área denominada propiamente palanquilla,
se cortaba la barra de acero en “tochos” con un soplete, y se realizaba el
proceso de selección. Por último, la sección contaba con talleres y equipos de
mantenimiento mecánico y eléctrico donde se hacía un trabajo intermitente sobre
el equipamiento.
Cabe destacar también que muchas de las operaciones en las áreas de
hornos, coladas y lingoteras se realizaban desde puentes grúas elevados a
diferentes alturas sobre el nivel del piso, en donde se encontraban los
trabajadores en cabinas y pasarelas de circulación, a las que se accedía por
escaleras marineras.[11]
En la planta el proceso productivo siempre fue continuo,
y los operarios trabajaron en tres turnos rotativos (mañana, tarde y noche), con
un régimen laboral de “6x2”. Según estudios internacionales, el trabajo en
turnos con rotación implica cargas fisiológicas y psíquicas, incluyendo
posibles trastornos digestivos como úlceras, tensión nerviosa prolongada, insomnio,
fatiga patológica y elevados índices de mortalidad por infarto (Laurell & Serrano, 1982). Durante la jornada, además,
los trabajadores se exponían a numerosos riesgos ambientales, químicos y
sonoros, que se constituían como cargas laborales, en “un sector que era el
infierno”, según rememora Korompay[12]: el
polvillo acumulado en los rieles, los humos y las altas temperaturas en el área
de fundición, el ruido en los hornos, la continua tensión nerviosa producto del
riesgo de sufrir accidentes en los trabajos en altura en los puentes grúa, los
abrasivos utilizados para el corte, las partículas de acero esparcidas por el
ambiente, etc. En distintas entrevistas ex trabajadores señalan, además, que
los obreros que abandonaban la planta luego de años de servicio experimentaban problemas
de corazón, estómago, oído[13], sexuales
y del sistema nervioso.[14]
La disputa por la insalubridad entre
1974 y 1975: “La época en la que prácticamente mandaban los delegados”
El ciclo abierto en 1973 con el retorno del peronismo al poder se caracterizó
por una profunda conflictividad social y sindical, en el que los reclamos
vinculados al mejoramiento de las condiciones de trabajo tuvieron un lugar
preponderante. Esto ocurrió en un movimiento de ofensiva de la clase trabajadora
que buscaba “explotar las nuevas condiciones políticas abiertas por la
victorial electoral para modificar en su beneficio las relaciones de poder en
la fábrica y la sociedad” (Pasado y Presente, 1973: 273). Con el antecedente
inmediato de la creación de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (DNHST)[15], estos
conflictos determinaron algunos avances en la materia, que a nivel general
quedaron plasmados en la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 y, más
específicamente, en la creación del Instituto de Medicina del Trabajo de la UBA
en 1973 y el auge en las normas de insalubridad laboral dictadas por el
Ministerio de Trabajo: en el período 1973-1975 se dio, de hecho, un pico
histórico en estas declaraciones considerando la totalidad de la segunda mitad
del siglo XX (San Juan, 2014).
El 14 de noviembre de 1974, a través de la disposición 143/74, la DNHST
amplió una resolución tomada previamente por el Ministerio de Trabajo nacional,
del cual dependía, disponiendo que la sección acería de la planta Dálmine quedara
incluida en su totalidad en lo considerado en el Artículo 6° del decreto del 11
de marzo de 1930, que consignaba como insalubre a todo “trabajo en cualquier
local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o vapores
irritantes o tóxicos”.[16] Como
consecuencia de la declaración de insalubridad, todos los trabajadores que se
desempeñaban en la sección vieron reducida su jornada laboral a seis horas
diarias, con el mismo salario, la imposibilidad de realizar horas extras, y obtuvieron
un régimen jubilatorio especial.[17] La
resolución trajo aparejada la creación de un nuevo turno de trabajo en la
acería (pasando a ser cuatro turnos de seis horas, en vez de los anteriores
tres turnos de ocho horas), en tanto la producción se realizaba en forma
ininterrumpida; y el aumento en el número de trabajadores directos contratados,
pasando de 3473 en marzo de 1974 a 4027 un año después.[18]
La decisión del Ministerio de Trabajo generó rápidas y enérgicas
reacciones tanto del sector empresario como de distintos funcionarios del Ministerio
de Economía.
El directorio de la empresa afirmó que se trataba de una “grave medida”
sin antecedentes a nivel de los países más avanzados en materia de higiene
laboral, que se sustentaba en “estándares imprecisos” y que se había tomado en
forma inmediatamente previa a la puesta en marcha por la empresa de un “moderno
y eficiente sistema” para la depuración de humos en la acería.[19] La
empresa también argumentó que la declaración de insalubridad se sumaba a las
disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo relativas a los descansos
compensatorios por turnos rotativos, a la creación de nuevos puestos de trabajo
por “demandas sindicales” y al “ausentismo” en áreas vitales, para explicar la
caída en la producción de acero y tubos que la fábrica experimentaba desde
1974. Según los directivos, todos estos últimos factores “considerados
globalmente en el ámbito nacional, al reducir la productividad conspiran en
definitiva contra el desarrollo del país que requiere precisamente lo
contrario: el aumento de eficiencia en sus sectores fabriles”.[20]
En el mismo sentido, en una nota escrita durante el mes de noviembre de
1974, el Centro de Industriales Siderúrgicos (principal cámara empresaria del
rubro) se dirigió a la Presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón,
para argumentar que la declaración de insalubridad en la sección de acería
atentaba contra los conceptos expresados por la propia autoridad nacional
acerca de la “necesidad de unificar esfuerzos para mejorar la productividad y
aumentar la producción”; y denunció que aquella resolución reducía la
productividad en la rama en un 25% y quitaba a la industria la posibilidad de
competir internacionalmente.[21] Por su
parte, en las páginas de la revista Siderurgia,
editada por el Instituto Siderúrgico (que nucleaba a las principales
empresas del sector), los informes económicos trimestrales entre 1974 y 1975
destacaban regularmente el elevado nivel de “ausentismo” y la baja en la
productividad de la mano de obra como preocupaciones empresariales centrales.[22]
La demanda obrera alrededor de las condiciones de insalubridad buscaba
ser subordinada por la empresa al tan mentado “problema de la productividad” (Simonassi, 2007), dentro del cual se articulaban críticas
generales hacia las “licencias” otorgadas por la nueva Ley de Contrato de
Trabajo, la creciente “indisciplina” laboral y el aumento de las tasas de
“ausentismo” de la mano de obra en las fábricas; en una campaña que abarcaba a
otras cámaras empresariales y funcionarios estatales, y poseía carácter
nacional desde fines de 1974 (Carminatti, 2018).
El ministro de Economía asumido recientemente, Alfredo Gómez Morales, y
otros funcionarios de la cartera se expresaron en una misma línea, poniendo en
consideración los efectos desfavorables que las resoluciones de insalubridad
poseían sobre la productividad en las industrias de insumos críticos como la
siderurgia, afirmando que ese aspecto “está un tanto descuidado y que justifica
los mayores esfuerzos” en pos del cumplimiento de las
metas de los planes de gobierno. Además, y al igual que el directorio de la
empresa, agregaron el “marcado ausentismo” de la mano de obra como factor de
preocupación.[23]
A pesar de las distintas quejas, el 24 de abril y el 23 de septiembre de
1975, se promulgaron la resolución 183/75 del Ministerio de Trabajo y el
decreto 2620 del Poder Ejecutivo Nacional, donde se desestimaron
definitivamente los recursos jerárquicos interpuestos por la firma Dálmine,
quedando el conflicto provisoriamente cerrado.
Tanto el ministro de Trabajo como el subdirector de Higiene y Seguridad
en el Trabajo en sus resoluciones señalaron que la declaración de insalubridad
había obedecido a solicitudes realizadas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM),
sindicato al que pertenecía la gran mayoría de trabajadores de la planta.[24]
La seccional Campana se encontraba dirigida desde 1970 por la lista
Rosa, integrada por referentes peronistas y encabezada por Ángel Luque, antiguo
obrero de la acería presuntamente vinculado para ese entonces al sector de
Victorio Calabró dentro de la disputa de la UOM a nivel nacional. La lista Rosa
fue reelegida en 1974, esta vez, frente a la Lista Naranja, una escisión encabezada
por Luis “el Turco” Dip y presuntamente
vinculada a la tendencia de Lorenzo Miguel a nivel nacional. En 1974 también
fueron elegidos en la fábrica numerosos delegados y miembros de comisiones
internas pertenecientes a distintas corrientes combativas (AEyT FLACSO et al., 2016). El activismo en la fábrica venía creciendo fuertemente, lo cual quedó
manifestado en un informe de inteligencia de 1975 que destacaba que la empresa
era “la más jaqueada de las empresas de la zona, por el accionar de elementos
subversivos”.[25]
Si bien la dirigencia sindical canalizó la demanda concreta del régimen
de insalubridad para la acería, contamos con diversos indicios de que los
reclamos por condiciones de trabajo y de salubridad eran sostenidos desde las
bases obreras, por delegados y militantes de distintas agrupaciones que
actuaban dentro de la fábrica. Según legajos de inteligencia, en un volante de
la organización PRT-ERP arrojado en la fábrica hacia marzo de 1975 aparecería
mencionado que los obreros se venían movilizando desde hacía tiempo por
reivindicaciones de salubridad.[26] Ex
trabajadores también señalan la presión que realizaba la comisión interna para
exigir, aunque sin éxito, la expansión de la declaración de insalubridad a la
sección de tubos[27], lo que
también habría sido impulsado por militantes de organizaciones como el Partido
Comunista Revolucionario (PCR).[28] Otros
testimonios resaltan que la demanda “por abajo” en la acería había sido
motorizada por José Barreto, militante del Partido Comunista (PC) y miembro de
la comisión interna.[29]
En el marco expansivo en el que se encontraba la empresa, tanto el
avance de sectores combativos en la fábrica como el fortalecimiento de las
representaciones obreras en el lugar de trabajo, habían permitido otra serie de
conquistas en este plano hasta 1976: nuevos implementos de seguridad (botines,
tapones para los oídos, casco, guantes para cortar el acero, cabinas con aire
acondicionado para los gruístas), uniformes para el
trabajo en el sector administrativo, la construcción de un comedor dentro del
sector de laminación y el mejoramiento en las condiciones de los baños (Peláez,
2018). “Cachi” Theis recuerda ese período afirmando
que “prácticamente los que mandaban eran los delegados y Dálmine tuvo que
aflojar en muchas cosas”.[30] Por su
parte, “el Portugés” Lópes afirma
que “conflictos no hubo ninguno. Ni había necesidad de eso porque ellos nos
daban todo…Quizás no querían provocar nada. La fábrica en esa altura estaba en
auge. Estaban preparando la gran represión, por lo tanto
tenían que ser cautelosos, y lo eran”.[31]
Por último, como afirmamos, las quejas empresariales se referían a la
práctica del “ausentismo laboral” como un fenómeno habitual en la empresa
durante aquellos años. Cabe señalar que si bien las fuentes empresarias
consultadas no registran estadísticas que sustenten esa afirmación, hay
alusiones a esta práctica en algunos testimonios de ex trabajadores:
“Yo me acuerdo de que en esa época se hablaba mucho
de que uno de los problemas de la economía era el ausentismo laboral…Entonces
vos ibas a las enfermería, por ejemplo, y decías ´¿ves
que me quebré la uña acá? Me duele un montón. No me puedo poner los guantes´. ´¿Cuántos días querés?´, te
preguntaban. Yo escuchaba toda esa onda del ausentismo…¡y
se van a la puta que lo parió!, ¡que laburen ellos!”.[32]
En síntesis, durante esta primera etapa podemos ver diferentes conquistas
de los trabajadores respecto a la “frontera de control” general y en relación a
condiciones laborales específicas, enmarcadas en la ampliación de la planta, y en
choque con distintas denuncias de la dirección empresarial referidas al avance
de los representantes sindicales, la caída de la productividad y el supuesto “ausentismo”
de la mano de obra.
“Después del golpe, vino la revancha”:
el conflicto durante la dictadura[33]
Tras el golpe de Estado de 1976 la clase trabajadora se vio duramente
afectada por una serie de políticas represivas, económicas y laborales. En este
último terreno, se establecieron una serie de normas orientadas a limitar la
actividad gremial. Entre otras, se suspendieron las negociaciones paritarias y
el derecho a huelga; se prohibió realizar asambleas, reuniones, congresos,
elecciones sindicales, y cualquier medida de acción directa como el trabajo a
desgano; se eliminaron los fueros gremiales; se disolvió la CGT; y se
intervinieron una importante cantidad de grandes sindicatos y federaciones
nacionales (Basualdo 2010).
En ese marco, la citada Ley de Contrato de Trabajo fue modificada en mayo
de 1976. El nuevo artículo 200 estableció que previo a declarar la insalubridad
de un espacio laboral debía intimarse al empleador a adecuar ambientalmente el
lugar; y además, introdujo la posibilidad de apelar
judicialmente tanto la declaración de insalubridad como su cese.[34] En forma
complementaria, se aprobaron una serie de decretos como el 1895/77 y el 267/79,
que excluían la posibilidad de declarar insalubres a tareas laborales específicas.
De conjunto, esta política habilitó una revisión de los regímenes de
insalubridad aprobados durante el período previo, lo que produjo concretamente
que, entre 1976 y 1983, se aprobaran 380 declaraciones de tareas como
“normales” frente a apenas 62 casos en los que se declararon nuevas tareas como
“insalubres” (San Juan, 2019).
La documentación del Ministerio de Trabajo consultada vuelve a registrar
novedades en el caso Dálmine hacia marzo de 1978. Finalizado el grueso de la ampliación
de la planta y tras un pedido presentado por la empresa, equipos técnicos de la
DNHST se presentaron en dos oportunidades en Campana para realizar revisiones
de las innovaciones y verificar los nuevos valores y tiempos de exposición a
los contaminantes. Fueron acompañados por el gerente de Relaciones Industriales
de la planta, Raúl Pizarro Posse, y por el jefe de
Relaciones Laborales, Federico Wenceslao Mauriño; así
como por miembros de la seccional Campana de la UOM y de la comisión interna de
la acería.
Los informes oficiales señalaron que la empresa había mejorado las
condiciones de contaminación ambiental, exceptuando las que afectaban a tres de
las numerosísimas tareas que se realizaban en la sección (rebabado de lingotes,
limpieza de escoria, y trabajos en puentes grúa y pasarelas por encima de los
hornos), para las cuales se señalaba que la exposición de los trabajadores no
excedía la mitad de la jornada laboral y, por lo tanto, sólo se contaría ese
tiempo concreto de exposición para el nuevo cálculo (una hora y veinte por cada
hora real de trabajo).[35] En
términos generales, para fundamentar el pedido de revisión del régimen de
insalubridad, los técnicos citaron en su informe el nuevo “espíritu” de la Ley
de Contrato de Trabajo, y específicamente su artículo 200. Además, establecieron
que, a pesar de constatarse el alto nivel sonoro existente en la sección de
fusión de chatarra, no podía calificarse como tarea insalubre ya que el Poder
Ejecutivo no había dictado las normas que permitiesen la vigencia del Decreto
1016/74 de insalubridad por ruidos.[36]
Frente a estos intentos de avanzar sobre las condiciones y derechos laborales
existieron diversas dinámicas de acción dentro de la planta durante el período.
Estas deben ser visualizadas, con diferentes niveles y matices, en el contexto
de aplicación del Terrorismo de Estado a nivel nacional, regional y local, y de
una “estrategia industrial disciplinante basada en el terror” dentro de la
fábrica, producto de la combinación entre la represión estatal y las
denominadas “prácticas empresariales represivas”. De acuerdo al informe de Responsabilidad
Empresarial en delitos de lesa humanidad, en Dálmine estas últimas incluyeron un
amplio abanico de acciones, como el aval a la militarización de la fábrica a
partir del golpe de estado, los secuestros de trabajadores dentro de las
secciones de la planta, la existencia de infiltrados para realizar tareas de inteligencia,
y el envío de telegramas de despido y/o cese de actividades a activistas
gremiales que habían sido secuestrados y torturados, entre otras. El directorio
de la empresa hacía aportes a la comisaría de Campana y tutelaba el Club
Dálmine, donde funcionaron centros clandestinos de detención; además de ser
propietaria del hotel Dálmine, que fue utilizado antes del 24 de marzo como
espacio de planificación de operaciones del Ejército. El jefe de Relaciones
Laborales Federico Mauriño, a quien mencionamos como
acompañante de los técnicos de la DNHST en sus visitas a la planta, era encargado
de las negociaciones cotidianas con las comisiones internas, y fue identificado
por ex trabajadores con un rol destacado en distintos momentos represivos, como
cuando contuvo a los obreros para que no tomaran medidas frente al secuestro de
uno de ellos desde la planta, o cuando presionó a un delegado que había sido
temporalmente secuestrado para que renunciara a su cargo (AEyT
FLACSO, CELS, PVyJ, & SDH, 2016). También fue
señalada su colaboración en la elaboración de listas negras de trabajadores junto
a integrantes del Área 400[37] desde el
hotel Dálmine.[38]
Dentro de la planta, los soldados se dedicaron regularmente durante el
período a requisar los cofres y taquillas en los vestuarios de los empleados, y
a realizar operativos de control a la entrada y salida de los turnos de
producción. Algunos de ellos permanecieron en las plataformas utilizadas por
los gruístas para ejercer vigilancia al interior de
los galpones de producción, con el objetivo de disciplinar a los trabajadores.
Otra parte central del entramado represivo empresario estuvo constituido
por el funcionamiento de una agencia de seguridad privada que actuó como una
policía interna de fábrica, contratada por la empresa y organizada desde 1978 por
el jefe del área de vigilancia, el suboficial principal retirado de la Fuerza
Aérea Roberto P. Nicolini. Además de tener un rol central en la detención y
secuestro de trabajadores de la planta, la agencia de seguridad tuvo como
principal objetivo la movilización productiva de los trabajadores mediante el disciplinamiento impuesto por procedimientos y
requisamientos internos de tipo policial, ante denuncias de jefes, capataces o
encargados. Nicolini y sus agentes internos se preocuparon tanto por la
militancia gremial y política de los obreros, como por robos de materiales, el “ausentismo”
laboral, y por actitudes consideradas “anti-productivas”
como la borrachera o el juego clandestino. Como detalló Jasinski
en un trabajo reciente (2019), la organización de esta policía interna fue fundamental
en el intento de la empresa por retornar a lo que consideraba como el “orden
productivo” en la planta.
En términos más amplios, ha sido evidenciada la existencia de al menos
seis ciclos represivos de acuerdo a la cronología de las víctimas vinculadas a
la empresa, tanto trabajadores como familiares (AEyT
FLACSO, CELS, PVyJ, & SDH, 2016). Los primeros
dos de ellos, producidos entre marzo y diciembre de 1975 bajo los efectos del
operativo denominado “Serpiente Roja del Paraná” y el encuadre brindado por la
Ley “antisubversiva” 20.840, tuvieron como objetivos principales a activistas
del PRT-ERP y el clasismo en la fábrica. En noviembre de 1975 fue secuestrado también
durante cinco días el Secretario General de la UOM Campana, Ángel Luque.[39] Tras una
tercera oleada represiva entre marzo y junio de 1976, se desarrolló entre
agosto y diciembre un nuevo ciclo, el cual contó con la llamada “Noche de los
Tubos”, en la que fueron secuestrados simultáneamente cuatro trabajadores de la
fábrica. Un quinto ciclo se dio durante la primera mitad de 1977 y contó con el
secuestro de dos trabajadores desde las propias secciones de la fábrica. Por
último, una sexta oleada represiva se suscitó hacia fines de 1979, tras la
primera huelga desarrollada en la fábrica durante la dictadura, y contó entre
sus víctimas a trabajadores que habían sido partícipes de la misma.
La represión llevada adelante por la alianza militar-empresarial tomó
por objeto central a los activistas obreros y a los representantes gremiales de
base en la planta de Campana. Entre 1975 y 1980 fueron detenidos,
desaparecidos, asesinados, forzados a migrar, y/o secuestrados y liberados, al
menos 102 trabajadores del establecimiento, siendo 22 de ellos delegados y 3
integrantes de las comisiones internas.[40]
Las instancias sindicales de base fueron diezmadas de sus miembros más
combativos. Hacia 1978, tenemos constancia de que la comisión interna de la
sección de laminación, había sido renovada totalmente en su composición
respecto al período 1974-1976. Diferentes testimonios señalan que el renovado
cuerpo gremial fue puesto a dedo por la empresa bajo la supervisión de
militares del Área 400, a la par de que las elecciones de delegados fueron
suspendidas (AEyT FLACSO et al., 2016). En relación a la comisión interna de la acería, hacia 1977
fue asesinado José Barreto, a quien indicamos como uno de los integrantes más
activos en la lucha por el régimen de insalubridad (HIJOS
Escobar-Campana-Zárate en la Red Nacional & Suteba-Zárate,
2015).
En ese marco, también debe tenerse en cuenta que la UOM nacional fue
intervenida por la Junta Militar inmediatamente después del golpe. La seccional
Campana no lo fue en forma directa, aunque testimonios resaltan el control al
que estuvo sometida su dirección por las autoridades militares del Área 400
asentadas en la zona. Si bien la composición de la Comisión Directiva quedó
prácticamente inalterada luego de sucesivos recambios ocurridos entre fines de
1975 y comienzos de 1976, se produjo una modificación de importancia cuando,
hacia 1977, presentó su renuncia el Secretario General Luque y asumió como reemplazante
Domingo Riedel, quien ya formaba parte de la dirección
sindical.
Como respuesta al intento de anular el régimen de insalubridad en la
acería, hacia junio de 1978 la UOM nacional decidió enviar un asesor técnico a
la planta. En su informe, este corroboró la existencia de “gruesas fallas y
omisiones en el dictamen [de la DNHST]…las cuales tornan ineludible la
realización de una nueva inspección”. Señaló que la empresa había sabido de la
inspección de abril de 1978 con varios días de anticipación y que, por lo
tanto, había podido contratar en esos días previos de forma excepcional a otra
compañía para que regase los sectores, eliminando los polvillos tóxicos
acumulados. En el mismo sentido, miembros de la comisión interna y
de la seccional Campana de la UOM denunciaron que, el día de la inspección, el
número de coladas había sido disminuido intencionalmente, así como que no se
había tomado en cuenta el excepcional “factor viento” que había influido
favorablemente en las condiciones ambientales. Por ello, afirmaron que la
inspección se había realizado en condiciones anormales de producción, siendo
este el principal argumento para impugnarla. En este punto, además, el
sindicato reclamó que se revisaran los libros de la firma para verificar la
regularidad en la contratación de empresas externas para el servicio de regado
y el número de coladas que se registraba habitualmente; es decir, cuáles eran
las condiciones normales de producción.
El técnico sindical se encontró además con contaminación acumulada en
pasarelas e instalaciones. Señaló que los inspectores oficiales no habían
tomado en cuenta el elevadísimo nivel de presión sonora producido por los
tornos eléctricos, en el sector de Colada Continua y en las pasarelas de
puentes grúas, con una inadecuada protección para el personal[41]; así como
la persistente peligrosidad que ocasionaban los residuos de materiales
explosivos en la chatarra utilizada. Marcó a su vez la presencia evidente de
contaminantes gaseosos en las lingoteras, en el sector de colada continua y en
la nave de hornos, además de una ventilación que resultaba insuficiente. Por
último, para las tres actividades exceptuadas señaló que los trabajadores, más
allá de no estar realizando la actividad laboral concreta, se mantenían en el
mismo ambiente y por tanto estaban expuestos a los gases contaminantes durante
toda su jornada laboral.
En paralelo, y en términos más generales, el sindicato exigió otro
criterio para medir las condiciones laborales, solicitando que representantes
de Salud Pública de la Nación efectuaran un chequeo médico a los obreros que
trabajaban en dichas secciones riesgosas para evaluar en qué grado eran
afectados por los gases nocivos. El efecto determinable sobre la salud del
personal de la empresa era, según la organización, el “verdadero indicador de
salubridad, independientemente de los valores técnicos ambientales”. Se
denunciaba, en ese sentido, que ya a la fecha gran parte del personal había
contraído enfermedades como neumoconiosis a raíz de las malas condiciones
ambientales existentes.[42] Por
último, en un comunicado firmado por la seccional metalúrgica y las comisiones
internas algunas semanas después, se afirmaba que la empresa había actuado “de
mala fe”, y se reclamaba una nueva inspección en la planta en condiciones
normales de producción, asentando que se contaba con el apoyo de las
autoridades interventoras de la UOM a nivel nacional.[43]
A pesar de las impugnaciones, en una escueta nota fechada algunos días
después de la presentación de la UOM, la DNHST descartó de plano los argumentos
y desestimó la presentación sindical, principalmente, por no haber presentado
mediciones propias de los contaminantes. Finalmente, a través de la resolución M.T.
848 del 8 de agosto de 1978, el ministro de Trabajo Horacio Liendo dejó sin
efecto la resolución M.T. N° 414/74 y la Disposición
DNHST N° 143/74, por lo que, al haberse comprobado
“que han sido mejoradas las condiciones ambientales de trabajo”, las tareas de
la sección acería de la empresa volvieron a ser declaradas normales,
exceptuando las tres señaladas previamente.
Hacia fines de octubre la comisión directiva de la seccional de la UOM
decidió enviar una nueva carta de protesta pero, ya
sin perspectiva global de frenar el avance empresario, solicitó al Ministerio
expedirse en relación a que la empresa no estaba cumpliendo con el horario
reducido en el área de los puentes grúa encima de los hornos. Hasta lograr su
objetivo, el sindicato hizo la curiosa advertencia de que se trabajaría “bajo
protesta, para colaborar con el normal desenvolvimiento de producción y
cooperar con el desarrollo y engrandecimiento del país que es la ambición de
todos los trabajadores”.[44] Luego de
un nuevo intercambio de notas, la DNHST desestimó este punto del reclamo
sindical, reafirmando lo esporádico de las tareas en las pasarelas y los
valores medidos en las cabinas de los gruístas, que
habían dado por debajo de los máximos permisibles.
En paralelo a este largo intercambio, existieron indicios de movilización
y descontento de los trabajadores de base ante la medida adoptada, que se
desarrollaron por fuera de los canales sindicales institucionales; incluso del
cuerpo de delegados de la sección, el cual estaba “muy apretado” y manifestaba
la imposibilidad de llevar adelante medidas de protesta en aquel contexto.[45] En un
expediente de inteligencia de diciembre de 1978 se afirmaba que “se ha tomado
conocimiento que existiría malestar entre el personal de la empresa metalúrgica
Dálmine-Siderca, por problemas vinculados con el
aumento de horas de labor”.[46] Frente a
los hechos citados, el periódico del PCR informaba el 18 de agosto de aquel año
(día en que se debía retornar a las 8 horas de trabajo) que obreros de la
acería habían roto la casilla de la Comisión Interna; mientras que otro turno
había abandonado el trabajo cumplidas las seis horas, y varios sectores se
habían movilizado al sindicato.[47] Estas
acciones se insertaron dentro de una serie de prácticas de “resistencia subterránea”
que los trabajadores desarrollaban desde 1976, como los sabotajes a la
producción y el lanzamiento de pedazos de acero a los militares apostados en la
fábrica (Peláez, 2018); y presentaron continuidad en el compromiso informal de
negarse a realizar horas extras en la acería una vez que fue reimplantada esa
posibilidad.[48]
Poco tiempo después, movimientos de oposición gremial dentro de la
planta retomarían estos indicios de protesta. Hacia 1980, la publicación
clandestina “El Tubo”, editada por el PC para circular entre los trabajadores
de la fábrica, titulaba “Si va hablando sólo por la calle: trabaja en Dálmine”,
denunciando la continuidad de las condiciones insalubres de trabajo y poniendo
como consigna la de “unirnos y luchar por la jornada de seis horas”.[49] A partir
de 1984, la lucha por el retorno al régimen de insalubridad en la acería tendría
un nuevo rebrote, llegando a movilizar a las bases obreras e incluso a instancias
nacionales de la UOM.
Para cerrar este apartado, cabe analizar cómo se tradujo este cambio en
términos económicos para la empresa. Durante 1978 la eliminación del régimen de
seis horas en la acería trajo aparejado el fin del cuarto turno de trabajo, la
inmediata reducción en la cantidad de obreros empleados, pasando estos de 4087
a 3580, así como la prolongación de la jornada laboral en la sección y la reintroducción
de la posibilidad de realizar horas extras. A pesar de la reducción en la
cantidad de trabajadores, las toneladas de acero producidas continuaron con el
crecimiento experimentado desde 1976, dando un salto anual del 15%.[50] Esto
puede explicarse por un aumento de la productividad de la mano de obra
ocasionado por la definitiva puesta en marcha de las nuevas instalaciones, pero
también por una intensificación del trabajo en la planta.[51]
Operó en este sentido, además del disciplinamiento
general de los trabajadores vía represión, la eliminación durante el período
del denominado “relevo de puestos”, que consistía en un grupo de empleados que permanecían
en la planta para el reemplazo de ausentes, y la implantación del “servicio ininterrumpible”, por lo que si faltaba un trabajador, el
compañero del turno anterior debía quedarse y realizar hasta una doble jornada
laboral en el puesto.[52] De la
misma manera, la empresa habría logrado una virtual extinción del problema del
“ausentismo” de la mano de obra, el cual dejó de aparecer mencionado tanto en
las publicaciones como en sus balances. Al respecto, Pitter
recuerda que “dan el golpe y a los dos días a todos los que estaban con parte
de enfermo y ausentes les llegó una carta telegrama o que se incorporen a
trabajar o que se consideren despedidos. Esa coyuntura fue muy concreta en ese
sentido”.[53]
Los avances descriptos, enmarcados en la finalización de la ampliación
de la planta ocurrida hacia 1978, permitieron que la patronal comience a
imponer tres de sus grandes objetivos para el mediano plazo: la reducción de la
mano de obra empleada, el aumento de la productividad y la intensificación del
trabajo en la planta.
A modo de cierre
El análisis de este proceso de conflictividad suscitado en una gran
empresa industrial en torno a la salud de los trabajadores durante un período
de cuatro años, aunque puede parecer un objeto de estudio específico y
delimitado, sintetiza, como explica Laurell,
“elementos centrales de la contradicción entre capital y trabajo, por cuanto
plantea, en su límite extremo, la ganancia del uno como la muerte del otro” (Laurell & Noriega, 1989, p. 195).
En este sentido, entendemos que, en el contexto de la segunda etapa de
la ISI, la conflictividad por la salud obrera fue fundamental dentro de una contienda
más general por la definición de la “frontera de control” en las condiciones de
producción dentro de las fábricas. Presentada por funcionarios estatales y
cámaras empresariales desde la década del cincuenta como el “problema de la
productividad”, esta línea de disputa no hizo sino profundizarse con el alza en
la lucha de clases y la radicalización de una parte de los trabajadores de base
en las industrias dinámicas hacia principios de los años setenta.
Con los importantes antecedentes represivos durante 1975, el inicio de
la última dictadura en Argentina produjo un punto de inflexión en esta
dinámica. Se viabilizó abiertamente entonces el intento del capital por disciplinar
a los trabajadores y barrer los fundamentos del poder obrero consolidado en las
fábricas durante la segunda mitad del siglo XX, a partir de una agresiva
transformación económica, una brutal represión y una importante modificación de
las relaciones laborales (Basualdo & Jasinski, 2016). Para comprender la extrema represión de la que fue objeto el colectivo
obrero en la empresa Dálmine por parte de la alianza militar-empresarial
durante el período, es imprescindible tener en cuenta esta disputa.
En este sentido, hemos visto que, más que la modificación de las
condiciones laborales para garantizar la efectiva salud de los trabajadores, la
represión estatal y las formas de violencia empresarial aplicadas para hacer
retroceder de manera sustancial a la organización gremial en el lugar de
trabajo, fueron la clave para que la empresa logre la anulación de casi todo el
régimen de insalubridad en la planta hacia 1978. El detallado informe que el
sindicato presentó, con impugnaciones graves al estudio técnico realizado
previamente por los funcionarios estatales y con propuestas para realizar un
análisis con criterios diferentes, fue desechado con pocos fundamentos. Se
trató de un problema que, basado en elementos objetivos y técnicos, se definió
en un sentido estrictamente político, de correlación de fuerzas:
“La experiencia acumulada muestra, pues, que la
fuerza y organización social de los trabajadores es un elemento clave en la
determinación del grado de desgaste que sufren en el proceso laboral; que la
salud obrera está ubicada en el campo de la lucha de clases y no en un terreno
imaginario de neutralidad científica. En términos de la sociedad, la cuestión
que está planteada es qué homicidios está dispuesta a considerar como
socialmente legítimos. Y la respuesta difiere de una a otra clase” (Laurell & Noriega, 1989, p. 201).
También hemos visto que los trabajadores de base mostraron indicios de
descontento con el retroceso en sus condiciones laborales, desarrollando
diferentes formas de “resistencia molecular” y “subterránea” (Falcón, 1996;
Pozzi, 1988) por fuera de los canales sindicales. Esas prácticas, si bien no
alcanzaron dimensiones de magnitud para frenar el avance patronal en el lugar
de trabajo, se mostraron como parte de un “discurso oculto”, de una gama de
prácticas de la “infrapolítica” (Scott, 1990), que
resultaría clave para la rehabilitación de la conflictividad abierta y las
demandas en este eje durante años posteriores.
El recorrido también nos permite algunas reflexiones en torno a las
discusiones historiográficas evidenciadas inicialmente. Particularmente, señalamos
que la conflictividad respecto a condiciones de trabajo y salud puede ser vista
en una periodización más extendida que la propuesta por autores como Jelin (1977). Evidenciamos en este sentido la potencialidad
de pensar en cronologías más amplias, integrando dos períodos (1973-76 y 1976-78)
que generalmente tienden a verse por separado, contemplando como unidad
contradictoria momentos de flujo y reflujo del accionar obrero.
Por otra parte, observamos que la demanda en relación a la insalubridad
laboral no fue impulsada específicamente por una organización político-sindical,
como propuso en su estudio Lissandrello (2017), sino
que recorrió en forma transversal a distintas corrientes del activismo en la
fábrica y a diferentes niveles de la organización gremial, desde los delegados
de base hasta parte de la dirigencia sindical. En el mismo sentido, y retomando
lo expresado por autores como Basualdo y Lorenz (2012), evaluamos la necesidad
de conceptualizar esta línea de conflictividad en relación a una serie de
determinantes más amplios, de carácter estructural. Estos hicieron que Dálmine,
como parte de una rama industrial particularmente dinámica del período, contara
con un proceso de trabajo intensivo, que implicaba un fuerte desgaste del
cuerpo obrero y la exposición a diferentes cargas laborales dañinas para la
salud. En este caso, el activismo político y sindical logró canalizar demandas
que encontraron anclaje en esas condiciones de producción.
En tercer lugar, evidenciamos que la disputa no puede ser encorsetada en
el intento por obtener mejoras salariales indirectas, como plantearon Torre
(1983) y Schneider (2017). A través de distintas fuentes, pudimos ver que en
Dálmine el reclamo fue sentido y expresado por los trabajadores de base,
relacionándose con una experiencia diaria en el lugar de trabajo, y con la
búsqueda de reducir la exposición a intensas cargas laborales. Por su parte,
creemos que este tipo de demandas presenta una potencialidad política más profunda
que la mera reivindicación salarial, al poner en discusión aspectos del proceso
productivo y establecer un punto de partida posible para la reapropiación de su
control por los trabajadores, como ocurrió en casos paradigmáticos como el de
los astilleros Astarsa (Lorenz, 2013). Si bien en
Dálmine la reivindicación no tuvo como fin en sí mismo el control del proceso
productivo por los trabajadores y terminó ciñéndose al tipo de demanda respaldada
por la dirigencia sindical metalúrgica y el gobierno peronista, la obtención del
régimen de insalubridad representó un avance para los obreros en términos de la
“frontera de control” dentro de la fábrica, que se vio potenciada por otras
conquistas en las condiciones laborales más generales ocurridas durante el
período.[54]
Por último, el recorrido nos deja planteada una línea de trabajo amplia a
futuro. Esta gira en torno a la hipótesis de que para entender el salto que la
empresa pudo dar en su inserción exportadora y su competitividad a nivel
mundial durante el período, debe tomarse en cuenta no solo el crecimiento de la
productividad de la mano de obra producto de las novedosas instalaciones en la
planta, y las “transferencias estatales”; sino también los avances que la patronal
logró durante la etapa dictatorial en el disciplinamiento
de la mano de obra, la intensificación del trabajo y en la definición de nuevas
condiciones de producción regresivas para los trabajadores, a través de la
profundización de una formidable serie de prácticas de violencia empresarial. Con
este piso, la empresa lograría avanzar durante la década del ochenta hacia una
segunda fase de reconfiguración laboral y productiva, basada esta vez en la
flexibilización de las condiciones de trabajo y la polivalencia de la mano de
obra, que le permitirían pasar a ubicarse definitivamente como un gran grupo
empresarial del rubro a nivel internacional.
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Recibido: 12/07/2019
Evaluado: 20/08/2019
Versión Final: 10/09/2019
* El presente
trabajo forma parte de mi investigación de Doctorado en Historia (FFyL, UBA) titulada “Cambio tecnológico, estrategias
empresariales y experiencia de lucha y organización obrera: el caso de la
empresa Dálmine-Siderca (Campana, 1974-1989)”, y
dirigida por Victoria Basualdo. Integro el PICT "Transformaciones
estructurales y relaciones laborales: cambios productivos y estrategias
sindicales en la industria siderúrgica y azucarera desde mediados de los años
70 hasta la actualidad", dirigido por Victoria Basualdo. Agradezco
especialmente a Victoria Basualdo, Andrea Copani,
Alejandra Esponda, Silvia Nassif y Julia Strada (miembros del Programa de Estudios del Trabajo,
Movimiento Sindical y Organización Industrial del Área de Economía y Tecnología
de FLACSO), así como a Alejandro Jasinski y Federico Vocos, por los comentarios realizados a una versión
preliminar de este artículo.
[1] Se pueden ver, entre otros, los
trabajos de Basualdo (2010, 2011), Barragán (2016), Carminatti (2010), Dicósimo (2016), Ghigliani
(2012), Lorenz (2007, 2013), Simonassi (2007), Zorzoli (2016, 2018), así como el informe de
Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad (AEyT FLACSO,
CELS, PVyJ, & SDH, 2016). Para un estado del arte exhaustivo
sobre el estudio de trabajadores y dictadura en la Argentina, ver Venero (2015)
y Basualdo (2018).
[2] Nos referimos al caso de SEGBA (Ghigliani, 2012); a los de Metalúrgica Tandil y Loma Negra
(Dicósimo, 2016); al de SOMISA (Soul,
2014) y a los de Ingenio Concepción, Acindar, Dálmine, Astilleros Astarsa y Mestrina, Lozadur, Cattáneo, Ford, Mercedes
Benz, Grafa, Grafanor,
Propulsora Siderúrgica, Petroquímica Sudamericana, Alpargatas, Molinos Río de
la Plata, Fiat y Loma Negra (AEyT FLACSO et al., 2016). Si bien desde una mirada
antropológica y referida al proceso de reconversión productiva de los años 90, destacamos
el trabajo de Esponda (2012), quien para el caso de
Propulsora Siderúrgica en Ensenada, problematizó específicamente la cuestión de
la salud desde la perspectiva de los trabajadores.
[3] Entendemos a las prácticas de “control
obrero” como la supervisión y hasta la obstrucción que pueden ejercer los
trabajadores sobre las decisiones tomadas por una dirección empresarial que
sigue reteniendo la soberanía final (Hyman, 1978).
[4] La idea de cargas laborales hace
hincapié en los elementos del proceso laboral que interactúan entre sí y con el
cuerpo obrero, en relación a una dinámica global del proceso de trabajo que
afecta a los trabajadores como colectivo.
[5] El desgaste es definido como “la
pérdida de capacidad efectiva y/o potencial, biológica y psíquica. O sea, no se
refiere a algún proceso particular aislado, sino al conjunto de los procesos biopsíquicos” (Laurell &
Noriega, 1989, p. 76).
[6] A partir de aquí, nos referiremos a la
fábrica como Dálmine en pos de simplificar la
lectura.
[7] Por cuestiones de extensión, no
detallamos aquí toda la serie de “transferencias estatales” que ambos grupos
obtuvieron durante la dictadura y la década del ochenta, que fueron también un
elemento central para entender su crecimiento durante aquellos años. Al
respecto, puede verse Iramain (2013) y Azpiazu, Basualdo y Kulfas
(2005).
[8] En este trabajo nos centramos
específicamente en las condiciones de insalubridad laboral, dejando para análisis
posteriores otras variables relacionadas a la salud de los trabajadores como
los llamados “accidentes” laborales.
[9] “Y después en los hornos ¡era terrible!…De frente a la boca del horno, ¡una temperatura!
Se ponían delantales y protectores faciales, pero era terrible” recuerda José
María Cristaldo, ex trabajador de mantenimiento de la acería y miembro de la
comisión interna en los años ochenta. Entrevista del autor, agosto de
2018.
[10] Ibídem.
[11] El proceso de trabajo fue reconstruido
en base al expediente N° 594.46/74. Fondo Documental:
Expedientes Generales del Ministerio de Trabajo, en Archivo General de la
Nación, Archivo Intermedio.
[12] Entrevista del autor a Roberto Korompay, ex abogado asesor de la UOM Campana en los años
setenta, diciembre de 2018.
[13] “Uno de los principales problemas que
tiene Siderca es el ruido. Y la mayor parte de los
que han trabajado allí tienen problemas auditivos, tienen hipoacusia bilateral
todos”. Ibídem.
[14] Entrevista de Alejandro Jasinski a Carlos “el bagre” Elorriaga, ex trabajador del
sector de laminación, noviembre de 2014. Entrevista del autor a Rodolfo
Amarilla, ex trabajador de la contratista Blois en la
sección acería, junio de 2018.
[15] Decreto 840/72, reglamentado el 10 de
mayo de 1973. Disponible en www.infoleg.gob.ar
[16] Ley 11.544, reglamentada el
11/03/1930. Disponible en www.infoleg.gob.ar.
[17] De acuerdo al Decreto 4257 de 1968,
todo trabajador que se desempeñase en tareas de laminación, acería y fundición
en lugares insalubres, poseía el derecho a una jubilación ordinaria con 50 años
y 25 de servicios. Disponible en www.infoleg.gob.ar.
[18] Este número no tiene en cuenta a los
trabajadores dependientes de contratistas dentro de la planta, que según
cálculos estimativos serían alrededor de 2000 para ese entonces. Siderca, Memoria y
balance, año 1975, en archivo CISEA-CESPA (FCE-UBA).
[19] Ibídem.
[20] Siderca, Memoria y Balance, año 1976.
[21] Expediente N°
603.041/75. Fondo Documental-Expedientes Generales del Ministerio de Trabajo,
en Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio.
[22] Revista Siderurgia N° 2, 3 y 7. Consultada en
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
[23]
Notas de noviembre y diciembre de 1974 dirigidas al ministro de Trabajo
Otero por el Secretario de Estado de Desarrollo Industrial, ingeniero Vasallo,
y Alfredo Gómez Morales. Expediente N° 603.041 / 75.
[24] Disposición 143/74 de la DNHST,
14/11/1974.
[25] “Principales establecimientos fabriles
industriales de la provincia de Buenos Aires que han sufrido estados
conflictivos y posible infiltración subversiva”. Comisión Provincial por la
Memoria-Fondo DIPBA, mesa B, carpeta Varios, legajo 133.
[26] “A los compañeros obreros y al
pueblo”, volante firmado por el PRT-ERP, marzo de 1975. En CPM- Fondo DIPBA,
Mesa DS, Carpeta Varios, Legajo 3155.
[27] Entrevista del autor a Juan Manuel “el
Portugués” Lópes Goncalves,
ex miembro de la comisión interna entre 1974 y 1975, y militante del PRT-ERP.
Agosto de 2018. Entrevista del autor a Roberto Muriega,
ex trabajador de la sección de laminación y militante del ERP, mayo de 2018.
[28] “Por la insalubridad para Dálmine y Cometarsa. Luque nos frena con el cuento de que hay que
esperar a que salga el expediente. Hagamos como Siderca
que la sacó con lucha”. Volante “Por asamblea general”, firmado por el PCR el
17/02/1976. En CPM-Fondo DIPPBA, Mesa B, Carpeta 21, Legajo 25.
[29] Entrevista a Carlos Elorriaga.
Entrevista del autor a Carlos “Cachi” Theis y Carlos
Bruni, ex delegados de la sección de laminación y militantes del PC, mayo de
2018.
[30] En “Vino la revancha”, Página 12,
28/11/2011.
[31] Entrevista a Lópes
Goncalves.
[32] Entrevista del autor a Eduardo Pitter, ex supervisor de la planta y militante del PC, mayo
de 2018.
[33] “Pero después del golpe vino la
revancha de la empresa y empezó la represión”, concluye “Cachi” Theis. “Vino la revancha”, Página 12, 28/11/2011
[34] Ley 20.744/76, disponible en
www.infoleg.gob.ar.
[35] Expediente N°
594.46/74. Fojas 30, 31 y 32.
[36] Este decreto obligaba al Ministerio de
Trabajo de la Nación a incorporar en los regímenes de insalubridad a las tareas
que presentasen niveles sonoros que pusieran en peligro la salud de los
trabajadores. Boletín Oficial de la República Argentina N°
23.012, 10/10/1974.
[37] El Área 400 fue una de las subzonas en
que la dictadura dividió el territorio para operativizar el plan de exterminio.
Abarcó Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana.
[38] Entrevista del autor a Rodolfo Pérez
Gianni, ex obrero de laminación y miembro de la comisión interna en la década
del ochenta, mayo de 2018.
[39] Entrevista a Ángel Luque, realizada
por Nuñez, Di Fino y Sadonio.
Noviembre de 1998.
[40] La cantidad de trabajadores de la
fábrica víctimas de la represión sigue actualizándose al día de hoy.
[41] En este punto se afirmaba que la falta
de reglamentación del decreto 1016/74 no hacía desaparecer el factor nocivo
para los trabajadores, y por tanto, debía ser tomado
en cuenta.
[42] El informe sindical completo se halla
en Expediente 549.547/74, fojas 45 a 54.
[43] Solicitada “A los compañeros
metalúrgicos y a la opinión pública en general”. La Defensa Popular, 16/08/1978.
[44] Expediente 549.546/74, foja 87.
[45] Entrevista a Pérez Gianni. Entrevista
del autor a Guillermo Temudio, ex obrero de la acería
y miembro de la comisión interna durante la década del ochenta, mayo de
2018.
[46] CPM-Fondo DIPPBA, Mesa B, Carpeta 124,
Legajo 61.
[47] Nueva
Hora, 25/10/1978. En Archivo Nacional de la Memoria.
[48] Entrevista a Theis
y Bruni.
[49] El
Tubo, N° 1, abril de 1980. En CPM-Fondo DIPPBA,
Mesa DS, Carpeta varios, Legajo 17365.
[50] Siderca, Memoria y Balance, años 1976, 1977, 1978
y 1979.
[51] Entendemos la intensificación del
trabajo como “un mayor gasto de trabajo en el mismo tiempo, una tensión
acrecentada de la fuerza de trabajo, un taponamiento más denso de los poros que
se producen en el tiempo de trabajo” (Marx, 2002, p. 499).
[52] Entrevista a Pérez Gianni.
[53] Entrevista a Eduardo Pitter.
[54] A futuro, buscaremos indagar en fuentes que nos permitan una
caracterización más precisa de las distintas estrategias gremiales puestas en
práctica durante el período, en relación al equilibrio y la contradicción entre
las reivindicaciones económicas y las reivindicaciones de control; retomando
planteos presentes en trabajos como el de Soul
(2014).