El gobierno de la Coalición
Republicana Socialista en Puerto Rico: los trabajadores y la política de la
“paz industrial”, 1933-1940[1]
The
government of the Republican Socialist Coalition in Puerto Rico:
workers and
the policy of "industrial peace", 1933-1940
Iyari Ríos González
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras;
Instituto de Relaciones del Trabajo
(Puerto Rico)
iyari.riosgonzalez@upr.edu
Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar
la política laboral de la paz industrial impulsada en Puerto Rico por el
gobierno de la Coalición Republicana Socialista entre 1933 - 1940. La Comisión
de Mediación y Conciliación adscrita al Departamento del Trabajo desempeñó una
función fundamental en su ejecución. El Comisionado del Trabajo, mediante
informes anuales, parece confirmar la efectividad de esa comisión implementando
una política laboral que busca promover la paz, el orden y estabilidad en un
gobierno donde comparten el poder dos partidos políticos que representan grupos
que pertenecen a clases sociales con intereses económicos distintos.
En este artículo abordo la percepción de
los trabajadores sobre el desempeño de la Comisión de Mediación y Conciliación
en tres conflictos obrero-patronales importantes por su tamaño y el impacto que
tuvo en el quehacer social y económico de Puerto Rico. A través del análisis,
se observa que los trabajadores tienen una percepción distinta sobre el
resultado de estos conflictos a la expresada por el Comisionado del Trabajo en
sus informes anuales y ofrezco piezas de evidencias que apuntan a que la
política de la paz industrial no tuvo la efectiva indicada en los informes de
las autoridades públicas.
Palabras clave
relaciones capital-trabajo; conflictos
obrero-patronales; política laboral; paz industrial; coaliciones políticas.
Abstract
The objective of
this work is to analyze the labor policy of industrial peace promoted in Puerto
Rico by the government of the Republican Socialists Coalition between
1933-1940. The Mediation and Conciliation Commission attached to the Department
of Labor played a fundamental role in its execution. The Commissioner of Labor,
through annual reports, seems to confirm the effectiveness of the commission
implementing a labor policy that seeks to promote peace, order, and stability
in a government where two political parties that represent groups belonging to
social classes with different economic interests share power.
In this article
I discuss the perception of the workers about the performance of the Mediation
and Conciliation Commission in three important labor-management conflicts due
to their size and the impact it had on the social and economic life of Puerto
Rico. Through the analysis, it is observed that the workers have a different perception
about the result of these conflicts than the one expressed by the Commissioner
of Labor in their annual reports and I offer pieces of evidence that the
industrial peace policy did not have the effective indicated in the reports of
the public authorities.
Keywords
capital-labor
relations; labor-management conflicts; labor policy; industrial peace; political
coalitions.
Introducción
En Puerto Rico la
clase obrera surgió tardíamente en el Siglo XIX; particularmente, tras la masificación
del trabajo asalariado que se observó con la abolición de la esclavitud, la
fundación de las primeras centrales azucareras y la extensión por el país de la
economía de plantación (Quintero Rivera, 1986). En ese periodo histórico, se
crearon incipientes organizaciones de trabajadores tales como casinos de
artesanos, sociedades de socorro mutuo y cooperativas. Estas se establecieron
para realizar diversas actividades culturales y educativas, ofrecer asistencia
en caso de enfermedad, accidentes en el trabajo o muertes y brindar apoyo en
momentos de desempleo, entre otros propósitos adicionales. (García y Quintero
Rivera, 1997)
La primera organización gremial de alcance
nacional fundada en Puerto Rico fue la Federación Regional de Trabajadores
(FRT). Esta se creó en octubre de 1898, algunos meses después de la invasión de
Estados Unidos de América (EEUU). Tras diferencias sobre la pertinencia de vincularse a partidos
políticos existentes, pocos después se
constituyó la Federación Libre de Trabajadores (FLT). Prontamente se convirtió
en la institución obrera más importante del país; afiliándose, además, en el
año 1901 a la principal organización sindical en los EEUU, la Federación
Americana del Trabajo (AFL por sus siglas en inglés). (Ayala y Bernabe, 2011)
La FLT estuvo activa sindicalmente desde los
comienzos del Siglo XX, organizando trabajadores en diferentes sectores
industriales de Puerto Rico y promoviendo los intereses de la clase obrera con
acciones concertadas en los talleres de trabajo; incluyendo, paros y huelgas
(Quintero Rivera, 1988). Sin embargo, a pesar de algunos logros, las familias
continuaban teniendo recursos insuficientes y sus necesidades eran
significativas.
Con la Gran Depresión de 1929 se deterioraron
las condiciones de vida y trabajo y se intensificó la pobreza y el malestar que
existía entre los trabajadores. Durante la década de 1930, el movimiento obrero
estuvo muy activo en diferentes industrias denunciando con fuerza las precarias
condiciones laborales prevalecientes tras una severa crisis económica que
exacerbó las necesidades materiales de las familias.
En 1933, por ejemplo, la producción bajó 25%,
la inflación subió 33% y el desempleo era 65%; además, la situación fiscal del
gobierno insular era frágil. En 1932 tenía un presupuesto de $13 millones, un
déficit corriente de $1 millón y el margen prestatario estaba restringido pues
su deuda aumentó velozmente. En 1934 esta alcanzó $48 millones (Pagán, 1959).
Sobre 75% de los bonistas eran inversionistas que provenían de los Estados
Unidos de América (EEUU). En los principales sectores económicos del país había
una fuerte presencia del capital foráneo; incluyendo en la industria azucarera,
la actividad económica más importante en dichos años. Entre 1920 y 1935 las
ganancias de las corporaciones azucareras estadounidenses en Puerto Rico fueron
$81 millones (Bird, 1941). Esa cifra era poco menos dos veces la deuda pública
del país.
La tenencia de la
tierra estaba concentrada en pocos agentes económicos. Menos de 500 individuos y empresas poseían la
tercera parte del suelo cultivable siendo las corporaciones las propietarias de las
tierras más fértiles de la isla (Rosario, 1989). Estas se usaban para la agricultura
comercial y la producción se dirigía al mercado exterior; en particular, a EEUU. El puertorriqueño promedio carecía del
capital necesario para emprender tales iniciativas empresariales y el acceso a
la tierra para cultivar alimentos de consumo básico era muy limitado. Las
opciones que tenían para buscar el sustento eran escasas y, generalmente, la
única alternativa era vender su mano de obra.
Aproximadamente la mitad de los trabajadores
laboraban en el sector agrícola. La industria azucarera era la principal fuente
de trabajo en el país; sin embargo, en términos generales, las condiciones de
trabajo que ofrecía eran precarias. Las plazas eran limitadas, los salarios
bajos y había un alto nivel de desempleo. El jornal promedio de un obrero en la
industria del azúcar era menos de $1.00. Además, la ocupación usualmente era temporera y parcial pues
muchos de los trabajadores en este sector laboraban aproximadamente 150 días en
el año, tiempo que duraba el periodo de cosecha y molienda de la caña de azúcar. (Puerto Rico Policy
Commission, 1934)
Durante ese periodo histórico, la segunda
fuente de empleo fue la manufactura. El principal patrono era la industria de
la aguja y empleaba mayormente mujeres las cuales realizaban la producción en
los talleres textiles o desde los hogares. La remuneración de las trabajadoras
oscilaba entre $1 y $3 en una semana (Mathews, 1970). Usualmente tenía como
propósito servir de complemento al ingreso principal del hogar pues las tasas
salariales no guardaban relación con los precios de los artículos de primera
necesidad en el mercado.
La mayor parte de los artículos de consumo no
eran producidos en Puerto Rico incluyendo muchos que eran parte de la dieta
básica de la familia puertorriqueña. Un estudio del Brookings Institution que
fue realizado justo antes del comienzo de la Gran Depresión en 1929 concluyó
que el 94% del ingreso familiar se destinaba para la compra de comida y la
misma era insuficiente para satisfacer las necesidades calóricas de sus
miembros. (Clark, et. al., 1930)
En tal contexto social y económico fue
firmado un acuerdo electoral entre el Partido Unión Republicana (PUR) y el Partido Socialista (PS) que
permitió formar una coalición electoral y controlar la Asamblea Legislativa
entre 1933 y 1940. La misma se llamó la Coalición Republicana Socialista.
La Coalición Republicana Socialista se
constituyó formalmente por primera vez en el año 1924 tras un acuerdo entre el
PS y el Partido Republicano Puro (PRP). Esta última organización estaba
compuesta por un sector del republicanismo que no estaba vinculado
estrechamente con los intereses corporativos azucareros. Los representantes de
ese grupo económico era la Alianza Puertorriqueña integrada por el Partido
Unión (PU) y el Partido Republicano (PR) (Lugo, 2013). Cuando el PU retomó la
independencia del país en su programa de gobierno, provocó diferencias con el
PR que terminó la Alianza Puertorriqueña en 1929. Tras esa división,
republicanos, socialistas y un grupo de unionistas disgustados se organizaron
para formar lo que se conoció como el Grupo de Buen Gobierno, origen de la
Coalición Republicana Socialista que rigió la Asamblea Legislativa entre 1933 y
1940 y que, en esta ocasión, reunía en la misma a todo el movimiento
republicano.
Aunque la dirección del PUR, fundado en 1932,
y el PS favorecían la anexión a EEUU, sus razones para formar parte de las
fuerzas coalicionistas eran distintas. El PUR interesaba terminar con el
dominio político de las fuerzas autonomistas y el PS deseaba tener acceso al
poder para impulsar su programa de gobierno. Cada uno de ellos representaban a
clases sociales con unos intereses difrentes. El PUR tenía vínculos con
capitalistas; en especial, en la industria azucarera; mientras, el PS, brazo
político de la Federación Libre de Trabajadores (FLT), interesaba representar
los grupos obreros.
En la articulación de intereses
contrapuestos, la Coalición Republicana Socialista adoptó como política obrera
la cooperación entre trabajadores y capitalistas para fomentar la paz
industrial. La adopción y promoción de esta política por el PS significó un cambio en la posición
institucional impulsada por la colectividad. Desde su creación, el partido
había decidido abogar por el socialismo en su programa de gobierno. La
propiedad colectiva de los medios de producción dejó de figurar como uno de los
objetivos de dicha organización durante el año 1928. Ya en la campaña electoral
de 1932, el PS expresó claramente la nueva política. Dos semanas antes de los
comicios publicó una declaración para tales efectos. Esta fue divulgada en el
periódico Unión Obrera el 21 de octubre de 1932:
“El Socialismo no viene a quitarle la
propiedad a nadie como se ha querido hacer ver a las masas ignorantes; el
socialismo viene a fomentar las fuentes naturales de riqueza y a extender las
instituciones de Servicio Público para beneficio de todos [...] El socialismo
es la paz industrial del trabajo organizado” (citado en Silvestrini, 1978, p.
28)
La misma posición fue asumida por la FLT. El
Departamento del Trabajo, dirigido por Prudencio Rivera Martínez, y su Comisión
de Mediación y Conciliación (CMC) serían instrumentales en la ejecución de
dicha política en el gobierno de la Coalición Republicana Socialista. En su
cargo de Comisionado del Trabajo, Rivera Martínez era parte del Comité
Ejecutivo del Gobernador de Puerto Rico. También se destacaba como un
prominente y destacado líder del PS y la FLT. Asumiendo esas posiciones
promovió la idea que trabajadores y capitalistas eran socios de una empresa en
la cual debían colaborar por el bien de la economía. El interés era cooptar el
movimiento obrero (Taller de Formación Política, 1982).
La
importancia que le fue otorgada por las fuerzas coalicionistas a la CMC se
puede apreciar en el presupuesto y el número de empleados asignados a ella. El
año fiscal 1933-34, la CMC tenía un presupuesto de $8,100 y siete empleados.
Tres años después, tenía $16,180 y ocho empleados para realizar sus funciones.
Cuando las fuerzas coalicionistas perdieron control de la Asamblea Legislativa
en 1940, el presupuesto de tal dependencia gubernamental se redujo a $6,000 y
los empleados a dos.
Para la
Coalición Republicana Socialista era necesario dotar recursos a la CMC para
fomentar el orden y la estabilidad durante la profunda crisis económica de la
década de 1930.
Tabla I
Presupuesto y
empleados de la Comisión de Mediación y Conciliación
del Departamento
del Trabajo, Años Fiscales 1931-32 a 1941-42
Fuente: Informes del Comisionado del Trabajo al Gobernador de Puerto Rico, 1931-32 a 1941-42
Objetivo
En el estudio titulado La huelga como instrumento de lucha obrera, 1916-1942, Juan José
Baldrich (2012) examina la intervención en huelgas por el Departamento del
Trabajo. Según la información recopilada en ese estudio, la CMC resolvió para
beneficios de los trabajadores más del 70% de esas huelgas. La cifra fue estimada usando la descripción
que hace el Comisionado del Trabajo de los resultados de estas en los informes
anuales que son dirigidos al Gobernador de Puerto Rico.
Para Baldrich
el número de huelgas resueltas a favor de los obreros es muy alto. Sugiere como
explicación que los funcionarios que intervinieron en las mismas pudieron haber
estado interesados en resaltar sus gestiones favorables para con los
trabajadores y, por tanto, enfatizar los aspectos positivos que tuvo la
mediación en el movimiento obrero. Apunta que el uso de otros indicadores
pudiera producir unos resultados diferentes. Tomando en consideración estas observaciones, los objetivos de este
trabajo son:
§
examinar el
desempeño de la CMC en los conflictos obrero-patronales que intervino entre
1933-1940 (i.e. huelga, paros, querellas y controversias) utilizando el
criterio expresado por el Comisionado del Trabajo en los informes anuales al
Gobernador de Puerto Rico;
§
examinar el
desempeño de la CMC en los conflictos obrero-patronales que intervino entre
1933-1940 usando como criterio la percepción de trabajadores que participaron
en dichos pleitos expresada a través de la prensa del país.
El propósito principal es ampliar el análisis
efectuado por Baldrich (2012) incorporando otros conflictos obrero-patronales,
además de las huelgas, y determinar el impacto que tuvo la CMC en una muestra
de pleitos usando como indicador la percepción de trabajadores que estuvieron
activos en los mismos. De esta forma, se podrá comparar la posición del
Departamento del Trabajo y los obreros con respecto a la ejecución de la
política laboral de la paz industrial por parte de la Coalición Republicana
Socialista.
Sostengo como hipótesis que si se utiliza la
percepción de los trabajadores como un indicador alterno para evaluar la
ejecución de la política de la paz industrial, entonces se observará que la
efectividad en su implementación por parte de la CMC será distinta a la
indicada en informes del Departamento del Trabajo.
Marco teórico
La historiografía puertorriqueña de la década
de 1930 se ha caracterizado por atender temas sobre la Gran Depresión, el Nuevo
Trato y el Partido Nacionalista. Algunos autores también han examinado la
gestión pública en este periodo prestando especial atención a asuntos
relacionados con materia legislativa. Generalmente abordan legislación
estadounidense sobre políticas nuevotratistas y proyectos de ley que
facilitaron el marco legal necesario para el Plan Chardón. Además, se han
producido investigaciones para estudiar al movimiento obrero. La historia de
este importante grupo social no figuró con prominencia como objeto de análisis
hasta la década de 1960 cuando científicos sociales identificados con la
corriente historiográfica de la nueva historia puertorriqueña deciden
visibilizar el quehacer de los trabajadores como protagonistas de diferentes
procesos políticos, económicos y sociales (Pérez y Baronov, 1996). La presente
investigación se inserta en esa tradición historiográfica. Particularmente
interesa realizar aportaciones al estudio de las relaciones de los trabajadores
con las organizaciones laborales y autoridades gubernamentales a través de los
conflictos obrero-patronales.
Diferentes teorías ofrecen herramientas de
análisis para abordar los conflictos obrero-patronales, la movilización de
trabajadores y los procesos huelgarios. Entre ellas están la teoría del ciclo
económico, la teoría de la movilización de recursos y la teoría del orden
institucional. Para explicar tales procesos sociales, identifican la actividad
productiva, la organización sindical y las instituciones como los
correspondientes factores determinantes (Franzosi, 1985).
Otras
corrientes de pensamiento sostienen que los conflictos obrero-patronales son
formas de acción colectiva para disputar la distribución de los recursos en la
sociedad (Shorter & Tilly, 1974).
Esto implica un conflicto de intereses entre los trabajadores y los
capitalistas pues, para
estos últimos, la fuerza de trabajo es, a la misma vez, fuente de riqueza y
fuente de resistencias cuando subordina la capacidad de producción de los
trabajadores a sus intereses económicos. Por tanto, la relación entre ellos no
es solo de carácter económico sino político. Los capitalistas pueden ejercer
poder y control sobre los trabajadores mediante el uso de las jerarquías
organizacionales, los sistemas de compensación, los reglamentos de conducta y
los regímenes de sanciones, entre otros (Abal, 2014).
Para abordar la
asimetría de poder existente con relación a los dueños de capital, los
trabajadores recurren a la asociación gremial o sindical y la acción colectiva
transformando el taller de producción en un espacio de resistencias y disputas.
Algunas prácticas de resistencias colectivas frecuentes son los paros y huelgas
pues la interrupción del proceso de producción y el tiempo de trabajo
representa un obstáculo al interés del capitalista de maximizar beneficios. El poder obrero puede aumentar también con la
creación de partidos políticos e, incluso, controlar instituciones de gobierno
que permitan impulsar sus intereses de clase. En dicho ejercicio, pueden
ocurrir procesos de negociación mediante el cual representantes de trabajadores
extraen concesiones a propietarios de capital y viceversa. Algunas veces los
compromisos contraídos en dicha negociación son la creación de instituciones
sociales y mecanismos para regular conflictos obrero-patronales que podrían
tener el efecto de reducir la movilización de los trabajadores al proveer unos
métodos alternos para atender las controversias. (Korpi &
Shalev, 1980)
Entre los
métodos alternos para la solución de conflictos se encuentran aquellos en los
cuales interviene una tercera parte cuya función es fijar una solución; como
ocurre en el arbitraje, donde la decisión tiene la fuerza de dictamen judicial.
También existen los mecanismos para que las partes en controversia puedan
lograr una solución mediante un acuerdo establecido y pactado por ellas mismas.
Tal es el caso con la mediación y con la conciliación. En la mediación, un
profesional imparcial facilita el diálogo pero no los temas tratados ni su
contenido. En la conciliación, la intervención del profesional está dirigida a
efectuar una recomendación no impositiva que permita resolver diferencias entre
las partes. El conciliador, a diferencia del mediador, propone soluciones al
problema, participa activamente e influye de manera directa en el resultado. Existe el riesgo, sin embargo, que una de las
partes perciba que se posiciona en su contra si entiende que este ofrece una
solución que beneficia al otro y lo perjudica a él.
Metodología
Para identificar todos los conflictos
obrero-patronales en los cuales intervino la CMC utilicé los informes anuales
producidos por el Comisionado del Trabajo durante el gobierno de la Coalición
Republicana Socialista entre 1933 y 1940. Ese registro no incluye pleitos
laborales que no haya terciado esa dependencia. Con esa información creé un
banco con 417 conflictos y más de 30 variables; incluyendo, tipo y causa del
conflicto; municipio e industria donde ocurrió; cantidad de trabajadores y
ocupación; fecha de inicio, fecha de culminación y duración; forma en la cual
se solucionó y si el resultado fue favorable para los obreros, de acuerdo con
el criterio del Comisionado del Trabajo.
Tomando en consideración la gran cantidad de
conflictos obrero-patronales donde intervino la CMC, identifiqué los 50
conflictos más grandes en función del número de participantes para indagar en
fuentes primarias la percepción de los trabajadores sobre la forma que resolvió
las disputas esa dependencia pública. Para estos conflictos existe más
información disponible porque generaban mayor interés en la población por su
tamaño y el impacto en la sociedad y la economía. Estos ocurrieron en los
principales sectores económicos del país; incluyendo, entre ellos, la industria
del azúcar, tabaco, café, aguja, construcción y en los puertos. En cada uno de
ellos participaron entre 600 y 60,000 trabajadores.
La principal fuente primaria consultada para
tales fines fue la prensa de la época. Ofrecí mayor atención a medios de
comunicación que no estuvieran vinculados a los partidos coligados. Tras
identificar y recopilar las noticias, seleccioné como casos de estudio a tres
huelgas del grupo de 50 conflictos. El criterio principal para la selección de
estas fue el volumen de información disponible para el análisis.
Tanto los informes anuales producidos por el
Comisionado del Trabajo como los periódicos consultados están disponibles en la
Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro en la Universidad de
Puerto Rico – Río Piedras.
Resultados
Durante el gobierno coalicionista hubo 417
conflictos obrero-patronales donde intervino la CMC y en los cuales
participaron 304,698 trabajadores; incluyendo, 249,719 hombres y 54,979
mujeres. La mayor parte fueron huelgas (296).
Cerca de la mitad de los conflictos ocurrieron en los principales
municipios de Puerto Rico (201); entre ellos se encuentran, San Juan (86),
Arecibo (43), Mayagüez (30), Río Piedras (26) y Ponce (16).
La industria del azúcar fue el sector
económico donde hubo más pleitos laborales con 125 casos, alrededor de una
tercera parte del total. Casi todos fueron protagonizados por obreros empleados
en la fase agrícola de la producción (109). Las causas de estos conflictos
fueron registradas en los informes anuales del Comisionado del Trabajo que se
publicaron a partir del año fiscal 1935-1936. En estos se identifican los
motivos económicos como razón principal para las disputas con patronos (94);
incluyendo, la demanda de mejores salarios y el aumento en el pago por tarea. También
ocurrieron pleitos por violaciones del contrato social (66) tales como
transgresiones a distintas leyes laborales y el incumplimiento de los convenios
colectivos. La solidaridad obrera (45), la defensa del sindicato (43) y las
condiciones de trabajo (25) fueron otras causas para la movilización y la
concertación de acciones por trabajadores.
La cantidad de participantes en los
conflictos osciló entre 3 y 60,000 trabajadores. En la mayor parte de los casos
(287), los obreros implicados sumaban menos de 500. El tamaño más
frecuentemente observado son pleitos con alrededor de 100 personas. Durante el
periodo estudiado, los dos eventos con mayor participación de trabajadores
fueron en la industria azucarera entre 1934 y 1936. Participaron todos los distritos
cañeros y movilizaron entre 50,000 y 60,000 obreros. Ambos duraron más de 30
días.
Entre 1933 y 1940 hubo por lo menos 15
conflictos que duraron 30 días o más. El
más largo no alcanzó solución por 92 días. Fue una controversia que hubo en
1935 entre trabajadores de la transportación y sus patronos por los bajos
salarios devengados. Sin embargo, la mayoría de los conflictos (65%) no se
prolongó más de una semana (273). Por lo general, duraba tres o cuatro días
(138).
Cuando se analizan distintas variables de los
conflictos obrero-patronales que fueron resueltos favorablemente para los
trabajadores, según el gobierno, se observan características importantes
relacionadas a las disputas laborales que son útiles para una mejor comprensión
del quehacer del movimiento obrero. Algunos de los hallazgos al respecto son
los siguientes:
- La proporción de
huelgas (82.43%) que fueron decididas en beneficio de los trabajadores
entre 1933 y 1940 es mayor a la observada durante esos mismos años para
los paros (50.00%), querellas (66.67%) y controversias (75.44%).
- El 91.20% de los
conflictos obrero-patronales en la industria del azúcar eran solucionados
a favor del trabajador. No se observan cifras similares en cualquier otra
industria donde hallan ocurrido más de cinco pleitos laborales durante el
gobierno coalicionista.
- En las disputas
obrero-patronales donde participaron principalmente obreros agrícolas la
tasa de solución favorable para trabajadores equivale a 90.70%. Esta es la
cifra más alta para todas las ocupaciones que requirieron la intervención
de la CMC en al menos cinco conflictos.
§
Los conflictos
provocados por las condiciones laborales tienen la mayor probabilidad de
desenlace favorable para los trabajadores. Las disputas por razones económicas
(75.58%) o violación a contrato social (75.93%) tienen las tasas más bajas.
- Los conflictos
obrero-patronales donde participan trabajadores de ambos sexos (86.40%)
tienen una tasa de solución favorable mayor que cuando los manifestantes
son solamente hombres (81.97%) o mujeres (73.86%).
- Los conflictos
obrero-patronales donde se movilizan más de 500 trabajadores tienen con
mayor frecuencia un desenlace favorable para los manifestantes. Los
pleitos donde participan más de 1,000 obreros tienen una tasa de 89.65%;
mientras para las disputas que involucran entre 500 y 999 trabajadores es
84.60%.
Estos hallazgos permiten trazar un perfil de
los movimientos obreros que tuvieron mayor éxito y lograron un resultado
favorable a sus intereses a través de la intervención de la CMC del
Departamento del Trabajo. Esos movimientos por lo general estaban constituidos
por obreros del sector agrícola en la industria del azúcar que se organizaban y
participaban masivamente para impulsar mejores condiciones laborales usando la
huelga como mecanismo de presión.
Por tanto, del análisis de los datos
contenidos en dicho informe se desprende que, en la crisis económica de la
década de 1930, las probabilidades de éxito de los obreros estaban directamente
relacionada a la capacidad de organización y amplia movilización de la base.
Tabla II
Características de los movimientos obreros que tuvieron mayor éxito en conflictos donde intervino la CMC del Departamento del Trabajo, 1933-40
Fuente:
Informes del Comisionado del Trabajo al Gobernador de Puerto Rico, 1933-34 a
1940-41
Para conocer la percepción de trabajadores que
participaron en disputas donde intervino la CMC del Departamento del Trabajo,
seleccioné tres conflictos en función del volumen de información disponible
para análisis. Todos son huelgas en las cuales participaron aproximadamente
3,000 trabajadores o más y que tuvieron impacto significativo en la actividad
económica y el quehacer social. Ocurrieron en diferentes municipios, industrias
y años del gobierno coalicionista. El primero sucedió en la industria de la
aguja entre agosto y septiembre de 1933. El segundo fue en la industria
azucarera entre diciembre de 1934 y febrero de 1935. El tercero ocurrió en los
puertos desde enero de 1938 hasta febrero de 1938. Según los informes
producidos por el Comisionado del Trabajo, cada uno de estos conflictos fueron resueltos
de manera favorable para los trabajadores; sin embargo, tras un análisis de las
fuentes primarias consultadas, así como de las expresiones y las acciones de
obreros que estuvieron activos en dichas huelgas puede señalarse que hubo entre
los trabajadores malestar e inconformidad con el desenlace de tales pleitos.
Caso de Estudio #1: huelga en la industria de
la aguja, 1933
En Puerto Rico la industria de la aguja
creció rápidamente a inicios del Siglo XX. Empresas estadounidenses remitían
los materiales y especificaciones del producto a contratistas que reclutaban
mano de obra para elaborar las piezas. La mayor parte eran mujeres que
trabajaban en una fábrica o desde el hogar. En el año 1930 la industria
empleaba aproximadamente 50,000 personas siendo Mayagüez el principal centro de
producción.
En agosto de 1933 inició en ese municipio una
huelga en la industria de la aguja. Las trabajadoras exigían aumentos en sus
ingresos equivalentes a $1.00 diario. Entonces el ingreso en una semana podía
oscilar entre $1.00 y $3.00 y servía, por lo general, como complemento al
ingreso principal del hogar. (Dietz, 1989)
Había expectativas que las condiciones de
trabajo mejoraran con la legislación que era aprobada por el Congreso de EEUU
para combatir la Gran Depresión; en especial, existía gran interés en la Ley
Nacional de Recuperación Industrial (NIRA por sus iniciales en inglés). La medida,
firmada por el presidente de EEUU el 16 de junio de ese año, promovía la
autorregulación en diferentes industrias autorizando la formación de carteles
en el sector privado y la fijación de precios y cuotas de producción. Además,
avalaba la creación de sindicatos y adopción de convenios colectivos. Algunos
beneficios proyectados para los trabajadores con esta ley eran salarios mínimos
y la reducción de la jornada laboral.
Sin embargo, el código de la industria de la
aguja aún no estaba listo para la isla. La Asociación de Talleristas de
Mayagüez (ATM), adjudicó la responsabilidad del inicio de la huelga al gobierno
por no ser proactivo en la ejecución de la ley estadounidense (El Mundo, 24 de
agosto de 1933). Los dueños de talleres y los dirigentes obreros estaban en
negociaciones. Representaban a los patronos Víctor Domenech, Rafael Nido y
María Luisa Arcelay, entre otros. Esta última era, además, legisladora del
distrito de Mayagüez por el PUR. Mientras, las representantes obreras eran Sara
Alers, Estebanía Morales y María Bonay. También participó Rafael Alonso Torres,
legislador socialista y secretario de la FLT (El Mundo, 26 de agosto de 1933).
La
mayoría de las casas manufactureras estadounidenses con operaciones en Puerto
Rico habían rechazado la demanda de las trabajadoras de mayores salarios. La
ATM no reconocía la existencia de una huelga entre sus trabajadores y, por
tanto, entendía era innecesaria la intervención de la CMC. Sostenían que se
encontraban evaluando las demandas de aumentos salariales y para cuya
contestación no había expirado el plazo fijado por los trabajadores (El Mundo,
30 de agosto de 1933).
La tensión del conflicto aumentó. El 29 de
agosto de 1933 se convocó una manifestación en la que otras industrias se
unieron; incluyendo, tabaqueros que decidieron paralizar sus labores en
solidaridad con las trabajadoras de la aguja. La prensa estimó que asistieron a
la convocatoria entre 2,000 a 6,000 personas. Cerraron 78 talleres y varios
locales fueron vandalizados durante la protesta. Hubo enfrentamientos en las
calles entre huelguistas y policías registrándose múltiples heridos y una
persona muerta (La Democracia, 30 de agosto de 1933; El Imparcial, 30 de agosto
de 1933).
El 31 de agosto, el gobernador interino,
Charles Winter se trasladó a Mayagüez para sostener una reunión con el jefe de
la policía, la CMC y los representantes de los trabajadores y patronos en el
proceso de negociación. Discutieron las causas del conflicto e intentaron
producir un acuerdo temporero hasta que se aprobaran los códigos de la NIRA
para la industria de la aguja en Puerto Rico. (El Mundo, 2 de septiembre de
1933).
El 1 de septiembre se logró un acuerdo
temporero entre trabajadores y patronos. Las trabajadoras recibirían un aumento
en sus salarios entre el 15% y 25% mientras continuaban los diálogos para poder
establecer unos códigos en la industria de la aguja a través de la NIRA. La CMC
terció en dicha negociación (La Democracia, 2 de septiembre de 1933). Como
resultado dio por concluido el conflicto de manera favorable para las obreras.
“El convenio firmado reconoce precios
actuales más aumento de 15%, 20% y 25% en mantelería, pañuelos y ropa de mujer
respectivamente. Se me informa que algunos patronos han reducidos los precios
anteriores en esta misma proporción para burlar el convenio, produciendo el
consiguiente malestar entre los trabajadores que amenaza la paz industrial.”
(El Mundo, 12 de septiembre de 1933)
William López, Comisionado Interino del
Departamento Trabajo, dirigió una carta a Pascuala Figueroa, representante de
las trabajadoras, indicándole lo siguiente:
“Habiendo recibido información de que los
patronos están violando los términos del convenio provisional es conveniente
que investigue e informe sobre casos específicos. Mujeres organizadas deben ser
informadas de que cualesquiera que sean las circunstancias no deben abandonar
el trabajo. Toda reclamación será tramitada sin dilación y haremos que los
patronos cumplan los términos del convenio. El gobernador está interesado en
que la paz industrial no se altere en ningún sentido y el trabajo organizado
debe dar sensación de responsabilidad pública” (El Mundo, 12 de septiembre de
1933)
Sixto Pacheco, senador del Distrito de
Mayagüez por el PS, recibió copia de la misiva. Posteriormente, el Departamento
del Trabajo envía un telegrama a los talleristas para que cumplieran con el
acuerdo hasta que entraran en vigor los códigos de la industria de la aguja (La
Democracia, 12 de septiembre de 1933).
Pero los códigos no ofrecieron los beneficios
esperados por los trabajadores. Pocas semanas después que las obreras
denunciaron el incumplimiento del acuerdo por los patronos, Afirmación
Socialista, formada por disidentes del PS, y la Liga Defensora de Mayagüez
iniciaron una campaña de educación obrera contra el código de la industria de
la aguja (El Mundo, 16 de octubre de 1933). En febrero de 1934, la agencia
estadounidense responsable de administrar la NIRA llevó a cabo en Puerto Rico
unas vistas públicas en torno al código para la industria de la aguja en las
cuales Teresa Angleró, presidenta de la unión obrera, denunció los “salarios
ridículos” que eran pagados y la “explotación monstruosa” a la que eran sometidas
las trabajadoras por parte de los patronos (El Imparcial, 1 de marzo de 1934).
Durante esos meses, continuaron organizándose huelgas en la industria de la
aguja exigiendo mejores salarios y condiciones laborales pero, en esta ocasión,
junto a la FLT, participarían en los intentos de organización sindical la
International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU). Esta unión obrera de la
industria textil estaba afiliada a la AFL al igual que la FLT. Rose Pesotta,
miembro de la Junta Ejecutiva General de la ILGWU, viajó al país a tal fin el
verano de 1934. Junto a Teresa Angleró visitó pueblos donde había talleres de
aguja y realizó actividades de educación y organización sindical;
interviniendo, en conflictos patronales que ocurrieron en ese periodo en el país
(Perotta, 1944).
Caso de Estudio #2: huelga en la industria
del azúcar, 1934-35
La industria del azúcar fue el sector
económico donde ocurrió la mayor cantidad de conflictos obrero-patronales
durante el gobierno coalicionista pues las condiciones de trabajo se
deterioraron de manera significativa en ese periodo. Los patronos identificaban
como causas principales de dicho menoscabo factores externos tales como el
descenso de los precios del azúcar en el mercado internacional y la
incertidumbre en la adopción de legislación en EEUU. Pero había también otras
razones; entre ellas, el incumplimiento de los convenios colectivos.
En esta industria los convenios solo tenían vigencia por el periodo de cosecha; por tanto, cada año
se negociaban nuevos términos y ocurrían nuevos conflictos. En diciembre de
1933 sucedió una importante huelga en la industria del azúcar. La FLT y la
Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico (APAPR) firmaron un acuerdo
para finalizar el conflicto que no fue acatado por los trabajadores porque no
satisfacían sus exigencias para regresar a sus labores. (Taller de Formación
Política, 1982). Entonces muchos obreros se sintieron traicionados por la
dirección de la FLT y el PS y entendían que la coalición con republicanos
estaba incidiendo en determinaciones de naturaleza sindical (Corretjer, 1978 y
Silvestrini, 1978).
No sería la última vez, que los trabajadores
se desentenderían de decisiones de la gerencia sindical en un conflicto
obrero-patronal en la industria azucarera durante el gobierno de la Coalición
Republicana Socialista. El año siguiente se produjo una nueva huelga de alcance
nacional en los cañaverales que fue resuelta favorablemente para los
trabajadores según el Comisionado del Trabajo Prudencio Rivera Martínez. Sin
embargo, los obreros no coincidirían con el criterio del también dirigente del
PS y presidente de la FLT.
En la huelga de la caña de azúcar que inició
el 26 de diciembre de 1934 participaron aproximadamente 50,000 trabajadores de
todos los distritos cañeros del país que ejercían presión de diferentes maneras
para forzar una negociación colectiva con el patrono. Entre los métodos más
utilizados por los huelguistas estaba quemar la caña. Al incendiarse la caña
era necesario cortarla inmediatamente para poder extraer el azúcar; de lo
contrario, las pérdidas iban a ser significativas para los propietarios. De
esta manera, los partes de prensa reportaron incendios en cañaverales de la
Central Coloso en Aguada, la Central Rufina en Guayanilla, la Central Guánica
en Guánica, la Central Igualdad en Mayagüez, la Central Vanina en Río Piedras,
la Central Aguirre en Salinas, la Central Constancia en Toa Baja y la Central
San Vicente de Vega Baja, entre otras tantas. De acuerdo con el informe anual
de la Policía de Puerto Rico durante el año fiscal 1934-35, se reportaron
oficialmente 261 incendios que sumaban 2,940 cuerdas de caña de azúcar y
significó pérdidas para los propietarios estimadas de manera conservadora en $222,080.
Los patronos, por otra parte, intentaban
menoscabar la negociación colectiva impulsando propuestas que les permitiera
pactar con los trabajadores acuerdos individuales en temas específicos. Por
ejemplo, mediante la APAPR, los patronos decidieron suscribir una sugerencia
realizada por José L. Pesquera, presidente de la Asociación de Agricultores de
Puerto Rico, para ofrecer a los obreros un salario mínimo que sería estipulado
mediante convenio colectivo; pero requerían que el pago de salarios en exceso
del mínimo se determinara a través de acuerdos individuales entre el patrono y
cada trabajador. (El Mundo, 16 de enero de 1935). Esa oferta no fue aceptada
por los obreros.
La FLT y la APAPR junto a la CMC produjeron
un convenio cuyas cláusulas, términos y condiciones tenían que ser ratificados
por los patronos y trabajadores. El Gobernador de Puerto Rico dijo sobre el
acuerdo en una declaración oficial:
“El convenio firmado contiene principios
fundamentales de gran importancia, que influirán decisivamente en la fácil
solución de las dificultades que entre el capital y el trabajo puedan
suscitarse en el porvenir en P.R … Por virtud de los términos del convenio que
ha de ser firmado hoy la huelga agrícola quedará prácticamente terminada en
toda la isla, ya que en dichos términos queda consignado un gran número de
demandas de los trabajadores agrícolas solicitadas por sus legítimos
representantes” (El Mundo, 29 de enero de 1935)
Rafael Alonso Torres,
dirigente de la FLT y representante por acumulación del PS, defendió el acuerdo
señalando que fijaba un salario mínimo uniforme y establecía una jornada
laboral de ocho horas. Aceptó, sin embargo, que dicho salario era bajo y, para
justificar el mismo, empleó argumentos similares a los utilizados por los
dueños del capital;
específicamente, la disminución de los precios del azúcar a nivel
internacional. (El Mundo, 29 de enero de 1935).
Muchos trabajadores estaban disgustados con
la firma del convenio por la FLT pues no satisfacía una de las principales
demandas que tenían los obreros: aumentos razonables de salarios. El acuerdo encontró mayor resistencia laboral
en la zona oriental de Puerto Rico. En dicha región tenían operaciones varias corporaciones azucareras estadounidenses.
Obreros de Yabucoa, por ejemplo, hicieron caso omiso de las instrucciones del liderato sindical de la FLT y
permanecieron en huelga exigiendo que
el convenio se revocara de inmediato. Posición similar asumieron trabajadores
en los municipios de Cayey, Ceiba, Fajardo, Guánica, Guayanilla, Humacao,
Juncos, Las Piedras, Luquillo, Maunabo, Ponce, Río Grande, Salinas, San Germán,
Toa Alta y Vega Alta, entre otros. En Naguabo, incluso, trabajadores indicaron
que “están dispuestos [a] morir de bala antes [de] morir [de] hambre” (El
Imparcial, 3 de enero de 1935). Evidentemente existía gran malestar con el
proceder del gobierno en la huelga; pero, en el informe anual del Comisionado
del Trabajo, se señaló que dicho conflicto había sido resuelto favorablemente
para los trabajadores.
Caso de Estudio #3: huelga en los puertos,
1938
El 3 de enero de
1938 inició una importante huelga en los puertos del país para demandar mayores
salarios y mejores condiciones laborales. La decisión se tomó en una concurrida
asamblea celebrada en San Juan en la cual participaron miembros de la Unión de
Trabajadores de los Muelles (UTM) y del Comité de Organización Industrial (CIO,
por sus siglas en inglés).
La UTM era parte de
la FLT, afiliada de la AFL y la organizadora principal de estibadores. La CIO
recién se establecía en la isla y aspiraba retar sindicalmente a la AFL. En
este conflicto representaba dependientes de oficinas y otros trabajadores
mediante la Unión de Empleados y Dependientes de los Muelles (UDEM). Además, a
través de la Unión Marítima Nacional (NMU, por sus siglas en inglés), agrupaba
marinos que tripulaban los barcos de las compañías navieras (El Mundo, 4 de enero de 1938). La presencia de UDEM y
CIO representó un reto para la UTM, la FLT, el PS, el gobierno coalicionista y
grupos de intereses económicos pues significó en ese momento el surgimiento de
una importante organización sindical sin vínculos oficiales con las autoridades
gubernamentales de Puerto Rico. (Taller de Formación Política, 1988)
Mediante carta publicada
en la prensa, las compañías navieras solicitaron al Gobernador Interino, Rafael
Menéndez Ramos, y al Comisionado del Trabajo, Prudencio Rivera Martínez, la
intervención del gobierno coalicionista en la huelga para promover la política
obrera de paz industrial. Para tales propósitos, el Gobernador Interino
requirió inmediatamente los servicios de la CMC al Departamento del Trabajo (El Mundo, 5 de enero de 1938, p. 11).
La primera reunión
entre los trabajadores en huelga y los patronos se celebró en La Fortaleza el 5
de enero de 1938. Allí el Gobernador Interino, el Comisionado del Trabajo, el
presidente de la CMC y los representantes de las navieras propusieron una
tregua a los obreros para continuar con la negociación colectiva. La reunión
terminó sin acuerdo pues los patronos no aceptaron como condición los salarios
requeridos por los sindicatos para presentar la idea a su matrícula. Los
salarios vigentes en los puertos eran alrededor de 32 centavos por hora. Para
proponer la tregua en asamblea, los líderes gremiales solicitaron un pago de 50
centavos por hora, aunque la aspiración final era 75 centavos pues en 14 años
solamente habían tenido un aumento salarial (El Mundo,
22 de enero de 1938, p. 16). Los patronos, en cambio, ofrecieron 37
centavos. El Gobernador Interino advirtió entonces sobre el conflicto:
“No crean ustedes
que se les va a permitir este estado de cosas un mes o algún tiempo más … No
crean ustedes que siete mil hombres van a paralizar todo el tráfico marítimo de
Puerto Rico” (El Mundo, 6 de enero de 1938, p. 12).
La próxima reunión
para resolver el conflicto huelgario fue convocada por la CMC para el 7 de
enero de 1938. El tema principal fue otra vez la propuesta de tregua. Tampoco
se logró un acuerdo. Con el interés de lograr una solución al conflicto, y sin
consultar a sus representados, UTM redujo en reuniones siguientes sus demandas
salariales. Primero exigió un salario de 65 centavos por hora regular.
Posteriormente modificó su oferta para requerir 60 centavos. Sin embargo, ambas
propuestas fueron rechazadas rápidamente por las compañías navieras (El Mundo, 13 de enero de 1938, p. 1; El Mundo, 22 de enero
de 1938, p. 16) y por la asamblea de trabajadores que ordenó a sus
representantes que sostuviera en la mesa de negociaciones la petición salarial
inicial de 75 centavos por hora (La Correspondencia, 13
de enero de 1938, p. 1).
La CMC continuó
celebrando reuniones con los líderes sindicales y los patronos. Se observaron
avances en algunas áreas. Sin embargo, no se logró acuerdos con respecto a los
salarios de los trabajadores, uno de los temas más importantes. Los navieros
modificaron una sola vez la oferta que presentaron inicialmente. Enmendaron la
misma para ofrecer 40 centavos por hora en lugar de 37. Sobre este asunto
existía un desacuerdo significativo con los líderes sindicales. (El Mundo, 18 de enero de 1938, p. 1).
Pero Luis
Villaronga, presidente de la CMC, entendía que en las negociaciones los
navieros habían hecho concesiones y que los trabajadores eran inflexibles. Al respecto
comentó:
"Los obreros
no deben fijarse en la cuestión de la centavería más o menos en estos momentos,
lo que deben fijarse es en el respaldo moral que han tenido y como cuestión de
principios y de moral eso es bastante. Así se lo dijo a ustedes el propio
Comisionado del Trabajo, señor Rivera Martínez, que no se fijaran solamente en
los pesos y centavos sino en los principios, en el avance de las ideas … [el
dinero] no debe dejar que ustedes adopten actitudes intransigentes. Esperamos
de los obreros el gesto cordial para salir de esto.” (El
Mundo, 22 de enero de 1938, p. 16)
La CMC no tuvo el
resultado esperado de su intervención en esta disputa laboral. Su mediación fue
inefectiva debido, entre otras razones, a la función que tuvieron en el conflicto
los marinos afiliados a la NMU en EEUU que trabajaban en los barcos que
llegaban a la isla y, en apoyo a los huelguistas, se negaron a suministrar el
vapor necesario para cargar o descargar la mercancía (El
Mundo, 22 de enero de 1938, pp. 1, 16). En el ordenamiento legal vigente
entonces, el gobierno insular no tenía herramientas para desalentar tal acto de
solidaridad.
Ante ese escenario,
el 28 de enero de 1938 el Gobernador Blanton Winship, quien había estado
enfermo las semanas previas, propuso la creación de una junta de arbitraje que
estuviese presidida por una persona nombrada por él y en la cual cada una de
las partes tuviesen la misma cantidad de representantes. Los trabajadores y navieros
aceptaron la propuesta sujeta a unas condiciones. Los primeros exigían
garantías de representación, intervención y decisión mediante una junta de
arbitraje con tres miembros designados por cada parte y un representante del
Gobernador de Puerto Rico. Los segundos requerían que dicho cuerpo estuviese
integrado por tres personas imparciales nombradas por el Gobernador. Además,
demandaban la reanudación inmediata de los trabajos en los puertos bajo las
condiciones del convenio colectivo que había sido firmado el año previo. (El Mundo, 2 de febrero de 1938, p. 1).
Finalmente, el
arbitraje se concretó de acuerdo con una propuesta que había sido redactada por
Martín Travieso, Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La junta quedó
constituida por tres personas imparciales nombradas por el Gobernador. Ellas
fueron Emilio del Toro, Juez Presidente del Tribunal Supremo, Robert Cooper,
Juez del Tribunal de EEUU en Puerto Rico, y Leslie McLeod, Auditor Insular. Las
decisiones de dicho cuerpo serían obligatorias y retroactivas. Mientras se
estuviese desarrollando el proceso de arbitraje, las labores en los puertos se
reanudarían con unos salarios de 40 centavos por hora (El Mundo, 7 de febrero
de 1938, pp. 1, 4, 11).
La huelga de los
puertos inició el 3 de enero y finalizó el 10 de febrero de 1938. Duró casi
cuarenta días. La CMC intervino pocos días después de su comienzo. Su objetivo
era impulsar la política de la paz industrial del gobierno coalicionista. Pero,
a pesar de las presiones ejercidas sobre los obreros, no tuvo éxito. Luis
Villaronga, presidente de la CMC, reconoció la inefectividad de esa oficina en
este conflicto en el Informe Anual del Comisionado del Trabajo (1937-38) al
asegurar que dicha agencia trabajó arduamente para resolver la huelga pero que circunstancias
fuera de su control evitaron que ofreciera una solución a la misma. No
obstante, identificó como un logro el salario de 40 centavos por hora que se
estableció en el plan de arbitraje. Adjudicó el mismo a la CMC.
Los obreros, sin
embargo, parecían tener otra impresión. La CMC no logró producir un acuerdo entre las partes en un conflicto que duró
casi 40 días. Mediante el plan de arbitraje, tuvieron un aumento de salario. Pero fue parcial. Los
trabajadores querían un incremento de 43 centavos por hora y obtuvieron 8. Por
eso las discusiones fueron extensas cuando dicho plan fue presentado ante su
consideración en asambleas celebradas en distintos pueblos alrededor de Puerto
Rico. Según reportado por la prensa, tal ejercicio era necesario para “llevara
a la mente de los trabajadores la conveniencia de aceptar el arbitraje” (El
Mundo, 10 de febrero de 1938, p. 1) pues tenían múltiples dudas en torno a las
escalas salariales para la carga regular y para la carga extraordinaria, el
poder de la junta para aumentar las mismas, posibles represalias del patrono,
las garantías que debían tener todos los empleados al regresar al trabajo y el
tiempo que tomaría emitir un laudo a los árbitros del conflicto, entre otros
temas. (El Mundo, 10 de febrero de 1938, pp. 1, 5, 20). Los
obreros aprobaron dicho plan de arbitraje porque se presentó como un paso
intermedio en la ruta para lograr una solución satisfactoria para ellos y por
el desgaste físico y emocional que suponía un intenso conflicto obrero-patronal
que duró exactamente 39 días.
Prudencio Rivera
Martínez afirmó, por estas razones, que dicha huelga representó desde la
perspectiva económica solamente un triunfo parcial para los obreros (El Mundo, 8 de febrero de 1938, p. 8). Tomando esto en
consideración, se esperaría que en el Informe Anual del Comisionado del Trabajo
(1937-38) se identifique como
“parcialmente favorable” su solución para los trabajadores; más aún, cuando esa
es una de las categorías que se utiliza en ese mismo informe para describir los
resultados de otros conflictos. Pero ese no fue el caso. Se decidió utilizar
otra clasificación y el resultado del conflicto se describió como “favorable”;
a pesar, que el propio Comisionado del Trabajo opinaba diferente.
Conclusión
En este trabajo he analizado la política
laboral de la paz industrial que fue impulsada en Puerto Rico por el gobierno
de la Coalición Republicana Socialista entre 1933-1940. La CMC adscrita al
Departamento del Trabajo desempeñó una función fundamental en su ejecución. En
los informes anuales dirigidos al Gobernador de Puerto Rico, el Comisionado del
Trabajo parece confirmar la efectividad de esa comisión implementando una
política que busca promover la paz, el orden y estabilidad en un gobierno donde
comparten el poder dos partidos políticos que representan grupos que pertenecen
a clases sociales con intereses económicos distintos.
Sin embargo, cuando se toma en consideración
la opinión de trabajadores que participaron en conflictos obrero-patronales en
los cuales intervino el CMC, se observa en ellos una percepción distinta con
relación a la ejecución de la política de la paz industrial a la expresada por
el Comisionado del Trabajo. Así quedó demostrado tras el análisis de tres
importantes conflictos obrero-patronales que ocurrieron en distintas
industrias, lugares y momentos durante el gobierno de la Coalición Republicana
Socialista.
Tabla III
Características conflictos obrero-patronales analizados como casos de estudio
Fuente:
Informes del Comisionado del Trabajo al Gobernador de Puerto Rico, 1933-34 a
1940-41
Esos tres conflictos fueron huelgas donde se
exigía el pago de salarios mayores. Según el Comisionado del Trabajo, todas
fueron resueltas favorablemente para los trabajadores. No obstante, cuando se
examinan en detalle su desarrollo, aparecen piezas de evidencias que apuntan a
que la política de la paz industrial no tuvo la efectividad indicada en los
informes de las autoridades públicas.
En la huelga de la industria de la aguja que
sucedió en Mayagüez en el año 1933, la CMC produjo un acuerdo entre las partes
que no fue honrado por los talleristas y que provocó manifestaciones continuas
los meses siguientes que fueron acompañadas de denuncias de “salarios
ridículos” y “explotación
monstruosa”.
Durante la huelga de la industria del azúcar
que ocurrió entre 1934 y 1935, existían muchos trabajadores disgustados con el
convenio colectivo firmado porque no ofrecía aumentos salariales razonables.
Como resultado, estos obreros permanecieron en
huelga en por lo menos 16
municipios exigiendo que
el convenio se revocara de inmediato. Algunos, incluso, afirmando que estaban
“dispuestos [a] morir de bala antes [de] morir [de] hambre”. Mientras, en la
huelga de los puertos, la CMC no logró producir un acuerdo entre los
trabajadores y los navieros en un conflicto que duró exactamente 39 días.
El resultado de
este análisis confirma la hipótesis elaborada inicialmente y sostiene que si se
utiliza la percepción de los trabajadores como indicador alterno para evaluar
la ejecución de la política de la paz industrial entonces la efectividad en su
implementación por la CMC será distinta a la indicada en los informes del
Departamento del Trabajo.
Además, estos
resultados parecen confirmar la explicación sugerida por Baldrich (2012) en
torno al interés que podía existir por parte de los funcionarios públicos en
destacar las gestiones favorables que realizaban para con los trabajadores y
enfatizar los elementos positivos de la mediación para el movimiento obrero;
particularmente, en un gobierno constituido por dos partidos que representaban a clases sociales con intereses económicos
distintos. Tal era el caso de la Coalición Republicana Socialista entre 1933 y
1940.
Este trabajo examina la posición oficial de
las autoridades gubernamentales con relación a la ejecución y la efectividad de
la política obrera adoptada durante la década de 1930, un periodo de crisis
económica en Puerto Rico. Mediante la consulta de la prensa de la época fueron
identificados registros importantes que sirvieron como evidencia para demostrar
que la percepción de los trabajadores en torno a la implementación de la
política de la paz industrial era distinta a la representación realizada por el
gobierno en los informes anuales preparados por el Comisionado del Trabajo.
Para investigaciones futuras podría consultarse otros registros que puedan
ofrecer piezas adicionales de información del tema; incluyendo, entre otros,
los Libros de Novedades de la Policía de Puerto Rico que se encuentran
disponibles en el Archivo General de Puerto Rico (AGPR). También podrían
efectuarse estudios similares a este en los cuales se examine las posiciones
oficiales de gobiernos sobre la ejecución de políticas laborales durante crisis
económica en otros periodos históricos o países.
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Comisionado del Trabajo. San Juan: Departamento del Trabajo.
El Imparcial, San Juan.
El Mundo, San Juan.
La
Correspondencia, San Juan.
La Democracia, San Juan.
Recibido: 12/01/2020
Evaluado: 27/02/2020
Versión Final: 29/03/2020