La
revolución desde las instituciones: la participación de la Tendencia
Revolucionaria en la gobernación de Buenos Aires (1973). Un aporte para el
análisis de la política no armada en los años setenta
The revolution from the institutions: the participation of the
Revolutionary Tendency in the government of Buenos Aires (1973). A contribution
to the analysis of unarmed politics in the 1970s.
Fernanda Tocho
Instituto
de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales;
Universidad
Nacional de La Plata (Argentina)
fernandatocho@yahoo.com.ar
Resumen
El artículo analiza el proceso de institucionalización de la
militancia revolucionaria peronista en la gobernación de Oscar Bidegain en el
año 1973, una temática que ha sido marginada de los análisis historiográficos
dominantes sobre los años setenta en función de la primacía otorgada al
activismo armado. A través de la reconstrucción empírica del amplio repertorio
de prácticas legales, partidarias e institucionales que desplegaron los/las
funcionarios/as de la Tendencia Revolucionaria en los ministerios y secretarías
bonaerenses, se busca iluminar aspectos poco conocidos del pasaje de la
militancia peronista inscripta en organizaciones armadas a las estructuras del
Estado, y los sentidos renovados que sobre la revolución, la democracia y la
construcción del socialismo nacional
pusieron en juego sus protagonistas, observando también las diferencias
y tensiones que este proceso despertó entre la conducción de FAR y Montoneros
en función de la preponderancia otorgada a la vía armada. Más allá de estas
tensiones, el enfoque propuesto busca complejizar el esquema interpretativo
binario que desde la literatura académica y testimonial ha tendido a presentar
como lógicas dicotómicas y excluyentes las practicas armadas y las iniciativas
legales desplegadas por la militancia revolucionaria peronista de aquellos
años. En este sentido, el artículo propone pensar otras dinámicas de
funcionamiento y articulación posibles –no sin tensiones- entre las acciones
legales/institucionales y las prácticas armadas desarrolladas en el seno de la
Tendencia Revolucionaria en la coyuntura democrática.
Palabras Clave
Tendencia revolucionaria peronista; lucha armada;
institucionalización; estado; democracia; revolución.
Abstract
This article analyzes the process of institutionalization of the
revolutionary Peronist militancy in the Oscar Bidegain
governorate in 1973, a theme that has been marginalized from the dominant
historiographic analyzes of the 1970s based on the
primacy given to armed activism. Through the empirical reconstruction of the
wide repertoire of legal, partisan and institutional practices that the
officers of the Revolutionary Tendency deployed in the Buenos Aires ministries
and secretariats, it seeks to illuminate little-known aspects of the passage of
the Peronist militancy registered in organizations armed to the structures of
the State, and the renewed senses that the protagonists put into play in the
unprecedented experience of state management about revolution, democracy and
the construction of national socialism, also observing the differences and
tensions that this process aroused in the leadership FAR and Montoneros and the preponderance given to the armed route.
Beyond these tensions, the proposed approach seeks to complicate the binary
interpretive scheme that, from the academic and testimonial literature, has
tended to present, as dichotomous and excluding logics, the armed practices and
legal initiatives deployed by the revolutionary militancy of those years. In
this sense, the article proposes to think about other possible dynamics of
functioning and articulation - not without tensions - between legal /
institutional actions and armed practices developed within the Revolutionary
Tendency.
Keywords
Peronist revolutionary trend; armed struggle; institutionalization;
state; democracy; revolution.
Introducción
El 25 de mayo de 1973 Oscar Bidegain asumió como gobernador de la
provincia de Buenos Aires acompañado por un centenar de militantes de la
Tendencia Revolucionaria del Peronismo (TR) que ocuparon cargos de primera y
segunda línea en su gabinete, llevando a cabo durante los 8 meses de su gestión
un ambicioso programa de políticas públicas ancladas en el imaginario de
construcción del “socialismo nacional”.
Este fenómeno, el de la institucionalización en el Estado de grupos de la
militancia revolucionaria peronista, durante largo tiempo fue relegado dentro
del campo
historiográfico orientado predominantemente por un enfoque que Omar Acha ha
denominado “violentología”, es decir, una matriz
interpretativa profundamente reduccionista que se centra en la violencia política como clave
explicativa del proceso político argentino de los años setenta (Acha, 2010) y, en consecuencia, en la primacía de
la lucha armada como expresión unívoca de la política revolucionaria de
aquellos años.
Incluso este mismo sesgo analítico sobrevuela también en aquellas
investigaciones que repararon en el fenómeno de las llamadas “provincias montoneras”
(Servetto, 2010; Antúnez, 2015) y en parte de la
bibliografía testimonial (Peyrou, 2010; Duzdevich, Raffoul y Beltramini, 2015). En su conjunto, estos trabajos han
tendido a interpretar la participación de la militancia revolucionaria sólo en términos
instrumentales, en función de la lucha de poder que mantenían con los sectores
de la derecha peronista y para obtener recursos que fortalecieran la estrategia
militar, sin encontrar otras motivaciones político-ideológicas más de fondo en
ese accionar. De este razonamiento se desprende la idea de que no existió un
proyecto político de la TR para el gobierno, quedando reducidas estas
experiencias al plano de la contienda política discursiva más que al de las
prácticas, o en su defecto, completamente subsumidas a la lógica armada.
En el presente artículo nos proponemos poner en debate estos postulados,
a través de la reconstrucción empírica y el análisis de un amplio repertorio de
prácticas legales, partidarias e institucionales que desplegaron los/las
funcionarios/as de la TR en el gobierno bonaerense, con el objetivo de iluminar
aspectos poco conocidos del pasaje de la militancia peronista inscripta en
organizaciones armadas a las estructuras del Estado. Tomamos como caso la
gobernación de Oscar Bidegain ya que fue allí donde mayor desarrollo alcanzó el
despliegue de los grupos de la Tendencia a nivel de Ministerios y Secretarías.
El estudio pormenorizado de la dinámica de funcionamiento de algunos ministerios
en los que estuvieron al frente los/as militantes-funcionarios/as, posibilitará
incorporar experiencias relativamente marginadas del análisis histórico dominante
sobre el periodo que se abre en 1973, observando un proceso mucho más rico en
metodologías de acción, que exceden con creces las prácticas armadas, y un
conjunto sustantivo de políticas públicas que se inscribieron plenamente –para
algunos/as de sus protagonistas- en un horizonte democratizante y
revolucionario desde las instituciones.
Esto a su vez nos permitirá, por un lado, poner en debate algunos postulados que
en la literatura presentan las acciones legales desplegadas por los grupos de
la TR como un universo escindido y contradictorio per se respecto de la estrategia de lucha armada trazada por las
organizaciones político-militares. Por el contrario, una de las hipótesis que
sostendremos es que la participación electoral y la intervención en el gobierno
–a partir del GAN- fue definida por la militancia revolucionaria peronista como
una táctica, es decir, un instrumento
válido de lucha política dentro de un conjunto más amplio de acciones que se
inscribían todas ellas en una estrategia mayor de guerra integral nunca abandonada por las organizaciones armadas. Por
otro lado, observaremos como esta experiencia concreta de militancia en el Estado desarrollada por los/las integrantes de la
Tendencia que ocuparon cargos en el gobierno provincial comenzó a ser resignificada
por estos sujetos como un momento central y una práctica sustancial del proceso
revolucionario mismo, cargando así de nuevos sentidos la apuesta institucional,
proceso que no estará exento de tensiones respecto de la preponderancia
otorgada a la vía armada desde la conducción de FAR y Montoneros.
Punto de partida: “Política vs Guerra”. Algunas
reflexiones sobre el estado de la cuestión
Como mencionamos brevemente, el tratamiento que durante largo tiempo
caracterizó los estudios sobre “los años setenta” y el complejo periodo de
1973-1976, se centró fundamentalmente en tópicos como la violencia política, la
militarización de los conflictos y la primacía de la lucha armada (Oberti-Pittaluga, 2006; Acha, 2010). La mayor parte de
estas investigaciones emprendidas en la post dictadura – y fuertemente influidas
por la teoría de los dos demonios y el espíritu de la transición- tendieron a
reducir la complejidad de la década precedente bajo el prisma de la
polarización analítica y política de “autoritarismo/democracia”. En esta clave,
tanto el activismo armado protagonizado por las organizaciones político-militares,
como la experiencia del gobierno democrático iniciada en 1973 quedaron bajo el
velo común del “autoritarismo” y el imperativo de la violencia que habría
caracterizado la cultura política de esos años, obstruyendo así la posibilidad
de recuperar otras aristas de ese proceso histórico que permitan su comprensión
(por ejemplo, la dimensión no armada de la práctica revolucionaria).
Esta dificultad no sólo atravesó a los estudios académicos de la década
del ochenta, sino que también estuvo presente en abordajes historiográficos
posteriores y en los relatos de parte de la militancia. En particular, las
tesis sobre el “militarismo” de Montoneros (Slipak,
2015:14-15) y la consiguiente “sustracción de la política” por el imperativo de
la violencia, tendieron a ocluir aspectos centrales de la experiencia institucional
que desarrolló su militancia y la relevancia que cobró la apuesta electoral en
las lecturas, posicionamiento y prácticas que desplegó dicha organización (Svampa, 2003; Calveiro, 2005; Ollier, 2005; Bartoletti, 2011). Algunas
de las obras mencionadas tienden a observar como
fenómenos dicotómicos, la existencia de un activismo legal presente en un
amplio sector de la militancia de base (la lógica política), de las prácticas
armadas (la lógica de la guerra) que habrían imperado en la cúpula de la
organización y que explicarían su derrota.
El mismo argumento, del predominio de la militarización por sobre la
búsqueda de la construcción política, aparece también en gran parte de la bibliografía
testimonial crítica sobre la trayectoria de la organización (Gasparini, 1999; Amorín,
2005; Pastoriza, 2006). En la mirada retrospectiva de algunos/as ex militantes,
las experiencias gubernamentales de la TR aparecen reducidas a un “episodio fugaz”,
meramente simbólico y dentro del plano de las expectativas y los discursos, más
que de las prácticas. En particular, este tipo de registro se encuentra en los testimonios
del grupo de militantes que rompieron con Montoneros y formaron “JP Lealtad” a
principios de 1974, en los que el paradigma de la militarización y la “transmutación
ideológica” que habría conllevado la fusión con las FAR, actúan como un tamiz
interpretativo que tiende a minimizar el peso de la apuesta institucional
desarrollada en diversos momentos, calificando ese proceso como “poco
significativo” en algunos casos, o como “falso” e “impostado” desde la
Conducción Nacional de Montoneros, en otros (Amorin,
2005; Peyrou, 2010; Duzdevich, Raffoul
y Beltramini, 2015).
Con todo, algunos trabajos académicos más recientes han logrado ampliar el
marco analítico en cuestión a través de la reconstrucción de fenómenos políticos
extra-céntricos durante el tercer gobierno peronista,
poniendo en el centro de la escena la participación de la TR en las denominadas
“gobernaciones montoneras”. Los trabajos de Bonavena
(2009), Servetto (2010) y Antúnez (2015) reconstruyen
el papel fundamental que sus organizaciones desempeñaron durante la campaña
electoral y dentro de la interna partidaria en distintas regiones, como también
la incorporación de sus militantes en la gestión iniciada en 1973, y el lugar
preponderante que jugó ese vínculo –real o imaginado- entre los gobernadores y
la TR, en la crisis terminal de estos gobiernos ante la ofensiva desatada por
la derecha del Movimiento y el propio Perón.
Más allá de estos valiosos aportes que desde un enfoque regional permiten
reponer la presencia extendida de la militancia peronista revolucionaria en
espacios y funciones no circunscriptas a las prácticas armadas, en este
conjunto de trabajos observamos nuevamente la primacía de una matriz
interpretativa que postula el “espiral de violencia”, la "militarización
de la política" y la “lógica de guerra” como las únicas claves
explicativas del conflicto interno en el peronismo y el fracaso de las
experiencias de gobierno ligadas a la TR.
A modo de ejemplo de estas interpretaciones, Servetto
(2010) explica los conflictos de la interna peronista en las provincias como
resultado de la “lucha por espacios de
poder condensados en el aparato estatal”, y de un enfrentamiento en
términos discursivos sobre quien detentaba el monopolio de la identidad
peronista: “la lucha se medía en términos
morales: leales contra traidores…Aquí no se trató de un enfrentamiento entre
dos proyectos; por el contrario, ambos sectores revelaron carecer de proyectos
para orientar la acción estatal. Sus preocupaciones se limitaban a reclamar
cargos y espacios de poder” (p. 202-203).[1]
Por último, cabe mencionar el libro de Pozzoni
(2017) que reconstruye las diversas formas de participación política de las juventudes
de la izquierda peronista en la provincia de Buenos Aires durante la primera
mitad de la década del setenta, destacando en particular las iniciativas no
armadas. Bajo esta perspectiva, la autora pone de relieve el compromiso de
diversas figuras y grupos de la TR en el activismo electoral, reponiendo el
trabajo de militancia universitaria, sindical, barrial y en las movilizaciones
de la campaña que llevaron al triunfo de Bidegain, como también su posterior intervención
en diferentes ámbitos del gobierno. En este marco, Pozzoni
indaga las discusiones que emergieron el seno de la TR en esa coyuntura, entre
los militantes que finalmente conformaron la disidente “JP Lealtad” y
Montoneros. Según la autora, las diferencias centrales pasarían por la posición
más movimientista
y defensora de acciones “más políticas” representada por los integrantes de
Lealtad, en contraposición con la línea “más militarista” -y
por ende, no política- de Montoneros y FAR.
Nuevamente encontramos en este esquema –al igual que en la perspectiva
de los/as autores mencionados previamente- una caracterización de los actores y
del proceso político en cuestión que remite a una división binaria y excluyente
entre dos lógicas opuestas atravesando su accionar: la de la política (entendida
solamente en su dimensión formal-institucional) por un lado, y la de la guerra (en su versión de
vanguardia militarista) por otro, encontrando allí un nudo de contradicciones que
actuarían desde el origen como un
limitante esencial en la consecución de la experiencia de gobierno de la TR.[2]
Como síntesis de estas perspectivas, se desprende la imposibilidad de pensar
la realización exitosa –e incluso la existencia misma- de un proyecto de
gestión encarado por la militancia de la Tendencia en el marco de un proyecto
revolucionario de más largo alcance que incluía la lucha armada. Esto en
términos epistemológicos, obtura la posibilidad de reconocer analítica y
empíricamente, en la particular coyuntura histórica de 1973, la existencia de
otras dinámicas de funcionamiento y articulación posibles –no sin tensiones-
entre las acciones legales/institucionales y las prácticas armadas en el seno
de la TR.
En el siguiente apartado, reconstruiremos la trayectoria institucional
de los militantes de la TR que ocuparon cargos en la gobernación bonaerense con
el objetivo de comprender el repertorio amplio de prácticas, proyectos de
gestión y programas que efectivamente pusieron en juego sus integrantes, cuestiones
que exceden ampliamente la simple dicotomía discursiva, la lógica de guerra imperante
o la puja instrumental de cargos entre la “patria peronista” versus la “patria
socialista”.
Por otra parte, si bien la atención estará puesta en las acciones legales
encaradas por estos grupos, las mismas se analizarán teniendo en cuenta la estrategia
de lucha armada trazada por este actor, observando así en la coyuntura de esos
años la racionalidad de ciertas apuestas políticas en la que lo institucional, lo
revolucionario y lo armado no necesariamente fueron pensados –por gran parte de
los sujetos involucrados en estos procesos históricos- como elementos
excluyentes.
La llegada de la TR al gobierno
provincial: militancia revolucionaria y experticia profesional
Luego del
triunfo del FREJULI en las elecciones del 11 de marzo, que dieron la victoria
en Buenos Aires a la fórmula de Oscar Bidegain y Victorio Calabró, una de las
cuestiones más urgentes a resolver fue la necesidad de constituir los planteles
dirigenciales para completar las carteras ministeriales. Este era un punto muy
importante si tenemos en cuenta que se venía de 18 años de proscripción por parte
del peronismo, careciendo así de un equipo funcionarial con continuidad en el
Estado que viniera trabajando previamente.
En la
provincia, la relación entre Bidegain y la TR se había afianzado durante las
movilizaciones de la campaña electoral, constituyéndose la Juventud Peronista
(JP) en la única base de apoyo del gobernador, hecho que le permitió
contrarrestar el peso del aparato de CGT y de la UOM volcado en los actos
proselitistas a favor de Calabró (Antúnez, 2015; Tocho, 2019). Estas
circunstancias, más el apoyo de Perón para llevar a cabo en el ámbito
bonaerense una prueba del trasvasamiento
generacional (Urriza, 2004:62; Pozzoni, 2017) -y la militancia sus dos hijas, Gloria y
Cristina Bidegain, y su yerno, Daniel Vaca Narvaja en JP/Montoneros- fueron las
que promovieron el lugar preponderante de la TR en el gabinete, ocupando los
cargos de primera y segunda línea en los Ministerios de Gobierno, Asuntos
Agrarios, Bienestar Social, Obras Públicas, en la Subsecretaría de Cultura y
Educación y en otras dependencias provinciales (Tocho, 2020)
La gran
cantidad de espacios en los que intervinieron y las funciones públicas de peso
en las que se desempeñaron, nos habla de un heterogéneo grupo de figuras y militantes
que contaban con diversos derroteros dentro del peronismo revolucionario, portadores
de experiencias ricas y plurales de trabajo técnico y militancia dentro del
Movimiento. A continuación, describiremos sucintamente los recorridos previos
de algunos grupos para tener una caracterización más precisa de estos/as
militantes en su rol de agentes ministeriales (Osuna y Vicente, 2017) y de las
hibridaciones entre su militancia política y sus saberes profesionales.
El primer
grupo es el Consejo Tecnológico (CT) del Movimiento Nacional Peronista,
cuyos integrantes ocuparon los principales puestos en la Asesoría del Consejo
Provincial de Desarrollo (ASPRODE) que dependía directamente de Gobernación, y
en los Ministerios de Asuntos Agrarios y Obras Públicas de la provincia. El CT
fue fundado a principios de los setenta por el físico Rolando García, quien
había sido desplazado de su cargo de decano de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA en “La noche de los bastones largos”.[3] Este grupo incluía a reconocidos especialistas de
diversas áreas quienes venían trabajando en la elaboración de proyectos
promotores de las condiciones para la liberación nacional y social, y cuyos
postulados y profesionales se identificaron con la TR y con el “Socialismo
Nacional”.[4] Según la
prensa de la época, el CT de García representaba “la expresión del nuevo peronismo, el de la juventud” cuya “irrupción en la conducción de la economía
nacional constituiría una verdadera revolución, mediante la redistribución de
los ingresos, la reforma agraria, la nacionalización de los bancos extranjeros
y del comercio exterior”.[5] Las formulaciones de sus proyectos sobre políticas
públicas se publicaron en la colección semanal “Bases para un Gobierno Peronista” que salió entre los meses de
marzo y julio de 1973.[6]
El segundo
grupo, el más numeroso, estuvo formado por el núcleo de militantes de la Federación Universitaria de la Revolución
Nacional (FURN), agrupación estudiantil peronista de la UNLP ligada
directamente a la JP de La Plata, Berisso y Ensenada y al Movimiento Revolucionario
Peronista (MRP). Este grupo que ocupó lugares importantes en los Ministerios de
Asuntos Agrarios y Bienestar Social, y en la Subsecretaría de Hacienda, se
caracterizó por la formulación previa en el ámbito universitario de propuestas
que apuntaban a una formación profesional “al servicio del pueblo”, desterrando
de la Universidad el colonialismo cultural y los intereses a favor del imperialismo,[7] como así también por el trabajo territorial en la
zona (creación de Unidades Básicas) y la apuesta temprana por el trabajo
político partidario en el contexto de apertura electoral. Estas iniciativas, cabe
señalar, se realizaban en paralelo con otras apuestas y definiciones políticas
sostenidas por este grupo JP/FURN, como la defensa de la lucha armada y la integración
a la organización político-militar Montoneros por esa misma época (Tocho, 2020).[8]
Un tercer
grupo que ocupó lugares preponderantes en el Ministerio de Gobierno, Bienestar
Social y en la Subsecretaría de Cultura fue
el que venía de la organización político-militar Descamisados (luego
fusionada con Montoneros), que reunía a militantes del mundo cristiano y
peronista radicalizado, con experiencias previas de trabajo social y
territorial en villas del Gran Buenos Aires (alfabetización y organización
comunitaria) y gremial (colaboración en los equipos de la CGTA), inclinándose
también por la participación y disputa dentro de las estructuras del Movimiento
sin abandonar en paralelo sus prácticas armadas.[9]
Por último,
los/as integrantes de los Equipos Político-Técnicos (EPT) de la Juventud
Peronista. Este grupo estuvo formado por militantes montoneros de Capital
Federal, muchos de los cuales venían de las FAP “oscuros”, y habían ingresado a
Montoneros a mediados de 1971, quienes también tenían experiencia previa de
militancia en ámbitos universitarios (Cátedras Nacionales, FANDEP), sindicales
(CGTA) y profesionales (CTMNJ). Ocuparon roles destacados en el Ministerio de
Asuntos Agrarios, en Obras Públicas, en la Subsecretaría de Cultura dependiente
del Ministerio de Educación (Pozzoni, 2015) y en la
Dirección de Menores del Ministerio de Bienestar Social. El lanzamiento formal
de los EPT se realizó en abril de 1973, luego del triunfo electoral. En la
conferencia de presentación, Alcira Argumedo, figura central de esta
experiencia, los caracterizaba como “una
instancia más del poder popular gestado desde las bases. Donde lo elaborado no
es una asesoría más sino un nuevo canal para la estrategia propia de la
Juventud en su camino hacia la patria socialista”. Asimismo, Argumedo
aclaraba que el atraso en la presentación de las propuestas –más de un mes
después de la victoria en los comicios- se debía a que “sobre la JP recayó el peso de las movilizaciones contra la dictadura
militar. Los EPT son el producto de esas luchas de las bases y reciben una
línea política de esas luchas. No son mera tarea de gabinetes y tecnócratas”.[10]
A propósito,
esta última referencia permite acercarnos a los sentidos y representaciones que
acompañaron ese pasaje a la gestión estatal por parte de la militancia revolucionaria,
en donde si bien el “componente técnico-profesional” era valorado como un saber
y un requisito necesario, se privilegiaba la experiencia política de activismo
y militancia revolucionaria en los frentes de masas de la etapa inmediatamente
anterior. Al respecto, este “capital militante” (Poupeau,
2007)[11] del que
gozaban los miembros de la TR devenidos en funcionarios/as de gobierno, los
hacía portadores de un “conjunto de
saberes, disposiciones” y valores ético-políticos que en el contexto de la
época eran sumamente estimados, inclusive más que las credenciales académicas que
pudieran demostrar (o que al menos debían estar indisociablemente combinadas
con ellas). De esta forma, ese conjunto de “saberes
y habilidades” adquiridas en el quehacer de la militancia “en el llano” y
durante largos años de resistencia a la dictadura, se convertían ahora en
insumos claves que moldeaban sus prácticas de gestión institucional y que, en
la percepción de los y las militantes, “garantizaban” la continuidad de su
compromiso político revolucionario, ahora en el Estado.[12]
Estas ideas serán
las que guíen las políticas desplegadas por los/as funcionarios/as de la TR en
el gobierno provincial, articulando de modo particular los requerimientos
técnicos y específicos de cada área con aquellos valores, metodologías y
saberes asumidos en su militancia revolucionaria.
Como
mencionamos previamente, dentro del conjunto heterogéneo de agrupaciones que
integraban la TR, la posibilidad de participar de las elecciones y del
futuro gobierno se había expresado siempre en términos tácticos, como un medio secundario o una herramienta que servía a
un fin mayor (la constitución de un ejército revolucionario para la toma del
poder). Esta concepción instrumental
de las formas legales de lucha política
será una constante por parte de las organizaciones armadas peronistas a lo
largo de todo este período.[13]
No
obstante, con el horizonte democrático en ciernes y ante la
movilización cada vez mayor de amplios sectores juveniles interpelados por la
posibilidad de las elecciones y el retorno del peronismo, los métodos de
legales de lucha comenzaron a considerarse como acciones de pleno derecho que
se incorporaban al repertorio legítimo de prácticas promovidas por las
organizaciones revolucionarias del peronismo en esa coyuntura, adquiriendo los
así denominados “métodos revolucionarios
secundarios” un rol cada vez más preponderante.[14]
A
continuación, ahondaremos en los sentidos que los/las militantes de la TR
involucrados en las tareas de gestión provincial les atribuyeron a esas iniciativas
institucionales, observando cómo la intervención cotidiana en el Estado comenzó
a ser resignificada por estos sujetos, adquiriendo –para algunos/as de sus
protagonistas- un valor en sí mismo, ya no como un medio o una tarea secundaria,
sino como un objetivo más sustantivo de acumulación y transformación política a
los fines revolucionaros.
Los “Ministerios rojos”[15]
Ministerio de Bienestar Social:[16]
La gestión de este Ministerio quedó en manos
del Floreal Ferrara, un reconocido médico sanitarista, discípulo de Ramón Carrillo
y amigo personal de J.W. Cooke, con una larga trayectoria intelectual y
política en el campo de la salud y en el peronismo revolucionario (Tocho, 2014
y 2020).[17]
Rápidamente, luego de la asunción, comenzaron
a hacerse visibles los ejes que atravesarían su gestión: acción directa, activismo
popular y democratización en la gestación y despliegue de las políticas
públicas del sector.
A modo de ejemplo, durante los primeros días
de su gobierno y en el contexto general de “las tomas” (Abbattista
y Ramírez, 2011) Ferrara junto al equipo de funcionarios/as de la TR
promovieron una serie de medidas y prácticas que -además de focalizarse en
políticas sociales y sanitarias a favor de los sectores más postergados-
oficializaron y potenciaron la concurrencia de las bases en la toma de
decisiones y en la orientación de las políticas promovidas desde el Ministerio.
En este marco, a principios de junio, se llevó
a cabo una multitudinaria movilización de la JP de La Plata, Berisso y Ensenada hacia la “República de los Niños” ubicada en las afueras dela ciudad, ocupando sus instalaciones. El objetivo de la
toma era devolver el contenido social y cultural que en su momento había
inspirado la creación del predio por parte de la Fundación Eva Perón, dejando
sin efecto la concesión en manos privadas que hasta ese momento tenía la
explotación del lugar. Estas acciones se hicieron con el apoyo oficial del
Ministerio de Bienestar Social de la provincia, organismo que se haría cargo de
la intervención y gestión del inmueble hasta su definitiva expropiación.[18]
La toma de la República de los Niños constituyó uno de los eventos donde
se expresaron las nuevas formas de intervención política de la militancia
aglutinada en la Tendencia en esta coyuntura. En ella se materializaron los
nuevos ritmos, metodologías y sentidos de la política puestos en juego por este
actor, en los que la urgencia por llevar a cabo transformaciones de envergadura
y poner fin al “continuismo” de la dictadura, se articuló con prácticas de
acción directa y una fuerte presencia del actor popular en la gestación de esas
acciones y en el sentido de esos cambios. Todo esto bajo el paraguas de la
participación institucional de sus militantes en el gobierno, quienes alentaban
estas acciones como una forma de aportar y fortalecer el proyecto de construcción
del “socialismo nacional”.[19]
En este sentido, podemos afirmar que estos episodios de acción colectiva
permiten evidenciar los intentos por conjugar las metodologías revolucionarias con las nuevas funciones
gubernamentales asumidas por los/las militantes de la TR, ampliando los límites
de la democracia representativa otrora denostada, hacia nuevos horizontes de
participación e intervención social.
Volviendo al
episodio de la toma, en el comunicado que brindó la JP se señalaba la
continuidad de este tipo de acciones, dado que ellas representaban “el modo
más eficaz de afianzar la participación popular en el futuro gobierno [siendo]
la recuperación de la República una de las plataformas de lanzamiento de las ´Comisiones
Pro-Defensa del triunfo´ constituidas para actuar mancomunadamente con las
autoridades populares”.[20]
Estas Comisiones, organizadas por la militancia barrial de la JP en
articulación con los funcionarios/as de la TR en el Ministerio, se habían
lanzado con el objetivo de actuar como puntos de apoyo, control y defensa del
gobierno a nivel local y provincial, canalizando las inquietudes de la
población y ampliando las instancias de participación popular en diferentes
ámbitos estatales (Tocho, 2014 y 2020).[21]
Esta iniciativa se
desarrollaba en consonancia con el accionar de las “Juntas Vecinales de
Consumidores” (JUVECO) que reunían a vecinos de todos los barrios, quienes se
organizaban para impedir las actividades de acaparamiento, especulación y
artificial desabastecimiento promovido por algunos empresarios y miembros de la
cadena de comercialización, actuando a la vez como dispositivo inmediato de
control de los precios máximos fijados por el gobierno.[22]
Más allá del
alcance y el accionar efectivo que lograron estas iniciativas (las Comisiones y
las Juntas), lo que es difícil de estimar, cabe destacar que ambas gozaban del
reconocimiento oficial, lo que expresaba el notable activismo que atravesaba a
importantes sectores de la sociedad y los intentos por parte de la TR de
formalizar esa participación popular desde el Estado, a través de la creación
de nuevas instancias y mecanismos institucionales que tendían a acortar las distancias
entre “pueblo” y “gobierno”.
Estas acciones se
replicaron en otros establecimientos públicos, por nombrar sólo uno, tomaremos el
caso de la toma del Hospital de Quilmes. Allí, hasta el 25 de mayo de 1973, la
gestión interna y financiera del hospital estaba en manos del Consejo Médico
Asesor y de las “Damas de Beneficencia”. Luego de la asunción de Ferrara, una
asamblea encabezada por los trabajadores del hospital, la Agrupación 17 de Noviembre perteneciente a Sanidad y miembros de la JP, JTP y
el Movimiento Villero Peronista (MVP), decidió tomar el establecimiento,
nombrando nuevas autoridades y la conformación de una Mesa de Trabajo y
Reconstrucción que llevaría adelante un programa de transformación de la
atención sanitaria brindada a la comunidad.[23]
Este tipo de
políticas que tendían a desterrar las jerarquías entre los médicos y el resto
de los trabajadores de la salud, promoviendo la participación activa de la
comunidad en la decisión de los programas de atención médica, se implementó no
solo en la gestión de los hospitales provinciales, sino que se desarrolló a
nivel de los centros de salud local. Una de las principales propuestas que
desplegó Ferrara consistió en un novedoso plan de descentralización de la
atención sanitaria, a través de la formación de Hospitales de comunidad
y su instalación en barrios periféricos y zonas marginales de toda la
provincia. Estas “pequeñas unidades de salud participativa” como él las
llamaba, contarían con el trabajo de un equipo interdisciplinario de
profesionales y trabajadores de la salud (médicos, antropólogos, psicólogos,
enfermeros, trabajadores sociales) y con un consejo de la comunidad integrado
por los habitantes de la región, que tendría intervención directa en la toma de
decisiones y el manejo de la institución.[24]
Precisamente este
aspecto de la organización comunitaria y la participación popular en todos los
niveles de la atención médica “que implican tanto el trabajo, la
planificación, la ejecución, la evaluación y el control de la acción sanitaria
por parte del pueblo”,[25]
constituían una pieza importante del programa que Ferrara venía diseñando meses
atrás, como parte de las propuestas de políticas públicas para el sector, considerando
esta modalidad de funcionamiento horizontal y asambleario la mejor vía para
contrarrestar el proceso de desmantelamiento y burocratización que azotaba la
atención hospitalaria en la provincia desde hacía 18 años atrás.[26]
Un punto
substancial del programa de Ferrara –el que más controversias y a la vez
expectativas despertó- fue su política de lucha contra el monopolio y
extranjerización de la industria farmacéutica, planteando como horizonte de
mediano plazo la nacionalización de la producción y comercialización de
medicamentos, lo que implicaba en la práctica una dura batalla contra los
capitales extranjeros que controlaban el sector. Para ello, el Ministerio firmó
un convenio con la UNLP a fin de elaborar un proyecto conjunto que diseñara la
implementación de una política nacional de medicamentos, propuesta que luego
sería elevada a Nación (Bustingorry, 2015 y Tocho,
2020).[27]
Por otra parte, la
intervención popular como un elemento clave del proyecto de gestión que impulsó
la TR desde el Ministerio se reflejó también en los programas encarados desde la Dirección de Promoción y Desarrollo de la
Comunidad a cargo de Flora Castro, junto a la Dirección de Servicios Sociales
en manos de Amalia Ramella, encargadas de llevar
adelante programas con un fuerte contenido participativo y social en el
territorio. Una de estas iniciativas fue el Proyecto de Formación de Centros
de Promoción de la Comunidad que consistía en la creación de nuevos Centros
Comunitarios en zonas rurales, barrios populares y villas miseria de toda la
provincia, junto a la reconversión de los “viejos” centros heredados de la
administración militar saliente. En ellos trabajarían asistentes sociales,
profesores y maestros, personal de maestranza y particularmente los habitantes
del barrio y la comunidad (Tocho, 2014 y 2020).[28]
En la práctica, la concreción de estos centros sirvió para dar anclaje y
reconocimiento institucional a las acciones asamblearias y a las demandas cooperativistas
impulsadas por la militancia barrial y juvenil previa, de muy activa
participación durante la campaña electoral y organizada formalmente a partir de
mayo de 1973 a través del MVP (Camelli, 2018). Una de
estas iniciativas consistió en el lanzamiento de un Plan de Cooperativas de
Construcción de Viviendas, elaborado conjuntamente con el MVP, e integrado por
las familias villeras, quienes tendrían a su cargo las tareas de planificación,
edificación y reconstrucción tanto del establecimiento público (el Centro
Comunitario propiamente dicho) como de las viviendas populares mismas. Los
materiales eran aportados de forma gratuita por la gobernación a través del
Ministerio de Obras Públicas, mientras que la mano de obra era aportada por la
comunidad residente en las villas.[29]
A través de este Plan se daría lugar a una de las reivindicaciones más
importantes del sector villero, aquella que impulsaba la radicación de sus
viviendas en el lugar que históricamente habitaban, en oposición a la política
de erradicación y traslado (Camelli, 2018).
Al respecto, resultan interesantes las impresiones que sobre esta
experiencia de trabajo institucional nos brindan dos de sus protagonistas,
quienes lejos de ver dicha apuesta como reñida con los objetivos revolucionarios
y de transformación de más largo alcance, la entendían como una oportunidad
central para cambiar las estructuras “desde adentro” del Estado:
“La posibilidad de la apertura que se dio con el
peronismo había que aprovecharla, ganar espacios en lo político, por eso no fue
sólo con Bidegain, también Martínez Baca, Obregón Cano, Cepernic
y otros con los que se intentó insertar y trabajar dentro de las estructuras de
gobierno. Yo que había trabajado mucho antes con la gente en el barrio, tenía
mucha inserción en Villa Martelli, y cuando se forma el gobierno y hay
posibilidades de trabajar, de tener cargos, Norberto me preguntó qué me
gustaría hacer, y yo le dije algo relacionado con trabajo con las villas que
era lo que yo hacía… yo dije que sí porque
lo que hicimos desde las bases lo podíamos hacer desde arriba…Nosotros estábamos muy de acuerdo con el trabajo político en la
gobernación, con aprovechar esos espacios para generar políticas. Estaba la
discusión de qué hacemos con estas estructuras ¿las combatimos o las cambiamos
desde adentro? Y nosotros pensábamos que había que cambiarlas desde adentro”.[30]
En el mismo sentido, Mabel Maidana, militante de Montoneros que también
trabajó junto a Flora Castro, señala la conexión entre diferentes espacios por
los que transitaban los/as militantes de la Tendencia (el barrio/la
organización/el Estado) articulando su experiencia de trabajo
político-territorial con las funciones de gestión, y el lugar destacado de la
organización en la línea de las políticas públicas que se implementaban y que
“volvían a las bases”
“A mí la orga me dice
que tengo que ir al ministerio, después mi responsable pasa a ser el Hippie
Alsogaray, y todos dependíamos de (Norberto) Habegger.
Norberto tenía relación con Daniel Vaca Narvaja que se termina casando con
Gloria Bidegain, y Norberto era el encargado de la conexión de la organización
en la gobernación. Norberto estaba prácticamente siempre en la gobernación. Lo
interesante es que había acuerdos
políticos con la dirección del ministerio que estaba en manos de Ferrara,
y teníamos reuniones con él y se
acordaban políticas, ver qué política, con qué dirección, había una
participación real en las decisiones. Y había insumos para el trabajo
barrial, yo llevaba recursos para la UBR que conducía, veíamos qué cosas
necesitaba la gente, muy al estilo cubano. Es decir, se vinculaban las políticas públicas con la política nuestra y con el
trabajo nuestro en el barrio, con la vida cotidiana en la UBR (Unidad Básica
Revolucionaria)”.[31]
Esta
articulación de las lógicas previas de militancia combativa, acción directa y trabajo
en el territorio con las nuevas funciones institucionales desempeñadas en el
Ministerio, y la consideración positiva e incluso prioritaria de la contribución que en su carácter de militantes-funcionarios/as
podían realizar ahora desde la esfera gubernamental, se observa también en los
otros casos que analizaremos a continuación.
Ministerio de Asuntos
Agrarios
Al frente de este Ministerio estuvo el Ingeniero Agrónomo Guillermo
Gallo Mendoza, quien había participado de diversas experiencias profesionales y
políticas ligadas a la TR. Lo acompañaron el núcleo de militantes que venían de
las FAP – “oscuros”, como Alejandro Peyrou, y el
grupo de militantes de FURN/JP de la Facultad de Veterinaria y Agronomía de la
UNLP. Todos con una militancia ya dentro Montoneros a fines de 1972, lo que
vehiculizó su postulación como cuadros de la organización para integrar los
planteles del gobierno provincial (Tocho, 2015 y 2020).[32]
Precisamente en estos recorridos previos -que incluían la elaboración de
proyectos en el marco del CT, la colaboración en programas de la CGTA o el diseño
de propuestas elaboradas en su militancia universitaria- la cuestión de la
tierra (el problema de su baja productividad, el régimen de propiedad
concentrada, el sistema fiscal regresivo) había estado presente como una
problemática central en las elaboraciones realizadas por estos militantes antes
a su llegada al gobierno, cuestión que fue retomada como un eje fundamental de
la política implementada por Gallo Mendoza y los equipos de la Tendencia.
Al respecto, una
de las primeras medidas que se efectuaron fue la creación de las denominadas Unidades Básicas de Trabajo, Producción y
Comercialización Social (UBTPCS). Las mismas consistían en la puesta en
producción de predios pertenecientes a la provincia y su concesión para la
explotación conjunta a familias sin tierras o campesinos minifundistas, con el
doble objetivo de ayudar a los pequeños productores a alcanzar una mayor
capacidad productiva, y a la vez realizar una producción con sentido social. Este
programa fue implementado a través de un convenio entre los Ministerios de
Asuntos Agrarios y el de Bienestar Social, dado que parte de la producción que
se realizaría en esos predios (horticultura, tambo, engorde de novillos para
faena) se destinaría a diversas instituciones dependientes del área de
Bienestar Social (hospitales, institutos de menores, escuelas y asilos de
ancianos), siendo su excedente comercializado a través de las vías normales en
beneficio de los minifundistas.[33] Por
otra parte, a través de este tipo de unidades, se buscaba fomentar desde el
Estado la producción cooperativa, estableciendo para su funcionamiento un
sistema de rotación en la conducción y dirección de dichas organizaciones, “para que todos los integrantes puedan
capacitarse en las funciones directivas”.[34]
En ese marco, se promovió también la creación de un Consejo Provincial de
Acción Cooperativa que reforzaba la formación de las UBTPCS en toda la región.[35]
Cabe señalar que
esta política de distribución de tierras y su puesta al servicio de los
sectores más débiles de la cadena productiva (que sí pudo efectivizarse a
través de la firma del decreto provincial Nº 3570)
formaba parte de un Proyecto de Ley Agraria más ambicioso, que se presentó a
principios de la gestión de Bidegain pero que nunca llegó a tratarse
formalmente en la Legislatura provincial por las presiones en su contra de las
corporaciones agrarias que representaban a los grupos más concentrados del
sector (CARBAP y la SRA).[36]
Dicho proyecto planteaba un programa más radicalizado en términos del régimen
de tenencia de la tierra, estipulando límites concretos y restricciones a la
propiedad privada, con el objetivo de garantizar su función social y la de los productores, lo que implicaba posibles
expropiaciones a terratenientes absentistas.[37]
Otra de las políticas que despertó mayores resistencias por parte de las
corporaciones empresarias del agro fue sin duda la experiencia del “Parlamento
Agrario” que promovía una reestructuración radical en las estructuras de poder
y representación gremial del sector. Bajo la consigna “El Agro en pie por la
liberación nacional”, se reunieron a principios de agosto más de cinco mil
campesinos miembros de las Ligas Agrarias de todo el centro y norte del país,[38] llevando a
cabo una experiencia inédita de participación de las bases y democratización de
las voces en torno a la cuestión agraria, el acceso a la tierra y su
producción, y que contó con el reconocimiento del gobierno provincial y la
participación oficial de los funcionarios del Ministerio.[39]
La finalidad del Parlamento fue sintetizar en un documento las demandas
y las políticas que deberían ser implementadas para dar respuesta a los
problemas en particular de estos actores (Gallo Mendoza, 2010:255). Entre las
conclusiones que reunía el documento final, surgidas de las diferentes
exposiciones de los representantes de las Ligas, se apuntaba a la consecución
de medidas radicales tales como una Reforma Agraria Integral; la
nacionalización del comercio exterior con la participación de los trabajadores
a través de sus organizaciones representativas (gremios, cooperativas) para su
control; la descentralización de las industrias elaboradoras de la materia
prima, instalándose en los sitios de producción (en particular la instalación
de frigoríficos regionales); la promoción de las formas cooperativas de trabajo
y su enseñanza en las escuelas rurales, y fundamentalmente: la creación de un
organismo central del Estado que controlara todo el proceso de producción,
industrialización y comercialización a nivel nacional (Gallo Mendoza, 2010:258,
Tocho, 2020).[40]
Tal como mencionamos más arriba, los planteos más radicalizados dentro
del conjunto de demandas expresadas por los participantes de la asamblea
agraria no pudieron ser realizados por el gobierno bonaerense.[41] Sin embargo, esto no impide observar las
trasformaciones profundas que para este sector proyectaban los equipos de la TR
en el gobierno, a la par de otras iniciativas que sí lograron ser promulgadas
desde el Ministerio como parte de su política integral de tierras y beneficio a
los sectores más débiles en la cadena agropecuaria: la reglamentación y
aplicación efectiva del Código del Peón Rural (Ley 7616); la implantación de un
Seguro Agrícola Integral para los productores afectados por las inundaciones, y
la estipulación de un precio único para la leche (Decreto 3573).
Asimismo, se presentaron en la Legislatura numerosos proyectos que no
llegaron a tener tratamiento: la Creación del Fondo Provincial de Colonización;
la creación del Libro Ganadero; la Ley de Impuesto Único Provincial a los
Inmuebles Rurales; y la creación de la Junta Provincial de la Papa, entre otras
(Tocho, 2015 y 2020). [42]
El Ministerio de
Obras Públicas (MOP):
Tal como mencionamos, en el MOP, un conjunto nutrido de militantes de la
TR ocupó los principales cargos y secretarías. A la cabeza de esta dependencia
estuvo el Agrimensor e Ingeniero Civil Alberto González, cuya militancia en el
peronismo revolucionario y su labor docente en la Facultad de Ciencias Exactas
de la UBA lo llevó a entablar una estrecha amistad con Rolando García,
participando del armado de las propuestas del CT desde su inicio. Concomitante
a este desempeño, su militancia cercana a FAR y Montoneros por esos mismos años
lo posicionó de lleno como un cuadro político y técnico destacado para la
asunción de roles de gestión pública en el contexto de1973.[43]
Al
igual que en Bienestar Social, la metodología de acción directa y el activismo
de los trabajadores -a través de la creación de nuevos mecanismos de
intervención en la toma de decisiones dentro de la estructura estatal-
estuvieron presentes desde los primeros días como un “sello” de la gestión propiciada
por los/as militantes-funcionarios/as de la Tendencia.
Por
tomar solo un caso, en la Dirección de Energía de la provincia de Buenos Aires
(DEBA), el día 12 de junio 250 trabajadores iniciaron una “toma” del
establecimiento. Esta acción fue conducida por la “Agrupación Peronista de
trabajadores de DEBA”, integrada a la JTP, que se enfrentaba a la conducción de
la sección local del Sindicato de Luz y Fuerza.[44] El objetivo inmediato era
asegurar la asunción del Subsecretario de Obras Públicas, Pablo Escolar (cuadro
de Montoneros) como interventor interino del organismo, y garantizar la
participación de los trabajadores en la orientación de las políticas del
sector. En el comunicado que emitieron las agrupaciones que encabezaron la
toma, se explicitaba que la participación activa del pueblo trabajador en la
gestión del ministerio, lejos de implicar una más de las medidas “reformistas”
del estado burgués, tomaba el significado de ser un momento, una parte
integrante de la política revolucionaria misma (en relación con la totalidad
del proceso de liberación) al originarse en la voz y participación de todos los
trabajadores (Tocho, 2020).[45]
Al respecto, como parte de esta demanda de modificaciones en la
estructura de poder del MOP que implicasen transformaciones sustantivas en su
dinámica de funcionamiento y toma de decisiones, en el mes de agosto se
llevaron a cabo dos medidas significativas.
Por un lado, hacia el interior del Ministerio, se puso en marcha la
creación de las denominadas Mesas de
Trabajo que buscaban potenciar una intervención más activa de los
trabajadores en la formulación y discusión de propuestas sobre políticas
públicas, y en la toma de decisiones sobre diversas cuestiones de la vida
interna del MOP. Estas mesas funcionarían en cada una de las divisiones del
Ministerio, y serían integradas por un Coordinador –elegido por votación
directa- y
todos los trabajadores del sector. Su modalidad sería de debate y asamblearia,
elevándose las propuestas de mayoría y minoría –si las hubiese- a una Mesa de
Trabajo Central, que a su vez elevaría las propuestas a las autoridades máximas
del MOP (Tocho, 2020).[46]
La segunda iniciativa que se implementó, esta vez dirigida a fortalecer
y acelerar el vínculo con la comunidad, fue la creación de la Comisión
Ejecutiva de Respuesta Inmediata (CERI).[47]
Esta nueva dependencia tenía la función de receptar los pedidos que los
distintos grupos de la JP de La Plata y del gran Buenos Aires realizaban,
recogiendo a su vez los reclamos de sus bases barriales sobre temas de
infraestructura en general (Robles, 2014).
Estos Comités de Gestión Inmediata comenzaron a funcionar en Vialidad,
DEBA y demás dependencias, siguiendo la política ya implementada en otras áreas
ministeriales. Parte de las obras realizadas por esta Comisión consistió en la
colocación de asfalto y arreglo de calles, la extensión de la red cloacal y de
los desagües, tendido eléctrico en zonas marginales, etc.
El siguiente testimonio de un militante de Montoneros que trabajó al
frente de este programa ejemplifica parte de las acciones llevadas a cabo:
“Llevamos el agua
potable a los barrios, que no la pudimos desarrollar del todo porque nos fuimos
antes, pero hay muchos barrios que hoy tienen agua potable gracias a nosotros.
¿Cómo funcionaba? Establecimos trabajo voluntario asociado al Ministerio,
incluso los propios funcionarios fueron a cavar zanjas junto con los compañeros
barriales de la JP para colocar los caños, los ingenieros también fueron… Había
un proceso revolucionario desde las instituciones, respetando las
instituciones. Nosotros (JP-Montoneros) poníamos el trabajo voluntario, sacamos
los técnicos de las oficinas y los llevamos al territorio, y abrimos los
galpones y los corralones donde había de todo, el estado puso el material y las
máquinas, y la gente ponía el trabajo voluntario y en muchos barrios hicimos
eso.[48]
Como podemos observar, en el relato de los/as militantes-funcionarios/as,
las iniciativas realizadas, las modalidades de trabajo y de gestión
implementadas, y también los objetivos proyectados desde su quehacer
institucional, lejos de ser pensados como acciones “reformistas” alejadas de
los fines estratégicos mayores, comenzaron a ser resignificadas como parte misma
de sus tareas revolucionarias y su contribución al proyecto mayor de construcción
de la “patria socialista”, revalorizando en el curso mismo de esa experiencia de
gobierno su intervención política desde el Estado.
Cabe señalar que estas expectativas y nuevos sentidos generados al calor
de su labor cotidiana en el gobierno, no dejaron de despertar tensiones al
interior de la TR, a raíz del peso mayor que la vía armada como metodología principal comenzó a tener entre la conducción de FAR y Montoneros hacia la segunda
mitad del año 1973, y que explicitaron
en un famoso documento de discusión interna denominado “Mamotreto” (Salcedo,
2011; Bartoletti, 2012; Pozzoni,
2017). Si bien las nociones allí
volcadas sobre el rol de vanguardia, la primacía de la lucha armada y la
conformación de un ejército como postulados estratégicos no eran nuevos, comenzaron a cobrar un renovado
espesor en una coyuntura cada vez más adversa para los sectores radicalizados
del peronismo que comenzaban a ser blanco de las medidas represivas desplegadas
desde el propio gobierno nacional. En ese marco, el activismo no armado de
los/as militantes-funcionarios/as de la Tendencia comenzó a ser cuestionado
desde algunos cuadros de conducción de las organizaciones armadas, quienes
“menospreciaban” el trabajo
institucional y acompañaban esas críticas con la presión por poner en marcha las
prácticas armadas.[49]
Este accionar que desalentaba la experiencia gubernamental cuestionando
su “utilidad” a los fines revolucionarios, socavó internamente la fuerza y las
expectativas de quienes apostaron a la tarea político-institucional como parte
central de su militancia peronista y revolucionaria. Esta situación, vivida
como un dilema por parte de sus protagonistas, no hizo más que profundizarse a
partir de las contradicciones políticas de fondo y el enfrentamiento de estos
sectores con Perón y la ofensiva represiva que terminó con la renuncia de
Bidegain y la expulsión del conjunto de la militancia revolucionaria de los
espacios gubernamentales.
Punto de llegada y
algunas consideraciones para la investigación
El gobierno de Bidegain llegó a su fin el 22 de enero de 1974, luego del
intento del copamiento de la Guarnición Militar de la
localidad de Azul por parte de la guerrilla guevarista del ERP, y el enérgico mensaje de Perón al día siguiente responsabilizando
por estos hechos al gobernador bonaerense (Bustingorry,
2015 y Tocho, 2020). Si bien este acontecimiento fue el detonante que precipitó
su renuncia y la de todos/as los/las funcionarios/as de la TR, el clima de
desestabilización que venía sufriendo su gobierno se había incrementado
notablemente en los meses precedentes, en el marco de la “caza de brujas” que la
derecha del movimiento venían llevando a cabo contra los militantes de la
Tendencia, y que el propio Perón habilitó con la “ofensiva depuratoria” emanada
desde el Documento Reservado y el conjunto
de medidas represivas tomadas durante su presidencia (Franco,
2012; Merele, 2016).
Como vimos, las tensiones que venía acumulando el gobierno de Bidegain y
la TR a pocos meses de su asunción no fueron menores, despertando todo tipo de
resistencias (de sectores políticos, sindicales y económicos dentro y fuera del
peronismo) que no solamente marcaban los límites para la posibilidad de implementar
medidas que trastocaran las estructuras del poder económico vigente, sino
también y fundamente, las dificultades para poder llevar a cabo en esa
coyuntura metodologías de acción revolucionaria y un proyecto político alternativo
con Perón como presidente.
En este sentido el presente artículo se propuso traer a consideración esas
experiencias de corte radicalizado que la militancia de la TR –incluso
muchos/as como miembros de organizaciones armadas- intentó llevar a cabo en el gobierno
bonaerense, más allá de su corta duración o que incluso muchas de ellas solo alcanzaron
la etapa de formulación.
De esta forma, al reponer las trayectorias previas de preparación
técnica de una gran cantidad de cuadros de la Tendencia que ocuparon cargos relevantes
en el gobierno provincial, y la articulación de esas prácticas profesionales
con su militancia política revolucionaria, intentamos volver la atención sobre
aquellos cursos de acción aún abiertos y “futuros en pugna” (Barletta, Lenci y Ramírez, 2013) puestos
en juego por estos actores en la coyuntura democrática, proyectos que si bien no
llegaron a concretarse completamente, dieron cuerpo a un conjunto de sentidos y
prácticas renovadas sobre las posibilidades de transformación desde su participación
en el Estado.
Así, a través de este recorrido, pudimos observar como para muchos de
sus protagonistas, la experiencia inédita de “militancia en el Estado” lejos de
presentarse como una disyuntiva escindida de sus objetivos estratégicos mayores
y de su pertenencia a las organizaciones armadas, por el contrario, fue
resignificada como una instancia sustancial de ese proyecto de más largo
alcance, inscribiendo esas prácticas no armadas dentro del universo de sentidos
atravesados por la revolución, viendo allí la posibilidad de conjugar un proceso
de cambio radical desde las
instituciones.
De esto se desprende que, al menos para los actores que formaron parte
de esta experiencia, no hubo lógicas dicotómicas o excluyentes, sino apuestas
complejas por compatibilizar lo institucional, lo armado y lo revolucionario,
en un contexto extremadamente vertiginoso y en el que las relaciones de fuerza
dentro del peronismo cambiaron bruscamente a favor de los sectores detractores
de la Tendencia, cerrando cada vez más los espacios y las posibilidades de
acción desde el ámbito gubernamental. Este
escenario y la dinámica política cada vez más represiva hacia el interior del
peronismo, propició dentro del heterogéneo conglomerado de la TR la línea
sostenida desde siempre por la conducción de las organizaciones político-militares,
a favor del proyecto estratégico de lucha armada, en un contexto en el que ya las
condiciones favorables para desarrollar políticas institucionales eran escasas
por no decir nulas.
Bajo este enfoque, esperamos que este trabajo haya podido contribuir a
ampliar el marco de reflexión sobre las distintas expresiones de la política
revolucionaria en los años setenta, observando las orientaciones plurales que
esta praxis tuvo al interior de la militancia peronista dentro y fuera de
Estado, reparando particularmente en las “otras prácticas”, las no armadas, que
también se inscribieron en ese horizonte de trasformación radical de aquéllos
años, más allá de su obturación y derrota política.
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Recibido: 15/07/2020
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[1]Un
enfoque muy similar, que pone el énfasis en el carácter discursivo del
conflicto entre la derecha y la izquierda del Movimiento -por sobre la
distinción de las prácticas y proyectos políticos en juego- es el de Antúnez
(2015), para quien la ofensiva desatada contra los gobernadores “montoneros”
respondía menos al desafío por izquierda que sus programas y prácticas de
acción política pudieran representar, y más a una lógica de enfrentamiento
violento por espacios de poder desde 1972.
[2] Una
perspectiva similar puede encontrarse en el artículo pionero de Lenci (1999) sobre la disyuntiva de la TR ante las
elecciones de marzo 1973
[3]Formalmente,
el lanzamiento del CT se hizo en julio de 1972, más allá de que se viniera
trabajando en su armado desde mucho tiempo antes. Ver Ciencia Nueva, N° 18, agosto de 1972 “El
Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Justicialista”. Agradezco a Sergio Friedemann la información y consulta de esta revista.
[4] García invitó a varios profesionales de diversas
ramas y confió la secretaría al ingeniero Héctor Abrales.
Junto a Mario Hernández, Lepanto Bianchi, Carlos Abeledo, Julio Villar, Héctor
Recalde, Hugo Di Florio, Enrique Martínez, Ricardo Ferraro, Emilia Ferreiro
(esposa de Rolando García), Horacio y Eduardo Bauer, Alberto González,
Guillermo Gallo Mendoza, Floreal Ferrara, Ricardo
Rubio y Marina Siri, entre otros.
Poco después Jorge Taiana quedó a cargo de la vicepresidencia, por pedido de
Cámpora, aun cuando sus diferencias con García eran constantes. Ver Bonasso (2010:215 y 243), Friedemann
(2017), Pozzoni (2017) y Dip
(2017). “Biografías del peronismo revolucionario: Rolando García” en http://www.robertobaschetti.com/biografia/g/292.html.
[5]La Opinión, 13/3/1973 “Versiones fidedignas” y La
Opinión, 20/3/1973 “El gremialismo y los jóvenes frente al próximo gobierno
justicialista”. A la par del CT, otros grupos de similares características,
pero con diferentes orientaciones político-ideológicas fueron promovidos por
Perón para desarrollar propuestas de gobierno. Tal es el caso del Consejo de Planificación del Movimiento Nacional
Justicialista (CPMNJ) liderado por Leopoldo Frenkel y Roberto
Ares, identificado con sectores de la derecha del Movimiento (Denaday 2018) y el Comando
Tecnológico Peronista de Julián Licastro y José
Luis Fernández Valoni ubicado en el centro del
espectro político del peronismo.
[6] Se encuentran disponibles en el repositorio digital http://www.ruinasdigitales.com
[7]Entrevista
de la autora a Hugo Bacci (2012). Una muestra de las aspiraciones políticas y la proyección de gestión en
el ámbito público por parte del grupo FURN se observa en el Documento Bases para la Nueva Universidad, analizado
por Lanteri-Meschiany (2015) Dip
(2017) y Barletta (2018)
[8]Entrevista de la autora a Gonzalo Chaves (2016) y Nora Peralta (2012).
Nos referimos a que a fines de 1972 se produce la integración de este grupo
importante militantes platenses a la organización Montoneros, en paralelo a su
militancia partidaria a nivel local y provincial, llevando candidatos propios,
y a su activa participación en la organización de la campaña electoral. Esa
doble lógica política que combinaba las formas institucionales y las armadas,
en sus comienzos, era experimentada sin mayores tensiones por los/as
integrantes de este grupo. Así lo recuerda Nora Peralta, fundadora de la FURN y
militante de JP/Montoneros: “las
elecciones no eran el objetivo final porque a través de éstas era muy difícil
poder lograr un cambio revolucionario, pero de todas formas nos metimos en esa
opción, en ese trabajo, porque estratégicamente eran importantes, participar
ahí porque era una buena forma de difusión de nuestra línea política. En ese
momento éramos JP, la fusión con Montoneros vino después a fines del 72. Hubo
acuerdo en integrarnos, como militantes de base sentíamos la necesidad de
cambiar los métodos de lucha porque a través de las elecciones había quedado
claro que era muy difícil lograr el objetivo de la liberación real y la lucha
armada estaba legitimada a nivel mundial con la Revolución Cubana, Argelia. Es
decir, nosotros íbamos por el cambio, era liberación o dependencia, y creíamos
que uniendo ambas cosas íbamos a lograr tomar el poder económico, no solo estar
en el gobierno”.
[9] Entrevista de la autora a Flora Castro, La Plata (2013). Flora a partir
del año ´64 fue coordinadora de la “Campaña mundial de lucha contra el Hambre”, un programa que dependía de
la Iglesia Católica en el que se aplicaba la pedagogía de Paulo Freire y las
ideas de Ezequiel Ander Egg sobre Desarrollo de la
Comunidad y Organización Popular, en barrios de Villa Martelli. Esas
actividades sociales progresivamente se fueron combinando con otras acciones
más políticas y con el despliegue de la lucha armada desde la organización
Descamisados. Así lo menciona: “Esa inserción territorial digamos fue más para la cuestión política de
las elecciones, y para formar cuadros para el gobierno, y también para la
organización armada porque bueno… yo no venía a eso, pero sí venía Norberto,
Ojea Quintana, Soler, ellos hacían todo un trabajo que tenía que ver con la
incorporación de cuadros a la JP, JTP, UES, y cuando se vio que se podían
presentar a elecciones se pensó en la posibilidad de conseguir un candidato que
respondiera a lo que planteaba el peronismo revolucionario”. Como vemos, el trabajo
territorial y la posición “movimientista” sostenida
por Descamisados a favor de las elecciones y de dar la pelea dentro de las
estructuras legales del peronismo contra los sectores burocráticos, se
articulaba en la organización con el planteo más estratégico de guerra integral que apostaba a continuar
con la lucha armada como método efectivo para la toma del poder. Ver “Carta abierta de Montoneros y Descamisados: A los Compañeros de la Juventud en el día de los fusilamientos”, junio
de 1972, disponibles en El Topo Blindado.
Tocho (2020)
[10]La Opinión, 28/4/1973 “Proyectos de los seis equipos técnico-políticos” y La Opinión, 24/4/1973 “Creará la
Juventud Peronista su propio equipo técnico-político”.
[11] Para este autor, el capital
militante implica en su estado incorporado: “un conjunto de técnicas, de disposiciones a actuar,
intervenir, o simplemente obedecer; recubre un conjunto de saberes y de
saber-hacer movilizables durante acciones colectivas, luchas inter o intra-partidarias, pero también exportables, convertibles
en otros universos, y, así, susceptibles de facilitar ciertas ‘reconversiones’” (Poupeau, 2007: 40-41). En este
sentido, podría pensarse en la trayectoria de los/as militantes de la TR que
ocuparon cargos en el Estado como un caso de traslación del capital militante al campo de la gestión
pública. Un ejemplo del uso y aplicación de estas categorías puede verse en el
artículo de Chama y González Canosa (2011) sobre la participación de militantes
de la JUP en la Facultad de Derecho de la UBA en 1973.
[12] Esta
asunción de la condición militante y revolucionaria por encima de su rol
técnico-profesional está presente también en la declaración de los integrantes
del CTMNJ, quienes se describen así mismos como
hombres “que no son, pues, tecnócratas
que intentan elaborar planes para el Movimiento, sino revolucionarios
conscientes que desde el Movimiento abordan, con profundo sentido nacional, los
problemas del país”. Ciencia Nueva, N° 18, agosto
de 1972 “El Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Justicialista”.
Agradezco a Sergio Friedemann la consulta de esta
revista.
[13] FAR y
Montoneros “Apoyar, Defender y Controlar”, Comunicado del 24/05/1973 ante la
asunción de Héctor Cámpora, en Baschetti (1996:49-51). Y FAR y Montoneros “Construir el poder
popular”, El Descamisado, Año 1, Nº 4, 12 de junio de 1973, pp.2-4. En este reportaje Quieto
y Firmenich marcaban la diferencia sustantiva entre “asumir el gobierno” y
“tomar el poder”, dejando en claro que la victoria en las elecciones constituía sólo una etapa dentro de la “guerra
revolucionaria” de más largo alcance. Esta concepción de la lucha armada como
política estratégica, para los dirigentes debía plasmarse también en la
composición del nuevo gobierno, al que además de tener que “defender” de los posibles intentos golpistas, debían también “custodiar y controlar de eventuales
desviaciones” que impidieran “el
cumplimiento de la liberación como etapa de transición hacia la construcción
del socialismo nacional”. Esto concretamente se lograría sólo a través “del reconocimiento (en el nuevo gobierno) de
las estructuras que hagan efectiva la participación de las masas en la
resolución de los conflictos…y por medio de las organizaciones
político-militares”.
[14]Este salto se dio a partir del lanzamiento de
los famosos “Cinco Puntos” que Montoneros adoptó como programa político en la
mayor parte de sus comunicados del año 1972, apoyando el proceso electoral y
levantando la candidatura de “Perón Presidente”. Ver “Comunicado de Montoneros: Al Pueblo de la Nación”, diciembre de 1971; “Comunicado de Montoneros: A los compañeros
trabajadores”, marzo de 1972; “Carta abierta de Montoneros
y Descamisados: A los Compañeros de la
Juventud en el día de los fusilamientos”, junio de 1972, disponibles en el
sitio web El Topo Blindado.
[15] Con esa
denominación “bautizaron” desde las páginas de la revista El Caudillo a los Ministerios bonaerenses encabezados por figuras
de la Tendencia. El Caudillo, Año 2, Nº 8, 4/01/1974. “La Gobernadora y sus muchachos” y
“Terrorismo y sabotaje contra el gobierno de Perón: Gallo Mendoza: un ministro
ignorante” p. 15 y 16. En la primera de estas notas se hace referencia al papel
preponderante que habría desempeñado la esposa de Bidegain, junto con sus
hijas, en el armado del gabinete y la política de “infiltración marxista”
llevada a cabo en la provincia, cuestionando a su vez la “pasividad” del
gobernador frente a estos hechos. Para un análisis de esta
publicación ver Besoky (2010)
[16] Por
cuestiones de extensión en este artículo abordaremos de manera sucinta sólo
tres ministerios, dejando fuera el caso del Ministerio de Gobierno cuya labor
amerita un análisis pormenorizado. Parte de su actividad fue analizada en Tocho
(2018) con motivo del Operativo Dorrego.
[17]Otros
vínculos significativos en esta adscripción, y por la misma época, fueron la
amistad que entabló con los principales referentes del sindicalismo combativo
en los años de la resistencia peronista (Avelino Fernández,
Sebastián Borro y Andrés Framini) a través de su labor de asesoría en el manejo de las obras sociales de
los sindicatos, denunciando tempranamente la corrupción de ciertos dirigentes.
Hacia fines de los ´60, participó de la experiencia de la CGTA y colaboró activamente
en los equipos de trabajo del CTMNJ en el área de salud. Por su parte, y
de forma paralela, fue su cargo como Profesor en la Cátedra de Medicina
Preventiva y Salud Social en la UNLP el espacio específico que lo vinculó con
los jóvenes militantes de FURN-JP/Montoneros y desde allí su nombre fue
sindicado a Bidegain para ocupar el cargo de Ministro de Bienestar Social en la
provincia. Svampa (2010:59 y
ss), Arrúa (2014). La relación entre Ferrara y los
jóvenes de FURN/JP es señalada por varios de nuestros entrevistados. Alejandro Peyrou menciona a Ferrara como parte de los nombres que se
postularon en el famoso organigrama, dada su pertenencia al peronismo
revolucionario y su participación en los equipos técnicos del peronismo. Carlos
Flaskamp, militante de las FAR, destaca que a
principios de los ´70 Ferrara figuraba en una lista de médicos cercanos a las
organizaciones guerrilleras con los cuales se podía contar en casos de
emergencia. Ver Biografías del Peronismo
Revolucionario: Floreal Ferrara http://www.robertobaschetti.com/biografia/.
[18]
Entrevista de la autora a Nora Peralta (2012)
participante de la toma. El Día, 4/6/73, “Fueron ocupadas las instalaciones del
País de los niños en Gonnet”.
Según la crónica del diario, más de 5000 personas participaron de esta toma. Además de la
amplia militancia de base de la JP, participaron también funcionarios
provinciales y dirigentes de la TR, convocados especialmente para concretar la
ocupación del lugar: la Subsecretaria de Seguridad Social, María Esther Méndez
San Martín; Flora Castro, Directora de Promoción y Desarrollo de la Comunidad;
Amalia Ramella, militante del núcleo FURN/Montoneros
y Directora de Servicios Sociales; los diputados provinciales por la JP Carlos Negri y Héctor Moreda, el diputado nacional Carlos Kunkel,
y el delegado de la Regional 1 de la JP Carlos Cafferata, quienes refrendaron
el acta de ocupación. Incluso de la toma participó también la esposa del
gobernador Bidegain, María Antonia Moro. En ese acto, Raúl Piñeyro,
militante del núcleo FURN/Montoneros fue nombrado su Interventor.
[19]
Entrevista de la autora a “Cacho”, M. (2016). Entrevista de la autora a Nora
Peralta (2012), Hugo Bacci (2012) y Babi Molina
(2014). También expresiones de este tipo pueden encontrarse en Jauretche (1997)
y Perdía (1997).
[20]El Día,
4/6/73, “Fueron ocupadas las instalaciones del País de los niños en Gonnet”.
[21]
Entrevista de la autora a Baby Molina (2014). Entrevista de la autora de Hugo Bacci (2012)
[22] Decreto
del PE provincial, nº 32/73. El Día, 2/6/73
“Fueron creadas en la provincia las Juntas Vecinales de Consumidores” En varias notas de
El Descamisado se describen las tareas realizadas por estas Comisiones
de control de precios y comercialización. Ver “Canasta familiar: Defenderse, movilizarse,
no dejarse robar”. El Descamisado, N° 5,
19/6/73, p. 10.
[23]Parte de las medidas
dispuestas por este nuevo órgano de gestión fueron: establecimiento de la
gratuidad de la atención sanitaria y entrega de remedios a los pacientes (en
contraposición a la atención paga y las prestaciones privadas vía mutuales que
solían realizar los médicos en la gestión anterior); supresión de todos los
aranceles en los consultorios externos y en internación; prohibición de que los
médicos perciban en horarios de trabajo otros honorarios que no sean los que
correspondían por su labor en el establecimiento; disolución del Consejo Médico Asesor y
reasignación de sus honorarios para el mejoramiento de la atención a los
pacientes más necesitados; establecimiento de una guardia pediátrica
permanente; eliminación de los intermediarios (alimentos, insumos, placas
radiográficas, etc); uso del comedor gratuito por los
familiares de los pacientes, etc. Este modelo fue replicado en otros hospitales de
la provincia, despertando todo tipo de resistencias y críticas de la
corporación médica aglutinada en FEMEBA (Tocho, 2020)
[24]Ministerio
de Bienestar Social. Subsecretaría de Salud Pública. Dirección de Atención
Medica. Fondo documental Floreal Ferrara,
Archivo de la Biblioteca Nacional. Ya desde los años ´60 y a lo largo de su importante
labor intelectual, Ferrara se destacó por sus ideas y escritos progresistas en
el campo de la medicina comunitaria y por un enfoque multidisciplinar en torno
a la atención de la salud. Tocho (2020)
[25]El Día, 10/06/1973 “Asumió ayer el ministro
de B. Social, Dr. Floreal Ferrara”.
[26]La
Gaceta, 10/6/1973 “Ministro revolucionario para una
obra revolucionaria”. Ver Luis Bruschtein, entrevista
a Floreal Ferrara http://www.pagina12.com.ar/2001/01-03/01-03-05/pag14.htm. Otras
políticas que complementaban estas medidas fueron la garantía por parte del
Estado de la prestación gratuita de la salud a los sectores más desfavorecidos
a través de la creación de un Seguro Social que garantizara una efectiva e
igualitaria cobertura médica, desde la niñez hasta la ancianidad. Esta
iniciativa sería acompañada por la creación de un Seguro Lácteo para todos los
menores de 10 años, en especial para aquellos de las zonas de emergencia
sanitaria, a través de la provisión de leche por el Estado provincial y
nacional. Ver Bustingorry (2015) y Tocho (2020)
[27]La
Opinión, 25/7/1973 “La situación sanitaria en Buenos Aires”. La Nación, 25/7/1973 “Política sanitaria para Buenos
Aires”. Si bien por cuestiones de extensión en este artículo no podemos llevar
a cabo una comparación con las políticas desplegadas por Nación para el área de
Bienestar Social, es importante señalar que ese Ministerio, desde la asunción
de Cámpora, estuvo a cargo de José López Rega, quien
mantuvo una relación muy tensionante con Ferrara
desde el inicio y en particular a partir de los episodios de Ezeiza (Svampa, 2010: 70). Para un análisis pormenorizado de la
política del Ministerio de Bienestar Social entre 1966 y 1976 ver el excelente
trabajo de Osuna (2017).
[28]
Entrevista de la autora a Flora Castro (2013). Entrevista de la autora a Mabel
Maidana (2014). Tal como mencionamos en la cita 9, estas políticas de
participación comunitaria no fueron un elemento absolutamente novedoso, sino
que encontraban sus antecedentes en las políticas de participacionismo
cristiano que la dictadura anterior promovió desde el PEN en el marco del ideario desarrollista
y católico conservador imperante durante los años cincuenta y sesenta. Ver los
trabajos de Giorgi y Malimacci (2012), Giorgi (2014)
y Ramaciotti (2014) al respecto. Agradezco a
Florencia Osuna los comentarios lúcidos sobre estas tramas precedentes de las
prácticas comunitaristas y católicas.
[29] Ya! Es Tiempo
de Pueblo, Nº 10, “Organizados desde cada villa, cada manzana, cada pasillo”, p. 10 y
“Villeros Peronistas. Impulsar las empresas populares”, p. 13. Camelli (2018). En la
conferencia de prensa que se realizó con motivo del lanzamiento de este
programa, el Ministro Ferrara se refería en primer lugar al contenido
participativo y popular de la iniciativa “la
intervención directa de los villeros en el gobierno del pueblo se hará mediante
la formación de esas cooperativas de trabajo, que tienen por finalidad
construir las viviendas que el pueblo reclama en las villas de emergencia, y
asimismo defender el derecho que tiene cada trabajador a levantar su propia
casa. Estas “empresas” estarán integradas, administradas y dirigidas por los
propios villeros. Y el gobierno deberá aportar los elementos necesarios para su
concreción”. El Día, 18/7/1973 “Coparticipación de villeros en un programa
de vivienda”.
[30]Entrevista
de la autora a Flora Castro (2013)
[31]Entrevista
de la autora a Mabel Maidana (2014). Creadas a principios de 1972, las Unidades
Básicas Revolucionarias (UBR) significaron una transformación sustantiva de la
estructura interna de Montoneros con el fin de promover el nexo de la
organización “clandestina” con la estructura de la JP Regionales, potenciando
el trabajo político de sus cuadros con las agrupaciones de superficie, lo que
provocó un vuelco en su crecimiento e incidencia en importantes sectores de la
juventud peronista (Lanusse, 2007).
[32] Gallo Mendoza había trabajado en el Consejo Nacional de Desarrollo
(CONADE) en los años ´60, combinando esa labor con su militancia en las filas
de la Democracia Cristiana, espacio en el que entabló amistad con Norberto Habegger y Flora Castro. Años más tarde, ya en su tránsito
al peronismo de izquierda, participó junto a ellos dos de la experiencia de la
CGT de los Argentinos (CGTA), asesorando a Raimundo Ongaro
en temas de política agropecuaria y vinculándose también con Alejandro Peyrou que militaba en las FAP. En 1971, desde un grupo de
estudio especializado en temas agrarios (el Instituto de Estudios
Sociales-IES), se incorporó al CT de Rolando García, elaborando materiales
sobre políticas públicas para el sector que luego serían retomadas por
diferentes agrupaciones integrantes de las Ligas Agrarias. Al año siguiente
ingresó a Montoneros, y desde allí es nominado para sumarse al gabinete de
Oscar Bidegain. Alejandro Peyrou estuvo a cargo de la
Subsecretaría de Asuntos Agrarios, inició su militancia peronista como
estudiante de la UBA donde se recibió de Licenciado en Economía. Participó
también como ayudante en las denominadas “Cátedras Nacionales” de la carrera de
Sociología en el año 1966, vinculándose paralelamente con la ARP de Cooke.
Desde allí, en 1967 se incorporó a las FAP, y al año siguiente participó como
Secretario Coordinador de los equipos técnicos de la CGTA. Finalmente, luego de
las divergencias con los sectores “alternativistas”
de las FAP, se integró a Montoneros en 1971, siendo uno de los que confeccionó
el organigrama de cuadros político-técnicos para integrar el gobierno de
Cámpora. Al frente de la Dirección de Ganadería estuvo el Médico Veterinario
Hugo Bacci, quien había sido miembro fundador de FURN
e integrado también la JP de La Plata, Berisso y Ensenada. Con él se sumaron a
la labor en el Ministerio otros compañeros de militancia en la UNLP que
ocuparon cargos relevantes: Kenneth Bar Bennett fue nombrado Subdirector de
Ganadería, mientras que Gabriel Belo Soler y Carlos Miguel fueron nombrados
asesores de esta área. Los cuatro se incorporaron a Montoneros luego de la
fusión de JP/FURN con esa organización a fines de 1972. Desde allí,
participaron activamente de la campaña electoral, reuniéndose en varias oportunidades
con Bidegain. Entrevista a Guillermo Gallo Mendoza disponible en http://www.youtube.com/watch?v=NcLwLQFjVGs
20/07/2014. Entrevista a Alejandro Peyrou (2012).
Hugo Bacci también corrobora la postulación de Gallo
Mendoza como Ministro de Asuntos Agrarios por parte de la organización
Montoneros, señalando además que él mismo participó de las reuniones en las que
grupos de JP/Montoneros revisaban los curriculums y
antecedentes de los posibles candidatos y su opción favorable hacia Gallo
Mendoza, dado su perfil más “militante” y no “tecnócrata-desarrollista”.
Entrevista a Hugo Bacci (2012).
[33]Boletín Oficial de la
Provincia de Buenos Aires, La Plata, Decreto 3570/73.
Estas “colonias agrícolas” se desarrollaron en diversos lugares de la
provincia: Pehuajó, Trenque Lauquen, Laguna de los Padres, Guaminí, 25 de Mayo, 9 de Julio, Lavallol, Torquinst, Lincoln, Zonas del Delta, San Pedro, Bahía
Blanca, Mar del Plata y en el Parque Pereyra. Tocho (2015 y 2020)
[34] El Día, 13/08/1973 “Creación de las unidades agrarias de solidaridad social en
la provincia”.
[35]Boletín Oficial de la
Provincia de Buenos Aires, La Plata, Decreto 3572/73. El Día, 20/10/1973 “Concretóse
la creación del Consejo Provincial de Acción Cooperativa” Como resultado de la
aplicación de esta política de recuperación de tierras, según el balance
presentado por Bidegain a seis meses de su gestión, se recuperaron en total más
de 10.000 hectáreas de tierras, gran parte de las cuales se pusieron a
disposición de la población campesina más desprotegida, incentivando
modalidades de producción asociativa y canales de comercialización directos que
evitaban la intermediación y suba de precios. El Día, 14/12/1973 “Mejor que prometer es realizar”. Solicitada
del Gobierno de Bidegain.
[36] El Día, 01/04/1973 “Preocupa a sectores
rurales un supuesto plan de reforma agraria”. Entrevista a Guillermo Gallo
Mendoza disponible en http://www.youtube.com/watch?v=NcLwLQFjVGs
20/07/2014. Los ejes
de la política agraria provincial seguían a grandes rasgos los lineamientos
trazados por la política agropecuaria nacional bajo la dirección del Ingeniero
Agrónomo Horacio Giberti, a cargo de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería de la Nación. Precisamente, una de las principales
medidas orientadas por esta Secretaría fue la sanción de la Ley de Impuesto a
la Renta Normal Potencial de la Tierra (Nº 20.538),
que gravaba a todas las tierras libres de mejoras o aquellas que produjesen a
una rentabilidad menor a la estipulada por el gobierno, con el fin de terminar
con la ociosidad productiva y lograr niveles de explotación eficientes,
desalentando así las tenencias improductivas y combatiendo la especulación.
Dicha Ley, en la práctica, jamás pudo ser aplicada por la enorme resistencia
que opusieron las entidades agropecuarias de alcance nacional (Sociedad Rural
Argentina, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) y
provincial (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
-CARBAP), y el desacuerdo por parte de sectores internos del peronismo
identificados con aquéllas. Otra política fundamental de esta Secretaría que
acompañaba la sanción de la ley del IRNP, fue el proyecto de Ley Agraria, que
también fue duramente resistido y nunca llegó a tratarse en el Congreso. Ver Lattuada (1986) Markler (2005) Rougier y Fiszbein
(2006) y Lázzaro (2013).
[37]Una copia del Proyecto original de Ley Agraria tal cual fue presentado en
el año 1973 se encuentra disponible en Gallo Mendoza (2010:146 y ss)
[38]Ligas
Agrarias del Noreste Argentino, las Ligas Agrarias Bonaerenses, las Ligas
Agrarias Entrerrianas, el Movimiento Rural de La Rioja, los Sindicatos Rurales,
Las Ligas Tamberas de Córdoba y los nucleamientos de pequeños productores de
cuencas lecheras, de cultivos intensivos y miembros de las Juventudes Agrarias
[39]El Descamisado, N° 16, 4/09/1973 “Lincoln: La tierra debe ser de
los que la trabajan”. Ya! Es Tiempo de Pueblo, N° 10, 30/08/1973 “El interior contra la oligarquía”. El Día, 28/08/1973, “Varios temas
analizó en la ciudad de Lincoln el parlamento agrario”. Para el fenómeno de las
Ligas Agrarias ver Militancia Peronista,
Año 1, nº 17 4/10/73 “Chaco: ¿qué son las ligas
agrarias”, también Anzorena (1998:176). Si bien las Ligas no tenían
representación político partidaria formal, sus principales delegados se
referenciaban en el espacio de la TR, y en oposición a la Federación Agraria. Ya! Es tiempo de Pueblo, N°7, “El despertar
de los campesinos”. El Parlamento deliberó en Lincoln, bajo la presencia del
Ministro Gallo Mendoza y su gabinete, junto a la asistencia de legisladores
nacionales y provinciales de la TR que fueron especialmente invitados.
[40]Ya! Es Tiempo de Pueblo, N° 10, 30/08/1973 “El interior contra la oligarquía”. En
relación con el régimen de tenencia de tierras, el documento consideraba: “Que el derecho a la tierra es un derecho
natural e inalienable del pueblo, que las tierras agrarias deben ser para quienes
la trabajan, que el actual régimen concentrado de tenencia de la tierra es el
responsable del estancamiento de la sociedad argentina, y, a la par, causa
principal del despoblamiento y empobrecimiento del interior del país, que el problema argentino debe ser enfocado
teniendo en cuenta las experiencias positivas de otras reformas agrarias
realizadas en América Latina (…) Todo lo expuesto demuestra que es necesario
realizar en el país una verdadera justicia agraria. Concretamente, creemos que
no son suficientes las leyes que tiendan a incrementar la productividad de la
tierra y el trabajo solamente. Exigimos que se instrumente en el país una
legislación que cambie la estructura agraria mediante la sustitución del
régimen de latifundio y minifundio, por un sistema justo y eficiente de
propiedad, tenencia, uso y explotación de la tierra, fundado en la equitativa
distribución de la riqueza. (…) Como pautas orientadoras de la política de
reforma agraria sostenemos las siguientes: Expropiación de todas las tierras de
capitales extranjeros; expropiación de todas las tierras de capitales mixtos,
ya que bajo esta forma se enajenaron vastas superficies de los mejores suelos
del país”. Gallo Mendoza (2010:282).
[41]Luego del Parlamento Agrario, en varias solicitadas públicas CARBAP y la
SRA pidieron la renuncia del Ministro y su equipo. Por
su parte, las críticas también provenían desde la Federación Agraria, en tanto
el movimiento de las Ligas y la experiencia del Parlamento de Lincoln le
disputaron a dicha entidad la representatividad directa de los pequeños
productores dentro del campo bonaerense (Entrevista a Hugo Bacci,
2012; Entrevista a Alejandro Peyrou, 2012 y
Entrevista a Guillermo Gallo Mendoza disponible en http://www.youtube.com/watch?v=NcLwLQFjVGs
20/07/2014). A nivel nacional, la oposición directa de estas entidades
gremiales se manifestó también en el bloqueo del proyecto de Ley Agraria
presentado por la Secretaría de Agricultura de Giberti,
el cual nunca pudo ser sancionado. La
Nación, 15/10/1973 “Analiza CARBAP la situación del Agro”, 18/10/1973
“Reunión de CARBAP”, y 19/10/1973 “Estabilidad para el agro pide CARBAP”. En
estas notas se recogen las principales declaraciones que los representantes de
CARBAP realizaron en el congreso anual de la entidad realizado en el mes de
octubre. La crítica mordaz a la política agropecuaria llevada a cabo en Buenos
Aires puede observarse en sus discursos, los cuales caracterizaban las medidas
de Gallo Mendoza como “un ataque al agro
que pareciera que apunta a la postración del campo…y a la destrucción de todo
un sistema de vida”, lo que obligaba
a este sector a emprender “una larga y
dura batalla para defender no sólo la producción agropecuaria, sino también los
principios fundamentales que hacen a la esencia misma de la nacionalidad
argentina”.
[42]El Día, 18/10/1973 “Varias iniciativas agropecuarias consideró el gabinete
bonaerense”. La falta de tratamiento en la Legislatura de todos estos
proyectos, respondía a la debilidad que los representantes de la TR tenían en
el parlamento provincial, en donde la correlación de fuerzas dentro del
movimiento peronista nunca fue mayoritaria para este sector, menos aún luego de
la salida de Cámpora en el mes de julio (Ferrari-Pozzoni,
2008).
[43] Entrevista de la autora a Marina Siri, San Miguel (2017). El Día, 1/6/1973 “Nombran Ministro de
Obras Públicas en la Provincia al Ing. Alberto A. González” y El Día, 2/6/73 “Prestó juramento el
titular del Ministerio de Obras Públicas, Ingeniero Alberto A. González”. Junto a él, otros compañeros de militancia en
el CT y en Montoneros fueron designados en las principales secretarías del MOP:
en la Subsecretaría de Obras Públicas estuvo el Ingeniero Pablo Escolar, mano
derecha de González y principal responsable político de Montoneros en el
Ministerio. El Arquitecto Eduardo Casado fue nombrado en la Subsecretaría de
Urbanismo y Vivienda, mientras que Jorge Raúl Blanco en la de Programación.
Osvaldo Hugo Di Florio estuvo en la Secretaría General, Silvio Peist en la Dirección de Vialidad y Hugo Roberto Scordato ocupó la Dirección de Investigaciones
Tecnológicas. Alejandro Belardone fue nombrado
Subdirector de Administración, mientras que José Tamarit y Ricardo Rubio
estuvieron al frente de la Dirección de Relaciones Públicas y Prensa, junto a
Carlos Collarini en Información y Personal (Tocho,
2020)
[44] CPM – FONDO DIPPBA, División
Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa de
Referencia, legajo N 15979. Tomo 7.
[45]El Día, 14/6/1973 “Designóse
interventor interino en DEBA”. Vale la pena citar algunos tramos de las
declaraciones que presentaron los trabajadores y militantes de la TR con motivo
de esta acción, la que ubicaban como parte de una política revolucionaria situada desde su labor cotidiana en el
Ministerio: “Nosotros queremos una
política revolucionaria; nadie pretende objetivos ambiciosos pero
inalcanzables; tampoco queremos plantear objetivos mínimos ya que eso sería una
política oportunista y meramente reformista. La política que consideramos
revolucionaria es la que tiende a crear el hombre nuevo, consciente de que el
poder también debe pasar por sus manos y ser capaz de asumir esa
responsabilidad. ¿Cuáles son entonces los pasos, métodos, técnicas y tareas que
nos permitirán avanzar a fin de lograr la participación de todos los
trabajadores en el proceso de liberación?: obtener la ruptura de la burocracia
establecida mediante la consulta permanente con todos los sectores de trabajo y
a todo nivel, a fin de elaborar juntos una política energética bajo los
principios revolución en esta etapa”. Esta medida que fue resistida por el sindicalismo ortodoxo, reflejó en
ese momento el “triunfo” en la correlación de fuerzas que la TR obtuvo al
inicio del gobierno provincial, situación que se verá debilitada en muy pocos
meses. El Día, 19/6/1973. “Quehacer
sindical. La ocupación de DEBA ha motivado declaraciones”
[46] CPM – FONDO DIPPBA, División
Central de Documentación, Registro y Archivo Mesa
“B”, Carpeta 4, Legajo N 27, folio 85, 89-90.
[47] El Día, 5/10/1973 “Ya funciona el Comité de Gestión Inmediata en el ente
Vial”.
[48] Entrevista de la autora a Ricardo Rubio, San Miguel (2017)
[49]
Entrevista de la autora a Flora Castro (2012), Hugo Bacci
(2012), Mabel Maidana (2014), Marina Siri (2016) y Ricardo Rubio (2016)