“Los
desaparecidos empiezan a hablar”: una aproximación histórica a la producción
testimonial de los sobrevivientes de la dictadura argentina desde el exilio
(1976-1983)
‘Disappeared begin to speak’: a historical approach to Argentine
dictatorship survivors’ testimonies in exile (1976-1983)
Rodrigo González Tizón
Instituto
de Altos Estudios Sociales;
Universidad
Nacional de San Martín;
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Agentina)
rgtizon@gmail.com
Resumen
Este artículo plantea un abordaje histórico de la producción
testimonial que realizaron desde el exilio los sobrevivientes de los centros
clandestinos de detención (CCD) de la última dictadura argentina. En este
marco, se reconstruyen los principales ámbitos de circulación pública de sus
relatos sobre el cautiverio y se ofrece un análisis de su evolución a lo largo
del período 1976-1983. El trabajo se propone no sólo recuperar su aporte
específico a la lucha contra el régimen militar, sino también tensionar la
construcción de sentidos que postula el silenciamiento público de los
sobrevivientes a causa de las acusaciones de “traición”. Finalmente, se
exploran las modulaciones específicas que asumieron, en la producción
testimonial de los sobrevivientes, una serie de fenómenos que atravesaron al
movimiento antidictatorial exilar en su conjunto: la elaboración de saberes
tempranos sobre el dispositivo represivo clandestino para su difusión en el
extranjero, la relación entre las lógicas políticas revolucionaria y
humanitaria en el ejercicio de la denuncia, la naturaleza transnacional de las
redes de activismo antidictatorial y la construcción de diferentes categorías
de víctimas de la violencia represiva.
Palabras Clave
Sobrevivientes de centros clandestinos; testimonio; exilio; denuncia;
dictadura.
Abstract
This article proposes
a historical approach to the testimonies produced in exile by the Survivors of
clandestine concentration camps during Argentina’s last dictatorship. In this
context, the text analyses their main spheres of public circulation and its
historical evolution throughout 1976-1983. The article aims not only to recover
their contribution to the struggle against military regimen but also to
challenge the common sense of survivors’ public silencing due to accusations of
‘betrayal’. Finally, this whole assembly allows to explore how a series of
phenomena characteristic of anti-dictatorship exile activism materialize in
survivors’ testimonies: the early production of knowledge about the clandestine
repression, the relationship between revolutionary and human rights political
cultures, the transnational nature of the exile activism networks and the
construction of repression categories of victims.
Keywords
Survivors; testimonies;
exile; denounce; dictatorship.
Introducción
En marzo de 1977, la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU)
publicó en Madrid el informe Argentina:
Proceso al Genocidio[1]. El
documento denunciaba las acciones represivas que se desarrollaban en el país
desde 1975 y, especialmente, a partir de marzo de 1976. Las enmarcaba en una “campaña
oficial de persecución política e ideológica” que había asumido la forma de un “Terrorismo de Estado”[2].
En el mismo momento en que se publicaba este escrito, Amnistía Internacional
(AI) presentaba en Londres el informe con los resultados de la misión enviada a
la Argentina en noviembre de 1976[3]. Allí se afirmaba que el accionar de la
Junta Militar “a fin de restaurar la seguridad (…) ha creado una atmósfera de
terror”[4]. A pesar de sus diagnósticos divergentes
sobre la represión, ambos documentos acordaban en que en la Argentina de la
época se violaban los derechos humanos. Su circulación por distintos países de
América y Europa contribuyó al conocimiento internacional de los crímenes
dictatoriales.
La principal
evidencia sobre la que reposaban las acusaciones de Argentina: Proceso al
Genocidio y del informe de AI eran los testimonios de un conjunto de
personas que habían salido con vida de los denominados centros clandestinos de
detención (CCD). Frente a los
intentos de la Junta Militar de negar las violaciones a los derechos humanos en
la Argentina, las voces de los sobrevivientes describieron de manera precisa y en
detalle los secuestros, las torturas y las condiciones de cautiverio en los
espacios de reclusión ilegal dictatoriales. Sus relatos, al exponer el horror
en primera persona, respaldaron las denuncias de organismos de derechos humanos
y familiares de los desaparecidos (Franco, 2008), contribuyendo a la condena
internacional del régimen.
Los informes de la CADHU y de AI iluminan una faceta poco
explorada del activismo antidictatorial en el exilio: la participación de los
sobrevivientes de los CCD en las redes de denuncia transnacionales a través de
la elaboración de relatos sobre el cautiverio. Esta producción testimonial más
allá de las fronteras argentinas se desarrolló con intensidad variable a lo
largo de toda la dictadura. Para muchos sobrevivientes, el exilio se constituyó
como “un tiempo-espacio
de posibilidad para la elaboración y la presentación pública de sus denuncias”
(Tello, 2015: 97). Fruto de la
intensa represión estatal y de la amplitud y heterogeneidad que revistió la
diáspora argentina, esa producción se estructuró en torno a diversos “circuitos
testimoniales” con base en las distintas entidades que acogieron y dieron a
conocer la palabra de los sobrevivientes (González Tizón, 2016). Estos ámbitos
de elaboración, recepción y difusión de testimonios
asumieron rasgos específicos, pero también evidenciaron múltiples intersecciones.
El protagonismo que asumieron los sobrevivientes como testigos de los
crímenes dictatoriales durante la transición democrática dejó en un segundo
plano su producción testimonial previa. Como consecuencia, durante mucho tiempo
su participación en las iniciativas de denuncia del exilio no constituyó un
objeto de interés en sí mismo. Sólo fue abordada de manera secundaria en el
marco de trabajos académicos que estudiaron las acciones desplegadas por
organizaciones e individuos fuera de la Argentina (Crenzel,
2008; Franco, 2008; Jensen, 2010; Yankelevich, 2010), de investigaciones
periodísticas sobre organismos internacionales (Gutman, 2015) o de escritos de
referentes de los derechos humanos (Fernández Meijide,
2009; Rocha, 2018). Recientemente, algunos investigadores pusieron el foco en
lo ocurrido con los sobrevivientes durante la dictadura a través de estudios de
caso. Estos trabajos sacaron a la luz su agencia política más allá de la figura
del testigo (González Tizón, 2018; Ayala, 2019), su inserción en las redes de
denuncia humanitaria internacionales (Rama, 2019) y su aporte al conocimiento
temprano de la represión (Tello, 2015; González Tizón, 2016; Tolentino, en
prensa). Claves para reconstruir trayectorias de actores o coyunturas particulares,
estas investigaciones no se aproximaron a los sobrevivientes y sus relatos
desde una óptica general.
Este artículo plantea un abordaje de conjunto de la producción
testimonial de los sobrevivientes desde el exilio que, al tiempo que recupere su
aporte específico a la lucha contra el régimen militar, ofrezca también un
análisis de su evolución histórica. En esta línea, se propone la existencia de
tres etapas en esa producción de relatos, cuyo trasfondo común fue la denuncia
del cautiverio clandestino. Durante la primera, extendida entre el golpe de
Estado y marzo de 1977, los testimonios de los sobrevivientes, todavía
esporádicos, aportaron las coordenadas básicas para dar a conocer en el
extranjero la especificidad de la represión en la Argentina. La segunda, transcurrida
entre el primer aniversario de la dictadura y la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue el momento de conformación de
los principales circuitos testimoniales en el exilio, cuya impronta política abarcó
todo el ancho del espectro ideológico. A partir de 1979, y hasta el retorno de
la democracia, el pico de difusión pública de la palabra de los sobrevivientes
coexistió con la consolidación de nuevos formatos para la denuncia y con las
tensiones generadas en torno al contenido de los testimonios.
El análisis propuesto, además, tensiona una construcción de sentidos
nodal en la conformación de un campo estudios en torno a los sobrevivientes,
retomada en mayor o menor medida por diversas investigaciones: su
silenciamiento público a causa de las acusaciones de “traición” que pesaron
sobre sus espaldas luego de su salida de los CCD (Longoni,
2007). Si bien no contradice la existencia de estos señalamientos, la extensa
producción testimonial de los sobrevivientes durante el período dictatorial da
cuenta también de un “espacio de escucha” abierto a su palabra en el marco del
activismo antidictatorial exilar[5]. Un
recorrido histórico por esa producción de relatos, en consecuencia, permite
abordar el silenciamiento público de los sobrevivientes no ya como un fenómeno
generalizado sino como uno que arraigó en determinados actores y coyunturas
específicos.
Finalmente, una aproximación como la que se plantea en este artículo
ilumina las modulaciones específicas que asumieron, en la producción
testimonial de los sobrevivientes, una serie de fenómenos que atravesaron al
movimiento antidictatorial exilar en su conjunto. Entre otros, permite explorar
la elaboración de saberes tempranos sobre el dispositivo represivo clandestino
con miras a su visibilización en el extranjero, la
relación entre las lógicas políticas revolucionaria y humanitaria en el
ejercicio de la denuncia, la naturaleza transnacional de las redes de activismo
antidictatorial y la construcción de diferentes categorías de víctimas de la
violencia represiva.
El trabajo con los relatos producidos por los sobrevivientes en el
exilio plantea algunas dificultades debido fundamentalmente a la clandestinidad
y urgencia que rodeó su elaboración y, también, a su gran dispersión geográfica.
Dados estos obstáculos, la reconstrucción de los contextos de producción y
circulación de la palabra de los sobrevivientes partió del entrecruzamiento de
fuentes diversas, entre las que se incluyen testimonios editados, publicaciones
de organismos internacionales y del exilio, artículos de prensa y entrevistas
con protagonistas del fenómeno analizado.
Noticias tempranas del cautiverio: los primeros testimonios en el exilio
y la construcción de saberes sobre la represión clandestina
Durante el primer año de dictadura, la urgencia por salvar a los
desaparecidos constituyó el motor de la denuncia en el plano internacional.
Para eso, se percibía como condición necesaria lograr la condena de la Junta
Militar en el extranjero. Esta tarea no era sencilla. La espiral de violencia
del tercer gobierno peronista había contribuido a que el golpe de Estado de
1976 fuera percibido por muchos actores, dentro y fuera del país, como una
iniciativa tendiente a “ordenar” el caos político interno (Franco, 2012). Una
impresión que se veía apuntalada por el aura de “moderación” instalada en torno
a la figura del presidente de facto Jorge Rafael Videla, en
contraposición a un supuesto “sector pinochetista” de las Fuerzas Armadas
(Jensen, 2010). El logro de la solidaridad se dificultaba, además, en
sociedades que, como las europeas occidentales, identificaban la práctica
armada con el terrorismo (Franco, 2008). Finalmente, la naturaleza clandestina
del grueso de la actividad represiva dificultaba probar la responsabilidad
estatal en los crímenes, cuya autoría era sistemáticamente negada por el
gobierno de facto. Por consiguiente, la prioridad de los denunciantes
era persuadir a sus interlocutores extranjeros de la gravedad de la situación
argentina y de la responsabilidad estatal en los secuestros, torturas y
asesinatos.
Los testimonios de los sobrevivientes irrumpieron en el espacio público
exilar en el marco de este activismo antidictatorial. Inicialmente, su
circulación fue cuantitativamente reducida. Si bien resulta imposible dar una
cifra definitiva por las dificultades que supone esa reconstrucción, un rastreo
por numerosas y heterogéneas fuentes del exilio permitió contabilizar alrededor
de una decena de relatos, la mayoría de los cuales fueron publicados en
diciembre de 1976. En términos espaciales, su circulación temprana abarcó al
menos cuatro países: Inglaterra, México, Estados Unidos y Francia. A ellos
habría que sumarles la ciudad de Ginebra, donde tenían su sede la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales que
tempranamente se convirtieron en puntos de recepción prioritarios de los
relatos[6].
Piezas fundamentales de la campaña de denuncia en el extranjero, las
organizaciones internacionales de derechos humanos constituyeron un primer polo
de difusión de la palabra de los sobrevivientes. Dentro de este conjunto, AI
desempeñó un rol pionero. El 16 de agosto de 1976, el organismo publicó en
Londres Testimonies on persons, torture and detention in
Argentina, donde incluyó el relato anónimo de una
mujer que había salido con vida de un espacio de cautiverio clandestino. El
documento constituyó, hasta donde fue posible reconstruir, la incursión más temprana de la palabra de los
sobrevivientes en el espacio público internacional[7].
Dentro del terreno gubernamental, la Cámara de Representantes de Estados
Unidos se mostró tempranamente receptiva a los testimonios del cautiverio
clandestino. Esta actitud se enmarcaba en el giro más amplio de la política
norteamericana que se inició durante la campaña presidencial del demócrata
Jimmy Carter. A partir de entonces, y todavía más luego de su victoria en los
comicios, los derechos humanos ganaron un espacio considerable en la agenda
pública local. En el contexto de este nuevo clima político, la iniciativa de políticos
como el senador demócrata Donald Fraser y el lobby de grupos
comprometidos con la denuncia de los crímenes de la dictadura como el Olga
Talamante Defense Committee (OTDC) permitieron llevar
la discusión sobre la represión dictatorial a la Cámara de Representantes. Se
realizaron audiencias (hearings) para determinar
la situación de los derechos humanos en la Argentina y, en función de eso,
definir la actitud del Ejecutivo norteamericano en relación a las ayudas
militares a la dictadura y a un posible programa de refugiados. Allí
testimonió, el 28 de septiembre de 1976, el sacerdote norteamericano James Weeks, secuestrado en la provincia de Córdoba junto a cinco
seminaristas de su orden[8].
Una tercera correa de transmisión de los testimonios de los sobrevivientes
fueron las organizaciones de exiliados. En esta etapa inicial, la difusión de
los testimonios fue encarada por entidades surgidas en dos destinos donde el
activismo antidictatorial ganó peso tempranamente: México (Yankelevich, 2010) y
Francia (Franco, 2008). El 12 de noviembre de 1976, el Comité de Solidaridad
del Pueblo Argentino (COSPA), organismo vinculado a la militancia montonera en
el primero de esos países, difundió una denuncia sobre los crímenes de la Junta
Militar que tenía como base los relatos de presos políticos y sobrevivientes de
CCD[9]. En
Francia, la difusión de los testimonios estuvo a cargo del Comité
Argentin d’Information et Solidarité (CAIS), entidad declaradamente
apartidaria pero donde confluían militantes del PRT-ERP, Montoneros y de otros
grupos trostskistas (Franco, 2008). En diciembre de
1976, el organismo publicó dos documentos en los que se recuperaban las voces
de sobrevivientes de distintos espacios de reclusión clandestina[10].
La novedad que planteaba la desaparición forzada de personas se tradujo,
en esta etapa temprana, en una falta de categorías específicas para dar cuenta
de la sobrevida a los CCD. Ante este vacío, la prisión política, que constituía
una práctica represiva conocida y sobre la que existía una experiencia de
denuncia acumulada, aportó los soportes y marcos de referencia para hacer
pública la experiencia del cautiverio clandestino. En el caso de AI, la acción
del organismo, desde sus comienzos en la década de 1960, se había focalizado en las gestiones humanitarias para la
defensa de los llamados “presos de conciencia”[11].
Como parte de este esfuerzo, había denunciado las condiciones de detención y
las torturas en las prisiones políticas de diversos países del mundo. Por lo
tanto, la difusión de testimonios de personas detenidas en distintos penales de
la Argentina no desentonaba con la línea histórica de la entidad. Lo novedoso
de Testimonies... era la inclusión de un relato referido a la experiencia del cautiverio
clandestino.
Esta presentación conjunta e indiferenciada de los testimonios de presos
políticos y sobrevivientes fue una constante a lo largo del primer año de
dictadura. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en los documentos publicados por el
CAIS en Francia. El primero de ellos, Prisons
Argentines, planteaba una situación análoga a la
del escrito de AI: si bien, como indicaba su título, el foco estaba puesto en
la situación de las personas detenidas en los penales legales, entre los
testimonios de los presos políticos se colaban, sin solución de continuidad,
los de los sobrevivientes de los CCD[12].
El otro documento, Repression et torture,
constituía una recopilación de relatos. Esta apuesta por la palabra “desnuda”
de la víctima, cuya potencia fue descubierta tempranamente por los argentinos
exiliados en suelo francés (Franco, 2008), recurría una vez más a la exposición
conjunta de los testimonios de ambas experiencias de reclusión[13].
La
dificultad para pensar la experiencia de la sobrevida a los CCD por fuera de
los marcos de la prisión política se expresó también en los modos de
denominación de los sobrevivientes. En la denuncia difundida por el COSPA a
través de la prensa mexicana en noviembre de 1976, quienes habían salido con vida de los espacios de cautiverio
clandestino eran nombrados indistintamente como “ex presos”, “personas que
fueron secuestradas y torturadas [y] testimonian la vigencia del terror” o “detenidos
que luego fueron libertados”[14]. En el caso del CAIS, se
utilizaba un término procedente del campo léxico revolucionario: se hablaba del
“camarada” que había logrado fugar del lugar de detención[15].
Tampoco los sobrevivientes ensayaban una identificación basada en la
especificidad de la experiencia vivida: la mujer que había prestado su relato a
AI se presentaba a sí misma como “la esposa de un exiliado político”[16]. Otros testimoniantes
simplemente se daban a conocer a través de datos biográficos básicos como su
nombre, nacionalidad, edad u ocupación[17].
En la ruptura con esa indistinción inicial jugó un rol central la
analogía que los denunciantes del exilio trazaron entre la represión
dictatorial y la masacre nazi. “Se ha llegado al genocidio”, afirmaba el COSPA
al difundir el informe de la LADH[18].
Mencionaba, además, la existencia de numerosos “campos de concentración” a lo
largo del territorio argentino. La misma noción se utilizaba en uno de los
documentos del CAIS donde, además, se hacía una mención explícita al
“exterminio” de las personas secuestradas: “centenas de entre ellas son
retiradas de los campos de concentración para ser fusiladas”[19]. En un
contexto de revisibilización del Holocausto y de
fuerte presencia de la palabra de las víctimas en el espacio público occidental
(Wieviorka, 1998; Alonso, 2013), la analogía con la
matanza nazi tenía un sentido estratégico para los denunciantes: les permitía
“traducir” los crímenes dictatoriales a términos comprensibles para sus
interlocutores extranjeros (González Tizón, 2016; Jensen, 2019).
En cuanto a su extensión y estructura, los testimonios que inicialmente
vieron la luz en el exilio eran por lo general narraciones breves y ceñidas a
la descripción fáctica del hecho represivo. El detalle de las torturas y del
sufrimiento experimentado ocupó un lugar central en esos relatos tempranos:
“Cuando pensé que iban a empezar [la tortura con picana], me arrastraron de los
pelos y me tiraron en un baño; pusieron mi cabeza en el agua hasta que empecé a
ahogarme”, señalaba la testimoniante ante AI[20]. A la descripción
de las torturas y sufrimientos propios se sumaba, también, la de los otros
cautivos: “golpearon y llevaron a la mujer de [X] y nosotros escuchamos sus
gritos junto a los de [X]”[21]. Esta
descripción de los tormentos cumplía con la doble función de reforzar la
autoridad testimonial de los sobrevivientes y exponer la atrocidad de los
crímenes.
A pesar de no tener un formato claramente identificable o marcas
gráficas que organizaran el texto, los relatos contenían un primer esfuerzo de
ordenamiento de la experiencia –de por sí caótica y desestructurante
(Calveiro, 1998; Tello, 2015)– del cautiverio clandestino.
En esta etapa temprana de la producción testimonial de los sobrevivientes, el
criterio predominante fue el cronológico: con algunas pocas excepciones, los
sobrevivientes organizaron la narración de su vivencia en base a la secuencia
“secuestro-arribo al lugar de detención-cautiverio-liberación/fuga”.
La fisonomía y el largo de los relatos iban en consonancia con el perfil
de los sobrevivientes que testimoniaron durante los primeros tiempos de la
denuncia. En su mayoría, habían atravesado un período de cautiverio breve antes
de ser liberados o de escapar aprovechando un descuido de sus captores. Su
conocimiento del dispositivo represivo, por consiguiente, era más bien acotado.
A eso se sumaba la urgencia por hacer públicos los crímenes de la dictadura con
la esperanza de salvar así todas las vidas posibles, lo que acortaba los
tiempos de producción. Finalmente, no pocos de los testimonios que circularon
en el exilio durante esa primera etapa se habían elaborado en la Argentina en
plena la clandestinidad, con la precariedad y los peligros que ello traía
aparejado.
Alineados con el objetivo de lograr la condena internacional de la
dictadura, los testimonios de los sobrevivientes aportaron numerosas evidencias
de la responsabilidad de la Junta Militar en las desapariciones. Un primer
indicio de ello emergía en las descripciones de los operativos de secuestro. En
su alocución ante la Cámara de Representantes, por ejemplo, Weeks
señalaba que de su captura habían participado personas que, a pesar de estar
vestidas de civil, “afirmaban ser policías”[22].
De manera similar, la autora del testimonio anónimo de Testimonies…
sostenía que en el operativo que terminó en su secuestro habían participado
unos “veinte civiles armados, que dijeron pertenecer al Ejército”[23].
Estos indicios de la responsabilidad estatal en la represión se veían
reforzados por la descripción que se hacía de los lugares de cautiverio,
identificados como dependencias policiales y militares. “Torturas y asesinatos
en Campo de Mayo” era el título con el que el CAIS introducía el relato de Julio Visuara, militante montonero secuestrado en esa guarnición
militar, de la que había logrado fugar[24].
El testimonio de AI, por su parte, corría el foco del Ejército a la Armada al
mencionar a la ESMA como un espacio de reclusión clandestina[25].
Finalmente, el sacerdote irlandés Patrick
Rice, exiliado en Londres, relató haber permanecido secuestrado en la
“comisaría 36” del barrio porteño de Villa Soldati[26].
Testimonios como los mencionados dejaban expuesta la participación directa de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la represión clandestina.
Los relatos
de esta primera etapa sacaron a la luz, además, los vasos comunicantes fluidos
que existían entre los CCD y las prisiones legales. Estas conexiones quedaban
en evidencia, por ejemplo, en el testimonio de María del Socorro Alonso,
integrante de la comisión de solidaridad de presos del PRT[27].
Incluido en la selección de testimonios del CASI, su relato recorría su
cautiverio clandestino en una comisaría y, luego, en la Superintendencia de
Seguridad Federal –también conocida como “Coordinación Federal”–, hasta su
legalización y detención en el penal de Devoto. En el mismo sentido iba el
testimonio de Rice, quien luego de estar secuestrado sin reconocimiento en la
comisaría 36va había sido llevado a la “Estación Central de Policía”, donde
había sido legalizada su detención[28].
Pocos días después fue trasladado al penal de Devoto y, finalmente, a La Plata,
hasta su expulsión del país. Estas trayectorias refutaban la idea de que existía
una distinción tajante entre el entramado represivo legal y el clandestino, el
primero a cargo del Estado y el otro más allá de su control, mostrando su
naturaleza imbricada.
El año
1977 llegó en un contexto donde la actividad represiva se mantenía en niveles
similares a los de 1976. Este sostenimiento de la intensidad de los secuestros
y las desapariciones, combinado con las dificultades para manifestarse dentro
del país, reforzó el rol del activismo exilar. Dentro de este marco, los testimonios
del cautiverio clandestino aumentaron su presencia en el espacio público
extranjero. Su difusión correría a cargo de diversas entidades que, a pesar de
sus diferentes concepciones políticas, coincidieron en la conveniencia de
visibilizar las voces de los sobrevivientes. El punto de partida para esta
nueva etapa en su producción testimonial sería la publicación de los dos
primeros informes exhaustivos sobre la represión en la Argentina, coincidente con
el primer aniversario del golpe de Estado.
Derechos
humanos y/o revolución: la conformación de los circuitos testimoniales en el
exilio
El derrotero que llevó a la publicación de Argentina: Proceso al
genocidio estuvo marcado por la ferocidad de la represión dictatorial y por
las redes de solidaridad del exilio. La CADHU había surgido en la Argentina a
partir de la confluencia de fuerzas políticas de distinto signo político como
respuesta a los crecientes secuestros, atentados y asesinatos que tuvieron
lugar durante final del gobierno peronista, aunque su fundación formal tuvo
lugar luego del golpe de Estado de marzo de 1976[29].
El interés de crear un organismo para la denuncia de la represión nació entre
un conjunto de abogados con experiencia en la defensa de presos políticos
durante las dictaduras previas (Rot, 2015). Entre sus
fundadores se encontraban los militantes del Partido Revolucionario de los
Obreros Argentinos (PROA) Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Haroldo Logiurato Carlos
María Duhalde, Ignacio Ikonicoff y Marcelo Duhalde,
entre otros, a quienes se sumaron los abogados cordobeses Gustavo Roca y Lucio
Garzón Maceda[30]. Este
núcleo inicial se nutrió, además, con nombres procedentes del universo de las
organizaciones armadas, tales como Rodolfo Mattarollo,
Manuel Gaggero, Martín Federico, Lidia Massaferro o Pablo Ramos, entre otros[31].
Los acuerdos del grupo del PROA con Montoneros y el PRT-ERP (Franco, 2008; Carnovale, 2011) permitieron a la CADHU obtener de manera
temprana y veloz información detallada sobre la represión clandestina en la
Argentina que, luego, el organismo volcaba en sus documentos de denuncia[32]. A su
vez, esta confluencia de trayectorias y líneas políticas marcó la impronta de las
intervenciones públicas de la CADHU, en las que la confluencia entre la
discursividad revolucionaria y el lenguaje de los derechos humanos alcanzó su
máxima expresión (Copello, 2019).
Desde sus comienzos, la CADHU otorgó un lugar privilegiado a la denuncia
en el plano extranjero. Su estrategia consistía en presentar la represión en la
Argentina “en términos violatorios del marco jurídico
internacional” (Jensen, 2014: 5)[33]. Esta orientación se profundizó debido a los duros golpes que recibió el
organismo durante el primer año de dictadura. Como consecuencia del secuestro
de la mayoría de sus integrantes en el país, la representación exterior de la
CADHU transmutó de facto en su Consejo Directivo. Madrid se constituyó
en la sede central del organismo, con las figuras de Duhalde y Roca como
referencias indiscutidas, seguida por las delegaciones de París y México DF.
Sus ramificaciones, sin embargo, alcanzaron también otros países europeos y
Estados Unidos (Guest, 1997; Franco, 2008;
Yankelevich, 2010). En este contexto, se elaboró el borrador del informe,
redactado por Duhalde y Roca en el exilio madrileño. Su publicación bajo el
formato de libro fue posible gracias a la solidaridad de un cineasta vasco con
el que entraron en contacto los miembros de la CADHU, Elías Querejeta, quien
financió de su bolsillo la primera edición de marzo de 1977.
Los relatos de los sobrevivientes ocupaban un lugar destacado en Argentina:
Proceso al Genocidio, tal como lo dejaba entrever su agrupamiento en una
sección separada. Siguiendo la tendencia del primer año de dictadura,
“Testimonios y denuncias” reunía alrededor de una decena de relatos de
sobrevivientes de CCD con otros tantos de detenidos en las cárceles legales.
Había, además, algunos testimonios de personas que habían atravesado el
cautiverio clandestino durante el último año del gobierno de María Estela Martínez
de Perón. La decisión de incluir también estos relatos reforzaba la postura del
organismo respecto a las continuidades que existían entre la represión
dictatorial y la del último tramo del gobierno peronista.
Los testimonios presentaban una enorme heterogeneidad en cuanto a su
formato, extensión y condiciones de producción. El parecido con los relatos del
primer año de dictadura también se evidenciaba en su contenido, centrado en los
componentes fácticos de la experiencia del cautiverio clandestino, y en la
organización del relato según un criterio cronológico. Estas similitudes no eran
casuales: más de la mitad de los testimonios del informe de la CADHU habían
sido incluidos ya en los documentos publicados por AI, el COSPA y el CAIS
durante 1976, evidenciando los lazos que unían a los diversos representantes
del activismo antidictatorial en el exilio. Uno de los relatos era el de María
del Socorro Alonso, quien había hecho llegar su relato a la CADHU desde el
penal de Devoto[34].
La diferencia con los relatos previos radicaba sobre todo en su
encuadre. El informe de la CADHU, a tono con la impronta militante del
organismo, ofrecía una interpretación en clave socioeconómica de la represión
en la Argentina y de la “resistencia popular y obrera” a ella[35]. Organizado
en cinco grandes apartados, el escrito se proponía también una tipificación de
las conductas criminales estatales, comenzando por un análisis de la estructura
y el funcionamiento del “Estado represor”[36].
Esto era seguido de una exposición de los distintos grupos –profesionales,
políticos, sociales, confesionales y nacionales– que eran víctima del
“Terrorismo de Estado”. Una sección completa del informe estaba dedicada a la
represión sobre la clase obrera, que constituía para la CADHU el blanco
prioritario de una persecución orquestada por los representantes del
capitalismo financiero mundial. Todo este análisis funcionaba como metatexto de los testimonios que, en apariencia, no
contaban con ninguna mediación.
Una lógica similar, aunque con un grado mayor de intervención sobre los
relatos, animaba al informe de AI, presentado a través de una conferencia de
prensa en Londres el 23 de marzo de 1977. A diferencia del escrito de la CADHU,
el documento estaba construido desde una discursividad exclusivamente humanitaria:
su objetivo era mostrar “la situación de los derechos humanos en la Argentina”[37]. El
rechazo hacia toda forma de violencia se expresaba desde la introducción del
informe, donde se reseñaban los principales “actos de violencia” realizados por
las organizaciones armadas luego del golpe de Estado[38].
Siguiendo esta línea, en las conclusiones se planteaba que la represión
“también afecta a ciudadanos inocentes”[39].
Aun así, el grueso del documento estaba dedicado a la denuncia de la represión
estatal, y en función de ella era convocada la palabra de los sobrevivientes.
La presencia de dos testimoniantes del informe,
Máximo Victoria y Enrique Rodríguez Larreta, en la conferencia de presentación
sugería el valor que el organismo le otorgaba a su palabra (Gutman, 2015).
El formato de inclusión de los testimonios era distinto al del escrito
de la CADHU. Los relatos no eran reproducidos de manera íntegra, sino por
fragmentos o parafraseados por el organismo. Tampoco estaban agrupados en un
apartado específico. Se incorporaban al texto general del documento mediante
una fórmula que reponía los datos biográficos básicos del sobreviviente:
“Isabel Gamba de Negrotti, de 27 años de edad y
maestra de jardín de infantes, fue secuestrada de su domicilio junto con su esposo
y llevada a la Comisaría 39 de Villa Urquiza, en Buenos Aires” [40]. El
testimonio de Patrick Rice, uno de los más extensos del informe, lo presentaba
como un “cura obrero irlandés"[41].
La presentación de los sobrevivientes a partir de sus datos identitarios
básicos mostraba a estos hombres y mujeres desde sus atributos humanos
esenciales y no de sus filiaciones políticas. Este recurso, sumado al énfasis
que hacían los relatos en las torturas vistas y vividas, resaltaba la condición
de víctimas de los testimoniantes (Crenzel, 2008).
Las voces de los sobrevivientes emergían también, de manera indirecta,
en el pasaje del informe en el que AI enumeraba las dificultades para obtener
información sobre los “centros de detención no oficiales”, nombre utilizado para
referir a los CCD[42]. El
organismo sostenía que “a menudo, los prisioneros permanecen encapuchados o con
una venda sobre los ojos durante todo el tiempo de su detención” y que
“aquellos que tienen la fortuna de ser puestos en libertad experimentan gran temor
de hacer declaración pública alguna”[43].
Los detalles no podían tener otra fuente que los propios sobrevivientes. La
decisión de AI de hacer explícita la distinción entre esos “centros de
detención no oficiales” y los penales oficiales podría ser tomada como indicio
de una incipiente separación entre ambas prácticas represivas[44].
Los informes de la CADHU y AI circularon pronto por diferentes países de
Europa Occidental y América. Uno de sus canales de difusión fue la prensa, que
tempranamente posó su mirada en los documentos y en quienes habían testimoniado
en ellos: periódicos de Inglaterra, España y México, entre otros países,
publicaron artículos alusivos a los informes y/o realizaron entrevistas a los testimoniantes[45].
Para el caso de AI, otra vía de difusión fueron los propios sobrevivientes
quienes, aprovechando el anclaje transnacional del organismo, ofrecieron sus
relatos en distintos países y ante públicos de diversa índole[46]. Este
mismo espíritu por trascender las fronteras nacionales, y también indicio de su
circulación durante la época, fueron las múltiples traducciones que se hicieron
de los documentos[47].
La articulación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y diversos gobiernos que se mostraron receptivos a los exiliados
contribuyó a engrosar el circuito testimonial de AI. Las gestiones realizadas
en favor de los “presos de conciencia” ante el organismo dependiente de la ONU
y con representantes políticos de los potenciales países de acogida resultaron
fundamentales para que muchos sobrevivientes obtuvieran el refugio. Una vez en
el exilio, muchos de ellos aportaron sus testimonios a AI que, luego, los
incorporó a sus denuncias públicas. La mayoría de estos sobrevivientes había
abandonado la Argentina a través de Brasil, aprovechando las facilidades que
ofrecían los distintos pasos fronterizos entre ambos países. Este fue el caso,
por ejemplo, de Ana María Careaga, secuestrada por más de tres meses en el CCD
“El Atlético”, en centro de la Ciudad de Buenos Aires. Su militancia en la
Juventud Guevarista no impidió que ACNUR y AI tomaran su caso y lograran, luego
de una escala en Río de Janeiro, su refugio en Suecia, donde testimonió el 7 de
febrero de 1978[48].
En las antípodas de esta orientación humanitaria se situaron los
testimonios de sobrevivientes difundidos en el exilio por Montoneros durante el
año 1978. Su publicación se hizo bajo el sello del flamante
Movimiento Peronista Montonero (MPM), espacio político creado en Roma en abril
de 1977 para aglutinar a las diversas expresiones del peronismo revolucionario
que proliferaban dentro y fuera de la Argentina. Los testimonios vieron la luz
en un momento en el que las iniciativas de denuncia cobraban fuerza entre los
militantes montoneros en el exilio (Confino, en prensa). Esta actividad se
apoyaba en las estructuras y contactos gestados durante el bienio previo al
golpe, cuando el aumento de la
represión paraestatal impulsó a varios militantes a iniciar el éxodo de la Argentina
(Yankelevich, 2010). La CADHU ofrecía sólo uno ejemplo de esos vínculos, que
abarcaban a diversas organizaciones de signo político heterogéneo distribuidas
por una amplia geografía (Franco, 2008; Jensen, 2010).
México, donde cobraron forma las estructuras más
tempranas de solidaridad y denuncia vinculadas al peronismo revolucionario (Acha,
2010; Yankelevich, 2010), fue el lugar donde se publicó el primero de los “testimonios
montoneros”. El 18 de enero de 1978, en
una conferencia de prensa en la capital de ese país, Tulio Valenzuela narró su cautiverio en el CCD “Quinta de Funes”
y el plan del Ejército para secuestrar a la conducción montonera exiliada. La versión taquigráfica
del relato, distribuida entre la prensa mexicana, tenía una introducción a
cargo de Montoneros que estaba teñida por la discursividad revolucionaria y
funcionaba como marco del testimonio[49]. El mismo espíritu atravesaba todo el relato, en
el que se reiteraban las referencias
a la “lucha popular” y al “pueblo en la resistencia”[50]
y donde se interpretaba el enfrentamiento entre Montoneros y la dictadura en
los términos de una “guerra”[51]. La
descripción del cautiverio, acotada, era subsidiaria de la valoración
ético-política del comportamiento de los secuestrados, con alusiones al
“quiebre de cuadros” o a los “traidores”[52].
Denuncia de la represión y disciplinamiento interno
parecían ir de la mano en el testimonio de Valenzuela.
El tono cambiaba ligeramente en los otros
dos relatos, a cargo de Horacio Maggio y Jaime Dri. El primero fue producido desde la clandestinidad en la
Argentina y vio la luz en abril de 1978, cuando la atención internacional
estaba posada en el país debido a la proximidad del Mundial de fútbol[53]. El
testimonio de Dri se presentó en una conferencia de
prensa en París durante septiembre del mismo año. En ambos, la retórica
revolucionaria predominante dejaba algunos resquicios para la denuncia de las
atroces condiciones de cautiverio, “dignas de la época anterior a la Asamblea
del año XIII”[54], y para
la caracterización de las acciones represivas no ya como episodios bélicos,
sino como “terrorismo de Estado”[55] y
“violaciones a los derechos humanos”[56].
Otro indicio de la incorporación de ciertas notas de la denuncia humanitaria
internacional eran los destinatarios de los testimonios: Maggio
envió copias de su testimonio, entre otros, a la ONU, AI, agencias de prensa
extranjeras y representaciones diplomáticas diversas[57].
A la conferencia de prensa de Dri, que encabezó su
relato “a la opinión pública nacional e internacional”, asistieron
representantes del Partido Socialista Francés (PSF), incluido su presidente, François
Mitterrand[58].
Paralelamente a la publicación de los
“testimonios montoneros”, se gestaba en Brasil otro polo de difusión de relatos
de sobrevivientes con una impronta política diferente a la de la organización
armada peronista. Su eje sería el Comité de Defensa de los Derechos Humanos
para el Cono Sur (CLAMOR), creado en San Pablo a comienzos de 1978 con el apoyo del cardenal Don Paulo Evaristo Arns y de la Comissão
Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos e
Marginalizados de esa ciudad[59]. A tono con estos apoyos, el organismo
declaraba “tener por objetivo la defensa de los derechos humanos en América
Latina, especialmente en los países del Cono Sur” desde una perspectiva
“cristiana, ecuménica, sin filiación partidaria” y con objetivos “humanitarios”[60]. Esta
orientación política dejaría su marca en el circuito testimonial de CLAMOR.
Desde el inicio, el organismo se planteó como un espacio regional para
desarrollar redes de solidaridad y denuncia que conectaran a los países
latinoamericanos bajo dictadura (Catoggio, 2016). En
el caso argentino, buena parte de la solidaridad se concentró en la ayuda a
quienes escapaban rumbo al exilio. Durante su permanencia en Brasil, CLAMOR los
resguardaba de los servicios de inteligencia locales (Serra Padrós, 2014) y
facilitaba su acercamiento a organismos especializados en la problemática de
los refugiados, en particular el ACNUR y AI. La articulación con estos
organismos se dio, también, al nivel de la circulación de testimonios. Así
ocurrió, por ejemplo, con Máximo Victoria, cuyo relato del cautiverio se había
incluido en el informe de AI. En julio de 1978, el Boletín de CLAMOR reprodujo
su testimonio en un artículo sobre la represión a científicos –Victoria era
físico y trabajaba en la CONEA–, evidenciando los nexos entre ambos circuitos
testimoniales[61].
En su primer boletín, publicado en junio de 1978, el organismo incluyó
un artículo titulado “El clamor de
los campos de concentración”, donde se describían las condiciones de cautiverio
en los CCD argentinos[62]. La denominación empleada daba cuenta de
la difusión que había alcanzado el campo léxico del Holocausto entre los
denunciantes de la dictadura. La información
para confeccionar el artículo provenía de “exiliados en tránsito por Brasil”
que, por el tipo de datos aportados, sólo podían ser personas que habían
experimentado en carne propia el cautiverio clandestino. La referencia a ellos
simplemente como “exiliados” –algo que, por otro lado, también eran– podría
considerarse un indicio de la falta de consenso en torno a considerar a los
sobrevivientes de los CCD como una categoría de víctima en sí misma, lo que se
expresaba en la ausencia de un término específico para nombrarlos.
A tono con la inclinación política del organismo, los relatos
reproducidos por CLAMOR denunciaban los crímenes dictatoriales desde un enfoque
humanitario. El foco estaba puesto, como sucedía con AI, en resaltar la
atrocidad del cautiverio en los CCD, cuyas condiciones eran definidas como
“inhumanas y de degradación y terror”.
Este tipo de caracterizaciones generales eran acompañadas por
descripciones minuciosas de los tormentos. El primer boletín del
organismo, por ejemplo, ofrecía un listado detallado de las vejaciones aplicadas a los cautivos en los CCD:
“sus manos y pies están atados o encadenados la mayor parte del tiempo”, “no
existe higiene”, “la comida es servida en latas o platos no lavados”, “los
prisioneros son amontonados en galpones”, “no existe cuidado médico”[63].
Paralelamente a la conformación del circuito testimonial de CLAMOR, en
la Argentina comenzaba a disminuir el ritmo de los secuestros y a aumentar la
cantidad de liberaciones en los CCD. Estos cambios se relacionaban con el
impacto que habían tenido sobre la Junta Militar ciertas transformaciones de la
coyuntura política internacional. A las sanciones que el gobierno de Carter impuso
a la dictadura se sumó la confirmación, a fines de 1978, de una visita de la
CIDH a la Argentina, programada para el año siguiente. En un contexto donde el
principal elemento de cohesión interna de la comunidad castrense, el denominado
“consenso antisubversivo” (Canelo, 2008), languidecía ante el aniquilamiento de
las principales expresiones políticas disidentes, estas modificaciones en el
ámbito internacional profundizaron las tensiones internas a las Fuerzas Armadas
en relación al rumbo que debía seguir la “lucha contra la subversión”. El
triunfo de sector “politicista”, partidario de un
progresivo abandono de los métodos represivos clandestinos en favor de los
legales, fue decisivo en el giro del accionar castrense.
La
formación de un circuito testimonial estructurado en torno al partido
Vanguardia Comunista (VC) estuvo estrechamente relacionada con estos cambios en
la escena política argentina. Esta fuerza de orientación maoísta, ajena a la
lucha armada, había optado por mantener al grueso de sus militantes en el país
a pesar del clima de persecución existente (Celentano, 2005). No obstante,
debido a la insistencia de algunos dirigentes partidarios, se había decidido
establecer a unos pocos miembros de su Comité Central en Francia a mediados de
1976. El objetivo era desarrollar redes de denuncia partidarias en Europa,
tarea que resultó exitosa: además de peregrinar por las sedes de los organismos
internacionales de derechos humanos, entablaron vínculos con actores políticos
de diverso signo ideológico del espectro partidario francés y con diferentes
organizaciones de exiliados locales[64].
Esos contactos serían claves cuando, dos años después, el partido se convirtió
en blanco de la represión del Ejército[65].
El
circuito testimonial de VC se nutrió de los testimonios de un conjunto de
militantes sobrevivientes del CCD “El Vesubio” que, secuestrados entre julio y
agosto de 1978, fueron luego legalizados en distintos penales. Una vez en
libertad, a mediados de 1979, se exiliaron en Europa. Desde allí, aprovechando
las redes partidarias consolidadas en el extranjero, difundieron sus relatos
del cautiverio clandestino. A contracorriente de la orientación revolucionaria
del partido, los testimonios –heterogéneos en cuanto a formato y contexto de
producción– asumieron una inclinación humanitaria que ponía el foco en una descripción
fáctica de la experiencia de cautiverio desprovista de toda valoración
política. El estilo era coherente con el universo de relaciones de VC en el
exilio, donde dentro del cual destacaban AI, ACNUR, las iglesias protestantes y
distintas fuerzas de la socialdemocracia europea, quienes garantizaron la
difusión de los relatos. Por consiguiente, no es extraño que ninguno de los sobrevivientes
del partido ofreciera su testimonio a la CADHU, cuyos nexos con las
organizaciones armadas eran conocidos en el destierro argentino.
El bienio posterior al primer aniversario del golpe de Estado fue el período
en que se consolidó el mapa testimonial de los sobrevivientes en el exilio. La
mayor cantidad de relatos en circulación fue propiciada por una serie de
entidades heterogéneas en su orientación política pero que coincidían en el
impulso de visibilizar la experiencia del cautiverio clandestino, en torno a
las cuales se estructuraron distintos circuitos de testimonios. Las diferencias
que existían entre cada una de ellas repercutieron en el encuadre y el
contenido de los relatos y favorecieron u obstaculizaron los intercambios entre
los distintos circuitos que, sin embargo, no funcionaron como compartimentos
estancos. Se sentaron así las bases para que, en la coyuntura favorable a la
denuncia habilitada por la visita de la CIDH, los relatos de los sobrevivientes
conquistaran definitivamente el espacio público exilar. El hito inicial de esta
nueva etapa fue el llamado “testimonio de París”.
La “era
del testigo” en dictadura: consagración pública, nuevos formatos y polémica
El 12 de
octubre de 1979, tres militantes montoneras sobrevivientes de la ESMA –Ana
María Martí, Sara Solarz y Alicia Milia–
se presentaron ante la Asamblea Nacional Francesa para relatar su cautiverio a
manos de la Marina[66]. La conferencia de prensa
estuvo encabezada por el presidente de la Comisión Interparlamentaria de
Derechos Humanos, el político liberal Bernard Stasi,
y contó con la anuencia del máximo mandatario francés, Giscard D’Estaing. Las mujeres, además, contaron con la protección
de la custodia personal de Mitterrand. El testimonio fue patrocinado por la
CADHU, aunque diversos protagonistas y estudiosos del período sugieren también
la participación activa de Montoneros en las gestiones previas con los actores
locales (Franco, 2008; Jensen, 2010)[67].
Dada la trayectoria política de las testimoniantes y
los nexos del organismo con la organización armada peronista, la hipótesis no
resulta descabellada.
El relato
de las tres sobrevivientes tuvo una difusión veloz en el exilio, reflejada en
distintos medios de prensa[68]. Esta amplia resonancia se
debió, en parte, al lugar elegido para la presentación: Francia era una suerte
de “patria de los derechos humanos” y una caja de resonancia de la política occidental
(Franco, 2008). Otros aciertos estratégicos fueron la decisión de realizar la conferencia
de prensa en el Parlamento francés y la búsqueda de apoyos entre referentes
políticos locales de diversas procedencias ideológicas. A estos factores internos
se sumó, con un rol determinante, el efecto de la visita de la CIDH a la
Argentina, ocurrida durante el mes anterior a la realización del testimonio. La
intervención del organismo había encendido el interés de la comunidad
internacional por la situación de los derechos humanos bajo el gobierno de la
Junta Militar (Jensen, 2010). Todo esto convirtió a la conferencia de prensa de
las tres sobrevivientes de la ESMA en un verdadero hito de la denuncia de su
tiempo.
El
“testimonio de París” condensó –y también estimuló– una serie de
transformaciones en los modos de denominación pública de los sobrevivientes y
en los formatos de difusión de sus relatos que se generalizaría en el exilio a
partir de 1979. En cuanto a lo primero, el uso del término “sobreviviente” marcó
una novedad en las categorías que designaban a quienes salían con vida de los
CCD. La noción fue empleada por la CADHU en el título del relato y, también,
por las propias testimoniantes, quienes hicieron de
ella una definición identitaria: “Somos tres mujeres argentinas, unas de las
pocas sobrevivientes de un campo de concentración militar de nuestro país”,
afirmaron[69]. La nueva denominación
establecía un límite preciso –y mayor del existente en la práctica– con el
preso político, dando lugar a una nueva categoría de víctima.
La noción
trascendió a la CADHU. Se difundió por distintos circuitos testimoniales y
países a través de una diversidad de actores, incluidos los propios
sobrevivientes, lo que podría tomarse como un indicio de su aceptación[70]. Aun así, el término debió
convivir con otros que también se utilizaban para denominar públicamente a
quienes salían con vida de los CCD. Las expresiones vinculadas a la prisión
política se mantuvieron vigentes, aunque en menor medida, a pesar de la
diferenciación que se había establecido con el secuestro clandestino. Otro
término que circuló en la época, reproducido incluso en los testimonios, fue el
de “liberados”[71]. Tampoco faltaron las
referencias a los sobrevivientes como “reaparecidos” o, incluso, como “desaparecidos”
a secas[72]. La multiplicidad de
términos en circulación, que se mantuvo hasta finales del período dictatorial
–e, incluso, en los inicios de la democracia–, sugiere cierta pervivencia en la
inestabilidad de las categorías[73].
Con la versión
impresa del testimonio de París, publicada en paralelo a la conferencia de
prensa, apareció un nuevo modelo de relato que alcanzaría amplia difusión en el
exilio[74]. Hasta entonces, las voces
de los sobrevivientes habían circulado mayoritariamente en el marco de
publicaciones más amplias, como había sucedido con los relatos de Argentina:
Proceso al Genocidio o del informe de AI. A partir de la publicación del
testimonio de las tres mujeres de la ESMA, esa modalidad de difusión de la
palabra de los sobrevivientes coexistió con otra en la que el relato del
cautiverio daba lugar a un documento específico. Este nuevo modelo de
testimonio aspiraba a recuperar la “experiencia integral” del CCD: la
descripción fáctica del cautiverio era complementada con una reconstrucción de
las lógicas, dinámicas y espacialidades del dispositivo concentracionario.
Este formato
alcanzó su máxima expresión en la “serie CADHU” (González Tizón, 2016), un
conjunto de testimonios publicados bajo el sello del organismo en diversas
plazas del destierro argentino entre 1979 y 1983. Su extensión superaba con
creces la de sus predecesores. El largo iba en consonancia con el nuevo perfil
de testimoniante: en su mayoría, eran personas
liberadas hacia fines de 1978 o principios de 1979 y que habían atravesado un
cautiverio prolongado, de entre uno y dos años. Sus trayectorias políticas o su
expertise técnica habían determinado su
incorporación a diversas modalidades de trabajo forzado durante el cautiverio,
como el “proceso de recuperación” de la ESMA, que implicaban condiciones de
reclusión menos estrictas y contactos fluidos con los represores[75]. Estas circunstancias les
habían permitido acceder a un conocimiento de los actores y la dinámica del CCD
inalcanzable para el resto de los secuestrados. La combinación de este saber y
de los capitales políticos disponibles –que favorecieron los contactos con las
redes de denuncia en el exilio– generó las condiciones para la confección de
relatos de una envergadura desconocida hasta entonces.
Los
testimonios se distinguían también por su estructura, que traslucía las
múltiples mediaciones sobre la palabra de los sobrevivientes. La mayoría
comenzaba con una introducción a cargo de la CADHU donde se desarrollaba una
caracterización de la dictadura en una clave similar a la del informe de 1977.
Luego, distintas secciones temáticas reemplazaban al ordenamiento puramente
cronológico de los primeros testimonios. El nuevo criterio iba de la mano con
una lógica jurídica reconocible en el esfuerzo de tipologización
y la exposición a partir de “casos”[76].
La incorporación de planos del CCD aportaba referencias “objetivas” a la
narración, otro rasgo distintivo del testimonio judicial (Pollack,
2006). Los listados de secuestrados y secuestradores, a su vez, permitían
distinguir entre víctimas y victimarios y adjudicar, así, las responsabilidades
por los crímenes (Tello, 2015). Más allá de la tradición jurídica de la CADHU,
la cuestión asumía un sentido estratégico en una coyuntura donde se percibía
como factible un eventual proceso penal a los autores de la masacre (Jensen,
2019).
La
construcción de la denuncia en base a distintos “casos” remitía al formato
empleado, entre otros organismos internacionales, por la CIDH. La entidad con
sede en Washington había recibido denuncias sobre la represión ilegal desde los
inicios de la dictadura. Una parte de ellas había sido realizada directamente
por los sobrevivientes exiliados. Estas presentaciones motivaron reclamos de la
CIDH ante la Junta Militar que se organizaron a partir de “casos” que podían
ser individuales o colectivos, si se trataba de familiares o personas secuestradas
en un mismo hecho represivo. Algunos de esos reclamos fueron incluso difundidos
públicamente por el organismo. Así ocurrió con Patrick Rice, por ejemplo, quien
aprovechó las facilidades que le ofrecía su doble condición de sacerdote y
extranjero para denunciar su secuestro en Estados Unidos[77].
Su testimonio, que ya había recorrido múltiples instancias y otras tantas
geografías, fue incluido como parte del “caso 2450” en el Informe Anual de
1978[78].
La
influencia de los modelos de denuncia empleados por las entidades
transnacionales se aceleró con la visita de la CIDH y terminó de consolidarse
con la creación, en febrero de 1980, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuya sede estaba en Ginebra[79]. Este organismo se situó a
la cabeza del conjunto de organizaciones radicadas en la capital suiza que
recibieron los testimonios de los sobrevivientes[80].
Su papel fue central en la estandarización de las denuncias según los criterios
del derecho humanitario internacional al proveer los modelos para la toma y
presentación de los reclamos (Crenzel, 2008). Este
proceso abarcaba también los lenguajes con los que se daba cuenta de la
violencia estatal, favoreciendo un progresivo desplazamiento de la narrativa
revolucionaria por otra centrada en las víctimas (Franco, 2008). De este modo,
al mismo tiempo que ofreció las condiciones de posibilidad para dar a conocer
mundialmente los crímenes dictatoriales (Roniger y Sznajder, 2013), el componente transnacional de la denuncia
–encarnado en organismos como el Grupo de Trabajo de la ONU o la CIDH– también
incidió delineando los formatos válidos para llevar adelante las denuncias.
Esta
tendencia a la homogeneización de la denuncia (Crenzel,
2008) se aprecia, en el caso de los sobrevivientes, al examinar circuitos
testimoniales diferentes al de la CADHU. En febrero de 1980, AI publicó Testimonios
sobre campos secretos de detención en Argentina[81].
El documento, que reunía los testimonios de dos sobrevivientes de distintos CCD
del Primer Cuerpo de Ejército, contaba con setenta páginas: la mitad estaban
destinadas a la narración de la experiencia del cautiverio, organizada en ocho
apartados temáticos[82]. El resto se componía de
una introducción a cargo del organismo, de planos de los CCD y de tres listados
donde, entre otros datos, constaban los nombres, apodos, fecha del secuestro,
fuerza involucrada y lugar de cautiverio de más de trescientos secuestrados.
Una estructura similar tenía el testimonio de ocho sobrevivientes del CCD “La
Cacha” publicado por CLAMOR en su boletín de diciembre de 1983, compuesto de
treinta y seis páginas divididas en nueve apartados[83].
El listado con los cautivos identificados a partir de sus rasgos biográficos
fundamentales y los planos del CCD terminaban de confirmar la filiación con el
nuevo modelo de relato.
El proceso
de estandarización de los relatos bajo una lógica humanitaria, sin embargo, no
fue total. Fieles a la impronta política del organismo, los testimonios de la
serie CADHU contenían numerosas marcas de la sensibilidad revolucionaria. Una
era, por ejemplo, la explicitación que algunos testimoniantes
hacían de su militancia montonera[84]. A eso se sumaba el empleo de expresiones como
“resistencia popular”, “explotación” [85],
“heroísmo”, “quiebre político”[86] o “colaboradores”[87]. Más
llamativo resultaba, en cambio, el reconocimiento que hacía uno de los testimoniantes ante AI de su militancia en el “Peronismo
Montonero”[88]. Del mismo
modo, los sobrevivientes reunidos bajo el amparo de CLAMOR concebían su relato
como “un acto de coherencia militante”[89].
Este tipo de referencias, aunque minoritarias considerando la totalidad del
testimonio, evidenciaban lo inacabado del proceso de homogeneización de la
denuncia bajo el formato humanitario.
En
paralelo a los testimonios de formato “humanitario” comenzó a circular otro
tipo de relato orientado a un público más amplio que los foros internacionales
de denuncia. Publicadas por sellos editoriales comerciales, estas producciones
testimoniales aparecieron en distintos países del exilio, aunque su resonancia
llegó hasta la Argentina, donde se reeditaron antes del retorno de la
democracia. Dentro de este conjunto de relatos se podrían incluir, a pesar de
sus diferencias de género y estilo, los libros L’Argentine
ou le diable dans le soleil, de
Carlos Gabetta, publicado en Francia en octubre de
1979[90]; Les folles de la Place
de Mai, de Jean-Pierre Bousquet, editado en ese
mismo país al año siguiente[91]; y Preso sin nombre,
celda sin número, de Jacobo Timerman, que
vio la luz en Estados Unidos también en 1980[92].
Estos
testimonios se valían de moldes más flexibles para incorporar la palabra de los
sobrevivientes. El libro de Bousquet, abocado a la
historia y la represión sobre las Madres de Plaza de Mayo, recurría a la
entrevista periodística para traer la voz de Cecilia Vázquez, sobreviviente de
El Vesubio: “Escucho a Cecilia con atención. Un rostro agradable, cabellos
castaños recogidos y ojos vivaces a través de anteojos de armazón fino que caen
un poco sobre su nariz”[93]. Un halo literario similar
rodeaba al testimonio de Ana María Careaga, incluido en el capítulo “La chispa
de la vida” del libro de Gabetta[94].
Los subtítulos que organizaban el relato seguían la misma tónica: los
represores eran caracterizados como “Bestias de traje y corbata”, mientras que
“Mi pequeña victoria” aludía al nacimiento de la hija de la testimoniante[95].
Diferente
era la situación en Preso sin nombre, celda sin número, donde el
autor era él mismo un sobreviviente. Jacobo Timerman
había permanecido dos años y medio a merced de la Junta Militar, primero como
desaparecido, luego como detenido legal y, finalmente, recluido en su hogar. El
libro, que recogía el testimonio de esa experiencia, retomaba la analogía entre
la represión argentina y la Shoá. Este
ejercicio respondía, sobre todo, al interés personal del ex director de La
Opinión de asimilar ambas masacres (Kahan, 2016).
Numerosos pasajes de la obra contenían denuncias explícitas del componente
antisemita de la dictadura[96], a lo que se sumaban las
alusiones a una supuesta “solución final” o a un eventual “Nüremberg”[97].
La resonancia internacional del “caso Timerman”
amplificó la circulación del testimonio, reflotando en un contexto nuevo la
menos novedosa interpretación de la dictadura argentina a través de la matriz
del Holocausto[98].
La
contrapartida de esta mayor presencia de los sobrevivientes en el espacio
público exilar fue el estallido distintas polémicas en torno a su figura y al
contenido de su testimonios. La más amarga de ellas
giró en torno al significado del “traslado”. Su disparador fue el testimonio de
París: “se nos decía que a los secuestrados se los llevaba a otras dependencias
o a los campos de trabajo (…). Nos costó convencernos de que en realidad el
‘traslado’ conducía a la muerte”, sostenían las autoras del relato[99]. La frase apuntaba a uno de
los tópicos más sensibles del activismo antidictatorial: la pregunta por el
destino de los desaparecidos, que había disparado el reclamo de los familiares
por su “aparición con vida”. Esta asociación entre el “traslado” y el asesinato
de los secuestrados sería replicada en testimonios posteriores, disparando la
polémica.
La
referencia a la muerte de los cautivos, sin embargo, no resultaba del todo
novedosa. Había sido deslizada en los informes de distintos organismos, como el
de la CADHU de 1977, y en la producción testimonial previa, tal era el caso de
los relatos difundidos por Montoneros. Para comprender el rechazo que generó
esa afirmación es necesario tener en cuenta su contexto de enunciación. Un mes
antes de la presentación del testimonio de París, la dictadura había promulgado
las leyes Nro. 22.062 y
22.068. Las normas habilitaban a los familiares a declarar como muertos a los
desaparecidos para acceder así a los beneficios previsionales. Se trataba, en
realidad, de una argucia legal para evitar que el Estado diera explicaciones
sobre lo ocurrido con las personas secuestradas. En estas circunstancias, un
sector del activismo antidictatorial consideró que las afirmaciones de los
sobrevivientes eran funcionales a la estrategia del
régimen militar (Crenzel, 2008; Franco, 2008; Jensen,
2010)[100].
Los organismos de familiares se pusieron a
la cabeza de las críticas, que corrieron por dos vías fundamentales. Una
postura moderada discutía el alcance de las declaraciones de los sobrevivientes
sin impugnar los testimonios como un todo[101].
Este era el espíritu de la carta que diversas representaciones del COSOFAM
enviaron a la CADHU el 21 de febrero de 1980, en el marco de la 36va sesión de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU. Allí sostenían que “lo único que sabemos con certeza es que los
desaparecidos han desaparecido” y, por consiguiente, “no aceptamos bajo ningún
punto de vista que se publicite que la suerte corrida por los
detenidos-desaparecidos trasladados desde algún campo de concentración
signifique automáticamente la muerte”[102].
Un escrito presentado por Familiares ante la ONU en octubre de 1981 evidenciaba
el influjo de cierto positivismo jurídico en esta crítica: “si bien los informes de estos liberados merecen ser tenidos en cuenta
en lo objetivo”, planteaba el organismo, “no pueden ser tomadas en
consideración consideraciones (sic) subjetivas sobre algo tan grave como
la muerte de miles de personas”[103].
Una postura radical esgrimía un rechazo total al contenido de los
testimonios que se derivaba de una impugnación previa a los propios
sobrevivientes. Este era el planteo, por ejemplo, de “un grupo de refugiados
políticos argentinos
en el exilio” que identificaban a algunos de los relatos
publicados por la CADHU y AI como “parte de la campaña de acción
psicológica lanzada por la dictadura militar fascista que trata de echar un
manto de olvido sobre la cuestión de miles y miles de detenidos-desaparecidos
en Argentina”[104]. Mediante el desprestigio
de los sobrevivientes, señalados como cómplices de la estrategia dictatorial,
se pretendía quitar toda verosimilitud a sus afirmaciones sobre el significado último
de los “traslados”[105]. Acusaciones del estilo se
replicaron en distintas plazas del destierro, como Francia, Suecia, España y
México (Franco, 2008; Jensen, 2010).
Estos
señalamientos entroncaron con la otra gran polémica que rodeó la difusión de
los testimonios de los sobrevivientes durante esta etapa, centrada en la
“colaboración”. La falta de explicaciones de los captores para la liberación de
los secuestrados, la rigidez de los esquemas militantes que planteaban la fuga
o la muerte como únicas alternativas al cautiverio y la circulación de miembros
de las fuerzas represivas por distintos puntos del extranjero estimularon las
sospechas sobre quienes salían vivos de los CCD. Suspicacia que se potenciaba
por los largos períodos de reclusión y las tareas forzadas desarrolladas
durante el cautiverio. Cobró forma la idea, entre algunos actores de la
comunidad exilar, de que la liberación de los sobrevivientes había sido
producto de su colaboración con los represores, estigmatizándolos como
“traidores” (Longoni, 2007).
La
respuesta a estas acusaciones vino de los propios sobrevivientes, quienes en
sus testimonios explicaron su conducta como parte de una “simulación”. El recurso a esta noción, lejos de romper con el
esquema de ordenamiento de las conductas de la militancia revolucionaria (Longoni, 2007; Tello, 2014), lo adaptaba a la situación del
cautiverio, distinguiendo entre colaboradores “aparentes” y “reales”. La
“simulación” fue un tópico recurrente en los relatos de la CADHU, algo que
no sorprende por el perfil del organismo y sus testimoniantes:
“Decidí simular mi quiebre,
porque vislumbré una posibilidad de sobrevivir sin dejar de lado principios
políticos y morales que considero irrenunciables”, sostenía una de las testimoniantes de París[106].
Este modo de reivindicar las conductas asumidas durante el cautiverio iba
acompañado de un distanciamiento de otro conjunto de secuestrados
caracterizados como “activos y efectivos colaboradores”[107],
“marcadores”[108],
“entregadores”[109] y
“traidores”[110]. Así, la
legitimación de una parte de los sobrevivientes tuvo como contraparte la
estigmatización de otros, cuyo silencio se extendería por décadas[111].
El debate
sobre la “colaboración” fue también el terreno para dirimir divergencias
políticas que iban más allá de los sobrevivientes y cuyo trasfondo era la
“derrota” del proyecto revolucionario. México, donde esas disputas alcanzaron
un punto álgido, fue escenario privilegiado de esta deriva. En diciembre de
1980, Héctor Schmucler publicó en la revista Controversia
un artículo a propósito de los relatos que circulaban en el exilio[112]. Luego de reconocer que
aportaban “los únicos datos directos y verosímiles que poseemos” sobre los
desaparecidos, incluido su asesinato, abordaba el interrogante por los motivos
de la supervivencia. La respuesta, para el autor, estaba en las voces de los
propios sobrevivientes, de las cuales surgía que “una
compleja red de motivaciones permitieron su sobrevida (…) algunos han
dado fe de lo que pasaron. Entre otras cosas, de su colaboración con los
represores”[113]. Lejos de constituir una
“traición”, esa conducta evidenciaba la derrota del proyecto político
revolucionario. Una “derrota que es previa”, sentenciaba Schmucler,
poniendo el debate sobre la “colaboración” al servicio de su pugna personal con
Montoneros[114].
La
operación no pasó desapercibida a los sobrevivientes, quienes contestaron desde
las páginas de Controversia en agosto de 1981[115].
Escrito en el exilio italiano, “Tres sobrevivientes responden” –cuyos autores
habían permanecido cautivos en el CCD “La Perla”, en Córdoba– impugnaba las
reflexiones de Schmucler con argumentos forjados en
la sensibilidad revolucionaria: rechazaban su “propósito de mostrar a todas las
víctimas de los campos de concentración como seres alienados (…), derrotados
absolutamente en lo político, en lo ideológico, en lo humano [y] “dispuestos al
servicio de los militares y sus intereses”[116].
Si bien coincidían en que “hubo derrota”, sostenían que “allí, bajo el peso de
ella, hubo resistencia”. Esta se materializaba en la “actitud de lucha” de los
cautivos, que marcaba “la continuación de su conducta anterior”. El saldo era
“resistencias heroicas y derrotas parciales”, que sólo en una “ínfima minoría”
se habían traducido en colaboración efectiva. La respuesta incluía una
reivindicación del activismo en clave humanitaria: “¿Acaso no es la denuncia un
enfrentamiento al enemigo?[117]. El interrogante dejaba
entrever la valoración positiva que los sobrevivientes hacían de los
repertorios políticos gestados en el exilio, sin por eso abandonar del todo sus
convicciones preexistentes.
La incorporanción de estos modos de acción novedosos iba
acompañada de nuevos límites de lo decible. El último apartado del artículo
acusaba recibo de la polémica del “traslado”. “Respecto de este tema tan
controvertido”, afirmaban los autores del escrito, “nosotros sobrevivientes
(…) queremos (…) no mezclar nuestras conclusiones personales (…) con la
descripción lo más fiel posible de los hechos”[118]. Las palabras recordaban la diferenciación entre
componentes “objetivos” y “subjetivos” del testimonio que postulaba el
documento de Familiares. En el nuevo escenario de denuncia, la necesidad de
construir acuerdos políticos parecía marcar la frontera de lo que podían o no
decir los sobrevivientes.
A pesar de estos intentos de acercamiento, la cuestión resurgiría
numerosas veces como objeto de debate en el exilio, evidenciando su carácter
polémico. Así ocurrió, por ejemplo, en una fecha tardía como octubre de 1983
cuando, ante la posibilidad de que se realizara una publicación en base a
relatos de sobrevivientes, Familiares envió una comunicación a COSOFAM México
donde afirmaba que “una vez más los testimonios surgen como tema de polémica
para nosotros”[119]. Luego de apelar a los
viejos argumentos impugnatorios de la palabra de los sobrevivientes, el
organismo cerraba su razonamiento de manera taxativa: “estamos en la etapa de
luchar por los desaparecidos que ESTÁN VIVOS”[120].
Reflexiones finales
El 19 de
octubre de 1983, la revista Siete días publicó un artículo titulado “Los
desaparecidos empiezan a hablar”[121].
Allí se reproducía el testimonio del sobreviviente de la ESMA Raúl Cubas ante
American Watch y AI en Washington. La introducción, a
cargo del periodista Mario Diament, ofrecía una
instantánea del clima político de la transición. Luego de presentar a Cubas
como “un militante de la tendencia revolucionaria del peronismo”, se condenaba
la “descarnada crueldad” con la que ese sector había utilizado la violencia.
Sin embargo, esa era sólo “una cara de la tragedia argentina”; la otra “implicó
la utilización de todos los recursos a disposición del Estado y de las Fuerzas
Armadas para combatir un delito con otro delito”. El tono epocal
se encarnaba, también, en el tratamiento de la palabra de los sobrevivientes,
que se presentaba como una novedad absoluta, tal como lo sugería el encabezado.
La
irrupción pública de los relatos del cautiverio clandestino durante la
transición generó un oscurecimiento de su producción testimonial previa. Este
trabajo se abocó a un análisis de ese acervo inicial de relatos, cuyo epicentro
fue el exilio, identificando distintas etapas en su evolución histórica.
Durante el primer año de dictadura, los testimonios, escasos y dispersos,
aportaron un saber temprano sobre el dispositivo represivo, cuya finalidad era
alertar a la comunidad internacional de la situacion
en Argentina y, así, salvar a los desaparecidos. El primer aniversario del
golpe de Estado marcó el inicio de otra fase en la que el crecimiento
cuantitativo de los relatos coincidió con la conformación de los principales
circuitos testimoniales, estructurados en torno a entidades políticamente
heterogéneas. Algunas estaban en las antípodas ideológicas, como AI y
Montoneros, lo que sugiere un consenso respecto a la eficacia de la difusión de
la palabra de los sobrevivientes. La coyuntura abierta con la visita de la CIDH
dio paso a una tercera etapa en la que los testimonios, bajo nuevos formatos, alcanzaron
su máxima circulación pública. El contrapunto de esta “era del testigo” fueron
los cruces generados por el contenido de los relatos.
La
reconstrucción realizada habilitó también una reflexión sobre esas tensiones.
Tanto la bibliografía especializada
como los escritos testimoniales refieren al silenciamiento público de los
sobrevivientes provocado por las sospechas de “traición” que pesaron sobre sus
espaldas. Esta interpretación, que cristalizó como un sentido común en torno a
la sobrevivencia, tomó como base acusaciones que efectivamente existieron y se
potenciaron en coyunturas puntuales como la polémica del “traslado”. No
obstante, la abundancia y la riqueza de la producción testimonial analizada
permite afirmar que ese silenciamiento, al menos durante la dictadura, fue
relativo: junto a esas posturas impugnatorias de la palabra de los
sobrevivientes, circunscriptas a individuos y actores específicos, existieron
otras que reivindicaron su empleo como herramienta de denuncia, dándoles amplia
difusión en el exilio.
El
análisis de la producción testimonial de los sobrevivientes permitió, además,
explorar fenómenos generales del activismo exilar. Uno fue la relación que
existió entre las lógicas políticas revolucionaria y humanitaria en el terreno
de la denuncia. Si bien se observó un paulatino predominio de la segunda
conforme avanzaba la dictadura, al menos en lo concerniente a los testimonios
de los sobrevivientes no es posible hablar de una evolución lineal o de una
homogeneización política bajo un único paradigma: a la vez que se identificaron
rasgos de la denuncia humanitaria en los comienzos de la dictadura, tales como
el énfasis en los datos fácticos y en la descripción de las torturas, también
se registraron trazas de la sensibilidad revolucionaria en los años finales del
régimen militar, cuya máxima expresión la constituyen las menciones a la
militancia armada en los testimonios de la CADHU o –más sorprendente aún– de AI.
Estas evidencias advierten contra interpretaciones tendientes a una disociación
tajante de ambos universos políticos o una sustitución total de uno por otro,
haciendo hincapié en la heterogeneidad que asumió el proceso histórico.
Otro
aspecto que surge es la naturaleza transnacional del activismo en el exilio. En
el caso de los testimonios de los sobrevivientes, esto se evidenció en su
circulación más allá de las fronteras de los estados receptores y de los
circuitos testimoniales específicos. Esto ocurrió, por ejemplo, con el relato
de Patrick Rice, que fue difundido en Francia a través del CAIS, luego en
Inglaterra y España por medio de AI y, por último, personalmente en el Congreso
de Estados Unidos. Este tipo de situaciones, que no fueron aisladas, sugieren que el elemento definitorio del mapa de la
producción y la circulación de los testimonios no fue la fisonomía política de
los países de acogida –que, no obstante, tuvo su incidencia–, sino una
“estructura de posibilidades” de la denuncia modelada por las redes
transnacionales de organismos de derechos humanos y los foros humanitarios
internacionales.
El itinerario recorrido permitió bucear,
también, en el proceso de construcción de categorías de víctimas de la represión dictatorial. De la misma manera
que con los desaparecidos, la naturaleza atroz e inédita del crimen evidenció
la ausencia de una terminología adecuada para denominar a quienes salían con
vida de los CCD en los comienzos de la dictadura. El empleo inicial de nociones
relativas a la prisión política fue un indicio de esa dificultad. Pasaron años
hasta que, en un contexto marcado por las afirmaciones sobre el asesinato de
los desaparecidos, hizo irrupción pública el término “sobrevivientes”. Su propagación entre los actores del exilio,
síntoma de la buena recepción que tuvo la noción, no impidió su convivencia con
otras nociones como las de “ex detenidos”, “liberados” “reaparecidos” o
“desaparecidos”. En última instancia, la situación evidenciaba las dificultades
que existían todavía para consensuar una categoría que diera cuenta de esa
porción de las víctimas de la represión.
Durante
la transición democrática, el “show del horror”, la CONADEP y el Juicio a las
Juntas catapultaron los relatos del cautiverio clandestino al primer plano de
la escena pública local. En este marco, que coincidió con la cristalización de
una primera memoria social de la dictadura, los sobrevivientes se consagraron
en su rol de testigos de los crímenes de la represión estatal. Este trabajo
demostró que esa producción testimonial de la temprana democracia tuvo un
antecedente fundamental en los relatos difundidos en el exilio. Mediante su
estudio se pretendió aportar a la comprensión de un capítulo aún poco explorado
del activismo antidictatorial que cobró forma más allá de las fronteras
argentinas.
Bibliografía
Acha, O.
(2010). La nación futura. Rodolfo Puiggrós en las encrucijadas argentinas
del siglo XX, Buenos Aires: EUDEBA.
Alonso, L. (2013). “La
definición de las ofensas en el movimiento por los derechos humanos en
Argentina y la calificación de ‘Genocidio’”, en Contenciosa, año I, nº1.
Ayala, M. (2019). “‘Reaparecer en el exilio’:
experiencias de militantes argentinos sobrevivientes de desaparición forzada en
Venezuela (1979-1984)”, en Tempo, vol. 25, no. 2.
Calveiro, P. (1998). Poder y
desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires: Colihue.
Calveiro, Pilar (2006). “Testimonio y memoria en el relato histórico”, en Acta
Poética, 27, otoño.
Canelo, P. (2008). El proceso en
su laberinto. La interna militar de interna a Bignone, Buenos Aires: Prometeo.
Carnovale, V. (2011). Los
combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo XXI.
Catoggio, S. (2016). “Integración latinoamericana contra la coordinación represiva
y por una política regional de los derechos humanos. El caso CLAMOR”, en Funes,
P. (dir.). Revolución dictadura y democracia.
Lógicas militantes y militares en la historia argentina en el contexto
latinoamericano, Buenos Aires: Imago Mundi
Confino, H. (en prensa). “Las redes montoneras en el exilio. Revolución,
solidaridad y derechos humanos (1974-1980)”.
Copello, D.
(2019). “Faire la révolution par les droits de l’homme. Un phénomène d’imbrication militante dans l’Argentine des années 1970 et
1980”, en Revue Française de Science
Politique, Vol. 69, No. 4.
Crenzel, E. (2008). La historia
política del Nunca más. La
memoria de las desapariciones en la Argentina. BuenosAires:
Siglo XXI.
Feld, C. y Franco,
F. (2019). “Las tramas de la destrucción: prácticas, vínculos e interacciones
en el cautiverio clandestino de la ESMA”, Quinto Sol, 23:3.
Feld, C. y Messina, L. (2014), “En torno a la palabra testimonial de los sobrevivientes: testigos
legitimados y denegados de los centros clandestinos de detenciónen
Argentina”, en Tramas, Nro. 41.
Fernández Meijide, G. (2009). La historia íntima de los derechos humanos
en la Argentina (a Pablo), Buenos
Aires: Sudamericana.
Franco, M. (2008). El exilio.
Argentinos en Francia durante la dictadura, Buenos Aires: Siglo XXI.
Franco, M. (2012). Un enemigo
para la nación. Orden
interno, violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica.
Franco, M.
(2019). El final del silencio: dictadura, sociedad y derechos humanos en la
transición (1979-1983), Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
González Tizón, R (2016). “’Cada voz que se alce puede salvar una vida
en Argentina’. La producción testimonial de los sobrevivientes de los Centros
Clandestinos de Detención en el marco de la Comisión Argentina por los Derechos
Humanos”, en Papeles de Trabajo, 10 (17).
González
Tizón, R (2018). Militancia humanitaria y testimonio. Los sobrevivientes de
“El Vesubio” y la denuncia de los crímenes de la última dictadura (1978-2016),
Tesis de Doctorado en Historia, IDAES-UNSAM.
Guest, I. (1997). Behind the disappearances. Argentina’s dirty war
against human rights and the United Nations, Estados
Unidos: University of Pennsylvania Press.
Gutman, D.
(2015). Noviembre de
1976. Una misión en busca de la verdad, Buenos Aires: Capital Intelectual.
Jensen, S.
(2010). Los
exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura, Buenos Aires, Sudamericana.
Jensen, S. (2014).
“Las fuentes de oposición exiliar y el estudio de las actitudes sociales
durante el último gobierno militar en Argentina (1976-1979), ponencia
presentada en II Jornadas de trabajo sobre Exilios Políticos del
Cono Sur en el siglo XX. Agendas, problemas y perspectivas conceptuales, FHyCE, Universidad de la República, Montevideo.
Jensen, S. (2019).
“Los exiliados argentinos y los sentidos del Núremberg: de recurso
pedagógico a estrategia de persecución penal de los crímenes de la última
dictadura militar (1976-1983)”, en Folia Histórica del Nordeste, Nro.
34.
Kahan, E (2016). “Esto no es un Holocausto. El testimonio de Jacobo Ti m
merman y la represión a l os judío s durante la
última dictadura militar”. En Águila, Gabriela et al, Represión estatal y
violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40
años del golpe de Estado, Buenos Aires: FaHCE
UNLP.
Longoni, A. (2007). Traiciones.
La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la
represión, Buenos
Aires: Norma.
Pollack, M. (2006). Memoria,
olvido, silencio. La producción
social de identidades frente a situaciones límite, La Plata: Ediciones al
Margen.
Rama, C. (2019). “La reaparición
de Alicia Partnoy: Historia del exilio de una
sobreviviente de los espacios de detención clandestina de la última dictadura
en Argentina (1976-1983)”, en Avances del CESOR, Rosario.
Rocha, J. (2018). A solidariedade não tem fronteiras: a história do grupo Clamor com os
refugiados sul-americanos. São Paulo:
Outras Expressões.
Sznajder, M. y Roniger, L. (2013) La política del destierro y el exilio
en América Latina, México: Fondo de Cultura Económica.
Rot, G. (2015). Itinerarios revolucionarios: Eduardo L. Duhalde –
Haroldo Logiurato. De la resistencia peronista al
Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, Buenos Aires: El Topo
Blindado.
Serra
Padrós, (2014). “CLAMOR: a solidaridade contra o
terrorismo de Estado e a Operacão
Condor, Projeto
História, São Paulo.
Tello, M. (2014). “Una vara con
qué medirnos: una lectura antropológica sobre los sentidos de la transgresión y
la ‘traición’ en las memorias sobre la militancia en ‘los 70’”, en Contenciosa,
año II, número 3, segundo semestre de 2014.
Tello, M. (2015), “Yo acuso: un
análisis antropológico sobre lo jurídicoen los
primeros testimonios acerca de La Perla”, en Clepsidra. Revista
interdisciplinaria de estudios sobre memoria, nº4, pp.90-115, octubre de
2015.
Tolentino, M. (en prensa), “O Clamor dos campos de concentração”: a produção
de saberes e discursos sobre os sobreviventes dos
centros clandestinos de detenção argentinos no arquivo do CLAMOR (1978-1984).
Wieviorka, A. (1998). L’ere du témoin, Paris: Hachette, 1998.
Yankelevich,
P. (2010), Ráfagas de un
exilio. Argentinos en México: 1974-1983, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Recibido: 20/05/2020
Evaluado: 29/06/2020
Versión Final: 29/07/2020
[1] CADHU, Argentina:
Proceso al Genocidio, Madrid: Elías Querejeta Ediciones, marzo de 1977.
[2] Ibidem, p. 9.
[3] Amnistía
Internacional, Informe de una misión de Amnistía Internacional a la
Argentina, 6-15 de noviembre de 1976, Barcelona: Amnesty
International Publications, 1977.
[4] Ibidem, p. 67.
[5] Diversos autores y autoras insistieron en
que el testimonio de la experiencia concentracionaria
es producto no sólo de la voluntad de denunciar de los sobrevivientes sino, también, de contextos políticos y modos de
solicitación de la palabra específicos que favorecen la emergencia de esos
relatos (Calveiro, 2006; Pollak, 2006; Tello, 2015).
[6] A pesar de ser
una referencia obligada para los denunciantes, la ONU planteó dificultades iniciales para
quienes buscaban la condena de la dictadura. Esto se debía a los vínculos
comerciales que unían a la Junta Militar y la Unión Soviética, cuyo voto era
necesario para el tratamiento del caso argentino por parte del organismo
internacional (Franco, 2008).
[7] Amnesty International, Testimonies on
persons, torture and detention
in Argentina, Londres, Agosto de 1976 (citado en
Gutman, 2015: 43-44). Hasta donde logró reconstruirse, el documento fue pionero
en incluir explícitamente la palabra de los sobrevivientes en una denuncia
pública de los crímenes dictatoriales. Previamente, esta había aparecido de
manera indirecta o solapada en las presentaciones de los familiares y/o en los
escritos elaborados por organismos, por ejemplo, para dar cuenta de información
sobre el supuesto paradero de algunos desaparecidos o sobre lugares que se
sospechaban funcionaban como CCD.
[8] Sala de Representantes de los Estados Unidos, Audiencias
ante subcomité de Organizaciones Internacionales, Segunda Sesión, 28-29 de
septiembre de 1976. Weeks había sido citado a declarar debido a la
relevancia pública que había adquirido su caso en Estados Unidos, donde las
iniciativas emanadas desde la sociedad civil impulsaron gestiones diplomáticas
por su liberación. En esa misma sesión del subcomité de Organizaciones
Internacionales declaró también el abogado Gustavo Roca, integrante de la CADHU,
procedente de España. Junto a él había viajado otro miembro del organismo, Lucio
Garzón Maceda, exiliado en París, cuya declaración estaba pautada para el día
siguiente.
[9] La denuncia del COSPA tomaba
como base, a su vez, un informe elaborado por la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre (LADH). “Las
calles de Buenos Aires son objetivos militares”, El Día, 12 de noviembre
de 1976. Disponible en el Archivo Nacional de la Memoria.
[10] CAIS, Prisons Argentines,
París, diciembre de 1976.
[11] Más abarcativa que la de “preso político”, la noción incluía
también a personas perseguidas por su religión, sexo, orientación sexual o
pertenencia étnica (Gutman, 2015). Sin embargo, contenía una exclusión
taxativa: no entraban en la categoría quienes estuvieran acusados de haber cometido
un delito de sangre, lo que en la práctica dejaba fuera a los miembros de la
guerrilla.
[12] CAIS, op. cit., diciembre de 1976.
[13] CAIS, Repression et torture, París, 1976.
[14] El Día, op. cit.,
12 de noviembre de 1976.
[15] CAIS, op. cit., diciembre de 1976, p. 15.
[16] Amnesty International, op.
cit., agosto de 1976 (citado en Gutman, 2015: 43-44).
[17] Así, por
ejemplo, comenzaba Weeks su alocución ante la Cámara
de Representantes: “Mi nombre es James Weeks, soy un
sacerdote norteamericano que trabajó en Argentina durante los últimos once
años” (Sala de Representantes de los Estados Unidos, op.
cit., p. 2.).
[18] El Día, op. cit.,12 de
noviembre de 1976.
[19] CAIS, op. cit., diciembre de 1976, p. 16.
[20] Amnistía
Internacional, op. cit., agosto de 1976
(citado en Gutman, 2015: 43-44).
[21] CAIS, op. cit., diciembre de 1976, p. 14.
[22] Sala de
Representantes, op. cit., p. 2.
[23] Amnistía
Internacional, op. cit., agosto de 1976
(citado en Gutman, 2015: 43-44).
[24] CAIS, op. cit., diciembre de 1976, p. 13.
[25] Amnistía Internacional, op.
cit., agosto de 1976 (citado en Gutman, 2015: 43-44).
[26] CAIS, op. cit., 1976, p. 2.
[27] Idem.
[28] Idem.
[29] No es sencillo establecer una fecha específica para la
fundación de la CADHU. Según Carlos González Gartland,
el organismo se creó en abril de 1976, información confirmada por un documento
posterior (CADHU, Programa: Buro de Información Europeo de la Comisión
Argentina de Derechos Humanos, París, 21 de abril de 1978). No obstante, la
Asamblea Constitutiva donde se aprobaron la Declaración de Principios y
el Estatuto de la CADHU –formalizando así el funcionamiento de la nueva
entidad– tuvo lugar en julio de 1976.
[30] Para una
historia del PROA, véase Rot (2015).
[31] Memoria Abierta, Entrevista a Manuel Gaggero, Buenos Aires, 17 y 24 de noviembre y 19 de diciembre
de 2003; Rot (2015).
[32] En la
centralización de la información recibida de parte de las organizaciones
armadas jugó un rol central Ignacio Ikonicoff, quien
se encargó de hacerla salir del país cuando una parte de los miembros de la
CADHU se instaló en el exterior. Ikonicoff sería
secuestrado y desaparecido junto a un número importante de miembros del
organismo del grupo proveniente del PROA en la llamada “Masacre de Marcos Paz”,
ocurrida entre el 11 y 12 de junio de 1977 (Rot,
2015).
[33] El
estatuto del organismo hacía énfasis en la necesidad de lograr la “ampliación y profundización de la denuncia ante Foros
Internacionales” (CADHU, Estatuto, 10 de diciembre de 1976).
[34] Memoria
Abierta, Entrevista a María del Socorro Alonso, Buenos Aires, 24 de
julio de 2001.
[35] CADHU, op. cit., 1977, p. 11.
[36] Estas
secciones eran “Estructura del Estado represor”, “El Terrorismo de Estado”, “La
represión obrera: razón de Estado”, “Epílogo” y “Testimonios y denuncias” (Ibidem).
[37] Amnistía
Internacional, op. cit., 1977, p. 10.
[38] Ibidem,
pp.
13-14.
[39] Ibidem, p. 67.
[40] Ibidem, p. 51. El informe ofrece varios ejemplos de
esta fórmula (pp. 50-52).
[41] Ibidem, p. 41.
[42] Ibidem, p. 43.
[43] Idem.
[44] A pesar de las
dificultades esbozadas, el informe ofrecía los nombres de diecisiete “centros
de detención no oficiales” distribuidos en cuatro provincias (Amnistía Internacional, op. cit., 1977, pp.
43-44).
[45] Pocos días después de la conferencia de prensa en Londres, The Sunday Times publicó
una entrevista con Rodríguez Larreta (Gutman, 2015: 118). En España, El País publicó una
nota alusiva a la aparición del libro de la CADHU bajo el título “El genocidio
argentino”. El artículo reservaba un párrafo para referirse al apartado con los
testimonios (“El genocidio argentino”, El País, 10 de abril de 1977). En
México, los informes de Amnistía Internacional y de la CADHU merecieron notas
en diversos periódicos (El Día, “Impera en la Argentina un Régimen de Terrorismo de Estado: la CADHU”,
19 de marzo de 1977 “Amnistía
Internacional Denuncia que hay en Argentina 6 mil Presos sin Proceso Legal y 5
mil Desaparecidos’, 24 de marzo de 1977; Excelsior, “Testimonio
de un uruguayo torturado en Argentina, 14 de abril de 1977).
[46] Pocos días después de la publicación del documento, el
1 de abril, Rice ofreció su relato del cautiverio en una sesión especial del
Parlamento británico junto a representantes de AI. Del mismo modo, el 26 de
septiembre, Victoria participó de la conferencia de prensa en Madrid con la que
el organismo presentó la versión en español del documento (Gutman, 2015: 125 y
119). Este recorrido de los sobrevivientes pone de relieve el peso de la
dimensión transnacional en el sentido en que lo entienden Roniger
y Sznajder (2013), esto es, como una cuarta dimensión
que supera la relación tripartita entre exiliados, país receptor y
país expulsor y que es condición de posibilidad para la difusión de las
denuncias.
[47] Se
realizaron traducciones completas de Argentina: Proceso al Genocidio al
francés y alemán, y parciales al inglés, italiano y holandés (CADHU, Argentina:
Proceso al Genocidio, Buenos Aires: Colihue, 2014). El informe de AI fue publicado en
inglés, español y alemán (Gutman, 2015).
[48] El testimonio
de Ana María Careaga adquiría una relevancia particular debido a que, poco
después de su liberación, sería secuestrada su madre, Esther Ballestrino, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
[49] Allí se definía la acción de Valenzuela como
una “heroica
y brillante maniobra de contrainteligencia” que le había permitido “burlar al
enemigo que lo tenía prisionero” (MPM, Testimonio del compañero Tulio
Valenzuela sobre la campaña de atentados en el exterior de la dictadura de
Videla, 1978, p. 1).
[50] Ibidem, pp. 7 y 8.
[51] Ibidem, pp. 3 y 7.
[52] Ibidem, p. 3.
[53] El
evento deportivo, por su relevancia internacional, generó una fractura al
interior de la comunidad de exiliados entre quienes pensaban que debía
impedirse su realización -y aquellos que lo veían como una oportunidad para que
la prensa extranjera conociera de primera mano los crímenes de la represión
(Franco, 2008; Jensen, 2010).
[54] Maggio, Horacio Domingo. Testimonio, abril de 1978,
p. 2.
[55] MPM, Testimonio
de Jaime Dri, s/l, septiembre de 1978, pp. 1 y 8.
[56] Ibidem, p. 5.
[57] Maggio, op. cit., p. 7. El propio Maggio dio una entrevista desde la clandestinidad al
periodista Richard Bourdeaux, subdirector de la
agencia de noticias norteamericana Associated Press en Argentina.
[58] Bonasso, M., Recuerdo de la muerte, Buenos Aires:
Planeta, 1994 [1984], p. 438.
[59] El impulso que llevó a la fundación de CLAMOR surgió de la
periodista Jan Rocha, del abogado Luiz Eduardo Greenhalgh y del pastor protestante Jaime Wright (Catoggio, 2016).
[60] CLAMOR,
Boletín, Año I, Nro. I, junio de 1978, p. 1.
[61] CLAMOR,
Boletín Nro. 2, julio de 1978. La orientación eminentemente humanitaria
de CLAMOR no le impidió recibir testimonios de circuitos testimoniales menos
afines a su posicionamiento político. El archivo del organismo contiene, por
ejemplo, varios relatos producidos en el seno de la CADHU (Tolentino, en
prensa).
[62] CLAMOR, Boletín
Nro. 1, junio de 1978.
[63] Ibidem, p. 3.
[64] “C. R.”, entrevista con el autor, CABA, 4 de mayo de 2019.
[65] Según este
dirigente, “fuimos
armando una estructura que cuando llega gente (…) tenías una estructura armada
para que las reciban y metan todo el tema de la denuncia”. (“C. R.”, entrevista
con el autor, op. cit.).
[66] CADHU,
“Testimonios de los sobrevivientes del genocidio en Argentina”, París, octubre
de 1979.
[67] Al ser
consultada por el testimonio de París, Alicia Milia
sostuvo que “lo bancó la CADHU, [pero] yo creo que sí lo negoció con la
organización Montoneros” (entrevista con el autor, Buenos Aires, 17 de junio de
2019).
[68] El 14 de octubre de 1979, a raíz de la
denuncia de las tres sobrevivientes de la ESMA, el diario francés Liberátion denunció en tapa la presencia de un
miembro del grupo de tareas en el Centro Piloto bajo el título “Un torturador
argentino designado en París”. También dio cuenta del testimonio el periódico
español El País, que identificaba a sus autoras como “Las tres mujeres
supervivientes de los desaparecidos de la Argentina” (El País, 13 de
octubre de 1979). Dos meses después, Presencia Argentina, publicación
del Centro Argentino de Madrid, reprodujo el relato en un artículo titulado
“Testimonio de la Escuela de Mecánica” (Nro. 2, diciembre de 1979).
[69] CADHU, op. cit., 12 de octubre de 1979, p. 5.
[70] Así se
presentaban, por ejemplo, los autores de un testimonio publicado por AI en
febrero de 1980: “Somos dos sobrevivientes de los campos de concentración en Argentina”
(Amnistía Internacional, Testimonios sobre campos secretos de detención
en Argentina, Londres: Publicaciones de Amnistía Internacional,
1980, p. 2). De igual modo, los artículos que animaron la polémica por el
contenido de los testimonios en México se titularon sucesivamente “Los
testimonios de los sobrevivientes” (Controversia, Año II, número
9-10, México, diciembre de 1980), “Los sobrevivientes de
los testimonios” (Cuadernos de Marcha, México, enero-febrero de
1981) y “Tres sobrevivientes responden” (Controversia, Año II,
Nro. 14, agosto de 1981, p. 29.). En diciembre de
1983, CLAMOR publicó un testimonio bajo el título “Sobrevivientes de ‘La Cacha’ se reúnen
en Brasil” (CLAMOR, Boletín Nro. 15, diciembre de 1983, p. 13).
[71] En un pasaje de su testimonio a la CADHU, Graciela
Daleo y Andrés Castillo se referían a sí mismos como “liberados de los campos
de concentración” (Testimonio de Graciela Daleo y Andrés Castillo, Madrid,18 de febrero de 1982, p. 22).
[72] “Campo de
concentración clandestino denuncian desaparecidos argentinos”, El Día,
México, 17 de noviembre de 1983; “Testimonio de un desaparecido”, Resumen de la
actualidad argentina, nro.78, 20 de diciembre de 1982; “Testimonio de
una desaparecida al diario madrileño Pueblo”, El Día, México, 16
de marzo de 1983; “Los desaparecidos empiezan a hablar”, Siete Días,
México, 19 de octubre de 1983.
[73] Esta inestabilidad de las categorías no se planteó
sólo respecto de quienes habían salido con vida de los CCD. En términos
generales, se hizo extensiva al conjunto del fenómeno represivo de la última
dictadura (Franco, 2019) y llegó a su fin con la publicación del informe de la
CONADEP en noviembre de 1984 (Crenzel, 2008).
[74] Tres semanas
antes del testimonio en la Asamblea Nacional Francesa, Nilda Orazi, sobreviviente de la ESMA y del CCD “Club Atlético”,
narró su cautiverio en una conferencia de prensa en París auspiciada por el
COSOFAM. La versión escrita del relato presentaba una estructura similar a la
del testimonio de las tres sobrevivientes de la ESMA. El parecido se explicaba
por la participación de Orazi en las reuniones
preparatorias de este último, del que finalmente decidió no participar
presentando su relato de manera independiente y al margen de la CADHU.
(Graciela Daleo, entrevista con el autor, CABA, 4 de junio de 2019). En
consecuencia, es posible pensar a ambos testimonios como resultado de un mismo
proceso de producción.
[75] Para
una descripción del “proceso de recuperación” de la ESMA, véase Feld y Franco (2019).
[76] Un ejemplo
concreto, tomado del relato de Alberto Girdondo
permite ilustrar la estructura de la serie “CADHU”: “Datos
personales del testimoniante”;
“Cronología de los
hechos”; “El Grupo de Tareas 3.3.2. Antecedentes de su
formación”; “Orígenes
del 3.3.2”; “Carácter institucional de la
represión”; “Descripción del centro
de detención de la ESMA”; “Sótano, planta
baja, dorado, altillo o ‘capucha’”;
“Organización y estructura del GT 3.3.2”;
“Inteligencia-Operaciones”;
“Logística”; “Guardias”; “Los
secuestros”; “Los interrogatorios”; “Destino de
los secuestrados de la ESMA. Los hechos de los cuales tuve conocimiento
directo”;
“Versiones obtenidas de los miembros del GT”;
Conclusiones”; “Los secuestrados
puestos en libertad”; “Secuestradas embarazadas”;
“Secuestro de quince personas
de una iglesia”; “Abogados Díaz Lestren y Pesci”; “Norma Arrostito”;
“Horacio Maggio”; “Operaciones de secuestro en el
exterior del país”; Personas que integraron el GT 3.3.2. Oficiales de Marina”;
“Personal de Policía Federal – Personal de la P.N.M”; “Otras personas que
estuvieron secuestradas en la ESMA y cuyo paradero desconozco” (CADHU, Testimonio
sobre el centro de detención secreto de la Escuela de Mecánica de la Armada, en
Buenos Aires Argentina. Testimoniante: Alberto
Girondo, Ginebra, febrero de 1982. Archivo de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, disponible en
Memoria Abierta).
[77] Memoria
Abierta, Entrevista a Patrick Rice, Buenos Aires, 16 de octubre de 2001.
[78] CIDH, Informe Anual 1978. Disponible
en https://www.cidh.oas.org/annualrep/78sp/Argentina2450.htm
(última consulta: 7 de mayo de 2020).
[79] Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, “Resolución
Nº20 (XXXVI)”, 29 de febrero de 1980.
[80] Esta constelación
de entidades era explicitada en la portada de muchos testimonios como, por
ejemplo, el de Graciela Daleo y Andrés Castillo ante la CADHU, que estaba
dirigido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Cruz Roja
Internacional, el ACNUR, el Consejo Mundial de Iglesias, AI, Pax Cristhi, Pax
romana, la Comisión Internacional de Juristas y la Organización Paz y Justicia. (Testimonio de Graciela Daleo y Andrés Castillo, Madrid, 18 de
febrero de 1982).
[81] Amnistía
Internacional, op. cit., 1980.
[82] Estos apartados eran: “I. Los Campos; II. Proceso general de los “desaparecidos”; III. Vida
dentro de los campos de concentración; IV. Los traslados y la resolución final;
V. Colaboración con los servicios extranjeros; VI. Carácter mercenario de las fuerzas
represivas; VII. Las compañeras embarazadas” (Idem).
[83] CLAMOR, op. cit., diciembre de 1983. El proyecto
había sido concebido en México por una de las sobrevivientes –Alcira Ríos– y
representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, y propuesto luego a Jan Rocha. La
representante del organismo brasileño hizo las gestiones para realizar el
encuentro en San Pablo, al que asistieron sobrevivientes radicados en Argentina, Brasil,
Italia, México y Suecia.
[84] CADHU, op. cit., 12 de octubre de 1979, pp. 13 y 15.
Este reconocimiento del activismo revolucionario
alcanzaba su pico en el testimonio de Juan Carlos Scarpatti,
quien refería su “militancia política en el Movimiento Peronista” y reconocía
su pertenencia al “Partido Montonero”, donde había ostentado el grado de
“Oficial mayor” y de “Jefe de Propaganda del Área Federal”. Todos estos detalles
se explican, en parte, por el carácter confidencial del testimonio, pero aun
así dan cuenta de la receptividad de la CADHU al imaginario revolucionario
(CADHU, Testimonio de Juan Carlos Scarpatti,
Madrid, 12 de junio de 1979, p. 1).
[85] CADHU, Testimonio
del ex detenido-desaparecido Juan Martin sobre campos de concentración
clandestinos de la provincia de Tucumán (República Argentina), Madrid,
1982, pp. 5 y 51.
[86] CADHU, op. cit., 12 de octubre de 1979, pp. 6, 7 y
8.
[87] CADHU, op. cit., febrero de 1982, p. 25.
[88] Ibidem, p. 1.
[89] CLAMOR, op. cit., 1983, p. 14.
[90] Gabetta, Carlos. L’Argentine
ou le diable dans le soleil, Paris:
Atelier Marc Julian, 1979.
[91] Bousquet, Jean-Pierre. Les folles de la place de mai, Paris: Stock, 1980.
[92] Timerman, Jacobo. Preso sin nombre, celda sin número, Nueva York: Random Editores, 1981.
[93] Ibidem, p. 74.
[94] Gabetta, op. cit., p. 157.
[95] Ibidem, pp. 165 y 167.
[96] “A los
judíos, querían borrarlos. El interrogatorio a los enemigos era un trabajo; a
los judíos un placer o una maldición”; “El gobierno militar que tomó el poder
en Argentina en marzo de 1976 llegó con el más completo arsenal de ideología
nazi como parte importante de su estructura” (Timerman, op. cit., pp. 66 y 69).
[97] Ibidem, pp. 99 y 154.
[98] En México, el
testimonio de Timerman mereció la atención de la
prensa (“Protesta Argentina Ante EU: no Tenemos Campos de Concentración”, Excelsior,
México, 1 de julio de 1981; Espejo, Miguel. “El desgarramiento argentino
II”, Uno más uno, México, 3 de abril de 1982. Disponibles en el Archivo
Nacional de la Memoria) y una reproducción parcial en el Reader’s
Digest (“Preso sin nombre,
celda sin número”, Selección del Reader’s Digest, México DF, noviembre de 1982. Disponible en el
Archivo Nacional de la Memoria). Documentación desclasificada de la Cancillería
argentina, a su vez, da cuenta de la difusión del relato en Estados Unidos,
donde Timerman dio una conferencia de prensa
(Consulado Argentino en Nueva York, “Cable secreto Nro. 372”, Nueva York, 24 de
mayo de 1983).
[99] CADHU, op. cit., octubre de 1979, pp. 39-40.
[100] A esto se
sumaron las declaraciones del dirigente radical Ricardo Balbín, quien afirmó
ante la prensa española que en la Argentina “no había desaparecidos, sino
muertos” (“El Gobierno argentino considera zanjado el problema de los
desaparecidos”, El País, Madrid, 8 mayo de 1980).
[101] COSOFAM, “Lineamientos
fundamentales en las tareas de denuncia y solidaridad de CO.SO.FAM., en apoyo a
la lucha de los familiares en Argentina”, México, mayo de 1980.
[102] El documento
estaba firmado por las representaciones de COSOFAM de Ginebra, Italia, Holanda, Madrid,
París, Suecia y México (COSOFAM, “Carta a los compañeros de la CADHU”, Ginebra,
21 de febrero de 1980).
[103] Documento
de Familiares presentado ante la ONU”, Ginebra, septiembre-octubre de 1981, Archivo
de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Disponible en Memoria Abierta.
[104] Anónimo, “Denuncia sobre situación de
detenidos-desaparecidos en la Argentina”, s/l, marzo de 1980. Archivo de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Disponible en
Memoria Abierta. Para ver una reproducción de estas acusaciones dentro de la
Argentina, véase el documento “Nuestra
opinión sobre denuncias y testimonios”, elaborado por Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (Buenos Aires, 30 de diciembre
de 1980. Archivo de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones
Políticas Disponible en Memoria
Abierta).
[105] Según Tello,
por medio de esta operación “no
sólo se cuestionaba la veracidad de lo dicho (…) sino que se anudaba esto a la
confiabilidad de la fuente, es decir, el testigo” (2015: 100).
[106] CADHU,
op. cit., 12 de octubre de 1979, p. 10.
El testimonio de Graciela Daleo es elocuente al respecto: “formé parte del
grupo de secuestrados que adoptamos una conducta de simulación de colaboración
con los planes de la Armada, aparentando ser receptiva al ‘proceso de
recuperación’ que intentaron los marinos ensayar conmigo. Esto me permitió
acceder a la libertad, habiendo mantenido dentro del campo de concentración una
conducta acorde con los ideales que he defendido durante toda mi vida de
militante” (CADHU, op. cit., 18 de febrero de 1982,
p. 8).
[107] CADHU, Testimonio de Graciela Daleo y Andrés
Castillo, Madrid, 18 de febrero de 1982, p. 24.
[108] Ibidem.
[109] CADHU, Testimonio
de Lisandro Raúl Cubas y Rosario Quiroga, Madrid, 1982, p. 23.
[110] MPM, op cit., septiembre de 1978, p. 5.
[111]
Paradójicamente, esta construcción de sentidos fue también estimulada por
algunas de las entidades que difundieron la palabra de los sobrevivientes, como
la CADHU. En su informe sobre el CCD “La Perla”, publicado en Madrid en 1980,
el organismo incluyó un apartado titulado “La colaboración organizada”. Allí
señalaba a algunos secuestrados en particular como partícipes activos de la
represión. Estas acusaciones se reforzaron en los listados de secuestrados del
documento, donde esos cautivos eran etiquetados como “colaboradores” o “civiles
adscriptos” (CADHU, Informe del campo de concentración y exterminio ‘La
Perla’, 1980). Para observar los efectos que tuvieron estas
acusaciones en la palabra testimonial de los sobrevivientes, ver Feld y Messina (2014).
[112] Schmucler, H., op.
cit., diciembre de 1980.
[113] Ibidem, p. 4.
[114] Ibidem. Esta
animosidad se explicaba en buena medida por la desaparición del hijo de Schmucler, militante de esa organización, asesinado por la
dictadura el 29 de enero de 1977 en la ciudad de La Plata. El
intelectual responsabilizada a la Conducción montonera por exponer a sus
militantes al no ordenarles la salida del país inmediatamente después de
consumado el golpe de Estado.
[115] El
texto de Schmucler motivó una dura respuesta de Mempo Giardinelli, también
exiliado en México, publicada en las páginas de la revista Cuadernos de
Marcha bajo el título “Los sobrevivientes de los testimonios” (Cuardernos de Marcha, op. cit.).
[116] Callizo, L., Meschiatti, T. y Di Monte, P., op.
cit., p. 29.
[117] Ibidem, p. 30.
[118] Ibidem, p. 31.
[119] Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Correspondencia con el
COSOFAM, Buenos Aires-México, 6 de octubre de 1983. Disponible en Memoria
Abierta.
[120] Previo
a eso, El Día había publicado un artículo titulado “Existen
desaparecidos vivos” donde se daba cuenta de un documento del COSOFAM en el que
se afirmaba la presencia de personas con vida en los CCD. La fuente de esa
información era el relato de una sobreviviente cuya identidad se mantenía en
reserva (México, 16 de febrero de 1983).
[121] Diament, Raúl. “Los desaparecidos empiezan a hablar”, Siete días, 19 de octubre
de 1983. Disponible en el
Archivo Nacional de la Memoria.