The poor and poverty on municipal agendas: actions and discussions in
the center and south of province of Buenos Aires between 1913 and 1920
Yolanda de Paz Trueba
Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)
yolidepaz@gmail.com
Centro de Estudios Regionales “Prof. Félix Weinberg”,
Universidad Nacional del
Sur,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)
Resumen
En el marco de los dilemas que la pobreza y
los diversos problemas sociales vinculados a ella plantearon a quienes debieron
gestionar medidas al respecto entre 1913 y 1920 en el nivel municipal, este
trabajo busca observar los sutiles desplazamientos que se dieron en la idea de
responsabilidad del Estado sobre las cuestiones sociales. Buscamos examinar de
qué manera la percepción de las desigualdades marcó las agendas municipales de
la región estudiada, afectando la manera de resolver las necesidades
pero sobre todo la concepción de la función política en ello.
Sostenemos que muchas de esas soluciones
superaron la coyuntura al poner en agenda lo social como problema público y
político, si bien no mermó el protagonismo de las instituciones filantrópicas
que tradicionalmente habían atendido a estas cuestiones.
Centramos la pesquisa en la manera en que
aquellos que debieron ofrecer resultados, pensaron la pobreza en el marco de
una agenda de problemas ampliada y procuramos ir más allá de las concreciones
para analizar las discusiones generadas alrededor de la búsqueda de paliativos
y observar de qué manera la crisis instaló en el debate la cuestión de las
responsabilidades sociales y públicas por la pobreza en un momento de
transición política.
Palabras
Clave
Pobreza; Desigualdades; Estados municipales; Discusiones;
Actores.
Abstract
This paper presents
the subtle variations that took place in the approximation of the State responsibilities
in relation to the social matters between 1913 and 1920 at municipal level for
those in charge of taking decisions in the framework of the dilemma that
poverty and its social consequences brought at that time. We look forward to analyze the way in which the perception of inequalities
determined the municipal agenda in the studied region, affecting the way in which necessities were
solved, but above that, the political function conception for this.
We stat that many of
the solutions overpass the juncture by introducing into the agenda the social
aspects as a political and public problem, even though the participation of
philanthropic institutions that traditionally had taken care of this issues,
was not reduced.
We center the research in the way in which those in charged of providing solutions thought the poverty in the
framework of an expanded problems agenda; and we intend to give a step further
beyond the results they obtained, to analyze the
generated discussions around the search of palliatives and look in which manner
the crisis imposed into the debate, the public and social responsibilities to
the poverty at the time of a political transition.
Keywords
Poverty; Inequalities; Municipal states; Discussions Actors.
Introducción
Al promediar la
segunda década del siglo XX, las imágenes del progreso que se diseminaban por
diversos espacios de la provincia de Buenos Aires eran tan impactantes como las
de las múltiples desigualdades que este generaba. La prensa del interior provincial devuelve
representaciones en las que el avance de obras públicas como el pavimento y la
iluminación de las calles, la construcción de ambiciosos proyectos
arquitectónicos como parques municipales y palacios de gobierno lujosos, se
acompañaban de publicidades que incitaban al consumo de productos novedosos a
sectores que iban logrando cierto ascenso social. Al mismo tiempo, y al igual que en las
grandes ciudades, nos habla de pobreza y necesidades varias que, ante una
coyuntura particular de crisis como la del período 1913-1920, se vieron en
aumento.
Un panorama
similar es el que proyectan las discusiones en los ámbitos legislativos y
ejecutivos locales en los que focaliza este trabajo: como la contracara del
crecimiento se recorta en estas esferas la figura del otro, constituida por un conjunto de actores pauperizados que, al
tiempo que se creía que ponían en peligro el orden y la prosperidad alcanzados,
comenzaban paulatinamente a ser reconocidos como víctimas de situaciones
sociales y económicas coyunturales que escapaban a su voluntad.
En el marco de un
Estado liberal, la representación de la pobreza había estado desde el siglo
anterior vinculada a una concepción moral antes que política: los indigentes
eran responsables de su suerte y la de sus familias (Remedi,
2017; Moreyra, 2018). En el contexto de la Gran
Guerra con sus impactos sobre la economía argentina y la inmediata posguerra,
así como de los desajustes que el modelo de crecimiento venía mostrando desde
un tiempo antes, estas ideas sufrieron algunas mutaciones. La crisis estimuló
un replanteo al respecto y cambiaron algunas clasificaciones: a los
menesterosos y mendigos de siempre se agregaron los afectados por la falta de
trabajo, problemas de salud o higiénicos, desastres naturales o complicaciones
de acceso a la educación-capacitación. A esas nuevas categorías correspondieron
también nuevas acciones, en el marco de una situación que era percibida como
transitoria. En ocasiones, ni el asilo en entidades privadas ni la represión de
ciertas manifestaciones de la pobreza como la mendicidad se consideraron
suficientes para resolver estas dificultades, tal como muestran las discusiones
políticas que se generaron.
Con una mirada
anclada en la historia social,1 este trabajo
busca observar los sutiles desplazamientos en la idea de responsabilidad del
Estado en las cuestiones sociales,
particularmente en relación a los dilemas que la pobreza y los diversos
problemas vinculados a ella plantearon a quienes debieron gestionar decisiones
y medidas al respecto entre 1913 y 1920.2 Buscamos aportar
con una perspectiva situada, a un problema más amplio como es el de la
construcción histórica de las inequidades y de su percepción por una pléyade de
sujetos. Con este propósito, se examina de qué manera en esta etapa tanto las
desigualdades como cierta conciencia sobre un momento irregular, hicieron
mella en las agendas municipales de la región estudiada, afectando no solo la
forma de percibir la pobreza y sus causas sino también la manera de resolverlas
pero sobre todo la concepción de la función política en ello.3 Si bien esas soluciones fueron
pensadas en general para reparar la situación del momento y no modificaron de
manera sustancial el organigrama mixto de atención de necesidades sociales,
sostenemos que superaron la coyuntura al poner en agenda lo social como
problema público y al comprometer en su tratamiento a un abanico más amplio de
actores. Es así que observamos un involucramiento más activo de los poderes políticos
en el ámbito local, si bien no mermó el protagonismo de las instituciones
filantrópicas y las personas caritativas, quienes tradicionalmente habían
atendido a estas cuestiones.4
Nuestro marco
temporal comprende desde el año previo al estallido de la Primera Guerra
Mundial, cuando se dieron los primeros signos de desmejoramiento económico en
la provincia, hasta los dos años posteriores a su finalización, un momento
particular en el que se conjugaron las consecuencias del crecimiento urbano con
una crisis específica que generó nuevos tipos de pobreza (Rocchi,
2013; Gerchunoff, 2016). Pero, además, un lapso
relevante para el análisis de las desigualdades ya que la pauperización que los
diarios denunciaban era según sostiene Daniel Santilli
(2019) la manifestación visible de algo más profundo: las inequidades sobre las
que se basó el crecimiento argentino y que por entonces comenzaban a dar los
primeros signos de una realidad que se transformaría en estructural.
En cuanto al marco
espacial, nos situamos en los partidos de Tandil, Azul y Bahía Blanca que,
interconectados por líneas férreas, con un importante hinterland productivo
rural y una salida portuaria al Atlántico, tenían amplias áreas de influencia y
constituían hitos en las redes de comunicaciones y transportes, nodos de
provisión de bienes comerciales y de servicios de salud y educación, así como
también focos de irradiación ideológica. Por ende, adquiere relevancia el
estudio del fenómeno de la pobreza en una de las zonas más prósperas de la provincia
por su capacidad proveedora de alimentos y materias primas al mercado
internacional y, por ende, una de las más afectadas por su desarticulación
temporal. A los desequilibrios económicos se sumaron cambios políticos, que
condujeron al predominio del radicalismo y a una mayor gravitación del
socialismo hacia el final del periodo.5 El tratamiento del problema a escala
municipal obedece a que, como señala Beatriz Moreyra
(2009) era la instancia estatal más permeable a los reclamos de asistencia y
contaba con algunas atribuciones en materia de beneficencia pública.
En los últimos
años, la evidencia de las desigualdades endémicas ha llevado al desarrollo de
abordajes que intentan reflexionar sobre ellas en su derrotero histórico. Su
persistencia ha habilitado como señala Moreyra
diversas interpretaciones sobre “…los modos en los cuales, históricamente,
distintas sociedades y culturas han reproducido, tolerado, ignorado e impugnado
inequidades…” (Moreyra, 2018:87). Esas lecturas parten de perspectivas diferentes
a otras previas que pensaron en los desequilibrios derivados del crecimiento
argentino (Zimmermann, 1995; Suriano, 2017). Con diversos enfoques e intereses
y situados en contextos distintos, estos trabajos representan aportes
fundamentales para pensar la pobreza inscripta en el largo plazo, y como una
manifestación más de las disparidades en las que se asentó el desenvolvimiento
del país (Gelman, 2011; Moreyra, 2018; Santilli, 2019; Rocchi, 2020).
La relevancia de
los Estados municipales en la atención de las necesidades sociales en la etapa
de modernización ha sido abordada hace tiempo e, incluso, varios trabajos han
mostrado cómo en el marco aquí estudiado estos adoptaron medidas puntuales para
paliar la pobreza en diversas regiones (Remedi, 2003;
Moreyra, 2009; Pascual & Roldán, 2015; de Paz
Trueba & Bracamonte 2020; de Paz Trueba, 2020a). Estas investigaciones nos advierten sobre la
importancia que ha tenido para el Estado la regulación de las manifestaciones
de pobreza, sobre todo de la mendicidad y el vagabundeo que en ocasiones se
confundían, y su conexión con las organizaciones privadas en materia de
asistencialismo. La tarea que han cumplido estas últimas también ha
sido explorada, así como las biografías de los asistidos y las representaciones
sociales sobre la mendicidad adulta e infantil (Moreno, 2012; Remedi, 2017, 2019).
Todos estos
aportes han estimulado las reflexiones de este artículo que, reconstruyendo las
cuestiones sociales que refleja la documentación municipal,6 busca abordar la perspectiva del
Estado sobre los pobres habituales (los de
solemnidad y los que atendían las instituciones de beneficencia), los nuevos
(los que se veían desempleados o sub ocupados por la crisis) pero también otros
actores que revistaban entre ellos aunque sus necesidades eran menos evidentes,
como los escolares, las parturientas pobres y las víctimas de desastres
naturales. Centramos la pesquisa en la manera en que aquellos que debieron
hallar remedios pensaron la pobreza, en el
marco de una agenda de problemas ampliada que excedía a los mendigos y a sus
exhibiciones más visibles. Si bien la mayor parte de las soluciones fueron
efectivamente instrumentadas como coyunturales como han mostrado los estudios
citados, afirmamos que a los fines de aprehender sus consecuencias a mediano
plazo es necesario tener en cuenta el panorama más amplio de proyectos e
intercambios que tuvieron que ver directa o indirectamente con la vieja y la
nueva pobreza, que según entendemos trascienden esas medidas puntuales. Debido
a ello, procuramos ir más allá de las concreciones para analizar las
discusiones suscitadas alrededor de la búsqueda de soluciones y observar de qué
manera, en un escenario de transición política, la crisis instaló en el debate
la cuestión de las responsabilidades sociales y públicas por la pobreza.
Acción estatal en un contexto preocupante y demandante
Al promediar la
década de 1910, Tandil, Bahía Blanca y Azul se ubicaban entre las
jurisdicciones más pobladas y florecientes de la provincia.7 Si bien fueron impactados de diversas maneras por la crisis desatada en
1913, que se extendió con fluctuaciones y periodos de mayor o menor intensidad
hasta los primeros años de la posguerra, dichos partidos no perdieron esa
situación de relevancia. Pese al freno de la
expansión agrícola ganadera debido a las malas cosechas y a los obstáculos que
encontraron las exportaciones e importaciones a raíz de la guerra, la consolidación urbana continuó. Sin embargo, como sucedió en grandes
conglomerados también directamente asociados al modelo agroexportador como
Buenos Aires, Rosario y Córdoba (Rocchi, 2020;
Pascual & Roldán, 2015; Remedi, 2003), las
desigualdades ya existentes entre los incluidos y los excluidos del proceso de
modernización se agudizaron. En efecto, los paisajes sociales urbanos se vieron
conmovidos por una circulación cada vez mayor de personas con el propósito
acuciante de conseguir una tarea remunerada, comida, vestimenta, medicinas o
limosnas.
Las posibilidades de empleo, las jornadas laborales y las remuneraciones
de los trabajadores se redujeron desde el comienzo de la crisis, afectando su
capacidad para pagar alquileres e impuestos y, finalmente, para obtener
víveres. Las dificultades fueron más
graves para quienes eran analfabetos y carecían de calificación, especialmente
los jornaleros que oscilaban entre las labores urbanas, portuarias y rurales en
permanente imbricación.8 A raíz de la penuria
económica se organizaron huelgas, algunas de las cuales -como las relacionadas
con la explotación de la piedra en Tandil o la industria frigorífica en Bahía
Blanca- desencadenaron actos de violencia y muertes (Ascolani,
2013; Barandiarán, 2018; Costantini & Heredia Chaz, 2018). Los desocupados o sub ocupados y sus familias pasaron en consecuencia a
constituir una nueva capa empobrecida. A estas pobrezas de nuevo tipo se
sumaban algunas coyunturales, como la de los perjudicados por las inundaciones
que azotaron a Bahía Blanca en 1915 y a Azul en 1919. Además, aun cuando
lograron paliar privaciones básicas, las familias pobres vieron limitadas las
expectativas de progreso y ascenso social a través de la escolarización o la
capacitación laboral.9
En ese marco, los municipios, que iban adquiriendo mayor complejidad
institucional, se vieron interpelados por
diferentes aristas preocupantes de la realidad y por el imperativo de
garantizar la gobernabilidad. Pese a la caída en la recaudación que afectó a
los erarios públicos ya desequilibrados y endeudados, se continuaron las obras
de infraestructura para garantizar el desenvolvimiento de los factores
productivos y las inversiones en mejoras urbanas. Sin embargo, también se diseñaron medidas de
atención de lo social que respondían a demandas provenientes de personas pobres pero también de organizaciones civiles que tradicionalmente
se habían ocupado de asistirlas.10
Más allá de dar algunas respuestas puntuales a esos actores individuales
y colectivos, los municipios también concretaron proyectos de los propios
elencos políticos interpelados por la realidad cambiante, tanto en las etapas
conservadoras como en las de predominio radical.11 Además, el
ingreso de socialistas a los órganos legislativos hacia 1916 y 1917, luego de la apertura
democrática que había conllevado la reforma electoral de 1912, les imprimió un
mayor dinamismo que se observa en la presentación de propuestas que tenían como eje cuestiones sociales.
Trascendiendo las adscripciones partidarias, existió una conjunción de
miradas sobre algunos aspectos de la pobreza, que condujo al delineamiento de
un universo más diversificado de destinatarios potenciales de la acción
estatal. Esto dio lugar a diferentes modalidades de intervención en relación a
ese fenómeno, que incluían acciones de carácter paliativo, normativas
tendientes a la regulación de algunas de sus manifestaciones y creación de
instituciones oficiales.
En el primer
conjunto englobamos disposiciones en materia alimentaria, monetaria,
laboral, impositiva, sanitaria y educativa que pretendían atenuar el desmejoramiento
de la calidad de vida de algunos de los trabajadores y la falta de empleo de
otros. Desde la perspectiva de los
sectores dirigentes, estas dificultades eran una amenaza en varios sentidos,
entre ellos, el del desborde social. A ello respondió la implementación de ollas municipales, que registramos en Tandil en 1914.12 Este tipo de iniciativas, que solía surgir de la voluntad de los ejecutivos
de signo conservador, se mantuvo y amplió en todos los espacios estudiados
durante la etapa radical. El accionar estatal al respecto se desplegaba
mediante recursos propios y otros provenientes de comerciantes, particulares y
organizaciones civiles. En ocasiones la
logística se diseñaba mancomunada con estas últimas, como sucedió en Bahía
Blanca donde el Ejército de Salvación procedió a su concreción; algo que no fue
inusual como han mostrado Pascual y Roldán (2015) para el caso de Rosario.13
Las disposiciones
orientadas a la provisión directa de alimentos se acompañaron de otras
enfocadas al abaratamiento de las mercancías esenciales,
como el pedido a panaderos y molinos harineros de que redujeran importes de
materias primas y productos a cambio de una quita en los impuestos, el
establecimiento de ferias francas y la rebaja en las tasas municipales a vendedores ambulantes.14 Sin embargo, no parecía alcanzarse un
éxito sostenido en esta dirección, como muestran medidas tomadas años más tarde
en un escenario político dominado por el radicalismo. Nos referimos a la inauguración del Matadero
Municipal en Bahía Blanca en 1918 y a la conformación en el Concejo Deliberante
de Azul de una “Comisión pro abaratamiento” en 1919, intervenciones que
intentaban solucionar esos problemas pervivientes.15
Las medidas para
contribuir a paliar la falta de recursos para la subsistencia se extendieron
también hacia la adjudicación de dinero y la oferta de empleo. En tal sentido,
el ejecutivo bahiense otorgó pequeñas ayudas monetarias durante la guerra y en
1919 el Concejo Deliberante destinó partidas para socorrer a quienes sufrían un
paro forzoso.16 Las obras públicas también fueron previstas
como herramienta para llevar el sustento a las mesas de los más desfavorecidos,
como evidencia el caso de Tandil donde se ideó un plan para el arreglo de
calles y caminos con cuadrillas de obreros desocupados.17 Como se ha mostrado para Rosario,
estas medidas eran novedosas pues implicaban una
discontinuidad con las intervenciones represivas que habían predominado hasta
entonces (Pascual & Roldán, 2015). También formaron
parte de las mismas intenciones las propuestas de quitas de impuestos a los
contribuyentes que no podían afrontar el pago de tasas, como sucedió en Azul en
1916 por iniciativa del intendente Ángel Pintos, aunque eso pudiera perjudicar
a las economías municipales.18
Otro tema que sobresalía como preocupación para dirigentes de todos los signos
políticos era el de la salud de las personas en situación de pobreza. Al respecto, en los tres partidos y en las
diferentes administraciones se mantuvieron áreas de incumbencia estatal ya
establecidas a través de la infraestructura hospitalaria y del traslado de enfermos a
instituciones de otras ciudades, así como los vínculos cooperativos
con entidades de la sociedad civil.19 Sin embargo,
hubo emergencias en las que estas inquietudes se agudizaron, como la
epidemia de gripe de 1918 que obligó en Tandil a reevaluar el renglón del presupuesto
destinado a beneficencia a raíz de las solicitudes del vecindario.20 En cambio, otros avances no se concretaron, como la
contratación de una partera municipal en Bahía Blanca, propuesta efectuada por
el concejal socialista Agustín de Arrieta pero rechazada por la corporación
médica que la consideraba lesiva para los profesionales de la Asistencia
Pública.21
La asistencia
estatal para la educación elemental y la capacitación laboral también fue un
punto en el que se conjugaron preocupaciones sociales y gubernamentales.22 En las administraciones conservadoras
y radicales previas a 1917 ya se había destinado cierto socorro a los alumnos
pobres desde los consejos escolares, usualmente en colaboración con entidades
filantrópicas como la Sociedad Protectora de Niños Pobres de Azul.23 Sin embargo, concejales socialistas como Anacleto Farías en
Tandil y Arrieta en Bahía Blanca pusieron de relieve tras su llegada a los
cuerpos deliberativos la necesidad de proteger aún más a los niños que no iban
a las escuelas por carecer de medios, programando distribuciones de ropa o
dinero.24
Algunas fuentes de
recursos sugeridas para incrementar esos renglones de gastos no fueron
aceptadas, como una disminución de los sueldos de la administración propuesta
en el Concejo Deliberante de Tandil.25 Sin embargo, en líneas generales se aprecia la
intención de extender esos beneficios, incluso mediante el otorgamiento de
becas o subvenciones a entidades privadas como el Colegio Nuestra Señora de La Piedad y la
Escuela Taller San Vicente de Paul de Bahía Blanca.26 Asimismo, debido a las
interpelaciones por parte de particulares, durante todo el periodo se concedieron
algunas becas a estudiantes pobres que deseaban capacitarse en
conservatorios, academias y escuelas normales locales o en otros
establecimientos de las capitales nacional y provincial (de Paz Trueba & Bracamonte, 2020).27
Además de esa
variedad de medidas para paliar algunos efectos de la pobreza, se adoptaron
disposiciones de carácter regulador que se focalizaron en el limosneo
callejero. Como en etapas precedentes, las autoridades
reconocían como mendigos a quienes podían acreditar su condición de pobres de solemnidad y tanto el
periodismo como las entidades
asilares denunciaban su multiplicación y resaltaban la mella que significaba
para la imagen moderna que debía caracterizar a estas ciudades. Intentando volver más estrictos los controles, en 1915 la
municipalidad conservadora de Bahía Blanca canceló los certificados vigentes y
obligó a renovarlos. Tras el alejamiento del partido conservador
observamos una continuidad en este sentido, del mismo modo que en Azul donde
tres años después se reforzó una ordenanza prohibitiva existente desde 1911 y en Tandil donde
en 1918 se sancionó una norma aboliendo
la mendicidad no regulada.28
La represión legal
de ese fenómeno también se había verificado en otros municipios como Córdoba a
partir de 1913 (Remedi, 2019) y no era una práctica
novedosa, ya que en Rosario existía desde 1860 e incluso desde antes en Buenos
Aires (Pascual & Roldán, 2015; Moreno, 2012). Sin embargo, el retiro de los
cuerpos mendicantes de las calles se enfrentaba en este nuevo contexto con el
límite de la inexistencia de sitios estatales en los cuales ingresarlos y la
insuficiencia de los privados, lo que nos conduce al otro tipo de medidas
instrumentadas: las tendientes a la institucionalización oficial de algunas
cuestiones vinculadas con la pobreza.
En tal sentido, en Bahía Blanca se implementaron mecanismos asilares
destinados a mendigos, denotando un singular avance de la intervención
estatal. Luego de la creación del Asilo
Centenario en 1916 en colaboración con las damas
de las conferencias vicentinas, que no logró implementarse, se crearon el
Patronato de Menores en 1918 y la Sociedad Tutelar Rivadavia en 1920, durante la nueva etapa
radical. Si bien la última tenía como
fin patrocinar al Patronato y a las entidades benéficas que desearan
incorporarse, incluido un futuro asilo para mendicantes adultos y ancianos, las
vicentinas decidieron no ingresar por temor a que se viera lesionada su
autonomía.29 Este caso muestra que la interacción con la sociedad civil se mantenía aún en el caso de
fundaciones oficiales y que no siempre se producía sin tensiones, aunque en todos los espacios estudiados primaron actitudes cooperativas. Además, el aumento
sustancial del dinero que se decidió asignarle desde el Estado municipal es un
indicador de la intención de acrecentar su presencia financiera en el área de
la beneficencia pública.30
En síntesis, producto de la conjunción entre las preocupaciones emanadas de los
sectores dirigentes de todos los signos políticos, en la etapa abordada se
adoptaron disposiciones que denotaron un involucramiento mayor de los
Estados municipales y diversificaron su agenda en relación a lo social. Aunque ciertas propuestas no prosperaron, otras fueron puestas en
práctica, buscando atenuar las consecuencias de la crisis para algunas de las
personas y familias imposibilitadas de sostenerse total o parcialmente por sus
propios medios.
Algunas de las medidas fueron de carácter paliativo y persiguieron el
propósito de aminorar falencias temporales, mientras que otras adquirieron
mayor permanencia como las tendientes a la regulación de la mendicidad y a la
institucionalización oficial. Todas estas intervenciones, nacidas en los
comienzos del periodo de crisis económica, continuaron una vez finalizada la
contienda bélica mundial debido a la prolongación de las necesidades que
pretendían atender, aun cuando los elencos políticos protagonistas fueran
otros. Si bien fueron
adoptadas por concejales y miembros del poder ejecutivo de todos los signos
políticos, también se inmiscuyeron para defender sus intereses o para apoyarlas
otros involucrados de diversas maneras en la provisión de asistencia que serían
potencialmente alcanzados por sus efectos.
Imbuidos de preocupaciones redobladas por la realidad de la pobreza que
percibían en aumento, e influidos por posicionamientos a favor y en contra de
las propuestas que elaboraban al buscar soluciones, los legisladores se vieron
obligados a revisar los roles estatales en relación a lo social. A continuación, nos adentraremos en las
discusiones que protagonizaron algunos de ellos y que contribuyen a esclarecer
las posturas que acompañaron los procesos de toma de decisiones que tendieron,
aunque de manera incipiente y parcial, a incrementar la presencia estatal en la
esfera asistencial mixta.
Discutir la pobreza o de cómo pensar el rol
del Estado
Las polémicas que
suscitaron algunas cuestiones sociales vinculadas con la pobreza, a la hora de
diseñar posibles soluciones para nuevos y viejos fenómenos asociados a ella,
nos permiten adentrarnos en las concepciones en disputa y las ideas cambiantes
sobre la función del Estado municipal en esa materia. Las discusiones y pedidos
de informes a los ejecutivos se hicieron más frecuentes entre 1918 y 1920, lo
cual puede explicarse, entre otros factores, porque se imponía una reflexión
sobre los efectos socioeconómicos de la guerra recién culminada y de las
acciones de emergencia para enfrentarlos, en un marco de creciente
conflictividad social. A ello se sumaba la regularización del funcionamiento de
los legislativos tras el paso de comisionados al frente de las comunas durante
la etapa conservadora y el ingreso de los socialistas.31
En muchos casos,
los representantes del socialismo propiciaron intercambios que tenían como eje preocupaciones alrededor de obreros, desocupados o
pobres, aunque en la práctica no cambió la lógica de las decisiones tomadas. Como han mostrado estudios que reparan en su
acción parlamentaria en contextos municipales, su llegada a los legislativos de
la zona fue menos rupturista de lo que su prédica desde afuera, especialmente
desde la prensa, podía prometer. Una vez obtenidas sus bancas en los recintos,
debieron adecuar esa arenga a las prácticas políticas pervivientes
y a las limitaciones que estas imponían (Barandiarán & Gómez, 2017). En razón de lo antes dicho, es de destacar que
los desacuerdos entre los ediles de todas las fuerzas intervinientes no tenían
relación con una postura ideológica o partidaria sino más bien con la posición
de cada uno ante los temas y con cómo entendían al respecto la función estatal.
Los asuntos agrupados
alrededor de tres cuestiones despertaron algunos desacuerdos: el grado de
diversificación de la acción municipal en términos de destinatarios, el alcance
de los procesos de institucionalización oficial y la relación entre el Estado y
las entidades privadas.
En cuanto al
primer punto, como vimos en el apartado anterior, existió un reconocimiento de
nuevas formas de pobreza que se sumaban a las estructurales vinculadas a la
condición de solemnidad o de necesidades que anteriormente no ocupaban un papel
central en las deliberaciones como las que aquejaban a desocupados,
damnificados por inundaciones o epidemias, parturientas y becarios. Tal como
las fuentes analizadas sugieren, la identificación de esta diversidad de
pauperizados iba acompañada de algunos desplazamientos en la noción acerca de
dónde residía la responsabilidad por su situación, que tenía en cuenta no solo
cuestiones morales de índole individual sino también el efecto de la crisis
económica, enfermedades o desastres naturales que escapaban a su voluntad.
Asimismo, observamos matices en las concepciones sobre el carácter del socorro
que debía proveérseles, ya que aparecía una preocupación por preservar la
dignidad del asistido en el momento de su recepción. Al respecto, son
significativas las consideraciones que se plantearon en el cuerpo legislativo
de Azul en relación a cómo entregar la indumentaria a los escolares
necesitados, porque entendían que siendo una “limosna” debía ser la Sociedad
Protectora de Niños Pobres quien la distribuyera de acuerdo con su sentido
humanitario ya que sería “humillante” para el niño que lo hiciera el maestro.
Francisco Lojo respondía con énfasis al señalar que
“…para esos niños no sería humillante que sus padres fueran al Consejo Escolar
a buscar la ropa que no pueden proporcionarle con sus propios medios”.32
Sin embargo, esa
mirada ampliada sobre las formas y las causas de la pobreza no implicó un
reconocimiento del derecho a la protección oficial ni hubo acuerdo entre
quienes tomaban las decisiones acerca de quiénes debían estar dentro del
alcance del asistencialismo estatal.
Esto tenía que ver con nociones preexistentes acerca del rol del Estado
–subsidiario pero no prescindente en términos de Moreyra (2009)- pero también con la exigencia de priorizar otras
áreas en la distribución de los recursos. En ocasión de la inundación que azotó
a Azul en 1919, el concejal radical Abelardo Cano planteó la necesidad de
ayudar a familias “de la clase menos acomodada” que habían quedado desamparadas
por entender que “…la municipalidad debe tomar la incitativa concurriendo con
una suma de dinero que pueda solventar en lo posible la crítica situación de
los damnificados”. Pero esta manifestación fue rebatida por Lojo,
quien planteó la urgencia de destinar más dinero no solo para ese caso sino
también para “…socorrer a las masas obreras que han quedado en la indigencia”,
afirmación ante la que Cano, quien sostuvo su proyecto original, decía que
“…no
es posible que la municipalidad se convierta en tutora de todas las clases
menesterosas, solventando una situación que existía antes de la inundación y no
sería razonable suspender las obras emprendidas ni los servicios públicos para
rodear de comodidades a personas que han carecido de ellas por circunstancias
extrañas a las del momento”.33
Esa eventualidad
era la que ameritaba un socorro, y no la resolución de problemas que le
precedían y que tal como Cano lo veía entonces, no eran en ese marco
responsabilidad del gobierno comunal.
Los resquemores
que despertaban esas disyuntivas se desprenden también de la propuesta que en 1919 presentó Arrieta para crear un servicio de partera municipal a
domicilio. Su
promotor alegaba que las mujeres pobres no podían sustraerse a las obligaciones
domésticas hasta el momento del alumbramiento y, además, preferían estar
acompañadas por sus seres queridos antes que en el hospital. Ante esa
situación, una profesional estaría en condiciones de aconsejar las medidas
adecuadas para evitar infecciones en el recién nacido, y de ser necesario internar
a la madre y evitar su muerte. Recibió el apoyo del concejal conservador
Alberto J. Medús quien indicó que, debido a su multiplicidad
de funciones los médicos municipales no podían ocuparse también de los partos
normales. Francisco Perlender, representante
del radicalismo, argumentó que una partera no podría reemplazarlos, pero
Arrieta lo rebatió indicando que se trataba de una necesidad pública y que las
parturientas eran expuestas a peligros por la “incuria” del poder político.34 Pese a las discrepancias, los documentos indican que para los que
apoyaban su propuesta el Estado debía intervenir más en este tema. Si bien no
implicaba la creación de una nueva entidad sino la incorporación de una
empleada a la Asistencia Pública, este caso nos muestra que debemos estar
atentos no solo a las competencias y jurisdicciones de la corporación médica
sino también a las reticencias a incrementar el tamaño del Estado en este
punto, y por ende hacerlo responsable por un abanico de problemas más amplio.
El alcance de la
institucionalización oficial, en otras palabras, la pertinencia o no de que el
Estado municipal avanzara más allá de la asistencia coyuntural y la regulación
de ciertas formas de pobreza para tomar en sus manos su reparación, ya fuera a
través del incremento del personal existente o de la creación y sostenimiento
de instituciones, era un punto controvertido.
En relación a esto, los debates más generalizados tuvieron que ver con
la mendicidad. Si bien nadie discutía la
necesidad de establecer normativas para regularla, la aparición de nuevos
pobres originó la sanción de ordenanzas para prohibirla en algunos casos, puso
en jaque las existentes en otros y abrió debates sobre cómo combatirla, y
quienes eran los agentes estatales que debían hacerlo.
En razón de eso,
el concejal radical Elías Goyeneche de Tandil presentó en 1918 un proyecto
prohibiendo la mendicidad.35 Farías,
representante del socialismo, apoyó la moción que pasó a estudio de la Comisión
de Higiene, Seguridad e Instrucción pública, la cual se expidió tiempo después
refrendando la ordenanza. En el recinto,
el concejal Alfredo Martínez, también radical, levantó su voz aconsejando que
se apoyara la prohibición, pero de manera más restringida y en relación solo a
aquellos que no tenían permiso de la municipalidad, es decir, eliminar la
mendicidad no regulada.36 En Bahía Blanca se buscó avanzar en una dirección similar. Al discutirse
una ordenanza presentada por Arrieta, la Comisión de Seguridad Pública,
integrada por los radicales Adrián Morado Veres y Carlos Biocca y por el
socialista Francisco Lodolo declaró que aconsejaba
“la supresión absoluta de la mendicidad sin contemporizaciones, porque
precisamente los verdaderos pobres son los que se ocultan”.37 Perlender manifestó la misma
postura, puntualizando que la ley orgánica de las municipalidades imponía al
Concejo Deliberante la obligación de impedirla. Pero Eduardo Bambill, también radical, objetó el despacho argumentando
que por sobre la ley estaba la Constitución, que consagraba el “derecho de
pedir” y proponiendo aplicar un “...criterio muy humano que contemple el
derecho a la existencia que tienen tanto los que triunfan como los muchos en la
lucha por la vida”.38 Lódolo y Arrieta, a los que se sumó Juan Orler, de su mismo partido, lo rebatieron apelando a
suprimirla en cumplimiento de las disposiciones legales que así lo determinaban
y por razones de orden social y moral, ya que creían que era el medio de vida
de vagos y holgazanes.39 Así,
se oscilaba también entre la eliminación y el permiso, algo que tampoco parecía
ofrecer una solución al problema.
Debemos señalar
que más allá de los primeros consensos de todas las fuerzas políticas en torno
a la necesidad de regular la mendicidad, el cumplimiento de las normas fue
problemático, de ahí el pedido de informe de los concejales de Tandil al
intendente poco tiempo después de haber sido sancionada la ordenanza. Este
decía que no siempre tenía éxito puesto que aunque se
había pedido la colaboración de la policía para expulsar del partido o llevar a
prisión a quienes se negaban a cumplir con lo ordenado, esto no era suficiente
ya que
“…en
nuestra ciudad carecemos de un local donde poder recoger a esos pobres seres
desheredados de la fortuna… mientras no exista en la localidad un
establecimiento para internar en él a los ancianos, mendigos, desvalidos, etc.
la mendicidad continuará existiendo”.
Además, afirmaba
que muchos regresaban luego de un tiempo de haber sido expulsados y no podían
tenerlos alojados constantemente en la comisaría ni mantenerlos por cuenta del
municipio, por lo que “…el remedio estaría en la habilitación de un local donde
poder recoger a todo ser menesteroso…”.40
Esas discusiones nos ponen frente a la manera en que los gestores de las políticas
públicas y el presupuesto veían la política social. Al tiempo que los recursos
disponibles no eran suficientes para hacer frente a las necesidades que se
suscitaban, el intendente radical de Tandil pensaba en una manera de resolver
ciertos asuntos a más largo plazo a través del asilo, y en esto alejaba la
responsabilidad de la municipalidad. Manifestaba hacer lo posible para zanjar
el problema, pero al poner el remedio en un proyecto edilicio de más amplio
alcance desplazaba la responsabilidad política a la órbita de la sociedad
civil. La función pública en este
punto era vista como profiláctica y represiva, pero no como una solución
asentada en obras públicas, como sí había sucedido en épocas previas durante
las intendencias conservadoras de la ciudad en relación a proyectos de
saneamiento y desarrollo urbano. Confirma, además, la poca
vocación de intervención social que el radicalismo mostró tras su llegada al
poder nacional y provincial (Hora, 2013).41 En cambio, en Bahía
Blanca se consensuó la planificación del establecimiento de asilos estatales
para reducir el fenómeno de la mendicidad, como señalamos páginas atrás, aun en
etapas radicales.42
Finalmente,
existieron enconados debates acerca de la relación entre el Estado y las
entidades privadas, algo que estaba íntimamente ligado con el modelo mixto de
atención de necesidades sociales. Este no se discutía en sus bases, no se
cuestionaba el dispositivo de la subvención, pero en ocasiones sí eran objeto
de disputa los montos a adjudicar y la escasa planificación de esas entregas,
como sucedió al tratarse el subsidio a la Sociedad Protectora de Niños Pobres
de Azul. El concejal Lojo, quien había apoyado una
solicitud de esta asociación de pedir $3000,43 reaccionó ante la
negativa de sus compañeros de la Comisión de Hacienda y Obras Públicas quienes
sugerían en cambio otorgar una suma menor por única vez. Se argumentaba que
“…la
municipalidad subvenciona varias instituciones que todos los señores concejales
se interesan por la clase pobre pero debiendo velar
por el dinero del pueblo, la comisión aconseja la entrega de mil pesos a la
Sociedad Protectora de Niños Pobres que goza de un merecido prestigio y que
está en una corriente directa con la clase pobre”.44
Lojo se negaba a aceptarlo y
votó en contra “...por cuanto cree que
al votar la suma de tres mil pesos no es hacer una caridad sino cumplir la
obligación que tiene el Estado de conceder a los niños pobres lo necesario para
educarse…”.45
Por añadidura, a quiénes favorecer en tiempos de escasez no siempre estaba libre de
consideraciones atravesadas por la laicidad.
Cuando el tema educativo estaba en medio, la cuestión
de las subvenciones a entidades religiosas se tornaba más relevante. Así quedó de manifiesto en Bahía Blanca, cuando la
Superiora de la Escuela Taller San Vicente de Paul decidió solicitar una
asignación. Los socialistas Arrieta y Lódolo se posicionaron en contra, mientras que los
radicales Perlender, Eduardo González, Jorge Moore y
Joaquín Esandi lo hicieron a favor. Arrieta argumentó que
“… el
pueblo en su gran mayoría se ha manifestado contrario a la existencia de estas
instituciones sectarias…Los legisladores han debido librar grandes batallas
para establecer la enseñanza laica en el país y no puede la representación
socialista contribuir a la perdida de esa preciosa conquista…”.46
Esandi, dejando asentado
que prescindía de razones religiosas (él y su familia eran activos militantes
católicos), valoró la obra humanitaria y patriótica que las religiosas llevaban
adelante dando instrucción gratis a más de doscientos niños del barrio de Villa
Mitre. Por su parte, Perlender exaltó la “…obra
civilizadora y humanitaria realizada en el país por las instituciones de
caridad religiosas, a cuyas iniciativas y actividades se debe no poco de los
progresos alcanzados por el país…”.47
La preocupación
por la definición del rol estatal en relación con las entidades religiosas y
laicas generó discusiones también sobre la conveniencia de reorganizar las modalidades
a partir de las cuales se subsidiaba a los grupos asistenciales y, una vez más, se observa en estos intercambios de qué manera las
alianzas no necesariamente respondían a filiaciones partidarias sino a
creencias individuales o a consideraciones prácticas sobre la mejor manera de
adaptarse a la dinámica política. En esta línea, la propuesta de crear la Sociedad
Tutelar Rivadavia desencadenó distinto tipo de disidencias. Mientras que concejales radicales como Moore
y socialistas como Arrieta batallaban para fortalecer el laicismo y el papel
del Estado en cuanto al control de las subvenciones, la resistencia de las
vicentinas a incorporarse encontró eco dentro del recinto en Esandi, afiliado al radicalismo
pero como señalamos integrante de una familia reconocida por su militancia
católica, que retiró su firma del despacho y solicitó que dicha agrupación no
figurara en el texto de la ordenanza.
Pese a ello, de acuerdo con las posturas mayoritarias, que incluían a
una fracción del radicalismo y a los socialistas, se acordó suspender los
subsidios previstos, incrementarlos y centralizar su otorgamiento en la
Sociedad.48
Lo anterior
representaba una novedad más en un contexto en el que, dentro de una matriz
compartida de concepción del asistencialismo, se estaban replanteando los
alcances y las modalidades de la intervención estatal en aras de morigerar el
fenómeno de la pobreza y en relación a lo cual pueden apreciarse algunos
matices.
Paulatinamente,
comenzaba a reiterarse en algunas discusiones como las citadas la idea de
ampliar los márgenes de acción del Estado en el marco de la beneficencia pública, contemplando nuevas
formas de pauperismo, aumentando su presencia institucional e incrementando el
monto y el control del gasto público. Además, empezaba a aparecer junto con la
noción de que su contribución era una dádiva aquella que la planteaba
incipientemente como una obligación, aunque no como un derecho de los
asistidos. Finalmente, al entrar en tensión la intención de avance estatal con
la esfera de acción de algunas organizaciones privadas que tenían a la
autonomía como principio rector de su funcionamiento, se ponía en cuestión la
frontera siempre móvil entre lo público y lo privado en la esfera asistencial.
Conclusiones
Las páginas
precedentes han buscado mostrar de qué manera en un contexto de crisis
económica que, aunque con fluctuaciones, hizo sentir sus efectos durante todo
el periodo, y en el marco de una transición desde la preponderancia política
conservadora hacia la preeminencia radical, es posible observar una mayor
intervención de los Estados municipales en cuestiones sociales de cara a paliar
las necesidades crecientes de viejos y nuevos grupos de pobres. Pero también, y
atendiendo no solo a las medidas efectivamente tomadas sino además a las
discusiones que con mayor intensidad tuvieron lugar en los recintos
legislativos desde 1918, buscamos mostrar los pequeños desplazamientos que se
fueron dando a las puertas de los años 20 en relación al lugar de esta
instancia estatal en materia de política social, aun cuando en la práctica
persistiera el modelo mixto de atención de carencias.
Así, pudimos ver
que, en un contexto crítico, distintas voces desde los poderes ejecutivos y
legislativos municipales comenzaban a plantear la necesidad de incrementar la
intervención estatal. Esos pedidos de mayor injerencia no se limitaron a
promover medidas paliativas en el terreno del consumo que, jaqueado por la
crisis, ponía en peligro la subsistencia de muchas familias, sino que
propusieron ampliar la provisión de servicios sanitarios y
educativos, reforzar más sus funciones represivas de la mendicidad y en algunos casos, de manera más novedosa, idear formas de
institucionalización oficial para asilar a los
menesterosos o racionalizar el otorgamiento de subsidios.
La provisión de
algunos servicios no se cuestionaba, como la asistencia alimentaria, la
atención a los enfermos pobres o la ayuda a los escolares necesitados. Pero más
allá del acuerdo de base, hubo ocasiones en las que algunas voces se colaron
para criticar no solo el socorro a otorgarse sino también los montos.
No menos
importantes y significativas respecto de las preocupaciones cambiantes, fueron
las suspicacias que despertaron cierto tipo de ayudas propuestas en el seno de
los concejos que no eran de las más tradicionales. Tal fue así en relación a
los damnificados por desastres naturales, aun cuando se suponían temporales, y
no se consideraba a sus víctimas responsables por su suerte. Tampoco se
consensuó a la hora de pensar en aumentar la cantidad de personal del Estado
local o en el caso de Tandil y Azul de generar nuevas instituciones para dar
cabida a quienes sí se entendía que debían ser socorridos, pero no de manera
directa. Lo mismo puede decirse de aquellas decisiones que involucraban el
aporte económico y el patrocinio a instituciones religiosas.
De esa manera, aunque existió una continuidad del modelo
asistencial mixto en el que el sector privado moldeaba las respuestas a la
pobreza como afirma Moreyra (2018), el estudio de los
municipios analizados sugiere que esa modelación empieza a ser compartida y
disputada con actores estatales aún antes de la década de 1920.
Si bien es cierto
que el arribo de los socialistas a los concejos deliberantes no habría virado
el timón de las prácticas políticas, el dinamismo que le imprimieron a las
discusiones nos alerta sobre la importancia de las mismas para atender a esos
deslizamientos de sentidos en materia de intervención pública sobre cuestiones
sociales. Tampoco la llegada del radicalismo y su hegemonía posterior a 1918 es
suficiente por sí misma para afirmar sobre la existencia de una postura en
relación a los problemas sociales definida a partir de la identificación
ideológica. Tal es así que entendemos que este cambio excede a las
identificaciones partidarias y obedecen más a motivos o trayectorias
individuales. Y esto porque los
integrantes de los gobiernos locales se interesaron por situaciones de pobreza
o carencias de diverso tipo que eran novedosas en relación a la ayuda que
tradicionalmente había brindado el Estado, pero también porque diferentes
actores involucrados en la asistencia social lo demandaban, obligando a debatir
acerca de las responsabilidades públicas sobre la pobreza.
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Recibido: 02/03/2021
Evaluado: 16/05/2021
Versión Final: 11/06/2021
1 En este sentido
el trabajo forma parte de una manera de entender la historia social
desarrollada en las últimas décadas, que toma en cuenta a la sociedad como
conformada por una pluralidad de actores y una multiplicación de los sujetos
históricos pasibles de ser tenidos en cuenta, como en este caso los sectores
pobres y/o empobrecidos y a otros actores necesitados de ayuda estatal en un
sentido amplio.
2 Dado que pretendemos observar al
Estado en acción, lo entendemos como un actor polifónico en el que se expresan
y relacionan personas y grupos, atravesado por tensiones internas y en
interacción permanente con una sociedad civil que representa y expresa
intereses que están más allá del gobierno y los partidos (Bohovslavsky &
Soprano, 2010; Agesta & López Pascual, 2019). Atender a aspectos
político-partidarios no es el objetivo de este trabajo. Por ello haremos
referencia a ellos solo en aquéllos casos en que sea relevante algún
posicionamiento para los argumentos desplegados. En cuanto a las políticas públicas,
subrayamos que no fueron una mera aplicación de conjuntos de medidas coherentes
con un desarrollo direccional y vertical sino el producto de negociaciones,
consensos y a veces conflictos.
3 Si bien las desigualdades pueden ser
de diverso tipo, generadas por motivos económicos como las salariales pero
también otras que no, como las de etnia, nacionalidad, las geográficas,
generacionales, de género, de clase entre otras muchas, en este trabajo
aludimos a aquellas que se originan en lo económico y provocan inequidades
sociales entre las cuales la pobreza sería el común denominador y la
manifestación más visible. A los fines de este artículo, entendemos a esta
última como las dificultades de acceso a ciertos bienes y servicios y nos
aproximamos a su análisis de manera cualitativa.
4 Aunque no desconocemos la incidencia que pudieron tener las ideas
y políticas de la esfera provincial en relación a las cuestiones que analiza
este artículo, en esta oportunidad se focaliza en el ámbito local. En relación
a algunos desplazamientos en las políticas sociales provinciales, en especial
en materia de infancia pobre, remitimos a de Paz Trueba 2020 a y 2020 b.
5 El 24 de abril de 1917, el
presidente radical Hipólito Yrigoyen decretó la intervención federal de la
provincia de Buenos Aires, designando al frente de la misma a José Luis
Cantilo, algo crucial de cara a controlar el principal bastión electoral. Luego
de las elecciones celebradas en 1918, los ejecutivos y concejos deliberantes
analizados quedaron en manos de los radicales, que serían mayoría compartiendo
el espacio con una minoría socialista.
6 Si bien las
actas de sesiones de los concejos deliberantes son las fuentes centrales de la
investigación, se complementan con otras que también ofrecen información sobre
el accionar municipal, como la prensa y las actas de instituciones benéficas.
7 En 1914 el partido de Bahía
Blanca contaba con 70.269 habitantes; el de Azul con 32.103 y el de Tandil con
34.061. República Argentina, Tercer Censo Nacional levantado el 1 de julio de
1914, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía, Buenos Aires, 1916, t. II, pp.
5-6, 33.
8 En 1916, de los 5753
ciudadanos inscriptos en el padrón electoral de Azul 1628 eran analfabetos;
también lo eran 851 de los 6547 inscriptos en el de Bahía Blanca y 1706 de los
5364 empadronados en Tandil. República Argentina, Tercer Censo
Nacional levantado el 1 de julio de 1914, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y
Cía, Buenos Aires, 1916, t. IV, pp. 479-482.
Para Bahía Blanca, por ejemplo, se estima que la caída de los salarios reales fue de un 40
% y las tasas de desocupación del personal obrero del orden del 50%.
(Costantini & Heredia Chaz, 2018:157; Conde, 2012:69).
9 La prensa de
distintas tendencias resaltó estas dificultades durante todo el periodo: La Nueva Provincia (LNP), Bahía Blanca, 7/8/1914; El Atlántico
(EA), Bahía Blanca, 14/1/1920; Nuevos
Tiempos (NT), Bahía
Blanca, 12/6/1920; El
Ciudadano (EC), Azul, 16/7/1915, El Eco de
Tandil (EET),
Tandil, 2/10/1913; 8/3/1917, 25/12/1919, entre otros.
10 Las peticiones de
organizaciones asistentes y personas asistidas, particularmente mujeres, han
sido analizadas previamente en de Paz Trueba & Bracamonte (2020).
11 Los tres municipios estaban en manos
conservadoras al momento de la intervención de la provincia en 1917. Esto
incluía a Bahía Blanca, que desde fines del siglo anterior era un baluarte del
radicalismo, pero donde las disputas al interior del mismo fueron aprovechadas
por el gobierno provincial de Ugarte para designar en 1914 un comisionado adicto.
(Cernadas & Marcilese, 2018). Tandil y Azul, en cambio, estuvieron en poder
de los conservadores desde 1913 hasta la llegada de los radicales con la
intervención.
12 Archivo Histórico
Municipal de Tandil (AHMT), Actas del Concejo Deliberante, Libro 1260
(1914-1921), 29/12/1914, f. 19.
13 Arte y Trabajo (AL), Bahía Blanca,
15/8/1917; Archivo del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, (ACDBB), Actas de
Sesiones, Libro 14, 11/8/1919, f. 65.
14 AHMT, Actas del
Concejo Deliberante, Libro 1259 (1909-1914), 10-5-1913, f. 139; Libro 1260
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Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 6/12/1916, f. 67.
15 El Sud (ES), Bahía Blanca, 3/1/1918; ACDA, Libro de
Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 5/2/1919, f.217.
16 LNP, suplemento, 1/1/1921; Archivo del Concejo
Deliberante de Bahía Blanca (ACDBB), Actas de Sesiones, Libro 14, 31/12/1919, f. 181.
17 AHMT, Actas del
Concejo Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 29/12/1914, f. 19.
18 ACDA, Libro de
Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 16/9/1916 f. 26.
19 Archivo del Patronato de la Infancia de Bahía Blanca (APIBB), Libro de
Actas del Patronato de la Infancia de Bahía Blanca, 4/3/1915, f. 95, 7/11/1916,
f. 136; 4/12/1916, f. 140, 7/4/1919, f. 231.
20 AHMT, Actas del
Concejo Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 20/11/1918, f. 258.
21 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 13, 10/1/1919, f. 369; NT,
20/2/1919 y Bahía Blanca (BB), Bahía Blanca, 26/2/1919.
22 Para 1914 en Azul el 54,3% de la población en edad escolar recibía instrucción, en
Bahía Blanca el 62,4% y en Tandil el 48,2%. República Argentina, Tercer Censo
Nacional levantado el 1 de julio de 1914, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y
Cía, Buenos Aires, 1917, t. IX, pp. 127-129.
23 ACDA, Libro de
Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 31/12/1916, f. 81.
24 AHMT, Actas del Concejo
Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 27/1/1917, f. 162. ACDBB, Actas de
Sesiones, Libro 14, 23/7/1919, f. 54.
25 AHMT, Actas del
Concejo Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 27/1/1917, f. 162.
26 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 14, 31/12/1919, f. 301 y
302; Libro 15, 28/5/1920, f. 23 y 24.
27 AHMT, Actas del
Concejo Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 3/2/1917, f. 168 y 169. Para Bahía
Blanca, véase ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 13, 21/6/1918, f. 44.
28 LNP, 28/4/1915; ACDA, Libro de
Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 7/8/1918 f. 146; AHMT, Actas del Concejo
Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 8/6/1918, f.194 y 31/8/1918, f.240 y
241.
29 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 12, 16/2/1917, f. 70; Libro 13, 19/7/1918, f. 143-145; Libro 15, 23/6/1920, f.
65; 27/8/1920, f. 178-180.
30 Al crearse el Patronato de
Menores, se destinaron 500 pesos para su puesta en marcha y 200 pesos mensuales
que se incluirían en los presupuestos junto con las subvenciones. En 1920 se le
asignó a la Sociedad Tutelar Rivadavia un monto de 15.000 pesos, lo cual
implicaba un significativo aumento respecto a los 500 pesos destinados a
subvenciones en 1918. ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 14, 19/7/1918, f. 145; Libro 15, 7/5/1920, f. 374.
31 Especialmente en Bahía Blanca y
Azul, donde los escenarios eran más inestables. En Bahía Blanca, desde
fines de 1914 existieron varios gobiernos de comisionados y acefalías en el
legislativo. En el caso
de Azul, la situación institucional se normalizó en el año 1916, luego de
diferentes periodos en los que se alternaron los comisionados, especialmente
entre 1906 y 1916, con solo un breve interregno de 9 meses en 1911.
32 ACDA, Libro de
Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 12/2/1919, f.223.
33 ACDA, Libro de Actas
(27/11/1911 al 2/11/1919), 7/7/1919, f. 267 a 269.
34 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 13, 10/1/1919, f. 369.
35 AHMT, Actas del
Concejo Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 8/6/1918, f.194.
36 AHMT, Actas del
Concejo Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 31/8/1918, f.240 y 241.
37 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 14, 23/4/1920, f. 347.
38 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 14, 23/4/1920, f. 347.
39 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 14, 23/4/1920, f. 347.
40 AHMT, Actas del
Concejo Deliberante, Libro 1260 (1914-1921), 10/3/1919, f. 294. Insistieron en
lo mismo casi en los mismos términos más adelante, en la sesión del 14/2/1920.
41 Configuran una
excepción la regulación de conflictos laborales y ciertas cuestiones en torno a
la infancia pobre en el ámbito provincial (Ascolani, 2013; de Paz Trueba,
2020a).
42 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro
15, 23/7/1920, f. 85.
43 ACDA, Libro de
Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 5/2/1919, f.218.
44 ACDA, Libro de
Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 12/2/1919, f. 223.
45 ACDA, Libro de
Actas (27/11/1911 al 2/11/1919), 12/2/1919, f. 223.
46 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 15, 27/5/1920, f. 9.
47 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 15, 27/5/1920, f. 9-10.
48 ACDBB, Actas de Sesiones, Libro 15, 11/6/1920, f. 43-44; 23/6/1920, f. 65-67; 30/7/1920, f. 117; 7/8/1920, f. 174.