Organizaciones sindicales en liceos técnicos
profesionales. Entre la renovación y la postergación. Chile, 1983-1993*
Trade union organizations in vocational-technical
schools. Between renewal and postponement. Chile.
1983-1993
Christián Matamoros Fernández
Departamento de Historia,
Universidad de Santiago de
Chile (Chile)
christian.matamoros@usach.cl
Rolando Álvarez Vallejos
Departamento de Historia,
Universidad de Santiago de
Chile (Chile)
rolando.alvarez@usach.cl
Resumen
Entre 1977 y 1988 la dictadura cívico militar
chilena traspasó la administración de 74 liceos técnicos profesionales a grupos
de empresarios nacionales dentro de políticas educativas que buscaron
privatizar gran parte del sistema educativo. En estos liceos se implementaron
relaciones laborales dominadas por el capital, donde los trabajadores fueron
constituyendo organizaciones sindicales de la misma forma que en las empresas
privadas. En este trabajo analizamos, a partir de fuentes de prensa y
entrevistas, las prácticas y relaciones establecidas por estas organizaciones,
sus conflictos, acuerdos e identificaciones políticas en una coyuntura
histórica marcada por el fin de la dictadura y la llegada del primer gobierno
civil, donde los trabajadores de este sector se vieron postergados de las
reivindicaciones alcanzadas en el sector municipal y particular.
Palabras
Clave
Trabajadores de la educación; sindicatos;
historia de la educación; educación técnica; corporaciones empresariales;
paternalismo.
Abstract
Between 1977 and
1988, the Chilean civic-military dictatorship transferred the administration of
74 vocational-technical schools to groups of national businessmen within
educational policies that sought to privatize a large part of the educational
system. In these high schools, labor relations
dominated by capital were implemented, where workers were forming trade union
organizations in the same way as in private companies. In this work we analyze, based on press sources and interviews, the
practices and relationships established by these organizations, their
conflicts, agreements and political identifications in a historical conjuncture
marked by the end of the dictatorship and the arrival of the first civil
government, where workers in this sector were left behind from the demands
reached in the municipal and private sectors.
Keywords
Education workers; unions; educational history; vocational education;
business corporations; paternalism.
Introducción
Una de las políticas educacionales más
radicales de las transformaciones neoliberales impuestas por la dictadura de
Augusto Pinochet fueron los traspasos de la administración de 74 liceos
técnicos profesionales estatales a Corporaciones privadas, cuyos dueños eran
los grupos empresariales más importantes del país, como la Sociedad Nacional de
Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara de Comercio, la Cámara
Chilena de la Construcción, y otras Corporaciones conformadas por grupos
empresariales más pequeños, especialmente regionales. Los traspasos de estos
liceos abarcaron alrededor del 20% de los establecimientos de la enseñanza
técnica profesional y fueron de la mano con políticas más universales como la
transferencia de las escuelas fiscales a los municipios y el fomento de la
privatización mediante el aumento de la subvención estatal a entidades
particulares.
Estas transformaciones educativas han sido
analizadas desde diversas perspectivas (PIIE, 1984; Zurita, 2017; Lagos, 1996; Neut, 2016), pero sin incluir de forma central estos
traspasos, producidos entre 1977 y 1988. La literatura respectiva ha
considerado que durante el periodo dictatorial las políticas educativas
adoptaron una periodización caracterizada, a grandes rasgos, por una
desorientación inicial que perduró hasta 1979, tras la cual se habrían llevado
a cabo las reformas neoliberales (Falabella, 2015; Slachevsky,
2015). Una posición distinta, han planteado quienes consideran que
tempranamente desde 1974 se comenzaron a instalar las directrices ideológicas
de las posteriores transformaciones (González, 2015; Venables & Chamorro,
2020). En esta investigación hemos considerado que las posiciones al interior
de la dictadura estaban en pugna, existiendo iniciales experimentos
privatizadores de los liceos técnicos entre 1977 y 1979, que reaparecieron en
los años siguientes, pero siendo detenidos en 1983, para volver a reaparecer
con fuerza entre 1986-1987. Lo anterior da cuenta de que, si bien el año de
1979 es clave para entender la adopción mayoritaria de políticas neoliberales,
estas ya tenían pequeños experimentos previos, pero también seguían presentando
detractores al interior del régimen, por lo que solo hacia 1986 se puede hablar
de una inapelable hegemonía de las tendencias educativas privatizadoras.
Desde los estudios sobre sindicalismo en el
sector educacional tampoco se ha tomado en cuenta de forma específica a los
trabajadores de estos liceos, pues la centralidad ha estado, de forma casi
exclusiva, en el estudio del Colegio de Profesores, el que agrupaba mayormente
a los docentes de los establecimientos municipales (Matamoros, 2020).
La entrega de estos liceos a los grupos
empresariales antes mencionados no fue un mero hecho simbólico. Por el
contrario, trajo aparejadas visiones específicas de concebir la educación
técnica e influyó en las relaciones de los actores educativos. En esta línea,
el siguiente trabajo busca dar cuenta de las prácticas y relaciones
establecidas por los sindicatos que se conformaron en estos liceos desde 1983,
analizando sus acuerdos, conflictos, discursos e identificaciones políticas. A
partir de la revisión de fuentes primarias, escritas y orales, y bibliografía
secundaria, sostenemos que los traspasos provocaron la conformación de
relaciones capitalistas autoritarias entre empresarios y trabajadores de la
educación, de forma similar a cualquier empresa, pero con derechos laborales
aún más restringidos. Lo anterior trajo consigo la constitución de organizaciones
laborales de tipo sindical, las que agruparon a docentes y no docentes de cada
liceo, y no organizaciones de tipo gremial o profesional que reuniesen
exclusivamente a los profesores, como había sido la tradición durante el siglo
XX (Núñez, 1986). No obstante, la dictadura impuso una legislación laboral (el
Plan Laboral de 1979) que impidió la negociación colectiva a los sindicatos
formados en establecimientos educacionales que recibieran subvención estatal,
medida que fue mantenida durante el primer gobierno posdictatorial,
afectando a estos sindicatos, los que tampoco podían ejercer el derecho a
huelga legal, pues esta, hasta el día de hoy, se permite solamente dentro de
los procesos de negociaciones colectivas regladas. A estas condicionantes contractuales,
se añadieron otras relacionadas con el sector político que hegemonizó la
conducción sindical, el que mediante un proceso de
renovación política hacia posiciones moderadas, pudo convivir con prácticas
laborales empresariales de tipo paternalistas hacia los trabajadores. Esto dio
pie a la emergencia de un nuevo tipo de sindicalismo docente, caracterizado por
su carácter no confrontacional con el sector
patronal, lo que llevó a un distanciamiento de
las movilizaciones articuladas en torno a la principal organización docente: el
Colegio de Profesores. En este sentido, la experiencia de este sector del
sindicalismo demuestra el impacto que tiene el tipo de legislación laboral que
regula la relación del mundo del trabajo y la importancia de las fuerzas
políticas en la recepción de esa legislación. Las leyes sociales de la
dictadura lograron disciplinar el activismo sindical del sector evidenciado
entre 1986 y 1988, obligándolo a adaptar sus estrategias sindicales que
abandonaban los repertorios confrontacionales. Una
vez recuperada la democracia, dado el continuismo de la herencia dictatorial en
el nuevo periodo, esta tendencia moderada se consolidó.
El estudio de este sector del sindicalismo de
trabajadores de la educación permite apreciar las prácticas de un tipo de
organización conformada no profesionalmente, como suele ocurrir con las
organizaciones docentes, pero que no pudo derrotar la estrategia de
disciplinamiento laboral impuesta por la dictadura. En cambio, el Colegio de
Profesores, con un manifiesto perfil profesionalizante, se adaptó de buena
forma a los repertorios de acción confrontacionales
durante la posdictadura, y donde los sectores
políticos moderados fueron perdiendo la hegemonía a medida que las aspiraciones
docentes no fueron satisfechas[1].
El presente artículo se iniciará con una
caracterización breve de este tipo de enseñanza, mostrando los cambios
experimentados durante la dictadura. Luego se revisarán los diversos procesos
en que estos liceos fueron traspasados a las Corporaciones empresariales y las
respuestas sindicales de las y los trabajadores de esos establecimientos a esos
traspasos. Una última sección revisará las prácticas sindicales efectuadas
durante el primer gobierno posdictatorial. Las
conclusiones entregarán una explicación del actuar sindical de este sector de
trabajadores de la educación durante la dictadura y el primer gobierno civil,
destacando la persistencia de la legislación laboral dictatorial y el
fortalecimiento de las conducciones sindicales identificadas con los procesos
de renovación política. La investigación está sustentada en la revisión de
numerosas fuentes de prensa y documentos de las organizaciones sindicales, así
como también en la realización de 9 entrevistas a profesores que formaron parte
de estos sindicatos, varios de ellos dirigentes, y a 2 estudiantes de los
liceos traspasados, los cuales entregaron valiosa información sobre los
procesos internos, a los que difícilmente se podría haber accedido por otros
medios.
La Enseñanza Técnico Profesional durante la dictadura
El empresariado chileno tuvo durante el siglo
XIX una importante participación en el fomento y administración de la educación
técnica, especialmente en las áreas agrícola e industrial, donde la Sociedad
Nacional de Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
intentaron moralizar y “educar para el trabajo” (Izquierdo, 1968; Serrano,
Ponce & Rengifo, 2019). A partir de 1938, con la implementación del modelo
de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) durante los
gobiernos liderados por el Partido Radical, la Enseñanza Técnico Profesional
(ETP) fue asumida mayoritariamente por el Estado (Magendzo, Egaña &
Latorre, 1988), lo que posibilitó que se constituyeran dos organizaciones
sindicales muy identificadas con la figura del funcionario público, la
Asociación de Profesores de la Enseñanza Comercial y Técnica Femenina (ASTECO)
en 1939 y la Asociación de Profesores de Enseñanza Industrial, Minera y
Agrícola (ASEIM) en 1944, las que, más allá de sus nombres, agruparon a
docentes y no docentes. Los impulsos gubernamentales hacia la ETP continuaron
en la década del ’60, cuando esta adquirió definitivamente un carácter técnico
profesional de rango medio, del mismo nivel que la enseñanza científico humanista.
Fue durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende cuando la
ETP alcanzó su mayor crecimiento, pasando su matrícula de 37.400 estudiantes en
1965 a 163.141 en 1973, alcanzando en este último el 36,5% del total de la
matrícula de enseñanza media (PIIE, 1984).
Las investigaciones existentes coinciden en
señalar que tras el golpe de Estado de 1973 el sistema educativo vivió una
precarización financiera de la mano con transformaciones neoliberales
implementadas desde la segunda mitad de esa década. El Estado se replegó,
asumiendo un carácter subsidiario donde se dejó a la iniciativa privada como
principal responsable de los procesos educativos (Navarro, 1987; Ruiz, 2010).
En el caso de la ETP, aumentó su matrícula tras el golpe, alcanzando el punto
más alto en 1978 con 186.092 estudiantes, pero cuyo ascenso se debió casi
exclusivamente al crecimiento de los establecimientos particulares. Tras ese
año, su matrícula descendió sostenidamente, especialmente en los liceos
fiscales, donde pasó de 149.298 estudiantes en 1978 a 40.015 en 1984, año en
que fue superada por la matrícula de los liceos particulares (Informe de
coyuntura educativa, 1986). Esto iba en sintonía con la Directiva Presidencial
de Educación de marzo de 1979, la que ha sido caracterizada como el punto de
inicio de una política educacional claramente neoliberal (PIIE, 1984; Neut, 2016). Esa “Directiva” estableció el retiro del
Estado de diversas funciones, especialmente en la educación técnica, las que
serían asumidas por el sector privado, lo que representaba que la ETP debía
“replantearse íntegramente … de modo que el Estado acelere y complete el
traspaso de aquellas escuelas técnico-profesionales viables y cuyo giro se
relacione con la empresa privada” (Directiva Presidencial para la Educación,
1979). Lo anterior representó la primera orientación oficial para el traspaso
de la ETP, adoptando el carácter de una educación elemental para una fuerza de
trabajo mínimamente calificada, a cargo de los propios contratantes (Palma,
1985), pues la “Directiva” señaló que “se estimulará la instalación de escuelas
técnico-profesionales por empresas privadas que requieran personal
especializado en gran número, y con el objeto de formarlo” (Directiva
Presidencial para la Educación, 1979).
Esto fue complementado con la menor
subvención por alumnos que comenzó a recibir desde 1979 la ETP en comparación a
la enseñanza científico humanista, a pesar de tener esta última un menor gasto (Magendzo, Egaña y Latorre, 1988). Junto a esto, se
estableció una “amplia libertad” para definir especialidades y programas de
estudios, determinada por las necesidades laborales de los sectores patronales
y no desde un proyecto nacional de desarrollo productivo, como había sido a
partir de la reforma de los ´60, donde los programas se estructuraban en orden
secuencial y tenían un carácter nacional (Magendzo & González, 1981;
Corvalán & Santibáñez, 1987).
Esta situación provocó algunos cambios en la
identidad de los docentes de la ETP, aunque también persistieron diversas
características, que los distinguieron del resto del magisterio. Los estudios
del periodo no arrojan cifras claras sobre el número de docentes de la ETP. Un
trabajo de Fredy Soto señaló que a mediados de los ´80s esta contaba con 7.749
docentes, los que representaban un 20,7% del total de profesores de la
Enseñanza Media (37.369) y un 6% del total de docentes del país (140.000)
(Soto, 1986). Estas cifras nos parecen erróneas, pues debiesen ser superiores.
Sólo en los 74 liceos transferidos, que correspondían a cerca del 20% del total
de la ETP, trabajaban alrededor de 5 mil docentes. Sin embargo, no hemos podido
acceder a otros datos que especifiquen las cifras. De todas formas, sí
consideramos representativas las cifras que apuntan a un 20% de docentes sin
título de profesor, por sobre el 12% que existía en el resto de la enseñanza
media y el 11,5% del total nacional (Soto, 1986; CPEIP-Mineduc, 1986). Esto se
debía a que una parte importante de los docentes que ejercían las asignaturas
de especialidades técnicas eran egresados de la misma ETP, cuestión que hemos
podido corroborar a partir de las diversas entrevistas, siendo docentes, en su
mayoría hombres, que provenían de familias campesinas y obreras y que señalan
que era común que los docentes que ejercían las asignaturas del área
estrictamente técnica contasen con una formación en la propia ETP[2].
Para quienes no contaban con título y
continuaron haciendo clases tras los traspasos, las Corporaciones establecieron
apoyos para acceder a programas flexibles de titulación en pedagogía en
Santiago[3], mientras que en las escuelas agrícolas brindaron
capacitación pedagógica (Koljatic & Silva, 2006,
p. 138). Otros docentes eran profesionales vinculados a la respectiva
especialidad de la enseñanza técnica: ingenieros civiles, agrícolas y
comerciales, técnicos universitarios, etc., mayoritariamente formados en la
Universidad Técnica del Estado (UTE). A estos se sumaban los docentes con el
título de Profesor de Estado para la Enseñanza Industrial o Profesor de Tecnología
(con varias menciones) formados en las diversas sedes de la UTE[4], los que
en su gran mayoría también provenían de liceos técnicos. Esto daba cuenta de
una importante característica identitaria, la que los diferenciaba del resto
del magisterio, principalmente por la escasa presencia de profesionales
formados en las Escuelas Normales y en entidades católicas. Profesores con
título universitario sí estaban presentes en las áreas del plan general de la
ETP, común con el humanista, los que en su amplia mayoría correspondían a
docentes formados en las Universidades de Chile y la UTE, quienes serían los
principales articuladores del proceso de sindicalización.
De esta forma, la identidad de los docentes
de este sector era variada, pues convivía una identidad profesional
universitaria con otra más cercana al mundo obrero (calificado). Esto provocó
que sus organizaciones se relacionaran menos con la identidad
profesional-gremial, y se asimilaran a los sindicatos de empresas conformados
por el resto de la clase trabajadora, agrupando a docentes y no docentes.
El inicio de los traspasos
La entrega de liceos técnicos a entidades
empresariales comenzó en diciembre de 1977, antes inclusive que la “Directiva”
de marzo de 1979 y de algún otro tipo de normativa al respecto, por lo que,
junto con representar las primeras privatizaciones educativas, prefiguraron las
posteriores políticas (PIIE, 1984). Las transferencias se llevaron a cabo en
tres oleadas bajo la figura de la administración delegada, donde el Estado
mantenía la propiedad de los liceos y continuaba entregando financiamiento,
pero la administración, recursos y personal fueron transferidos a las
Corporaciones[5]. La
primera oleada se produjo entre 1977 y 1979, siendo la Escuela Agrícola de San
Fernando el primer establecimiento transferido, en este caso, a la Corporación
de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER), entidad privada creada un año
antes por la SNA. En 1978 fue el turno de otras tres escuelas agrícolas
ubicadas en San Felipe, Molina y Río Negro, las que también pasaron a CODESSER,
y los liceos industriales A-97 de San Miguel, A-74 de Maipú y A-77 de Quinta
Normal[6], los que
fueron recibidos por la Corporación de Desarrollo Social y Empleo de la SOFOFA.
Este primer periodo de traspasos culminó en 1979 con la entrega a CODESSER de
las escuelas agrícolas de Ovalle y Los Ángeles.
Esta medida provino desde la Oficina de
Planificación Nacional (ODEPLAN), la que propició que los liceos fueran
transferidos a “organizaciones intermedias”, especialmente “a las asociaciones
de productores o empresas de cada sector de la economía” (ODEPLAN, 1977, p.
36). La argumentación se fundaba en el principio de subsidiariedad y la
democracia participativa a través de los cuerpos intermedios, ubicados entre
los individuos y el Estado, tal cual venía siendo pregonado por Jaime Guzmán (Cristi,
2000). Así fue mencionado en todos los decretos que regularon los convenios de
transferencias a las Corporaciones bajo la figura de la administración
delegada. Estos convenios, fueron por lo general de 4 o 5 años y podían ser
prorrogables o no, y durante el periodo de estudio por lo general fueron
renovados a las mismas Corporaciones.
En esta primera oleada fueron las entidades
del gran empresariado las que recibieron liceos (la SNA y la SOFOFA), las que
conformaron Corporaciones privadas de “desarrollo social” para administrar los
establecimientos. Pero, además, en este mismo periodo entidades como la
Asociación de Industriales de Ñuñoa y la Cámara Chilena de la Construcción
(CChC) comenzaron a prestar asesoraría al liceo textil de Ñuñoa[7] y al liceo
industrial de Conchalí, respectivamente, los que en los años siguientes fueron
entregados a ellas (Cámara Chilena de la Construcción, 1981, p.7).
Al ser traspasados, los profesores, que hasta
el momento eran contratados por el Estado, fueron despedidos, pero una cantidad
importante fue recontratada por las Corporaciones, aunque pasaron a estar bajo
las condiciones impuestas en el “Plan Laboral” que normó las relaciones
laborales de los trabajadores del sector privado. Por este motivo, sus condiciones
de trabajo fueron resultado de los acuerdos individuales establecidos al
momento de suscribir los nuevos contratos. Esto también significó que pudiesen
organizarse en sindicatos de empresa o establecimientos, de la misma forma que
el resto de la clase trabajadora, marcando una importante diferencia con la
estructuración histórica de las organizaciones docentes, de carácter nacional o
por rama de la enseñanza (Núñez, 1986).
Las Corporaciones empresariales gozaron de
regalías, pues al recibir los liceos se suscribieron convenios especiales con
el ministerio de Educación, mediante los cuales recibieron una subvención anual
garantizada, muy superior a la percibida por el resto de los liceos, la que
además era reajustada de acuerdo con el alza del Índice de Precios al
Consumidor. En algunos casos, los liceos traspasados recibieron un aporte
fiscal por estudiante cercano al doble de lo entregado a los liceos técnicos
municipales o particulares subvencionados, quienes recibían una subvención
mensual según la asistencia de estudiantes. Las prácticas y relaciones
educativas y laborales, establecidas al interior de estos liceos fueron
eminentemente privadas, con escasa injerencia del Estado, más allá del
financiamiento. Las posibilidades de una mayor pertinencia curricular o de
adecuación de los planes de estudio a la realidad laboral circundante,
terminaron siendo meras esperanzas, pues en general existió una subordinación
de estos temas a los intereses económicos de los grupos empresariales (Magendzo
& González, 1987; Corvalán & Santibáñez, 1987; PIIE, 1984; Navarro,
1987). Iniciativas como la autogestión, quedaron completamente desplazadas al
no poseer los docentes ninguna participación en los rumbos de los
establecimientos (Corvalán & Santibáñez, 1987).
La segunda oleada de traspasos: 1981-1984
En 1980 se normaron las transferencias
mediante el Decreto Ley 3166 (DL 3166), el que estipuló que los liceos técnicos
podían ser entregados a personas jurídicas, pero no se especificó que fuesen
vinculadas al empresariado. Por su parte, sobre los trabajadores se explicitó
que no continuarían prestando servicios para el Estado y tendrían derecho a
jubilar si contaban con 20 o más años de imposiciones, quedando sus cargos
suprimidos[8]. Este
Decreto respondió a una ofensiva de políticas neoliberales en educación, las
que a esas alturas eran hegemónicas al interior del régimen y cuyo hecho más
destacado fue la transferencia de los establecimientos fiscales a los más de
300 municipios existentes en el país, lo que se implementó mayormente entre
fines de 1980 y mediados de 1982. Según la
“Directiva” de 1979, la ETP no sería municipalizada, sino que, entregada
directamente a los empresarios, pero finalmente en 1980 se decidió
municipalizar a una parte importante de esta debido a la imposibilidad del
empresariado de administrar una cantidad tan grande de establecimientos. Sin
embargo, en numerosas comunas los únicos establecimientos que no se
trasfirieron al municipio fueron los técnicos, quedando a la espera si podían ser
derivados a Corporaciones patronales con posterioridad o no[9].
Si bien en 1980 no se entregó ningún liceo
según el nuevo DL 3166, al año siguiente la CODESSER recibió otros tres
establecimientos (Duao-Talca, Chillán y Coyhaique), con lo cual ningún liceo
agrícola quedó en manos del fisco o los municipios. En 1982 los traspasos
adoptaron características propias de políticas neoliberales radicales al ser
entregados en noviembre seis establecimientos industriales a una entidad con el
rótulo de empresarial, pero que en realidad se había conformado específicamente
para poder administrar los liceos[10]. La
Corporación Privada de Educación Industrial (CPEI), no era una Corporación de
“Desarrollo Social” como las conformadas por las grandes entidades patronales,
sino lisa y llanamente una entidad creada por particulares para lucrar con los
recursos entregados por el Estado, tal como lo reconocen quienes trabajaron en
esos liceos[11]. Por esto
no fue extraño que de inmediato surgieran conflictos. Al recibir los liceos, la
CPEI despidió a 130 trabajadores, provocando la respuesta solidaria de los
estudiantes de los planteles hacia sus profesores, realizando diversas
manifestaciones en momentos en que el movimiento estudiantil daba sus primeros
pasos y en este sector se contaba con menores grados de politización que en los
liceos humanistas. Además, Juan Eduardo Gariazzo,
presidente del Colegio de Profesores (CP o Colegio), realizó algunas gestiones
para resolver la situación, reuniéndose con el ministro Álvaro Arriagada. El resultado de ambas acciones fue el
reintegro de 94 docentes que inicialmente habían sido despedidos en los seis
liceos[12].
El apoyo a los despedidos por parte del “oficialista” CP se debió al desmarque
respecto a las políticas neoliberales seguidas por el gobierno, independiente
de que continuaban respaldando al régimen de Pinochet. La conducción gremial,
designada por el régimen, adscribía mayoritariamente a una línea educativa
desarrollista-estatista, aunque luego defendieron las tesis del “capitalismo popular”,
promoviendo la formación de Corporaciones privadas de profesores para
administrar establecimientos.
A inicios de 1982 se comunicó por diversos
medios que 11 liceos comerciales se entregarían a la Cámara Nacional de
Comercio[13], lo que fue
generando expectación y articulación entre los docentes. En mayo del año siguiente se publicó en el Diario Oficial los decretos de entrega
de los liceos comerciales A-25 y B-40. Tras conocerse esto, dos de los
profesores más activistas de este último liceo, Juan Cuevas y René González,
militantes del Partido Comunista (PC) y de la Democracia Cristiana (DC)
respectivamente, se acercaron a la Asociación Gremial de Educadores de Chile
(AGECH) primero[14], y al Colegio de Profesores después, para solicitar respaldo a las acciones
que pudiesen emprender. En este último, Gariazzo
ofreció apoyo con el compromiso de que no se vincularan a la AGECH, y ordenó se
conformase artificialmente un Departamento de Enseñanza Comercial del CP[15].
También la dictadura pretendió entre 1982-1983
transferir otros cinco liceos al Instituto Textil, a la Asociación de
Impresores Gráficos, a la CChC, a la Asociación de Industrias Metalúrgicas y
Metalmecánicas (ASIMET) y a una entidad vinculada a los marinos en Iquique[16]. Estas amenazas llevaron a potenciar la articulación
de los docentes, principalmente en los liceos comerciales santiaguinos, quienes
conformaron el “Comité NO Traspasos”[17], el cual contó con el
respaldo de la AGECH y el CP. Este Comité surgió a partir de una
red de profesores opositores, los que en su mayoría se conocían previamente al
haberse formado como profesores de educación física en la Universidad de Chile.
Entre estos destacaron René González del liceo B-40 y Claudio Nieto del A-30,
quienes en 1983 organizaron unas Olimpiadas de la Educación Técnica Comercial,
instancia que sirvió como aglutinador para el profesorado opositor de los
diversos liceos comerciales amenazados de ser transferidos[18]. Claudio Nieto recuerda que,
tras esas Olimpiadas, se fueron conformando consejos gremiales en cada uno de
los liceos comerciales amenazados de ser traspasados.
“nos reuníamos
después de esas actividades y veíamos cómo podíamos empezar a organizarnos y la
decisión tomada fue de que cada uno sería responsable de organizar su sindicato
en cada uno de los liceos traspasados […] De eso nos aprovechamos, porque
hacíamos reuniones para planificar los partidos deportivos de la siguiente
semana, de la siguiente fecha y juntábamos los 10 colegios, entonces éramos 10
profes de educación física […] el germen de los sindicatos nace de esos
campeonatos, de esos campeonatos que organizábamos los profesores de educación
física”[19].
Por otra parte, en estas mismas fechas
surgieron los primeros sindicatos en los liceos industriales transferidos. En
enero de 1983 se conformó el sindicato de trabajadores en el liceo A-74 de
Maipú (SOFOFA), el que fue seguido a fines de ese año en el A-38 de Conchalí
(CPEI) y luego, en octubre de 1984, en el A-77 de Quinta Normal (SOFOFA).
No obstante, el
surgimiento de estas organizaciones entró en un periodo de expectación hacia
1984, pues el año anterior los traspasos se detuvieron, motivados por dos factores:
la crisis económica
que se manifestó con fuerza y la llegada, en febrero de 1983, de Mónica
Madariaga al ministerio de Educación, quien frenó las políticas neoliberales
radicales. Madariaga representó la voz de los sectores estatistas de la dictadura,
cuyas críticas fueron oídas al desatarse la crisis económica, pero cuya estadía
en esa cartera fue breve, pues en octubre de ese mismo año fue reemplazada por
Horacio Aránguiz.
De esta forma,
hacia 1985 eran 24 los liceos técnicos transferidos a Corporaciones
empresariales y sus trabajadores habían constituido tres vertientes
organizativas. La primera
conformada por los sindicatos de los liceos industriales de la SOFOFA (A-74 y
A-77), donde las organizaciones se vieron potenciadas por los recurrentes despidos[20]. La segunda compuesta por el “Comité
no traspasos”, los que se agruparon al interior de los liceos comerciales en
consejos gremiales antes de ser transferidos y donde varios de sus líderes más
visibles participaban en la AGECH, el CP y militaban en partidos opositores. Un
último grupo se fue conformando en los sindicatos de la CPEI, entidad de dudoso
manejo de los liceos, lo que llevó a acelerar la conformación de estos
sindicatos, pues las irregularidades financieras motivaron que se interpusiera
en 1985 una querella por malversación de fondos públicos y un recurso judicial
por el ministerio de Educación[21].
Los liceos técnicos profesionales y las
movilizaciones educativas de 1986
Con las vertientes organizativas descritas se
llegó al año 1986, muy agitado a nivel político y particularmente ajetreado en
el mundo educacional, especialmente cuando en marzo el ministerio anunció que
en los próximos meses el Estado traspasaría los 841 establecimientos que aún
permanecían en sus manos. Estos estaban ubicados en diversas comunas del país,
destacándose los llamados “liceos emblemáticos” de la capital, los que
finalmente fueron entregados a la administración municipal[22],
y alrededor de 100 liceos técnicos de diversas regiones, los que eran
amenazados de ser transferidos a entidades empresariales o a los municipios. En
la ETP los docentes, sin importar la adscripción política, preferían
mayoritariamente permanecer en manos del Estado, pero tenían claridad que ser
traspasados a los municipios era preferible a ser transferidos a las
Corporaciones patronales. Por otro lado, esta última fase de la
“municipalización”, encontró al estudiantado secundario y a las asociaciones
docentes en una situación con mayores grados de organización, lo que permitió
generar diversas acciones de resistencia (Matamoros y Álvarez, 2020). La AGECH
contaba con una importante experiencia organizativa, tras desarrollar diversos
repertorios de protestas durante los años previos, no masivos, pero si
persistentes y efectuaos a lo largo de todo el país, mientras que en diciembre
de 1985 las primeras elecciones del CP arrojaron un avasallador triunfo para
los sectores opositores.
Fue así como existieron posibilidades de un
acercamiento entre los dos gremios con presencia nacional, aunque con serios
obstáculos, pues eran liderados por tiendas políticas que pregonaban tácticas
diversas para enfrentar a la dictadura. El CP era conducido por militantes
democratacristianos y la AGECH por comunistas, por lo que avanzar hacia un
proceso de unificación fue imposible, aunque se pudo lograr una “unidad en la
acción” para enfrentar los traspasos del primer semestre del año.
A esto se sumó el importante potencial
movilizador de los estudiantes secundarios, los que eran bastante activos en
los liceos técnicos de las comunas de Santiago, Ñuñoa y Concepción. Amenazados
por la cesantía y la pérdida de expectativas por la desindustrialización, los
estudiantes de la ETP aportaron un componente eminentemente popular al
movimiento estudiantil secundario de esos años, menos ilustrado que el otorgado
por los liceos “emblemáticos”[23]. Entre
los establecimientos traspasados, en diversos periodos, se destacaron por el
activismo estudiantil el liceo A-97 de San Miguel, el A-30 de Santiago, el Chileno-Alemán de Ñuñoa, la Escuela de Artes Gráficas de San
Miguel, el B-106 de San Ramón y el industrial A-21 en la actual comuna de
Recoleta, además de otros 5 ubicados en la comuna de Santiago, los que
compartían la mayor politización de los establecimientos céntricos.
Este activismo llegó a su mayor expresión de
masas durante las movilizaciones contra la municipalización de 1986. Allí las
protestas emergieron en gran parte de las ciudades donde existían liceos
técnicos aún no transferidos, amenazados de pasar a Corporaciones patronales, como
los liceos industriales A-6 y B-5 de Rancagua y doce liceos de la provincia de
Concepción[24]. En
numerosas ocasiones existió una acción conjunta de estudiantes y profesores
opositores, lo que no estuvo exento de consecuencias represivas, como lo vivido
en la primera semana de junio en varios liceos comerciales. El caso más severo
lo vivieron dos profesores del liceo A-30 de Concepción, entre ellos Luciano Véjar, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), quien recibió un disparo por parte de un militar en una población de
Talcahuano. Véjar era dirigente comunal agechino y durante 1986 fue un importante líder de la
oposición a los traspasos. Su agresión fue respondida con diversas
movilizaciones de solidaridad por parte de profesores y estudiantes[25].
Las tomas estudiantiles se presentaron en
algunos liceos técnicos antes de ser traspasados, especialmente en el Chileno-Alemán, donde existió una destacada presencia de
jóvenes militantes de izquierda[26], lo que
se manifestó en la primera toma de 1985, la que incluyó demandas principalmente
políticas, como exigir el fin a la dictadura. En una nueva toma, de 1986, las
demandas fueron sobre ámbitos propios del liceo, como el escaso financiamiento
que recibía del Fisco y el rechazo a la privatización[27],
la que había sido suspendida en 1983.
La posibilidad de ser traspasados al
empresariado llevó a estudiantes y profesores a desarrollar un especial
activismo durante estas movilizaciones, oponiéndose a esta medida de una forma
más rotunda que a la municipalización[28].
Estas resistencias lograron una mayor visibilidad en la comuna de Santiago,
donde se traspasarían al municipio 39 escuelas básicas y 16 liceos humanistas,
además de 7 liceos técnicos al empresariado, de ahí la importante movilización
lograda en los liceos capitalinos durante el paro docente de la primera semana
de junio, el que contempló una masiva marcha por las calles céntricas
(Matamoros y Álvarez, 2020).
A esto se sumó que los sindicatos formados en
los liceos transferidos al empresariado desarrollaron una labor de denuncia de las consecuencias de su condición, buscando que en
los restantes liceos no ocurriera lo mismo. Así, por ejemplo, el sindicato del
liceo A-16 de la ciudad de La Calera emitió una declaración pública donde
denunciaba la pérdida de derechos adquiridos al momento de los traspasos, como
el escalafón docente, bienios, mejoramiento especial, beneficios del Servicio
de Bienestar del Magisterio, permisos administrativos, etc. Por esto,
declaraban que
“nos resulta incomprensible que el Sr. Ministro
anuncie continuar con la política de los traspasos, presentándola como solución
para la educación chilena cuando quienes hemos vivido esta experiencia
conocemos el trato discriminatorio y más aún, cuando el Ministerio no respeta
sus propios convenios, como es la situación que ahora nos afecta”[29].
De esta forma, el profesorado técnico se sumó activamente a los diversos
repertorios de acción del magisterio en ese año, como los plebiscitos en torno
a los traspasos, las marchas masivas en Santiago y las diversas protestas en
Concepción. Sin embargo, estas movilizaciones fueron insuficientes para que el
régimen cambiara su decisión y a mediados de año se traspasaron cerca de 800
establecimientos a diversos municipios, mientras que más de 40 liceos técnicos
pasaron a Corporaciones empresariales en enero de 1987.
Lo anterior no impidió que se continuara fortaleciendo la asociatividad
en los liceos técnicos traspasados. Así por ejemplo, a
inicios de octubre de 1986, y a pesar de las tensiones en los partidos
políticos opositores, cuatro sindicatos de la CPEI y dos de la SOFOFA[30] se sumaron a los esfuerzos unitarios que se
venían desplegando en algunos niveles locales del CP y la AGECH y desde los sindicatos de colegios privados, para avanzar hacia acciones conjuntas frente a la apremiante situación
salarial que padecía la docencia. En esos momentos, el profesorado vivía su
peor situación económica y laboral de la segunda mitad del siglo XX, donde su
poder adquisitivo cayó en un 38,4% respecto del año anterior. Ante esto, el
gobierno ofreció un reajuste salarial de un 8%, el que abarcó al sector
municipal y a unos 4.000 maestros de los liceos técnicos que aún pertenecían al
fisco (serían traspasados a inicios de 1987), pero no a los ya administrados
por el DL 3166. La AGECH siguió batallando y
logró el apoyo de la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF) para coordinar
acciones en defensa de los 5 mil funcionarios (4 mil docentes y alrededor de
mil no docentes) que estaban en proceso de privatización en esos meses[31]. Sin
embargo, el proceso no pudo ser revertido.
Como si fuera poco, en los últimos meses de
1986 se produjo la exoneración más grande en la historia del magisterio
chileno. Alrededor de 8 mil profesores fueron despedidos, lo que fue visto como
una reacción frente a la movilización de ese año. Al conocerse la decisión de
que se producirían los despidos, se generó una evidente angustia en el
profesorado de los liceos técnicos que serían entregados a los grupos
empresariales[32].
Los más de 40 liceos técnicos traspasados a
inicios de 1987 representaron la consolidación de las políticas neoliberales
guiadas por el principio de subsidiariedad y la democracia participativa a
través de los cuerpos intermedios. Si las transferencias anteriores habían
apuntado a entidades vinculadas al gran empresariado nacional, y en algunos
casos a las creadas para la obtención de ganancias (CPEI), ahora se orientaron
a entidades vinculadas a medianos y grandes empresarios provinciales y a asociaciones
empresariales de ramas específicas (textil, gráfica y metalúrgica)[33].
Con estos traspasos, los trabajadores
dependientes de las Corporaciones empresariales bajo administración delegada
alcanzaron una cifra cercana a los 6 mil, y si bien en su mayoría eran
docentes, los sindicatos fueron conformados por el conjunto de los trabajadores
de los liceos, aunque el profesorado representó al sector mayoritario y más
activo. Pero estos docentes fueron severamente golpeados, pues de los más de 8
mil profesores exonerados en el verano de 1987, cerca de mil quinientos
pertenecían a los liceos técnicos (Navarro, 1987 p. 142), existiendo variados
obstáculos para ser recontratados, y donde esto se logró, denunció la AGECH,
implicó aceptar una reducción salarial de un 20% en promedio. Quienes no
aceptaban la rebaja no se les renovó el contrato[34].
A nivel interno, los traspasos incluyeron en
casi todos los casos el cambio de los directivos de los liceos, la reducción de
la planta docente y la adopción de relaciones típicamente empresariales, por
sobre los intereses propiamente educacionales. Así, los cargos directivos
educacionales, como eran los directores de los liceos, quedaron subordinados a
las decisiones impartidas por los gerentes generales de las Corporaciones. El malestar contra estas medidas llevó a que
desde mediados de 1987 aumentara la conformación de sindicatos, especialmente
en los liceos comerciales santiaguinos. A fines de julio se conformó el
sindicato en el liceo B-40, al que le siguieron en los meses siguientes el
liceo A-27, B-106, B-72, A-99, A-30 y B-102, pertenecientes a la Fundación
Nacional de Educación Laboral (FUNAELA)[35] y la Fundación San Pablo. En
todos los casos, los sindicatos agruparon docentes y no docentes. Así,
por ejemplo, ocurrió con el sindicato del A-30,
“éramos 110 trabajadores más o menos en el
INSUCO 2 [liceo A-30]. Llegamos 50 a inscribirnos en la fundación del
sindicato, ahí en la sede del comunal del Colegio de Profesores. Llegamos
profes y también auxiliares, de todo. Ahí ya no éramos gremio, ahí éramos
trabajadores”[36].
Este carácter sindical de la conformación de
las organizaciones no impidió que la mayoría de las dirigencias recayeran en
docentes, aunque también existieron roles destacados de asistentes de la
educación, como fue el caso de Roberto Coloma, inspector del liceo santiaguino
A-29 y presidente de la Federación sindical de la CORPRIDE.
Emergencia del conflicto
sindical
Las constantes
irregularidades y arbitrariedades vividas en los liceos administrados por la
CPEI llevaron a conformar a inicios de 1987 la primera Federación de sindicatos
de la ETP, la que agrupó a cerca de 450 trabajadores de seis sindicatos, uno de
cada liceo. La Federación estuvo presidida por Iván Torres, quien también era
presidente del sindicato del liceo A-19 y cercano al Partido Socialista. Fue
precisamente desde esta Federación desde donde emergió el primer conflicto en
el área.
La persistente mala gestión de la CPEI llevó
a que en octubre de 1987 el ministerio anunciara que no le renovaría los
convenios, cuestión muy diferente a lo ocurrido con los liceos de la SNA o la
SOFOFA, los que fueron renovados sin inconvenientes. De esta forma, el 31 de
diciembre 473 funcionarios quedarían sin empleo y
sus recontrataciones estarían al arbitrio de los nuevos administradores. Desde
la Federación se realizaron diversas gestiones, como el envío de una carta al
ministro Juan Antonio Guzmán exigiendo que se asegurase que las nuevas
Corporaciones respetasen la continuidad laboral de todo el personal, la
mantención de remuneraciones y su reajuste, la participación en el reglamento
interno, una carrera laboral y bienestar del personal, la mejoría del servicio
educativo y del número de cursos, jornadas, especialidades, calidad docente,
etc.[37].
Tras no obtener respuestas, las asambleas de
los seis sindicatos acordaron iniciar una paralización de labores al mediodía
del miércoles 4 de noviembre, y dirigirse al ministerio, lo que fue continuado
con la extensión del paro hasta el viernes. La medida fue en protesta a lo que
consideraron una “inminente reprivatización” por el posible traspaso a otras Corporaciones[38]. Esto motivó a
los estudiantes de estos liceos, quienes, desde la Coordinadora de Centros de Alumnos de Liceos Técnicos-Industriales, en
conjunto con la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES),
realizaron diversos mítines y marchas al ministerio y además organizaron un
acto en el liceo A-22, el que no fue autorizado por el director del
establecimiento, siendo reprimido por carabineros[39].
Estas movilizaciones se prolongaron durante
el mes de noviembre, con paros, marchas, ayunos y manifestaciones en los liceos
y en el ministerio, lo que fue resultado de una especial articulación entre
docentes, estudiantes, apoderados y algunos dirigentes del Colegio de
Profesores[40]. La
capacidad de movilización alcanzada tuvo al liceo A-19 como el establecimiento
más confrontacional, donde no sólo se destacó la
figura de Iván Torres, sino también la del dirigente sindical Jaime Gajardo[41].
En una conferencia de prensa, el ministro
Guzmán señaló que el problema estaba superado, pues los liceos pasarían a la
SOFOFA, la CChC y el Consejo de Defensa del Niño, Corporaciones que
recontratarían a todos los profesores. Sin embargo, el malestar continuó, pues
en una reunión con la Federación realizada el día 14 de diciembre, Guzmán y el
superintendente Raúl Mohor desconocieron ese
compromiso, señalando que no estaban aseguradas las indemnizaciones, ni los
sueldos de enero y febrero. Tampoco se respetarían los fueros sindicales, los
prenatales y las licencias médicas. La CChC, que asumiría el liceo A-19,
informó que no contrataría a los profesores que ejerzan presiones de “orden
político” en el proceso educativo y pidió “en forma clara y categórica”, en un
claro mensaje a Iván Torres y Jaime Gajardo, que los que no estén de acuerdo
con el sistema de educación privada se abstengan de postular[42]. Esto último
motivó nuevas manifestaciones de estudiantes y la toma del liceo por parte de
los profesores del A-19, los que fueron desalojados por carabineros.
El 1° de enero de 1988, al mismo instante de
caducar el convenio con el ministerio, la CPEI desapareció legalmente, dejando
a casi 500 trabajadores y 5 mil estudiantes en la incertidumbre[43]. Si bien,
tras numerosas presiones de la Federación, los sueldos de enero y febrero
fueron cancelados[44], muchos profesores no fueron recontratados y
la mayoría de los sindicatos y la Federación que los agrupaba, desaparecieron,
siendo despedidos sus dirigentes.
El origen de esta movilización se explica por
varios motivos. En primer lugar, la pésima gestión de la CPEI generó una imagen
pública que legitimó la lucha de estudiantes y profesores. Esto mismo potenció
la conformación de sindicatos, los que identificaron una contraparte común y
conformaron la Federación. La articulación lograda con los estudiantes, y
también con las familias, fortaleció la movilización, reforzada por la
presencia de los dirigentes del sindicato del liceo A-19, los que adoptaron
posiciones más rupturistas y vincularon las movilizaciones con el Colegio de
Profesores.
El conflicto conducido por la Federación de
la CPEI tuvo mucha vinculación con los liderazgos identificados con corrientes
de izquierda, mayormente ausentes en este sector del sindicalismo como
resultado de una suerte de “depuración sindical” ejercida por las Corporaciones
desde el momento de los traspasos. Como hemos visto, la formación de sindicatos
fue en general respetada por estos empresarios, nunca fomentada[45], quienes
arrastraban una experiencia de relacionarse con sindicatos en sus propias
empresas de origen, donde habían propiciado prácticas paternalistas para
contrarrestar la conflictividad[46]. Pero al
momento de los traspasos los empresarios aprovecharon para no renovar contrato
a dirigentes de izquierda, lo cual no sólo ocurrió en el caso del liceo A-19,
sino también, en esa misma fecha, en el liceo A-30 de Concepción, donde la
Cámara de Producción y el Comercio de Concepción despidió a los ex dirigentes agechinos
Carlos Poblete y Luciano Véjar, militantes comunista
y mirista, respectivamente. Ambos profesores fueron
denunciados por el gerente de dicha Corporación de actividades terroristas, por
lo que se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que les
significó ser declarados enemigos públicos para la sociedad, firmar durante 5
años en el Patronato de Reos y quedar imposibilitados de ejercer la docencia[47]. La AGECH
nunca contó con fuero gremial para sus dirigentes, por lo que estas
exoneraciones fueron comunes y afectaron fuertemente la participación del
magisterio izquierdista en este sector del sindicalismo. Así, los despidos
fueron la tónica por parte de las Corporaciones.
De esta forma, la movilización suscitada en los seis liceos de la CPEI
representó el mayor grado de conflictividad de este sector del sindicalismo
docente, la cual no sólo no consiguió sus objetivos, sino que también terminó
en un duro golpe para la organización sindical. La desarticulación de la
Federación marcó el fin de repertorios de acción confrontacionales
en este sector del sindicalismo docente.
Consolidación sindical bajo los vientos de la “alegría ya viene”
Ni la “reprivatización” de los liceos de la CPEI, ni tampoco los despidos en varios establecimientos lograron impedir que durante
1988 continuaran conformándose sindicatos. Además, la articulación docente-estudiantil se vio potenciada por la
efervescencia política generada por el plebiscito fijado para
el 5 de octubre de 1988, donde el
triunfo de la opción “NO” impidió que Pinochet continuase en el gobierno por 8
años más. La consigna de la oposición a la dictadura: “Chile la alegría ya
viene”, motivó al profesorado de todo el país a sumarse activamente al proceso
en el que varios de los
sindicatos se vincularon estrechamente, aunque no de forma orgánica, con el
Colegio de Profesores, lo que se tradujo en la adhesión a jornadas de
movilización convocadas por este, haciendo convivir intereses propiamente
sindicales con los aires políticos de democratización[48].
La activa participación en la coyuntura del plebiscito se debió a la
importante presencia de militantes de partidos opositores en las dirigencias de
los diversos sindicatos, existiendo cuatro fuerzas principales. La DC, con René González (B-40) y Domingo
Curaqueo (B-106) como rostros más visibles[49],
el MAPU con Alfonso Pastene (B-72) y Pedro Robles (A-77), el PC con Juan Cuevas
(B-40) y los socialistas con Roberto Coloma (A-29) y Marcelo Fernández Salinas
(B-61)[50]. A fines
de 1987, se conformó el Partido Por la Democracia (PPD), un partido
instrumental que acogió a los sectores socialistas renovados, entre estos a los
mencionados mapucistas Pedro Robles y, especialmente
Alfonso Pastene.
En tanto, en el ámbito laboral nuevamente hubo preocupaciones, pues en
octubre la dictadura anunció que antes del 15 de noviembre debían realizarse los cambios curriculares
estipulados en el Decreto Exento 130. Esto traería severas consecuencias para
todos los docentes de la ETP, como la eliminación del quinto año que hasta ese momento existía, anticipando el egreso de estudiantes que no
encontrarían ocupación. Con esto
disminuiría el 20% total de la jornada horaria de los docentes, desaparecerían
asignaturas como artes, filosofía e idiomas, y disminuirían las horas de
castellano, matemáticas, historia y ciencias naturales. Las consecuencias del Decreto 130 provocaron
que se articularan, por única vez en el periodo, los docentes que estaban bajo
las distintas formas de administración de la ETP (municipales, subvencionados y
administración delegada). De esta forma, el CP se vio empujado a incluir en sus
repertorios acciones relacionadas a los docentes de la enseñanza técnica[51].
El 15 de noviembre, unos 12 profesores, en su mayoría dirigentes del CP
y de sindicatos de liceos técnicos, llegaron hasta las puertas del ministerio
con un ataúd negro hecho con cartones y con frases en contra del Decreto. Allí
leyeron una carta dirigida al ministro, la cual fue firmada por miembros de una
“Comisión técnico-profesional del Colegio de Profesores”, compuesta por René
González, Jorge Olivo, Luis Bunney y Juan de Dios
Jiménez. Todos salvo Olivo, eran militantes DC[52].
Por estas acciones, el ministro Guzmán respondió que no se reduciría la ETP, pues el objetivo era “dar libertad de
enseñanza y creer en el profesorado para que ellos creativamente puedan
desarrollarla de la mejor manera”[53], pero de todas formas estudiaría la posibilidad de conversar con el CP.
Una semana después, se realizó una asamblea
para tratar la situación, convocada por el metropolitano del CP, donde este
anunció que elaboraría democráticamente
una propuesta de modernización de la ETP que asegurara calidad y respetara los
intereses del profesorado y la comunidad educativa. Esto fue iniciado a los
días siguientes con un seminario denominado “Consensos educacionales en un
Chile democrático”, tras el cual la iniciativa no tuvo mayor continuidad, por
la falta de interés del Colegio de Profesores. Uno de los integrantes de la
mencionada “Comisión técnico-profesional del CP” recuerda que:
“hicimos movilizaciones por el Decreto 130.
Buscábamos incidir, pero el Colegio nunca se preocupó por la educación técnico
profesional. Había una Departamento, una Comisión, de la que yo formaba parte,
pero éramos 3 o 4 quijotes metidos en una maquinaria que nadie le daba pelota.
No era una línea de acción del Colegio, ni con la cosa sindical”[54].
El contexto abierto por el triunfo del “NO” posibilitó
que al finalizar el año, se
conformaran nuevos sindicatos en el A-107 de La Cisterna, en el A-130 de San
Bernardo y en el B-5 de Rancagua, además de una nueva e importantísima Federación,
constituida a mediados de diciembre por los sindicatos de los liceos
comerciales A-27, A-30, B-106, B-40 –todos de la FUNAELA–, además del sindicato
del Instituto Industrial Don Orione, un establecimiento particular
subvencionado católico de la comuna de Cerrillos. Si bien su directiva fue pluralista, primando la representatividad de
los diversos sindicatos, la presencia partidaria fue destacada, lo que se reflejó en que la Federación declaró
defender valores como el pluralismo, la unidad, el diálogo, la participación,
el consenso, el compromiso, la autonomía real del movimiento sindical y la
solidaridad, valores identificados políticamente con la Concertación[55] y el
socialcristianismo, y que en este caso
buscaron que gobierno y empresarios fueran consecuentes con los principios
democráticos de libertad que decían defender.
Al conformarse esta nueva Federación, agrupó
a cerca de 500 funcionarios y profesores, pero prontamente el sindicato del
Instituto Don Orione se desvinculó, por lo que la organización se identificó
exclusivamente en torno a la FUNAELA, y con esta buscó desarrollar
negociaciones no regladas, de hecho. Desde su fundación, la Federación declaró
que compartía, con el conjunto del profesorado, la aspiración por un Estatuto
Docente, pero que su preocupación más urgente eran las amenazas de despidos por
el Decreto 130. Buscaría promover la formación de
sindicatos en todos los establecimientos metropolitanos de ese tipo y de
representarlos frente a los empleadores, ejerciendo un rol sindical que el CP
no cumplía por no adecuarse formalmente a una estructura de ese tipo
(sindical), por lo que “la federación
intenta[ba] llenar el vacío que se produce luego que
los profesores de los colegios técnicos no tienen la obligatoriedad de
afiliarse al Colegio de Profesores”[56].
Sacrificios y esperanzas en transición
La formación de la Federación de la FUNAELA
en momentos en que los aires democratizantes en el país estaban en ascenso, por
el triunfo de la opción “NO” en el plebiscito de 1988, potenció que entre mayo
y octubre de 1989 se formaran nuevos sindicatos en diversos liceos industriales
a lo largo del país. Sin embargo, las Corporaciones no estaban obligadas a
iniciar negociaciones colectivas con sus sindicatos, pues la legislación
laboral consideraba que al recibir un financiamiento exclusivamente estatal no
se regían de la misma forma que el resto de las empresas privadas. Esto provocó
una pérdida del poder de negociación (Schmalz, Ludwig
& Webster, 2018) de los sindicatos formados en cada uno de los liceos, pero
también un fortalecimiento de las Federaciones, pues algunas lograron
establecer negociaciones de hecho, no regladas, con las Corporaciones, las que
debían contar con la aceptación de estas para efectuarse. Desde la conformación
misma de la Federación de FUNAELA sus dirigentes expresaron el interés por
transformarse en la herramienta de “planteamientos e inquietudes de los
trabajadores … ante los empleadores”[57].
Juan Cuevas, dirigente del B-40 recuerda que “debíamos tener fuerza para poder
negociar y la fuerza la hacía la Federación, era la única posibilidad que
teníamos … la decisión era que teniendo Federación nosotros íbamos a negociar,
para dar un poco más fuerza al movimiento”[58].
Fue así como durante 1989 y 1990 se continuó avanzando en conformar otras
Federaciones.
Además, también siguieron constituyéndose
sindicatos, motivados principalmente por la persistencia de los despidos, los
que en ocasiones fueron consecuencia directa de la participación política de
los docentes. A fines de julio de 1989, en el liceo A-37, fueron despedidos Héctor
Zapata, profesor de historia, y Yanini Rivera, de
castellano. La Corporación de la CChC no mencionó ninguna causal al respecto,
lo que provocó la protesta y paralización estudiantil, quienes denunciaron que
los despidos se debían a que los docentes eran opositores al régimen[59]. En estos
liceos el empresariado no era el representante directo de la dictadura, como
ocurría en los municipales, aunque se mantenía fiel a ella y defendía sus
mismos intereses bajo un discurso de tolerancia y aceptación de la sindicalización,
pero ejerciendo férreas prácticas de control laboral.
Esto fue especialmente característico en un
sector de los trabajadores transferidos al sistema de administración delegada
que no se hicieron parte del proceso de sindicalización, como fueron quienes
trabajaban en los liceos agrícolas traspasados a la CODESSER (SNA) (Koljatic y Silva, 2006, p. 143). Si bien el contexto
de la vuelta a la democracia permitió que a inicios de los ´90s se conformaran
sindicatos en dos de los once establecimientos de la SNA, solo en uno de ellos,
el liceo A-21 de la comuna de San Fernando, emergieron prácticas más confrontacionales. El carácter industrial y no agrícola de
este liceo fue central en esas prácticas, pues el sindicato realizó varias
denuncias hacia la Corporación exigiendo el cambio de administración a otra
entidad, pues esta no tenía relación con el ámbito industrial, y ejercía un
control laboral hacia los funcionarios, el que incluía contratar a personas
“vinculadas a los tristemente célebres organismos de seguridad del régimen
militar”[60], en
desmedro de los docentes que eran exonerados año a año. Este hecho da cuenta de
que la SNA imprimió un control laboral que dificultó la sindicalización, lo que
se vio potenciado por factores propios de los liceos agrícolas, como la menor
cantidad de trabajadores, debido a su menor número de estudiantes, la poca
conexión con vínculos sindicales, debido a su ubicación geográfica, y una mayor
presencia de profesionales de áreas como la ingeniería y la administración
agrícola o forestal ejerciendo la docencia, los que adoptaron una identidad
fundada en la vocación y el servicio, alejada del reconocimiento como docentes
o trabajadores[61].
El control autoritario al interior de estas
escuelas dio cuenta del distanciamiento con los compromisos democráticos que el
empresariado intentaba mostrar públicamente (Álvarez, 2015). La mencionada
presencia de ex agentes represivos también existió en los liceos de la SOFOFA,
la cual contrató en enero de 1989 a Rolf Wenderoth como director del liceo industrial A-74 de Maipú.
Este personaje había sido miembro fundador de la DINA, reconocido torturador y,
muchos años después, sentenciado por el crimen de varios opositores a la
dictadura. Además, Wenderoth llevó a trabajar como
secretaria a Luz Arce, ex socialista y luego delatora y funcionaria de la DINA
y la CNI. Esta situación fue denunciada en la prensa en abril de 1990, por la
Federación de Sindicatos de Liceos Técnico Profesionales (FESILTEP)[62] y Jorge Pavez, dirigente nacional del Colegio de Profesores,
acompañada por la protesta de los profesores sindicalizados y la paralización
de los estudiantes. Fernando Agüero, presidente de la SOFOFA, señaló que
desconocían estos antecedentes y que, de ser ciertos, Wenderoth
dejaría el cargo, cuestión que finalmente ocurrió, pero que también implicó el
despido de algunos de los profesores más activos en las protestas, provocando
nuevas protestas[63]. Un
dirigente de la FESILTEP recuerda que los representantes de la SOFOFA se
negaron a reconocer públicamente la arbitrariedad de estos despidos, pero sí
estuvieron dispuestos a pagar el doble de la indemnización correspondiente, la
cual cancelaron con dinero en efectivo para no dar ninguna señal de que ellos
habían actuado injustamente[64].
De todas formas, la SOFOFA no pudo impedir la
formación de sindicatos, pues a pesar de realizar algunas prácticas
antisindicales, como el traslado de profesores activistas, una vez que las
organizaciones se conformaron presentaron una imagen pública de tolerancia y
respeto. Precisamente en estos liceos fue donde habían surgido primeramente los
sindicatos, entre 1983-1984, pero con una menor articulación entre estos, en
comparación a la desarrollada en los liceos comerciales. Una situación parecida
se vivió en los liceos administrados por la CChC, donde el paternalismo
industrial logró más tempranamente circunscribir los sindicatos a los límites
de la empresa.
Por el contrario, y como ya hemos visto, los
sindicatos de los liceos comerciales tuvieron un papel mucho más activo, lo que
llevó a que fueran vitales en la conformación de las Federaciones de la
FUNAELA, la Fundación San Pablo y la CORPRIDE, desde donde surgieron los
principales liderazgos sindicales. Al mismo tiempo, desde estos liceos se
sostuvieron las mayores vinculaciones políticas. Alfonso Pastene ya había sido
parte del “Comando de Profesores por el NO” y durante 1989 fue vicepresidente
del “Comando de Profesores por Aylwin” y como tal tuvo una activa participación
en ese contexto, lo que también le valió la represión dictatorial, cuando, el
31 de octubre de 1989, desconocidos dispararon perdigones a las ventanas de su
departamento[65].
Estas vinculaciones políticas estuvieron
medianamente equilibradas hasta marzo de 1990, aunque con un predominio de los
dirigentes vinculados a la DC en alianza con los del PPD (ex mapucistas). Esto último fue un hecho distintivo de este
sector del movimiento sindical chileno, pues a nivel general el predominio fue
de la alianza DC-PS, hecho que también ocurrió en el Colegio de Profesores,
aunque con una importante fuerza opositora del magisterio comunista, la que fue
ganando adhesión a medida que se diluían las esperanzas depositadas por el
profesorado en la Concertación (Matamoros, 2018). En cambio, la presencia de ex
mapucistas en los sindicatos de liceos técnicos
permitió apoyar la vinculación internacional de la DC con el sindicalismo de
matriz cristiana, agrupado a nivel latinoamericano en la Central
Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), con sede en Venezuela. La CLAT comenzó
a vincularse con estas Federaciones a partir de su 45° sesión del Consejo
Ejecutivo, realizado en Santiago en abril de 1989, la que contó con la visita
de su Secretario General Emilio Máspero,
quien cuatro meses después volvió a visitar el país difundiendo tareas como “la
renovación ideológica” y “el cambio de la estructura sindical” para enfrentar
la crisis del sindicalismo.
En general, el CP en el contexto del apoyo a
la candidatura de Patricio Aylwin a la presidencia de la república, no buscó
insertar la reivindicación del regreso de estos liceos técnicos al Estado. Sus
propuestas giraron en torno a la dictación de un Estatuto Docente y mayor
presupuesto educativo. Ambas temáticas podrían haber tenido importantes
consecuencias para los liceos traspasados, especialmente para sus trabajadores
y estudiantes, pero esta modalidad de administración no buscó ser modificada.
El programa de gobierno de la Concertación no propuso ningún cambio ni regreso
al Estado de los establecimientos. Por el contrario, se podría deducir que su
propuesta iba en una línea de mantener lo existente (Programa de Gobierno.
Concertación de Partidos por la Democracia, 1989)[66].
Vuelta a la democracia sin cambios en el sistema
Durante los últimos meses de 1989, en el contexto
del triunfo del candidato opositor Patricio Aylwin en las elecciones
presidenciales, se vivieron numerosas huelgas locales de docentes del sector
municipal en demanda de reajustes salariales. Esto no ocurrió en los sindicatos
de liceos bajo “administración delegada”, los que, de todas formas, durante
1990, continuaron con la articulación entre las Federaciones de la Fundación
San Pablo, FUNAELA, SOFOFA y CORPRIDE, lideradas por Alfonso Pastene, René
González, Orlando Lara y Roberto Coloma, respectivamente. Estos dirigentes
realizaron, en agosto de 1990, un crudo análisis de las regalías que tenían los
grupos empresariales. En una conferencia de prensa denunciaron que el Estado
entregaba anualmente 12 mil millones de pesos para atender los 388 liceos técnicos
del país, de los cuales cerca de la mitad se destinaba a los 74 liceos de las
Corporaciones empresariales, las que continuaban recibiendo una subvención
anual y según la matrícula existente al momento de los traspasos, aportes que
no se reflejaban en mayores inversiones, pues las 21 Corporaciones quedaban con
un saldo a favor de mil millones de pesos. En estas, sus gerentes ganaban cerca
de medio millón de pesos mensuales, cifra similar a la que en esa fecha
recibían los ministros de Estado. Además, denunciaron que con los traspasos
alrededor del 30% del personal había sido despedido, las remuneraciones
disminuido notoriamente, evadiendo inclusive lo legal; la inestabilidad era
constante, pues se podía despedir en cualquier fecha del año y finalmente,
seguían existiendo “soplones” en los establecimientos. Como si fuera poco, los
empresarios continuaban ocupando a estudiantes para tareas en sus industrias y
predios, y en ocasiones también a profesores y asistentes. Tras estas duras
denuncias, los dirigentes señalaron que sus demandas principales se referían a
la anulación del Decreto 130 y que el Estatuto Docente los contemplara dentro
de la carrera funcionaria, pues el proyecto existente hasta ese momento los
consideraba como trabajadores del sector privado[67].
A medida que crecía la articulación entre
estas Federaciones, el movimiento sindical de los liceos técnicos profesionales
se fue distanciado del tronco central del sindicalismo docente representado por
el Colegio de Profesores. Así, sus reivindicaciones fueron quedando aún más
postergadas que las del profesorado municipal, sostén principal del CP, quienes
desde los últimos años de la dictadura comenzaron a lograr pequeños reajustes
salariales, pero que no contemplaron a los liceos del DL 3166, cuestión que
tampoco ocurrió durante todo el gobierno de Aylwin[68].
Fue en este contexto donde la articulación de las Federaciones se cristalizó,
el 11 de enero de 1991, en la constitución de la Confederación Nacional de
Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Técnico Profesional
(CONFESITEP). En su Congreso fundacional participaron alrededor de 23
sindicatos[69],
provenientes de las cuatro Federaciones mencionadas y algunos otros sindicatos
no federados, siendo mayoritarios los pertenecientes a la Cámara de Comercio
(FUNAELA) y la CORPRIDE. La fuerte presencia de los sindicatos de liceos
comerciales se reflejó en los primeros presidentes de la Confederación, los que
provenían de ese tipo de liceos: René González (1991), Alfonso Pastene (1992) y
Roberto Coloma (1993). Durante el primer año de vida de la CONFESITEP, se
realizaron gestiones para que este sector de más de 4 mil profesores fuese
incluido en el Estatuto Docente, sin embargo, ni el Colegio de Profesores ni la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presionaron por igualar las condiciones
del profesorado de estas Corporaciones.
Las aspiraciones de este sector de
trabajadores de la educación fueron quedando desplazadas, pues desde marzo de
1990 la prioridad del CP fue conseguir un Estatuto Docente, lo que había sido
prometido por Aylwin en la campaña, y ratificado por el ministro de educación
Ricardo Lagos al asumir su cargo. Efectivamente desde octubre de ese año esta
normativa estuvo en el debate público, representando una importante mejora en
aspectos de estabilidad laboral para los docentes del sector municipal y en un
grado muy menor para los del sector subvencionado. Para los profesores regidos
por el DL 3166 el Estatuto Docente representó una esperanza, pues no contaban
con ninguno de los beneficios que tenían los docentes municipales, ni los que
podrían conseguir estos en los próximos años.
No obstante, al promulgarse el Estatuto en
junio de 1991, este no contempló a los docentes de estos 74 liceos técnicos,
los que funcionaban como una empresa privada, pero que tampoco tenían la
posibilidad de realizar negociaciones colectivas regladas con las cuales
mejorar sus condiciones. En el proceso de discusión del proyecto, el CP se
enfocó en tratar de elevar las rentas en el sector subvencionado y en que el
Estatuto se extendiera en algo a ese importante sector de maestros. Solo en
escasas ocasiones planteó la necesidad de que se introdujesen en el Estatuto el
reconocimiento al derecho de negociación colectiva a los docentes regulados por
el DL 3166[70]. La
oleada de huelgas ocurridas en los colegios particulares subvencionados,
iniciada en mayo de 1990, pudo haber contribuido a que el gobierno no
permitiera las negociaciones colectivas en este sector, tomando en cuenta que
primeramente fue partidario de estas, para desligarlas del Estado y dejarlas al
arbitrio de “privados”[71]. De esta
forma se excluyó a 4.200 profesores del Estatuto Docente por considerar que
estaban bajo una administración privada, pero también se les continuó excluyendo
del Código del Trabajo, bajo el argumento de no poder realizar negociaciones
colectivas por recibir financiamiento únicamente estatal, quedando en una
ambigüedad absoluta. De todas formas, el Estatuto Docente fue una aspiración
problemática para los sindicatos de estos liceos, pues eran organizaciones
compuestas por alrededor de un 30% de trabajadores no docentes, por lo que si
esa normativa los hubiese contemplado habría generado una importante diferencia
en las condiciones laborales de los asociados a los sindicatos[72].
Hasta 1990 el sindicalismo formado en estos
liceos había mantenido un tono crítico respecto al empresariado que
administraba los liceos, a pesar de no haber protagonizado grandes procesos de
movilización. Tras ese año, estas posiciones críticas fueron desapareciendo. En
esto consideramos que hubo dos factores claves. Por un lado, la necesidad de
las Federaciones de lograr negociaciones colectivas informales requería de la
voluntad de las Corporaciones, por lo que cualquier tipo de acción conflictiva
podía llevar al empresariado a suspender unilateralmente el siguiente proceso
de negociación, lo que implicó una suerte de “disciplinamiento sindical” y en
muchos casos una mayor cercanía con las entidades empresariales, las que
actuaron de forma paternalista, especialmente mediante la entrega de beneficios
a dirigentes sindicales. Así “se produce cierta desviación, principalmente de
los sindicatos de la SOFOFA, con una posición más pro empresarial”[73]. Por otro
lado, se fortaleció la cercanía con la CLAT, la que representaba una posición
de un sindicalismo menos confrontacional, cercano a
la DC y al gobierno. Esto se vio de manifiesto con el respaldo financiero de la
CLAT a los gastos operacionales que conllevó el Congreso de fundación de la
CONFESITEP[74].
No obstante, la estrategia sindical seguida
no tuvo ningún resultado positivo. La evaluación de sus logros como
Confederación durante sus dos primeros años de existencia fue crítica, pues
señalaron que en ese periodo:
“largo ha sido nuestro peregrinar, por los
diversos Ministerios que tendrían que solucionar esta grave injusticia [la
exclusión de realizar negociaciones colectivas], solo hemos encontrado promesas
y no soluciones, el tiempo sigue pasando y 5.000 trabajadores quedan al margen
de una legislación que les permita enfrentar, en igualdad de condiciones, la
lucha por sus reivindicaciones”[75].
Por esto solicitaron entrevistarse con
Patricio Aylwin, pero este derivó la reunión al subsecretario de educación Raúl
Allard, con quien no encontraron solución, como tampoco en variadas reuniones
en el parlamento, entre 1991 y 1993. Como si fuera poco, tampoco fueron
considerados respecto a otros beneficios, como la “asignación de zona”,
sancionada y patrocinada en 1992 por el gobierno de Aylwin, la que contemplaba
a los trabajadores de la educación municipal y particular subvencionada de
determinados lugares del país[76]. A pesar
de esto, durante estas luchas la CONFESITEP logró sumar a otras organizaciones,
agrupando en agosto de 1992 a 40 sindicatos, y participó en el Congreso
Especial de Legalización de la CUT de abril de ese año.
La adhesión al sindicalismo internacional de
matriz cristiana (CLAT) distanció a este sector sindical aún más de las
corrientes vinculadas al Partido Comunista, que crecía en adhesión al interior
del Colegio de Profesores y en los sindicatos de establecimientos
subvencionados. También los diferenció de la alianza de conducción hegemónica
al interior del Colegio y de la CUT, entre dirigentes de la DC y el PS, la que
llevó a que la CUT se afiliara legalmente a la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en 1994, de origen socialdemócrata. En
cambio, la vinculación de la CONFESITEP con la CLAT se sostuvo luego sólo en
los dirigentes del PPD (ex mapucistas), pues desde
1990 comenzó una “fuga” de varios dirigentes DC a cargos institucionales,
especialmente en el Departamento de Educación del municipio de Santiago, como
Domingo Curaqueo, quien asumió como director de educación municipal, René
González como jefe del Departamento Técnico Pedagógico y Sergio Aguilera, como
jefe de personal. Esta situación hizo crisis entre 1994 y 1995, pues la
relación de subordinación hacia los gobiernos de la Concertación provocó el
descrédito de los dirigentes sindicales del CP que sostenían dichos vínculos,
lo que también trajo algunas repercusiones al interior de la CONFESITEP,
llevando al atrincheramiento de los dirigentes identificados con la CLAT y la
posterior división de la Confederación[77].
La postergación de este sector sindical a
ejercer el derecho a negociar colectivamente representó una continuidad de las
condiciones establecidas durante la dictadura. Esto hace pensar que, dentro del
sistema educativo, estos más de 70 liceos permanecieron prácticamente como
“enclaves autoritarios” (Garretón & Garretón, 2010), no
alterados por las políticas educacionales y laborales de la Concertación,
representando una severa limitación a la democratización de un espacio como el
liceo, administrado como una empresa típicamente capitalista y no como una
entidad educativa, donde los trabajadores tuvieron escaso margen de acción.
Todo esto mientras la influencia de las Corporaciones empresariales comenzaba a
desbordar los límites de estos liceos, especialmente aquellas pertenecientes al
gran empresariado. Estas empezaron a asumir la administración de nuevos
establecimientos bajo el sistema particular subvencionado, transformándose en
importantes grupos educacionales, con una voz reconocida sobre temáticas
educativas y prestando asesoría a numerosos otros establecimientos.
De esta forma, la llegada de la democracia
mantuvo y potenció la influencia del empresariado en la educación técnica,
mientras que no trajo para este sector de la clase trabajadora las esperadas alegrías.
La ambigüedad en que se mantuvieron estos trabajadores durante todo el gobierno
de Aylwin benefició exclusivamente al empresariado. Se podría pensar que esta
situación potenció la adopción de prácticas confrontacionales
y la crítica a las dirigencias sindicales vinculadas a partidos de gobierno,
tal como ocurrió en el Colegio de Profesores durante esos años. En los
registros de prensa y en las entrevistas no hemos encontrado indicios de esas
prácticas. Por el contrario, se aprecian voces cercanas a miradas benignas
respecto a la privatización, como resultado de prácticas paternalistas
ejercidas por el empresariado hacia los sindicatos, especialmente en los liceos
administrados por la SOFOFA y la Cámara Chilena de la Construcción, donde la
implementación del “sistema dual” de enseñanza, desde 1992 en adelante,
posibilitó que dirigentes sindicales de variados liceos hayan sido invitados
por las Corporaciones a visitar Europa, Alemania específicamente, para conocer
las características de ese modelo de formación[78].
Conclusiones
En el análisis histórico que hemos
desarrollado podemos encontrar diversas variables que han influido en las
prácticas del sindicalismo conformado en estos liceos. Algunos factores
provienen de los mismos agentes y otros de causas externas, principalmente de
la acción del empresariado. Entre estas últimas, hemos detectado en primer
lugar, el control del trabajo buscado por las entidades más conservadoras,
particularmente la SNA, en menor grado la SOFOFA, la CChC y algunas entidades
de empresarios regionales, lo que dificultó la sindicalización mediante
despidos, especialmente hacia el profesorado identificado con corrientes de
izquierda. A esto contribuyó la presencia de ex agentes represivos que actuaban
con prácticas de espionaje y coerción al interior de los liceos aún a inicio de
los ´90s. Por otro lado, las administraciones deficientes, centradas en el
lucro, etc., fueron un impulso para que los trabajadores se sindicalizaran,
como ocurrió en los seis liceos de la CPEI, donde la conflictividad alcanzó su
mayor expresión. Un tercer factor se encuentra en la ausencia del rol del
Estado como mediador en las relaciones entre empresarios y trabajadores, lo
que, dentro de una relación asimétrica, dejó al conflicto laboral con escasas
posibilidades de ser una opción para los trabajadores, canalizándose las
prácticas hacia la búsqueda de acuerdos de manera informal con el empresariado,
casi como única opción, pues al estar la huelga legal determinada a la
existencia de la negociación colectiva fue un derecho postergado para este
sector de trabajadores hasta 1994. Finalmente, como resultado de la necesidad
de sostener buenas relaciones con las Corporaciones para que estas aceptasen
establecer negociaciones colectivas informales, durante inicios de los ´90s
desaparecieron las acciones conflictivas,
reemplazadas por la implementación de prácticas paternalistas de las
Corporaciones hacia los sindicatos, especialmente en la SOFOFA y la CChC. Esto
último no necesariamente debe ser considerado como una mera imposición, los
sindicatos de alguna forma resignificaron esas prácticas paternalistas,
aceptándolas para intentar influir en las decisiones al interior de los liceos
en un contexto de bajo poder negociador.
Entre los factores propios de las
organizaciones sindicales, se encuentra la mayor identificación política de las
dirigencias sindicales con los partidos de la Concertación, especialmente de ex
militantes del MAPU, luego PPD, quienes impulsaron una renovación sindical que
desalojó el conflicto e ideas como la lucha de clases dentro del acervo
cultural de este sector del sindicalismo. La menor presencia de dirigencias
identificadas con la izquierda extraparlamentaria del periodo propició que el
conflicto haya estado mayormente ausente durante los últimos años de la
dictadura y el primer gobierno posdictatorial, a
pesar de que las aspiraciones de las bases docentes hayan continuado estando
postergadas, lo que en el CP y en los sindicatos del sector particular
subvencionado generó un crecimiento de la adhesión hacia las corrientes de
izquierda y la conflictividad. La mayor centralidad otorgada a la búsqueda de
consensos permitió lograr mejoras económicas particulares y la sobrevivencia de
las organizaciones, muchas de ellas hasta el día de hoy, pero no provocó que
los sindicatos fuesen reconocidos como un interlocutor sobre la administración
de los liceos.
Esta menor conflictividad fue sostenida por
organizaciones eminentemente sindicales, que agruparon a trabajadores docentes
y no docentes, distinta a la asociatividad de tipo gremial-profesional
desarrollada por el Colegio de Profesores. No obstante, fueron estos últimos
los que llevaron a cabo prácticas de mayor conflictividad sindical, como
huelgas y movilizaciones, alejadas del estereotipo profesionalizante. El
carácter de clase adoptado por los sindicatos de los liceos técnicos convivió
con prácticas paternalistas y dialogantes, como había ocurrido en sindicatos de
obreros pertenecientes a empresas vinculadas a la SOFOFA. Esto lleva a cuestionar
cualquier tipo identificación mecánica entre las organizaciones sindicales y la
conflictividad, o la asociación de las organizaciones gremiales o
profesionalizantes con la búsqueda de acuerdos. La transformación de los liceos
en liceos-empresa, en los cuales los docentes perdieron su identificación como
funcionarios públicos, los acercó mucho más a una identidad de trabajador, pero
esto también los desligó de su carácter profesional, sin participación en
decisiones pedagógicas, políticas y sociales, limitándose a un carácter de
instructor y ejecutor, centrado en lo técnico, sin autonomía efectiva y donde
las decisiones empresariales tuvieron influencia hasta en las prácticas de sus
organizaciones.
Los resultados de esta investigación pueden
ser profundizados con el análisis específico de las entidades empresariales que
asumieron estos liceos, especialmente el rol jugado por los gerentes de las
Corporaciones. El estudiantado que experimentó los traspasos también posee un
importante potencial para analizar lo ocurrido en el espacio escolar. Una
investigación que considere a estos actores, o al sindicalismo de este sector
en los años posteriores, podrían profundizar en la idea de que estos
liceos-empresa se presentaron como “enclaves autoritarios” dentro de los
gobiernos posdictatoriales, permitiendo poner en
cuestión la existencia de una democratización de los espacios educativos
durante los gobiernos civiles.
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Entrevistas
Entrevista a René González,
3 de septiembre de 2020.
Entrevista a Pedro Robles,
22 de octubre de 2020.
Entrevista a Jorge Olivo,
27 de julio de 2018.
Entrevista a Jaime Gajardo,
10 de agosto de 2020.
Entrevista a Claudio Nieto,
30 de septiembre de 2020.
Entrevista a Juan Cuevas, 1
de septiembre de 2020.
Entrevista a Pedro Arce, 4
de agosto de 2020.
Entrevista a Sergio
Figueroa, 22 de julio de 2020.
Entrevista a Óscar Valdés,
5 de agosto de 2020.
Entrevista a Cristian Ugalde, 23 de junio de 2020.
Entrevista a Marcos Guzmán,
23 de junio de 2020.
Recibido: 16/02/2021
Evaluado: 20/04/2021
Versión Final: 09/06/2021
* Los autores agradecen a la
Universidad de Santiago de Chile y al Proyecto POSTDOC_DICYT, código
032052AV_POSTDOC por el apoyo en la presente investigación.
[1] El Colegio de Profesores fue creado por
la dictadura en 1974, la cual designó a sus dirigentes e impuso la afiliación
obligatoria. En 1981, en línea con las políticas neoliberales, fue transformado
en una Asociación Gremial, no única ni de afiliación obligatoria, pero sus
dirigentes continuaron siendo designados hasta fines de 1985.
[2] Entre los entrevistados, estos fueron
los casos de Sergio Figueroa y Pedro Robles.
[3] Entrevista a
Sergio Figueroa, 22/8/2020; Entrevista a Pedro Robles, 22/10/2020. Sergio Figueroa comenzó a
trabajar en el liceo A-37 en 1978 tras ejercer como obrero calificado en la
especialidad de “obras sanitarias”. Pedro Robles comenzó a trabajar en el liceo
A-97 en 1983, cuando este ya había sido traspasado a la SOFOFA. Al año
siguiente fue trasladado al liceo industrial de Quinta Normal, pues la
Corporación detectó que lideraba los intentos por conformar un sindicato. Desde
fines de los ´60s era militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria
(MAPU), fundado en 1969 por sectores izquierdistas que provenían de la DC. A
inicios de los ´70s fue integrante de la Federación de Estudiantes Industriales
y Técnicos de Chile (FEITECH) y durante los ´80s obtuvo el título de profesor
en un programa especial.
[4] Esta carrera comenzó a ser impartida en
el Instituto Pedagógico Técnico creado en 1944, dependiente inicialmente del Ministerio
de Educación, el que tres años más tarde pasó a la naciente UTE. La carrera fue
cerrada en 1981 y en los años siguientes fue impartida en una modalidad
flexible por la Universidad de Tarapacá en su sede de Santiago.
[5] Decretos Supremos de Educación n°s 479, 480 y 481, del 5 de febrero de 1981 que aprueba el
Convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la Corporación de
Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril [traspasa los liceos
industriales A-77 de Quinta Normal, A-97 de San Miguel y A-74 de Maipú]. Decreto
Supremo de Educación n° 3.244 del 7 de octubre de
1982 que aprueba el Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Pública
y la Corporación Educacional de la Construcción [traspasa liceo A-37 de
Conchalí].
[6] A partir de 1978, y hasta inicios de
los ´90s, los liceos públicos recibieron su nombre a partir de letras (A, B y
C) y números, representando los liceos con letra A los de mayor tamaño y
matrícula, los con la letra B los de tamaño medio, y los con la letra C los de
menor tamaño.
[8] Ministerio de Educación Pública,
Decreto Ley 3166, promulgado el 6/2/1980.
[9] Ejemplo de esto fue la comuna
de Antofagasta donde a inicios de los ´80s se traspasaron 45 establecimientos
al municipio, solo quedando bajo administración fiscal la escuela de la cárcel
y los liceos comercial e industrial.
[10] Los liceos industriales fueron
el A-19, A-21 y A-22 de la comuna de Santiago, el A-38 de Conchalí, el A-100 de
San Miguel y A-16 de La Calera.
[11] Entrevista a Óscar Valdés,
5/8/2020; Entrevista a Jaime Gajardo, 10/8/2020. Óscar Valdés, egresó de la ETP
y luego se tituló como profesor de enseñanza industrial en la UTE. En 1978
ingresó a trabajar como profesor en el liceo A-38.
[12] Solidaridad, Santiago,
15/11/1982, p.2; Revista Colegio de Profesores de Chile A.G., Santiago,
05/1984, p. 26.
[13] Solidaridad, Santiago,
15/03/1982, p. 11.
[14] La AGECH fue fundada a fines de
1981 con un claro tinte opositor, donde predominaban dirigentes identificados con
el Partido Comunista y el Partido Socialista (PS)-Almeyda. Sin contar con
ningún tipo de fuero sindical, fue una entidad duramente golpeada por la
represión, lo que no impidió que rápidamente lograse una estructuración
nacional y en 1986 tuviese más de 8 mil asociados. En 1987 se autodisolvió para
ingresar al Colegio de Profesores (Matamoros, 2018).
[15] Entrevista a René González,
3/9/2020. René González se tituló como profesor de educación física en la
Universidad de Chile y en 1974 empezó a trabajar al liceo B-40. En 1965 ingresó
a militar en la DC y desde 1983 era dirigente sindical en el colegio particular
San Gabriel. En 1987 fue candidato metropolitano al CP.
[16] Hasta 1983, en el Diario Oficial se publicaron 38 autorizaciones de traspasos, de los cuales 21 se habían hecho efectivo.
[17] Entrevista a Jorge Olivo,
27/7/2018. Jorge Olivo Lillo fue profesor de Castellano (UTE) en el liceo
comercial A-99 de San Miguel y militante del MAPU desde 1969. También fue
miembro de la AGECH y candidato mapucista a las
elecciones del CP en diciembre de 1985. Fue parte de la primera directiva del
PPD en diciembre de 1987 y un importante activista y asesor sindical en estos
liceos durante los 80s y 90s.
[18] Entrevista a Jorge Olivo, el
27/7/2018; Entrevista a René González, 3/9/2020.
[19] Entrevista a Claudio Nieto, 30
de septiembre de 2020. Claudio Nieto fue profesor de educación
física titulado en la Universidad de Chile. En 1976 ingresó a trabajar al liceo
A-30.
[20] Comisión
Chilena de Derechos Humanos, Informe n° 49. Situación de los Derechos Humanos en
Chile, Santiago, 01/1986, pp. 52-53. Informe n°
51. Situación de los Derechos Humanos en Chile, Santiago, 03/1986, p. 76.
[21] Fortín Mapocho,
Santiago, 15/12/1987, p. 6; Juan Guzmán Molinari.
Ministro de Educación Pública, Carta de respuesta al Centro de Padres y
Apoderados del Liceo Industrial A-19 de Santiago, 26/2/1988.
[22] Los “liceos emblemáticos”
corresponden a los establecimientos santiaguinos tradicionales, fundados en su
mayoría a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX y que durante un periodo
considerable formaron a las élites del país. Desde 1960 en adelante, por la
expansión de la matrícula de la educación secundaria, tienden a democratizar su
ingreso hacia los sectores populares, pero continuaron siendo un semillero de
futuros líderes políticos, no de los partidos conservadores, sino
principalmente de las fuerzas de izquierda, donde se combinaban buenos
resultados académicos con activismo político.
[23] Entrevistas a Cristian Ugalde,
23/06/2020; Entrevista a Marcos Guzmán, 23/06/2020. Ambos fueron estudiantes
del liceo Chileno-Alemán egresados en 1987 y miembros
de las Juventudes Comunistas.
[24] Comisión Chilena de Derechos
Humanos, Informe mensual n° 52. Situación de los
Derechos Humanos en Chile, Santiago, 04/1986, p, 65.
[25] En Concepción se vivió un
importante activismo en liceos donde la AGECH y el CP tenían presencia, como el
liceo A-30, donde no sólo hacía clases Véjar, sino
también Carlos Poblete (PC), dirigente nacional de la AGECH y Teobaldo Uribe
(DC), presidente provincial del Colegio de Profesores.
[26] Entrevistas a Cristian Ugalde,
23/06/2020; Entrevista a Marcos Guzmán, 23/06/2020.
[27] Comisión Chilena de Derechos
Humanos, Informe mensual n° 57. Situación de los
Derechos Humanos en Chile, Santiago, 09/1986, p. 161.
[28] El Mercurio de Antofagasta,
Antofagasta, 11/6/1986, p. 6.
[29] La Estrella. Edición para Quillota, Quillota, 4/4/1986, p. 11.
[30] Estos fueron los sindicatos de
liceos: A-19, A-21, A-38, A-22, A-97 y A-74. «Declaración Pública de las
organizaciones del magisterio», 9/10/1986.
[31] Comisión Chilena de Derechos
Humanos, Informe mensual n° 60. Situación de los
Derechos Humanos en Chile, Santiago, 12/1986, p. 63.
[32] Comisión Chilena de
Derechos Humanos, Informe mensual n°
58. Situación de
los Derechos Humanos en Chile, Santiago, 10/1986, p. 71.
[33] Las Corporaciones de medianos
empresarios provinciales fueron la Corporación Privada de Desarrollo de Curicó
(CORPRIDE), la Corporación Privada de Desarrollo Social de la IX Región
(CORPRIX) y la Corporación Privada de Promoción y Desarrollo Sexta Región
(CORPRODE), mientras que grandes empresarios provinciales fueron los agrupados
en la Corporación de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción.
[34] AGECH. Consejo Ejecutivo
Nacional, Declaración Pública, 10/02/1987.
[35] La FUNAELA perteneció
originalmente a la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo de Defensa del
Niño, pero con el tiempo la primera de las entidades fue la que mayor
participación tuvo en la administración de estos liceos.
[36] Entrevista a Claudio Nieto, 30 de septiembre de 2020.
[37] Fortín Mapocho,
Santiago, 21/10/1987, p. 3.
[38] La
Época, Santiago, 1/11/1987, p. 15.
[39] Fortín Mapocho, Santiago, 11/11/1987, p. 6.
[40] La Época, Santiago,
14/11/1987, p. 12; Fortín Mapocho, Santiago, 18/11/1987, p. 6 y
19/11/1987, p. 5; Juan Guzmán Molinari. Ministro de
Educación Pública, Carta de respuesta al Centro de Padres y Apoderados del
Liceo Industrial A-19 de Santiago, 26/2/1988.
[41] Jaime Gajardo se tituló como
profesor de matemáticas en la UTE y desde marzo de 1986 era dirigente
provincial del CP. Al año siguiente ingresó a trabajar al liceo A-19, donde
rápidamente asumió como dirigente del sindicato y en paralelo asumió como dirigente
del regional Metropolitano del CP, donde estuvo 17 años. Además, a inicios de
los ´90s fue un importante dirigente en los colegios particulares
subvencionados. A fines de 2007 alcanzó la presidencia nacional del CP, la que
ocupó por 9 años.
[42] Fortín Mapocho,
Santiago, 15/12/1987, p. 6.
[43] Fortín Mapocho,
Santiago, 4/01/1988, p.3.
[44] La Época, Santiago, 26/01/1988, p. 12.
[45] La excepción en este caso fue la
figura de Hernán Valenzuela Leyton, primer gerente general de la Corporación de
la CChC quien incentivó constantemente a que los trabajadores del liceo A-37 de
Conchalí conformaran su organización sindical, la que finalmente se constituyó
tiempo después de su fallecimiento. Debemos esta información a los testimonios
de los profesores de ese liceo Pedro Arce y Sergio Figueroa. Entrevista a Pedro
Arce, 4 de agosto de 2020. Entrevista a Sergio Figueroa, 22 de julio de 2020. Pedro Arce
se tituló como profesor de educación física en la Universidad de Chile e
ingresó a trabajar al liceo A-37 en 1976.
[46] Ejemplos característicos de estas
prácticas paternalistas se desarrollaron en la industria de cemento Melón y en
la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), ambas con una
importante participación en la SOFOFA. Entre 1982 y 1987 la SOFOFA fue
presidida por Ernesto Ayala, quien desde 1957 había ejercido como gerente
general de la CMPC, donde se caracterizó por ejercer prácticas paternalistas
frente a sus obreros, especialmente de control extensivo, construyendo
poblaciones obreras y entregando beneficios al sindicato (capacitaciones,
lugares de veraneo, etc.), prácticas con las que buscó atenuar las posiciones confrontacionales (Miranda, 2017).
[47] La Época, Santiago, 19/03/1988, p. 16.
Comisión Chilena de Derechos Humanos, Informe mensual n° 73. Situación de los Derechos Humanos en
Chile, Santiago, 01/1988, p. 77.
[48] Fortín Mapocho,
Santiago, 27/08/1988, p. 10.
[49] Otro dirigente sindical DC fue
Sergio Aguilera del liceo B-72 de la Fundación San Pablo.
[50] Existieron otros dirigentes
socialistas de menor figuración, como Raúl Zamorano del liceo B-40 y algunos
con una identificación no tan clara con el fragmentado mundo socialista de la
década de 1980. En el caso de Roberto Coloma este fue parte de la directiva del
Partido Socialista Histórico conformado en 1985, el que en 1989 se fusionó en
el PS de Chile y se hizo parte de la Concertación. Véase Matamoros (2019).
[51] Fortín Mapocho,
Santiago, 3/11/1988, p. 6 y 11/11/1988, p. 11.
[52] Luis Bunney
fue dirigente nacional de la AGECH y del CP (entre 1987 y 1995), siendo también
parte del directorio de la CUT durante un periodo. Juan de Dios Jiménez Retamal
fue profesor de historia y presidente del sindicato del Instituto Industrial
Don Orione, liceo particular subvencionado. En 1989 fue electo dirigente
metropolitano del CP. Años más tarde abandonó su militancia DC y reconoció
filas en la derechista Renovación Nacional, tienda por la que fue electo
concejal en la comuna de Cerrillos.
[53] Fortín Mapocho,
Santiago, 16/11/1988, p. 11; La Tercera,
Santiago, 16/11/1988, p. 10.
[54] Entrevista a Jorge Olivo,
27/07/2018.
[55] La Concertación de Partidos por
la Democracia fue una coalición partidaria fundada en febrero de 1988, siendo
sus principales integrantes la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el
Partido Por la Democracia y el Partido Radical. Gobernó el país tras el fin de
la dictadura de Pinochet, entre 1990 y 2010.
[56] La
Época, Santiago, 24/12/1988, p. 17.
[57] La
Época, Santiago, 24/12/1988, p. 17.
[58] Entrevista a Juan Cuevas, 1 de
septiembre de 2020. Juan Cuevas se tituló como profesor de matemáticas en la
UTE. Militante comunista, ingresó a trabajar al liceo B-40 en 1972.
[59] Comisión Chilena de Derechos
Humanos, Informe mensual n° 91. Situación de los
Derechos Humanos en Chile, Santiago, 07/1989, p. 66. Yanini
Rivera, una de las despedidas, fue parte de la primera directiva del sindicato
(1986-1988). Entrevista a Pedro Arce, 4/08/2020.
[60]
Carta del Sindicato Liceo Industrial A-21 San Fernando a su excelencia Sr. Presidente de la República Don Patricio Aylwin, San
Fernando, 11 de octubre de 1993.
[61]
Uno ejemplo de estas características lo representaba la Escuela Agrícola de San
Fernando, la que en 1980 contaba con 200 estudiantes y 20 profesores, de los cuales,
estos últimos, un 50% eran ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, técnicos
agrícolas y extensionistas rurales. El director también era un ingeniero
agrónomo. Revista de Educación, Santiago, 08/1980, p. 50.
[62]
La FESILTEP fue fundada el 13 de junio de 1989 por los sindicatos de los cuatro
liceos que administraba directamente la SOFOFA y el sindicato del liceo A-38,
administrado por ASINDES, filial de la SOFOFA.
[63]
La Época, Santiago, 30/04/1990, p. 25.
[64]
Entrevista a Pedro Robles, 22/10/2020.
[65]
Comisión Chilena de Derechos Humanos, Informe Mensual, n°
95. Situación de los Derechos Humanos en Chile, Santiago, 11/1989, p. 44.
[66] La
Época,
Santiago, 25/07/1989, p. 22.
[67] Fortín Mapocho, Santiago,26/08/1990, p. 8.
[68] La
Época,
Santiago, 08/10/1993, p. 19.
[69] Entrevista a Jorge Olivo,
27/07/2018.
[70]
La Época, Santiago, 15/05/1991, p. 14.
[71]
La Ley 19069 de julio de 1991, referida a las organizaciones sindicales y la
negociación colectiva mantuvo la prohibición de la negociación colectiva en
empresas cuyos presupuestos hayan sido financiados en un 50% o más por el
Estado, a excepción de los establecimientos particulares subvencionados. Recién
en una modificación a esta ley en enero de 1994 se incluyó dentro de las
excepciones a los establecimientos administrados bajo el DL 3166, lo que dio
inició a repertorios de acción más regulares en este sector del movimiento
sindical.
[72]
Entrevista a Claudio Nieto, 30/09/2020.
[73]
Entrevista a Jorge Olivo, 27/07/2018.
[74]
Entrevista a Jorge Olivo, 27/07/2018; Entrevista a René González, 3/09/2020.
[75]
Carta de la CONFESITEP al Presidente de la República
Patricio Aylwin, Santiago, 31/08/1992.
[76]
Solicitud sindicatos A-9, A-10 y A-11 de Chillán al presidente de la República
Patricio Aylwin Azócar, 4/08/1993.
[77] La afiliación de la CUT a la CIOSL generó las críticas de los dirigentes sindicales vinculados al PC y también del pequeño sector que se identificaban con la CLAT, el que se agrupaba en el Consejo Coordinador de Trabajadores. En este Consejo jugó un rol importante un sector de dirigentes de la CONFESITEP, el que en septiembre de 1995 abandonaron la entidad y crearon otra paralela, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena (CONTECH). Junto a esto se desvincularon de la CUT y dieron vida a la Central Autónoma de Trabajadores (CAT). Estas divisiones se provocaron en momentos donde el distanciamiento sindical con el gobierno creció, lo que llevó a un cambio en la alianza de conducción de la CUT, pasando a una conducción PS-PC. Esto se vivió en el Colegio de Profesores con el crecimiento del respaldo a los dirigentes comunistas, los que alcanzaron la presidencia a fines de 1995.
[78]
El sistema dual de enseñanza consiste en que la formación técnico profesional
se alterna entre la escuela y la fábrica-empresa, tendiendo hacia una formación
teórico-práctica. En las entrevistas realizadas esta formación no es bien
evaluada, pues en las empresas no existe personal encargado de los estudiantes,
ni metodologías, etc., por lo que no se logra un “aprendizaje en la práctica”.