Elementos estructurales para comprender la descomposición de la
dictadura franquista
Structural elements to understand the decomposition of the Franco
dictatorship
Julio Lisandro Cañón Voirin
Universidad de Oviedo (España)
juliolisandro.canon@gmail.com
Resumen
En este este trabajo, proponemos un análisis reflexivo sobre los
factores que determinaron el derrumbe del régimen capitalista de excepción
habido en España (1939-1975). Nuestro objetivo es analizar el proceso que
desembocó en la descomposición de la dictadura franquista. A través de este
estudio, pretendemos sumar una contribución delimitada claramente al universo
de los estudios referidos a los procesos de cambios de régimen. Es decir, al
tratamiento del problema de la transición de un régimen y un Estado capitalista
de excepción a un régimen parlamentario-burgués y a un Estado democrático de
derecho. En este caso específico, analizamos la situación histórico concreta
del proceso de internacionalización del capital y las modificaciones en el
bloque histórico de poder en España. Por último, realizamos una interpretación
de la crisis de hegemonía que resulto del proceso anterior.
Palabras Clave
España; Dictadura; Estado; Crisis; Transición.
Abstract
In this paper, we
propose a reflective analysis of the factors that determined the collapse of
the exceptional capitalist regime in Spain (1939-1975). Our objective is to
analyze the process that led to the decomposition of the Franco dictatorship.
Through this study, we intend to add a clearly delimited contribution to the
universe of studies referring to the processes of regime change. That is, to
the treatment of the problem of the transition from a regime and a capitalist
state of exception to a parliamentary-bourgeois regime and a democratic state
of law. In this specific case, we analyze the concrete historical situation of
the process of internationalization of capital and the changes in the
historical power bloc in Spain. Finally, we make an interpretation of the
crisis of hegemony that resulted from the previous process.
Keywords
Spain; Dictatorship; State; Crisis; Transition.
Localización
del tema en el contexto actual
En el año 2016, participamos del congreso: 1936 Un novo Relato? 80 anos, entre
Historia e Memoria[1]. Nuestra participación en ese Congreso, derivada del
entrelazamiento de una serie de bifurcaciones, tuvo como objetivo presentar una
primera aproximación para un análisis crítico de los discursos que, como una
férrea férula, sujetan las narrativas sobre el cambio de régimen en España
(1975-1978). Sin duda, los comentarios y las sugerencias que allí recibimos
sirvieron para darle nuevos bríos a nuestras investigaciones. Éstas, tal como
nuestra trayectoria atestigua, se centran en las modalidades extremas del
Estado capitalista y en los regímenes de excepción. Quizás por la dinámica de
nuestra actividad profesional y académica, la presente investigación se fue
desarrollando en un proceso de diálogo constante con los/as investigadores/as
del grupo HISTAGRA[2]. Esto
nos ofreció perspectivas, a veces, complementarias y, a veces, alternativas.
Con estos componentes y otras arcillas, fuimos moldeando y configurando el
presente texto, cuyo resultado final es este análisis reflexivo sobre los
factores que determinaron el derrumbe del régimen capitalista de excepción
habido en España (1939-1975).
La posibilidad de conocer y, al mismo tiempo, de
participar en los diferentes debates académicos sobre el particular, nos ha
dejado algo muy claro: al régimen franquista se lo imagina de tantas maneras
que, para algunos, ni dictadura es. No nos debe extrañar que, en el campo
académico, nos encontremos con muchos y muy variados discursos sobre la
dictadura franquista. Un análisis detenido de los mismos nos revela
continuidades con fenómenos que incuestionablemente son propios del ámbito
político. Incluso más, podríamos arriesgar una hipótesis: en décadas recientes,
se observa una decisión de intervenir el
pasado (probablemente no más intensa que en tiempos anteriores, pero sí de mayor
alcance) y una resuelta determinación de resguardar, promover y, muy
especialmente, controlar el poder simbólico de las memorias.
Nos encontramos ante un horizonte marcado por el ascenso
de la derecha política (liberal, conservadora, reaccionaria o, directamente,
fascista). Este es, sin lugar a duda, uno de los problemas más candentes del
momento actual. Su examen reviste una importancia capital. Y como en todo
estudio de las modificaciones de las relaciones de fuerza, lo importante es
aquí la especificidad que cada formación social presenta. Sin embargo, las
modificaciones de las relaciones de fuerza, específicas de cada formación
social, han venido acompañadas por un fenómeno general o, si se lo prefiere,
global: la paulatina presencia, cada vez más vigorosa, de tendencias
revisionistas y negacionistas respecto de los regímenes capitalistas de
excepción. Este fenómeno, con la gravedad que supone, ha servido para reavivar
un conjunto de nudos problemáticos en amplios sectores del campo político e
historiográfico. De aquí, la reapertura de las discusiones en torno a la
naturaleza de los estados capitalistas de excepción y su derrumbe.
Este texto presenta una importante laguna, absolutamente
voluntaria: las referencias a los llamados estudios sobre la transición. La
historia tejida en torno a la interpretación de la transición española es más
una negación de la crisis que debió afrontar el régimen, que la afirmación de
una nueva conformación hegemónica. En efecto, las tentativas explicativas -en
gran medida promovidas oficialmente-, sacrificando la dignidad de los
sujetos-objeto de la violencia estatal, aluden al cambio de régimen como
resultado de un proceso de acuerdo, negociación o diálogo y, mayormente,
enfocados en los intentos aperturistas del régimen. La ideología de los
estudios de las transiciones descansa en un exacerbado idealismo burgués, que
sólo concibe a la democracia, en cualquiera de sus caracterizaciones
institucionales, dentro de los principios teóricos propios de la sociedad
burguesa[3]. De ahí
que muchas de estas explicaciones resultan de hecho un esfuerzo por difundir e
imponer modelos universales, contraponiendo el Estado de derecho al poder
ilimitado de los Estados totalitarios (Todorov, 2012).
No son pocas las investigaciones situadas por fuera del
relato monolítico de la transición española[4]. Sin
embargo, a día de hoy, no se ha constituido un nuevo relato, sino que, desde
hace décadas, un único discurso hegemoniza el campo académico. Este reproduce,
con diferentes variantes, el que se estableciera con la Constitución de 1978[5]. Un
discurso con un poder aplanador que, incluso, le ha permitido colonizar
aquellas investigaciones que se dicen disidentes. En realidad, el problema de
estas últimas no es haber aceptado en bloque el discurso de la transición,
sino, haber aceptado en bloque el postulado posmoderno de que la historia es
fragmentaria, producto de pequeños relatos, de zonalidades parciales, de miles
de dialectos, pero nunca total. Es andando por ese estrecho camino -quienes lo
construyeron no son inocentes de haber matado a la historia, de haber condenado
a los derrotados a quedarse sin historia- que se perdió de vista la realidad:
ningún régimen capitalista de excepción pudo conducir, de manera controlada, el
pasaje hacia otro tipo de régimen capitalista. Es más, la transición de un
Estado de Excepción a un Estado de derecho democrático, salvo en casos como el
nazismo que se produjo mediando una intervención extranjera, se corresponde con
una crisis de hegemonía.
Somos plenamente conscientes de estar avanzando en el abordaje de un tema
no solamente complejo sino extensamente tratado. Siendo conscientes de lo
anterior, necesitamos formular una primera puntualización: el carácter
necesariamente limitado de nuestro
aporte. Aunque, si bien limitado, deseamos que este trabajo
sirva, al menos, para estimular el examen de aspectos que, o bien, no pudimos
tratar de manera debida, o bien, desplazamos hacia los márgenes. Una segunda puntualización, para que nuestra
contribución pueda ser debidamente entendida, es indispensable dejar claro
nuestro objetivo: analizar el proceso que desembocó en la descomposición de la
dictadura. Por último, al iniciar las investigaciones que dieron como resultado
este trabajo, sabíamos que, en ningún caso, queríamos hacer una historia de ese
régimen de excepción, conocido como franquismo. Así, se comprenderá nuestra
decisión deliberada de prescindir de una descripción detallada de los hechos y,
como contraparte, se entenderá nuestra prioridad: centrarnos en los fundamentos
y en la explicación de la descomposición.
Entonces, a través de este texto, pretendemos sumar una
contribución delimitada claramente al universo, siempre en expansión, de los
estudios referidos a los procesos de cambios de régimen. Para expresarlo con
más claridad y con mayor precisión, nuestro trabajo se refiere a las
transiciones de estados capitalista de excepción a estados
democrático-parlamentarios[6]. Al
mismo tiempo, y no menos importante, nuestra perspectiva se encuadra en un
espacio disciplinario definido por una concepción relacional del Estado. Es en
ese espacio, donde se sitúan, por ejemplo, las distintas encarnaciones de los
análisis gramscianos, que entienden al Estado como una relación hegemónic
A fuerza de ser coherentes, la implicación más evidente
de lo anterior es la de asumir la perspectiva de la lucha política en y sobre
el Estado. Se trata de una lucha atravesada por la relación dialéctica entre
dominio clasista y limitaciones del sistema. De manera inseparable e
inescindible, como si de un mismo movimiento se tratara, esa lucha da sentido a
la función reguladora del Estado. Es decir, ni más ni menos que a su función instrumental,
interviniendo, por un lado, en la resolución a los conflictos entre los
intereses particulares de las distintas fracciones de las clases dominantes y,
por otro, en la resolución de la contradicción fundamental entre capital y
trabajo. Esto, para expresarlo de manera concreta, significa comprender al
Estado como la expresión y cristalización de poderes de clase (Poulantzas, 1977, p. 66). Finalmente,
trabajar con este enfoque significa, también, entender la dinámica del Estado
capitalista por su relación dialéctica con la sociedad civil. O, lo que es lo
mismo, centrarse en la interacción, naturaleza y funcionamiento de “dos grandes
planos sobreestructurales: el que puede llamarse de la sociedad civil (…) y el
que puede llamarse de la sociedad política o Estado” (Gramsci, 1977, p. 486).
Entonces, el Estado moderno, producto de la escisión
entre sociedad civil y sociedad política, donde “el dominio político de clase
está ausente constantemente de sus instituciones” (Poulantzas, 1976, p. 146),
conlleva dos funciones: una de dirección y otra ideológica. Si nos fijamos en
las definiciones gramscianas de Estado, como responsable de la organización del
dominio y la inexistencia de una dominación estable e inmutable, que asimismo
resulta de aquellas condiciones, arribamos a la distinción entre poder de
Estado y aparatos de Estado (político, gubernamental, castrense, policial,
judicial, escolar, cultural, comunicacional, etc.). Si, los múltiples aparatos
estatales (de coerción, negociación y persuasión) condensan las relaciones que
el Estado regula, el poder de Estado es la plasmación material de la
articulación peculiar y específica en un momento determinado del bloque en el
poder[8]. He
aquí, el Estado como campo de batalla entre diferentes fracciones de las clases
dominantes por el dominio político del Estado.
Lo anterior, da cuenta, en gran medida, de nuestro plan,
que aborda el problema de la transición de un régimen y un Estado capitalista
de excepción a un régimen parlamentario-burgués y a un Estado democrático de
derecho. Ahora bien, ni uno ni otro proceso pueden ser abordados rigurosamente,
sino es en relación con la crisis política a la cual se corresponden. Del mismo
modo, es imprescriptible, antes de avanzar en aquel examen, analizar la fase
imperialista en la cual se inscriben. Es decir, el problema del período
histórico.
El lugar del imperialismo en la descomposición:
dependencia y bloque histórico
Dada la centralidad que en nuestro examen tiene el
imperialismo, fromularemos dos observaciones, una de carácter general y otra
más específica. Respecto de la primera: cualquier interpretación sobre la
descomposición de un régimen capitalista de excepción, entre ellos el
franquismo, debe partir del examen de su relación con la fase imperialista en
la cual tuvo lugar. Respecto de la segunda: existe, en la producción de
saberes, en general, y en el campo historiográfico, en particular, una
inconsistencia sistemática derivada de no situar la incidencia de la
internacionalización del capital sobre el bloque histórico de poder.
Como es sabido, la cadena imperialista, en su estructura
y en su efecto, presenta en todo momento dos partes bien diferenciadas, por
una, las metrópolis imperialistas y, por otra, las formaciones sociales
dependientes (Lenin, 1974). Esto resulta particularmente evidente y, a la vez,
abrumador en nuestra contemporaneidad reciente. No obstante, no debemos omitir
que dentro de las relaciones de dependencia existen formas y grados diferentes.
Sin embargo, la dependencia ha dado origen a un tipo específico de Estado, cuya
actividad está condicionada por las pretensiones imperialistas. Al respecto, no
tenemos dudas en situar a España dentro de ese tipo de Estado. Pero, tampoco
las tenemos al momento de señalar las particularidades de España, en tanto
formación social dependiente. El carácter dependiente de España revela
continuidades con su propia historia y, a su vez, tiene un doble significado.
En primer término, el proceso de acumulación originaria de capital, vinculado a
la explotación y expolio de sus posesiones coloniales, hace de la dependencia
española un caso diferente al de otros países dependientes. En segundo término,
en la excepcional coyuntura que se abrió tras la Segunda Guerra Mundial, al
igual que otras formaciones sociales dependientes, reorientó su estructura
hacia una acumulación interna.
Es por todos conocido que tras el fin de la Segunda
Guerra Mundial tuvo lugar una nueva fase del imperialismo: una nueva
organización de la cadena imperialista y de la dependencia (Harveys, 2007;
Biel, 2007). Desde el nuevo centro hegemónico del poder imperialista, EEUU,
proliferaron las acciones institucionales destinadas a, por un lado, vigilar y,
por otro, ordenar las relaciones del mundo capitalista. Como sea, con ellas
surgieron nuevas estructuraciones a veces normalizadoras y a veces
desestabilizadoras de las relaciones internacionales. Sin apartarnos de ese
contexto, sino por el contrario, mirándolo más de cerca, observamos una
transformación en la relación entre España y EEUU (Viñas, 1981; Viñas 1984).
Los efectos de esa relación se dejaron sentir en la estructura institucional,
cultural, política y, fundamentalmente, impactó en la estructura económico
social española. Obviamente, para esto último, estamos pensando en el proceso
de industrialización dependiente. Un fenómeno que, dada su extraordinaria
complejidad, nos obliga, a efectos de ser sintéticos, a subrayar cómo el
imperialismo estadounidense, a través de inversiones directas en el sector del
capital industrial-productivo español, consiguió dominar las relaciones de
producción en el seno mismo de la sociedad española.
En cualquier caso, el panorama internacional, en la
segunda posguerra, se tornó, si se quiere, más favorable para la dictadura
franquista. Recordemos que, si bien, no tuvo una implicación formal con el Eje,
su posicionamiento en favor de aquel, le supuso un momentáneo aislamiento[9]. Entre
1947 y 1951, EEUU y España fueron moldeando un acercamiento que, por un lado,
beneficioso para la situación internacional de la dictadura, por otro, envolvió
a España en las redes económicas, militares y diplomáticas de la dependencia
estadounidense. En efecto, los llamados Pactos de Madrid (1953) facilitaron la
penetración de los capitales estadounidenses, canalizados a través de las filiales
españolas de las empresas matrices estadounidenses. El flujo de las inversiones
extranjeras, estimulado por el Plan de Estabilización y Liberalización
Económica (1959), adquirió un ritmo vertiginoso, pasando de los 36 millones de
dólares (1960) a los 180 millones (1968). Por otra parte, entre 1956 y 1973, la
producción industrial se cuatriplicó (Gallego & Germán & Pinilla,
2016). Es decir, el desarrollo español estuvo directamente ligado a la
internacionalización de su economía o, lo que es lo mismo, a la acentuación de
su dependencia (Muñoz & Roldán & Serrano, 1978). Incluso más, la
internacionalización del capital -base del nuevo patrón de acumulación- agravó
sus consecuencias cuando, en medio de la crisis general del capitalismo de los
años setenta, comenzaron los ajustes que incrementaron la tendencia a la
concentración y centralización del capital (Palazuelos, 1990).
El despegue económico y la proyección internacional de
España, que en nada rompió su dependencia, la colocaban en el centro de las disputas
interimperialistas, entre EEUU y el Mercado Común Europeo. De esa situación
deriva una pregunta obligada: ¿Qué papel tuvieron esas disputas en la
descomposición del régimen franquista? La respuesta no puede ser, de ninguna
manera, unívoca. Si, por un lado, las contradicciones interimperialistas
desempeñaron un papel importante. Por otro, se debe huir de toda identificación
automática entre disputa interimperialista y crisis del Estado de Excepción.
Incluso, podría decirse que no existe una relación directa o inmediata (López
Aguilar, 1989). Entonces ¿cuál fue el impacto principal del nuevo proceso de
internacionalización y del acentuamiento de las disputas interimperialistas?
Según nuestro análisis: el fraccionamiento interno de las clases dominantes y
la polarización de sus estrategias. En pocas palabras, la consecuencia mayor o
el resultado final fue: la inestabilidad hegemónica del bloque histórico de
poder.
En el caso de la segunda observación, la consideramos
válida para cualquiera que sea la ortodoxia o heterodoxia teórico-metodológica
utilizada para estudiar la herrumbre del régimen franquista. En efecto, esta
segunda observación, referida a la relación entre la tendencia a la
internacionalización del capital y la organización hegemónica de las clases
dominantes españolas, difícilmente pueda ignorarse en este campo de estudios.
Antes de nada, para entender la estructuración progresiva
del Estado de Excepción en España, como, así también, su descomposición
ulterior, es indispensable atender al carácter reaccionario y
contrarrevolucionario del golpe de Estado de 1936. Lo primero, en tanto
negación absoluta de todas aquellas ideas que trastocaron el orden político
europeo; lo segundo, en tanto se alzó para defender un régimen que había sido o
estaba siendo destruido. Ahora bien, la España de ese momento era, por
infinidad de razones, el eslabón más débil del capitalismo europeo. Para los
observadores de la época constituía el arcaísmo de occidente: “lejos del mundo
como un planeta aparte” (Maragall, 1934, p. 125).
En efecto, al momento del golpe de Estado, España
presentaba una serie de peculiaridades históricas que no sólo explican el
carácter incompleto de la tentativa liberal y burguesa de construir un Estado
nación moderno, sino su condición de formación social dependiente. España era,
por así decirlo, un microcosmos del capitalismo mundial. En un mismo espacio
territorial cohabitaban metrópolis y dominios coloniales y dos constelaciones
regionales. En una, las relaciones sociales de producción capitalistas se
habían establecido como dominantes, mientras en otra, pervivían, de manera
dominante, formas no capitalistas. Una consecuencia importante, de ese
particularismo del grado de desarrollo de las fuerzas de producción, era un
movimiento obrero industrial y, a su vez, campesino, es decir, con base
proletaria y campesina (Hobsbawm, 2001). Abordar el papel, los éxitos, los
logros y los límites de un movimiento poliédrico que, fundamentalmente, entre
1936 y 1939 llevó adelante un proceso revolucionario y de resistencia al golpe,
escapa a este trabajo[10].
Siguiendo con la situación de España, al momento de
producirse el golpe de Estado, debemos señalar un elemento de singular
importancia: la preeminencia, salvo en sectores secundarios de la economía, de
los capitales extranjeros. Estos controlaban dos aspectos clave de la
estructura económica: el desarrollo industrial, allí donde se produjo, y las
explotaciones mineras[11]. Los
vínculos de esos capitales se entrelazaban con los intereses de una pequeña oligarquía
de grandes propietarios y los de una burguesía compradora que, en mutuo
beneficio, dominaban al Estado. Al mismo tiempo, una reciente oligarquía
financiera -claramente representada por las entidades bancarias Bilbao Vizcaya-
se unió a la primera. En estos trazos gruesos del cuadro de situación, nos
queda mencionar una última particularidad: la Iglesia. Ésta, además de un
poderío espiritual, era, en España, una potencia económica, tanto en la
industria como en la banca (Munárriz, 2019).
Como un sistema provisional hasta 1939, la dictadura
militar, sangrienta y violenta, que siguió al golpe de Estado, comenzó por
declarar el Estado de sitio, o Estado de Guerra como se recoge en el Bando de
la Junta de Defensa Nacional del 30 de julio de 1936 (Junta de Defensa
Nacional, 1936). Simultáneamente, se eliminó todo partido obrero o republicano
y, ya para septiembre de 1936, se pasó a prohibir toda actividad política o
sindical. En 1937, se decretó la unificación de Falange Española de las Juntas
de Ofensiva Nacional Sindicalista y Comunión Tradicionalista, dando lugar al
Partido Único. Finalmente, la organización sistemática de la represión,
refrendada por la presencia del Ejército y de los oficiales en todos los
sectores de la administración, estableció un sistema de vigilancia constante y
radical de la población. En definitiva, el Estado de Excepción vino a endurecer
el régimen de las clases dominantes (Izar, 2015). Desde luego, ese
endurecimiento tiene que ver con las modificaciones producidas en las estructuras
objetivas del Estado y, ante todo, en la manera en la que el Estado medió en la
organización de las clases dominantes que, a su vez, se corresponde con el
acrecentamiento de sus funciones económicas (Poulantzas, 1977).
Entonces, en el análisis de la configuración del Estado
de Excepción -sin perder de vista que se trató de una forma extrema del Estado
capitalista, donde el Estado asumió plena y directamente sus funciones de
clase- debemos reparar en la huella indeleble impresa por la alianza entre oligarquía
y burguesía compradora y la de sus respectivos vínculos con el imperialismo
(González, 1979). Por otra parte, dado el peso de la oligarquía en esa alianza,
el bloque en el poder quedó marcado por la preponderancia de la oligarquía
(Gómez Allen, 2018). Aunque, de manera episódica y nada sistemática, la
burguesía compradora llegó a cuestionar el peso político de la oligarquía, esta
relación de fuerzas se tradujo en un “equilibrio inestable de compromiso” que
se mantuvo hasta el final del régimen[12]. Ahora
bien, el proceso de industrialización dependiente permitió el desarrollo de una
nueva fracción de la burguesía, vinculada a las industrias ligeras de bienes de
consumo.
Esa nueva fracción de la burguesía, sin dejar de ser
dependiente del capital extranjero, presentaba contradicciones importantes
respecto de él. Incluso más, sus intereses eran contrapuestos a los de la
alianza oligarquía-burguesía compradora. Mientras se cumplían las condiciones
que dinamizaban, legitimaban y sustentaban el modelo de industrialización
dependiente, esta nueva fracción demandaba del Estado medidas proteccionistas
que ampliaran el mercado interno o, lo que es lo mismo, que el Estado
interviniera más decididamente en favor de sus intereses. Por otra parte,
expresaba sus reclamos con tanta más fuerza cuanto que aumentaba su poder
económico y se desarrollaba su capacidad de utilizar al Estado para su defensa.
Incluso, podríamos afirmar que era su estrategia para alcanzar una
representación mayor en el bloque de poder. Es decir, un intento por trastocar
la ordenación misma del bloque en el poder.
La profundización y expansión del modelo de
industrialización dependiente -caracterizado por la participación de capital
nativo sometido a patrones de dependencia tecnológica y control extranjero-
sólo podía hacerse en detrimento masivo de los intereses de la oligarquía. Si,
por un lado, los intereses de las oligarquías obraban como un freno al proceso
industrializador, por otro, el proceso industrializador modificó la participación
oligárquica en la economía, cuyo peso, ya no se correspondía con su
preeminencia dentro del bloque histórico. Aunque, menos grave que la
contradicción anterior, había otra, igual de importante, ya que el plusvalor
generado en el proceso industrializador se transfería hacia el capital
extranjero y la fracción compradora de la clase dominante.
En suma, la situación en su conjunto producía una
profundización de las contradicciones en el seno mismo del bloque en el poder.
La fracción vinculada al desarrollo industrial intentó traducir políticamente
sus contradicciones con las fracciones oligárquicas y compradoras y con el
capital extranjero. Sin embargo, su debilidad política y su compromiso con las
otras fracciones le impidió ejercer su hegemonía sobre el conjunto de las
clases dominantes. Una debilidad que, también, sirve para explicar sus
acercamientos y ciertos acuerdos con la clase obrera[13]. Llegados
a este punto, podemos plantear una pregunta crucial: ¿había alguna posibilidad
de que el régimen consiguiera resolver las disputas originadas al interior del
bloque en el poder? Si la había, esta pasaba por excluir del proceso a las
clases subalternas, fundamentalmente, a sus organizaciones clasistas y
combativas. Incluso, hubo un intento institucional por conseguirlo[14]. A
decir verdad, no era posible, porque, justamente, el ascenso de la lucha de las
clases subalternas agravaba las contradicciones entre las fracciones de las
clases dominantes (Wilhelmi, 2016).
Todo esto da cuenta de que, no sólo se agudizaron las
contradicciones, sino que, la inexistencia de un Estado capaz de vehiculizar
una solución negociada y de largo aliento, a través de una representación
orgánica de las diferentes fracciones, resultó en una crisis de hegemonía
(Gramsci, 1977). Esto es, la aparición de fisuras en el sistema de dominación y
la ruptura del bloque histórico. En una coyuntura internacional desfavorable y
con cambios acelerados en la estructura social y de movilización, la búsqueda
de consenso por la clase dominante y dirigente se asemejaba al azufre en la
boca de un volcán en erupción. En ese contexto, se produjo un desequilibrio y
una serie de conflictos en las fracciones dominantes, sin que la nueva fracción
tuviera una capacidad de reemplazo. En consecuencia, el régimen estaba
condenado a transformarse al no poder sujetar férreamente la movilización
subalterna, lo que quiere decir que tampoco podía controlar y dirigir su propia
transformación. En síntesis, el punto importante es, sin duda, que en el
momento en que el imperialismo demanda ajustes para resolver la crisis general
del capitalismo, las clases dominantes españolas están atravesadas por una
crisis orgánica.
Crisis de hegemonía: descomposición y herrumbre del régimen
De todo
quiebre en la hegemonía de la clase dirigente, siempre resulta un nuevo sistema
hegemónico y un nuevo bloque de poder. Es importante comprender esto último,
porque si bien, de toda crisis de hegemonía surge un nuevo tipo de Estado, no
todas las crisis de hegemonía son iguales ni se resuelven de la misma manera.
Entonces, la relación entre
crisis y nuevas formas de Estado hace patente la necesidad de entender el
carácter de cada crisis, así, como el momento histórico en el cual ocurre.
La resolución de las crisis de hegemonía que, como concentración
de todas las contradicciones, son per se difíciles, lo son aún más cuando se
producen en un Estado de Excepción. Bajo el franquismo,
la coherencia interna y la fuerza del bloque de poder, la consolidación de su
hegemonía se constituyó sobre la base de una modificación profunda del aparato
estatal. Lo anterior, vale para los Estados capitalistas de Excepción, en
general, y para el caso español, en particular, donde la primacía de la rama
represiva estatal destaca desde un inicio (Míguez Macho, 2014).
La prodigiosa jerarquización de la rama represiva nos
está hablando de otro fenómeno, igualmente significativo: durante el
franquismo, al menos durante un largo período, el Estado asumió, plena y
directamente, sus funciones de clase. Si, por un lado, sobre la base de una
recentralización masiva del burocratismo estatal, las relaciones de fuerza, al
interior del bloque en el poder, quedaron prácticamente congeladas. Por otro,
rompió con el proceso de lucha de clases. No quiere ello decir que las clases dominantes
no participaran directamente en el Estado, sino más bien, todo lo contrario. La
presencia de las clases dominantes en el seno del Estado es inequívoca. Sin
dejar de mantener, las fracciones del bloque en el poder, en sus relaciones con
el Estado un campo propio de contradicciones internas. El problema esencial
aquí es, por un lado, la consecuencia para la burguesía de la eliminación de
sus partidos políticos -esfera privada, donde las clases dominantes se
organizan- y, por otro, el de su relación con el Estado a partir de la
supresión del sistema electoral -esfera pública y arquetípica de representación
de clase. Es decir ¿puede el Estado constituirse en el medio de organización
política, en el partido, de las clases dominantes y sus diferentes fracciones?
Desde luego, no nos estamos refiriendo a la función
propia del Estado de mantener la cohesión y unidad de una sociedad dividida en
clases -el Estado capitalista como el poder de la burguesía organizada en clase
dominante-. Nos estamos refiriendo a la modificación que, el Estado de
excepción, introdujo en el modo de representación de clase y de organización
política de la hegemonía. Decía Gramsci:
“Las leyes de la historia estaban
dictadas por la clase propietaria organizada en el Estado. El Estado fue
siempre el protagonista de la historia, porque en sus organismos se concentra
la potencia de la clase propietaria; en el estado la clase propietaria se
disciplina y se unifica, por sobre las disidencias y los choques de la
competencia, para mantener intacta la condición de privilegio en la faz suprema
de la competencia misma: la lucha de clases por el poder, por la preeminencia
en la dirección y ordenamiento de la sociedad” (Gramsci, 1981, p. 92-97).
Ya en esta primera definición gramsciana de Estado, como
lugar de constitución de la clase dominante, revela aspectos diferenciados en
la manera de concebir al Estado. Sin adelantarnos a las definiciones posteriores
del propio Gramsci, esta primera definición, introdujo innovaciones y, al mismo
tiempo, señaló varios problemas, algunos de grado diferente y, otros, de
naturaleza diferente. En primer lugar, si la clase propietaria se disciplina y
unifica en el Estado, esto quiere decir que, el Estado, no es un instrumento,
sino que posee una función instrumental “mantener intacta la condición de
privilegio”. Por otra parte, la autonomía del Estado respecto de las clases
dominantes. En ese sentido, el Estado no es tan sólo el principio organizador
de la dominación; sino que, ante unas clases dominantes fragmentadas por
intereses diferenciados, media entre las fracciones, estabilizando el orden
social capitalista. Así, el Estado, regula las relaciones conflictivas entre
las diferentes fracciones que, de acuerdo con las especificidades de cada
formación social, se resuelven en la constitución de un bloque de poder. Por último, las disputas entre las diferentes
clases y fracciones dominantes, es la clave en la que debe leerse “la lucha de
clases por el poder”. Así como el Estado organiza la dominación, es el objetivo
central de la lucha política, en tanto cristaliza las relaciones de fuerza
existente entre las diferentes fracciones y entre las diferentes clases. Algo
que, Gramsci, señalará con mayor énfasis en estudios posteriores: “Un grupo
social puede e incluso debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder
gobernante” (Gramsci, 1999, 173-186). Esta observación, referida a las
relaciones de fuerzas entre las diferentes fracciones, supone la inexistencia
de una relación lineal entre dominación económica y dominación política,
permitiendo, además, analizar las relaciones de fuerzas que se proyectan en el
Estado.
En el marco gramsciano, analizar las relaciones de fuerza,
sólo se puede hacer si se atiende a la noción de Estado ampliado: “la unidad
histórica fundamental [de las clases dirigentes], por su concreción, es el
resultado de las relaciones orgánicas entre Estado y sociedad política y
sociedad civil”. Entonces, en esa unificación -resolución particular de las
relaciones de fuerza- donde la clase o fracción hegemónica debe conducir la
alianza del bloque en el poder, intervienen las instituciones de la sociedad
civil, dando al Estado capitalista su peculiaridad que, diferenciadora de los
tipos de Estado precedentes, permiten entenderlo como un Estado hegemónico:
“se pueden fijar dos grandes
"planos" superestructurales, el que se puede llamar de la
"sociedad civil", o sea, el conjunto de los organismos vulgarmente
llamados "privados" y el de la "sociedad política o Estado"
y que corresponden a la función de "hegemonía" que el grupo dominante
ejerce en toda la sociedad y al de "dominio directo" o de mando que
se manifiesta en el Estado y en el gobierno "jurídico" (Gramsci, 1986, p. 351-382)”.
Es cierto que, la explicación de la dinámica estatal por
la dinámica de la sociedad civil está presente en La ideología alemana:
“la organización social que se
desarrolla directamente basándose en la producción y el intercambio, y que
forma en todas las épocas la base del Estado y de toda otra superestructura
idealista, se ha designado siempre, invariablemente, con el mismo nombre [sociedad
civil]” (Marx &
Engels, 1970, p. 38).
Lo que es original en Gramsci es señalar esa amalgama
entre hegemonía y dominio. Lo esencial es que el Estado -ampliado- comprende
“organismos vulgarmente llamados privados”. No hay duda de que, la distinción
sociedad política/sociedad civil, sólo se manifestó cuando la instancia
jurídico-política del sistema capitalista la consagró. Es este un Estado, donde
el derecho regula las relaciones entre el aparato público (técnico, legal y
represivo) por un lado, y los aparatos privados (políticos, sindicales,
religiosos, educativos, informativos y culturales) por otro. La manera en que
el Estado regula esos aparatos y las relaciones entre ellos difieren en cada
forma de Estado capitalista.
Concretamente, bajo el franquismo, la demarcación entre
las instancias privada y pública se estrechó, al mismo tiempo, se modificó la
regulación, tanto en la manera como en la forma, de las relaciones entre ambas
instancias. Desde 1936 y hasta su muerte, Franco ejerció todo el poder político
(Jefe del Estado) y militar (Jefe del Ejército). Desde 1938 y hasta su muerte,
Franco tenía “la suprema potestad de dictar normas jurídicas” (Gobierno del
Estado, 1938). Franco, también, era el jefe del Partido Único. Todos los
oficiales del Ejército eran miembros del Partido Único, pero su pertenencia era
nominal y estaban lejos de serles adictos. Muy por el contrario, el Ejército lo
neutralizó tempranamente. Si bien, entre ambos se establecieron relaciones
contradictorias, el partido, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial
-por la derrota de los fascismos y la relación de falange con ellos-, quedó
subordinado al Aparato de Estado, cumpliendo un importante papel en los
Aparatos Ideológicos de Estado (Organización Sindical Española, Cadena de
Prensa del Movimiento, Sección Femenina y Frente de Juventudes) como eslabón de
control de estos por el Aparato de Estado. Por último, el Partido Único -medio
de cooptación privilegiado- sirvió para encuadrar a la pequeña burguesía,
incorporándola masivamente a la rama burocrática del Estado[15]. Su
inserción, hasta entonces precaria, la volvió una verdadera fuerza de apoyo y
reforzó sus lazos de origen y pertenencia con los sectores medios y bajos del
Ejército.
El Ejército, por su relación con el Jefe del Estado y del
Ejecutivo -Franco ejerció como Presidente del Gobierno hasta 1973-, era el
aparato dominante del Estado, pero no se apropió de la autonomía de la que
gozaban los sacerdotes. La integración de la Iglesia al Estado, la
confesionalidad católica del Estado, acrecentó la autonomía relativa de la
Iglesia, tanto que algunos hablan de un Estado de capellanías (Chao Rego,
2007). La Iglesia supo intervenir directamente en la elaboración de los
proyectos de institucionalización del régimen. La función política más
importante de la Iglesia fue organizar a la oligarquía que, por su
intermediación y por la vía indirecta de la dictadura militar, estableció su
dominio político, al menos por un largo período. Las relaciones entre la
jerarquía eclesiástica y la oligarquía perduraron hasta las postrimerías del
régimen. La pérdida de predominio político y económico de la oligarquía y de su
lugar en el bloque de poder, ayudan a entender el virtual distanciamiento de la
jerarquía eclesiástica para con el régimen durante su crisis.
Aquella fracción de la burguesía, cuyo desenvolvimiento
se debió al proceso de industrialización dependiente, contó con sus propios
intelectuales orgánicos: los tecnócratas. Especialistas en derecho
administrativo y en ciencias económicas, partidarios de la liberalización
económica y miembros del Opus Dei, fueron incrementando su influjo a medida que
la nueva fracción crecía política y económicamente. Se insertaron en el seno
del aparato estatal y, en particular, en su rama administrativa. Su integración
condujo a una unificación de expectativas con la burguesía compradora, sin
cristalizar en una alianza, pero sí en un acercamiento. Todos sus argumentos,
sobre la intervención estatal en la economía, aparecían respaldados por los
datos de crecimiento económico. Su mayor nivel de influencia se produjo a
partir de octubre de 1969, cuando la conformación de un nuevo equipo de
gobierno los dejo en dominio de la situación (12 de los 18 ministros eran
afines al Opus Dei).
En realidad, era la manifestación de una crisis que
coincidía con el cambio de tendencia en las tasas de beneficio del sector
industrial y que se agudizara con la retracción de las inversiones. La
estructura toda entró en crisis, un nuevo gobierno debía hacer frente a un
heroico y organizado antifranquismo, debía hacerse cargo de la reproducción del
capital bajo la dominación del imperialismo norteamericano o replantearse el
papel de la hegemonía del capital estadounidense. Octubre de 1969 supuso un
cambio profundo en las relaciones de fuerza que se habían necesitado para
configurar la unidad que permitía la pervivencia del Estado
nacional-sindicalista. Paradójicamente, fue la victoria de los tecnócratas,
desplazando a la oligarquía gracias a la acción del Ejército, la que implantó
los mecanismos que conducirían a la descomposición del régimen. Era el acto
principal de un conflicto irremediable. En efecto, hasta entonces, y antes de
que la reorganización de gobierno desalojara a las otras fracciones, las
contradicciones internas habían sido neutralizadas. Dichas contradicciones
-expresión de la lucha de clases- presentadas habitualmente como un conflicto
entre aperturistas e inmovilistas, dan cuenta del giro que había tomado la
disputa interimperialista. En junio de 1970 se firmó el Acuerdo Preferencial
España y la Comunidad Económica Europea, estableciendo un sistema general de
preferencias de doble vía que “desencadenó desde muy pronto las iras de Estados
Unidos” (Granell, 1985).
El gobierno real y el control real del aparato estatal,
lo tenía el Ejército, la supresión del sistema electoral y de los partidos
políticos, por encima de su expresión jurídica, significaron una restricción en
la autonomía de los aparatos privados, cuya principal consecuencia fue
dificultar la circulación de poder y las formas en que se expresaron las
relaciones de fuerza. Los incidentes de los conflictos sociales y las
manifestaciones de las resistencias antifranquistas se multiplicaban, el
régimen se encontraba frente a frente con las huelgas. En este contexto
efervescente[16]
-huelga de Granada y huelga contra el proceso de Burgos-, dentro de una crisis
política y de inestabilidad hegemónica, se intensificó la recentralización
burocrática. En 1971, para “una necesaria adecuación de las normas jurídicas a
las circunstancias sociales” se readecuó la Ley de Orden Público (Boletín
Oficial del Estado, 1971, p. 12092-12094). Simultáneamente, se unificaban los
servicios de inteligencia bajo la denominación de Servicio Central de
Documentación de la Presidencia de Gobierno (Boletín Oficial del Estado, 1972ª,
p. 4213), cuya función era “el conocimiento de los
que en esos días, con más fuerza que antes, se oponían de una u otra forma al
agonizante régimen franquista” (Centro Nacional de Inteligencia). La
reestructuración de los servicios de inteligencia, colocándolos bajo la órbita
directa de la presidencia de gobierno y organizados en tres secciones: de
régimen interior; de estudios e informes; y de coordinación y enlace (Boletín
Oficial del Estado, 1972b, p. 4887), era una exigencia de la coyuntura de
crisis para intervenir en el conflicto entre las diferentes clases y fracciones[17].
Los roces y enfrentamientos entre los diferentes grupos del bloque de poder
marcan un nuevo paso hacia la incapacidad hegemónica: Franco deja la jefatura
de gobierno, pero no la del Estado. Delega la presidencia en Carrero Blanco
(junio de 1973), cuyo programa de gobierno es definido por el propio Carrero
como continuista[18]. El
objetivo era claro intentar “dentro de los marcos institucionales (…) una
dinámica y abierta participación desde la base”. Todo el sistema político
peligraba, ampliar las bases sociopolíticas aparecía como perentorio. Sin
embargo, la particular
ordenación del régimen y sus aparatos dificultó, sino impidió, el juego normal
de la representación de clase, propio del Estado moderno hegemónico. De manera
resumida, existió una dificultad estructural para la resolución política de las
contradicciones, cuya consecuencia fue, en el largo plazo, obstaculizar la
organización hegemónica misma de la burguesía. Esta situación, también, afectó
a las posibilidades de que las modificaciones en las relaciones de fuerza,
entre las diferentes fracciones del bloque en el poder, sólo pudieran
producirse mediante un cambio radical en las estructuras de aquel Estado.
Cualquier modificación, por más simple que sea, incidiría directamente sobre el
Aparato estatal.
Claves para entender los procesos de transición
El Estado capitalista es, del mismo modo que el Estado
feudal, un tipo de Estado. Claro que, adquiere formas distintas en los
diferentes estadios y fases del capitalismo. Entonces ¿cuál es el sentido de
referirse a una modalidad capitalista de Estado como Estado de excepción? Es
decir, un Estado capitalista inscripto en un momento dado del desarrollo
capitalista ¿en qué se diferenciaría el Estado de excepción de otras formas que
pueda adquirir el Estado capitalista? Sin duda alguna, este es uno de los
interrogantes que sólo con una teoría general del Estado capitalista podría
tener una respuesta rotunda, mas, nos negamos a eludir la pregunta. Aunque,
justamente, todo este escrito es un intento por proporcionar presupuestos
básicos para esa teoría. De igual modo, si aspiramos a dibujar los trazos de
una respuesta, debe saberse de su condicionalidad y, a su vez, de su carácter
de probable. En los párrafos anteriores hemos ofrecido los argumentos que
permiten plantear un primer elemento para referirse al Estado de excepción. En
este caso, nos estamos refiriendo particularmente a cómo interviene el Estado
capitalista en la lucha de clases. En principio, podemos decir que el Estado de
excepción presenta como rasgo diferenciador de las otras formas de Estado
capitalista su intervención en la lucha de clases. A fuerza de ser sintéticos,
estaríamos ante un Estado que, asumiendo plena y directamente sus funciones de
clase, intervendría de forma directa en la lucha de clase.
No nos proponemos sustituir la explicación por su
síntesis, muy por el contrario, queremos detallar los elementos que nos
permitan distinguir la forma de excepción de las otras formas de Estado
capitalista. Entonces, el primer paso consiste en identificar los niveles donde
se produce la intervención directa. En primer término, en el de la lucha de
clases; en segundo, en el del bloque en el poder. En todo caso, la intervención
no ocurre de manera secuencial de primero interviene sobre uno y, luego, sobre
el otro. Si primero rompe el proceso de la lucha de clases y después congela
las relaciones de fuerza al interior del bloque histórico, sólo puede
dilucidarse mediante el análisis de cada experiencia histórica concreta.
La noción de hegemonía, tantas veces usada y utilizada de
manera excesiva, cobra todo su sentido en este contexto “un grupo social -dice
Gramsci- es dirigente de los grupos afines o aliados antes de conquistar el
poder del Estado” (Gramsci, 1977, p. 485). En efecto, de eso se trata, en
parte, el proceso hegemónico, de las disputas entre todas las fracciones de la
clase dominante por convertirse en dirigentes. Incluso, si una fracción es
dominante en lo económico, dependerá de la relación de fuerzas con las otras
fracciones para que, también, lo sea en lo político. Desde luego, la relación
de fuerzas está condicionada por la coyuntura, por la capacidad y por las
condiciones en las cuales puedan acumularse, por las relaciones con las
distintas clases y fracciones de las clases subalternas, etc. Es precisamente
en esas coordenadas donde se inscribe la modalidad de Estado de excepción
capitalista, en tanto se vincula a la manifiesta incapacidad de las clases
dominantes para erigirse en hegemónicas. Esto se corresponde a un momento
particular de la lucha de clases, a una crisis orgánica, en el sentido de
ruptura del bloque histórico. El quiebre de la alianza entre diferentes
fracciones y clases dominantes que, bajo la dirección de una de las clases o
fracciones hegemónicas, detentan el dominio político, se articula en varios
momentos, que pueden o no desembocar en una crisis de hegemonía.
Quizás la idea más correcta, y la más coherente con
nuestra propuesta, es la de un primer momento de inestabilidad hegemónica,
seguido por el de incapacidad hegemónica. Cada uno de ellos, tiene una duración
variable y no correlativa. Por caso, una inestabilidad prolongada en el tiempo
puede ser seguida por una breve situación de incapacidad o, también, puede
ocurrir lo contario. Ahora bien, ambas pueden ser resueltas sin llegar al
desenlace de una crisis orgánica. Entiéndase que, esta última, es una
concentración de contradicciones que se resuelven en nuevas formas de Estado.
Dicho de otra manera, de todo quiebre en la hegemonía de la clase dirigente,
siempre resulta un nuevo sistema hegemónico y un nuevo bloque de poder. Pero,
ni todas las crisis de hegemonía son iguales, ni se resuelven de la misma
manera. Así, entender el carácter de cada crisis y el momento histórico en el
cual se sitúa es, cuando menos, imprescindible. Porque una situación regular en
el funcionamiento del Estado –la intervención directa de las clases dominantes–
se transforma en decisiva en períodos de crisis que exigen una reestructuración
de las formas de dominio político.
Cuando una crisis de hegemonía canaliza su resolución por
la vía de un Estado de excepción, la coherencia interna y la fuerza del bloque
histórico, vale decir, la consolidación de su hegemonía se traduce en una
recentralización masiva del burocratismo estatal. Este es un hecho indiscutible
que, si, por una parte, arrasa con el mito y la mistificación del Estado
árbitro imparcial o neutral, por otra, trastoca la real y objetiva función
reguladora del Estado respecto de las clases dominantes. Desde luego, no nos
estamos refiriendo a la función propia del Estado de mantener la cohesión y
unidad de una sociedad dividida en clases. Tampoco nos referimos al equilibrio
inestable de compromiso . Nos estamos refiriendo a la modificación que, el
Estado de excepción, introduce en el modo de representación de clase y de
organización política de la hegemonía. La supresión del sistema electoral y de
los partidos políticos, por encima de su expresión jurídica, dificultan la
circulación de poder y las formas en que se expresan las relaciones de fuerza.
Es más, impide el juego normal de la representación de clase. De lo anterior,
se derivan dos consecuencias, por un lado, la organización hegemónica misma de
la burguesía se ve obstaculizada y, por otro, las modificaciones en las
relaciones de fuerza, entre las diferentes fracciones del bloque en el poder,
sólo podrán producirse mediante un cambio radical en las estructuras del Estado
de excepción. Estas son las claves para poder realizar un estudio adecuado del
pasaje de los estados de excepción a los estados democrático-parlamentarios.
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Recibido: 19/07/2021
Evaluado: 09/09/2021
Versión Final: 05/10/2021
[1] El congreso,
(18-20 de julio de 2016, Santiago de Compostela), estuvo organizado por el
grupo de investigación HISTAGRA (Universidade de Santiago de Compostela), con
el objetivo de sentar las bases para una reconceptualización de la memoria y de
la historia sobre el golpe, la guerra y la dictadura.
[2] El Grupo tiene
dos líneas de investigación fundamentales: estudios de historia social del
mundo rural; y estudios sobre violencia masiva y memoria en perspectiva
comparada. El coordinador del grupo HISTAGRA dirigió el proyecto Nomes e Voces.
Éste partió de la intención de estudiar la represión franquista durante la
Guerra Civil y la dictadura, y ofrecer a la sociedad los datos relativos a las
personas que sufrieron algún tipo de persecución. El trabajo se centró en la
pesquisa de los nombres, de las voces y de los lugares de la violencia y sus
víctimas. En esta línea, y desde el rigor de la disciplina histórica, se han
ido cubriendo los vacíos existentes sobre el período de estudio. Para ello se
puso en funcionamiento un grupo de investigación donde están presentes los
máximos especialistas del tema de la violencia y la memoria del Golpe, la
guerra y la dictadura en Galicia.
[3] Sobre este
particular, sugerimos la detenida lectura del capítulo II (pp. 51-54) de la
obra de Jean-Paul Sartre, Reflexiones sobre la cuestión judía, Buenos
Aires, Sur, 1948.
[4] Interpretaciones
particularmente sugerentes y emparentadas con un análisis estructural como el
que aquí proponemos son: Casanellas, 2014; Baby, 2018; Sánchez Soler, 2010.
[5] Coincidentemente
con las tres obras referenciadas anteriormente, todas las cuales parten de
poner en cuestión la visión modélica de la transición, estamos dirigiendo una
tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Esta investigación doctoral,
estudia la pervivencia en los contenidos curriculares, en las programaciones
docentes y en los libros de texto del ciclo medio de enseñanza de la transición
modélica, donde los políticos del momento afianzaron la democracia de manera
armoniosa y pacífica.
[6] Como lectura
complementaria, y que ayuda a comprender las líneas maestras de este texto,
sugerimos: Cañón, 2021.
[7] Véanse los textos
editados bajo el título Cuadernos de la cárcel. La editorial ERA de
México, publicó los Cuadernos en seis tomos. Tomo I, 1981. Tomo II,
1981. Tomo III, 1984. Tomo IV, 1986. Tomo V, 1999. Tomo VI, 2000.
[8] Alianza
específica de diferentes fracciones y clases dominantes que, bajo la dirección
de una de las clases o fracciones hegemónicas, detentan el dominio político.
[9] Véase la
declaración sobre la cuestión española en la Conferencia de Potsdam.
[10] Para analizar ese
fascinante proceso se puede consultar Broué y Témime, 1962. Más
específicamente, el tomo I de esta obra, a cargo de Pierre Broué.
[11] En lo tocante a
la industria: Tejada Bergado, 2007. En lo que respecta a la minería: Broder, Pérez
et al, 2014.
[12] Sobre el concepto
de equilibrio inestable de compromiso, véase: Gramsci, 1971.
[13] Para este
particular, véase: Aguilar, 1985.
[14] Nos referimos al
Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política. Boletín Oficial del
Estado. número 306, 23 de diciembre de 1974, pp. 26045-26049.
[15] Un tema de sumo
interés y escasamente estudiado. Más allá del trabajo de Vilar, 1977. Existe un
trabajo reciente para al caso específico de Cantabria. Sanz Hoya, 2020.
[16] Véase: Ysás, 1991.
[17] El Servicio
Central de Documentación se puso en funcionamiento con la cooperación de los
servicios de inteligencia estadounidenses, bajo las instrucciones de la
Secretaría de Estado de Estados Unidos y entre otras tantas funciones, tuvo a
su cargo la elaboración de informes económicos, como por ejemplo el de las
necesidades de reservas monetarias. Fernández-Monzón Altolaguirre, 2014.
[18] Manuel Carrero
Blanco: Discurso ante las cortes general, 20 de julio de 1973, en ABC:
“El presidente del Gobierno, ante el Pleno de las Cortes Españolas”,
21-07-1973, pp. 16-6. “Si yo quisiera ahora sintetizar en una sola palabra el
programa de acción que el Gobierno se propone diría simplemente: Continuar”.