La relegación como mecanismo de represión de la dictadura chilena (1973-1989) y su representación en el cine. El caso de la película “La Frontera” de Ricardo Larraín

The relegation as a mechanism of repression of the Chilean dictatorship (1973-1989) and its representation in the cinema. The case of the film "La Frontera" by Ricardo Larraín

A partir del 11 de septiembre de 1973, la dictadura chilena y sus servicios represivos, desplegaron una amplia gama de mecanismos de castigo, persecución y control de los opositores políticos.

Una de las características del régimen, es que, aun cuando todos estos métodos estaban reñidos con el Estado de derecho, muchas veces se buscó dar un respaldo administrativo a través de decretos y disposiciones legales, que buscaban dar una apariencia normativa a la represión.

Entre los diversos mecanismos represivos que usó la dictadura para perseguir a sus opositores, recurrió a la relegación de personas a lugares extremos y apartados del país como medida de castigo y aislamiento.

Esta práctica se institucionalizó en 1980, a través de una ley que permitía estos traslados a quienes eran acusados de alterar el orden público, sin necesidad de un proceso judicial. De hecho, fue una medida recurrente contra aquellos dirigentes sociales que convocaron a las jornadas de protesta contra la dictadura entre 1983 y 1986.

A pesar de haber sido aplicada con relativa frecuencia en la década de los ochenta, y en especial afectaba, en general, a dirigentes sociales y políticos conocidos, existen muy pocas investigaciones que aborden el tema.

En contrapartida a su escaso abordaje en el ámbito académico, y en el espacio público en general, la relegación fue visibilizada a través del cine en una de las películas más renombradas de la filmografía nacional, a comienzos de la transición a la democracia, como fue la película "La frontera" (1991) que relata la historia de un profesor, que en su calidad de dirigente gremial es relegado a un pequeño y aislado pueblo del sur de Chile.

As of September 11, 1973, the Chilean dictatorship and its repressive services deployed a wide range of mechanisms to punish, persecute, and control political opponents.

One of the characteristics of the regime is that even when all these methods were at odds with the rule of law, administrative support was often sought through decrees and legal provisions, which sought to give the repression a normative appearance.

Among the various repressive mechanisms that the dictatorship used to persecute its opponents, it resorted to the relegation of people to extreme and remote places in the country as a measure of punishment and isolation.

This practice was institutionalized in 1980, through a law that allowed these transfers to those accused of disturbing public order, without the need for a judicial process. In fact, it was a recurring measure against those social leaders who called the protest days against the dictatorship between 1983 and 1986.

Despite having been applied with relative frequency in the 1980s, and especially affecting, in general, well-known social and political leaders, there is very little research that addresses the issue.

In contrast to its scarce approach in the academic field, the relegation was made visible through the cinema in one of the most renowned films of the national filmography, at the beginning of the transition to democracy, as was the film "La Frontera" (1991) that tells the story of a teacher who, as a union leader, is relegated to a small and isolated town in southern Chile.

Una de las principales características de la dictadura en Chile, a partir del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y durante diecisiete años, fue la represión, masiva, sistemática y planificada, mediante la cual se persiguió a los partidarios del gobierno depuesto, y luego, cualquier intento de organizar una resistencia en contra del régimen. Así, adquirió una amplia diversas formas, que abarcaron el asesinato, la desaparición forzada de personas, la prisión política y la tortura, el exilio, la expulsión de centros de estudio o centros de trabajo, entre otras múltiples medidas.

Un primer período represivo, va desde el momento del golpe de estado hasta el mes de diciembre de 1973, y se caracteriza, sobre todo por la masividad. Es el período, que, a pesar de ser breve, registra el mayor número de víctimas de toda la dictadura: “En este período la represión apuntó en un doble sentido, pues también fue masiva y selectiva. Desde el primer momento el objetivo de las Fuerzas Armadas, para asegurarse la toma de poder, aniquilar o anular al presidente de la República y a sus colaboradores más cercanos. Por otra parte actuó́ contra un número importante de la población a fin de crear una sensación de indefensión total. Este primer período se caracterizó́ fundamentalmente por una represión de carácter masiva y porque muchas de las víctimas son elegidas al azar” (Peñaloza: 2011, p. 204)

A partir de 1974, la represión se caracterizará por su selectividad y planificación. La cantidad de víctimas disminuye, pero apuntó a desarticular las orgánicas partidarias y la Desaparición Forzada de Personas se instaló como un mecanismo sistemático de represión. De esta forma, se persiguió, para su exterminio y de manera organizada a los partidos políticos de izquierda, siendo 1974 el año en que fueron detenidos y hechos desaparecer los militantes del MIR, 1975 los del partido Socialista y 1976 del Partido Comunista.

Hacia 1977 los casos disminuyen, y se concentran principalmente en el extranjero, ya sea gente que trataba de salir o de reingresar a Chile, y en el marco del Plan Cóndor. Es también la fecha en que las denuncias a nivel nacional e internacional se hacen sentir más fuerte, en distintos lugares, llegando incluso a Naciones Unidas. Por esto, y otras razones, la represión asume otras modalidades.

En 1978 se dicta la ley de amnistía, mediante el decreto que prescribe los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978. Por otra parte, el 11 de marzo de 1981 entra en vigor la constitución del régimen aprobada mediante un plebiscito sin garantías democráticas, seis meses antes.

Ambos hechos dan cuenta, desde la perspectiva de la dictadura, del cierre de un proceso de limpieza y organización, que da paso a un período de estabilidad y perpetuación en el poder.

No obstante, la mantención de la dictadura y las permanentes violaciones a los derechos fundamentales de las y los chilenos, sumado a la crisis económica internacional, que coincide con la implementación del modelo neoliberal, que deja desamparada a la mayoría de la población, en cuanto a beneficios y derechos sociales, provoca como reacción la rearticulación de las organizaciones gremiales y políticas, y un aumento en la cantidad y masividad de las movilizaciones populares contra el régimen.

De esta manera, la represión, que fue siempre una constante durante la dictadura, a partir de 1983 asume nuevas características, que responden a las manifestaciones de carácter masivo, de descontento contra la dictadura.

Es este el marco donde se implementa la relegación administrativa y se hace recurrente, como medida de control del orden público.

Al hablar de movilidades, podemos distinguir entre aquellas que son de carácter voluntario y las que tienen un carácter forzado. Para distinguir unas de otras, diremos que, cuando hay condiciones, generalmente de violencia extrema, o desastres naturales, que ponen en riesgo la seguridad de las personas o los colectivos, en palabras de Coraza, las movilidades forzadas se producen cuando “…existe un agente externo que condiciona estas movilidades, algo o alguien que obliga a las personas a movilizarse” (Coraza:2020, p. 136 ).

Un segundo elemento relevante y siguiendo al mismo autor, sería el carácter de urgencia al partir, es decir no existe tiempo para la planificación de la salida, o el lugar de destino, e incluso la fecha de la misma. Esto es relevante para diferenciarla de la migración voluntaria. Pero, por último, hay otro elemento decisivo, y que es la imposibilidad de volver al país de origen, ya sea por temor o prohibición expresa de hacerlo.

De acuerdo a la definición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): Una persona refugiada es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por razones de raza, religión nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país

Si bien la mayoría de las personas no optan formalmente al refugio, desde las ciencias sociales, cuando es el estado quien persigue a un individuo o a un grupo determinado de personas, por su filiación política, hablamos de exilio, y muy especialmente al referirnos a la década de los setenta en el cono sur de América Latina.

En el caso de Chile, durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, entre 1973 y 1989, decenas de miles de personas debieron abandonar el país de diversas maneras y por diferentes vías. Hubo quienes pidieron asilo diplomático o refugio político, o bien salieron por sus propios medios, a fin de ponerse a salvo. Para algunos eso significó una prohibición expresa de volver al país, mientras que, para la mayoría, independientemente de la forma de salida, mientras durase la dictadura, de todas formas, no pudieron regresar.

Como una característica especial del caso chileno, muchas personas salieron por orden de expulsión del país, o a través de pena de extrañamiento, es decir cambiando su condición de prisioneros políticos por la de desterrados. De esta forma, más allá de sentir que su vida corriese peligro en Chile, fueron expulsadas del territorio nacional, o se les prohibió su reingreso. Es decir, es mucho más clara la falta de opción, pues deben salir de manera obligada del país. Tal como veremos en este trabajo, esto también operó dentro del territorio nacional, a través de la pena de relegación, que consistía en obligar a la persona condenada a afincarse en un lugar del territorio nacional, distinto al de su residencia habitual.

Cuando hablamos de exilio, en términos académicos, existe consenso en manifestar que, ante el horror que significó la muerte, la desaparición y la tortura, otras formas de represión, quedaron, comprensiblemente, un tanto invisibilizadas, pero en los últimos años se ha abierto un campo de estudios que recoge y analiza estas experiencias, no menos dolorosas, masivas y de un fuerte impacto hasta el día de hoy tanto para sus protagonistas, como para la sociedad en su conjunto.

En este trabajo, y en la misma línea, hemos optado por abordar el caso de la Relegación, como una forma de exilio interno, decretado de manera administrativa, lo que lo convierte en una medida muy particular y específica de la dictadura chilena.

A pesar de haber sido una medida pública y de relativa frecuencia, que además afectaba, en general, a dirigentes sociales y políticos conocidos, no existen demasiadas investigaciones que aborden el tema, pero entre las cuáles cabe destacar algunas investigaciones como la tesis y que utilizamos y mencionamos en este trabajo.

Como parte de la estrategia represiva, la dictadura chilena utilizó un mecanismo, que tenía antecedentes en la historia republicana pero que adquiere especial notoriedad en este período, como es el de la relegación. Esta consistía en castigar a una persona, a vivir en un lugar distinto a su residencia habitual, lejos de la capital y en general de difícil acceso desde cualquier centro urbano, y con escasa población. La idea era aislarlo de su hábitat habitual, en un lugar donde no conociera a nadie, y desde donde no pudiese establecer ningún tipo de contactos o redes políticas. Esta medida fue aplicada en general a dirigentes sindicales o estudiantiles, como también a algunos dirigentes políticos.

La relegación se aplicó de manera diferente, de acuerdo al contexto nacional. El primer momento va desde 1973 a 1979, y que era aplicada por los tribunales de justicia. Un segundo momento entre 1980 y 1989, es en el que se conoce como relegación administrativa, y bastaba que el ministerio del interior decretara la medida. Esta práctica se institucionalizó en 1980, a través de una ley, que permitía estos traslados a quienes eran acusados de alterar el orden público, sin necesidad de un proceso judicial, mediante una medida administrativa, dispuesta por el DL 3. 168, 6 de febrero 1980.

La relegación, junto a otras medidas represivas, son la respuesta a las masivas y frecuentes jornadas de protesta nacional, que comienzan a sentirse en la década de los ochenta, y muy particularmente entre 1983 y 1986.

El descontento se hace evidente y da cuenta de una rearticulación del movimiento popular, de la mano de los partidos políticos de la oposición, respondiendo al difícil momento que vivía el país.

A la falta de libertades y la represión se sumó una alta cesantía, que según algunos especialistas llegó al 30%, y todas las consecuencias derivadas de esta crisis, como el hambre, el hacinamiento, el trabajo informal, entre otros muchos problemas:

“Si la crisis afectó a la sociedad en su conjunto, para los más pobres la situación fue desesperada…Desde los años 30 que Chile no vivía una recesión tan aguda. La baja de los salarios fue acompañada por el aumento del precio de los alimentos. Los ingresos -de quienes los tenían alcanzaban sólo para las necesidades básicas de subsistencia” (Bravo: 2017, p. 66).

En la década de los ochenta, y particularmente entre 1983 y 1986, se sucedieron numerosas jornadas de protesta, y con ello se retomaron, aumentaron, y crearon nuevos mecanismos represivos para controlar el malestar de la ciudadanía. Las principales consignas de esos años fueron: PAN, TRABAJO, JUSTICIA Y LIBERTAD. Resumiendo, de alguna manera, las principales carencias de chilenas y chilenos.

La primera convocatoria a una “Jornada de Protesta Nacional” fue el 11 de mayo de 1983, por los sindicatos del cobre.

“La convocatoria a protestar fue sencilla y eficiente en su forma. Se llamó al pueblo a que el día 11 de mayo de 1983 no enviara a sus hijos al colegio, ni se realizarán compras ni trámites en el centro de la ciudad y se hicieran sonar cacerolas durante la noche, a partir de las 20.00 horas…En efecto, los ruidos durante la noche se multiplicaron en diversos barrios de la ciudad -en Santiago particularmente” (Garcés y Nicholson:2005, p.146).

Esta convocatoria involucró a amplios sectores de la población, tanto de sectores populares como de clase media. Como resultado, la clase obrera se organizó en el Comando Nacional de Trabajadores, las convocatorias a jornadas de protesta se extendieron al menos hasta el año 1986, con regularidad casi mensual, aumentando la participación y confianza de quienes se plegaban, pero también, como ya hemos señalado, el aumento de la represión. La jornada del 11 de mayo de 1983 terminó con 1375 detenidos, 70 personas heridas, y cuatro muertos.

Diversas formas adoptaron las fuerzas del régimen, para intentar mantener el orden, basado, como siempre, en el terror, y dirigidos a la población en general, y los dirigentes políticos y sociales, que encabezaban los llamamientos a movilizarse.

El mecanismo era responsabilizar a los organizadores de las jornadas de protesta de los eventuales hechos de violencia que se hubiesen generado durante las manifestaciones. El Ministerio del Interior presentaba requerimientos en su contra, como autores de delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, y se les aplicaba la pena de relegación administrativa.

La medida según algunos autores (González: 2014), afectó a más de dos mil personas. Entre 1980 y 1989, y según Díaz (2014) la relegación, afectó a más de mil personas, hombres y mujeres, siendo 1983 con 127 afectados, el más alto del periodo y 1985, año que se levantará el estado de sitio. Entre los afectados podemos encontrar a muchos jóvenes universitarios, obreros, dirigentes sindicales y representantes de federaciones, que pasaron muchas veces por manos de la CNI antes de ser derivados a sus respectivos lugares de relegación.

La masividad e impacto de esta práctica, así como le nivel de organización de la oposición se refleja, en la creación de la organización de la Agrupación de Familiares de Relegados y Ex Relegados (AFAREL), en 1981.

Fue, así mismo, común en las manifestaciones y petitorios de la época, el fin de la relegación, como se puede observar en la Foto 1, en la que aparece Manuel Bustos, dirigente sindical, y presidente interino de la Central Unitaria de Trabajadores, quién estuvo relegado en la ciudad de Parral, en 1987, tras haber convocado a una jornada de protesta, en el mes de octubre.

Foto 1: Al centro de la fotografía, Manuel Bustos, dirigente sindical relegado.

Centro de Documentación Museo de la Memoria y los derechos Humanos. Fondo: CODEPU (Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo.)

Siguiendo a Coraza, las movilidades forzadas pueden ser de dos tipos, Desplazamientos Forzados Internos o externos, dependiendo si son dentro o fuera de las fronteras nacionales.

“La particularidad del DFI dentro de la movilidad forzada radica en el espacio donde se mueve, es decir, dentro del país. Este puede darse dentro de una misma localidad —cambiar de barrio o colonia— o puede cambiar de ciudad o pueblo, o incluso irse de zonas rurales a urbanas, o viceversa” (Coraza: 2020, p.142).

En el caso de la relegación, la migración se da dentro de las fronteras, y de manera forzada, y el lugar es definido por el Estado. Este lugar, es además un lugar apartado y poco habitado. Lo que es especialmente relevante para las autoridades, y considerado parte de la pena, como lo demuestra este oficio:

Imagen 1: Telex reservado n° 35 del Intendente de la XI región al ministro del Interior. 1983. Centro de Documentación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Fondo Particular: Neira Vera Danira Ninón.

En el trabajo de Garcés y Nicholls, se refieren a los relegados como el caso de un exilio interno, refiriéndose no sólo a las características administrativas de la relegación, sino también a la forma en que es percibida por quienes pasaron por este proceso, y luego recibieron atención en FASIC (Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas), y que se especializó en trabajar con personas afectadas por la prisión política y el exilio. De hecho, es esta organización la que cataloga el fenómeno de exilio interno en sus documentos de trabajo.

Señalan, por ejemplo, que es una experiencia marcada por la incertidumbre que rodeaba al detenido desde un comienzo.

“Y luego había que adaptarse al sitio de relegación, lo que normalmente implicaba reconocer el lugar y proveerse de los recursos básicos para la sobrevivencia. Las condiciones para adaptarse se fueron modificando con los años, sin embargo, la experiencia de aislamiento y abandono comprometió a muchos, sobre todo a los primeros relegados” (Garcés y Nicholls: 2005, p. 177).

Y señala un afectado “me entregaron a carabineros y se fueron. Ahí quedé sin saber dónde estaba…me sentía muy desorientado…me hicieron una ficha personal, me interrogaron después me dijeron que saliera del retén. No sabía que hacer, donde ir, me quedé en la plaza tratando de pensar, me sentí terriblemente abandonado” (Gárces y Nicholls: 2005, p.177).

Compartiendo esta apreciación, también cabe preguntarse hasta qué punto, la medida, puede ser vista también, como una forma de prisión política.

En 2003, y a propósito de los treinta años del golpe de estado, el presidente Ricardo Lagos formó una comisión para investigar la prisión política y la tortura a que fueron sometidas las personas privadas de libertad durante la dictadura. Más de 30 mil víctimas fueron acreditadas. El informe incluye entre las formas de prisión política, la relegación y al define como “el traslado obligatorio de una persona o un lugar distinto del de su residencia habitual, por un plazo definido por disposiciones administrativas o judiciales” (Informe Prisión Política y tortura:2005, Pág. 25). Agrega,

“Se efectúa por disposición de un simple decreto, sin intervención de un tribunal independiente e imparcial y sin que existan cargos en contra de esa persona. En este caso, la relegación se fundamenta en un Estado de excepción abiertamente violatorio del Pacto de Derechos civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Se aplicó en forma masiva sanción administrativa discrecional a personas calificadas como opositoras al régimen militar, tanto en los inicios como después, en virtud de las atribuciones establecidas en el artículo 24 de la Constitución de 1980, normalmente por un lapso de tres meses, después de detenciones arbitrarias o ilegales de corta duración por motivos políticos” (Informe Prisión Política y Tortura: 2004, p. 49).

Cabe destacar, que la relegación estuvo siempre precedida por la detención de los y las afectadas, y a partir de ello, las autoridades tomaban la decisión, dependiendo del caso -sin que se sepa el criterio- de mantener la prisión o determinar la relegación.

Sin duda, que la particularidad de esta medida está dada también por esta ambigüedad para calificarla. Por una parte, es una movilidad forzosa, dentro del territorio nacional, pero por otra, no tiene como finalidad ponerse a salvo de un peligro, si no que se efectúa para cumplir una pena, alternativa, pero no voluntaria, de prisión, pero que no es decretada por el poder judicial, si no por el poder ejecutivo.

La relegación no fue una forma aislada de persecución. Sin duda, menos masiva -comparada, por ejemplo, con el total de detenciones, y aún menos conocida que otras, no obstante tenía efectos importantes para las y los afectados y su entorno, incluido el lugar que recibía a la persona relegada. Al tener un carácter tan arbitrario, también las condiciones y reglas cambiaban, o eran implementadas de diferente manera en cada lugar. También la recepción era disímil. En un país, donde se había instalado el miedo y la desconfianza, con frases como el algo habrán hecho, era poco probable una buena acogida de los lugareños. No obstante, la solidaridad local existió en la mayoría de los casos. Hay muchos ejemplos, de cómo estos fueron ayudados de manera anónima, pero también como muchas veces fueron tratados con respeto e incluso admiración por sus nuevos vecinos. Una vez vencidas las primeras aprehensiones el relegado/a pasaba ser una figura pública del pueblo, que participaba de las actividades, y que era considerado un referente intelectual, por su preparación política y en muchos casos también profesional.

Muchos de los y las afectadas, eran personas relativamente anónimas, cuya falta había sido la de participar en alguna actividad de carácter político, o que el régimen interpretaba como tal. Varias de las víctimas fueron apresadas y luego relegadas, en el contexto de actividades artístico culturales, vinculadas con la oposición a la dictadura.

Sin ir más lejos, los meses en que más detenciones con posterior orden de relegación, son marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mayo, por las manifestaciones de conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y el mes de septiembre por las conmemoraciones del golpe de estado (Díaz: 2014).

Pero también eran relegados dirigentes políticos o sociales de relevancia nacional, acusado por lo general de la convocatoria a jornadas de protesta nacional, como Manuel Bustos, que ya mencionamos, o Fanny Pollarollo, dirigente del Partido Comunista y fundadora del Movimiento Mujeres por la Vida, que fue relegada en 1984 a Maullín, Yerko Ljubetic, militante demócrata cristiano y dirigente estudiantil universitario, que fue relegado en 1982 a Dalcahue, o Gonzalo Rovira, militante comunista y también dirigente universitario, relegado en más de una oportunidad y a distintos lugares.

Marc Ferro, uno de los pioneros del uso del cine como fuente para el estudio de la historia, hace ya varias décadas, que había que entenderlo desde la perspectiva de su función. Es decir, estudiar la relación de este “con las sociedades que lo producen y lo consumen, y el proceso social de creación de las obras” (Ferro: 1996, p. 107). El cine, dice el autor, es agente y producto de la historia.

En el caso de Chile, la producción cinematográfica durante la dictadura fue prácticamente nula. La falta de recursos, la persecución hacia los artistas -muchos de ellos en el exilio, la censura, y la falta de interés estatal en la industria, evitaron toda posibilidad de filmar y producir cine en el país. Como señala Bossay,

“La dictadura chilena mantuvo al cine en línea mediante una fuerte censura fílmica, que en comparación con los sistemas de censura instalados por otras dictaduras en América Latina no censuraban segmentos de cintas, sino que éstas eran aprobadas o prohibidas en su totalidad” (Bossay s/f)^[1]

De hecho, existe un cine chileno del exilio, mucho más importante que el nacional, en esos años.

La fortaleza que había llegado a tener Chile Films, la industria estatal de cine, desde la década de los sesenta y hasta el momento del golpe de estado, fue destruida, junto a sus obras. Muchos de sus funcionarios fueron detenidos y/o expulsados del país, pues se asociaba la creación cinematográfica, a las ideas del gobierno depuesto.

La transición a la democracia ofrecía la posibilidad de revertir esta situación. De esta forma,

“La década de los 90, generará una serie de expectativas en relación con el desarrollo cinematográfico nacional: regresan al país directores que estaban en el exilio, se estrenan películas que estuvieron censuradas o extraviadas muchos años, surgen nuevos realizadores que toman la responsabilidad de poner en escena a los marginados, a los olvidados, a los relegados del sistema económico que había construido la dictadura”.^[2]

En la década de los noventa se estrenaron 22 películas, y aunque no todas trataron el tema de la dictadura, en general se tiende a asociar la producción de la época a esta temática. Es que de una u otra manera, el cine, se hizo cargo de hablar del tema de las violaciones a los derechos humanos, como una preocupación muy marcada durante esa década y las siguientes.

Esto está relacionado con lo que dice Ferro, cuando señala que el cine se utiliza para escribir la historia de nuestro tiempo.

“Cada vez abundan más los reportajes basados en la memoria, en la historia oral. De este modo el cine contribuye a la elaboración de una contra-historia, no oficial, alejada de esos archivos escritos que muchas veces no son más que la memoria conservada de nuestras instituciones. Al interpretar un papel activo contrapuesto a la historia oficial, el cine se convierte de este modo en un agente de la historia y puede motivar una toma de conciencia” (Ferro: pp. 16-17). De esta forma, agrega, esta corriente ha servido para sacar a la luz, el testimonio de los vencidos-.

Por lo tanto, no es de extrañar que el cine se hiciera cargo de abordar lo que era difícilmente abordado en otros espacios. Hablar de las víctimas y sus tormentos, de la lucha de sus familiares, y de los tiempos que dolorosamente se hacía imprescindible, y uno de los caminos fue el cine.

Podemos decir, que, en paralelo, sucedía algo similar con el mundo editorial. Libros, especialmente de reportajes, que relataban los crímenes de la dictadura.^[3]

En ese contexto la producción cultural, y de manera especial, el cine, fueron el espacio para ver e informarse sobre lo sucedido.

“En el ámbito de la construcción de la memoria chilena, junto a las manifestaciones de denuncia y protesta en el espacio público que canalizan las inquietudes de organizaciones de defensa de los derechos humanos -originadas fundamentalmente por el vínculo sanguíneo con las víctimas que siguen buscando a sus seres queridos y reclamando justicia de forma activa a nivel social y político-, hay que sumar el cada vez mayor número de expresiones y producciones culturales como performances, conciertos y publicaciones de todo tipo que, desde la instauración de la democracia hasta nuestros días, reflexionan o tratan de representar aquellos años (Barril:2013, p. 22).

Sin duda que la ampliación de las posibilidades de expresión de las memorias de las víctimas en el espacio público, no se dio de manera automática con la conquista de la democracia. Fue más bien un proceso, donde las organizaciones de derechos humanos, y muy especialmente la de sus familiares, las que bregaron por instalar sus demandas y transmitir sus memorias.

De esta forma, pensamos que, el cine, como producto y agente de la historia, cumplió la doble función de hablar y poner en escena, lo que no se decía, y por otro responder a la demanda de una parte de la sociedad de ver, hablar y apropiarse del relato del sufrimiento de las víctimas, con las que se identifican. El cine provoca y al mismo tiempo se hace cargo de la necesidad de los tiempos.

“Cuando se coloca al sobreviviente en escena y aparecen imágenes crudas, vivas, que se basan en el terror, en el terrorismo de Estado, en la tortura, en el miedo conjunto. Esa puesta en escena del sobreviviente en el lugar de la tortura diciendo:“ Es aquí donde me torturaron”, en donde se expresa, se ve el territorio, y su relato pasa a formar parte de una comprensión en la memoria pública, es decir, que su duelo comienza en el momento en que ese cineasta que lo mostró, lo escuchó y lo hizo público empieza a trasladar esa memoria individual y a transformarla en una memoria social (Horvitz, 2007).

De esta forma, el cine jugó y aún juega en Chile, un rol fundamental para la construcción y transmisión de la memoria. Dicho fenómeno no se limitó a la década de los noventa, si no que en determinados momentos ha tomado nuevos bríos, por ejemplo el cine de una segunda generación, es decir que aquellos que siendo niños y niñas durante la dictadura, han utilizado el cine para exponer sus discursos y memorias sobre la época.

“La frontera” es una de las primeras películas de esta época, y recoge, precisamente, el tema de la relegación, como eje principal de su argumento. Las grabaciones comenzaron a fines de la dictadura, y su estreno coincide, sin quererlo, con la publicación del Informe de Verdad y Reconciliación -más conocido como Informe Rettig- (1991), que hace un reconocimiento oficial de las víctimas de la dictadura, detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por parte del estado, recogiendo sus nombres y asumiendo la responsabilidad de los crímenes.

Cabe señalar que, junto a este primer esfuerzo por establecer las identidades de las víctimas y la responsabilidad del estado, hubo un permanente intento por cerrar el debate en torno al tema, evitando avanzar en materia de justicia y memoria. Es en ese contexto, que aparecen las primeras películas y documentales chilenos de la transición.

En relación con el director de “La Frontera”, este fue Ricardo Larraín, quién lamentablemente falleció en 2016, sin haber dejado muchos registros de las motivaciones que tuvo para realizar su obra. Siendo cineasta, se dedicó fundamentalmente a hacer publicidad. La industria cinematográfica en el Chile de la dictadura era prácticamente inexistente, tal como señalamos, y según sus propias palabras, las realizaciones en ese período no fueron más de cinco.

En 1988 participó en el equipo de realizadores que hizo la Franja del NO. La campaña política televisiva, en el marco del plebiscito que terminó con la dictadura de Pinochet.

Meses antes comenzó a filmar su primera y más conocida película, y que marcó un nuevo ciclo para el cine nacional. Varios factores influyeron para que se convirtiera en un referente. En primer lugar, la calidad de la puesta en escena, el talento del elenco, de reconocible calidad y queridos por el público nacional, y la mayor parte del período de la dictadura, proscritos de los medios de comunicación masiva.

La película cuenta la historia de Ramiro, profesor de matemáticas que ha firmado una declaración pública en favor de un colega secuestrado y desaparecido por sus actividades gremiales. A raíz de este hecho ha sido detenido, y las huellas de un cigarro apagado en el torso de su mano nos hace suponer que sufrió torturas, como era lo habitual en estos casos.

Luego es condenado a la relegación. Las imágenes siguieren que es un lugar muy lejano y apartado en el sur de Chile. El camino es muy largo, e incluye un par de transbordo en rústicas balsas. En el lugar llueve casi todo el tiempo, y hace frío. Todos los caminos son de tierra, las casas están lejos unas de otras y aún se ven las huellas del maremoto de 1960 que sigue obsesionando al pueblo.

La película muestra personajes y situaciones tan reales como absurdas, donde nadie parece querer estar en lugar que está. En primer lugar, Ramiro, que está cumpliendo la pena de relegación. El actor que encarna a Ramiro es al mismo tiempo un exiliado, Patricio Contreras, que salió de Chile poco tiempo después del golpe para radicarse en Argentina. Este es un reencuentro simbólico con el público chileno. Si bien antes había sido visto en las pantallas del cine nacional, en la película “La Historia Oficial” (1985, Argentina), la identificación del actor como un compatriota se debe a esta película.

El traslado lo hacen dos policías de civil, uno intenta aprovechar el largo camino para aprender inglés con lecciones de un casete. El otro, aprovecha de sacar fotos turísticas por las localidades que recorren.

Una vez que llegan a destino, lo entregan a las autoridades locales. La localidad es tan pobre que no cuenta ni con policías, solo un delegado que con más contrariedad que otra cosa, recibe este complejo encargo.

En este diálogo de la película, se retrata de hecho, lo confuso y arbitrario de la medida en cuestión, y que ya discutíamos. Destierro o prisión política, es algo que ni los mismos agentes del régimen tenían claro:

Policía: Ustedes presten mucha atención. Ese es el profesor Ramiro Orellana, y ha sido condenado a la pena de relegamiento por perturbación del orden público ¿entendido? No puede moverse de este lugar hasta que la autoridad no lo decida. ¿Entendió?

Policía: Ah ¡No. Preso no!, él puede andar suelto pero no puede salir del pueblo métaselo bien en la cabeza. El profesor está RE LE GA DO”.

Una vez cumplido el trámite se establecen ciertas reglas, como la de firmar un libro de registro -una o más veces al día, para asegurar que el relegado no sale del pueblo, de acuerdo con el carácter de la pena.

Lo primero que hace el relegado es buscar la iglesia, pues trae una carta del arzobispado que le permitirá alojar en la iglesia. No tiene dinero para pagar una pensión, pero tampoco hay una pensión. Normalmente la iglesia asumió esta función, y en el caso de la película lo leemos como un reflejo de ello, como también del rol que tuvo la iglesia católica en prestar ayuda a los perseguidos políticos a través de la Vicaría de la Solidaridad.

El cura párroco cumple funciones en varios pueblos de la región, y tampoco es de la zona, es extranjero, y aunque no comparte las ideas políticas de Ramiro, lo acoge e insta a la comunidad a hacerlo también, y lo hace en la misa con toda la comunidad.

Cura: “Nuestro hermano es el profesor Ramiro Orellana y ha sido relegado a nuestra comunidad y vive en casa de Dios. Quizás él es terrorista.

Cura: Pero nada debe importar. Puede ser asesino, tampoco importa. Jesús dijo: estuve preso y me visitaste y por eso entrareis en el reino de dios. Lo que debe importar es que el profesor es un hermano en desgracia, nuestra obligación como cristianos es caridad. No pensar en conveniencia o en desconfianza. Y usted profesor: Respeto. Respeto por comunidad y creencias.

La solidaridad ya se había mostrado desde un comienzo, cuando Ramiro, recién llegado pide un plato de comida en el bar del pueblo, y que no puede pagar. Sin preguntas ni condiciones, la dependienta le pone un plato de comida caliente al frente. Recuerda sin duda, los testimonios leídos en otros trabajos, por ejemplo el caso de otro profesor, en la vida real que relata

“Como educador decidí a mi llegada acercarme a los profesores del lugar…me presenté ante ellos como relegado, colega, y sin recursos…nadie dijo nada, se miraron unos a otros, uno de ellos me tomó del brazo y me dejó en una pensión… esa misma noche me llegó una cantidad de dinero de parte de los educadores del lugar…nunca supe quién dejaba el dinero, esto duró los tres meses de mi relegación” (Garcés: 2005, pág. 179).

Maite, como Ramiro, tampoco es de ese lugar. La delata su forma de hablar. Va a misa a cambio de poder tocar el piano, pues es atea.

Ella, dice, lo ha perdido todo. La guerra en España, su país, al hombre que la dejo embarazada y luego huyó, su casa, su madre y su hijo en el maremoto de 1960. Por eso conserva un fuerte acento de española, pues algo hay que conservar.

El padre de Maite sale cada día de viaje a España. Se sienta en el muelle y se transporta con su imaginación. También conserva el acento y algunas palabras en euskera que parece entonarlas solo para sí mismo.

El buzo, un lugareño, quiere estar en el fondo del mar. Ha dedicado su vida a buscar los tesoros que el maremoto dejo ahí. Para él la llegada de Ramiro es muy oportuna, pues necesita un ayudante para la tarea, y es así como Ramiro logra tener una ocupación y además puede entender su teoría sobre los maremotos.

La escena más emotiva de la película es el momento en que Ramiro recibe la visita de su exmujer y su hijo que vienen de su exilio en Holanda para visitarlo. Es además una escena que ha pasado a formar parte de la historia del cine chileno. La arbitrariedad y lo absurdo de la relegación, de la represión y del régimen se ven expresadas en la indolencia hacia las personas. La balsa que lleva hasta el pueblo solo puede quedar hasta la mitad, sin posibilidad de atracar. Ahí, y con el delegado vigilando todo el tiempo, se lleva a cabo un diálogo a los gritos.

Ramiro le pregunta a su hijo si se acostumbra en Chile. El hijo no responde. Para activar su memoria entona las primeras frases del himno de su equipo de fútbol favorito “ser un romántico viajero…”. El hijo no responde. No se haya, dice la madre. Ella, en cambio, dice que prefiere quedarse y luchar en Chile, pues ya está cansada de ser extranjera, pero su hijo quiere regresar a Holanda. Los adultos discuten, y al mismo tiempo tratan de darse ánimo. Al momento de la despedida, el hijo dice, papá, me acuerdo: “ir más allá del horizonte”. El país de ese hijo es una balsa donde ve a lo lejos a su padre sufriendo un castigo. Su país es el de la memoria de su infancia atada a un canto futbolero.

Hacia el final de la película, sobreviene un maremoto. Ya no cabe duda de que la película relata los hechos de 1985. Ese año, tres profesionales, entre ellos un profesor, fueron secuestrados a las puertas de un colegio. Al día siguiente aparecieron degollados. El crimen de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, está instalado en la memoria nacional, como uno de los más abyectos de cuantos hubo en la dictadura.

Desconozco la intención del director al hacer esta referencia, pero sí creo que, para las espectadores y espectadores de esta película, en 1991, la carta que firmó Ramiro, sin duda fue en solidaridad con estos colegas. Aunque las fechas no coincidan de manera exacta, marzo de 1985 vincula en la memoria emotiva, de manera ineludible el terremoto y el “caso degollados”.

La película termina con el sismo. Al final, Ramiro se mezcla entre los sobrevivientes, es enfocado por una cámara. Ya se preparaba para volver a Santiago porque había sido revocada su pena. Una cámara, o enfoca, son los periodistas de la capital que lo reconocen. Parece que se fuera a confundir con los lugareños, pasar desapercibido, y que repentinamente ha decidido quedarse ahí. Le preguntan su nombre. Que hace ahí y responde que es Ramiro Orellana, profesor, que ha sido relegado por escribir una carta en solidaridad con su colega secuestrado.

Historias paralelas de exilio del pasado y del presente, y algunas referencias que permiten situar la historia en el contexto de la dictadura chilena.

“La frontera” recibió el reconocimiento de la crítica nacional e internacional, a través de varios premios, como el Goya a mejor película extranjera de habla Hispana (1991) en España, El Oso de Plata en Berlín (1992) y el premio a mejor director en el Festival de La Habana (1992), también es una de las películas más reconocidas por el público que la sitúan entre las mejores películas del cine nacional, y una de las más vistas, en una década de renacimiento del cine chileno, tras el fin de la dictadura.

A partir de la relegación el director se permite enunciar, además de la relegación, las penas del exilio y la prisión política, pero también de adentrarnos en los dolores que instala la represión y la violencia. El más visible en el film, el de la soledad. La soledad del desarraigo, pero también la soledad que provoca el quiebre de la convivencia, y de las confianzas en las relaciones humanas. La soledad que provoca la impotencia que da la arbitrariedad y la incertidumbre.

Una de las preguntas que dio origen a este trabajo, era por qué esta película, estrenada recién comenzada la transición a la democracia en Chile, tomaba como eje central el tema de la relegación, en circunstancias que era un tema poco visible, tanto en el ámbito de las políticas públicas de reparación como en los estudios de las ciencias sociales y las humanidades. Más aún, la pregunta tenía que ver con la buena recepción que tuvo la película, desde el punto de vista de la crítica y de su audiencia.

En primer lugar, podemos señalar que responde a un momento particular de la historia nacional, y del cine chileno. Tras largos años de silencio y de censura, parecía existir la posibilidad de hablar sobre las brutales consecuencias de la dictadura en el país. Se abría un espacio, pero, sobre todo, se evidenciaba, que los poderes existentes no estaban dispuestos a tomar la palabra para hablar del sufrimiento de los miles de víctimas que había dejado la represión. Las características de la transición chilena muy pronto dieron señales de que el costo de la democracia sería el olvido.

En ese contexto, otros actores, desde la sociedad civil, fueron decisivos a la hora de abordar el tema, y demandar políticas de reparación y memoria.

El cine, como producto y agente de la historia, cumplió ese doble rol. El de hacerse eco de las necesidades de habla de la ciudadanía y por otra parte generar un espacio de visibilidad y debate en torno a las violaciones a los derechos humanos ocurrida en dictadura.

Por otra parte, “La Frontera”, es una película que, a través de este caso, es capaz de abordar, a partir de la figura singular y contradictoria de la Relegación, el clima de la dictadura, a partir de las emociones y enunciaciones, por sobre los hechos. Un lenguaje que las y los chilenos que vivieron ese período pueden leer y sentirse identificados. Más allá de la caricatura, las fuerzas represivas son mostradas como la gente las vio. Arbitrarias, crueles y sin criterio. Sin embargo y a pesar de lo anterior, una película que insinúa más de lo que muestra, sin imágenes fuertes del horror, y sin nombrar el mal y sus responsables, directamente.

Las víctimas no son héroes, son personas corrientes, que por atreverse a actuar en consecuencia sufrieron represalias, y lo pasaron mal, como cualquier ser humano alejado de las cosas que más quiere.

Nos muestra también, un país golpeado. Por la geografía, los desastres naturales y la violencia. Un país que sobrevive a punta de solidaridad y de fantasías, como la del buzo que sueña con encontrar el hoyo que conecta los océanos, y que provoca los maremotos para poder entender su desgracia. Pues todas y todos necesitamos entender el origen del mal.

Alonso González Alarcón, J. (2016). La relegación: el poder ejercido por la dictadura militar como mecanismo de control social. III Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX, 9 al 11 de noviembre de 2016, Santiago de Chile, Chile. Agendas, problemas y perspectivas conceptuales. En Memoria Académica. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9317/ev.9317.pdf

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[1] Bossay, Claudia, La memoria en el cine chileno de la década de 1990.S/f. En https://campocontracampo.cl/textos/5. Consultado el 15 de enero 2023.

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https://campocontracampo.cl/periodo/3. S/f. Consultado el 15 de enero 2023.

[3] En 1989 el libro los zarpazos del puma, de la periodista Patricia Verdugo, rompió el récord de ventas con más de cien mil ejemplares en pocos días. Al mismo tiempo, la edición “pirata” se vendía en las calles, con cifras aún más altas de venta.

Año	Número
1980	106
1981	60
1982	66
1983	116
1984	727
1985	168
Total	1.243