De articulaciones organizacionales estado-céntricas a entramados comunitarios vecinales: análisis de casos en Talca, Chile^[1]

From state-centric organizational articulations to neighborhood community networks: case analysis in Talca, Chile

Este artículo compara dos procesos comunitarios vecinales que han tenido lugar en una ciudad intermedia de la zona central de Chile. El primero de ellos tuvo lugar antes del estallido social de 2019 y el segundo se originó a partir de este. En ambos casos se observan articulaciones y vínculos que, por un lado, traspasan los límites político-administrativos establecidos por la forma dominante de concebir lo vecinal y, por otro, complejizan las agendas comunitarias. Sin embargo, existe entre ellos diferencias importantes. En el primero, pre estallido, se aprecia un proceso estado-céntrico: los esfuerzos de la articulación se orientan a la búsqueda de respuesta del estado. En el segundo, originado a partir del estallido, el proceso es más bien socio-céntrico: los esfuerzos apuntan a fortalecer las propias redes comunitarias y su autonomía. Este proceso, socio-céntrico, reticular y performático, da pistas para pensar lo vecinal. Si bien las experiencias que habíamos estudiado antes muestran un incremento del poder de las organizaciones para intermediar, este sigue estando sujeto a las formas estatales de gestionar lo social. En cambio, aquí aparece lo comunitario como esfera autónoma: no existe para dirigirse al estado, sino que para reproducirse a sí mismo.

Proceso vecinal; comunidad; articulación territorial; estallido social; politización.

This article compares two neighborhood community processes that have taken place in an intermediate city in central Chile. The first of these took place before the social outbreak of 2019 and the second originated from it. In both cases, there are articulations and links that, on the one hand, go beyond the political-administrative limits established by the dominant way of conceiving the neighborhood and, on the other, complicate community agendas. However, there are important differences between them. In the first, pre-outbreak, a state-centric process is appreciated: the efforts of the articulation are oriented to the search for a response from the state. In the second, post-outbreak, the process is rather socio-centric: efforts are aimed more at strengthening the community networks themselves and their autonomy. This socio-centric process and reticular and performative one, opens up new possibilities for thinking about the neighborhood. Although the experiences that we had studied before show an increase in the power of organizations to mediate, this is still subject to state ways of managing the social. Instead, here the community appears as an autonomous sphere: it does not exist to address the state, but to reproduce itself.

Neighborhood process; community; territorial articulation; social outbreak; politicization.

Entre los años 2014 y 2018 acompañamos y estudiamos procesos de articulación comunitaria en dos zonas de la ciudad de Talca, Villas Las Américas y la Unidad Vecinal Arturo Prat. De ellas aprendimos que cuando las organizaciones vecinales se asocian y definen una agenda común, logran amplificar su capacidad de incidir en las políticas locales. Esto constituye un avance importante en el contexto de una acción vecinal caracterizada por la fragmentación y la desarticulación (Letelier & Tapia & Irazábal & Boyco, 2019).

Sin embargo, haciendo una valoración crítica, observamos que estos procesos vecinales tendieron a centrarse en el diálogo con el estado, descuidando los propios procesos comunitarios, y a estructurarse en torno a acuerdos entre las dirigencias de las organizaciones. A partir de estas observaciones realizamos un contrapunto con otro caso de articulación comunitaria territorial ocurrido en Talca y surgido en el contexto del estallido social de octubre de 2019, al que denominamos Coordinación vecinal del sector Sur Poniente.

Para nosotros, el estallido constituye un momento de politización tanto de las subjetividades sociales como de sus relaciones, que contribuye a dislocar la concepción estado-céntrica de lo comunitario.

Observamos el caso desde la conceptualización que Raquel Gutiérrez Aguilar (2017) hace de lo comunitario. Según su definición, lo comunitario es un tipo de relación o vínculo cuyas especificidades lo diferencian de las relaciones organizadas en torno al estado y al capital. Lo comunitario y sus entramados constituyen una esfera con autonomía relativa, capaz de producir su propia riqueza (valores de uso) y politicidad (gestión de esos valores de uso).

Los resultados muestran que el estallido gatilló una resignificación de las relaciones vecinales y sus entramados a partir de lo cual se generó un proceso de articulación ascendente. Este proceso es más reticular y basal que las experiencias que nos sirven de referencia, más socio-céntrico y asume que el territorio debe ser considerado como espacio donde se ensayan proyectos de sociedad.

Lamentablemente, la pandemia COVID-19 llegó justo cuando el proceso de articulación estaba en su momento más alto. Y aunque los participantes hicieron esfuerzos por asumir el nuevo escenario como una posibilidad performativa, las restricciones sanitarias y la ausencia de una política pública que reconociera la idea de “confinamiento comunitario” debilitó el proceso.

Pese a esto, la experiencia nos muestra que existe un terreno fértil para que lo comunitario vecinal se constituya en actor. Lo fundamental parece ser el punto de arranque de la articulación, el marco de definiciones desde la que se hace. Aquí parece importante volver a discutir sobre cuestiones que a veces se dan por sentadas: ¿qué es lo comunitario?, ¿qué lo diferencia de otras esferas?, ¿qué lo constituye? y ¿cuál es su autonomía?.

El artículo se divide en tres partes. En la primera se presenta el problema de la fragmentación y despolitización de lo vecinal en Chile y el modo en que lo hemos discutido desde la observación de experiencias comunitarias concretas. En la segunda parte, y a partir de las limitaciones que observamos en estas experiencias (y en nuestro modo de aproximarnos a ellas), proponemos una nueva conceptualización de lo comunitario a través de la cual observamos un nuevo caso de articulación pos estallido de octubre de 2019. Finalmente, en la discusión hacemos un balance de la potencialidad de incorporar el concepto de entramados comunitarios a la observación de —y al trabajo con— procesos comunitarios.

Para informar los casos de Las Américas y Unidad Vecinal Arturo Prat se emplearon tres técnicas de investigación. Por un lado, entre los años 2014 y 2018 se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas a líderes y dirigentes vecinales con diversos grados de implicación en las experiencias, de modo de asegurar una diversidad de perspectivas. Por otro lado, se consideró el análisis documental de dos fuentes de información: registros y documentos producidos durante los procesos de articulación y registros de prensa local y regional. Finalmente, dado que algunos de los autores formaron parte del equipo que apoyó los procesos de articulación, se utilizó también la técnica de observación participante. A partir de la información levantada, se reconstruyeron las trayectorias de articulación vecinal y se analizó a través de una matriz inicial constituida por tres categorías: i) formas y escalas de las relaciones vecinales, ii) modalidades de organización y iii) agendas y estrategias colectivas.

Para informar el caso de la coordinación vecinal en el sector Sur Poniente, se utilizaron dos técnicas. La primera corresponde a una etnografía virtual, específicamente al levantamiento de actividad web y observación no participante de entornos virtuales. Entre los meses de enero y marzo de 2021 se analizaron detalladamente las páginas de redes sociales de la Coordinadora Sur Poniente a través de un cuaderno de campo donde se describieron sus relatos, interacciones y acciones basadas en la web. Toda la información obtenida de este proceso fue obtenida desde fuentes abiertas y de acceso libre que la misma organización dispuso en la internet. La segunda técnica empleada fue la entrevista semiestructurada a cuatro líderes y dirigentes, realizadas entre marzo y abril de 2021, con una pauta enfocada en conocer sus prácticas, formas de organización, redes de apoyo y discursos sobre la crisis. Los datos recopilados fueron posteriormente procesados a través de un análisis de contenido utilizando una matriz de vaciado. Todos los procesos de levantamiento de datos fueron realizados de forma remota, adaptando los métodos a las condiciones sanitarias que impuso la pandemia por Covid-19.

Pese a que en Chile existe una gran cantidad de organizaciones sociales comunitarias^[2] y que se han incrementado notablemente en los últimos diez años (Irarrázaval & Sagredo & Streeter, 2019), su facultad para intervenir en lo público es escasa. Aunque estas se perciban como confiables, son consideradas con menos poder. En efecto, de un conjunto de condiciones importantes para influir en las decisiones que se toman en las comunas, la considerada menos relevante es la participación en una organización comunitaria (CEUT, 2014).^[3]

El disminuido papel de las organizaciones de base local ha sido explicado como el resultado de un proceso sistemático de debilitamiento de su capacidad de acción articulada y autónoma. Esto se asocia a marcos jurídicos y políticas públicas que, por un lado, acotan la escala de acción comunitaria a micro espacios (la población o la villa) y, por otro, incentivan que las agendas de las organizaciones estén sujetas a los programas y recursos públicos disponibles, en torno a los cuales tienden a competir (Letelier & Tapia & Boyco, 2018).

La lógica estado-céntrica a la que se ha llevado a las organizaciones ha promovido que las relaciones vecinales se organicen en torno a mediadores, en una red altamente jerarquizada en la que existen núcleos que se conectan con círculos de poder (autoridades y funcionarios). La pertenencia al núcleo está determinada no sólo por las capacidades de liderazgo, sino que, principalmente, por estar a la sombra de algún agente que ya tenga poder en la red. Así, la toma de decisiones respecto a la circulación de recursos está bajo el control de un grupo relativamente cerrado, donde el capital más importante es poseer una cartera de vinculaciones exclusivas (Espinoza, 2004).

Lo que prima en la relación entre lo vecinal y el estado es “una relación jerárquica y vertical, marcada por transacciones asimétricas, donde usualmente se otorgan recursos y estatus a cambio de apoyo político” (Arriagada, 2013, p.16).

Como resultado de todo lo anterior, hoy existe un espacio comunitario fragmentado, contenido en micro espacialidades y caracterizado por un marco de acción despolitizado (una limitada capacidad de agencia y propuesta), funcional a los procesos de transformación urbana promovidos por las agendas neoliberales (Drake & Jaksic, 1999; Monje-Reyes, 2013; Espinoza, 2003).

La desarticulación de las comunidades locales conlleva el encapsulamiento de las relaciones vecinales y de las territorialidades y produce que los problemas urbanos se atribuyan a causalidades restringidas a procesos de escala micro local. La despolitización de las comunidades locales implica la restricción y adecuación de los objetivos y las demandas a las agendas de las políticas públicas existentes, a sus canales de representación y participación y a su lógica sectorial (Letelier, 2018; Tapia, 2018).

La imagen prototípica de una comunidad vecinal desarticulada y despolitizada es una en que diversas juntas de vecinos de un mismo territorio trabajan separadamente y desvinculadas de las organizaciones funcionales y sus agendas específicas^[4]. La acción de las juntas de vecinos está acotada a los límites de la población o villa que “representan”, circunscrita a cuestiones muy específicas que, en general, están predefinidas por las políticas públicas sectoriales, regionales y/o municipales^[5].

Tanto la reducción de sus escalas de acción y sus agendas como la consolidación en el tiempo de una red de relaciones altamente mediada, desalientan la articulación entre las organizaciones.

Dado que el debilitamiento de las comunidades es el resultado de una racionalidad respecto a lo que debe y no debe ser la vida comunitaria local, la modificación de los contenidos de su práctica puede revertir su condición.

A partir de esta hipótesis, en 2014, a partir de una alianza ONG-Universidad iniciamos el Programa Territorio y Acción Colectiva (TAC) en Talca, que se desarrolló hasta 2017. Dicho programa fue una experiencia de acompañamiento político-técnico, originada y financiada por la sociedad civil. El TAC operó con un marco lógico abierto y flexible y su énfasis no estuvo en “éxitos” inmediatos ni vistosos, sino en los aprendizajes a nivel organizacional e investigativo.

El diseño original de la intervención consideró tres objetivos de resultado y tres de proceso. Entre los de resultado se encontraban que las personas participantes: i) reconocieran escalas territoriales cada vez más amplias y comprendieran el lugar que ocupan en ellas; ii) desarrollaran competencias para analizar el territorio, ordenarlo y priorizar sus problemas; y iii) desplegaran estrategias para negociar sus agendas territoriales con las autoridades, más allá de su villa o junta de vecinos.

La experiencia tuvo lugar en dos sectores de la zona norte de Talca, una ciudad intermedia, capital de la Región del Maule, Chile. El primero es Las Américas (que forma parte de la Unidad Vecinal 45 Cancha Rayada), compuesto por conjuntos de vivienda social edificados entre 1992 y 2000 en un marco de periferización, privatización y precarización del acceso a la vivienda (Rodríguez & Sugranyes, 2005). En Las Américas habitan 7.257 personas (Censo 2017). El 83% de familias pertenece al estrato más pobre de la población, presentando altos niveles de hacinamiento: el 22% de las viviendas tiene un nivel de hacinamiento medio y el 4% un hacinamiento crítico (Censo de Población y Vivienda, 2002).

El segundo sector corresponde a la Unidad Vecinal 22 Arturo Prat (o también llamado Territorio 5), la cual tiene una población de 10.565 habitantes, 2.467 viviendas y 2.532 hogares (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017). En comparación con Las Américas, este sector muestra una conformación socioeconómica más heterogénea, aunque más del 60% de las familias pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos (Instituto Nacional de Estadísticas, 2002).

El proceso vecinal y el acompañamiento externo que le dio impulso pueden organizarse en dos grandes etapas: la activación de la articulación vecinal y el acompañamiento de esta. La primera comprendió desde el contacto inicial con líderes del territorio hasta la constitución de las Mesas Territoriales y el inicio del diálogo con las autoridades locales y regionales. La segunda etapa de acompañamiento y articulación vecinal no tuvo un diseño cerrado. Las acciones de apoyo y las estrategias de los propios líderes y dirigentes/as debían estar en relación al avance y las dificultades que las Mesas Territoriales irían detectando en su relación con las autoridades, en la gestión y seguimiento de compromisos, y en el propio proceso de articulación. En retrospectiva pueden visualizarse dos líneas de trabajo en esta etapa: la consolidación de la Mesa Territorial como espacio de intermediación política (hacia afuera); y el fortalecimiento del propio proceso de articulación territorial (hacia adentro) (Letelier & Boyco, 2019).

Basándonos en estas experiencias de acompañamiento constatamos que la desarticulación y despolitización están siendo discutidas desde prácticas comunitarias concretas. Una visión sintética de estos procesos nos muestra un conjunto de avances comunes (Letelier & Boyco, 2019).

En primer lugar, la apropiación de una dimensión territorial que supera la escala vecinal, entendida como el espacio del barrio o la población. Al discutir los límites tradicionales emerge un espacio nuevo sobre el cual es posible actuar. En segundo lugar, el surgimiento de un sentido estratégico en la acción vecinal. Es decir, un cambio en la percepción del poder de dirigentes vecinales. La construcción de alianzas a partir de la definición de los temas que les afectan posibilita la acción conjunta. Esta articulación se valora como un nuevo poder. Se percibe que la acción es más efectiva (es decir, tiene mayores probabilidades de éxito) a partir de este proceso. En tercer lugar, un cambio en la vinculación entre actores: hay un mayor grado de implicación (“nos involucramos más”), surge un sentido de pertenencia más amplio (al territorio común, más que a la villa o población) y se configura un nuevo espacio de trabajo, donde hay otras personas con las que anteriormente no se colaboraba y ahora sí. De aquí surge la nueva valoración de una suerte de “solidaridad territorial”, que implica un cambio en la frontera que define lo propio, expresado en el desarrollo de un trabajo en común. En cuarto lugar, la producción y valoración de nuevos mecanismos de participación, entre ellos las denominadas Mesas Territoriales. Está bien arraigada la noción de que “la unión hace la fuerza” y la idea del papel de las Mesas como agentes comunicadores entre las organizaciones de la comunidad y la autoridad. Han logrado ser una herramienta de intermediación y, en tal sentido, hacen más probable la obtención de buenos resultados. En quinto lugar, la modificación en el tipo de problemas y desafíos a los cuales se enfrentan los actores vecinales como resultado del cambio en la escala territorial. Esto supone una oportunidad y, al mismo tiempo, una tensión. Representa una oportunidad debido a que posibilita un giro en la agenda vecinal y en el tipo de discusión con las autoridades. Es una tensión ya que obliga a las organizaciones a construir consensos sobre qué y dónde intervenir. Finalmente un cambio en la relación entre comunidades y autoridades, que inicialmente se caracterizaba como distante y asimétrica, y que pasa por dos etapas: la primera es el desarrollo de una relación menos asimétrica entre ambos grupos de actores, que se origina en la articulación de organizaciones vecinales —vale decir, en la constitución de Mesas Territoriales— y en el cambio en la escala de trabajo, ambas situaciones que empoderan a las comunidades frente a las autoridades; y la segunda es la reducción de la asimetría técnica mediante la formulación, por parte de las comunidades, del diagnóstico de los problemas que afectan a los territorios y de propuestas de solución para ser integradas en los planes comunales. El diagnóstico delimita un campo común y logra enmarcar el diálogo con la autoridad. El cambio de relación se resume en que la autoridad —en palabras de los vecinos— “te mira con otros ojos”.

Si bien estas experiencias comunitarias de articulación muestran una forma más compleja de lo vecinal (multiescalar, organizativamente flexible y con agendas urbanas más complejas) también tienen limitaciones importantes. Un primer punto, y quizá el central, es que persisten las dificultades para trabajar en conjunto, mediar conflictos y resolver visiones contrapuestas. Al mismo tiempo, la ampliación de la base de organizaciones que forman parte de la red de trabajo es difícil. No obstante, se entiende que el trabajo articulado conlleva oportunidades, existe una persistente cultura vecinal arraigada en la desconfianza y la competencia, que privilegia las “buenas relaciones” con la autoridad antes que la alianza con las organizaciones vecinas.

Una segunda cuestión es que, si bien se alcanzó un nivel de articulación suficiente para gatillar un cambio en la relación con la autoridad, las Mesas Territoriales tienen conexiones débiles con los vecinos y vecinas. Se produce, en consecuencia, un desacople entre las Mesas —en tanto red de dirigentes que intermedia entre el territorio y el gobierno— y el conjunto de otras organizaciones, los vecinos y vecinas del territorio, con los cuales no existe una comunicación fluida. El proceso de articulación vecinal termina confinado a la Mesa, desde donde se establece el puente con la autoridad y se genera un circuito que no incorpora a otras comunidades locales.

Un tercer aspecto es que, aunque se evidencia un cambio en la escala de los problemas identificados — más complejos y estructurales, lo que permite ampliar el arco de diálogo con las autoridades, haciéndolo más político—, la agenda vecinal se concentra casi exclusivamente en aspectos urbanos y físicos y, si bien son importantes, tienen menos poder para movilizar conversaciones al interior del propio territorio. Esto evidencia otro aspecto de la cultura vecinal dominante: su constricción a ciertas agendas, en general, puestas (o impuestas) por las autoridades y las políticas públicas. Diversos temas sensibles para el habitar cotidiano —como el empleo, la educación, la salud, la infancia, etcétera— no están presentes en las agendas vecinales, al menos no en tanto problemas públicos.

Concluimos que los procesos de articulación que hemos descrito están enmarcados en la tensión, al interior de la comunidad, entre asumir lo comunitario como esfera autónoma o como eslabón de la cadena de la acción y las políticas públicas. La lógica dirigencial dominante, tanto fragmentada como articulada, parece ser la de obtener recursos para el territorio con el objetivo de demostrar eficacia. La articulación misma está en función de este objetivo. En este sentido, es un proceso estado-céntrico.

Pensar los procesos de articulación de una manera menos estado-céntrica, implica discutir la idea misma de lo comunitario.

Según Gutiérrez y Salazar (2019) lo comunitario es una compleja trama humana, que abarca los lazos más o menos permanentes que se construyen y reconstruyen entre las personas, conducentes a enfrentar la satisfacción de necesidades comunes de diverso tipo y que permiten la producción y reproducción de la vida humana.

Según los autores, los entramados se pueden encontrar bajo diversas formas: comunidades y pueblos indígenas, familias extendidas, redes de vecinos, parientes y migrantes desplegadas en ámbitos urbanos o rurales, grupos de afinidad y apoyo mutuo para fines específicos, hasta redes plurales de mujeres para la ayuda recíproca en la reproducción de la vida.

Aunque interactúan y son permeados por el capital y el estado, en su desenvolvimiento los entramados comunitarios construyen su propia racionalidad: cooperando crean reciprocidad/solidaridad; auto produciéndose crean autonomía relativa; organizándose crean mecanismos y estrategias de organización. Tienen su propia economía (trabajo real que produce valores de uso) y su propia politicidad (gestionan y organizan el valor de uso producido).

Podemos concluir, entonces, que lo vecinal puede ser entendido como una red de entramados comunitarios que dan origen y sostienen un territorio, con autonomía relativa de la lógica del capital y del estado.

Desde esta perspectiva, la reproducción de la vida en el ámbito territorial sí puede implicar que las organizaciones cooperen para lograr que el estado genere bienes públicos o solucione los problemas del territorio. Pero si concentran toda su energía en eso, sin ejercitar su propia capacidad de producir y gestionar valores de uso comunes, no estarán fortaleciendo la esfera comunitaria, sino consolidando circuitos estatales de poder en el territorio.

Así, los procesos de articulación no pueden ser concebidos solo como acuerdos entre dirigentes y líderes de organizaciones vecinales formales, sino más bien como enredamientos coordinados entre diversos entramados comunitarios (grupos de amigos, familias, grupos de vecinos/as, organizaciones informales, organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, etc.). Si solo se entienden como acuerdos entre dirigentes, lo comunitario renuncia a su potencial de solidaridad y autonomía, para centrarse en la intermediación. En cambio, asumiendo la existencia de una esfera comunitaria vecinal habitada por diversos entramados, la solidaridad, autonomía e intermediación se equilibran.

A partir de esta aproximación revisaremos un caso de articulación comunitaria territorial que tuvo lugar en Talca, pos estallido de octubre de 2019. A través de él queremos ilustrar la idea de que el estallido social generó un contexto de politización que propició un cambio en los marcos de la acción comunitaria territorial.

Este proceso de coordinación vecinal se inició en noviembre de 2019, al calor de las protestas masivas iniciadas en el mes de octubre, en el denominado estallido social. Durante el tiempo que duró la revuelta se gestaron diversas acciones —más o menos autónomas— de deliberación e información a nivel territorial denominadas cabildos o asambleas. La necesidad de articularlas y continuar la protesta impulsó a los representantes de la comunidad a crear una nueva iniciativa a la que llamaron Coordinadora Sur Poniente, debido a que las acciones emprendidas se desarrollaron en ese sector de la ciudad y lo/as participantes habitan en diversos barrios de dicho territorio. Además de agrupar a los diferentes cabildos y asambleas, entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 impulsaron diversas actividades: de protesta, encuentros territoriales, ferias populares, difusión y formación política, entre otras.

El principal objetivo de la organización fue coordinar a los cabildos celebrados en el territorio durante el estallido social. Para llevarlo a cabo establecieron un sistema de representación en el que los cabildos, a través de sus representantes, comunicaban las ideas y decisiones a la Coordinadora y viceversa. Con la llegada del Covid-19 los cabildos dejaron de realizarse, lo que significó la autonomía de la Coordinadora respecto a dichos espacios.

La pandemia los obligó a replegarse, replantear sus acciones y buscar nuevas estrategias, entre ellas, otorgar ayuda y cuidados a las familias del sector afectadas por la crisis sanitaria a través de campañas solidarias para entregar alimentos y un catastro económico y emocional. También participaron en la campaña por la opción Apruebo en el plebiscito nacional por una nueva constitución y, posteriormente, junto a otros movimientos sociales locales, conformaron una lista de candidatos independientes para tener representantes en la Convención Constituyente.

Una de las particularidades de esta coordinación ha sido el importante despliegue que han hecho en los espacios públicos y que responde al propósito de revitalizarlos con actividades culturales y de protesta. Un claro ejemplo son los cacerolazos realizados todas las semanas en las afueras de un supermercado ubicado en la intersección de dos importantes avenidas, espacio que han apropiado y transformado simbólicamente en un lugar de protesta.

Los resultados se organizan en cuatro hallazgos principales. Cada uno de ellos sintetiza los aspectos más relevantes del análisis de la etnografía virtual y de las entrevistas y, al mismo tiempo, permiten hacer un contrapunto con los casos de articulación descritos anteriormente.

El estallido de octubre de 2019 generó un ambiente de politización caracterizado por el aumento de la conflictividad, la movilización y la politización. Hizo público lo privado, corrió los límites de lo posible, nombró y canalizó el descontento. Esto propició que las personas retomaran la vida pública, salieran a las calles, se reunieran a cacerolear y a marchar. En este ejercicio se encontraron y se reconocieron como iguales, como parte de un mismo momento social y político.

“Yo creo que la revuelta social, esta insurrección popular, genera un momento de reconocimiento entre los vecinos y vecinas: el salir de las casas, el romper el individualismo y el atreverse a decir lo que se piensa al interior de la casa. Yo creo que mucha gente estaba discutiendo con la televisión, pero dentro de su casa, y aquí llega un momento en que la importancia es que la gente sale a la calle a manifestar su descontento… su rabia”.

En este contexto, los vecinos dejaron de ser solamente quienes comparten un espacio de proximidad cotidiana y se convirtieron en ciudadanos que se “manifiestan” en un doble sentido: por un lado, salir a lo público para reclamar y, por otro, emerger como sujeto-vecino-ciudadano. Con la manifestación de cientos de vecinos devenidos en ciudadanos, el vecindario mismo, despolitizado, se resignifica en espacio donde se comparten padecimientos, malestares y aspiraciones comunes.

“Y en este momento, cuando ocurre la revuelta, esta insurrección popular, me llamó mucho la atención que los vecinos se tomaran las calles... entonces, ese ambiente, permitió una cercanía y una afinidad en el sentido de «estamos en la misma», nos empezamos a reconocer, más allá de ser vecinos, empezamos a reconocer que teníamos una misma posición ante lo que estaba ocurriendo”.

El encuentro de vecinos y vecinas transfigurados en ciudadanos, participantes de diversos entramados comunitarios, se articula inicialmente en los cabildos vecinales, un repertorio propio de la politicidad local y vecinal, que expresa una cultura política que está en la memoria de la ciudadanía y afirma el derecho del espacio local/vecinal para tomar parte en el debate público. Los cabildos realizados en distintos puntos del territorio convierten el espacio vecinal en lugar de deliberación.

“Las primeras reuniones se hacían en la calle, después de cada cacerolazo, llegábamos sesenta, setenta vecinos y vecinas del sector a cacerolear ahí. Y era como sagrado: lunes, miércoles y viernes... Es decir, teníamos tres reuniones a la semana, porque nos concentrábamos en realizar nuestra actividad de denuncia de lo que estaba pasando y, al final, terminábamos en una conversación sobre distintos temas”.

Así, participar desde el espacio vecinal es una expresión de la politicidad del habitar urbano, es decir, de la existencia de una capacidad de gestionar la vida social desde el territorio.

El proceso de articulación comunitaria se inicia con la familia o los amigos que, motivados por el contexto, salen a manifestarse, se encuentran con otros y se asumen como iguales. Pero no basta estar en el espacio público, hay que participar del debate, entonces definen constituir un nuevo dispositivo que da resonancia política a lo comunitario: los cabildos. En ellos se encuentran vecinos y vecinas con diversos intereses, ideologías, edades, etc. Allí se constituyen nuevos entramados comunitarios, inexistentes hasta ese momento, y surge la idea de articularse territorialmente para formar la Coordinara Sur Poniente.

Los cabildos se originaron a partir de la necesidad de ser parte del debate sobre la construcción de una sociedad diferente. La imagen de vecinos y vecinas en una plaza discutiendo sobre el modelo de sociedad contrasta con la imagen despolitizada que tenemos de lo vecinal.

El proceso de articulación no está mirando aquí al Estado para que solucione un problema. No se discute sobre fondos concursables o quién tiene contacto con tal o cual autoridad. La articulación busca amplificar la capacidad de lo comunitario para producir la sociedad. En este sentido es socio-céntrica.

“Uno veía como se organizaban marchas de vecinos que salían a la avenida Colín con las cacerolas. Ese fue un momento espontáneo de organización, el cacerolazo. Después del cacerolazo, la gente se quedaba a compartir, a conversar, a planificar, a preguntar... Llegaban vecinas y vecinos que preguntaban «¿por qué se está haciendo esto?». Ellos también querían participar. Entonces se fue generando sin la intención de formar una organización. Esta propia marea fue llevando a ello…y, finalmente, terminó llamándose Coordinadora Sur Poniente”.

Dado que la inspiración original de la articulación es socio-céntrica, la expresión territorial que tomará más tarde a través de las actividades organizadas desde la Coordinadora Sur Poniente también lo son.

“Eso es como un salto cualitativo de la organización, porque nos permite reunir fondos, nos permite ser conocidos en el barrio y nos permite vincular a gente que no tenía, a lo mejor, una opción política-social dentro del barrio y que tenía una necesidad económica de vender. Se acerca y entiende que la Coordinadora Sur Poniente es mucho más y que la política abarca todo... Se empieza a hacer ese trabajo educativo, esa reeducación nuevamente de la gente, a no tenerle miedo a estos espacios políticos, sociales y culturales”.

A través del alcance performático de las iniciativas, se buscó poner en escena una forma autónoma de gestionar el territorio, que no precisa del estado. Es una forma capaz de asumir diversas necesidades y dimensiones de la vida social. Por ejemplo, al mismo tiempo que se generan las posibilidades de producir ingresos para las familias (a través de la feria) se hace cargo de la formación política de los vecinos (encuentros) y de su bienestar emocional (catastro económico emocional). Esta manera de gestionar hace recordar la lógica de las sociedades mutualistas.

A la necesidad de participar en el debate nacional se suma la de expresar territorialmente, a través de hechos, el cambio que se propone a escala nacional. Para esto se constituye la Coordinadora Sur Poniente, el espacio de coordinación entre los cabildos.

La Coordinadora impulsó diversas actividades de protesta, encuentro territorial, intercambio económico, difusión y formación política, entre otras. Todas ellas buscaron expresar en el territorio ideas acerca de la sociedad. Se considera que el territorio es un espacio en el que es posible ensayar la sociedad que se quiere.

“Se plantea el dar paso hacia generar hechos culturales y político-sociales en el sector que tiendan a visibilizar nuestra naciente coordinadora, que es con las ferias libres, cuando se organiza la primera feria libre de la Coordinadora Sur Poniente… Que es todo un evento de buen vivir y de un mercado justo entre los vecinos y vecinas, donde se invita a que saquen sus creaciones, vendan lo que puedan vender. Pero también se suma con actividad cultural, se invita también a las demandas sociales, como a las organizaciones feministas o a la coordinadora No Más AFP u otras que tengan su propio estand y representación en la feria, eso va generando un paso significativo en la organización”

Así como el ideario de la buena sociedad se buscó expresar en el territorio, el de una buena democracia se plasmó en una forma horizontal y abierta de tomar decisiones. Se logró gestionar las diferencias, incluso en contextos difíciles, cuando, por ejemplo, hubo que decidir el apoyo al plebiscito de entrada para una nueva constitución.

“Lo positivo que tuvo este proceso, para mí teniendo otras experiencias organizativas anteriores, era que lo horizontal primaba: primaba el trabajo colectivo, primaba la horizontalidad del trabajo, el consenso sobre los acuerdos, la no imposición de ciertas cosas. Y quienes quisieron en algún momento como golpear la mesa y decir «mira, nosotros creemos que esto tiene que ir para allá o para acá», quedaron en el silencio y poco a poco se fueron a otras experiencias organizativas, que fue lo menos en todo caso”.

Si bien se entendió que el plebiscito y las elecciones de convencionales atañen a lo territorial, al mismo tiempo se asumió que lo territorial es un espacio que tiene una dinámica propia que es necesario respetar, su propia politicidad. Dicho en términos conceptuales: la politización que genera la cuestión constitucional no anula la politicidad territorial producida durante el proceso de encuentro y articulación vecinal. Y el debate sobre la cuestión constitucional está mediado por la intención o la motivación de mantener las confianzas que han permitido la articulación a nivel del territorio.

Se asume como un valor del proceso el lograr mantener la articulación pese a las diferencias y los disensos. Esto lleva inmediatamente a pensar en lo habitual que es la constitución de fracciones en el ámbito de las organizaciones vecinales. Cómo sostiene Raquel Gutiérrez y Huáscar Salazar (2019) los entramados establecen equilibrios dinámicos, no exentos de conflictos. Como se observa en la siguiente cita:

“Siempre hemos mezclado el tema de la elección [plebiscito constitucional de octubre del 2020] con lo barrial porque entendemos que la Coordinadora eran vecinos y vecinas con diferencias políticas, había gente que estaba más ligada a la concertación —nunca políticos— militantes o con cercanías políticas, otros que eran anarquistas, anti sistémicos. En el fondo fuimos capaces de generar una articulación entre todas y todos y hacer cosas buenas y cosas bacanes. De alguna manera siento que, al menos yo, he mantenido las aguas separadas, con la intención de que uno espera que el día de mañana se pueda rearticular el tejido social, volver a hacer ferias, volver a hacer cabildos, volver a hacer tardes culturales, volver a organizarnos cuando acabe la pandemia. Yo creo que eso es lo que estamos esperando muchos y ver qué es lo que va a pasar. Ver qué es lo que vamos a hacer después de la pandemia porque es algo necesario”.

En el contexto de la pandemia, y en coherencia con su motivación por gestionar diversos ámbitos de la vida social, la Coordinadora Sur Poniente logró realizar un giro hacia acciones de tipo solidario y de cuidado. Esta reorientación fue facilitada por el carácter territorial de la experiencia y por los entramados comunitarios que la sostenían.

“[En la pandemia] Recurrimos a las habilidades que había en las personas que eran parte de la coordinadora. Había vecinas que trabajaban en salud (en consultorios u hospital); ellas nos informaban sobre las medidas que había que tomar, porque en esta desconfianza plena de lo que decían las autoridades y el gobierno, habíamos cerrado filas en nuestras propias confianzas”.

Una de las acciones que tiene especial relevancia es el Catastro Económico Emocional. Esta iniciativa fue más allá de las prácticas solidarias clásicas (entrega de alimentos, ropa, ollas comunes, etc.), en tanto asumió la función de producir conocimiento acerca del propio territorio. Este conocimiento contempló dimensiones que suelen ser consideradas de forma separada: lo económico y lo emocional.

“Empezamos a generar otros estilos de participación que tiene que ver con las redes: se hizo este catastro de cómo enfrentar la situación, se respondió un cuestionario que recogía información sobre cómo nos afectaba la pandemia, el encierro, el distanciamiento y que diéramos nuestras opiniones para contenernos. Pusimos importancia en ir en ayuda de quienes lo estaban pasando mal, de quienes habían quedado sin trabajo y que por la pandemia no podían salir a buscar trabajo”.

Sin embargo, esta iniciativa, como tantas que han realizado comunidades territoriales, no han sido valoradas por el estado. El problema no solo es la indiferencia de las políticas públicas con la dimensión comunitaria en la gestión de la pandemia, lo más grave es que todas las políticas sociosanitarias relacionadas con el COVID-19 tienen un enfoque individual o familiar. No existen para ellas los entramados comunitarios, los entornos próximos, los vecindarios.

En marzo de 2020, la municipalidad de Valparaíso propuso el modelo de “confinamientos comunitarios”. Este modelo reconocía que las personas se necesitan mutuamente para satisfacer sus necesidades y que el aislamiento total es imposible: "se trata de un modelo basado en la idea de los archipiélagos, en tanto supone dividir la comuna en un conjunto de unidades territoriales de acción comunitaria y municipal, que buscarán aislarse y a la vez interconectarse de forma regulada entre sí” (Municipalidad de Valparaíso, 2020).

La propuesta no fue valorada por las autoridades a nivel nacional y, por su parte, impusieron otro modelo en base a cuarentenas dinámicas: centralizado y sustentado exclusivamente en la responsabilidad individual. Esto, pese a que existe evidencia sobre los impactos negativos del aislamiento estricto dentro de los hogares, desde el punto de la salud mental y del debilitamiento o quiebre de las redes de colaboración cotidianas que en gran parte de los hogares hacía posible vivir. Es evidente que no todos los hogares tienen la misma capacidad para realizar cuarentenas domiciliarias, ya sea por problemas de subsistencia cotidiana, hacinamiento, sobrecarga laboral al articular empleo y escolarización a distancia, situaciones de violencia, entre otros muchos aspectos.

La Pandemia COVID-19 generó una disminución drástica de los procesos de acción articulada que se estaban desarrollando en el territorio. Esto produjo que paulatinamente el trabajo de la coordinadora se autonomizara de los entramados que sustentaban los cabildos, que ya prácticamente no se estaban reuniendo.

Quienes seguían participando en torno a la Coordinadora Sur Poniente asumieron el desafío de participar en el proceso de levantamiento de candidaturas a convencionales en el plebiscito de octubre del 2020. La mayor parte de quienes animaban el proceso de articulación territorial se sumaron al trabajo de la Asamblea Popular por la Dignidad, un movimiento que buscó levantar candidaturas independientes para la elección de convencionales que redactarían la nueva constitución chilena. De este modo, tanto por los efectos de las políticas de distanciamiento y confinamiento como por la migración del grupo gestor a las campañas de convencionales, el trabajo territorial comenzó a detenerse.

“Y luego, cuando viene la elección del apruebo, la gente que estaba articulada dice: «vamos por el apruebo, no nos metamos en el rollo de si fue mal hecha o no, si la cosa fue un pacto o no, aquí hay una oportunidad»”

“Después del apruebo nos articulamos en esta Asamblea Popular por la Dignidad, desde donde levantamos una lista de independientes de movimientos sociales a la convención constitucional”.

Los procesos de articulación comunitarios que hemos acompañado y estudiado en los últimos años muestran que, cuando las organizaciones vecinales se asocian y definen una agenda común, logran amplificar su capacidad de incidir en las políticas locales. Esto constituye un avance importante en el contexto de una acción vecinal signada por la fragmentación y la desarticulación. Sin embargo, el proceso de articulación se mantiene en un marco más o menos tradicional: i) es sostenido por acuerdos entre dirigentes y líderes sociales y tiene dificultad para incorporar a otros entramados comunitarios; ii) se orienta fundamentalmente a la interlocución con la autoridad y muy escasamente a la reproducción del propio proceso comunitario y territorial; y iii) está centrado en problemáticas urbanas: no se asume el territorio como un espacio en el cual ensayar formas distintas de organizar la sociedad.

La experiencia ocurrida después y a propósito del estallido social de octubre de 2019, muestra rasgos distintos. En primer lugar, está sostenida por un conjunto diverso de entramados comunitarios, conformados por vecinos y vecinas, redes familiares, amicales y organizaciones informales. Estos entramados se constituyeron y expresaron estimulados por el contexto de politización que generó el estallido. En segundo lugar, la articulación no se orientó a la interlocución con la autoridad, sino que a organizar la participación de la comunidad en la discusión pública que abrió el estallido y a reproducir el propio proceso en el territorio. Finalmente, en ese trayecto el territorio fue entendido no tanto como un espacio a mejorar, sino que más bien como un espacio en el cual pueden ensayarse nuevas formas de lo social.

Este proceso, reticular, socio-céntrico y performático abre nuevas posibilidades para pensar lo vecinal. Si bien las experiencias que habíamos estudiado antes muestran un incremento del poder de las organizaciones para intermediar, este sigue estando sujeto a las formas estatales de gestionar lo social. En cambio, aquí aparece lo comunitario como esfera autónoma: no existe para dirigirse al estado, sino que para reproducirse a sí misma.

Es posible pensar que para que la capacidad de intermediación de las experiencias estudiadas se independice del estado, se requiere actualizar otro potencial de lo comunitario: el de la autonomía; es decir, producir valor y lógicas políticas distintas a las del estado. Esta autonomía posibilita que, pese al enorme influjo del estallido en la politización del espacio vecinal, la politicidad que se construye a partir de él haya tenido relativa autonomía. Es decir, el proceso de articulación comunitaria territorial dialogó, pero no fue absorbido por el proceso de politización que lo estimuló. Por lo tanto, existiría una potencialidad de articulación que se actualiza en determinados contextos y condiciones; una politicidad comunitaria vecinal fundamentada en el habitar un lugar en común (Salazar, 2019).

Pese a que la pandemia impidió seguir avanzando en el proceso de articulación, esta experiencia, tal como las otras a las que hemos hecho referencia, nos muestra que existe un terreno fértil para que lo comunitario vecinal se constituya en actor. Lo fundamental parece ser el punto de arranque de la articulación, el marco de definiciones desde la que se hace. Aquí parece importante volver a discutir sobre cuestiones que a veces se dan por sentadas: ¿qué es lo comunitario? ¿qué lo diferencia de otras esferas? ¿Qué lo constituye? y ¿Cuál es su autonomía?

Todo esto, sin embargo, se hace a contramano de las políticas públicas y de la cultura política dominante en las organizaciones vecinales tradicionales (competencia y despolitización). Se requiere urgentemente políticas que no entorpezcan la articulación y la estimulen, que le den mayor poder para incidir en sus espacios y en la vida de las ciudades y que animen la vida comunitaria territorial. Al mismo tiempo, se requiere aprender más de las experiencias articuladas y generar comunidades de aprendizaje en torno a ellas. En particular, nos parece muy relevante el encuentro entre organizaciones vecinales más clásicas y actores comunitarios de nuevo tipo: colectivos de jóvenes, redes, agrupaciones informales.

Centro de Estudios Urbano Territoriales (CEUT). (2014). Encuesta de caracterización región del Maule. Talca, Chile: CEUT.

Drake, P. W. & Jaksic, I. (1999). El modelo chileno: Democracia y desarrollo en los noventa. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Espinoza, V. (2003). Historia social de la acción colectiva urbana: Los pobladores de Santiago, 1957–1987. Revista EURE, 24(72), 71–84. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.4067/S0250- 71611998007200004

Espinoza, V. (2004). De la política social a la participación en un nuevo contrato de ciudadanía. Revista De Ciencia Política, 43, pp. 149–183. Recuperado a partir de https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/55762

Gutiérrez, R. & Salazar, H. (2019). Reproducción comunitaria de la vida. Pensando la transformación social en el presente. En Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida. Proyecto Editorial Traficantes de Sueños, Colección Útiles. Reproducido de El Aplante. Revista de Estudios Comunitarios (N° 1: Común, ¿para qué?, 2015), 17-49. Recuperado de: https://bit.ly/2Um7LXl

Gutiérrez, R. (2017). Horizontes comunitario-populares: producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas. Traficantes de Sueños.

Irarrázaval, I. & Streeter, P. (2020). Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2020. Santiago, Chile: Centro de Políticas Públicas UC, Fundación Chile+Hoy.

Letelier, L.F. & Tapia, V. & Irazábal, C. & Boyco, P. (2019). Políticas de fragmentación vs. prácticas de articulación: limitaciones y retos del barrio como dispositivo de planificación neoliberal en Chile. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 81, 2698, 1–38. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.21138/bage.2698

Letelier, L.F. (2018). El Barrio en cuestión. Fragmentación y despolitización de lo vecinal en la era neoliberal. Revista Scripta Nova, vol. 22.

Letelier, L.F. & Tapia V. & Boyco P. (2018). ¿Nuevas territorialidades vecinales en el chile neoliberal? Polis Revista Latinoamericana, Nº 49, 2018, p. 55-78.

Letelier, L.F. & Micheletti, S. & Boyco, P.& Fernández, V. (2019). Problematización de las espacialidades vecinales como estrategia de intervención comunitaria. GeoGraphos [En línea]. Alicante: Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la Universidad de Alicante, 2 de enero de 2019, vol. 10, nº 112 p. 1-22 [ISSN: 2173-1276] [DL: A 371-2013] [DOI: 10.14198/GEOGRA2019.10.112].

Letelier L.F. & Boyco P. (2019). Hallazgos y preguntas iniciales. En Lo Vecinal en Chile: conceptos, políticas y prácticas en disputa. Ediciones UCM.

McAdam, D. & Tarrow, S. & Tilly, C. (2005). Dinámica de la contienda política. Editorial Hacer.

Monje-Reyes, P. (2013). Los efectos territoriales de la modernización neoliberal en Chile. En Monje-Reyes, P. & F. G. Tenório (Eds.). Ciudadanía, territorio y políticas públicas: Pensando el desarrollo con democracia y ciudadanía territorial. Análisis de casos de Chile y Brasil. Santiago de Chile: Universidad ARCIS.

Rodríguez, A. & Sugranyes, Ana (Eds.) (2005). Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social Santiago de Chile. Ediciones SUR, Recuperado de: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=81

Salazar, G. (2019). Historia del Municipio y la soberanía comunal en Chile, 1820-2016. Editorial Universitaria.

páginas / año 15 – n° 38/ ISSN 1851-992X /2023

[1] Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto FONDECYT N° 1220173.

[3] Todo lo anterior es concordante con el diagnóstico que han hecho líderes y dirigentes sociales en los diálogos y las audiencias públicas desarrolladas por el Consejo Presidencial de Participación Ciudadana (2017) en distintas regiones durante el año 2016, que detectó: i) escaso poder para hacerse escuchar, hacer propuestas y demandas a las autoridades; y ii) instrumentalización política de los dirigentes y sus organizaciones. También es coincidente con el informe del Consejo Nacional de Participación Ciudadana del año 2017.

[4] Las organizaciones funcionales y grupos informales de los barrios tienden a representar intereses específicos, vinculados más directamente con las biografías e intereses de los sujetos. Dada la fragmentación existente, estas agendas, potencialmente más creativas, no son asumidas como desafíos de la comunidad territorial representada por la junta de vecinos.

[5] Tiene los siguientes componentes: i) labores de gestión interna (mantener la sede social, manejar el registro de socios, cobrar las cuotas, otorgar certificados de residencia); ii) la intermediación ante las autoridades para la solución de problemas muy específicos; iii) la organización de actividades de convivencia (celebración del Día del Niño, Día de la Madre o la entrega de juguetes en Navidad); iv) la organización de actividades de ayuda mutua, como la visita a enfermos y asistencia en caso de desastre; y v) en muchos casos, la organización de la demanda para postular a subsidios o actividades ofertadas por los gobiernos (viajes, canastas familiares, entre otros).