La Polícia de Segurança Pública portuguesa entre la Dictadura y la Revolución: continuidades y rupturas en busca de legitimidad para ejercer la autoridad (1960-1975)

The Portuguese Polícia de Segurança Pública between the Dictatorship and the Revolution continuities and ruptures in search of legitimacy to exercise the authority (1960-1975)

Maria Fernanda Rollo

História, Território e Comunidades,

Universidade Nova de Lisboa,

Centro de Ecologia Funcional,

Universidade de Coimbra (Portugal)

fernandarollo@fernanda-rollo.me

https://orcid.org/0000-0002-2249-7279

Adolfo Cueto-Rodríguez

História, Território e Comunidades,

Universidade Nova de Lisboa,

Centro de Ecologia Funcional,

Universidade de Coimbra (Portugal)

                        adolforodriguez@fcsh.unl.pt        

https://orcid.org/0000-0002-5443-8863

Pedro Marques Gomes

História, Território e Comunidades,

Universidade Nova de Lisboa,

Centro de Ecologia Funcional,

Universidade de Coimbra (Portugal)

pedrogomes@fcsh.unl.pt

https://orcid.org/0000-0002-3189-338

Resumen

Portugal alternó durante el siglo XX fases de relativa paz social con periodos de conflictividad, y, naturalmente, esas circunstancias tuvieron reflejo en sus fuerzas del orden y de seguridad. Aparentemente una de las inversiones más acusada del paradigma policial se produjo con la caída de la dictadura y el paso por el proceso revolucionario que precedió al asentamiento de la democracia en el país, a mediados los años setenta. Pero lo cierto es que desde 1960 el Estado Novo ya venía apadrinando una rectificación de la doctrina y de los medios policiales. Sin embargo, esos cambios no servirían a las fuerzas del orden para salvar una crisis de legitimidad y de autoridad después del 25 de abril de 1974. En este artículo analizaremos ese periodo a través de la Polícia de Segurança Pública (PSP), procurando identificar las rupturas, transformaciones y continuidades en el modelo policial a lo largo de esos 15 años.

Palabras Clave

Policía; Orden público; Estado Novo; dictadura; Revolución de los Claveles; Portugal.

Abstract

During the 20th century, Portugal alternated phases of relative social peace with periods of unrest, and naturally these circumstances affected its security forces. Apparently one of the most pronounced changes of the police paradigm occurred with the fall of the dictatorship and the passage through the revolutionary process that preceded the advent of democracy in the country, in the mid-1970s. But the truth is that the Estado Novo had already been enacting a correction of the police doctrine and resources since 1960. However, such changes would not serve the forces of order to save a crisis of legitimacy and authority after the Carnation Revolution of 25 April 1974. In this article we will analyze that period through the Polícia de Segurança Pública (PSP), while trying to identify ruptures, transformations and permanencies throughout those 15 years in the Portuguese police model.

Keywords

Police; Public Order; Estado Novo; dictatorship; Carnation Revolution; Portugal.

Introducción

El Regulamento de Informações, aprobado por el Ministerio del Interior de Portugal en 1962, arrancaba con estas palabras: “El fin último de la misión de la policía es garantizar el orden y la paz públicos, eliminando cualquier factor o adversario que los perturbe” (MI, 1962 a).^[1]

Por supuesto, la noción de orden público, cuando se utiliza en el marco del Estado Novo portugués (1933-1974), tiene una componenda represiva, porque se prende con los principios orientadores de su orden social y con la propia legitimidad de la dictadura (1926-1974).^[2] De hecho, el gobierno luso afrontaba la contestación política como la mayor amenaza para aquella “paz pública”, hija de un “orden” que no ofrecía cauces reales de participación ni garantías a la disidencia. E inevitablemente, en esa cosmovisión implicó el Régimen a todas sus marcas policiales. Así se desprende del mencionado reglamento, y así lo corrobora la abundante literatura existente sobre los mecanismos de control social utilizados hasta 1974 (Madeira, 2007; Pimentel, 2007).

Las fuerzas del orden pagarían aquel “compromiso” llegado el momento del cambio político, sobre todo porque a partir del 25 de abril de 1974 el país vivió una gran agitación social, alimentada por un proceso revolucionario (1974-1975) en el que los fundamentos de la nueva legitimidad política estuvieron en acalorada disputa. El resultado fue el desamparo institucional de las policías y la erosión de su autoridad en las calles.

A pesar de ser un instrumento primordial en cualquier Estado, la historiografía ha prestado, en general, poca atención a las corporaciones policiales como objeto central de estudio en Portugal. La excepción la constituyen las policías políticas, que durante el Estado Novo existieron bajo diversas siglas (Polícia de Vigilância e Defesa do Estado - PVDE entre 1933 y 1945; Polícia Internacional e de Defesa do Estado - PIDE entre 1945 y 1969, y Direcção-Geral de Segurança - DGS entre 1969 y 1974). Esta prioridad se comprende porque su estudio resulta fundamental para caracterizar al régimen autoritario de António de Oliveira Salazar y Marcello Caetano^[3], a lo que hay que sumar el beneficio resultante de la toma relativamente rápida de la sede de esta institución, el 26 de abril de 1974, y su inmediata extinción, lo que permitió que llegase hasta nosotros un archivo relativamente extenso. Los trabajos de Conceição Ribeiro (1995), Irene Pimentel (2007), Dalila Mateus (2011), María José Tíscar (2017) o Duncan Simpson (2022) ejemplifican bien ese interés.

La atención científica que han merecido los otros cuerpos ha sido bastante menor, más si comparada con el bagaje de otras historiografías como la francesa o la británica, ya con décadas de trabajo. Diego Palacios (2005) apunta con tino algunas razones: la prioridad otorgada, en los análisis de los cambios históricos, a los agentes instigadores de la ruptura frente a los resistentes o pasivos, como las fuerzas del orden; las fuentes documentales policiales, a pesar de su importancia, no suelen estar accesibles, y estos cuerpos desconfían de los investigadores ajenos. Así, en el caso portugués, durante muchos años la historia policial fue un coto de investigadores de las propias corporaciones (Trindade & Jesús, 1998). João Cosme (2006) es un pionero dentro de la academia. Más recientemente, trabajos como los de Maria João Vaz (2007 y 2014), Gonçalo Gonçalves (2007) y de este junto a Susana Durão (2017) han contribuido a complejizar el panorama. Aunque la obra de referencia en esta materia sigue siendo Portugal à Coronhada, de Diego Palacios Cerezales (2011). Con todo, el campo de estudio es vastísimo, cronológica, geográfica, institucional y temáticamente hablando, y sigue con muchos aspectos por explorar.

Sobre las policías portuguesas en la transición política, el conocimiento que tenemos es todavía más exiguo, y otra vez la policía política acapara la atención, aunque solo sea para conocer los avatares de su extinción (Raimundo, 2007; Pimentel, 2017; Araujo 2019)^[4]. En cuanto a las corporaciones que sobrevivieron al fin del Estado Novo, apenas disponemos de un puñado de publicaciones: de nuevo los trabajos de Diego Palacios Cerezales (2002; 2010), el libro sobre la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Nuno Andrade (2008) y una síntesis reciente de Pedro Marques Gomes (2020). Da la impresión de que, si estudiar el aparato policial, y más específicamente las policías políticas, es fundamental para conocer la fisionomía de cualquier dictadura, la falta de ese último tipo de agencia en democracia desprovee a todas las demás de interés histórico. En este sentido, la descripción que hace Gabriela Águila (2016) del papel de la Policía Federal, ya antes de la implantación de la dictadura en Argentina, confirma el desatino de dicho desinterés.

Hacemos nuestras las palabras de Diego Galeano, cuando, socorriéndose del pensamiento de Walter Benjamin, afirma que:

“La policía no puede pensarse meramente como una instancia de aplicación del derecho, no es sólo la representación de la ley en la calle. Es un poder en sí mismo, cuya ontología se sitúa entre el legislador y el político, entre el poder que crea derecho y el poder que lo conserva” (2007, pp. 103-104)

Por supuesto, tenemos los ejemplos de otras historiografías que llevan largo tiempo trabajando este campo de la Historia de la policial. Disponemos de obras generales (Emsley, 2007 y Rossol, 2013), pero también publicaciones centradas en las realidades nacionales, como, por ejemplo, sobre la policía inglesa (Young, 1991; Emsley, 2009), la francesa (Berlière & Lévy, 2011; Berlière, 2018), la italiana (Dunnage, 2012; 2021), la belga (Denys, 2013), la norteamericana (Wilson, 2000), la argentina (Águila, 2016) o la española (Jaime-Jiménez, 1996 y Vaquero, 2018), como centradas en épocas y ángulos de abordaje distintos.

En este artículo pretendemos contribuir a colmar esa carencia historiográfica en Portugal, participando en la caracterización de las fuerzas policiales lusas en “transición”. Lo haremos a través del caso de la Polícia de Segurança Pública (PSP), prestando especial atención a los avatares de su autoridad en la manutención del orden público, una función particularmente sensible, y por eso legitimada y contestada. Nos remontaremos a los cambios que se empezaron a implementar en esta fuerza ya en los años sesenta, como respuesta a la primera de las dos olas de  agitación social vividas en la fase final del Estado Novo, y terminaremos con la clausura de la fase revolucionaria, el 25 de noviembre de 1975, que abrió la puerta a la institucionalización de la democracia vigente hoy en Portugal.

Queremos situarnos en ese marco cronológico más amplio, ya que muchas veces los cambios se atribuyen a procesos históricos relativamente breves, con algún equívoco; a la par que también pretendemos identificar las continuidades, que sobreviven incluso a las rupturas, como la que se produjo el 25 de abril de 1974. Nos centraremos en esa fuerza eminentemente urbana, para demostrar que hubo transformaciones en esos último trece años y medio de dictadura, sobre todo en el terreno técnico-profesional y formativo, y que entre ellas también se contaron algunas que caracterizarían a la futura policía de la Democracia. Cambios que convivieron, naturalmente, con muchas permanencias, que no fueron necesariamente las razones únicas del desacato popular que vivó la PSP durante la Revolución (1974-1975).

Esta reflexión consideramos que es oportuna, además, porque la fundamentaremos con algunos documentos del Archivo de la PSP, en proceso de organización y por eso inéditos hasta el momento^[5]. Datos que pondremos en diálogo con otras fuentes primarias, con información periodística, legislación y, naturalmente, con algunas de las ideas sustentadas por otros autores.

El texto se organiza en tres partes. Empezaremos haciendo un breve esbozo del dispositivo policial del salazarismo para situar en él a la PSP y a sus agentes, hasta 1960. Pasaremos enseguida a analizar los cambios implementados entre esa última fecha y 1974. Y en el último apartado relacionaremos ese bagaje con la vivencia de la policía durante la fase revolucionaria.

El aparato policial del Estado Novo hasta 1960

El golpe de Estado de 28 de mayo de 1926 puso a Portugal en la senda de la dictadura, aunque no sin contratiempos. Buena muestra de ellos es que su forma institucional definitiva no llegaría hasta siete años después, en 1933, con la constitución del Estado Novo. Y esa incertidumbre política inicial se tradujo también en un proceso de reorganización policial errático. Sin embargo, clarificado el destino político del país, el dispositivo “securitario” del régimen de António de Oliveira Salazar quedó conformado en sus líneas maestras en relativamente poco tiempo, entre 1933 y 1935.

Igual que en otros países europeos, como Francia, España o Italia, la estructura policial portuguesa se articulaba en torno a dos cuerpos: una gendarmería rural, la GNR (desde 1911) y una fuerza civil urbana, la PSP, que entre 1867 y 1935 no fue sino un conjunto de cuerpos distritales autónomos (Gonçalves, 2015, pp. 470-493). Obviando otras fuerzas con funciones muy específicas^[6], el esquema lo completaba en Portugal una policía política, en la medida en que la defensa del orden político estaba por encima de los derechos de los ciudadanos y, en última instancia, su acción “preventiva” se consideraba cardinal también para anticiparse y atajar cualquier amenaza a lo que entonces se entendía por seguridad interior. De hecho, tanto la GNR como la PSP estaban obligadas a informar y cooperar bajo las instrucciones de la PVDE^[7], el cuerpo que en 1933 agregó las varias siglas policiales que antes se habían ocupado del seguimiento a la oposición política y de otras labores.

A pesar de la imposición en las querellas interiores de las huestes de Salazar, los años treinta y cuarenta no fueron tranquilos en Portugal (Patriarca, 2000), también reflejo de las turbulencias que azotaban el mundo, desde la crisis de 1929 a las guerras^[8].

La PSP atravesó todo este proceso con pequeñas adecuaciones a partir de lo que se había heredado de varias normas de 1927^[9]. A pesar de ser un cuerpo civil, su dirección estaba militarizada. Es decir, los mandos venían del Ejército para cumplir comisiones de servicio temporales en la policía, y de aquella escuela traían esos oficiales también sus saberes. Esta tutela castrense sobre la policía era vista, aparte de como garantía de disciplina, también como salvaguarda de la adhesión política (las Fuerzas Armadas eran, en última instancia, el soporte del Régimen). Y, de hecho, ese control no hizo sino robustecerse durante el salazarismo, que en 1935 entregó el mando centralizado de (casi) todas las fuerzas distritales, a un oficial superior del Ejército, en calidad de comandante general de la PSP^[10], renegándose de las tentativas precedentes de subordinar el cuerpo a un magistrado civil, lo que no deja de ser significativo.

Las patentes intermedias seguían siendo civiles, pero sus ascensos dependían apenas de la superación de un examen. Y si el modelo de promoción era frágil, el de formación policial era casi tan precario como en el pasado (Vaz, 2007; Rollo, 2022).

En el caso de los guardias, que constituían la base de la pirámide, apenas tenían unas semanas de instrucción y un largo periodo práctico de dos años antes de pasar al efectivo. Por eso, a la hora de incorporar nuevos agentes también se daba prioridad a los candidatos oriundos de los cuarteles, porque se confiaba en que la obediencia compensaría de alguna manera aquella debilidad estructural. Por otra parte, para optimizar el efectivo, la dictadura fijó condiciones de edad más restrictivas a los aspirantes, así como para permanecer en el cuerpo^[11]. Porque el vínculo de estos policías con la PSP era contractual y debía renovarse, suerte que dependía del cumplimiento de aptitudes morales, profesional y de salud y desempeño físico.

Pero no satisfecho con esos resortes de control institucional, a mediados de los años treinta el Régimen exigió a los aspirantes a guardias garantías adicionales, preocupado por el contagio de la inestabilidad política que se vivía en la vecina España. En 1935 pidió a todos los funcionarios y contratados públicos una declaración de honor en la que negasen cualquier vínculo con organizaciones secretas^[12], y en 1936 revalidó la obligación de entregar un manifiesto de acatamiento del orden social vigente y añadió el repudio activo del comunismo^[13]. Más aún, entre los expedientes de los guardias de estos años se cuentan avales diversos de su idoneidad política y moral, por ejemplo, de administradores locales^[14], de miembros de la União Nacional^[15] (el partido del Régimen) y por supuesto de la policía política^[16].

En síntesis, el acceso de los candidatos a guardias a un salario público dependía de la “opinión” de los elementos locales prominentes ligados al Régimen y de la PVDE, y su conservación estaba condicionada por un régimen laboral fuertemente coactivo. De este modo, estuviesen o no politizados, los policías difícilmente podrían ser refractarios al orden estadonovista, a pesar del desarraigo en el medio urbano y de las tentativas de captación de las fuerzas de la oposición al Régimen. Mecanismos de control sobre la idoneidad política que se perpetuarían hasta 1974^[17].

En  justo pago a su fidelidad en aquel contexto de ausencia de libertades, la autoridad de la PSP fue reforzada en las calles, a través del estimuló del espíritu de cuerpo (Cueto-Rodríguez, 2020); renovando la “garantía administrativa” que protegía a los guardias contra procesos judiciales^[18], y gracias a pequeñas mejoras durante la segunda mitad de los años treinta, en materia de instrucción operativa, equipamientos y armamento, tal vez más exhibidas que reales, pero en todo caso suficientes para intimidar a los “adversarios” potenciales^[19].

Tras el final de la Guerra Mundial, las conveniencias del orden internacional, algún arreglo cosmético en lo político, el control de todos los resortes de la participación cívica y, por supuesto, la ayuda inestimable de esta y de las restantes policías, le bastaron al régimen autoritario de Salazar para sobrevivir al fin del ciclo de los fascismos en Europa (Rosas, 2012, pp. 188 y 221-235).

Las esperanzas de cambio político tendieron a deprimirse y también las tensiones sociopolíticas en el país, lo que permitió, entrada la década de los cincuenta, que la PSP relajase su forma de estar en las calles^[20]; aquello y el hecho de que el peso de “disuasión” contra la protesta pasó a recaer en mayor medida sobre la policía política, que vio sus poderes ampliados desde su transformación PIDE, en 1945 (Barreiros, 1982). Pero esto no significa que la PSP fuese muy diferente de aquella del primer salazarismo.

Las elecciones presidenciales de 1958 marcaron un cambio de ciclo político y consecuentemente el inicio de las reformas más consistentes en la policía. La candidatura del general Humberto Delgado logró aglutinar a las diversas fuerzas de la oposición para disputar la más alta magistratura del Estado al candidato oficial^[21]. Aunque una victoria de Delgado era altamente improbable en los mimbres de aquellas farsas electorales del Estado Novo, la movilización popular hizo estremecerse al Régimen y llevó al Gobierno a tomar medidas policiales y militares para prevenir el enardecimiento de los ánimos.

Marcello Caetano, que era ministro y la cabeza visible de la facción aperturista del Régimen, y asistió a toda esta situación, describió tumultos y el intercambio de disparos entre civiles y policía en las inmediaciones de su casa, en Lisboa, con ocasión de un mitin de Delgado. Según quien en 1968 substituiría a Salazar al frente del Ejecutivo, aquello le llevó a insistir en la conveniencia de que las fuerzas del orden tuviesen una escala de reacción predefinida, para “evitar hasta el último extremo el empleo de armas de fuego” dentro de las ciudades. Al parecer, el suyo fue tenido por un punto de vista “débil”, no sabemos si desde una perspectiva policial o por cosechar poco apoyo dentro de aquel gobierno (Caetano, 1977, pp. 562-565).

En el terreno estrictamente político, por primera vez la candidatura de la oposición llegó a las urnas, para ser derrotada con recurso al fraude. Para evitar peligros similares en el futuro, el Régimen reformó la Constitución en 1959 y dispuso que la elección del jefe del Estado pasase a ser indirecta^[22].

En el terreno policial y del orden público, también era evidente que debían tomarse providencias urgentes. Y el Gobierno procedió enseguida, aunque ya sin Caetano entre sus ministros.

La “reforma” policial de un Régimen a la defensiva

Para ser justos, si una palabra caracteriza algunos de los cambios en materia policial de los años sesenta y setenta, tal vez sea “provisional”, un estatuto precario justificado casi siempre por dos ideas: la “urgencia” y la falta de presupuesto. En cualquier caso, esos cambios, vistos en perspectiva, terminarían asentándose como parte de una reforma; eso sí, más por acumulación de correcciones que por su carácter planificado.

En 1960 Portugal era un país distinto, receptor de turistas, en industrialización y más urbano. Esta metamorfosis fue responsable en parte de la crisis de legitimidad del Régimen, claramente vislumbrada en la campaña de 1958. De hecho, fue a la ciudad, feudo de la PSP (y de la PIDE), a donde se transfirió el grueso de la protesta (Palacios, 2011, pp. 319), que se verificaría intensa entre 1958 y la crisis académica de 1962, y después otra vez entre 1969 y 1974.

El gobierno de Oliveira Salazar, otrora tenido en las cancillerías occidentales por útil y aceptable, empezó a ser mal percibido a raíz del desenlace de los comicios de 1958, y sobre todo por su rechazo perentorio a la descolonización, que en diciembre de 1960 ya le valió la primera de muchas condenas en la ONU. Pero el momento álgido llegó en 1961, cuando la situación en las colonias africanas de Portugal derrapó hacia la guerra de emancipación (Angola, 15 de marzo).

Aunque el Régimen no estaba sujeto a la voluntad popular, no podía ignorar el “estado de espíritu” en el interior ni tampoco las opiniones públicas extranjeras, especialmente en aquella tesitura. Fuera se jugaba su “genuina” representatividad política y con ella también la credibilidad del “mandato” nacional que se arrogaba para impedir la descolonización. En el interior, era la propia utilidad del Estado Novo para la sociedad portuguesa lo que estaba en solfa. Y desde el punto de vista policial, es aquí donde tenemos que traer a colación una idea ya esgrimida por Diego Palacios (2011, pp. 283 y siguientes): los costes políticos de la represión; a la que hay que sumar otra, la necesaria percepción social del servicio público policial. Dos caras de una misma moneda, que guiarían los cambios en la PSP durante los últimos trece años de vida del Régimen.

Contra pronóstico hasta cierto punto, ese escenario nuevo llevaría a los mandos policiales y al Gobierno a concebir un dispositivo antidisturbios nuevo, en alguna medida a imitación y homologable al de las democracias occidentales (Palacios, 2011, p. 332). Claro que la tecnificación de los modos policiales no les restaría carácter represivo a sus intervenciones, una vez que el Estado Novo negaba los derechos cívicos más básicos, incluida la libre manifestación.

Siempre bajo el signo de la “provisionalidad” impuesta por la “urgencia”, en abril de 1960 se creó por decreto la primera Companhia Móvel da Polícia (CMP). En un preámbulo escueto, se esgrimían algunos de los argumentos relativos a los cambios sociales ya referidos, así como la necesaria incorporación de los métodos policiales más modernos para justificar la formación de la unidad^[23].

Directamente dependiente del Comando General de la PSP, componía la CMP poco más de 200 elementos. Se inspiraba en las compañías republicanas de seguridad francesas, ampliamente probadas; pero tenía un precedente nacional en la efímera Compañía de Choque de la PSP de Lisboa, que había existido a finales de los años treinta. Y lo cierto es que la CMP tenía algunos puntos en común con aquella: se trataba de una unidad de reserva, mandada por un militar, con elementos especializados y entrenados, adecuadamente pertrechada y con disponibilidad permanente e inmediata. Difería, sin embargo, en la doctrina operativa y, consecuentemente, también en el equipamiento.

Si bien existió una preocupación por reducir la letalidad en los años treinta (Palacios, 2012), los supuestos de intervención entonces solían caracterizar al oponente como una guerrilla urbana, armada y atrincherada, por lo que el objetivo era la reducción y apresamiento de todos los revoltosos, aceptándose incluso el extremo de la eliminación física^[24]. De ahí que, aparte de los gases lacrimógenos, que tenían ambas fuerzas, la unidad de choque primigenia disponía de armamento puramente militar^[25]. Llegados los años sesenta, la PSP dejaba lejos aquel paradigma de la disuasión y la punición garantizada, optando por la codificación precisa de su escalada represiva (MI, 1962 b). Esto, si por una parte revela la previsión de modelos de protesta predominantemente no violenta o de baja intensidad, por la otra demuestra la asunción de los métodos antidisturbios de las democracias vecinas (Della Porta & Reiter, 1996; 1998; Gillham, 2011). De ahí que, tanto el modo como los medios de actuar en los sesenta se encaminaban hacia la disolución de las manifestaciones y a la identificación, detención y entrega a la PIDE de los cabecillas, para así evitar una escalada. Los agentes de la CMP debían portar bastones y pistola como material básico (MI, 1962 c, pp. 7-14), y el uso de las armas de fuego también se fue restringiendo cada vez más^[26], al tiempo que fueron apareciendo otros medios para la dispersión de masas, como los camiones con cañón de agua y los perros.

En las Instruções Provisórias sobre Organização e Emprego da Companhia Móvel e Unidades da PSP (MI, 1962 c) se recogía que la gravedad del desorden dependía de la organización, y que esta derivaba normalmente de un trasfondo político “subversivo”. Pero, maniqueísmos aparte, ese “manual” también armonizaba la operación policial con la de sus congéneres europeas, por ejemplo, en la comprensión de que en las protestas existían elementos activos, pasivos y accidentales; en el hincapié que hacía en la progresividad de la respuesta policial; en que a veces la intervención resultaba contraproducente, y en la idea de que los elementos de la CMP no debían tenerse por el recurso último (para evitar acciones extremas). En definitiva, el recelo hacia la matriz política de la protesta convivía con el propósito de minimizar los costes humanos y sobre todo políticos de la represión, compartido incluso por la dictadura española en aquellos mismos años (Ballbé, 1985; Casanellas, 2014, p. 20-21).

Para una mayor eficiencia represiva y en abono de la misma modernización técnica, en 1962 la PSP divulgó el Regulamento de Informações (MI, 1962 a) con el que iniciamos este artículo. El documento ordenaba los procedimientos de captación, procesamiento y distribución de información policial a nivel nacional, sobre todo de aquellas situaciones (políticas, sociales, económicas, académicas…) susceptibles de alimentar desórdenes.  En este dominio, los “Dossiers Periódicos de Informação” (PERINTREP)^[27] emergen como un instrumento central para el conocimiento corporativo de la situación general del país, fundamentales además para la preparación de las operaciones de manutención del orden normal; aunque probablemente también alimentarían la inteligencia de la policía política, como invitan a pensar las prácticas mejor documentadas de otros contextos represivos (Scattiza, 2017).  

Los PERINTREP revelan, por ejemplo, que la policía preparaba sus dispositivos de cara a la oposición democrática — incluso del Partido Comunista Portugués, en la clandestinidad— con base en el calendario conmemorativo, en actos avisados o en eventos programados por el propio Estado, como las citas electorales; lo que a la postre revela los métodos y las reales capacidades de estos activistas. Más imprevisibles eran las acciones de los medios estudiantiles, y por eso desde la crisis académica de 1962 la atención que les prestaba la PSP fue ganando relieve^[28].

Sin embargo, entre esa convulsión estudiantil y la que explotó en Coímbra en 1969, el país atravesó un periodo de relativa calma, propiciado por la capacidad del Régimen para amortiguar el impacto de las guerras africanas^[29], por la salida de muchos jóvenes en busca de un futuro mejor en Europa y porque el país experimentó un crecimiento económico notable (Mattoso & Rosas, 1998).

La protesta volvió a intensificarse durante la última fase del Régimen, con Marcello Caetano al frente (1968-74). Sobre todo, debido al malogro de su amago de apertura política (1969/70); a la relajación del control del Estado sobre las estructuras sindicales oficiales, que permitió la infiltración de elementos de la oposición (Durán Muñoz, 2000, pp. 130 y 131); al desgaste social producido por las guerras en África y al repunte de la inflación en los primeros años setenta. Junto a las protestas de trabajadores industriales (huelga de la Lisnave, 1969) y de servicios, el inconformismo estudiantil se convirtió en una especie de obsesión en la fase final del Estado Novo, sobre todo a raíz de la crisis académica de Coímbra (Namora, 1989). No en vano el presidente del Gobierno hizo frecuentes alusiones al “problema de la juventud” en sus discursos^[30], preocupación que también se refleja en los documentos de vigilancia policial^[31].

En estos mismos años es cuando surgen en Portugal grupúsculos que recurren a la “lucha armada”, como sucedía en otras partes del mundo. Y, por supuesto, esto también afectó al dispositivo securitario de un Régimen que empezaba a sentirse acosado. De hecho, apeado del poder, Caetano (1977, p. 565) culpabilizó a la emergencia del “terrorismo” del fracaso de sus esfuerzos para “humanizar la represión” policial.

Porque tanto el Gobierno como los mandos policiales tenían claro que era necesaria la moderación de la fuerza, como demuestra esta circular de 1972:

“Resulta por eso preciso, recordar el contenido de la Directiva confidencial de este Comando General de 4 de septiembre de 1970... y añadir algunas instrucciones más de tipo doctrinal, para evitar que sean imputados a esta fuerza, excesos en la represión de los desmanes de algunos grupos. [Estos] preceptos persiguen evitar sobresaltos al Gobierno, fruto de la actuación policial, y se basan en directivas dadas expresamente por Su Excelencia el presidente del Consejo de Ministros.”^[32]

Sin embargo, esa consciencia no evitó episodios desatinados como el desalojo por la fuerza de un colectivo que hacía una vigilia por la paz y contra la guerra en la iglesia de Rato, en Lisboa, pocos meses después; o las cargas de la CMP en Aveiro, en abril de 1973, contra un cortejo pacífico de miembros de la oposición democrática^[33], o contra una concentración de trabajadores de TAP (compañía aérea nacional) el 11 de julio de 1973, en Lisboa (Pérez, 2008, p. 29).

Hechos como estos terminarían consolidando en el imaginario de una parte substancial de la sociedad urbana portuguesa, precisamente aquella más activa en la contestación política durante el final del Estado Novo, el carácter represivo de la CMP, y por extensión de toda la policía, colaboracionista además con la odiada PIDE/DGS. Un buen ejemplo de este antagonismo fueron los incidentes ocurridos el 26 de agosto de 1970, cuando la simple presencia de la CMP en las inmediaciones de una concentración de jóvenes en Estoril, bastó para desencadenar los disturbios; un error reconocido pocos días después por la propia PSP en documento interno^[34].

De poco serviría el pretenso profesionalismo de los antidisturbios ni otros cambios, lentos pero reales, que en el seno de la PSP persiguieron también la utilidad pública, tan deseada por los regímenes autoritarios entregados a la tecnocracia salvífica^[35]. Nos referimos al acercamiento de los servicios de seguridad a la población, bien de forma activa: a través, por ejemplo, de la adquisición de coches radiopatrulla que aumentaron la movilidad y la visibilidad de los agentes en las calles y en las periferias urbanas^[36], o bien de forma pasiva: por ejemplo, incorporando mecanismos tecnológicos que facilitaban la prestación de socorro policial y sanitario de emergencia (una función de la PSP reforzada en 1965)^[37]. Y otro tanto habría que decir de la puesta en marcha, en 1967, de la Escola Prática da Polícia (EPP), un anhelo antiguo del cuerpo, que debía redundar en la querida mejora de la formación de mandos y agentes (Cueto-Rodríguez, 2020; Rollo, 2022).

El esfuerzo hecho por la PSP en las colonias africanas, donde mantuvo en servicio durante catorce años hasta doce compañías móviles, con un efectivo permanente de en torno a 1.900 hombre en rotación constante por periodos de dos años de servicio, tampoco le daría mejor crédito popular. Aquella causa patriótica era ya en la fase final del Estado Novo un puñado de guerras ilegítimas para los futuros responsables del poder, y un escenario más en el que la simbiosis entre el Régimen y la policía se exhibía, por ejemplo, en los actos de honra a los caídos^[38] y en el Día de la PSP^[39]. También porque la falta del calor popular de antaño a los agentes que partían o retronaban de las colonias^[40], la compensaron los gobiernos de Caetano con un abrazo institucional al cuerpo mayor y más visible^[41].

Paradójicamente, el nivel de exigencia humano de los conflictos africanos fue uno de los factores que estimularon el inicio de dos cambios que terminarían por caracterizar a la PSP de la Democracia. El primero, la desmilitarización del mando policial, resultante de la necesidad de oficiales militares para conducir las operaciones de guerra en las colonias, que obligó a la tímida promoción de civiles de la propia PSP a puestos de responsabilidad que antes les estaban vedados. El segundo, el acceso de la mujer a la institución (1972 y 1973) debido a la falta de candidatos masculinos (Durão, 2017), a su vez provocada, de una parte, por la abultadísima emigración hacia Europa (Carvalho, 2011) —también alimentada por las guerras, sobre todo la ilegal— y de la otra, por la avidez de soldados de las Fuerzas Armadas, que detraían durante al menos los dos años de servicio militar obligatorio a los candidatos potenciales más jóvenes, por la competencia de las policías congéneres de las colonias sobre los que terminaban el servicio y por la previsión para quienes se alistasen en la PSP de que serían destinados a alguna de las compañías móviles que operaban en África y por la dificultad de transferir el salario a la metrópoli.^[42]

El 25 de abril de 1974: la PSP en un país en revolución

El golpe de Estado perpetrado por el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) el 25 de abril de 1974, acabó con una dictadura de casi cincuenta años. Una Junta de Salvación Nacional (JSN) asumió el poder de forma transitoria y las principales instituciones del Régimen fueron disueltas. Al frente de esa Junta se colocó el general António de Spínola, quien el 15 de mayo se convertiría en el primer presidente de la República pos-estadonovista. El primer Gobierno Provisional, liderado por Adelino da Palma Carlos, tomó posesión al día siguiente.

Se inauguraba un periodo de enorme agitación. Los movimientos y conflictos sociales y las luchas político-militares se multiplicaron en defensa de proyectos políticos muy distintos para el país futuro. Tras décadas de censura, el Programa del MFA proclamaba la libertad de “expresión y pensamiento”, de “reunión y de asociación”, entre otras, y se comprometía a adoptar medidas para hacerlas efectivas. En lo que a la PSP respectaba, preveía, como medidas inmediatas, su “reorganización y depuración”. Era, en verdad, previsible que una fuerza policial connotada con el régimen depuesto, debido a su carácter represivo y al recurso a la violencia, tuviese que pasar por un trance difícil de adaptación, para adecuarla al tiempo nuevo que se vivía, aunque la evolución futura de la situación fuese incierta^[43].

En el plan general de operaciones para el día 25 de abril, la PSP figuraba entre las “fuerzas enemigas” (Rezola, 2007, p. 55) y por eso el MFA apeló, en varios de sus comunicados de aquel día, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no se opusiesen a las operaciones de los militares^[44]. Hubo, con todo, al menos una tentativa de intervención por parte de la CMP, que terminó por no ocurrir. Sobre las 22h00, el MFA informó, en un nuevo comunicado, que la policía se había sumado totalmente al Movimiento de los Capitanes. Sin embargo, al día siguiente, en la Plaza de Camões, en pleno centro de Lisboa, en medio de la euforia popular, tres furgonetas de la policía antidisturbios fueron rodeadas por la multitud con la intención “hacer justicia popular”. El incidente se saldó con varios disparos de la CMP, de infantes de marina y de la policía militar, resultando muerto un agente de la PSP (Monteiro, 2019, p. 141). La policía estaba allí para evitar la aproximación ciudadana a la sede de la PIDE/DGS, que en breve iba a ser rendida. Arrancaba una fase en la que la autoridad de la policial y hasta su presencia en las calles, empezaban a retroceder.

Tal y como preveía el Programa del MFA, las jerarquías superiores de la PSP —los comandantes— fueron cesados y substituidos. Naturalmente, el general Tristão Carvalhais, comandante general de la Policía, fue apartado de inmediato, asumiendo el mando en su lugar el coronel José Neves Cardoso, un hombre de la confianza del general Spínola. En su primer mensaje a los comandantes distritales, el nuevo comandante general dejó patente la importancia de lavar la imagen de la PSP ante la ciudadanía, un protagonista hasta ahí desconocido que irrumpiría con fuerza en escena. Cardoso, consciente de que aquel propósito pasaba, desde luego, por una metamorfosis interna, dijo: “hay que mentalizar inmediatamente al personal de la PSP, a todos los niveles, de que la policía tiene que ser percibida por la población como suya” ^[45].

No sería tarea fácil. Desde el derribo del Régimen hasta el 25 de noviembre de 1975 la conflictividad social general, y particularmente la de cuño laboral, creció enormemente, así como también evolucionó cualitativamente hacia formas de lucha más radicales, que desbordaron claramente el régimen de libertades dispuesto y sustentado por las nuevas autoridades, por ejemplo, en materia de huelgas^[46]. De ello es buen ejemplo la proliferación de comisione de trabajadores, que enseguida reclamaron y lograron la “depuración” de los patrones y la puesta en autogestión de muchas unidades fabriles (Durán Muñoz, 2000). Como refiere Diego Palacios Cerezales (2011, p. 338) “en la cultura política emergente durante la revolución, policía y represión equivalían a fascismo, ilegitimidad e incompatibilidad con la democracia”.

A pesar de todo, fueron varias las iniciativas lanzadas por la PSP para resaltar el valor de su servicio a la población. Esto, mientras la CMP, que la población asociaba a actos de represión contra la oposición al Estado Novo, era desactivada.

Efectivamente, los nuevos responsables políticos —los varios presidentes de la República, primeros ministros, ministros de la Administración Interna— no dejaron de reiterar la importancia del mantenimiento del orden público, de la seguridad de los ciudadanos, de la preservación del patrimonio, de la estabilidad social, etc. Sin ir más lejos, en agosto, y por tanto ya durante el segundo Gobierno Provisional, presidido por Vasco Gonçalves, el ministro de la Administración Interna, Manuel da Costa Brás, que tutelaba la PSP, defendió como una de sus principales prioridades la “consolidación de la tranquilidad pública”^[47]. Sin embargo, la población más politizada y los trabajadores, en general, recordaban las cargas policiales de antaño, y recibían a la policía con hostilidad, tachándola de fascista, particularmente cuando sus intervenciones pretendían ir más allá del simple “acto de presencia” en situaciones de conflicto (Cosme, 2006, p. 226). La debilidad de los nuevos poderes públicos, la “confusión” en cuanto al orden jerárquico de las diferentes entidades de poder, la desconfianza mayoritaria hacia la policía y los costes de imagen de emplear su fuerza como hiciera la dictadura, eran el reflejo de la crisis del propio Estado (Durán Muñoz, 2000 y Palacios Cerezales, 2003). Todo esto se tradujo en la relegación de la PSP a un plano secundario en las concentraciones populares, sobre todo desde la creación, en julio de 1974, del Mando Operativo del Continente (COPCON en sus siglas en portugués), liderado por uno de los principales “estrategas” del golpe de 25 de abril, Otelo Saraiva de Carvalho.

El COPCON era una estructura militar con poderes para “intervenir directamente en el mantenimiento y restablecimiento del orden, en apoyo de las autoridades civiles y a petición de estas” cuando se constatase la “insuficiencia de las fuerzas militarizadas”, es decir, policiales, o en “situaciones en las que se torne inconveniente el recurso a ellas”^[48], una premisa, esta última, expresiva del estado precario de la PSP frente a las protestas. En realidad, la policía quedaba subordinada a ese organismo, aparentemente de segunda instancia, en términos de control del orden público.

No significa esto que la PSP dejase de estar presente en grandes aglomeraciones. Estuvo incluso envuelta en situaciones con algún grado de complejidad, como el desalojo de los trabajadores en huelga del Jornal de Comercio, en Lisboa, la noche del 26 al 27 de agosto, aunque lo hiciese acompañada por fuerzas militares (Pérez, 2008, 104). Pero pasaría a intervenir en un plano de reserva. Así, fue el COPCOM el encargado de acabar por la fuerza con la huelga de los trabajadores de TAP, casi al mismo tiempo, el día 27 de agosto (Pérez, 2008, p 115). Todo esto en un contexto de fuerte agitación de los obreros fabriles, de las comisiones de moradores y de los profesionales liberales, que en muchos casos desoían los llamamientos de los poderes político y militares, de los sindicatos y de los partidos de clase, como el Partico Comunista o el Partido Socialista, a la moderación, y empujaban con sus actos el proceso revolucionario ante la ausencia de cualquier respuesta de “contención” por parte de las fuerzas del orden. De hecho, de los 958 conflicto contabilizados por Rafael Duran entre el 25 de abril de 1974 y el 25 de noviembre de 1975, sólo se registraron intervenciones de la fuerza pública en 25 ocasiones, siendo que en 10 de ellas podría decirse que los militares, y en menor medida la policía, consintieron tácitamente las protestaban (2000, p.232).

Así, el grueso de las atribuciones de la PSP hasta el cambio de ciclo de finales de 1975, tendieron a reducirse a la regulación del tráfico urbano; la prevención de la criminalidad y la vigilancia de vagabundos, mendigos, pederastas, prostitutas, etc.; la represión del crimen común, investigando y denunciando, deteniendo delincuentes y sospechosos, etc.; al control de la posesión y porte de armas y explosivos; y a la fiscalización aduanera, la lucha contra la especulación y otros delitos económicos.^[49]

Claro que la PSP también tenía otros problemas al margen de los de autoridad y legitimidad, atribuidas y reconocidas. Faltaban medios y recursos humanos. La media de edad de los agentes era alta y el salario seguía siendo bajo, a lo que había que añadir una formación y preparación profesional muy escasa para el momento político que se atravesaba^[50]. Y aunque los agentes que llegaron de las policías de las excolonias paliaron algo esa falta de efectivos, su incorporación no sería sencilla. Hubo que crear reglamentos especiales y cursos de “reciclaje”.^[51]

Intentando dar cumplimiento a la segunda directriz recogida en el Programa del MFA (“la depuración”), la PSP llegó a crear una Comisión Técnica para analizar las propuestas de expulsión que se recibiesen de los distritos, aunque se desconoce si efectivamente existieron denuncias para dicho fin.^[52]

Coincidiendo con la tentativa de golpe de Estado conservador de 11 de marzo de 1975, se produjo la destitución de Neves Cardoso como comandante general de la PSP, cargo en el que fue reemplazado por el general Pinto Ferreira, que acumuló la función con la de comandante general de la GNR, que ya ejercía. La revolución entraba en una nueva fase, con un protagonismo creciente, en la escena militar, de los sectores más a la izquierda, próximos al primer ministro Vasco Gonçalves, y del Partido Comunista Portugués (Rezola, 2007), un extremo que también se sentiría en la PSP.

La prevista reestructuración de la PSP tenía ahora en el horizonte más inmediato su fusión con aquella gendarmería, para lo que ya se había encargado un estudio a finales del año anterior. El general Pinto Ferreira no se apartó tampoco de la línea trazada por su antecesor, de concienciar al cuerpo de la necesidad de adoptar actitudes más próximas a la población, para crear una “PSP al servicio del pueblo”. Podría decirse que, en estos meses, la PSP seguía incidiendo en la imagen de utilidad pública, por una parte; mientras que por la otra entraba de lleno, por la fuerza de las circunstancias políticas y no por la evolución de la teoría policial, en el camino de antes respetar el derecho de manifestación que aplicar las leyes del Estado. Aunque fuese por accidente, la PSP se anticipaba a las policías democráticas, que en los años ochenta adoptarían mayoritariamente el paradigma de la “gestión negociada” frente a las protestas, o lo que es lo mismo, la tolerancia, la comunicación y el respeto de los derechos de reunión y expresión (Della Porta & Reiter, 1996; Della Porta & Reiter, 1998; Blay, 2013), aunque en el caso portugués se practicasen fuera del marco legal y a falta de instrucciones claras del poder político (Durán Muñoz, 2000, pp. 231 y siguientes). Esta fragilidad de la mediación de la fuerza pública entre quienes protestan, la ley y las autoridades políticas, ponen de relieve aquellas palabras de Diego Galeano, cuando decía de la policía que es “un poder en sí mismo, cuya ontología se sitúa entre el legislador y el político, entre el poder que crea derecho y el poder que lo conserva” (2007, pp. 103-104), aunque en este caso fuese un poder omiso.

La celebración el 11 de junio de la primera Asamblea General de la PSP, en la que participaron representantes de los diversos comandos distritales, para discutir cuestiones relativas al presente y a su futuro profesional^[53], es un fiel reflejo de la penetración en el cuerpo del ambiente revolucionario general. Corría entonces el llamado “verano caliente” de 1975, periodo álgido de la Revolución, marcado por la multiplicidad de documentos con proyectos políticos contrapuestos y por una sucesión de acontecimientos que pusieron al país al borde de una guerra civil (Reis, 1993).

Entretanto, la dimisión del comandante general de la GNR/PSP^[54] en septiembre, llevó al frente de la PSP al coronel Fernando Caldeira, y así, el plan de fusión entre los dos cuerpos policiales fue puesto en vía muerta^[55]. En vez de eso, la PSP y la GNR apenas fueron integradas en el Agrupamiento Militar de Intervención (AMI), y con eso la propalada reestructuración de la policía quedó también postergada. Es más, la previsión entonces de entregar equipamientos nuevos, armas y vehículos a la PSP, también para elevar la moral y la confianza de esta fuerza sometida a mucha presión política y popular (Rodrigues, Borga & Cardoso, 1979), preludiaba la inversión del ciclo de desautorización desde abajo y desde arriba.

Poco tiempo después, un nuevo golpe de fuerza puso fin al proceso revolucionario el 25 de noviembre. La Constitución de 1976 y las elecciones serían las bases de la legitimidad de la democracia portuguesa naciente, así como de la PSP que la serviría, con una autoridad renovada y diferente, contenida dentro de los principios y garantías recogidas en la Carta Magna y respaldada, ahora sí, por los nuevos poderes políticos, que hasta ahí no se había atrevido a soportarla, bien por desconfianza, bien por inconveniencia mediática. Por tanto, el grueso de la policía transitó profesionalmente casi incólume, por su saber hacer a la Democracia, pero también por necesidad práctica, dada la carencia de efectivos, y por decisión política. Eso sí, transitaba con el compromiso de adecuarse a esa nueva realidad político-legal, pues si el saber técnico ya lo poseía— y tal vez el mejor ejemplo de eso sea que los integrantes del nuevo Cuerpo de Intervención, la unidad antidisturbios creada en abril de 1977^[56], se nutrió mayoritariamente de los elementos de la extinta CMP—, los demás saberes, democráticos, debía aprenderlos con formación y práctica.

Conclusiones

El Estado Novo edificó, ya en los años treinta, un entramado destinado a tener una policía obediente, y lo mantuvo, a pesar de los cambios, hasta su caída en 1974. La PSP no dejó, en ese tiempo, de ser la policía de una dictadura, a pesar de las reformas.

Como instrumento al servicio del Estado se comportó durante toda la dictadura como espejo del clima social. Robusteció sus capacidades y sus métodos cuando la tensión repuntó, y relajó su forma de estar en los periodos de mayor tranquilidad. A partir de los años sesenta la PSP siguió las enseñanzas en materia antidisturbios y de servicio público en boga en Europa Occidental, aunque en el marco de un régimen autoritario y mezquino en la inversión. Todo ello en sintonía también con el anhelo del Estado Novo de legitimar materialmente su gestión durante sus años finales, y por supuesto dada la especial tesitura política en que se encontró a raíz de las guerras coloniales, que llevaron a que las opiniones públicas y los gobiernos aliados mirasen con lupa el comportamiento del régimen portugués, también en materia de gestión policial de la protesta. La minimización de los costes políticos de la represión y la exhibición de servicio público policial tendrían ahora tanto valor como la impronta expeditiva e intimidatoria de la Policía de los convulsos años treinta y cuarenta.

El Régimen buscó, así, una policía eficaz, pero con el paso del tiempo que fuese también eficiente, en el servicio y en el uso de la fuerza. En los años sesenta y setenta eso se tradujo en el robustecimiento de los servicios de asistencia policial, en la tecnificación de las intervenciones antidisturbios, en las mejoras materiales y en los cambios en el sistema de formación e información. La incorporación de la mujer y el avance de los saberes puramente policiales frente a los militares fueron innovaciones hijas más bien del accidente. Pero, inevitablemente, también hizo a la PSP partícipe del aumento de las tensiones políticas, de lo que resultaría un grave perjuicio para su continuidad operativa después del golpe de 25 de abril de 1974.  

La PSP difícilmente podría aprovecharse durante el periodo revolucionario de una legitimidad en construcción, cuando la misma forma política del Estado al que obedecía estuvo en larga discusión y la cobertura que le otorgaron los gobiernos provisionales fue poca. De ese modo, la PSP padeció una autoridad menguada, en primer lugar, porque la razón de la fuerza oscilaba entre unidades militares y movilizaciones populares, de lo que resultó, también, su relegación funcional a un segundo plano bajo las órdenes del COPCON.

La relación partidaria y personal de los nuevos representantes políticos tampoco redundaría en beneficio de la función policial. De hecho, la supresión de la CMP, casi al mismo tiempo que se extinguieron las instituciones y los instrumentos fundamentales del Estado Novo, como la DGS, son buena muestra de esa aversión, cuando no del temor a que la PSP sirviese de soporte a un contragolpe involucionista.

El mando de la Policía se entregó a individuos fieles al poder nuevo, mientras se debatían soluciones orgánicas y el futuro profesional de sus agentes, como había sucedido en otros cambios políticos abruptos, como durante la implantación de la República en 1910. En 1974/75 se impuso la continuidad institucional, más por falta de acuerdo político que por convicción, y esto tampoco favorecería la desvinculación del cuerpo del régimen depuesto en el imaginario popular, que no obstante mal aceptaba otra autoridad que la de los militares que habían tomado el poder. No se cambió el nombre, ni se creó otra fuerza policial permanente y fiel, con la salvedad del COPCON, y a pesar de las amenazas de las depuraciones, lo cierto es que, si se dio alguna, no fueron relevantes. Más todavía, el cuerpo hubo de dar empleo a sus hijos pródigos de las colonias, cuya importante aportación profesional está todavía por estudiar.

A pesar del amago de disolución de la tradicional rigidez jerárquica que representó aquella primera Asamblea General de la PSP, y de los ingentes esfuerzos por presentar al público una cara amable, con eslóganes como “al servicio del pueblo”, con el rostro femenino de sus agentes, con muestras de servicio cotidiano a los ciudadanos, su legitimidad en las calles no podía llegar sin el asentamiento del nuevo orden político, fruto de la concordancia mayoritaria de la sociedad portuguesa. No podría haber autoridad policial, consentida y sustentada, sin legitimidad reconocida.

La modelación de la policía democrática se produciría después de 1975, sobre todo a través de una apuesta decidida en la formación profesional (Rollo, 2022). Hasta ahí, lo que hubo fueron algunos cambios de largo recorrido, pocas reformas bien proyectadas y tal vez más continuidades que rupturas, con la única excepción después del 25 de abril de 1974 de la mentalización general de que se habían entrado en un tiempo nuevo, que exigía una policía también nueva. Al fin y al cabo, la policía debía acompañar el camino que pisaba el país entero.

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Recibido: 18/02/2022

Evaluado: 30/04/2022

Versión Final: 06/06/2022