LESSA, F. (2022). The Condor Trials. Transnational Repression and Human Rights in South America. Yale University Press: New Haven, Londres, 375 páginas.

La represión llevada adelante por las dictaduras del Cono Sur en los años ’70 ha sido y continúa siendo objeto de innumerables análisis. Del mismo modo, la colaboración entre los regímenes dictatoriales de la región ha llamado crecientemente la atención de investigadores e investigadoras. En este contexto se inserta la obra de Francesca Lessa, académica de la Universidad de Oxford y especialista en historia latinoamericana. The Condor Trials. Transnational Repression and Human Rights in South America es el punto de llegada de una prolífica investigación que comenzó en 2013 y que llevó a la autora a recorrer siete países en busca de valiosos testimonios y fuentes.

Lessa afronta una problemática de gran interés en el campo de la Historia Reciente y de los Derechos Humanos: la coordinación represiva puesta en marcha por los Estados genocidas en Sudamérica desde fines de los años ’60 y los procesos de lucha por la verdad y la justicia que comenzaron ya a fines de los ’70 y que continúan desarrollándose en la actualidad. El libro se concentra en la larga historia del Plan Cóndor, las sistemáticas violaciones transnacionales de los derechos humanos y los procesos de atribución de responsabilidades a sus autores.

La obra realiza una importante contribución a los estudios acerca de la justicia transicional desde una perspectiva innovadora. Tal como afirma Lessa en la introducción, éstos han privilegiado a los Estados como unidades de análisis, razón por la cual las violaciones de los derechos humanos que traspasaban las fronteras estatales frecuentemente eran dejadas de lado. Frente a ello, la autora despliega su propuesta de trabajar desde una perspectiva transnacional, la cual se desdobla y le permite analizar la realidad en dos planos: por un lado, cómo los Estados criminales desde fines de los años ’60 pasaron por alto las fronteras nacionales para facilitar la represión política de manera coordinada y, por el otro, la conformación de sólidas redes de justice seekers, “impulsores de justicia”, que también trascendieron las fronteras estatales para fortalecer la lucha por la justicia.

Asimismo, es insoslayable la contribución de la obra a la discusión actual del tema abordado, puesto que incluye los juicios post-2000 contra los perpetradores del Plan Cóndor, más precisamente, aquellos llevados a cabo en Argentina e Italia. Además, el libro está acompañado de una extensa base de datos que contiene información acerca de 805 casos de víctimas de violación transnacional de derechos humanos entre 1969 y 1981^[1].

The Condor Trials se divide en dos partes. En la primera, Lessa se concentra en la represión transnacional desencadenada para eliminar toda oposición política; en la segunda, coloca el acento en la justicia transnacional y en los incansables esfuerzos de los justice seekers.

Los primeros cinco capítulos dan forma a la parte I. El capítulo 1 tiene como eje la noción de “represión transnacional”. La autora se sirve de esta herramienta conceptual para referirse a los procesos de coordinación entre las fuerzas de seguridad de los Estados sudamericanos. Dichos procesos, entre 1969 y 1981, hicieron posible la sistemática represión de los opositores políticos. Además, Lessa propone una periodización en cinco fases, que resulta particularmente útil para comprender la gradual profundización de la represión transnacional, teniendo siempre presentes continuidades y rupturas. La primera fase, denominada “interacción embrionaria”, comprende el período que va de agosto de 1969 a enero de 1974. Lessa demuestra que el Plan Cóndor tuvo sus orígenes en este tipo de operaciones colaborativas ad hoc y bilaterales, de características más bien rudimentarias.

En el capítulo 2, Lessa explora la fase de “coordinación policial”. La cumbre del 27 de febrero de 1974, que reunió a altos mandos policiales de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia inauguró esta etapa, que duró hasta enero de 1975. Durante este período, se intensificó la persecución política transnacional a través del establecimiento de un eficiente sistema de cooperación regional, que tuvo a Argentina como principal escenario. Las militancias uruguayas fueron los principales blancos de las operaciones, en su mayoría aún de carácter bilateral.

La fase de “cooperación híbrida”, entre febrero de 1975 y febrero de 1976, es abordada en el capítulo 3. La coordinación represiva dio un salto cualitativo en esta etapa, tanto por la naturaleza multilateral de las acciones –que pasaron a involucrar a tres o más países– como por el rol crecientemente predominante de los militares y los servicios de inteligencia. En simultáneo, los horizontes de la represión extraterritorial se expandieron más allá del continente: la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA) fue la organización que más eficientemente extendió sus tentáculos, colaborando con grupos neofascistas en Italia y estableciendo su presencia en lugares como Ciudad de México, Frankfurt, París, Madrid y Washington DC.

La etapa denominada “sistema Cóndor”, desarrollada en el capítulo 4, tuvo lugar entre marzo de 1976 y diciembre de 1978. A las previas irrupciones de regímenes militares en Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay, Perú y Bolivia, se sumó Argentina, donde habían encontrado refugio miles de militantes de países sudamericanos, que súbitamente se encontraron acorralados. El Plan Cóndor terminó de tomar forma y comenzó a operar a nivel continental, en su fase más sistemática y letal.

El capítulo que da cierre a la parte I se concentra en la última fase, “la muerte del Cóndor”, y abarca el período comprendido entre enero de 1979 y febrero de 1981. La principal característica de esta etapa es la retracción de la coordinación represiva, que nuevamente pasó a estar conformada por operaciones bilaterales y ad hoc, perdiendo su formato centralizado. El conflicto que estalló entre Argentina y Chile por el canal de Beagle fue, sin lugar a duda, un factor fundamental para enfriar las relaciones entre ambos regímenes militares y apresurar la caída del Cóndor.

Así concluye la parte I. Estos capítulos, cabe señalar, resultan notoriamente enriquecidos por la inclusión de numerosos casos de estudio ilustrativos y paradigmáticos, incorporados a la narrativa con suma fluidez.

La parte II pone el foco sobre las tenaces luchas llevadas adelante por los justice seekers. Esta noción, desmenuzada en el capítulo 6, se refiere a individuos que se embarcan en la búsqueda de justicia y la denuncia de violaciones de los derechos humanos, e incluye a activistas, parientes de víctimas, periodistas, jueces, fiscales, entre otros. Así como los regímenes sudamericanos suspendieron las fronteras estatales para reprimir toda disidencia, estas personas las trascendieron con el fin de obtener justicia.

Posteriormente, en el capítulo 7, Lessa recopila las herramientas que los justice seekers utilizaron para romper el silencio y la impunidad, ya desde fines de los años ’70. Las aperturas democráticas y las transiciones en Sudamérica les permitieron concretar importantes logros tempranamente, como por ejemplo la condena de un policía brasileño, Orandir Portassi Lucas, en 1981 por el secuestro de una familia uruguaya en Porto Alegre y el reconocimiento por parte de la CONADEP de la existencia de una trama represiva entre los regímenes sudamericanos.

Los juicios por el Plan Cóndor en Chile y Uruguay fueron campos minados por innumerables obstáculos. No obstante, las luchas llevadas adelante por los justice seekers consiguieron importantes avances. Como expone Lessa en el capítulo 8, las investigaciones en Chile demostraron que las acciones perpetradas por la DINA como nodo de la red transnacional no pudieron haberse concretado sin el conocimiento y la aprobación de Pinochet. El procesamiento del dictador en 2004 y su fugaz arresto domiciliario fue una decisión histórica que habría sido impensable en los años ’90, como atinadamente observa la autora. Del lado de Uruguay, las barreras de la impunidad comenzaron a ser derribadas desde principios de los 2000. La Ley de Caducidad, aprobada en 1986, fue perdiendo fuerza y legitimidad, hasta ser derogada en 2011. Asimismo, ya en 2009 se llegó a la primera condena ligada al accionar represivo dictatorial por la desaparición de 28 uruguayos exiliados en Buenos Aires.

El capítulo 9 gira en torno a la megacausa por el Plan Cóndor tramitada en Argentina, mientras que el capítulo 10 hace lo propio con el juicio en Italia. En los dos casos, la autora rastrea los orígenes de los procedimientos judiciales y sus progresos. Resalta, igualmente, el rol crucial de las redes transnacionales de justice seekers, que lograron sobreponerse a los diversos obstáculos encontrados. El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, con sede en la ciudad de Buenos Aires (mayo del 2016), que condenó a un uruguayo y catorce argentinos por secuestro y tortura de 173 víctimas uruguayas, chilenas, paraguayas, bolivianas y peruanas –y que fue confirmada en 2018–, fue sumamente importante, ya que por primera vez se dictaba una condena por crímenes transnacionales de esta naturaleza. Dicha resolución tuvo un fuerte eco en la región, donde Argentina sobresalió por sus progresos en cuanto a atribución de responsabilidad y condena.

El juicio en Italia evidenció cómo las redes de justice seekers utilizaron los tribunales de otros países para obtener la justicia que les era negada en Sudamérica. El veredicto italiano, que condenó en 2016 a ocho oficiales de alto rango y absolvió a diecinueve, fue objeto de apelación, y en 2019 se logró revertir dieciocho absoluciones, condenando así a oficiales uruguayos, chilenos, peruanos y bolivianos. Además de abarcar víctimas de origen italiano, se investigó la muerte de veinte uruguayos, con lo cual se amplió la competencia de los tribunales italianos, que pasaron a investigar los asesinatos de ciudadanos de otra nacionalidad en un tercer Estado, Argentina. Como destaca Lessa, el veredicto también fue de vital importancia, por ser la primera vez que un tribunal de un país europeo reconoció la existencia y la operatividad del Plan Cóndor.

El análisis desde una perspectiva transnacional, tanto del ejercicio de la represión como del rol de la justicia y el accionar de los justice seekers, es la columna vertebral de la obra. A su vez, ésta se conjuga con una etnografía multisituada, focalizada en trayectorias, actividades y conexiones que operan en múltiples espacios. La autora rastrea minuciosamente las complejas dinámicas implicadas en la construcción de lazos que traspasaron los límites estatales.

Asimismo, es necesario destacar el arduo y extenso trabajo de campo realizado por Lessa^[2] en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Estados Unidos e Italia, donde recopiló abundantes fuentes, que incluyen numerosos testimonios. Además de materiales extraídos de archivos estatales y ONG’s, trae a colación 27 documentos legales y 45 investigaciones penales. A ello se agrega un total de 105 entrevistas realizadas a sobrevivientes, familiares de víctimas, periodistas y profesionales del ámbito jurídico y académico, entre otros. Por último, incorpora como material etnográfico el seguimiento de los procesos judiciales en Italia y Argentina, entre 2014 y 2021. La autora se sirve de estas ricas fuentes, que dialogan permanentemente entre sí, para reconstruir una trama sumamente intrincada en la cual las violaciones transnacionales de los derechos humanos y la búsqueda de justicia son los indiscutidos protagonistas.

En conclusión, Francesca Lessa cumple a todas luces con aquello que promete: a través de una ágil narrativa y de la permanente triangulación de variadísimas fuentes, consigue develar las sinuosas tramas represivas que unieron a los Estados genocidas de Sudamérica en una operación criminal de carácter transnacional sin precedentes. Reconstruye minuciosamente, también, el papel que diversos actores jugaron para romper el silencio y luchar contra la impunidad que predominó durante tantos años y que, aún hoy, no ha sido totalmente revertida. En este sentido, la obra de Lessa constituye un llamado de atención sobre la necesidad de continuar el combate para evitar que los crímenes cometidos por los Estados dictatoriales permanezcan impunes.

[1] Database on South America’s Transnational Human Rights Violations: https://sites.google.com/view/operationcondorjustice/database

[2] Creemos necesario mencionar que Lessa recibió amenazas de muerte durante su trabajo de campo en Uruguay, razón por la cual se vio obligada a abandonar el país en 2017. A raíz de esta grave situación, co-fundó con Rosario Figari Layús la prolífica red “Académicxs en riesgo”: https://www.academicxsenriesgo.org/.