Puerto Deseado, polo de la industria pesquera en Santa Cruz, Patagonia Argentina. Evolución de la rama y conflicto social

Puerto Deseado, pole of the fishing industry in Santa Cruz, Patagonia Argentina. Evolution of the branch and social conflict

En julio de 2007 en Puerto Deseado (Santa Cruz, Argentina) trabajadores del sector pesquero protagonizaron un conflicto laboral que derivó en el ataque y quema de más de 10 plantas pesqueras situadas en la ciudad. Conflicto que puso el foco de atención respecto de la actividad y en particular de sus trabajadores.

La industria pesquera ligada a la exportación tuvo en la provincia un crecimiento sostenido desde la década de 1990, convirtiendo al puerto deseadense en el principal punto de operaciones de la flota de pesca de altura con la presencia de numerosas empresas propiedad de capitales extranjeros.

Este artículo es una primera aproximación a la cuestión de las luchas de los trabajadores de la pesca a la vez que pretende dar cuenta de la evolución de la actividad pesquera y los cambios operados en el sector en el marco de las transformaciones acontecidas en la estructura económica santacruceña a partir de la última década del siglo XX, al convertirse en hegemónicas las relaciones propias del capital financiero.

Palabras clave: pesca; clase obrera; conflictos sociales; capital financiero; Patagonia.

In July 2007, in Puerto Deseado (Santa Cruz, Argentina), workers from the fishing sector were involved in a labor dispute that led to the attack and burning of more than 10 fishing plants located in the city. Conflict that put the focus of attention on the activity and particulary, on its workers.

The export-linked fishing industry in the province had sustained growth since the 1990s, turning the Deseado's port into the main point of operations for the deep-sea fishing fleet with the presence of numerous companies owned by foreign capital.

The article is a first approximation to the matter of the fishing workers’ struggles, adressing at the same time, the evolution of the fishing activity and its changes within the framework of the transformations that have taken place in the Santa Cruz´s economic structure from the last decade of the 20th century, when the relations of financial capital became hegemonic.

Keywords: fishing; working class; social conflicts; financial capital; Patagonia.

Puede decirse que la pesca es en la provincia una actividad relativamente reciente. Entre los años 1960 y 1980 se consolidó en Santa Cruz una estructura económico social, la cual ha sido caracterizada como de Capitalismo de estado en enclave (Iñigo Carrera, Podestá y Cotarelo, 1994), en la cual lo dominante era la gran industria representada por los enclaves productivos que surgieron en la década de 1940 en que se inicia la explotación del carbón y el petróleo llevada adelante por las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado y también por empresas de capital privado; actividades que cobran gran impulso sobre todo a partir de la década del ´60.

Santa Cruz, al igual que el resto de las provincias patagónicas, verificó en ese momento un importante proceso de expansión producto del incremento del presupuesto público posibilitado por la percepción de las regalías petroleras; esto contribuyó al crecimiento del aparato estatal y la implementación de políticas orientadas a sostener planes de desarrollo e inversiones en infraestructura, lo que transformó a la provincia en una zona de atracción de población proveniente de otras regiones del país.

Estos procesos se desarrollaron hasta mediados de la década de 1980, cuando los efectos de los planes neoliberales comenzaron a impactar notoriamente en la provincia; no obstante, “la actividad pesquera por estar ligada a la exportación pudo mantener los niveles de actividad” (Rofman y Romero, 1997).

Con la crisis de la estructura económica y social y en particular a partir de las privatizaciones de empresas públicas, en la década de 1990 creció significativamente la población sobrante para las necesidades inmediatas del capital, que engrosó por un lado la desocupación abierta y por otro, el empleo público sobre todo provincial y municipal al absorber a una parte de esa población sobrante (Auzoberría, Britos, Huenul, Luque y Martínez, 2018). Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, el 47,40% de los asalariados de la provincia pertenecían al sector público nacional, provincial y municipal. No obstante en el Departamento Deseado, ubicado en el noreste provincial y donde se concentran los principales yacimientos hidrocarburíferos y puertos pesqueros, este indicador presenta un peso relativo menor. El departamento concentraba según el citado censo, el 36% de los asalariados públicos y privados de la provincia, de los cuales el 63,90% se encontraban ocupados en el sector privado. En 2010 los asalariados del sector privado en la provincia eran aproximadamente 56.000 de los cuales el 43,75% se encontraban en el Departamento Deseado.

Las primeras embarcaciones y empresas pesqueras comenzaron a operar en Puerto Deseado en el año 1978. La lejanía de los centros de consumo y factores climáticos hicieron que los barcos de gran eslora, con alta capacidad de congelamiento y almacenamiento operaran en primer término. Una de las primeras empresas establecidas fue la firma hispano argentina Pescasur, instalando una planta con cámaras frigoríficas y al poco tiempo se sumó Pezpasa de capitales japoneses. En ese momento, un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero señalaba que la Zona de Santa Cruz era “la menos desarrollada y con mayores limitaciones respecto de los servicios esenciales” y donde se requerían “los mayores esfuerzos de investigación para su desarrollo” (Bona, 2000).

La década de 1980 fue de fuerte crecimiento de la explotación pesquera impulsado por la aplicación de leyes de promoción fiscal y la expansión de capitales que ya operaban en el país, convirtiendo a los puertos patagónicos en lugares para la instalación de nuevas plantas con mayor capacidad de frío y congelado en desmedro de los puertos bonaerenses.

Puerto Deseado, se perfiló entonces como el centro más importante de la actividad:

En efecto, en Puerto Deseado se combinan: 1. las condiciones naturales de puerto de aguas profundas que permite el ingreso de barcos de hasta 9m de calado y de 200m de eslora… 2. la extensa plataforma submarina; 3. las concentraciones abundantes de langostino y calamar; 4. la cercanía a los caladeros que permiten el ahorro en días de navegación; 5. su función multipropósito y su aptitud para buques de ultramar, cabotaje y pesqueros; 6. la disminución en los costos operativos en relación con otros puertos; 7. el progreso de las inversiones realizadas en las infraestructuras industriales instaladas (Cepparo, Gabrielidis, Prieto y Huertas, 2007).

En 1984 el gobierno provincial comenzó a implementar políticas para promover la radicación de más empresas pesqueras. Una de ellas fue establecer un canon diferencial para el caso de las capturas de langostinos: sería más elevado para las empresas que no tuvieran planta en tierra. Como consecuencia en un corto lapso varias empresas erigieron plantas. Para fines de 1980 tuvo lugar otra tanda de radicaciones de empresas en Puerto Deseado, arribando: Empesur, Argenova y Arbumasa, todas de capitales españoles especializados en la captura y comercialización de langostinos (Bona, 2000).

La implementación de políticas para el sector otorgó mayores ventajas comparativas para la radicación de capitales que se sumaron a las que ya tenía Puerto Deseado:

“Así, la localidad se benefició con: 1) la Ley de reembolso a las exportaciones por los puertos patagónicos… y es el hecho que explica el incremento en el movimiento total de contenedores con productos que llegan, también, desde el extremo norte del país… 2) la transferencia de los puertos desde la Nación a la Provincia en 1992, que motivó la creación de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) para la administración de los puertos y 3) la organización de una política de desarrollo y fortalecimiento pesquero por parte del gobierno provincial” (Cepparo, Gabrielidis, Prieto y Huertas, 2007).

En esa sintonía, un informe elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en 1994 señalaba que el singular crecimiento de la actividad pesquera en Santa Cruz, se debía a una serie de factores geográficos, económicos y políticos que otorgaban ventajas comparativas para operar en sus puertos. Crecimiento que obligó al gobierno provincial a realizar importantes inversiones en infraestructura, entre las que destacaron la construcción del puerto de Caleta Paula en Caleta Olivia y de un dique seco en Puerto Deseado.

Cuadro 1: Elaboración propia con base en datos de Sánchez, Ramiro, Navarro, Gabriela y Rozycki, Vera; Estadística de la pesca marina en la Argentina. Evolución de los desembarques. 1898-2010

Ahora bien, esta expansión y crecimiento de la actividad pesquera se produjo sin una planificación y con destacadas fluctuaciones y desequilibrios regionales. No se contaba con legislación o la existente no estaba reglamentada, dictándose en un corto plazo leyes de promoción de la pesca a nivel nacional y regional.

En Patagonia se otorgaron beneficios especiales para las empresas del sector como una forma de continuar lo que se había iniciado en la década del ’70, cuando se promulgaron normas que intentaban generar actividades productivas en la región. La promulgación de la Ley Federal de Pesca en 1994 constituyó un hito, no obstante respondió más a las demandas de los grupos económicos internacionales que a un intento de regular la explotación de recursos naturales no renovables. Casi en forma simultánea se firmó un acuerdo con la Comunidad Económica Europea que brindó durante su vigencia –1994/1997– notables beneficios a los grupos económicos de origen europeo. En pleno auge neoliberal, el acuerdo trajo consigo la sobreexplotación de los recursos ictícolas que condujeron al establecimiento de vedas en la extracción a fin de garantizar la conservación de las especies más demandadas internacionalmente las que tuvieron importantes efectos laborales y sociales en las ciudades portuarias (Cepparo, Gabrielidis, Prieto, Huertas, Diez, 2007).

La depredación de la que han sido objeto los recursos pesqueros en el mundo y que implicó una disminución de la captura de las especies de mayor demanda, hizo que se orientara el interés de los capitales internacionales hacia la extensa plataforma submarina argentina. Esto llevó a la sobreexplotación del recurso, siendo el modelo principal en que se desarrolló la industria las asociaciones de capital foráneo, que aportaron parte del capital, del management y el “know-how”, con empresas argentinas, lo que les posibilitó ingresar a los mercados mundiales más importantes (CFI, 1994).

El desarrollo de la actividad generó a su vez la mejora de la infraestructura de viviendas, servicios y puertos. Desde el gobierno provincial se llevaron a cabo emprendimientos habitacionales, extensión de redes de servicios de agua, luz, cloacas, construcción de escuelas y hospitales, tratamiento de residuos industriales y la ampliación del muelle provincial de uso público multipropósito (El Santacruceño, Puerto Deseado, 21/03/2005).

Las inversiones realizadas incrementaron la mano de obra ocupada, permitieron la diversificación de actividades relacionadas con la pesca, la instalación de nuevas plantas procesadoras y de almacenamiento de alta tecnología, la renovación de la infraestructura instalada, la provisión de frío a contenedores y el mejoramiento de la flota (El Periódico Austral, Río Gallegos, 21/03/2005). Sin embargo, la modalidad extractiva ha respondido a un intenso sistema de pesca de captura y procesamiento a bordo que provocan que el valor agregado en tierra tienda a ser notablemente menor al que se realiza en los barcos.

Respecto de la mano de obra, al inicio de la actividad los trabajadores a bordo eran mayoritariamente extranjeros procedentes de España y Japón. Luego las empresas fueron reemplazando a parte de la tripulación por personal argentino, en especial en ocupaciones que no requerían especialización –operarios de planta o de cubierta, entre otros–, quedando las funciones más calificadas en manos de trabajadores de la misma nacionalidad del grupo empresario. A través de convenios con los sindicatos comenzó a crecer la incorporación de trabajadores argentinos, en general residentes en otras provincias, en particular de Corrientes y Entre Ríos (Bona, 2000). Hacia fines de la década de 1990 la actividad pesquera ocupaba de forma directa e indirecta aproximadamente a 2500 trabajadores de los cuales casi el 30% poseía residencia permanente en las localidades pesqueras (Salvia, 1997).

Cuadro 2: Elaboración propia en base a: Observación de empleo y dinámica empresarial; Boletín trimestral de empleo registrado por provincia. Tercer Trimestre de 2016.

En la actualidad la pesca es una de las actividades económicas más dinámicas de Santa Cruz, convirtiéndola en la tercera provincia pesquera tras Buenos Aires y Chubut. Los puertos de Caleta Paula y Puerto Deseado, son los de mayor relevancia provincial; en ellos se efectúan casi la totalidad de los desembarques, concentrando la mayoría de las plantas pesqueras. La producción pesquera se orienta a la exportación, teniendo como principales destinos Europa –fundamentalmente España– China y Japón (MHN, 2018). Las exportaciones del sector en 2020 representaron el 17% de las ventas externas totales de la provincia:

…la administración local puso énfasis en potenciar las descargas de recursos frescos (merluza, calamares, langostinos, centolla, entre otras especies) en los puertos de Caleta Paula, Puerto Deseado y San Julián con el objetivo de incrementar la mano de obra en toda la cadena productiva. Los trabajadores de la actividad pesquera representan el 7,4 por ciento del empleo privado, similar a los puestos de trabajo generados por la extracción de minerales metalíferos y más del doble de lo que aporta la actividad ganadera y agrícola en la provincia. (La Opinión Austral, Río Gallegos, 9/02/2020).

En lo que hace a los trabajadores de la pesca y su conformación como clase, se han relevado conflictos desde fines de la década de 1990, fundamentalmente de fileteadores y estibadores, sobre todo en momentos de vedas impuestas por el gobierno nacional. Pero fue el conflicto protagonizado por los marineros de Puerto Deseado en el año 2007, lo que puso el foco de atención respecto de la actividad y en particular de sus trabajadores.

A medida que se fue afianzando la actividad pesquera en Santa Cruz, sobre todo en la década de 1990, se fue conformando la fracción de trabajadores de la pesca, cuyo número creció significativamente. Proceso en el cual generaron sus organizaciones a con el fin de luchar por sus intereses frente al capital.

2007 fue un año convulsionado para la sociedad deseadense debido a que entre los meses de marzo y agosto la provincia toda se vio sacudida por un prolongado conflicto de los empleados públicos provinciales (Auzoberría, Britos, Huenul, Luque y Martínez, 2016), sumándose a nivel local el de los trabajadores pesqueros.

En el mes de abril la seccional local del SOMU, dirigida por la Agrupación Marineros Santacruceños, que no respondía a la conducción nacional, paralizó la actividad durante 4 días. La medida de fuerza se suspendió para dar lugar a una ronda de negociaciones entre la conducción nacional del SOMU y las cámaras del sector. Los trabajadores rechazaban un acuerdo entre las cámaras pesqueras y la dirigencia nacional del sindicato. Exigían la nulidad del convenio nacional que desde el 1 de junio de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009 preveía un aumento de 16,5% escalonado sobre el salario básico, un incremento salarial del 25 % y ser eximidos del pago del impuesto a las ganancias^[1] tal como ocurría con los trabajadores petroleros. Según el diario La Nación, lo que desató el conflicto: “…reside en la falta de un convenio colectivo desde 2004. Rechazan el firmado por el gremio nacional en Buenos Aires y piden uno propio que se adecúe a las características locales” (La Nación, CABA, 23/7/2007).

"Si no llegamos a un convenio la flota queda parada" declaraba a la prensa Daniel Medina, dirigente del SOMU en Puerto Deseado en enero de 2007:“… la situación se encuentra calma porque hay poco movimiento operativo en la flota, pero cuando comience el trabajo si no se llega a un acuerdo… la gente no va a salir a navegar otro año sin convenio” (La Nación, CABA, 26/1/2007).

A pocos días de iniciarse la zafra del calamar esta advertencia estaba a semanas de comenzar a materializarse.

El mes de junio finalizó a su vez con un conflicto de otro grupo de trabajadores que integra el universo de la industria pesquera: los trabajadores de las plantas pesqueras de la seccional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) declararon una huelga por tiempo indeterminado por aumento salarial del 25%. El conflicto entró en un impasse tras el llamado a conciliación obligatoria, no obstante, la medida de fuerza se levantó a mediados de julio tras alcanzar un acuerdo que satisfacía las demandas sindicales.

Mientras los trabajadores de las plantas se encontraban en plena negociación, los marineros, se declararon en huelga. Como parte de las medidas adoptadas bloquearon el acceso al parque industrial pesquero, lo que paralizó la actividad de captura y procesamiento de las distintas empresas radicadas en la localidad, y la operatividad de los buques, sobre todo langostineros, en un momento clave, ya que se aproximaba la finalización de la zafra. Afectó asimismo la actividad de otros rubros, como el fileteo y la estiba, por lo cual los barcos no pudieron descargar su producción previamente congelada en los buques, ni volver a salir para continuar con las capturas. Las medidas de fuerza no solo impactaron notablemente a la economía local que gira en torno de la actividad pesquera, sino que se proyectó a la región ya que les impedía embarcarse a los marineros de otro puerto provincial, Caleta Olivia:

…la paralización a la que se han visto sometidas desde los últimos 15 días por parte de los marineros provoca una pérdida millonaria para las plantas pesqueras. Impedidas de acceder a las cámaras frigoríficas tampoco pueden cumplir con los compromisos comerciales preadquiridos. Productos como el Kani Kama, que se produce en Deseado pierde mercados internacionales que costó años conseguir. La interna gremial dentro de los marineros no cede y ahora tiende a agravarse, alineándose junto a los reclamos que otros gremios hacen por ganancias… (La Nación, CABA, 26/1/07).

Exigían tras dos años de continuos reclamos la presencia de dirigentes nacionales del SOMU. Señalaban que se habían reunido con concejales de la ciudad y se habían trasladado hasta Río Gallegos, capital provincial, y a Buenos Aires para ser escuchados, sin obtener resultados. Gustavo Donato, uno de los huelguistas, declaraba: “Que vengan ellos… que siguen en Comodoro, tienen ahí su trinchera. ¿Quieren venir a quedarse con el sindicato? Bueno, ahí lo tienen, pero la agrupación de marineros sigue en pie” (Ferrari, 2009).

En ese contexto, arribó a Puerto Deseado, en calidad de interventor, el secretario de Interior del SOMU nacional, con el fin de notificar la destitución de sus cargos a los delegados locales del gremio, Daniel Medina y Ricardo Soto. Esta destitución se fundaba en que la medida que se llevaba adelante era considerada inorgánica por parte del consejo directivo nacional. Pero dicha intervención no pudo ser concretada ya que los marineros la rechazaron agrediendo física y verbalmente al dirigente nacional. Daniel Medina aclaró que el dirigente nacional fue fustigado “por matón porque actuó con soberbia y no pudo explicar la decisión que tomaron sobre nuestra destitución” y que:

...ellos [en referencia a la conducción nacional] arreglaron a su conveniencia, por tres años un aumento del 16 por ciento, pero eso a nosotros no nos sirve, al contrario, nos perjudica porque tampoco se han discutido otros puntos como el impuesto a las ganancias… vamos a seguir con el corte de todos los accesos, sólo dejaremos que ingrese personal de seguridad de las empresas, para garantizar que todo esté bien… ya suman alrededor de 800 las personas que sostienen la quema de cubiertas y protestas en el puerto… (Prensa Libre, Río Gallegos, 19/7/2007).

La movilización de los marineros contaba con la adhesión de la comunidad local. Ello se puso en evidencia en la reunión del 18 de julio que se realizó en el Concejo Deliberante y de la que participaron concejales, el diputado por el pueblo, gremialistas y empresarios. En la misma, Daniel Medina, delegado del SOMU local señaló que:

...desde 2004 se reclama por el convenio, porque el que existe vació su salario” y que en esa reunión hay representantes de la comunidad porque el 95 % de la economía depende y vive de la pesca y el puerto advirtiendo que van a tomar medidas, pero no desean llegar a mayores… (Ferrari, 2009).

“La marinería viene peleando por el convenio colectivo de trabajo. No se olviden del 2005^[2]… No vamos a parar, sabemos que estamos afectando la economía y si se va a una medida más severa, las autoridades se tendrán que hacer cargo…”. (Ferrari, 2009).

La dilación en la resolución del conflicto laboral combinada con la interna entre los niveles de la conducción sindical provocaba que los trabajadores dirigieran sus demandas también al gobierno provincial.

En la reunión se discutieron distintas opciones para dar mayor visibilidad al reclamo, percibido ya como de toda la comunidad deseadense; entre ellas la posibilidad de interrumpir la circulación por la principal ruta terrestre de la provincia. Algunos marineros señalaban que el pueblo entero debería ir a cortar la ruta, pero otros, que la medida era de difícil implementación por la localización de Puerto Deseado distante unos 120 kilómetros de dicha ruta. Por su parte concejales oficialistas y opositores labraron un acta donde adherían al reclamo obrero, solicitaban a las empresas la conformación de una mesa de diálogo en la localidad, pero expresaban que “las empresas no estaban en una buena situación” (El Orden Digital, Puerto Deseado, 19/07/2007).

Daniel Medina, vocero de los huelguistas en la reunión, indicó que el intendente Arturo Rodríguez les solicitó una tregua hasta el viernes 20 de julio, mientras mantenían reuniones con las cámaras empresarias y con el dirigente nacional Hugo Moyano^[3] por el impuesto a las ganancias.

El conflicto en Puerto Deseado repercutió en Caleta Olivia, donde se encuentra el segundo puerto pesquero provincial. Allí se realizaron manifestaciones en contra de las acciones de los marineros deseadenses. La Agrupación de Marineros Santacruceños línea fundadora y la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos, reclamaron frente a la sede municipal la intervención del poder político criticando las medidas de acción directa que se efectuaban en Puerto Deseado porque “perjudican a toda la provincia”:

…es ilógico este paro disfrazado que tienen, porque la comunidad depende de la pesca y los principales perjudicados son los marineros, la gente de la estiba y la gente de planta pero además no trabajan los fleteros, los remiseros, los comerciantes y hasta las prostitutas (Crónica, Comodoro Rivadavia, 19/7/2007).

El mediodía del día 20 y tras una asamblea en las instalaciones de la empresa CARSA, los trabajadores en conflicto se presentaron en la sede municipal de Puerto Deseado siendo anoticiados que el intendente había viajado a Puerto Santa Cruz para asistir a un acto presidido por el entonces presidente argentino Néstor Kirchner. Fueron recibidos por el presidente del Concejo Deliberante a cargo del ejecutivo municipal, quién les manifestó que no podía brindarles ninguna respuesta ante la imposibilidad de establecer comunicación con funcionarios municipales y provinciales porque estaban en dicho acto (Página/12, CABA, 21/7/2007).

El clima comenzó a enardecerse. Los manifestantes ocuparon por unos minutos la sede municipal desalojando al personal y comenzaron una quema de neumáticos en las veredas del edificio; los concejales Jorge Navarro y Raúl Mella, que salieron a dialogar con los trabajadores, les manifestaron que intentaron en vano comunicarse con el intendente o con el diputado por el pueblo. Lo mismo ocurrió con funcionarios provinciales: “Bontempo [en alusión a Juan Bontempo, ministro de economía provincial] no da pelota, nadie da pelota, hermano” les explicaba el concejal Navarro a los manifestantes. La tensión aumentaba a tal punto que uno de los trabajadores planteó que había que dirigirse a “la casa de los políticos a romper todo” (Ferrari, 2009).

Aproximadamente a las 14 horas, los marineros marcharon al parque industrial donde comenzaron a provocar destrozos en las empresas pesqueras. La primera en ser atacada fue Vieyra donde “destrozaron mobiliario y los equipos informáticos, prendieron documentos y arrojaron gasoil para intentar quemar el edificio, cosa que no lograron…” (ABC, Madrid, 7/8/2007). El diario comodorense El Patagónico denominó a la manifestación de marineros “Marcha de la Bronca”:

Los más de 400 marineros iniciaron luego una marcha hacia las plantas pesqueras, gran parte de las cuales se hallan en proximidades de la ría, ya por entonces con el ánimo exaltado. En el trayecto, produjeron una sucesión de roturas de vidrios, en todos los casos correspondientes a plantas pesqueras, sin dañar domicilios o comercios particulares. (El Patagónico, Comodoro Rivadavia, 21/7/2007).

Luego se dirigieron a las instalaciones de Arbumasa, que resultó ser la empresa más afectada de todo el polígono industrial. Siguiendo el relato de El Patagónico:

Tres cámaras frigoríficas, el depósito de materiales, cerca de ochocientas toneladas de mercancía... ‘pasaron como un sunami (sic) de fuego’ según relató un funcionario jerárquico de la empresa. En forma casi simultánea fue atacada y quemada la planta de Empesur, donde el fuego destruyó un inmenso depósito, al tiempo que se registraba otro foco de consideración en la planta de Santa Elena que fue controlado por los bomberos; no obstante, la simultaneidad de incendios impidió la concurrencia a los restantes focos ígneos. También fueron atacadas las instalaciones de Pescargen donde abrieron contenedores y esparcieron en el suelo varios centenares de kilos de calamar y langostino, procesados y listos para exportación. En total, se estima que entre trece y quince plantas de procesamiento y almacenamiento de productos ictícolas sufrieron las consecuencias de los desmanes. (El Patagónico, Comodoro Rivadavia, 21/7/2007)

Las empresas pesqueras objeto del accionar de los huelguistas fueron: las españolas Arbumasa, Argenova, Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Vieira; las argentinas Santa Elena y CARSA y Pezpasa, de capital japonés y suizo, respectivamente (ABC, Madrid, 21/7/2007). Según la prensa española, los empresarios ibéricos calculaban pérdidas materiales por un valor cercano a U$D80 millones y los directivos denunciaban que “fue una zona liberada para el saqueo. La policía no intervino y el Gobierno se lavó las manos porque, como se excusó un ministro: no queremos que nos coloquen un muerto” (ABC, Madrid, 7/8/2007).

Con posterioridad a estos hechos, los trabajadores en huelga mantuvieron comunicación con el gobernador de la provincia, Daniel Peralta, acordando una tregua hasta el día siguiente. Y a su vez, el gobierno nacional les comunicó a las empresas pesqueras el envío de efectivos de Gendarmería. Según Alfredo Pott, presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la Argentina (Capeca) y de pesquera Santa Isabel, una de las firmas afectadas: "No para reprimir, pero sí para cuidar un poco las plantas y el orden porque nuestra gente no puede andar por la calle…” (La Nación, CABA, 23/07/2007). Para dicha Cámara, que denunció los destrozos ante la Justicia, habría pérdidas económicas de hasta U$D100 millones (La Nación, CABA, 23/07/2007).

Omar Suárez, secretario general a nivel nacional del SOMU declaró a la prensa que lo sucedido sólo se explicaba por la participación de “provocadores” “…ajenos a nuestro gremio, que incentivaron la violencia para instalar un clima de caos que tendrá indudables derivaciones políticas” (La Nación, CABA, 23/07/2007).

Versión que fue desestimada por las autoridades policiales locales ya que según declaró a la prensa un comisario de la policía provincial, no les constaba la presencia de activistas “...lo que nos consta es la realidad, estamos investigando pormenorizadamente la situación” (El Orden Digital, Puerto Deseado, 24/7/2007).

Los hechos obligaron a las autoridades nacionales a expresarse. El Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, calificó de “inadmisibles los hechos de violencia”, no obstante señaló que se había abierto un canal de diálogo (Clarín, CABA, 22/7/2007) y el canciller argentino, Jorge Taiana, “comunicó a su colega español, Miguel Ángel Moratinos, el repudio del Gobierno argentino a los ataques y destrozos que sufrieron las pesqueras españolas” (ABC, Madrid, 21/7/2007). Horas después, la embajada de España en Argentina hizo pública una nota de prensa en la que solicitaba a las autoridades de la provincia de Santa Cruz y del gobierno argentino que adoptaran las medidas necesarias para poner fin a la violencia.

Al día siguiente de los hechos, en un clima de tensión y con la presencia de 300 efectivos de fuerzas de seguridad nacional y provincial se realizó una marcha de apoyo a los huelguistas de la que participaron alrededor de 400 personas.

A partir del 23 de julio las negociaciones entre los diversos sectores comenzaron a intensificarse. Las empresas ratificaron su presencia en la ciudad y el gobierno nacional garantizó la ayuda económica a las que habían sufrido daños; asimismo, el gobernador Peralta comisionó al ministro de gobierno Pablo González como encargado de las negociaciones. El 25 de julio se inició la ronda de conversaciones entre los funcionarios provinciales Pablo González y Alfredo Barreto, subsecretario de trabajo, con las partes en conflicto. Los empresarios nucleados en la Cámara Argentina Langostinera Patagónica (CALAPA) y Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores Argentinos (CAPECA) fueron los primeros en ser recibidos, luego los delegados de los marineros.

“Los trabajadores solicitaban que se hiciera un convenio regional del sector y una eximición del impuesto a las ganancias, ‘pero ahora agregaron un aumento en el salario básico y eso tensó la negociación’, señalaron fuentes oficiales y empresariales. Los trabajadores marítimos reclaman un convenio distinto del SOMU porque tienen fuertes diferencias con la conducción nacional y este planteo podría zanjearse mediante un acta que contemplara sus pedidos particulares y ampliara el acuerdo logrado por el gremio en todo el país” (Tiempo Sur, Río Gallegos, 26/7/2007).

La exigencia de un convenio regional por parte de los trabajadores inquietaba a los demás participantes de las rondas de conversaciones:

Lo que piden los marineros… son diversos puntos, algunos de los cuales son de resolución inmediata y otros que son estructurales y concordantes con nuestro criterio, como el cuidado de los recursos o los controles sobre las empresas; pero la cuestión fundamental está en la discusión de un convenio que ellos quieren hacer, lo que es problemático, porque no se puede firmar un acuerdo entre una agrupación de marineros y las Cámaras Empresarias; porque para que haya ratificación y homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco de la seguridad jurídica y legal, tiene que haber igualdad entre los signatarios; está claro que el SOMU tiene alguna dificultad para reconocer a los marineros de Puerto Deseado, y viceversa. (Tiempo Sur, Río Gallegos, 27/7/2007).

No podemos tener un sindicato en cada puerto; entendemos que la política a nivel nacional es que se debe hacer una concertación a nivel país y de allí consensuar para todo el país, no se puede tener un convenio en cada pueblo, es una cosa que no existe (Tiempo Sur, Río Gallegos, 27/7/2007).

Las negociaciones se estancaron ante la propuesta salarial presentada por las cámaras empresariales que los trabajadores calificaron como una burla. El subsecretario de Trabajo de la provincia, Alfredo Barreto en diálogo con un medio radial deseadense manifestó:

Los recursos son de Santa Cruz, la actividad es muy rentable y deberían reflexionar en función de los números de las exportaciones hasta los días en que se tomaron las medidas de fuerza… en España se pagan 5.000 euros al trabajador de una planta, mientras los nuestros están cobrando 1400 pesos y con mucho esfuerzo” (Deseado Revista, FM Desire, 31/07/07).

Finalmente, los marineros levantaron las medidas de fuerza, el día 3 de agosto, al acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. La notificación oficial se transmitió a las dos cámaras empresarias, el SOMU a nivel nacional y la delegación gremial de Puerto Deseado, quienes deberían “sentarse a la brevedad a delinear alternativas que permitieran destrabar el conflicto que afecta al sector”.

El sector empresarial intentó trasladar el centro de la cuestión al plano de lo delictivo: "La actividad está virtualmente secuestrada por esta gente que, planteando una extorsión irracional, actúa contra los barcos e impide el acceso a las plantas", dijo Alfredo Pott, presidente de la pesquera Santa Isabel y de CAPECA (La Nación, CABA, 19/7/2007). El ataque a las empresas pesqueras colocó así en un segundo plano las demandas de mejoras económicas.

Una vez convocado al diálogo el empresario manifestó: "No vamos a hablar con un vándalo que se autodenomina sindicalista", aseverando que solo negociarían con la conducción nacional del SOMU a la que reconocía como “únicos interlocutores válidos” (La Nación, CABA, 22/7/2007). En sintonía los medios españoles reprodujeron expresiones de empresarios que lamentaban que “además de no haber un solo detenido, el Gobierno de Néstor Kirchner y el Gobernador de la provincia, Daniel Peralta, amparen implícitamente a delincuentes” (ABC, Madrid, 7/8/2007).

Son, por tanto, lamentables los recientes sucesos ocurridos en la Patagonia Argentina, donde el auge pesquero y la creación de riqueza, especialmente en Puerto Deseado, se debe en una parte muy importante a los empresarios armadores españoles. Los derechos de los trabajadores a la huelga han sido reconocidos desde muy antiguo, pero lo que no se ha visto nunca o casi nunca en un conflicto laboral es la destrucción de las herramientas de trabajo. Si los trabajadores creen defender sus intereses recurriendo a la violencia, la amenaza y la destrucción de los medios de producción, estarán haciéndose un flaco favor a sí mismos y a los empresarios, que invirtieron de buena fe y que tienen todo el derecho a operar con la seguridad jurídica que se espera. Lo sucedido en Puerto Deseado, repetimos, es muy lamentable y esperamos que prevalezca la cordura y la justicia, para bien de todos los involucrados (Mateo, Nieto y Colombo, 2010).^[4]

Posteriormente, las distintas interpretaciones de lo sucedido fueron desplazando el reclamo salarial a cuestiones relativas a los intereses políticos en juego o las internas sindicales. El diario La Nación, en su editorial titulada: “Presión inadmisible sobre la pesca”, ávido por restarle legitimidad a los reclamos obreros, ejercía su rol de tradicional vocero empresarial al caracterizar como absurda la demanda de mejora salarial: “en el promedio anual, un marinero percibe altos ingresos, inusuales en otros gremios, razón por la cual está obligado a pagar un elevado impuesto a las ganancias” (La Nación, CABA, 27/7/2007).

Las obligaciones impositivas suelen ser consideradas legítimas si se aplican a los trabajadores, no cuando el objeto es el sector empresarial, “las altas retenciones a las exportaciones atentan contra la eficiencia productiva” se aducía en la editorial señalada.^[5]

La firma de un convenio que tuviera en cuenta las características locales era la principal fuente de la disputa entre las conducciones nacional y local que se mostraba como irresoluble desde el conflicto laboral de 2005; y era inescindible del aumento exigido y de la eximición del impuesto a las ganancias.

Una vía de resolución del conflicto salarial se habilitó cuando el gobierno nacional elevó el mínimo no imponible para varios sectores –camioneros, petroleros, trabajadores de subterráneos, aeronáuticos, empleados de automotrices, telefónicos y siderúrgicos– que también incluyó a los del sector pesquero (La Nación, CABA, 20/7/2007). Según el Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, era una medida de actualización del esquema tributario en función del alza del costo de vida que se estaba produciendo. La medida fue bien recibida por los empresarios dado que contabilizando la suma que ofrecían por zona desfavorable implicaba “una mejora sustancial de los salarios que perciben" (La Nación, CABA, 20/7/2007). Por su parte la conducción local del SOMU, rechazó enfáticamente la propuesta a la cual consideraron una burla; el delegado sindical Daniel Medina declaró:

No nos están dando nada, es una burla esta propuesta, sentimos que las negociaciones han fracasado en esta instancia… El gremialista señaló que estaban pidiendo "un porcentaje de participación por producción, del 0,85% actual se eleve a 1,20%" y añadió: ‘Queremos compartir las ganancias, si hay más pesca ganamos todos, si no hay pesca, no’” (La Nación, CABA, 20/7/2007).

Y remarcó que su exigencia era la derogación total del impuesto a las ganancias.

Tanto el empresariado como la conducción nacional del SOMU coincidieron en las críticas hacia la conducción sindical de los marineros deseadenses. En plena negociación para destrabar el conflicto el presidente de CAPECA, declaró que “los conflictos de representatividad en el gremio no se pueden convertir en una demanda sostenida de mejoras salariales donde tiene más representatividad quien más pide” (La Nación, CABA, 1/08/2007).

De todos modos, la estrategia de la conducción nacional de los marineros de restar representatividad a los delegados locales fracasó, primero por el rechazo a la intervención días antes de producirse los ataques a las plantas pesquera y luego por su ausencia en la mesa de negociaciones habilitada, dado que los representantes sindicales de la seccional deseandense del SOMU fueron quienes participaron de ella.

Asimismo el carácter de año electoral le otorgó al conflicto un matiz político. El hecho de ser la provincia de origen del presidente Néstor Kirchner y de que los acontecimientos acaecieron el mismo día de la realización de un acto de campaña presidencial en Puerto Santa Cruz con la presencia de Cristina Fernández propiciaron la hipótesis de que las causas eran políticas. La misma Cristina Fernández abonó esta postura cuando declaró a la prensa madrileña: "Los desmanes ocurrieron un día después de que yo lanzara mi candidatura; y un día antes de que iniciara mi viaje a España. Da como para pensar” (La Nación, CABA, 27/7/2007).

Pero también se coló la política provincial. La falta de definición de la fórmula oficialista a la gobernación agregó el componente de disputa por cargos en el conflicto. Meses antes el intendente de Puerto Deseado, Arturo Rodríguez se había autopostulado como candidato a vicegobernador acompañando a Alicia Kirchner aun cuando ésta no había manifestado públicamente su intención o negativa a ser candidata a gobernadora (El Orden digital, Puerto Deseado, 26/1/2007). El intendente Rodríguez alimentaba las suspicacias cuando expresaba: "alguien debe querer sacar rédito de esto” (El Orden Digital, Puerto Deseado, 24/7/2007).

El propio gobernador Daniel Peralta también dio crédito a las sospechas acerca de que los incidentes escondían intereses políticos; ante versiones de que la investigación judicial habría identificado a punteros políticos del PJ como partícipes de los hechos declaró que eso “sería muy grave” agregando “de ser así, “deben ir presos los responsables ideológicos y los responsables físicos, porque ahí se destruyeron fuentes de trabajo, más allá de quiénes son los dueños”. Y para evitar que se malinterpretaran opiniones de este cariz, acotó:

Eso no pasó nunca en Santa Cruz [en referencia al ataque contra las plantas pesqueras], entonces lo que digo es que si es o no es una operación, o qué nombre le ponemos. Por eso nosotros estamos muy interesados en que esta causa avance lo más rápido posible y que haya delimitación de responsabilidades (Tiempo Sur, Río Gallegos, 16/8/2007).

La descripción del conflicto protagonizado por los marineros de Puerto Deseado en el año 2007 permitió plantear distintos planos de análisis.

El primero de ellos remite a las características que asumen los conflictos en el ámbito de la pesca. En esta dirección las investigaciones de Agustín Nieto ubican a este conflicto en el marco de un ciclo de rebelión de los trabajadores del ámbito de la pesca en Argentina que transcurre de 1997 a 2007, insertando al ataque a las plantas pesqueras en Puerto Deseado en la segunda fase de dicho ciclo (2002/2007) en la cual conflictos de similares características se produjeron en las principales ciudades portuarias patagónicas. Sus investigaciones lo han llevado a caracterizar a estos enfrentamientos como motines obreros:

entendemos que los motines, predominantemente, condensan y canalizan, de forma espontánea, y colectiva, sentimientos de desesperación, repudio, indignación, ira, revancha y venganza para con personas y/o cosas que, para los amotinados, simbolizan relaciones de opresión y/o explotación (Nieto, 2010).

Respecto de dicho análisis, en cuanto al ciclo en el que se encuadra al conflicto (2002/07), podemos decir que sin duda el enfrentamiento se produce en un periodo de recuperación paulatina del salario real en el país tras la devaluación del 2001. El crecimiento económico y la expansión del empleo en el gobierno de Néstor Kirchner incrementaron así la conflictividad laboral. En el período los asalariados del sector privado registrados alcanzaron una recomposición en su salario real del 12% comparado con el 2001. La política laboral del gobierno se basó –entre otros aspectos– en revitalizar las negociaciones colectivas; indicador de ello es el notable incremento de los acuerdos y convenios homologados por el Ministerio de Trabajo de Nación a partir de 2005. Como hemos visto el conflicto de los marineros se centró en la recomposición salarial y en el reclamo por un convenio colectivo que tuviera en cuenta la realidad económica de la zona, lo que generó el enfrentamiento con la conducción nacional del sindicato. Al mismo tiempo, en un plano regional, se inserta en los hechos de rebelión protagonizados por los trabajadores privados vinculados a las actividades extractivas al ser alcanzados por el impuesto a las ganancias, planteando como meta su derogación o en su defecto la exención de tributarlo. Días antes del dictado de la conciliación obligatoria en el conflicto pesquero, el personal jerárquico petrolero realizó medidas de fuerza por aumento salarial, medida que fue levantada tras obtener un 30% de aumento; este incremento compensaba de cierta manera lo tributado por el pago del impuesto a las ganancias. Dos días después el gobierno nacional decidió la elevación del mínimo no imponible. Lo que resalta básicamente es la discusión, propia del período, por la distribución del ingreso, dentro de los marcos institucionales de la conflictividad laboral a los que se suman los conflictos entre los diferentes niveles de las organizaciones sindicales.

Por lo expuesto, en relación con la caracterización del conflicto de los marineros de Puerto Deseado, y considerando que la conceptualización de motín remite a un levantamiento de gente oprimida que se encuentra “en el umbral de la lucha de la clase obrera” (Cotarelo, 1999) -por estar en un nivel de conciencia bajo en relación a otros hechos en la escala de la rebelión-, entendemos que no podría caracterizarse en tal sentido. Si bien pueden observarse algunos de los elementos que son propios de un motín, lo ocurrido tiene que ver más con la necesidad de visibilizar un conflicto laboral. Los trabajadores tomaron como blanco de los ataques únicamente a las principales empresas pesqueras y trataron en todo momento de apelar a la mediación gubernamental, la que de hecho, y más allá del conflicto en el interior del sindicato, nunca dejó de mantener diálogo con la representación local del SOMU. La organización sindical y la herramienta de la huelga demuestran en ese momento estar lejos de la forma primitiva y espontánea propia del motín:

La caracterización de "motín" remite a un momento embrionario, primitivo, en el desarrollo de un proceso y un periodo de la lucha de clases; hace a un momento embrionario de la conciencia de la situación en que se encuentran las distintas fracciones y clases sociales que forman el campo del pueblo (Iñigo Carrera, Cotarelo, Fernández y Tarditi, 1991).

Por otra parte, el conflicto protagonizado por los marineros deseadenses encontró una amplia adhesión social en la comunidad de Puerto Deseado. El 8 de julio, en la reunión realizada en el Concejo Deliberante además de los representantes sindicales de los marineros, se encontraban presentes delegados de otros sindicatos y pequeños y medianos empresarios algunos de ellos vinculados al sector pesquero en forma indirecta en tanto prestadores de servicios conexos. El 13 de julio, otros sindicatos locales: SUEPP, SOEM, ATSA, STIA, ADOSAC y ATE, habían reclamado la intervención directa del gobernador Peralta advirtiéndole que la dilación en la resolución hacía “peligrar la paz social”. Al otro día del ataque directo a las plantas pesqueras, cerca de 400 personas marcharon por las calles de la ciudad portuaria en solidaridad con el reclamo obrero. La prensa nacional reprodujo comentarios de vecinos: “Hace años que las pesqueras recaudan en forma millonaria y no dejan nada acá. La gente se cansa” sostuvo un comerciante. Aunque aclaró que no justificaba la violencia, advirtió: “Antes los marineros venían y descansaban un día antes de embarcar; ahora los suben al barco así como llegan”. Lo que demuestra que no fue un conflicto con escaso apoyo social, sino que para la comunidad local, el reclamo de los marineros expresaba en cierta medida el rechazo hacia las grandes operadoras pesqueras en la zona, en el sentido de que las altas ganancias obtenidas por las empresas no se traducían en un beneficio social.

Entendemos que sí correspondería enmarcar la huelga de los marineros de Puerto Deseado y su resolución, en el contexto de los conflictos llevados adelante en la zona por los trabajadores del petróleo que en los primeros años de los 2000 protagonizaron fuertes enfrentamientos en reclamo de la eliminación del impuesto a las ganancias, entre ellos el que alcanzó mayor notoriedad en el ámbito nacional, nos referimos al acontecido en febrero de 2006 en la norteña ciudad de Las Heras en el cual en el marco de un conflicto que incluyó manifestaciones, cortes de ruta y choques callejeros entre trabajadores petroleros y efectivos de fuerzas de seguridad, resultó asesinado un oficial de la policía provincial. Esto remite a su vez, a la especificidad de la estructura económico-social caracterizada por enclaves productivos que explotan intensivamente los recursos en la región por parte de grandes empresas transnacionales cuyos niveles de decisión están lejos, y con escasos eslabonamientos en la economía local.

A pesar del panorama pesimista que buscaba instalar el sector empresarial como consecuencia de la protesta obrera, calificada de “irracional”, los valores de desembarque en Puerto Deseado no mostraron una disminución significativa en 2007, tampoco se asistió a una pérdida de fuentes laborales dado que ninguna de las empresas afectadas se retiró de Puerto Deseado.

Sin negar por otra parte la influencia que pueden haber ejercido en el desarrollo de los acontecimientos los intereses políticos en un año electoral, el conflicto de los marineros de Puerto Deseado de 2007, sacó a la luz los intereses que confrontan en el territorio pesquero donde poderosos grupos monopólicos de carácter internacional pugnan por imponer sus condiciones de dominación.

Fuente: https://www.educ.ar/recursos/87369/mapas-de-actividades-economicas-de-la-argentina

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páginas / año 15 – n° 39/ ISSN 1851-992X /2023

[1] El impuesto a las ganancias es un tributo que también alcanza a trabajadores asalariados cuando su ingreso supera un piso mínimo. Es histórica la lucha de los trabajadores por ser eximidos de este impuesto o por la elevación de ese mínimo no imponible para evitar su tributación. Los aumentos salariales muchas veces se ven menguados por este impuesto; de ahí que el reclamo con relación a este tema sea tan fuerte sobre todo en sectores de trabajadores con ingresos elevados como los petroleros y en particular en zonas donde el costo de vida es más elevado, como la región patagónica.

[2] Se refería a una movilización realizada en febrero de 2005 donde los marineros deseadenses manifestaron por el convenio colectivo de trabajo.

[3] Secretario general del sindicato de camioneros y de la Confederación General del Trabajo (CGT)

[4] Los autores citados reproducen un fragmento de un artículo publicado en la Revista gallega Conxemar, que oficiaba de vocera de la Asociación Española de Mayoristas, Transformadores, Importadores y Exportadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura.

[5] Alfredo Pott, responsable de CAPECA también aprovechó el momento para cuestionar la política de retenciones a las exportaciones: " Los daños le pegan muy fuerte a un sector que está en problemas serios por las retenciones y por la pérdida de competitividad", (La Nación, CABA, 22/7/07)