El avance de la reacción en la UNCuyo: la misión Ivanissevich (1974-1976)

El presente trabajo se propone realizar una aproximación al pasado reciente en la provincia de Mendoza tomando como unidad de observación la Universidad Nacional de Cuyo y las dinámicas internas en dicha institución durante la llamada “misión Ivanissevich” ocurrida a nivel nacional entre 1974 y 1976, para realizar una limpieza ideológica dentro de las universidades.

Entendemos que, en la UNCuyo, en el marco de la misión Ivanissevich, tuvo lugar una “depuración” ideológica y de personas que se orientó a la eliminación de un sector que había sido impulsor y partícipe de la reforma de 1973-1974. Este reordenamiento, realizado por medios legales e ilegales y clandestinos, resultó funcional a los grupos académicos de derecha que consolidaron su poder en ese contexto.

Revisaremos de manera diferencial cómo operaron los mecanismos de represión hacia las autoridades y docentes de la universidad como así también hacia el movimiento estudiantil. Consideramos necesario detenernos en este periodo dada la escasez de estudios que abordan este proceso en la UNCuyo y porque resulta central para comprender la escalada posterior de terror que se desató a partir de la última dictadura militar.

Universidad Nacional de Cuyo; reforma; represión; movimiento estudiantil; peronismo.

The present work intends to make an approximation to the recent past in the province of Mendoza taking as observation unit the National University of Cuyo and the internal dynamics in said institution during the so-called "Ivanissevich mission" that occurred at the national level between 1974 and 1976, to carry out an ideological cleansing within the universities.

We understand that in the UNCuyo, within the framework of the Ivanissevich mission, an ideological and personal "purging" took place that was oriented towards the elimination of a sector that had been a promoter and participant in the 1973-1974 reform. This rearrangement, carried out by legal, illegal and clandestine means, was functional for the right-wing academic groups that consolidated their power in that context.

We will review in a differential way how the mechanisms of repression operated towards the authorities and teachers of the university as well as towards the student movement. We consider it necessary to stop at this period given the scarcity of studies that address this process in the UNCuyo and because it is central to understanding the subsequent escalation of terror that was unleashed from the last military dictatorship.

El presente trabajo se propone realizar una aproximación al pasado reciente en la provincia de Mendoza tomando como unidad de observación la Universidad Nacional de Cuyo^[1] y las dinámicas internas en dicha institución durante la llamada “misión Ivanissevich” ocurrida a nivel nacional entre 1974 y 1976, para realizar una limpieza ideológica dentro de las universidades.

En este sentido, entendemos que los años previos a la última dictadura cívico-militar en Argentina, presentaron una serie de características que nos permiten observar entramados represivos que se profundizaron a partir del 24 de marzo de 1976. Sin desconocer esta fecha como un corte en cuanto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la sistematicidad de la práctica terrorista estatal, entendemos, como ha señalado Marina Franco (2012) y otros autores, que por los menos a partir de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón (1973-1974), e incluso pudiendo remontarnos a las anteriores dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a desplegarse una serie de dispositivos legales e ilegales para la eliminación del “enemigo interno”.

La coexistencia de organizaciones estatales y paraestatales que por medio de la violencia y el exterminio físico buscaban la preservación del orden, al cual percibían amenazado por grupos de izquierda -en sus diversas expresiones-, es decir la combinación de prácticas legales e ilegales para combatir la “subversión”, es lo que nos permite, siguiendo a Juan Besoky, pensar la experiencia de violencia de los grupos dominantes durante los años previos al último golpe cívico-militar-eclesiástico como un momento de despliegue del “complejo contrainsurgente” (Besoky, 2016).

Dentro de las instituciones públicas, las universidades fueron blanco tanto de la vía legal como ilegal y clandestina para el “restablecimiento del orden” y el “exterminio de la subversión”. Como espacios privilegiados para la lucha ideológica, las universidades transitaron profundos cambios a partir del retorno democrático de 1973, produciéndose una serie de reformas que fueron bruscamente interrumpidas en pos de la “depuración del peronismo” tras el fin de la breve experiencia camporista.

El inicio del segundo mandato de Oscar Ivanissevich como ministro de Educación fue un parteaguas en la historia de muchas universidades nacionales como la de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y, según entendemos aquí, también la UNCuyo. Sin embargo, es necesario aclarar que las dinámicas en cada institución no respondieron exclusivamente al contexto nacional, más bien fueron resultado de entramados nacionales y particularidades y disputas locales. De allí que los resultados de la gestión de Ivanissevich no incidieran de la misma manera en todas las universidades. Aun así, es posible identificar una coyuntura común a partir de medidas que, a grosso modo, pueden observarse en la política universitaria en su conjunto a partir de su asunción, o incluso un poco antes o después, dependiendo cada institución.

Partimos del supuesto de que en la UNCuyo la implementación de la misión Ivanissevich fue la oportunidad de “restituir el orden” para grupos académicos aglutinados en la derecha nacionalista -peronista y antiperonista-, que habían experimentado con recelo las reformas implementadas durante la gestión de Roberto Carretero en la universidad. De esta manera, a través de una combinación de instrumentos legales, pero también ilegales y clandestinos, se produjo una violenta depuración de todo aquello considerado “subversivo” o con supuesto potencial de serlo: programas y planes de estudio, bibliografía, espacios de sociabilidad, entre otros. Particularmente violenta resultó la represión hacia trabajadores, profesores, estudiantes que fueron forzados a interrumpir sus trayectorias y perder sus fuentes de trabajo. Exilios, asesinatos, insilios, fueron algunas de las consecuencias de un proceso al que buscamos aproximarnos en las siguientes páginas.

Dada la escasa bibliografía sobre el tema, este primer acercamiento lo hemos realizado valiéndonos principalmente de la búsqueda y selección de fuentes primarias. Hemos consultado prensa local de la época y específicamente para este trabajo recurrimos al diario Los Andes, medio que para este periodo realizó una amplia cobertura de la cuestión universitaria a nivel local. También contamos con material documental disponible en el Centro de Documentación Histórica (CDH) de la UNCuyo y a su vez hemos realizado algunas entrevistas en profundidad a estudiantes y profesores de los años que nos interesan.

En el primer apartado realizaremos una reconstrucción histórica de la coyuntura nacional y local del tercer peronismo (1973-1976) con atención especial a la política universitaria, intentando un diálogo entre la UNCuyo con otros casos nacionales. Luego de esto revisaremos algunas características de lo que fue la misión Ivanissevich en la UNCu atendiendo de manera diferenciada a las dimensiones de la represión hacia el claustro docente y hacia el estudiantado.

Luego de casi dos décadas de proscripción, el peronismo como partido mayoritario en Argentina volvió al poder tras unas exitosas elecciones en mayo de 1973 con el triunfo de la fórmula Héctor Cámpora- Vicente Solano Lima. Sin embargo, la primavera democrática inaugurada por el camporismo duró apenas un par de meses. En julio de 1973 el presidente renunció, tomando su lugar de manera transicional Lastiri y en octubre de ese año se consagró la fórmula Juan D. Perón- María Estela Martínez de Perón. Perón murió el 1 de julio de 1974 y a partir de allí y hasta el golpe del 24 de marzo de 1976, fue su viuda y compañera de fórmula quien ocupó el más alto cargo del Ejecutivo.

La efímera experiencia de Cámpora significó la llegada al poder de la Tendencia Revolucionaria, nombre con el que se identificaba a sectores de la juventud que militaban por un peronismo que dentro del campo popular tenía como objetivo la liberación nacional y de la Patria Grande, es decir que formaba parte del vasto espacio de la “nueva izquierda” (Tortti, 2014). Del otro lado, el posterior desplazamiento de dirigentes de la Tendencia, tanto en el Ejecutivo nacional y provincial como en espacios sindicales y de base, se explica por el avance de grupos de la “derecha peronista”, quienes consideraban que era necesaria la depuración ideológica dentro del partido, ya que según su diagnóstico éste se encontraba infiltrado por ideas marxistas y subversivas. A grandes rasgos, estas luchas tenían expresiones en los distintos niveles de la política y la sociedad: gobernaciones, sindicatos, universidades, hasta la Iglesia católica se encontraba atravesada por esta disputa.

Marina Franco sostiene que “un entramado de prácticas y discursos, fueron constituyendo progresivamente una lógica político-represiva centrada en la eliminación del enemigo interno, al menos desde 1973” (Franco, 2012:17), en el marco de lo cual se articularon prácticas tanto legales como ilegales, conviviendo la represión estatal con la paraestatal o clandestina.

La depuración del peronismo tuvo variadas expresiones, pero en lo concreto implicó el desplazamiento de gobernadores y funcionarios relacionados con la Tendencia por otros provenientes de los grupos más ortodoxos y férreamente anticomunistas. Tal fue el caso de la destitución de Martínez Baca en Mendoza, quien en agosto de 1974 fue reemplazado por su vice y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, Carlos Mendoza. Situaciones similares ocurrieron en Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Santa Cruz y Salta (Servetto, 2009).

En nombre de la seguridad interna y la depuración partidaria se legislaron una serie de normas y decretos que perseguían el objetivo del saneamiento en las instituciones estatales, órganos de base, universidades, entre otros. Uno de los mecanismos utilizados con este fin fueron los despidos selectivos escudados en las leyes de prescindibilidad laboral. Este corpus legal dictado en 1973 y renovado al año siguiente fue diseñado con el objeto de romper con la burocracia de la dictadura saliente, pero en la práctica sirvió como instrumento de depuración intrapartidario, permitiendo la expulsión de personal en las instituciones y dependencias considerados “infiltrados” y “marxistas” (Franco, 2012).

En este sentido, en las universidades los vaivenes políticos se sintieron con fuerza. Así, tras las elecciones de 1973 y el nombramiento de Jorge Taiana como ministro de Educación, se vivieron meses de “primavera democrática”, donde convergieron la radicalización del movimiento estudiantil, las distintas militancias y los proyectos de renovación académica (Franco, 2012:95). Las instituciones universitarias fueron cuestionadas en su rol tradicional como espacios privilegiados de las élites, y pasaron a ser planteadas como eslabón estratégico en el proceso de Liberación Nacional. La Universidad debía estar al servicio del pueblo, esta fue la idea que inspiró la profunda transformación que se llevó a cabo entre 1973-1974.

A la gestión de Martínez Baca como gobernador de Mendoza, se sumó en la UNCuyo el nombramiento de Roberto Carretero como rector el 8 de junio de 1973 y Arturo Roig como secretario académico. Carretero fue una figura muy importante en la historia de la UNCuyo, reivindicada por amplios sectores en especial desde el peronismo. Su primera gestión como rector fue interrumpida en 1955 con el golpe de la “Libertadora”. Durante años no pudo volver a trabajar en la universidad. Ingeniero agrónomo de formación, acompañó la asunción de Martínez Baca formando parte de su gestión hasta que, por clamor estudiantil, fue nombrado nuevamente rector, inscribiéndose así su trayectoria en la de la historia del peronismo local, la proscripción y la “primavera” del retorno.

Arturo Roig fue un reconocido filósofo mendocino y uno de los pensadores iniciadores de la corriente latinoamericana de la Filosofía de la Liberación. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y además de haber sido Secretario Académico y desde allí haber impulsado la reforma universitaria, era profesor de Historia de la Filosofía Antigua y organizaba desde 1971 los Seminarios de Pensamiento Latinoamerican (Arpini, 2020b).

En Mendoza se realizaron sucesivas tomas de facultades y del rectorado en apoyo al nuevo gobierno peronista y a la flamante gestión de Carretero. Estas medidas, impulsadas por el movimiento estudiantil, también perseguían el objetivo de denunciar a profesores y autoridades que habían hecho buena parte de su carrera durante la saliente dictadura; de esta manera el “fin del continuismo” fue otra consigna que apuntaba a grupos de docentes/autoridades “conservadores” y “antiperonistas” que podían ser un obstáculo para la nueva universidad que se estaba empezando a delinear. A la par se implementaron juicios académico-políticos contra profesores considerados funcionarios de la dictadura como el ex rector de la UNCuyo Julio Herrera y el profesor de Ciencias Políticas Dardo Pérez Guilhou, quien además de haber sido decano y rector de la UNCuyo, se había desempeñado como ministro de Educación de la Nación durante el Onganiato.

En pocos meses, se abrió un fuerte proceso de cambios de planes de estudio y discusiones respecto a la función social y política de la universidad pública. La nueva gestión sentó las bases de la reforma universitaria a través de la implementación del Plan Trienal para la UNCuyo (1974-1977), el cual tenía como objetivo “constituir la Universidad de los Trabajadores, diluida en el seno del pueblo, para integrarla en forma efectiva y real a partir del proyecto político de la Nación al proceso de reconstrucción y liberación y a la construcción de la patria grande latinoamericana” (Los Andes, febrero 1974).

La reforma apuntaba una de sus principales críticas hacia el viejo sistema de cátedras, al cual se lo entendía como caduco, feudal y patronal (Arpini, 2019). Mercedes Molina señala que desde estos cuestionamientos:

…en reemplazo de las cátedras y dentro de los departamentos, se decidió constituir «unidades pedagógicas», en las que docentes y estudiantes compartieran la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciéndose entre ellos novedosos vínculos educativos (Molina, 2014:99).

Estos procesos no fueron exclusivos de la UNCuyo, reformas similares tuvieron expresión en otros espacios, como la Universidad Nacional de La Plata bajo el rectorado de Rodolfo Agoglia, o en Salta con profesores de la talla de Rodolfo Kusch y Horacio Cerutti Guldberg (Arpini, 2019). En la Universidad Nacional San Luis también se llevaron a cabo profundos cambios en la gestión de su primer rector Mauricio López, quien está desaparecido por el terrorismo de Estado desde 1977. Estos proyectos encontraban sus bases teóricas en Darcy Ribeiro y Paulo Freire, entre otros (Roig, 1998).

En esta coyuntura particular de democratización y profunda reforma de la universidad, estudiantes y agrupaciones estudiantiles tuvieron un rol muy importante. Según el propio Roig, esta experiencia pedagógica universitaria participativa fue impulsada por un sector amplio, en el cual prevalecían “profesores jóvenes casi en su totalidad y una decidida mayoría estudiantil” (Roig, 1998:99).

Sin embargo, el proceso de democratización y reforma en la universidad duró sólo unos meses. La muerte de Perón el 1 de julio de 1974 confirmó el crecimiento de los sectores de la derecha peronista que ganaron espacios de poder, desplazando a través de diversas modalidades a todo lo que se considerara como infiltración, en especial a la izquierda peronista. El juicio político que culminó con la destitución de Martínez Baca en junio de 1974, puede tomarse como ejemplo de lo que ocurría a nivel nacional: los grupos ligados al peronismo ortodoxo fueron copando espacios claves. La universidad, que aún contaba con influencia de grupos vinculados a las izquierdas, pasó a ser el siguiente objetivo de la derecha peronista para la depuración (Besoky, 2017).

En agosto de 1974 asumió como interventor provincial Antonio Cafiero, quien nombró a Julio Cesar Santuccione como Jefe de Policía, el cual tuvo a su cargo comandos de represión paraestatal^[2] (Rodríguez Agüero, 2014). A partir de allí, la represión en pos de la “limpieza ideológica”, se fue acrecentando en todos los frentes, incluido el sindical y universitario. En las universidades este proceso de “depuración ideológica” se conoció como “misión Ivanissevich”, tomando el nombre del ministro de Cultura y Educación de ese momento, Oscar Ivanissevich (agosto 1974-agosto 1975).

Ivanissevich había ocupado con anterioridad la cartera de Educación durante la primera presidencia de Perón, entre 1948 y 1950. Coincidimos con Juan Carnagui y Lucia Abbattista quienes afirman que su nombramiento “tuvo un fuerte carácter de restauración de la ortodoxia peronista en relación con lo que estaba sucediendo en el Ministerio durante la gestión de Jorge Taiana” (Carnagui y Abbattista, 2014:4).

El nuevo ministro contó con el apoyo de agrupaciones de derecha que celebraban y accionaban en pos del objetivo de depurar al peronismo y la universidad de la infiltración marxista, tales como Concentración Nacional Universitaria^[3] (CNU) (Rodríguez, 2014). Vale señalar que esta suerte de “cruzada^[4]” o “misión” en las universidades y en la educación en general fue implementada por la gestión de Ivanissevich en un primer momento (1974-1975) y continuada por Pedro Arrighi, quien estuvo en esta cartera hasta el 24 de marzo de 1976.

En su discurso de asunción, el flamante ministro señalaba: “Estamos con Cristo y no estamos en contra de nadie (…). Es la doctrina de la Iglesia y no cejaremos mientras Dios nos mantenga erguidos” (Clarín, 19 de noviembre de 1974, citado en Rodríguez, 2015:45).

Además del apoyo de sectores del peronismo ortodoxo, como el Consejo Nacional del Partido Justicialista, un grupo de intelectuales católicos nacionalistas y férreamente antiperonistas, preocupados por el problema de la educación y en especial de la universidad y que venían escribiendo reiteradas críticas a la gestión de Taiana en la revista Cabildo, expresaron desde la misma un fuerte apoyo a la gestión de Ivanissevich^[5] (Abbattista, 2019). Vale señalar que en esta revista tuvieron asiduas colaboraciones profesores de la UNCuyo como Enrique Díaz Araujo, Enrique Zuleta Álvarez y Rubén Calderón Bouchet.

Desde setiembre de 1974 gran parte de las universidades nacionales fueron intervenidas^[6] y las autoridades vinculadas a Taiana y a la “Tendencia” desplazadas, lo mismo que profesores y trabajadores que fueron cesanteados, expulsados, amenazados, teniendo que optar forzosamente por el exilio o insilio. A su vez, en las distintas universidades se dictaron normas que blindaron de “legalidad” ciertas prácticas depuratorias, amparadas en las leyes de prescindibilidad, las cuales fueron aplicadas contra el cuerpo docente y no docentes de las universidades. De esta manera, trabajadores y trabajadoras de larga trayectoria resultaban despedidos de forma arbitraria.

…fueron removidas un gran número de autoridades en las casas de altos estudios, esos cargos pasaron a ser ocupados por diferentes figuras abiertamente vinculadas con la derecha peronista como Alberto Ottalagano^[7] (UBA), Remus Tetu (UNS y del Comahue), Menso (UNC), etc.” (Seia, 2016:31).

En el caso de la UBA, Ottalagano como rector de la misión en una corta gestión de sólo tres meses implementó medidas brutales para la “depuración” de la universidad, la cual, según su diagnóstico, se había convertido en "el centro del reclutamiento de la guerrilla y nosotros ahora trajimos la paz (…) la paz es la tranquilidad del orden, como dijera Santo Tomás de Aquino” (Izaguirre, 2011:302).

En la UNCuyo, Carretero presentó su renuncia apenas se produjo el cambio en el ministerio de Educación y tras un breve intervalo, Otto Burgos fue quien encabezó la “depuración”.

En noviembre de 1974 el gobierno de Martínez de Perón decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional. Junto a la supresión de las garantías constitucionales, en las universidades esto vino acompañado de la obligación de las autoridades de cada establecimiento de informar actividades y elevar listas de personal a las fuerzas armadas y policiales (Rodríguez, 2015).

Para el año 1975, se establecieron en todas las universidades cupos por carreras, exámenes preuniversitarios obligatorios como Historia, Geografía y Lengua Nacional y de esta manera se eliminó el ingreso irrestricto. Sobre esto debemos precisar que las políticas para el ingreso a la universidad estuvieron en el centro de la batalla ideológica entre sectores conservadores y progresistas, buscando los primeros la eliminación del ingreso irrestricto y luchando por su continuidad los segundos. Ivanissevich tomó rápidamente postura y en todos sus discursos dejó en clara su posición de “selección” para el acceso a la universidad. Ya en el marco de su asunción como ministro de Educación afirmaba:

Hoy no se puede engañar a la gente, no podemos incorporar al ingreso irrestricto para que salga del egreso restricto y tengan problemas después. Una selectividad debe existir, sí, debe existir desde el jardín de infantes (Los Andes, 15 agosto 1974).

Ivanissevich impulsó la creación de cuerpos de celadores, los cuales estaban conformados por civiles y fuerzas de seguridad que se encargaban del control dentro de las instalaciones universitarias. En las entradas y salidas, pasillos, aulas, estas fuerzas operaban articuladas con la Policía. Según Laura G. Rodríguez “en la UBA fueron más de 1600 personas las que desempeñaron funciones de vigilancia de marcado carácter represivo” (Rodríguez, 2015:48). En la UNLP también funcionaron en un número importante.

A partir de enero de 1975 pasó a estar a cargo del rectorado de la UNCuyo Otto Herbert Burgos, quien fue el principal representante de la misión Ivanissevich en Mendoza. Burgos era profesor de Historia y ya había coincidido con Ivanissevich en la UNCuyo cuando se realizó el Congreso de Filosofía de 1949, en el cual el primero había participado como expositor local y el segundo como ministro de Educación. Cesanteado por la dictadura de la “revolución libertadora”, provenía del peronismo ortodoxo y en sus dichos se expresaba la admiración y cercanía que tenía con Ivanissevich, con quien coincidía entre otras cosas en el diagnóstico respecto a la decadencia de la universidad y la necesidad de imponer el orden. Sobre el flamante rector se comentaba “tenía vínculos con la CNU y que era un “facho nazi”” (Rodríguez, 2015:69).

En la Universidad Nacional de Cuyo, el rector Burgos fue el encargado de implementar esta política de persecución, expulsiones, cesantías y entrega de miembros de la comunidad educativa a las fuerzas represivas, además de cumplir con los conceptos de la «misión»: formar estudiantes cristianos, nacionalistas y antimarxistas (Molina, 2014:106).

En reiteradas ocasiones, de manera pública Burgos expresó que sus objetivos en el rectorado consistían en “implantar el orden, concretar la jerarquización académica y argentinizar la Universidad” (Los Andes, marzo 1975). Para ello, apenas asumido, Otto Burgos instaló severas políticas de control y vigilancia. Una de ellas fue autorizar el ingreso de las fuerzas policiales al predio universitario, las cuales circulaban día y noche entre los edificios de la universidad.

Otro mecanismo fue la creación de un “Cuerpo de Asesores”, el cual estaba conformado por miembros de la Fuerza Aérea, Ejército, Arzobispado y de la Confederación General del Trabajo, más un representante de la “asociación de padres” (Los Andes, febrero 1975). La formación de este órgano mediante resolución de rectorado demuestra la injerencia que desde inicios 1975 tuvieron las fuerzas armadas dentro de la UNCuyo. El cuerpo de asesores tenía la función de controlar, autorizar y censurar las actividades culturales y de extensión dentro de la universidad, a partir de criterios que no eran de conocimiento público, pero que según decían se orientaban al “interés y necesidad de la sociedad mendocina” (Los Andes, febrero 1975).

En agosto de 1975 Ivanissevich fue reemplazado por Arrigui. Éste continuó con la “misión” de su antecesor. Entre otros dichos que nos orientan sobre su posición política e ideológica, “Arrighi caracterizó a la reforma universitaria de 1918 como la “punta de lanza de la revolución bolchevique” que “abrió las puertas para la permanente subversión” (Abbattista, 2019:173). Pese al cambio nacional, en la UNCuyo continuaron las mismas autoridades hasta el golpe del 24 de marzo de 1976.

Para mediados de 1975 Rodríguez (2014) señala que la CTERA estimaba en 15000 las cesantías producidas en las universidades del país. A la par de esto, la violencia física directa se exacerbaba. Inés Izaguirre sostiene que, en los meses previos al golpe, a nivel nacional 417 estudiantes fueron asesinados/as y desaparecidos/as. De ese total, más de un tercio corresponden a la UBA y La Plata (Izaguirre, 2011:302). Los primeros asesinatos de estudiantes en Mendoza de los cuales se tiene registros se produjeron en esta época, lo mismo que la publicación de listados de cesantías, expulsiones y suspensiones del personal docente, no docente y estudiantes. Pasaremos a revisar las especificidades que tuvo esta “misión” en las instituciones de Mendoza, centrándonos en la UNCu.

En este apartado intentaremos reconstruir algunas características que tuvo la represión hacia profesores/as de la Universidad Nacional de Cuyo como así también visibilizar algunas expresiones de resistencia en el contexto de la avanzada de la misión Ivanissevich. Para ordenar el relato, hemos pensado distinguir entre la represión hacia trabajadores de la universidad por un lado y hacia el movimiento estudiantil, por otro.

La primera dimensión que revisaremos es la de la persecución hacia trabajadores: autoridades, personal docente, especialmente a quienes podemos nombrar como intelectuales-militantes que fueron activos agentes impulsores de la transformación de la universidad durante la gestión de Carretero-Roig. Como este trabajo es una primera aproximación nos enfocaremos en casos notorios como el de las autoridades del rectorado y la Facultad de Filosofía y Letras, mientras avanzamos en las indagaciones respecto a otras unidades académicas.

Como ocurre generalmente cuando una institución entera se ve afectada por cambios “desde arriba” en la orientación política nacional, los primeros en tener que dejar sus puestos de trabajo ante la asunción de Oscar Ivanissevich fueron el rector, los decanos y quienes trabajaban con cargos de gestión, como el secretario académico. Roberto Carretero presentó su renuncia días después de asumir el nuevo ministro de Cultura y Educación, aduciendo problemas de salud. La renuncia fue aceptada y ocupó su lugar de manera provisoria Guido Liserre, el entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas.

Apenas conocida la noticia de la renuncia de Carretero, quienes eran parte o acompañaban la gestión reformista, se convocaron en una asamblea general de estudiantes, docentes y no docentes de las distintas unidades académicas en el hall de Filosofía y Letras, en el marco de la cual se decidió expresar un abierto apoyo al rector saliente y a las autoridades ligadas a su gestión que continuaban en sus cargos, como el decano Onofre Segovia. También se declaró estado de alerta y movilización en defensa de las conquistas logradas durante los quince meses de su gestión. Además, la asamblea expresó un abierto repudio a la gestión de Ivanissevich. En función de esto se votó por unanimidad la ocupación de todas las facultades –sin cese de actividades- con estado de asamblea permanente (Los Andes, agosto 1974).

Liserre estuvo como decano a cargo del rectorado hasta enero de 1975, es decir menos de cinco meses, tiempo en el cual intentó sostener las políticas que se habían dado en la universidad pese al contexto nacional y local adverso, inclusive entre grupos académicos al interior de la universidad que fueron reacios a la reforma universitaria y que ahora celebraban el marcado cambio de rumbo que se estaba produciendo en la política educativa.

La llegada al poder de grupos de derecha en cargos políticos claves y por otro lado, el intento de sostener los cambios que se habían podido concretar en la universidad, repercutieron en la formación de -al menos- dos espacios docentes contrarios: aquellos “antirreformistas” envalentonados por el cambio de ministro y la renuncia de Carretero y los otros, “progresistas” que veían peligrar las transformaciones de reciente implementación en la UNCuyo, a la vista de lo que ocurría en otras universidades nacionales que habían sido intervenidas e incluso cerradas provisoriamente, como la UBA y la UNLP.

En agosto de 1974 los y las profesores/as que impulsaron y/o apoyaron las políticas universitarias de la gestión de Carretero se organizaron en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Filosofía y Letras (ATEFYL). Esta era una forma de dar abierto respaldo a Onofre Segovia, decano de amplia militancia peronista, quien había sido un decidido impulsor de la reforma durante la gestión de Carretero-Roig y que fue blanco constante del grupo conservador.

ATEFYL partió de una instancia asamblearia con más de sesenta profesores/as de la facultad, conformada entre otros por Rossier Omar Barrera, Juan Schobinger, Nora L. Arrarás de Allende, María Victoria Gómez de Erice y Nelly López de Hernández, quienes fueron responsables de redactar su estatuto fundacional. Esta entidad se presentaba como de tipo gremial, con el objetivo de nuclear a trabajadores/as de la educación para respaldar “la opción de pedagogía universitaria ya propuesta en los objetivos de la facultad y en la ley universitaria, estimular la participación activa y crítica en el proceso universitario, y por último conseguir y afianzar una auténtica justicia social y una real democracia en la universidad” (Los Andes, 6 agosto 1974).

Durante la gestión de Carretero en el rectorado y Segovia en el decanato, profesores de FFYL contrarios a la reforma, que ocupaban cátedras claves desde décadas anteriores y que en buena parte estaban nucleados en torno al nacionalismo católico de derecha con matriz hispanista franquista (Fares, 2017), muchos de ellos antiperonistas, se organizaron en la Asociación de Docentes e Investigadores de FFYL (ADIFYL), encabezada por Mariano Zamorano en calidad de presidente y José Luis Masini como secretario y a la cual adherían, Pedro Santos Martínez, Carlos Orlando Nallím, Jorge Comadrán Ruiz, Luis Campoy, entre otros. Estos últimos ocuparon cargos de gestión durante las anteriores dictaduras y el Terrorismo de Estado. Este grupo congregaba una cantidad reducida de profesores/as, a diferencia de ATEFYL que los doblaba en representación.

ADIFYL se opuso fuertemente a la reforma de los planes de estudio e hizo públicos comunicados contra la misma, aduciendo que la misma era ilegal -contraria a la ley universitaria-, y que atentaba contra la calidad científica de la docencia y la investigación, especialmente acusando a Onofre Segovia por impulsarla y llevar así a la decadencia de la facultad (Circular 19, FFYL, 1973).

Pese a reiterados comunicados de ATEFYL y del decano, que hacían hincapié en que la reforma había sido el proceso más democrático que había vivido la facultad en toda su historia, y que los resultados obtenidos en los primeros meses de su implementación eran más que positivos, el grupo académico reaccionario -buena parte de éste proveniente de la carrera de Historia- se mantuvo en su postura de ataque discursivo directo.

Para inicios de 1975 la balanza se inclinó definitivamente a favor del grupo conservador, asumiendo el rectorado Otto Burgos. A la par de esta asunción, Segovia se vio forzado a presentar su renuncia. Burgos nombró como decano de FFYL a Julio Argentino Bartolomé Torres, quien asumió recién llegado de Buenos Aires, donde se desempeñaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, como Secretario Académico del entonces decano, el jesuita Raúl Sánchez Abelenda seguidor de las ideas de Julio Meinville (Malimacchi y Giorgi, 2007) y uno de los principales referentes de la derecha peronista, nombrado por Ottalagano (Besoky, 2017).

En febrero de 1975, el decano interventor de FFYL Torres derogó la resolución que aprobaba los nuevos planes de estudio en la facultad y de esta manera se daba marcha atrás con toda la labor iniciada a mediados de 1973. Algunas de las razones esgrimidas para su derogación era que se trataba de un plan contrario a la ley universitaria, que se guiaba por modelos extranjerizantes, que era ajeno a la tradición argentina y que favorecía el anarquismo pedagógico dando lugar al extremismo subversivo (Aveiro, 2014:194).

ADIFYL elevó notas de reconocimiento y adhesión a la nueva gestión, así como también, en un intento de obtener influencia, organizó una serie de documentos para el nuevo decano, ofreciéndole “una síntesis de los puntos de vista que ha sostenido ante las anteriores autoridades de la Universidad y de la Facultad, en procura de su reestructuración” (Los Andes, febrero 1975).

Tras apenas dos semanas de su asunción, Torres falleció con sesenta y tres años de edad^[8]. En su lugar, Otto Burgos escogió a otro cuadro del peronismo de derecha bonaerense, en este caso el filósofo Julio Seco Villalba, quien estaría a cargo del decanato de la FFYL UNCuyo de febrero a octubre de 1975, ya que en esa fecha Pedro Arrighi lo convocaría para ser rector de la Universidad Nacional de La Pampa, donde “la “misión” utilizó prácticas patoteriles como la ostentación de armas en oficinas y pasillos y el copamiento de todo espacio crítico para poner “orden” en las aulas” (Asquini y Dal Bianco, 2008: 73) . En su lugar, se nombró a la primera mujer decana, la historiadora Rosa Zuluaga, profesora emérita de la FFYL-UNCu, quien fue el puente entre la misión Ivanissevich y el golpe de Estado, ya que continuó su gestión en dictadura.

Durante 1975, a más de sesenta docentes de la UNCuyo no se les renovó la designación por considerarlos “no confiables para la docencia” (Nómina de personal UNCu, 1976). A partir de la gestión de Burgos, muchos docentes - en el caso de Filosofía y Letras la mayoría integrantes de ATEFYL y activos partícipes de la reforma- fueron cesanteados o expulsados de la universidad^[9]. Algunos/as fueron: Nelly López de Hernández, Susana Beatriz Ardesi de Tarantuviez, Saida Nazar, Cristian Buchrucker, Bernardo Bazán, Rossier Barrera, Esteban Fontana, y un largo etcétera. Un profesor de la carrera de Historia de la FFYL, recuerda estos años como un momento muy complicado para su claustro:

“En el 75 la famosa intervención de Ivanissevich había sacado de todas las facultades algunos profesores que se suponía estaban identificados con la administración anterior, la del camporismo por llamarla de alguna manera. (…) El profesor Segovia de Literatura fue muy perseguido porque estaba identificado con Carretero, pero hubo otros que también sufrieron reducciones de su actividad pero digamos que todavía había esa cosa intermedia de sí pero no, persecución pero hasta cierto punto” (Entrevista, ex profesor de FFYL, agosto 2021).

De este testimonio se desprende que la cesantía o expulsión no fue el único dispositivo implementado contra docentes que militaron la reforma universitaria, más bien nos encontramos con un amplio abanico de mecanismos represivos, directos e indirectos, siendo uno de los más frecuentes en esta etapa las “reducciones de sus actividades”. Es decir, quien tenía dedicación a tiempo completo, pasarlo a dedicación simple, desplazarlos de cátedras importantes, disminuir las horas de trabajo –y por ende los salarios-, entre otras cosas. De esta manera, hay un número no determinado aún de profesores que al menos hasta el 24 de marzo de 1976 continuaron en las cátedras, durante la depuración de Burgos, pero con estas adversas condiciones.

Respecto a la violencia directa contra el claustro docente, debemos señalar que la represión fue conjunta tanto desde las autoridades universitarias como desde grupos paramilitares de derecha que actuaban dentro y fuera de la universidad, entre los cuales podemos destacaba el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) (Rodríguez Agüero y Paredes, 2012). El 18 de noviembre 1974 una bomba estalló en la casa de Onofre Segovia en Godoy Cruz. Arturo Roig, Enrique Dussel, Oward Ferrari, entre otros, también sufrieron atentados y amenazas varias. El caso de Dussel fue particular porque el primer atentado que sufrió fue en octubre de 1973, es decir unos meses antes de la ola de ataques que vendrían luego. Los atacantes se identificaron como “Comando de Operaciones Anticomunistas José Rucci”, y señalaban que el filósofo era responsable de “apátrida y de envenenar las conciencias de la juventud con la inmunda doctrina marxista” (Ciriza y Rodríguez Agüero, 2015:62).

Redes de solidaridad se fueron tejiendo entre profesores e intelectuales perseguidos por la misión Ivanissevich. Desde la Universidad Nacional de San Luis Mauricio López (que estuvo en el rectorado hasta el golpe de 1976) fue un eslabón fundamental para la formación de grupos que con apoyo internacional intentaron sostener las condiciones mínimas de supervivencia de quienes habían sido expulsados de la universidad:

La primera muestra de solidaridad hacia los profesores que se habían quedado sin trabajo provino del Instituto para la Liberación y Promoción Humana (ILPH) y del propio Mauricio López. El grupo ecuménico ligado al ILPH, junto a algunos profesores cesanteados, buscaron alternativas para ayudarlos a seguir investigando, mantener a sus familias y evitar que estos académicos emigraran (Paredes, 2018:126).

Algunos pudieron retornar en democracia, pero muchos otros, producto del exilio continuaron sus carreras en otros países o ejercieron en otras universidades del país. Particularmente profundo fue el impacto de la represión entre el profesorado de la carrera de Filosofía, de allí que Adriana Arpini se refiera al “exilio filosófico”:

En efecto, no pocos de los filósofos argentinos, que en los años previos a 1974, habían participado de los debates en los que se gestó la Filosofía Latinoamericana de la Liberación debieron emprender el camino del exilio exterior. Alberto Parisi, Enrique Dussel, Horacio Cerutti Guldberg, Arturo Andrés Roig. A ellos se sumaron, entre otros, Carlos Bazán, Oward Ferrari, Víctor Martín, Rodolfo Agoglia, que si bien no tuvieron participación directa en la Filosofía de la liberación, abogaban por un cambio en el quehacer filosófico que significó una ruptura con los criterios dominantes de la “normalización” (Arpini, 2020:368).

El caso de la UNCuyo estuvo en sintonía con las directivas nacionales. Apenas asumido, Otto Burgos ordenó la prohibición del funcionamiento del centro de estudiantes dentro de las instalaciones de la universidad. Destacamos el “dentro de…” ya que el argumento de las autoridades era que no pretendían cercenar la participación estudiantil, sino que las edificaciones universitarias debían utilizarse exclusivamente “para estudiar”, por lo que cualquier otro propósito debía tener lugar por fuera de las mismas. También consideramos importante señalar que las autoridades entendían por “políticas” todas aquellas expresiones que consideraban “subversivas”, o cuestionadoras del gobierno nacional, porque lo cierto es que la gestión tuvo constantes expresiones políticas de apoyo y filiación al peronismo, a Perón y a Isabel.

Además de la prohibición del funcionamiento de centros de estudiantes en las instalaciones de la universidad, por resolución n° 80 de febrero de 1975, el rectorado de la UNCuyo invocando la situación de estado de sitio a nivel nacional que regía desde noviembre de 1974, prohibió la realización de toda clase de asambleas docentes, no docentes y estudiantiles. A su vez, se ordenó una “limpieza visual”, que consistía en borrar las inscripciones, pintadas, quitar los carteles y cualquier expresión que se pudiera ver en las fachadas y pasillos de las facultades.

Por otro lado, se instalaron desde el rectorado y en cada unidad académica fuertes políticas de control hacia los y las estudiantes, claustro que era considerado semillero de subversión y por lo tanto objetivo directo de la misión. De allí que, a nivel nacional, en las reuniones de los rectores con Ivanissevich se llegara a discutir si los comedores universitarios debían ser considerados como foco de infiltración subversiva y si por ello debían cerrarse. En la UNCu el comedor continuó funcionando, pero con arancelamientos y mayores medidas de control que garantizaran el “ordenado” funcionamiento de estos espacios, es decir sin reuniones políticas ni agrupamientos.

Además de contar con el “consejo de asesores”, el rector estimuló otras maneras de mantener la vigilancia dentro de las facultades. Sabemos por testimonios de estudiantes que personal de ordenanza de la Facultad de Filosofía y Letras operaba como agente de vigilancia y control del rectorado, en estrecha relación la policía. El Centro de Estudiantes de la FFYL (recordemos que con prohibición de actuar dentro de la facultad) denunció esto ante los medios de comunicación. Un ejemplo es el siguiente:

Santarone estaba, como todos los estudiantes, sentado en el bar de la facultad, preparando sus materias para rendir en los turnos de marzo, cuando, por la denuncia de un ordenanza, fue detenido a los pocos minutos de llegar. Esta es una expresión más de cómo se cohartan las libertades democráticas, ya que el compañero pasa a engrosar la larga lista de presos políticos, gremiales y estudiantiles que existe en el país y en Mendoza” (Los Andes, marzo 1975).

Este hecho aparece no como un caso aislado, sino como la muestra de un modus operandi dentro de la universidad. Posterior a la denuncia pública del CEFYL, la policía confirmó la detención de este estudiante, alegando que había sido visto realizando inscripciones en el baño de la facultad. Este caso sirve entonces de ejemplo para pensar en las relaciones de civiles con fuerzas policiales dentro y fuera de la universidad, como un punto que amerita más y profundas indagaciones.

A la par del control policial, de ordenanzas y del consejo asesor, en la Facultad de Filosofía y Letras se estableció como “medida preventiva” la obligación de presentar una credencial especial para los y las estudiantes. Según las autoridades esta credencial ayudaría a que en la FFYL no circulen personas ajenas a la institución y evitaría los “desórdenes” que según algunos secretos informantes podrían producirse allí (Los Andes, marzo 1975). Esta medida en dictadura se extendería al resto de las unidades académicas. También se generaron otros mecanismos como las suspensiones y expulsiones de estudiantes, los cuales se profundizarían a partir de 1976.

Realizando un rastreo de la prensa y por medio de testimonios podemos afirmar que Burgos tenía al menos el apoyo de la CNU, Alianza Libertadora Nacionalista, Juventud Sindical Peronista y otras organizaciones que actuaban en la universidad y también por fuera de ella y que encaraban de manera violenta la depuración de la infiltración dentro y fuera de peronismo. En el mismo sentido, el rector frecuentemente en sus discursos hacía uso de un lenguaje que exaltaba la violencia en pos del orden, señalando un “enemigo” en la universidad contra el que se debía actuar:

Los agitadores marxistas y los responsables del desquicio que hizo necesaria la intervención del gobierno nacional, cualquiera sea la denominación con que se encubren, serán sancionados como corresponde, no en razón de sus ideas, sino por su condición de instrumentos de una política disolvente y subversiva que atenta contra el orden académico y compromete la seguridad de la nación” (Los Andes, abril 1975).

Una dirigente estudiantil peronista de FFYL, que tuvo que exiliarse en esos años, recuerda:

La derecha fue terrible, denunció en cada facultad por eso mucha gente tuvo que esconderse e irse también…porque los tenías en las aulas. Recuerdo que venían a las asambleas, nos amenazaban…y con la misión Ivanissevich no sólo los profesores se tuvieron que ir sino que empezó a venir la policía y el ejército a la facultad. La policía estaba todo el tiempo en la facultad, los tenías en los portones del parque, pero también en la puerta de la facultad, y no sólo en las puertas sino ya adentro, entraban a las aulas a ver cómo se estaban dando las clases, qué se decía. En forma clandestina, porque no iban vestidos de policía, iban de forma clandestina. Entonces era la CNU y la misma policía que iba a controlar y metiéndose en las aulas y las clases. (Entrevista ex dirigente estudiantil, Mendoza 6 julio 2021).

En un comunicado, el Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales en 1975 reflejaba su preocupación ante la escalada de violencia:

Estos hechos constituyen la expresión más violenta de la situación en la Universidad desde el año 1974, en que además del deterioro académico, el despido injustificado de gran número de docentes y la liquidación de carreras, ha estado caracterizado por la presencia de grupos armados que al estilo de la CNU actúan en las Facultades por la vía del terror (Vélez, 1999:174).

Cientos de estudiantes de la UNCuyo, UTN y Escuelas Superiores fueron víctimas de la represión por parte de grupos paraestatales (en muchos casos con complicidad o actuación directa de efectivos policiales) que implementaron estrategias de terror, desde arengas y amenazas hasta la violencia física directa: allanamientos en los hogares, secuestros y asesinatos.

Si bien tenemos registros de acciones violentas por parte de grupos de derecha vinculados a la universidad por lo menos desde 1971^[10], fue a partir de 1975 que sus acciones de violencia se incrementaron a niveles no vistos con anterioridad. En enero de ese año se produjo un atentado contra Daniel Olivencia, militante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros quien era estudiante de Psicología y presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Antropología Escolar. Si bien sobrevivió al mismo, meses después fue desaparecido.

En mayo del mismo año fueron asesinados Amadeo Sánchez Andía, estudiante de la Escuela de Comunicación Colectiva –carrera cerrada durante la última dictadura- y militante del PRT-ERP y Gladys Sabatino, militante de la misma organización y estudiante de Medicina en la UNCuyo. Estos asesinatos, por la forma de su ejecución y la violencia desplegada, fueron los primeros perpetrados por grupos paramilitares que operaban con fuerzas de inteligencia. Según señala Violeta Ayles, los responsables de este secuestro y asesinato eran miembros de la Policía Federal pero no se descarta la participación conjunta con organizaciones paramilitares (Ayles, 2021).

El 22 de noviembre de 1975 fue secuestrado de su domicilio y desaparecido el estudiante de Medicina Luis Moriñas Yung, dirigente de la TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combativa). Días después ocurrió lo mismo con el militante del PRT-ERP, trabajador bancario y estudiante de la Escuela de Servicio Social José Vila Bustos.

El 21 de marzo de 1976, a las puertas de la implementación de la última dictadura cívico-militar fueron secuestrados y asesinados Susana Bermejillo, militante estudiantil de Filosofía y Letras, activa partícipe de la reforma universitaria de 1973-1974 y afiliada al Partido Comunista; y Mario Susso, dirigente estudiantil de la UTN y militante del PCR. Estos asesinatos habrían tenido relación con grupos vinculados a la CNU y la Triple A (Colectivo Juicios Mendoza, 2021). La familia de Susana Bermejillo recibió tiempo después una nota que atribuía su muerte a un grupo llamado “Tradición, Familia y Propiedad” (IV Juicio Lesa Humanidad Mendoza, 2017).

Tras los asesinatos de Bermejillo y Susso, la UNCuyo permaneció unos días cerrada “por desinfección” (Vélez, 1999:175). De esta manera, el día del golpe, 24 de marzo de 1976, no hubo actividad alguna. Roberto Vélez infiere que esta medida se debía a que las autoridades sabían lo inminente del golpe. Se iniciaban siete años de la dictadura más terrible de nuestra historia y una nueva y oscura página en la historia de la UNCuyo.

Como ha señalado Paula Bagorria (2021) la violencia desatada contra el movimiento estudiantil antes y durante la última dictadura militar puede llegar a entenderse, al menos en parte, por el enorme proceso de politización y organización que experimentó el estudiantado en los años de la apertura democrática 1973-1974. Esto fue visible tanto en su involucramiento en las distintas instancias de la reforma universitaria como en las discusiones políticas, los debates desde los centros de estudiantes, el florecimiento de gran variedad de agrupaciones y el compromiso de la militancia estudiantil con la transformación de la sociedad. La misión Ivanissevich cortó fuertemente con este perfil de estudiante comprometido, extirpó cualquier indicio de organización política y fomentó como modelo de “buen estudiante” a aquel que aparecía preocupado exclusivamente por su carrera y estudios, con marcado perfil individualista.

El propósito de este trabajo consistía en realizar una primera aproximación a la historia reciente de la UNCuyo observando los años de represión predictatorial, entre 1974 y 1976. Esta época ha sido muy poco explorada en el plano universitario, de allí la necesidad de empezar a juntar las piezas para de esta manera poder tener una mejor comprensión de las causas y desarrollo de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica y sus consecuencias en materia educativa, específicamente en el ámbito universitario local.

A lo largo de estas líneas hemos intentado presentar algunas características de la política universitaria durante la llamada misión Ivanissevich que en la UNCuyo tuvo como principal referente al rector Otto Burgos. Además de haber enumerado algunos elementos novedosos para la universidad en materia de dispositivos de control y disciplinamiento, hemos distinguido entre la represión hacia docentes y hacia el movimiento estudiantil.

Respecto al claustro docente pudimos detectar al menos dos agrupamientos que se dieron en la FFYL a partir de lo que implicó la reforma universitaria de 1973-1974. De manera tal que ATEFYL y ADIFYL se conformaron según la adhesión o rechazo a la reforma, respectivamente. Sin embargo, al interior de estos espacios coexistían grupos académicos con diferencias. En el caso de ADIFYL podemos ver que, si bien nucleaba a profesores de la derecha nacionalista, Burgos -que provenía de la carrera de Historia como la mayoría de los integrantes de ADIFYL-, no nombró a ninguno de estos profesionales como decanos, sino a peronistas de derecha oriundos de Buenos Aires.

Desconocemos las razones que condujeron al rector a colocar en cargos claves como el decanato de la FFYL a personas ajenas a la realidad de la UNCuyo, pero es probable que un factor que influyera en esta decisión haya sido la disputa entre la derecha peronista y la derecha católica anti-peronista. Si bien en ADIFYL vemos presencia de intelectuales de ambos grupos que convergieron contra el grupo impulsor de la reforma, los cuadros de la derecha antiperonista eran más numerosos. También hemos señalado que Burgos contaba con apoyo de organizaciones de la derecha peronista que trascendían a la UNCuyo, como ALN, JSP, CNU por lo tanto contar con decanos que tuvieran diálogo fluido con estos espacios facilitaría la gestión del “orden”.

Vimos que a partir de 1975 los profesores y profesoras vinculados a ATEFYL, militantes, simpatizantes e impulsores de la reforma universitaria fueron perseguidos, cesanteados, expulsados, produciéndose una ola de exilios que se incrementaría durante los años siguientes.

Por otro lado, pudimos ver que el movimiento estudiantil, activo partícipe durante la reforma de 1973-1974 también fue blanco de la represión, dentro y fuera de la universidad. Queda por seguir desandando cuáles eran las organizaciones y discusiones hacia dentro del movimiento, qué organizaciones apoyaron las reformas y cuáles se constituyeron desde posiciones conservadoras. Sabemos por testimonios y por registros de la prensa que la presencia de CNU fue importante en nuestra provincia, pero no hay investigaciones sobre ésta u otras organizaciones similares en la UNCuyo.

Si bien en este trabajo hemos reconstruido distintos mecanismos de control y represión que se desplegaron en la UNCuyo contra el movimiento estudiantil, por una cuestión de espacio, no hemos podido dar cuenta de las formas de resistencia que encararon. No podemos dejar de señalar que los y las estudiantes no fueron pasivos ante las agresiones de la misión Ivanissevich, al contrario, se movilizaron, denunciaron activamente en los distintos medios de comunicación lo que ocurría dentro de la universidad, los asesinatos de compañeros/as, las detenciones ilegales, exigieron que se abrieran investigaciones, etcétera.

Finalmente, y como balance general, este trabajo nos ha permitido observar varias lagunas que esperan ser saldadas a medida que las investigaciones en este campo avancen. No podemos cuantificar la represión de la misión Ivanissevich, pues no se han elaborado registros, por ejemplo, de expulsados, exiliados, insiliados, y en general afectados por las restricciones en la universidad. Esta es otra cuestión que debe atenderse para la reconstrucción de la historia y la memoria universitaria.

En el mismo sentido, debe subrayarse el proyecto pedagógico-político de universidad, en el que trabajaron profesores, estudiantes y la comunidad en general de la UNCuyo y que también fue brutalmente deshecho. Podemos hablar en este caso de la implementación de políticas de “terror académico”, es decir la instalación de dispositivos hacia dentro de la universidad y en la relación docente-estudiante que van desde la censura de profesores, la prohibición de bibliografía, hasta la negación explícita a poder expresar opiniones personales, entre otros. Estos aspectos, se deducen de lo que hemos ido presentando a lo largo de este trabajo más requieren de una investigación específica.

Como señala Roig, a partir de 1974 pero con fuerza desde inicios de 1975 “(…) la Universidad, como institución del saber, entró en un proceso de quiebra, de empobrecimiento. Generó en su seno un clima, el más negativo para el saber mismo, caracterizado por la desconfianza, el miedo y el terror” (Roig, 1998, s/n).

El Estado implementó distintos métodos, escudados muchas veces en la legalidad, para “depurar” la sociedad. Pero también extendió su violencia en conjunto con grupos paraestatales que implementaron la violencia directa contra personas, colectivos, organizaciones. Tales fueron los casos de CAM, CNU, que actuaron en un contexto de creciente autoritarismo estatal, dando lugar a lo que entendemos como “complejo contrainsurgente” (Besoky, 2016). Pudimos ver que en la UNCuyo se desplegaron dispositivos legales, como las leyes de prescindibilidad, así como también actuaron policías, grupos parapoliciales, diluyéndose la frontera de lo legal e ilegal a la hora de reprimir la “subversión”.

A la misión Ivanissevich le sucedió el Terrorismo de Estado. En democracia, ya había iniciado la censura y represión que la dictadura institucionalizó y profundizó. Las víctimas se multiplicaron, el terror se desplegó en todas las dimensiones de la vida. La universidad no fue ajena a este proceso. Con la asunción del Comodoro Héctor Ruiz en el rectorado de la UNCuyo se abrió un nuevo y más violento periodo.

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Entrevista realizada por la autora en el año 2021 a M ex dirigente estudiantil de la FFYL-UNCu y a C profesor de Historia de la FFYL- UNCu, cesanteado y actualmente jubilado.

páginas / año 15 – n° 39/ ISSN 1851-992X /2023

[1] En adelante UNCuyo o UNCu.

[2] Rodríguez Agüero (2014) señala que fue López Rega quien colocó a Santuccione en Mendoza. Entre los comandos clandestinos de represión que funcionaron en la provincia mendocina podemos señalar el Comando Anticomunista de Mendoza, Comando Pio XII, entre otros.

[3] Sobre la CNU se puede consultar la tesis doctoral de Juan Luis Carnagui “Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y y reconfiguración de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). La Plata 1955-1974”, FaHCE, UNLP.

[4] Abbattista que señala que más que “misión” podemos pensarlo como una “cruzada” en pos de la restauración de la ortodoxia justicialista (Abbattista, 2019). Aquí aparece una idea cristiana de erradicar herejías y moralizar y disciplinar.

[5] Pese a este táctico apoyo al ministro, dadas sus duras críticas al gobierno nacional Cabildo fue clausurada en febrero de 1975.

[6] No todas las universidades nacionales fueron intervenidas. Encontramos casos como los de San Luis y Luján donde se mantuvieron las mismas autoridades entre 1973-1976 (Rodríguez, 2015).

[7] Sobre Ottalagano, Marina Franco sostiene que era “nacionalista, católico de derecha y declarado fascista” (2012:99).

[8] No hemos encontrado documentos que señalen las causas de su deceso.

[9] Hasta el momento hemos podido corroborar que casi dos tercios de quienes fueron parte de ATEFYL y/o apoyaron abiertamente a Segovia fueron dados de baja entre 1975-1976. Sin embargo, presumimos que este porcentaje puede crecer a medida que dispongamos de más fuentes.

[10] En febrero de 1971 se colocó una bomba contra Raúl Anfuso, dirigente estudiantil de la UTN-Regional Mendoza. Este atentado fue reivindicado por MANO.