Dirigentes conservadores, comicios competitivos y realineamientos partidarios (Córdoba, 1912)

Conservative Leaders, Competitive Elections and Party Realignments (Córdoba, 1912)

A partir de la consideración de una coyuntura específica, que comprende la primera elección de diputados nacionales efectuada bajo la vigencia de la ley Sáenz Peña a principios de 1912, y los primeros comicios gubernativos realizados, a fines de ese año, tras la adaptación de la constitución provincial a las nuevas disposiciones nacionales, nos proponemos contribuir al análisis de las relaciones que se establecieron, en la provincia de Córdoba, entre los procesos previos a la reforma electoral, el impacto de la nueva normativa sobre los escenarios en que se desarrollaban las disputas por el poder político, y las estrategias adaptativas de aquellos segmentos de la dirigencia -a quienes denominaremos conservadores ante la ausencia de un concepto más apropiado para definirlos- que habían participado en las alianzas gobernantes en el pasado y ahora debían enfrentar al radicalismo en las urnas. Para ello nos concentraremos en las fuerzas políticas que agruparon a los conservadores en ambos comicios, prestando atención a los sectores que actuaban en su interior; a sus trayectorias previas en partidos y camarillas; a las razones que explican sus disputas; a los recursos con que contaban para dirimirlas. A partir del tratamiento de estas cuestiones intentaremos arribar a algunas conclusiones preliminares respecto a los cambios y continuidades en las prácticas políticas, en especial al nivel de pervivencia del faccionalismo y de la flexibilidad de la dirigencia para arribar a acuerdos más o menos inestables con otras fuerzas políticas, incluso con enconados rivales ideológicos.

Palabras clave: conservadores; competencia; partidos políticos; Facciones; prácticas políticas.

From the consideration of a specific situation, which includes the first election of national deputies carried out under the validity of the Sáenz Peña law at the beginning of 1912, and the first gubernatorial elections held, at the end of that year, after the adaptation of the provincial constitution to the new national provisions, we propose to contribute to the analysis of the relationships that were established, in the province of Córdoba, between the processes prior to the electoral reform, the impact of the new regulations on the scenarios in which the disputes were developed by political power, and the adaptive strategies of those segments of the leadership - whom we will call conservatives in the absence of a more appropriate concept to define them - who had participated in the ruling alliances in the past and now had to face the radicalism at the polls. To do this, we will focus on the political forces that brought together the conservatives in both elections, paying attention to the sectors that acted within them; to their previous trajectories in parties and cliques; to the reasons that explain their disputes; to the resources they had to resolve them. From the treatment of these issues we will try to reach some preliminary conclusions regarding the changes and continuities in political practices, especially at the level of survival of factionalism and the flexibility of the leadership to reach more or less unstable agreements with other forces. policies, even with bitter ideological rivals.

Keywords: conservatives; competence; political parties; faction; political practices.

A partir de la consideración de una coyuntura específica, que comprende la primera elección de diputados nacionales efectuada bajo la vigencia de la ley Sáenz Peña a principios de 1912, y los primeros comicios gubernativos realizados, a fines de ese año, tras la adaptación de la constitución provincial a las nuevas disposiciones nacionales, nos proponemos contribuir al análisis de las relaciones que se establecieron, en la provincia de Córdoba,^[1] entre los procesos previos a la reforma electoral, el impacto de la nueva normativa sobre los escenarios en que se desarrollaban las disputas por el poder político, y las estrategias adaptativas de aquellos segmentos de la dirigencia -a quienes denominaremos conservadores ante la ausencia de un concepto más apropiado para definirlos- que habían participado en las alianzas gobernantes en el pasado y ahora debían enfrentar al radicalismo en las urnas^[2]. Para ello nos concentraremos en las fuerzas políticas que agruparon a los conservadores en ambos comicios, prestando atención a los sectores que actuaban en su interior; a sus trayectorias previas en partidos y camarillas; a las razones que explican sus disputas; a los recursos con que contaban para dirimirlas. A partir del tratamiento de estas cuestiones intentaremos arribar a algunas conclusiones preliminares respecto a los cambios y continuidades en las prácticas políticas, en especial al nivel de pervivencia del faccionalismo y de la flexibilidad de la dirigencia para arribar a acuerdos más o menos inestables con otras fuerzas políticas, incluso con enconados rivales ideológicos.

Procuraremos establecer diálogos entre los procesos nacionales, provinciales y en menor medida municipales, en este último caso restringiendo el análisis a la ciudad capital. Entendemos que un conjunto de razones tornan relevante la consideración del caso cordobés, entre ellas el protagonismo nacional de diversos dirigentes y camarillas antes y después de 1912, así como un conjunto de especificidades, como la temprana polarización entre dos fuerzas políticas, radicales y demócratas, con una significativa paridad de fuerzas en la mayor parte de los comicios gubernativos que disputaron entre sí en las décadas de 1910 y 1920; o bien la ausencia de intervenciones federales al ejecutivo provincial entre 1912 y 1930. En cuanto al municipio capitalino, además de tratarse de una instancia estatal con incidencia en la modificación de los mapas de poder provincial en los años inmediatamente previos a 1912, en las dos elecciones analizadas, el oficialismo local constituyó uno de los principales apoyos de alguno de los partidos en disputa.

A modo de hipótesis sostendremos, que, tras la sanción de la reforma electoral de 1912, la necesidad de afrontar los desafíos representados por la concurrencia del radicalismo a las urnas, acentuó la predisposición, característica de las élites conservadoras antes de 1912, para acordar con antagonistas recientes. Pero a diferencia de la etapa anterior, cuando la inestabilidad de las alianzas era la regla predominante, tales acuerdos se orientaron ahora a la constitución de una coalición más duradera primero, y un partido –el Demócrata- con funcionamiento orgánico luego. Sin embargo, en ese proceso se aprecia también la pervivencia de muchas prácticas faccionalistas, como los comportamientos “derrotistas” de grupos internos contra otros, o las deserciones de dirigentes y camarillas que aún sufrían los partidos, en ocasiones en gran escala.

Comenzaremos nuestra exposición con una breve caracterización de las transformaciones que la sanción de la ley Sáenz Peña generó en el funcionamiento del sistema político. Luego abordaremos la génesis de las agrupaciones partidarias que actuaban en 1912. Finalmente, nos concentraremos en el tratamiento de las elecciones parlamentaria y gubernativa que tuvieron lugar ese año.

Dado que una de las variables utilizadas en nuestra argumentación refiere a los efectos de las reformas electorales, nacional y cordobesa, de 1912, sobre los escenarios en que tenían lugar las disputas por el poder político, es conveniente justificar la pertinencia de esta variable.

En ese sentido, la historiografía en las décadas recientes ha matizado los contrastes que en relatos más antiguos se establecían entre las etapas previa y posterior a la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912. Ello se debe tanto a la revisión de las visiones estereotipadas sobre el régimen oligárquico como a la visualización de las continuidades luego de 1912.

Entre la numerosa producción en torno a esta temática, resulta especialmente sugerente el aporte de Luciano de Privitellio (2012, pp. 30-54) pues, preocupado específicamente por la comparación entre ambas etapas, problematiza varios asuntos fundamentales. En primer lugar, la ubicación de la ley Sáenz Peña como parte de un proceso reformista iniciado a principios del siglo XX, con algunos cambios sustantivos tempranos, tales como aquellos relativos a las formas en que se hacía efectivo el empadronamiento de los ciudadanos.^[3] En segundo lugar, el señalamiento de los límites de la legislación para modificar prácticas muy arraigadas de manera inmediata. En tercer lugar, la visualización de que algunos efectos de la vigencia de la nueva normativa reforzaban significativas continuidades, como la influencia de las maquinarias políticas en desmedro del denominado voto de opinión.

Las continuidades señaladas dejan pendiente la pregunta sobre la pertinencia de utilizar a la sanción de la ley Sáenz Peña como criterio de periodización de la historia política argentina. Aunque se trata de una discusión aún abierta, son esclarecedores los aportes de Eduardo Míguez y de Waldo Ansaldi para avalar ese criterio.

Tras una aguda revisión del estado de la cuestión sobre la política argentina entre 1850 y 1912, Míguez (2012, p. 67) sostiene que “…los cambios sólo comenzaban a visualizarse antes de que la reforma electoral y el posterior triunfo radical en 1916 den un giro a los que hemos llamado el orden político oligárquico”, y que las etapas previa y posterior a tales cambios se diferencian. Según Míguez, antes de 1912 “…la concentración del poder en un sector limitado de la sociedad y la capacidad no nula, pero sí bastante limitada, de otros sectores de influir en la definición sobre quién ejerce el gobierno” mientras que en la etapa siguiente “… la apelación electoral movilizaba a la mayoría de los electores potenciales, que definían y legitimaban con su voto a los gobiernos”.

Autor de un excelente texto de revisión conceptual para analizar el uso del concepto de oligarquía en el estudio de los regímenes políticos latinoamericanos de fines del siglo XIX y principios del XX (Ansaldi, 1992) en otro trabajo de síntesis histórica Ansaldi (2000, pp. 17-18) sostiene que “a partir de 1912 se produjo, a nivel nacional, una transición de la dominación oligárquica a la democrática”, y afirma, además, que la democratización del período “no puede restringirse al mero plano de la efectiva vigencia de la ciudadanía política universal masculina y a la sustancial modificación del régimen electoral para permitir la representación de la primera minoría”.

Acordamos con las definiciones de Ansaldi y de Migues sobre las transformaciones en el nivel del régimen político, si bien nuestro análisis se limitará, dentro de ese marco general, a algunos aspectos más acotados que, entendemos, constituyen dimensiones insoslayables a la hora de cotejar cambios y continuidades. Nos referimos a la decisión del radicalismo de concurrir a las urnas; y a la expansión de la participación de votantes en los comicios.

En Córdoba, la primera prueba electoral regida por la nueva normativa tuvo lugar en los comicios de diputados nacionales en abril de 1912, en los cuales se debían repartir seis escaños, dos tercios de los cuales correspondían a la fuerza política más votada. Para competir con el radicalismo, presentaron candidatos tres agrupaciones políticas, cuyos miembros habían actuado en el interior de los grupos gobernantes con antelación a la reforma electoral. Se trataba del Partido Constitucional, oficialista en la provincia; la Unión Nacional, alineada con el presidente Roque Sáenz Peña y apoyada por el municipio capitalino; y el roquista Partido Autonomista Nacional (PAN), muchos años gobernante en Córdoba hasta su desplazamiento por una intervención federal en 1909.

Los dirigentes que en 1912 revistaban en el Partido Constitucional y en la Unión Nacional, ambos fundados un año antes, habían participado conjuntamente en la creación, en 1909, de la Unión Provincial, alianza de camarillas con diversas procedencias, e incluso enfrentadas entre ellas por enconadas rivalidades en el pasado. Tras promover la intervención federal, la Unión Provincial había conquistado el gobierno en los siguientes comicios, efectuados en noviembre de 1909, pero poco tiempo después, muchos de sus integrantes tomaban caminos divergentes. El PAN, por su parte, en 1912 reunía a una parte del conjunto de dirigentes que habían revistado en sus filas antes de 1909, pues otros antiguos adherentes habían desertado para incorporarse a la Unión Provincial primero, y al Partido Constitucional luego.

Es posible apreciar que la composición de las fuerzas políticas conservadoras, que en 1912 debían enfrentar al radicalismo, era producto de un conjunto de rupturas de compromisos y establecimiento de otros nuevos, que habían tenido lugar en años recientes. Ello era consecuencia, en gran medida, de las estrategias, en algunos aspectos coincidentes y en otros no, desplegadas por los presidentes Manuel Quintana (1904-1906), José Figueroa Alcorta (1906-1910) y Roque Sáenz Peña, electo en 1910, quienes intentaban, por un lado, promover sus programas de gobierno, en especial sus iniciativas reformistas en materia electoral, aunque no todas ellas ponían similar énfasis en las mismas cuestiones; y necesitaban, por otro lado, preservar condiciones de gobernabilidad. Se trataba de dos objetivos muchas veces en tensión, y ello contribuye a explicar algunas marchas y contramarchas, en especial en el caso del gobierno de Figueroa, en lo relativo a acercamientos y distanciamientos con facciones que controlaban maquinarias provinciales. Además, estuvieron enfrentados en momentos decisivos de sus gestiones con un roquismo que, durante la presidencia de Quintana y gran parte del mandato de Figueroa, controlaba importantes espacios de poder, provinciales y parlamentarios. (Castro 2007.1 y 2007.2)

Quintana, Figueroa y Sáenz Peña necesitaron construir coaliciones con grupos heterogéneos, unidos por la rivalidad con un adversario común o por las propias necesidades de la lucha por el poder, aunque no todos ellos compartían la programática política de los líderes del espacio. La trayectoria previa de estos grupos se caracterizaba, en general, por la flexibilidad para establecer acuerdos con rivales recientes, para actuar con altos niveles de autonomía, e incluso de particularismo, en el interior de esas alianzas, y para fugar con facilidad hacia otros espacios si las circunstancias lo aconsejaban. Durante los gobiernos de Figueroa Alcorta y Sáenz Peña esta confluencia de camarillas contribuyó al aislamiento de aquellas fuerzas rivales con capacidad de bloquear la operatoria oficialista. Como puede apreciarse en el caso del gobierno de Sáenz Peña, una vez logrado ese objetivo, la estabilización de los compromisos establecidos se tornó muy dificultosa, en especial porque el programa de reformas generaba diversas resistencias. (Castro, 2007.1 y 2007.2)

En Córdoba, la Unión Provincial, creada en 1909 y tronco común del Partido Constitucional y de la Unión Nacional, era el producto de las iniciativas figueroístas, tendientes a confrontar con la maquinaria roquista que controlaba el gobierno local. La alianza antirroquista incluía facciones de diversa procedencia, incluso enfrentadas entre sí en años recientes. Su principal antagonista, el roquismo agrupado en el PAN y entonces gobernante en Córdoba, venía sufriendo deserciones de dirigentes que se incorporaban a la alianza opositora.

Es conveniente analizar el origen de los grupos roquistas y antirroquistas, y para ello es preciso visualizar tres conjuntos de camarillas con actuación en Córdoba desde fines del siglo XIX: nos referimos a las camarillas roquistas, clericales y juaristas. También es oportuno considerar la evolución de acuerdos y enfrentamientos entre tales grupos, los cuales, o bien ejercieron el papel de fuerzas oficialistas por períodos prolongados, o bien alternaron entre la adhesión a los gobiernos de turno y el lugar de oposición susceptible de ser cooptada por el oficialismo.

Los roquistas respondían al liderazgo nacional de Julio A. Roca. Constituyeron el espacio oficialista en Córdoba, o en algunos momentos un sector protagónico dentro del oficialismo, entre la resolución de la revolución de 1890 y la intervención federal de 1909, ya sea porque encabezaron el ejecutivo provincial, como ocurrió de manera sucesiva luego de 1898, o porque se reservaban significativos resortes de poder, como la vicegobernación, el ministerio de gobierno y/o la estratégica jefatura de policía, cuando eventuales aliados –clericales en 1892; juaristas en 1895- ocuparon la gobernación.

Además de quienes acompañaban a Roca desde la década de 1880, también conformaban este grupo numerosos ex juaristas que habían mudado sus lealtades tras la revolución de 1890. Se trataba, además, del único sector que mantuvo, al menos formalmente, una agrupación partidaria de existencia permanente, el PAN, aunque sus órganos de gobierno se activaban sólo en momentos electorales, en especial en las sucesiones gubernativas que tenían lugar cada tres años, sin posibilidad de que los gobernadores salientes fueran reelectos. En estas ocasiones, en las cuales generalmente se alteraban los mapas de poder al interior del oficialismo, las diferentes camarillas reformulaban sus alianzas hacia dentro y hacia fuera del roquismo, y escalaba la competencia por obtener el favor de Roca^[4]. De manera recurrente, el PAN experimentaba deserciones, incorporaciones y reincorporaciones de dirigentes, en especial cuando se definían candidaturas (Moyano, 2000).

Roca había sido el principal gestor, en 1890, de la estabilización posrevolucionaria en Córdoba y, junto con Carlos Pellegrini, también en el país. Además de contribuir a dirimir a su favor las disputas de poder con el juarismo, el desenlace de los sucesos del noventa consagro el retorno a las políticas de acuerdo y conciliación al interior de las élites, independientemente de la mayor o menor cercanía ideológica o programática, como principal expediente para gestionar tanto la preservación o recuperación del orden, como el mantenimiento de las propias posiciones de poder al interior de ese orden.^[5] En efecto, en 1890 los roquistas habían comenzado a recuperar posiciones en Córdoba mediante la negociación con dirigentes clericales y/o mitristas, como Santiago Díaz, quien además estaba emparentado con la esposa cordobesa de Roca, o bien mediante la cooptación de juaristas, como el vicegobernador Eleazar Garzón, designado al frente del ejecutivo provincial tras la renuncia del gobernador Marcos Juárez.^[6]

Si bien la búsqueda de compromisos con fuerzas rivales distaba de constituir una práctica exclusiva del roquismo, una posición más flexible que otras camarillas en asuntos, como los debates en torno a las relaciones entre la Iglesia y el Estado que enfrentaban a los clericales con los laicistas juaristas, permitió que esas prácticas obtuvieran mejores resultados, al menos hasta que otros antagonismos comenzaran a ocupar el centro de la escena. Los roquistas establecían acuerdos con los clericales cuando necesitaban neutralizar a los juaristas, y hacían lo mismo con éstos si los primeros pasaban a la oposición. Esta ventaja cambiaría durante la presidencia de Figueroa Alcorta, cuando, como ya señalamos, el gobierno nacional promovió la convergencia de las heterogéneas fuerzas antirroquistas en los años previos a la sanción de la ley Sáenz Peña. La fuga de dirigentes roquistas, muchos de ellos ex juaristas, hacia la alianza rival en estas nuevas circunstancias, es indicativa del peso del faccionalismo en el comportamiento de los dirigentes del PAN. Aislados por la pérdida de la “llave de las alianzas”, los roquistas recurrirían al viejo expediente del acuerdo en la primera oportunidad que se presentara, como ocurrió tras las elecciones parlamentarias de 2012 al acercarse al Partido Constitucional.

Designamos como camarillas clericales a aquellas que reunían a dirigentes con actuación conjunta desde su oposición a las iniciativas laicistas patrocinadas por los gobiernos nacionales en la década de 1880. La común asunción de posiciones clericales era una fuente privilegiada para el establecimiento y consolidación de lealtades políticas, situación que persistiría tras la reforma electoral de 1912. Además de tratarse de una provincia donde la presencia de la religión católica era superlativa y donde diversas entidades confesionales eran ámbito de sociabilidad para un segmento significativo de las élites, los momentos de fuerte polarización en torno a la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado generaban vínculos interpersonales que trascendían a esas circunstancias (Moyano, 2007).

Las camarillas clericales también eran flexibles a la hora de establecer compromisos con otros grupos, generalmente seguidos de tempranas rupturas. Participaron en la oposición durante los sucesos de 1890; y luego en diferentes iniciativas, conjuntamente con el roquismo, para garantizar la estabilización posrevolucionaria. En 1892 obtuvieron la gobernación provincial en alianza con el roquistmo, al que se enfrentaron un año después tras la renuncia de Manuel Pizarro a la primera magistratura cordobesa^[7]. En los años sucesivos el paso a la oposición alternaba con la incorporación al oficialismo, y cuanto esto último tenía lugar, obtenían carteras ministeriales, escaños parlamentarios e incluso la vicegobernación, como en 1901 con la designación en ese cargo del abogado Nicolás Berrotarán (Moyano, 2000, p. 36). Cuando estaban en la oposición, fundaban partidos de efímera existencia. Cuando acordaban con el roquismo, se incorporaban al PAN. En ninguno de ambos casos estas iniciativas, de armado opositor o de alianza con el oficialismo, lograba reunir a la totalidad de los dirigentes clericales, e incluso para algunos, otras fuentes de compromiso eran más decisivas a la hora de definir alineamientos partidarios.

Los juaristas, liderados por el presidente cordobés Miguel Juárez Celman en la década de 1880, habían protagonizado las principales disputas de poder con el roquismo al interior de los oficialismos nacional y provincial; habían sido los principales promotores de las iniciativas laicistas en esa década; y, como señala Laura Cucchi (2021, p. 191), habían renovado las concepciones relativas a la gestión del poder mediante una posición contraria al establecimiento de acuerdos y fusiones, posición predominante hasta entonces, a la que oponían una postura intransigente frente a las oposiciones. Su núcleo dirigente estaba integrado mayoritariamente por profesionales, con vínculos que los acercaban entre si desde su época de estudiantes en la Universidad de Córdoba y, más tempranamente aun, en el Colegio Montserrat (Cucchi, 2021, pp. 191-192). Tras la resolución desfavorable para el juarismo de la revolución de 1890, y el retiro de Miguel Juárez Celman de la actividad política, los dirigentes juaristas siguieron tres derroteros distintos, en algunos casos manteniendo protagonismo en la política cordobesa, y en otros alejándose en un primer momento, para iniciar un proceso de recuperación de espacios de poder durante la primera década del siglo XX.

En primer lugar, diversos dirigentes juaristas se incorporaron a las filas roquistas.^[8] Ello les permitió ocupar cargos como funcionarios y legisladores en varios momentos, sin que ello implicara cortar vínculos con otros compañeros de ruta de la década de 1880, incluido el propio Juárez Celman.^[9] Entre los roquistas que desertarían del PAN durante la presidencia de José Figueroa Alcorta se encontraban muchos de estos ex roquistas.

En segundo lugar, otros dirigentes abandonaron momentáneamente la participación política activa. Era el caso de Ramón J. Cárcano y de un grupo de partidarios, los carcanistas, unidos entre sí por fuertes lazos de lealtad desde la común participación política juvenil en la década de 1880, cuando habían defendido posturas laicistas y enfrentado a los sectores clericales en un momento de fuerte polarización (Cárcano, 1965; De Goycoechea, 2022). En la primera década del siglo XX los carcanistas volvieron a actuar como grupo político y fundaron un medio de prensa, el diario Justicia, ahora alineados con el liderazgo nacional de Carlos Pellegrini, cuyo enfrentamiento con Roca fue uno de los desencadenantes del proceso que condujo al ocaso de las maquinarias roquistas (véase Castro, 2007.1, pp. 53-70).

Tras sumarse a diversas iniciativas conjuntas con figueroístas y clericales, pero también a la Convención de Notables que el PAN convocó para definir la sucesión gubernativa de 1907 (Moyano, 2000), los carcanistas participaron en las fundaciones de la Unión Provincial en 1909, y el Partido Constitucional en 1911. Cárcano logró obtener en 1910 una banca en la cámara baja nacional. En 1912 presidió la convención que adaptó la Constitución Provincial a los postulados de la ley Sáenz Peña, y pocos meses después fue ungido gobernador de Córdoba. Ajeno, a diferencia de otros juaristas, a los recurrentes acercamientos con el roquismo en los años que siguieron a 1890, pero permeable a hacerlo al promediar la primera década del siglo XX, el encumbramiento de Cárcano en los principales lugares de la política cordobesa en 1912 sería acompañado por el PAN.

Un tercer grupo de dirigentes juaristas, liderados por José Figueroa Alcorta, continuaron actuando conjuntamente luego de 1890. La pérdida de la posición central ocupada antes de la revolución implicaba, para este sector, que la recuperación de espacios de poder dependía, en gran medida, de la flexibilidad para establecer acuerdos con el roquismo, mediante la eventual incorporación al PAN, si el roquismo se enfrentaba con las camarillas clericales. Cuando la renuncia a la gobernación de Manuel Pizarro en 1893, generó la ruptura de la mayoría de los dirigentes clericales con un roquismo cuyo proceso de reconstrucción de poder era aún incipiente, en las próximas elecciones, en 1895, el PAN cedió a Figueroa Alcorta la candidatura a la primera magistratura provincial. Tras romper ese acuerdo antes de las elecciones gubernativas de 1898, una eventual mayoría legislativa figueroísta obstaculizó la primera etapa de la nueva administración del PAN,^[10] pero en 1904 Figueroa conseguía la designación como vicegobernador de Félix T. Garzón, entonces uno de sus principales hombres de confianza. (Moyano, 1900, p. 41). Ese mismo año, Figueroa Alcorta accedía a la vicepresidencia de la nación y en 1906 a la presidencia, desde donde, luego de intentar con poco éxito establecer compromisos con el PAN, comenzaría, sobre todo a partir de 1908, a promover la conformación de una alianza antirroquista, a partir de acuerdos con camarillas de diversos orígenes en todo el país.

Corresponde entonces comenzar a analizar la configuración de esas alianzas conformadas a partir de 1908, antecedentes directos de las agrupaciones conservadoras enfrentadas en los comicios de 1912

En Córdoba, al igual que en el resto del país, la estrategia figueroísta de conformar una alianza antirroquista luego de 1908, se vio favorecida por la predisposición a acordar de las diversas facciones. Como ya señalamos, confluían ahora diversas camarillas juaristas y clericales, en su mayoría con un reciente pasado atravesado por permanentes cambios en sus alineamientos respecto al oficialismo roquista. Sólo el carcanismo, grupo con el que el presidente dialogaba, se había mantenido lejos del roquistmo en esta etapa, aunque en 1907 había participado, con el conjunto de los grupos conservadores, en la mencionada convención de notables. En un momento en que el PAN necesitaba fortalecer su posición en una provincia que en 1905 había sido sacudida por la revolución radical, los principales expedientes eran la estrategia del acuerdo y la búsqueda de candidatos destacados en actividades ajenas a la política partidaria.

Como consecuencia de esa convención, el nuevo gobernador cordobés, el roquista José Ortiz y Herrera, quien además era rector de la Universidad, había sido designado a partir de un acuerdo que incluía a diversas camarillas, clericales y juaristas, convocadas por el PAN en una estrategia de ampliar sus apoyos al interior de las élites conservadoras a los efectos de preservar posiciones en un momento adverso. Se repetía el expediente de distribuir escaños legislativos y carteras ministeriales entre los nuevos aliados y ello tendría dos consecuencias en un futuro cercano.

La primera era la presencia de negociadores figueroístas, como el ex vicegobernador y ahora ministro de gobierno, Félix T. Garzon, en el propio gabinete provincial, cuestión relevante porque el figueroístmo también buscó cooptar gobernadores roquistas. Tras la disolución del congreso de la nación a principios de 1908, Garzón acordaba, en nombre de Figueroa, la confección de una nueva lista de candidatos oficialistas a diputados con Ortiz y Herrera^[11].

La segunda era una composición más diversa en las cámaras legislativas de la provincia. Tras romper el acuerdo con el PAN, a los parlamentarios clericales y juaristas se les sumaron desertores del roquismo para generar una crisis institucional que allanó el camino a la intervención federal de 1909.

La ruptura entre el PAN y el resto de las camarillas, que, más allá de sus diferencias ideológicas y sus rivalidades pasadas, ahora se referenciaban bajo el común liderazgo del antiguo juarista José Figueroa Alcorta, tuvo lugar poco después del acuerdo en la confección de la lista de diputados, en marzo de 1908. El desencadenante fue un conflicto por cuestiones fiscales en el municipio capitalino entre el gobernante PAN y la Cámara de Comercio, asociación liderada por empresarios, argentinos y extranjeros, mayoritariamente con actuación en entidades confesionales. La creación de una agrupación política, el Comité del Comercio, para disputar el control del municipio en los comicios de enero de 1909, ubicando a dirigentes clericales en las candidaturas más expectables, recibió el apoyo de figueroístas y carcanistas. Los funcionarios provinciales ajenos al roquismo, como Félix T. Garzón, abandonaron sus cargos. El apoyo del gobierno nacional, con la amenaza de una intervención federal, y varios meses de movilizaciones callejeras que precedieron al acto electoral, se conjugaron para neutralizar el efecto de las prácticas de manipulación electoral, y para que el Comité del Comercio se llevara el triunfo en enero de 1909 (Moyano, 1997).

El resultado de los comicios municipales y el apoyo del gobierno federal, reforzaron el proceso de confluencia, a escala provincial, de figueroístas, carcanistas y diversos grupos clericales, quienes conformaron la Unión Provincial. La negativa de los legisladores alineados en esta agrupación, para dar quorum al funcionamiento de las cámaras parlamentarias, generó condiciones para la intervención federal, decretada en agosto de 1909 (Moyano, 1997).

Las candidaturas de la Unión Provincial, que se imponían en las siguientes elecciones (gubernativas en noviembre de 1909; legislativas nacionales y provinciales en marzo de 1910) reflejaban tanto la diversidad de grupos que la integraban, como la proyección sobre espacios provinciales por parte de dirigentes capitalinos que se habían fortalecido con el triunfo del Comité del Comercio. El gobernador electo era el ex vicegobernador y ex ministro de gobierno, Félix T. Garzón, principal hombre de confianza de Figueroa Alcorta en ese momento. El vicegobernador era el médico clerical Manuel Vidal Peña. Ramón J. Cárcano, en tanto, encabezaba la lista de diputados nacionales. Diversos profesionales vinculados con el comité del Comercio obtuvieron escaños en la legislatura provincial en representación de distritos del interior, pues, antes de la reforma constitucional de 1923, la normativa vigente no exigía residencia como requisito para ser candidato.

El ascendiente de José Figueroa Alcorta sobre el conjunto del nuevo conglomerado gobernante, no sobrevivió a la finalización de su mandato. Por ello, tras alcanzar el gobierno y el control legislativo, el faccionalismo de los grupos coaligados, sumado a las tempranas tensiones entre el Presidente Roque Sáenz Peña y el gobernador Félix T. Garzón (Cárcano, 1965) en torno a los proyectos reformistas del primero, contribuyeron a la división de la Unión Provincial en 1911.

Como ya señalamos, un grupo de clericales fundó en Córdoba la saenzpeñista Unión Nacional. El resto de las camarillas, entre las que destacaban un segundo segmento de políticos católicos; el carcanismo, cada vez más protagónico; y el garzonismo, que heredaba el liderazgo de los sectores figueroístas, participaron en la fundación del Partido Constitucional. Con esta división y con la continuidad de la presencia del PAN, las élites conservadoras se prepararon para enfrentar al radicalismo en 1912.

Durante el proceso transcurrido entre 1908 y 1912, caracterizado en Córdoba por las disputas -en gran medida habilitadas por las transformaciones que experimentaba el contexto nacional- para desplazar al roquismo del gobierno provincial, y por los posteriores intentos de estabilizar una nueva alianza oficialista, los diferentes actores, independientemente de las cuestiones programáticas en juego, reprodujeron, en sintonía con gran parte de los grupos que negociaban posiciones de poder a escala nacional, muchos comportamientos preexistentes, en los cuales destacaban tanto el faccionalismo como la flexibilidad para establecer acuerdos a menudo inestables, incluso con rivales ideológicos. Además, tales prácticas se vieron favorecidas por dos motivos: por una mayor debilidad del roquismo respecto a momentos anteriores, debilidad que estimulaba tanto la convergencia de sus adversarios como las fugas de sus aliados; y por las dificultades para sustituir el liderazgo que el PAN había ejercido en Córdoba antes de 1909.

Al iniciarse 1912 tuvieron lugar las primeras elecciones, en este caso para la renovación parcial de la cámara baja nacional, bajo la vigencia de la nueva normativa electoral. Estos comicios eran precedidos, además, por las elecciones santafesinas, en las cuales se había impuesto el radicalismo.

Se elegían seis escaños parlamentarios, cuatro de los cuales correspondían a la fuerza política que obtuviera el primer lugar en los comicios, y los dos restantes a quien saliera segundo. Como ya señalamos, en esta coyuntura participaron la Unión Cívica Radical y tres fuerzas políticas cuyos dirigentes habían ocupado, antes de 1912, espacios de poder dentro del régimen oligárquico, y dos de ellas habían participado en la alianza antirroquista que poco tiempo antes había desplazado al PAN del gobierno.

Cabe mencionar, en primer lugar, al Partido Constitucional, oficialista en la provincia. La heterogeneidad de las camarillas que había caracterizado la composición de la Unión Provincial, persistía en el Partido Constitucional. A pesar de que una parte de la dirigencia clerical no había acompañado la fundación de este partido, otro segmento de dirigentes que adherían a este espacio ideológico permaneció dentro del oficialismo provincial. Este grupo, denominado “trapense” en alusión a sus vínculos con entidades confesionales, era liderado por Antonio Nores, presidente del Senado Provincial y titular partidario. El segundo grupo reunía a ex juaristas y ex roquistas, liderados por el jefe de policía Manuel Moreno. ^[12]

Como ya hemos señalado, los vínculos forjados a partir de la asunción de posiciones ideológicas comunes trascendían a los momentos de polarización ideológica. Los clericales actuaban como grupo aun cuando los “policiales” no constituyeran un segmento homogéneamente laicista, pues también contaban con militantes católicos entre sus adherentes.^[13] Pero en su objetivo de preservar los espacios de poder alcanzado, los policiales también definían a los “trapenses” como su principal antagonista interno. La consecuencia de todo ello fue la escalada del enfrentamiento interno

La agudización de las disputas no sólo obedecía a las diferencias ideológicas o programáticas, sino también a que, en función de los recursos de poder que controlaban, ambos grupos tenían capacidad de neutralizarse mutuamente. Mientras los trapenses controlaban la Junta de Gobierno Partidaria, a cargo de nominar candidatos, los policiales controlaban la mayor parte de las jefaturas políticas, con significativo peso en el funcionamiento de las maquinarias, claves para la obtención de victorias electorales. Sin embargo, como los noristas tenían mayor presencia en las cámaras legislativas provinciales, un atributo bajo su control era la aprobación de los diplomas de los nuevos miembros. Cualquier alteración de ese equilibrio era percibida por los afectados como una amenaza, percepción que, como veremos al considerar las disputas internas que rodearon las elecciones de legisladores provinciales, exacerbaban el preexistente faccionalismo.

La posición de poder del gobernador Garzón dependía de la fortaleza del Partido Constitucional, y esta del mantenimiento de la unidad partidaria. Ello explica sus intentos por preservar los equilibrios entre los grupos enfrentados con el objetivo de evitar deserciones. En ese cometido, su función ante los conflictos intestinos guardaba mucho mayor relación con la de un mediador que con la de un árbitro^[14]. Ese papel y, como veremos luego, el fracaso en la consecución de sus objetivos, marca los límites organizativos del Partido Constitucional, ante las rivalidades facciosas que lo atravesaban y la dispersión de poder interno que esas rivalidades habían generado.

Además del antagonismo entre noristas y morenistas, otras tensiones también atravesaban al oficialismo cordobés. Nos referimos a la rivalidad entre Garzón y Cárcano respecto al tipo de relaciones con el gobierno de Sáenz Peña y con sus proyectos de reforma política. La formación de un partido saenzpeñista tampoco impedía la actuación, en el seno del Partido Constitucional, de dirigentes, como Cárcano y sus partidarios, más cercanos al presidente argentino que al gobernador Garzón en las cuestiones vinculadas con la reforma del sistema electoral (Ortiz, 1992). En un primer momento esto no se tradujo en una disputa por el liderazgo, y nunca llego a constituir, a diferencia del antagonismo entre “trapenses” y “policiales”, una amenaza para el mantenimiento de la unidad partidaria.

El Partido Autonomista Nacional agrupaba a los seguidores Julio A. Roca y era liderado en Córdoba por el hijo homónimo del ex presidente. No obstante haber resignado importantes posiciones de poder en años recientes, el roquismo mantenía apoyos de un núcleo de dirigentes de antigua afiliación al PAN, y la adhesión, en diferentes regiones de la provincia, de caudillos locales y departamentales, que habían articulado redes de apoyo a partir del ejercicio de cargos públicos, apoyos que en muchos casos habían trascendido al ejercicio de esos cargos.

Sector históricamente flexible a los acuerdos con otras camarillas, luego de 1909 la convergencia de sus rivales lo habían aislado, en un contexto de reacomodamientos entre la dirigencia, que habían significado, para el PAN, deserciones y fugas hacia otros espacios. El PAN llegaba a los comicios nacionales de 1912 sólo con un núcleo duro de dirigentes, aunque, dado que el proceso de reformulación de alianzas y compromisos seguía en marcha, su desempeño electoral sería la base para pactar posteriormente nuevos acuerdos.

La Unión Nacional, alineada con el entonces presidente Roque Sáenz Peña, reunía a un conjunto de dirigentes, mayoritariamente clericales,^[15] que habían participado en la Unión Provincial junto con quienes ahora integraban el Partido Constitucional. Pertenecía a esta fuerza política el vicegobernador en ejercicio, Manuel Vidal Peña, al igual que diversos legisladores locales, electos mientras revistaban en la Unión Provincial.

La Unión Nacional también recibía el apoyo de la municipalidad de Córdoba, El oficialista Comité del Comercio había tenido una composición más heterogénea en sus orígenes, y aún en la coyuntura de 1912 algunos concejales simpatizaban con otras fuerzas conservadoras, en especial con el sector “trapense” dentro del Partido Constitucional, cuyos adherentes habían permanecido en la alianza oficialista local cuando, a fines del año anterior, los “policiales” habían patrocinado una lista opositora para disputar la intendencia, postulando a un candidato carcanista. Pero los principales líderes del Comité del Comercio adherían a la fuerza saenzpeñista.^[16]

Sobre las relaciones entre Sáenz Peña y los integrantes cordobeses de la Unión Nacional es conveniente formular dos advertencias. En primer lugar, para los saenzpeñistas cordobeses, la participación en un espacio común dependía de los vínculos locales que los unían, mucho más que de su compromiso con el presidente. Tales lazos, a su vez, eran tributarios, principalmente, de la común militancia clerical. En segundo lugar, no eran los únicos interlocutores cordobeses de Sáenz Peña. A pesar de sus diferencias con el gobernador Garzón, dentro del Partido Constitucional, el primer mandatario nacional mantenía fluidas relaciones con Cárcano (Cárcano, 1865, De Goycoechea, 2022).

En cuanto a las relaciones con los “trapenses”, además de la militancia confesional los acercaba la común participación en el Comité del Comercio, y en un futuro cercano muchos miembros de ambos grupos volverían a recorrer un camino común en lo relativo a las preferencias políticas provinciales. Sin embargo, la adhesión a fuerzas rivales por parte de dirigentes que compartían un mismo “territorio de caza”, también generó conflictos entre ellos dentro de las entidades confesionales, como ocurrió en 1911 con la disputa por la conducción del Club Católico.^[17]

Competían de este modo, el oficialismo provincial agrupado en el Partido Constitucional; los partidarios del presidente Sáenz Peña, nucleados en la Unión Nacional; la fuerza política, el PAN, que había sido predominante durante más de una década, tanto a escala local como nacional; y un partido, la Unión Cívica Radical que ya contaba con una incipiente organización en las provincias más importantes del país.

El Partido Constitucional postulaba a dos dirigentes clericales, Eloy de Igarzabal y Juan F. Cafferatta; a Manuel Ordóñez, también católico pero alineado con Moreno; y a Guillermo Rothe, entonces de ideología liberal. La fórmula del radicalismo era encabezada por Pedro C. Molina, histórico dirigente de ese partido, intransigente en su ideología liberal en materia económica. Los candidatos de la Unión Nacional eran todos dirigentes clericales^[18]. La lista del PAN era encabezada por Julio A. Roca (h.).

Prestar atención al desarrollo de la campaña electoral permite observar algunas cuestiones relevantes. Una de ellas guarda relación con una nutrida actividad, por parte de todas las agrupaciones que competían, en la apertura de locales partidarios en poblaciones del interior y en barrios de la capital, aunque en la mayoría de los casos ello tenía lugar en semanas previas a los comicios. En paralelo, coexistía la acción de otro tipo de clubes más propios de un registro notabiliar, en donde se destacaba la pertenencia de sus miembros al mundo de las élites, y se asociaba su existencia a la persona de alguno de los candidatos más que al partido que lo postulaba; era el caso, por ejemplo, de un Comité Universitario conformado en la ciudad de Córdoba en apoyo a la postulación de Julio A. Roca (h.), quien encabezaba la lista de candidatos del PAN. Llaman la atención, por otro lado, las denuncias sobre el desarrollo de juegos de azar en locales partidarios, no porque se tratase de actividades extrañas en campañas anteriores, sino porque, hasta ese momento, las denuncias hacían alusión a la protección, desde el poder político, al juego clandestino con el fin de reclutar clientelas, pero no a la organización del mismo por parte de las fuerzas contendientes.^[19]

Una segunda cuestión a destacar, es la preocupación de las autoridades provinciales por ofrecer garantías de transparencia en los comicios a los funcionarios nacionales, y por dar publicidad a ese tipo de comunicaciones, como ocurrió con la decisión de suspender a tres policías acusados de presionar electores.^[20] Podemos inferir que en una etapa inicial el carácter competitivo del régimen no sólo guardaba relación con la mayor o menor efectividad de las nuevas disposiciones normativas, sino también con el temor, por parte de funcionarios con capacidad para manipular votantes, respecto a las reacciones de quienes controlaban otras instancias estatales más poderosas.

El Partido Constitucional alcanzó el primer lugar en los comicios y, en consecuencia, consiguió dos tercios de los escaños en juego. El radicalismo, triunfante en la ciudad capital, se ubicó segundo a escala provincial, aunque sólo obtuvo una de las dos bancas correspondientes a la minoría^[21]. El tercer lugar correspondió a la Unión Nacional -segunda en la ciudad de Córdoba- que ganaba el escaño restante. El Partido Autonomista Nacional se ubicó cuarto. ^[22]

En los comicios nacionales es posible apreciar que la reforma electoral no impidió que el oficialismo provincial se alzara con el triunfo. Aunque había obtenido el tercer lugar en la capital, fue decisiva su presencia en el interior, favorecida por la actuación de los jefes políticos en la totalidad de los departamentos. Ahora bien, aunque el triunfo de los oficialismos, característico en la etapa anterior a 1912, no era revertido en esta coyuntura electoral, la victoria distaba de ser aplastante, lo cual marcaba una significativa diferencia con las pocas ocasiones en que, antes de la reforma electoral, alguna fuerza opositora decidía concurrir con una lista a los comicios^[23].

Otra novedad significativa era al segundo puesto alcanzado por el radicalismo, que expresaba a la oposición extraoligárquica antes de 1912. Se trataba de una fuerza política que no controlaba recursos estatales, pero avanzaba en su proceso organizativo. Más aún, la Unión Cívica Radical se imponía en la capital provincial, pese al apoyo del oficialismo municipal a la saenzpeñista Unión Nacional.

El resultado obtenido por la Unión Nacional y por el PAN ponía de manifiesto que, a pesar de la derrota, se trataba de fuerzas políticas con adhesiones en el territorio provincial. En el primer caso, el apoyo del municipio capitalino y las relaciones con el gobierno nacional contribuyeron a su desempeño electoral. En el segundo, el largo ejercicio del poder le había permitido articular poderosas redes, que sobrevivían a su desplazamiento del gobierno, en diferentes regiones de la provincia.

En resumidas cuentas, el peso del oficialismo provincial a la hora de definir resultados electorales marcaba fuertes líneas de continuidad con el pasado, pero el auspicioso desempeño del radicalismo constituía, para los antiguos grupos gobernantes, una advertencia sobre el alcance de las transformaciones que tenían lugar.

Un breve comentario merece el reparto, en función del resultado electoral, de las bancas correspondientes a la minoría entre dos fuerzas políticas. Si bien en estos comicios no hemos encontrado denuncias de “borratinas”, mediante las cuales los adherentes a un candidato se organizaban para “tachar” los nombres de sus compañeros de lista con el fin de dirimir, en caso de derrota, el destino de las bancas correspondientes a la minoría, es difícil explicar sólo a partir del voto de opinión las diferencias en los sufragios obtenidos por candidatos de una misma lista. Es posible apreciar que la representación proporcional favorecía este tipo de prácticas particularistas por parte de los grupos que actuaban dentro de un mismo partido^[24].

Además de las elecciones parlamentarias nacionales, resulta oportuno hacer referencia a los comicios provinciales que tuvieron lugar pocas semanas antes, por dos razones: porque su análisis permite apreciar el peso del faccionalismo dentro del Partido Constitucional y por su impacto sobre la agudización de las tensiones internas, precisamente entre las facciones que actuaban en esa agrupación. En efecto, a principios de 1912 también se renovaba un tercio de la legislatura provincial, bajo la vigencia de una legislación electoral que, a diferencia de la nacional, aún no había sido reformada.

El oficialismo, que sólo afrontaba oposición en algunos distritos,^[25] en algunos casos de candidatos procedentes de sus propias filas, obtuvo un triunfo amplio en la mayor parte de la provincia, con mucha más comodidad que en los comicios nacionales efectuados poco tiempo más tarde. Aunque cabe advertir que acá el oficialismo no enfrentaba el mismo tipo de rivales, es posible realizar inferencias sobre el impacto de la reforma electoral en aquellos comicios en que ya se aplicaba, sea porque las maquinarias no actuaban de la misma manera ante los cambios normativos, o porque en comicios nacionales el oficialismo local evitaba desafiar a Sáenz Peña.^[26]

Tras las elecciones de diputados nacionales, la provincia de Córdoba afrontó dos comicios. El primero, a mediados de año, para elegir convencionales a cargo de reformar las disposiciones electorales establecidas en la constitución provincial. El segundo, para designar el futuro gobernador.

Durante el proceso que condujo a ambos comicios, los alineamientos de los grupos conservadores experimentaron sustantivas modificaciones a partir de la ruptura de compromisos y el establecimiento de nuevos acuerdos. Nos referimos a la deserción de una de las principales camarillas que actuaban dentro del Partido Constitucional; al acercamiento entre esta agrupación oficialista y el PAN; y a la incorporación de los saenzpeñistas cordobeses al radicalismo.

El triunfo del Partido Constitucional no impidió que pocos meses después esta fuerza política afrontara una escisión, con la deserción de los “trapenses”, como consecuencia de la agudización de las tensiones analizada en el apartado anterior. Tras el ciclo de comicios provinciales y nacionales, los noristas tenían la facultad aprobar o rechazar los diplomas de los legisladores locales. Los efectos del ejercicio de ese atributo no eran menores, porque, en caso de aprobarse los diplomas de los candidatos morenistas, el Partido Constitucional ampliaría su mayoría parlamentaria, que incluso quedaría garantizada sin el apoyo trapense.

Fue por ello que, a pesar del triunfo del partido gobernante, los noristas decidieron impedir la incorporación a las cámaras de los candidatos rivales que habían sido electos. La preservación de las propias posiciones de poder por parte de los noristas conducía a un bloqueo de las posibilidades de ocupar espacios por parte de los morenistas. El gobernador Garzón dejaba de ser el árbitro en las disputas de facciones pues el rechazo de los diplomas lo obligaba a tomar partido por los policiales. Estaban dadas todas las condiciones para la ruptura que se produjo pocos días más tarde cuando el grupo trapense decidió retirarse del oficialismo provincial.^[27] Si la fundación del Partido Constitucional en 1911, había sido un intento de conformar una agrupación oficialista que ocupara el lugar que había dejado vacante el PAN en 1909, la fractura en 1912 ponía en evidencia los límites de la iniciativa. Pero la ocupación de esa vacancia seguiría presente en la agenda conservadora.

Las consecuencias de las disputas facciosas dejaban en una posición de debilidad al partido gobernante, con la proximidad de los comicios gubernativos en el horizonte, en los cuales debía hacer frente al radicalismo. Ante las coyunturas que se aproximaban, policiales y noristas comenzaban a explorar nuevos acuerdos con el resto de las camarillas conservadoras. Quienes continuaron en el Partido Constitucional, incluidos garzonistas y carcanistas a pesar de las diferencias que los distanciaban, iniciaron conversaciones con el PAN, al que tres años antes habían desplazado del gobierno. Muchos trapenses, por su parte, se acercaron nuevamente a los clericales que revistaban en la Unión Nacional, dejando de lado las diferencias recientes, por las cuales incluso habían disputado la conducción de entidades confesionales.

Ante las elecciones de constituyentes para la convención reformadora de la carta magna cordobesa, confluyeron en una lista común el Partido Constitucional, el PAN y diversas agrupaciones departamentales, como el Partido Democrático de Río Cuarto, distrito del sur provincial, o el Partido Independiente de San Justo, en el este cordobés (Ortiz, 1992). Aunque estaba en juego la regulación de los procesos electorales, el acuerdo no era programático sino defensivo, tras la fractura en el oficialismo cordobés y ante la amenaza que encarnaba el radicalismo.

La convención fue presidida por el ex juarista Ramón J. Cárcano, en el pasado reciente alineado en el Partido Constitucional, lo cual no era obstáculo para su cercanía con el presidente Roque Sáenz Peña. Cárcano era partidario de realizar una reforma similar a la consagrada por la reforma nacional, objetivo finalmente conseguido (Ortiz, 1992).

La posición de Cárcano y sus aliados fue resistida por antiguos miembros del PAN, pero también por diversos dirigentes alineados en el Partido Constitucional, incluidos quienes respondían al gobernador Félix T. Garzón (Ortiz, 1992). Se trataba del mismo dirigente que, en los sucesos de 1908 y 1909, había liderado la alianza figueroista en su disputa con el oficialismo roquista en la provincia, y, en consecuencia, había ejercido un papel protagónico en el aislamiento de aquellos segmentos, dentro de los grupos gobernantes, más renuentes a promover cambios en el nivel del régimen político. Como ministro de gobierno de Ortiz y Herrera en 1908, Garzón había promovido sin éxito un proyecto de reforma constitucional con el fin de modificar el sistema electoral. Ello constituye una advertencia contra cualquier pretensión de trazar visiones estereotipadas sobre reformistas y anti reformistas entre la totalidad de los dirigentes que habían ocupado espacios de poder antes de 1912. El pragmatismo era un rasgo distintivo de esos dirigentes, así como, para muchos de ellos, la recurrente disposición a revisar sus compromisos partidarios y establecer otros nuevos.

Las enconadas diferencias programáticas en el seno de la convención en torno a la nueva normativa electoral, no impidieron, ante los comicios gubernativos que tendrían lugar en noviembre, la renovación del acuerdo electoral entre las fuerzas políticas que habían confluido en las elecciones de constituyentes. El PAN, el Partido Constitucional y las agrupaciones departamentales conformaron la Concentración Popular, alianza que promovió la candidatura gubernativa de Ramón J. Cárcano, y designó al dirigente clerical Félix Garzón Maceda como su compañero de fórmula.

En tanto líder de una camarilla minoritaria al interior del Partido Constitucional, la definición de la candidatura de Cárcano también es indicativa de los cambios que se estaban produciendo en el escenario que enmarcaba las disputas interpartidarias. Postulado por los grupos más poderosos, tanto dentro del PAN como del Partido Constitucional, era un dirigente prestigioso, aunque su círculo más cercano carecía de peso en la conducción de su partido;^[28] además, era uno de los principales interlocutores del presidente de la nación, en un momento en que, como veremos a continuación, los dirigentes de la Unión Nacional cordobesa decidían incorporarse al radicalismo. La asignación del segundo lugar en la fórmula a Garzón Maceda obedecía a la necesidad de disputar el electorado católico al radicalismo tras el ingreso, al histórico partido opositor, de las camarillas clericales que hasta hacía poco habían estado alineadas en el saenzpeñismo.

Los antiguos integrantes de la Unión Nacional, además de incorporarse momentáneamente al radicalismo, obtenían para su grupo las principales nominaciones, pues la fórmula gubernativa era encabezada por Julián Amenabar Peralta, antiguo concejal del PAN, y secundada por Jesús Vaca Narvaja, candidato a diputado por la Unión Nacional en las recientes elecciones celebradas en el mes de marzo. Gran parte de los sectores clericales que habían abandonado el Partido Constitucional pocos meses antes, apoyaron al radicalismo en esta coyuntura electoral.^[29]

Es posible apreciar que los reacomodamientos entre las fuerzas políticas también alcanzaban al radicalismo, cuya intransigencia para establecer alianzas no era obstáculo para ceder las principales candidaturas a dirigentes con pasado entre los grupos gobernantes del régimen oligárquico, si estaba en juego la ocupación de importantes espacios de poder. La paridad de fuerzas en las elecciones de diputados nacionales, y la incertidumbre ante los comicios gubernativos, potenciaba el margen de negociación de las camarillas clericales, cuyo concurso podía ser decisivo para inclinar la balanza. Esta estrategia incluso contaba con el decidido apoyo de la dirigencia nacional del radicalismo, que, en tanto otorgaba prioridad al desempeño electoral en las provincias más populosas, (Ortiz, 1992, p 82) intervino activamente en la campaña con el traslado a Córdoba de militantes de otros distritos (Cárcano, 1945, capítulos 3 y 4).

Al igual que en las elecciones de diputados nacionales, durante las semanas previas a los comicios creció la implantación de locales partidarios en diferentes puntos de la provincia y de la capital. Además, la decisión del radicalismo de enviar tres delegaciones a la campaña cuando faltaba poco más de un mes para la sustanciación de los comicios,^[30] nos lleva a coincidir con las afirmaciones de Pavoni (2016, pp. 23-24), sobre el creciente peso de las poblaciones del interior en las nuevas compulsas electorales.

El día de los comicios, la Concentración Popular se imponía por un margen muy estrecho al radicalismo. En la capital provincial, el triunfo de la oposición era amplio, producto de la conjunción entre el apoyo de la administración municipal a los “nuevos” radicales, ex saenzpeñistas, y el exitoso proceso organizativo de los “antiguos” radicales.

Para poder asumir como gobernador, Cárcano debió superar un último escollo: la negativa del vicegobernador Manuel Vidal Peña, saenzpeñista devenido radical. Vidal Peña se negó a convocar a las cámaras para tomar juramento al mandatario electo. (Cárcano, 1965) Aunque este obstáculo fue finalmente superado, no sin polémicas respecto al número requerido para obtener el quorum en la Asamblea Legislativa, queda de manifiesto que los lazos comunes con el saenzpeñismo fueron insuficientes para evitar este conflicto institucional.

Algunas de las tendencias que anunciaban los reacomodamientos en las alianzas y alineamientos partidarios ante las elecciones gubernativas, se acentuaron tras la victoria de Cárcano, mientras que otras experimentaron algunas marchas y contramarchas. Por un lado, las agrupaciones nucleadas en la Concentración Popular confluyeron, a fines de 1913, en la creación del Partido Demócrata,^[31] agrupación programática y con funcionamiento orgánico permanente que gobernó la mayor parte del tiempo durante las dos décadas que siguieron a su creación. Aunque sufrió deserciones significativas pocos años después de su fundación, entre ellas la del ex gobernador Félix T. Garzón y las de algunos dirigentes departamentales, el Partido Demócrata agrupó de manera continuada a la mayor parte de la dirigencia conservadora, con la única excepción significativa de los grupos clericales que probaron suerte en el radicalismo en diversos momentos luego de 1912.

En tanto heredero de la Concentración Popular, el Partido Demócrata era el producto de los acuerdos entre camarillas particularistas, enfrentadas entre sí hasta hacía muy poco tiempo atrás. El acuerdo, además, había sido más defensivo que programático. Pero las componendas entre camarillas ahora conducían a la estabilización de un partido orgánico, aunque ello no impidió, en mayor o menor medida, la continuidad de muchas prácticas particularistas, expresadas en recurrentes deserciones de dirigentes y grupos; en acciones “derrotistas” contra rivales internos en elecciones generales; en la inestabilidad de alianzas intrapartidarias y en el escaso componente programático de las mismas.

Por otro lado, la convergencia entre “viejos” radicales y clericales con pasado reciente saenzpeñista no logró estabilizarse tras la derrota electoral, aunque en los próximos comicios gubernativos, de fines de 1915, se reeditaría, ahora con éxito en el resultado final, Se repetía en esa nueva coyuntura, asimismo, la asignación de las candidaturas a gobernador y vicegobernador, a dirigentes clericales con pasada actuación entre los grupos gobernantes del régimen oligárquico. Aunque inestable por las recurrentes divisiones sufridas por el radicalismo, tanto a nivel nacional como en gran parte de las provincias, entre 1916 y 1930, ese desembargo clerical en la histórica oposición anti oligárquica nutriría algunos de los grupos internos con actuación en el radicalismo durante esa etapa (Vidal, 1994).

La configuración de las fuerzas políticas conservadoras cordobesas al iniciarse 1912, era producto del modo en que, con marchas y contramarchas, se habían desarrollado a escala nacional las disputas en torno al proceso reformista. Los acuerdos entre sectores rivales para enfrentar a adversarios poderosos, seguido por posteriores rupturas cuando se conseguía acotar el margen de juego de ese antagonista común, constituían rasgos distintivos en el comportamiento de las distintas facciones La conformación en Córdoba de una alianza antirroquista que, tras la conquista del poder, daba origen a la formación de dos partidos rivales, era la expresión local de esa dinámica, al igual que la pervivencia del PAN como una fuerza en mediano retroceso pero aun con capacidad de juego.

Entre las consecuencias de la reforma electoral, es insoslayable el impacto de la decisión del radicalismo de concurrir a las urnas en comicios de resultado incierto, en un contexto en que comenzaba a expandirse el número de votantes. La mayoría de las camarillas conservadoras tomaron nota de esta novedad y actuaron en consecuencia, promoviendo un proceso de convergencia que reunía a una parte importante de los grupos que habían conquistado el gobierno tras la intervención federal de 1909, y a los integrantes del partido desplazado del poder en esas circunstancias.

Los desafíos de los nuevos contextos eran afrontados recurriendo a prácticas antiguas y eficaces. Nos referimos a la flexibilidad para establecer acuerdos y componendas con fuerzas rivales. Ahora bien, en esta ocasión los conservadores cordobeses priorizaron, con bastante éxito, la construcción conjunta de un partido orgánico que duraría en el tiempo. Es posible visualizar una diferencia significativa respecto a las características de los acuerdos entre camarillas antes de 1912, cuando la inestabilidad era uno de los principales rasgos distintivos. Aunque el faccionalismo era aún generalizado, sus efectos ya no eran los mismos en lo relativo a la continuidad de la mayor parte de los grupos conservadores dentro del Partido Demócrata.

Un tratamiento especial amerita la renuencia de las camarillas clericales para participar en este proceso y, al contrario, sus recurrentes incorporaciones al radicalismo Consideramos que ello guarda relación con tres cuestiones principales: en primer lugar, con el lugar que habían ocupado en las alianzas conservadoras cuando las integraron, pues nunca lograron, ni cuando acordaban con el PAN ni cuando formaron parte de los conglomerados posroquistas, ejercer un papel de liderazgo dentro de esas coaliciones. En segundo lugar, es posible que la fortaleza de los vínculos derivados de la militancia confesional, proporcionaran una mayor fluidez para que el expediente a ingresar y abandonar partidos continuara siendo provechoso. En tercer lugar, la paridad de fuerzas entre conservadores y radicales favorecía la capacidad negociadora de las camarillas dispuestas a fugar de un partido a otro.

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páginas / año 16 – n° 40/ ISSN 1851-992X /2024

[1] Para el estudios del caso cordobés, ha sido de gran utilidad la consulta de otros trabajos que abordan los procesos electorales que tuvieron lugar en 1912 o en los primeros años que siguieron a la reforma electoral en diversas provincias argentinas. Entre tales trabajos pueden destacarse los de Bragoni y Mellado (2012) sobre Mendoza; Bernardo Carrizo (2014) sobre Santa Fe; y María del Mar Solís Carnicer (2015) sobre Corrientes. Para ubicar los problemas planteados en una dimensión temporal más amplia, los aportes de Nicolás Motura (2022) sobre Entre Ríos también resultaron altamente provechosos.

[3] Para el caso de Córdoba, una problemática similar ha sido abordada por Liliana Chaves (2005). Aunque aborda la etapa posterior a 1912, resulta de gran interés el Análisis de Andrés Abraham (2021) sobre la legislación electoral mendocina.

[4] Son sugerentes los comentarios epistolares sobre el papel de Roca como árbitro de disputas interiores durante sus visitas veraniegas a su estancia en el centro norte de Córdoba, las cuales tenían lugar poco antes de la definición de las candidaturas legislativas oficialistas, pues los comicios de cargos parlamentarios se llevaban a cabo en el mes de marzo. En otros momentos del año, es nutrida la correspondencia recibida por Roca con pedidos de apoyo para la obtención de escaños. AGN, Fondo Julio A. Roca, enero y junio de 1900; Fondo Julio A. Roca (h), Actividad Particular, febrero de 1904; Fondo Felipe Yofre, marzo de 1905;

[5] En contraste con las concepciones predominantes entre los juaristas, analizadas por Laura Cucchi (2021, p. 191), las cuáles, como veremos a continuación, eran opuestas al establecimiento de acuerdos con grupos rivales;

[7] A partir de memorias de testigos de la época sobre la renuncia de Pizarro, es posible apreciar como los roquistas se reservaban, cuando cedían la gobernación a eventuales aliados, el control de resortes de poder con margen de juego en la definición de resultados electorales, como era el caso de la jefatura de policía (Sánchez, 1968).

[8] En 1900, la prensa radical consignaba que entre la dirigencia roquista que ocupaba cargos en 1900, en la década del ochenta habían sido miembros del juarista club “El Panal”, el gobernador Donaciano del Campillo, el ministro de Hacienda Samuel Silva, otros cuatro funcionarios del poder ejecutivo provincial, el director del periódico oficialista, once legisladores provinciales y siete diputados nacionales cordobeses. La Libertad, 10 de julio de 1900;

[13] El carácter clerical de la camarilla rival no era obstáculo para que algunos dirigentes con militancia confesional integraran este segundo grupo, aunque en este caso esa militancia no constituía la fuente de sus alineamientos partidarios.

[14] Negociaba con los policiales el apoyo a la designación de trapenses en cargos partidarios, y con éstos últimos la nominación de morenistas como candidatos.

[15] En la promoción de su estrategia reformista, Sáenz Peña había convocado especialmente a los católicos, en especial por su distancia con el roquismo, principal impugnador de su programática política (Castro, 2007, pp. 270-287).

[16] Archivo Histórico Municipal, Actas del Honorable Consejo Deliberante, 12 de diciembre de 1911; El Comercio, 3 al 23 de noviembre de 1911); Justicia, 11 de diciembre de 1911; La Libertad, 22 de noviembre al 11 de diciembre de 1911; La Voz del Interior, 3 de noviembre al 12 de diciembre de 1911.

[18] Arturo M. Bas, Manuel Río, Pedro Funes Lastra y Jesús Vaca Narvaja. Los Principios, 9 de abril de 1912.

[21] Ello se debió a que la normativa permitía a los electores efectuar “tachaduras” de candidatos, razón por la cual el postulante más votado de la Unión Nacional obtenía mayor cantidad de sufragios que el segundo radical más votado.

[23] En la provincia de Córdoba, antes de 1912 sólo hubo triunfos opositores en algunos comicios municipales, tanto en la capital como en el interior, o en una acotada cantidad de elecciones legislativas en distritos del interior provincial.

[24] Esta problemática ha sido advertida por Ana María Mustapic (1984, pp. 17-18) en su análisis sobre la provincia de Buenos Aires.

[25] Los senadores representaban a cada uno de los veintiséis departamentos de la provincia, mientras que los diputados eran elegidos por distritos que agrupaban a varios departamentos,

[26] Karen Remmer (1984, p. 106) señala que, en la provincia de Córdoba entre 1912 y 1930, resulta sospechosa la mayor afluencia de votantes en comicios provinciales en comparación con los nacionales.

[27] El Comercio, 6 al 12 de junio, y 10 al 14 de agosto de1912; Justicia, 6 de junio de 1912; La Libertad, ;6 al 16 de junio, y 12 de agosto de 1912; La Voz del Interior, 2 al 14 de junio y 10 al 11 de agosto de 1912.

[28] Ello se tradujo, luego del triunfo electoral, en un escaso número de legisladores alineados en el espacio interno del gobernador (Moyano, 2015).

[29] Aunque con algunas excepciones significativas, incluida la del propio Antonio Nores, líder de ese espacio mientras revistaba en el Partido Constitucional.

[31] El Comercio, 29 de noviembre de 1913; Justicia, 2 de diciembre de 1913; La Libertad, 10 de noviembre de 1913; La Voz del Interior, 18 de noviembre de 1913.