Configuraciones doctrinarias y cultura democrática en Acción Radical (Santiago del Estero, 1933-1934)

Doctrinal Configurations and Democratic Culture in Acción Radical (Santiago del Estero, 1933-1934)

El presente artículo tiene por objetivo analizar una publicación orgánica de la Unión Cívica Radical de Santiago del Estero y sus diversos posicionamientos tanto ideológicos como programáticos durante inicios de los años treinta. En el marco de una reconfiguración del radicalismo a nivel nacional, y de creciente dispersión partidaria local, un grupo de dirigentes ligados al Comité Nacional buscó a través de esta revista articular un conjunto de principios e ideas distintivos del radicalismo, por un lado, y desplegar argumentos y discusiones sobre tácticas electorales de diferenciación con el resto de los grupos partidarios, por el otro. En un contexto de faccionalización y de predominancia del radicalismo santiagueño, sostenemos que Acción Radical tuvo como objetivo configurar elementos de diferenciación discursiva de esa corriente del radicalismo provincial respecto a las otras agrupaciones autoproclamadas radicales pero, al mismo tiempo, consolidar una clara prédica democrática y antifascista.

Palabras clave: Radicalismo; entreguerras; Acción Radical; Santiago del Estero; Cultura Política.

This article aims to analyze a publication of the Unión Cívica Radical in Santiago del Estero and its various ideological and programmatic positions during the early 1930s. In the context of a reconfiguration of Radicalism at the national level, and the growing dispersion of local Radicalism, a group of politicians linked to the National Committee sought through this magazine to articulate a set of distinctive principles and ideas, on the one hand, and to deploy arguments and discussions on electoral tactics, on the other. In the context of the growing fictionalization of Radicalism in the province, we argue that Acción Radical aimed to configure elements of discursive differentiation concerning other self-proclaimed radical groupings and, at the same time, to consolidate a clear democratic and anti-fascist preaching.

Keywords: Radicalism; Interwar; Acción Radical; Santiago del Estero; Political culture.

En julio de 1933 –mes en que desaparecía físicamente el histórico líder Hipólito Yrigoyen– comenzó a editarse la revista Acción Radical en la provincia de Santiago del Estero. Esta revista mensual de “orientación partidaria” se convertiría por un lapso de un año en una vitrina de ideas y discursos que intentaba proyectar el comité provincial del radicalismo de Santiago del Estero -alineado con el comité nacional que presidía Marcelo T. de Alvear- y que, a nivel local, lideraba el dirigente Santiago Corvalán. En su primer número defendía la “eficacia de la prensa como elemento de cultura y de progreso” ante sus lectores y confiaba en que la difusión de ideas se orientaría a “desentrañar” las verdades de los problemas que escondía la vida contemporánea argentina y santiagueña. Asimismo, la publicación prometía una “verdadera exégesis” del ideario radical con prédica “impersonal y principista” en suelo provincial.^[2]

La literatura sobre el radicalismo de los años veinte y treinta ha señalado profusamente algunos problemas inherentes al partido y se han propuesto diversas escalas de análisis. Por un lado, se ha indagado sobre aspectos vinculados a la identidad partidaria, los liderazgos y elencos, y los procesos de faccionalización (Persello, 2000; 2004; 2007; 2011a; 2011b; Ferrari, 2008; Piñeiro, 2007; 2014) pero también sobre las culturas políticas convivientes en él (Tcach, 2016; Ragno, 2017; 2018; Carrizo, 2020). Por otro lado, una serie de estudios se han centrado sobre las derivas del partido a partir de la crisis de septiembre de 1930 y observaron como la proscripción, primero, y luego la abstención, limitaron y a su vez interpelaron a diversos actores dentro del universo partidario sobre estrategias políticas a adoptar (Giménez 2013a; 2013b). La crisis de legitimidad política de la “restauración conservadora” durante esos años profundizó algunos problemas vinculados al lugar del partido mayoritario en el sistema político, a los posicionamientos tácticos que podrían tomarse en esa turbulenta coyuntura, además, claro está, al mundo de las ideas que el radicalismo debía defender o discutir (Macor, 2001; De Privitellio, 2001).

Sobre el caso provincial santiagueño, diversos autores han privilegiado miradas locales de largo plazo que buscaron recuperar distintos aspectos del proceso político e institucional a través de dos siglos de autonomía (Alen Lascano, 1996; Tenti, 1997; Castiglione, 2010). Sin embargo, también ha sido creciente la producción vinculada a la política de la primera mitad del siglo XX y al mundo partidario (Salas, 1991; Alen Lascano, 1997; Leal Archetti de Rodríguez, 1994; Vezzosi, 2020). En el último tiempo, trabajos como los de Héctor Daniel Guzmán escrutaron, desde la historia de las ideas, ciertos procesos específicos del período de entreguerras como el surgimiento de grupos antifascistas en la provincia en un contexto de florecimiento universitario e intelectual (Guzmán, 2011; 2014a).

En esta línea, el presente artículo intenta tender puentes entre diferentes discusiones historiográficas –por un lado, la vinculada al radicalismo y a la crisis de los años treinta; y por el otro, sobre el proceso, prácticas y dinámica política provincial de entreguerras– posicionándonos en un registro particular: el análisis de una publicación partidaria de Santiago del Estero en el primer tramo de los años treinta. En este sentido, el artículo busca examinar algunas narrativas vinculadas a esta publicación en el marco de una coyuntura de redefinición de la identidad radical (Cattaruzza, 1992; Giménez, 2014) y escrutar cómo el discurso de la revista se insertaba en discusiones más amplias sobre la viabilidad de la democracia argentina en esa precisa coyuntura. En un plano más local, la publicación procuraba definir posiciones de uno de los radicalismos santiagueños frente a adversarios y contrincantes. Para ello estudiaremos algunas características de la publicación, en términos de composición del equipo de redacción, audiencia y temáticas abordadas, en un juego de doble escala nacional y provincial.

Como analizó Zaret en un clásico escrito sobre los orígenes de la cultura democrática en la Gran Bretaña moderna, la consolidación de una esfera pública de opinión como “fuerza política”, y de la prensa escrita como elemento central en la difusión de ideas, peticiones y reclamos, permite advertir la doble naturaleza (ficticia y real) de la opinión pública en los sistemas democráticos modernos: como ficción discursiva pero también como entidad donde hombres reales participan en discursos políticos como lectores, conversadores, oyentes, y escritores (2000: 15-16). Así, en el caso inglés, la opinión pública como entidad se volvió un elemento constitutivo de una “cultura democrática” y de la misma noción de una democracia moderna. Por su parte, en su análisis histórico sobre la representación política en Francia del siglo XIX, Pierre Rosanvallon sostuvo que la producción periodística de determinados grupos políticos que veían coartada su político-electoral –sindicales y obreros, por ejemplo–, fue fundamental para compensar ese déficit de “representación política” y les dio palabra en el espacio público (2004: 244-245). Como veremos para el caso de Santiago del Estero de los años treinta, la prensa (moderna y partidaria) fue un elemento central en las disputas simbólicas entre los actores políticos para disputarse narrativas e ideas y para construir liderazgos (Alonso, 1997; Piñeiro, 2007) pero al mismo tiempo para construir una esfera de opinión consolidada, en un entramado intelectual muy vibrante (Guzmán, 2014). Como señaló Castiglione durante el siglo XIX funcionaron unos 40 periódicos y revistas en la provincia con diferentes duraciones y estilos, número que se elevó a 70 entre 1900 y 1940. Algunos de ellos más cercanos a una prensa moderna y otros una política, fueron cruciales en generar una esfera de cultura democrática impresa donde se discutían diversos asuntos públicos (Castiglione, 1941).

En este contexto floreciente de prensa escrita, se gestó la publicación Acción Radical –de corta vida pero de vibrante actividad– que, sostenemos, jugó un rol central en la difusión de un discurso político que buscaba reposicionar a los radicales del Comité Nacional en ese escenario turbulento pero de predominancia radical (López, 2022), y así alcanzar legitimidad en el espacio local (Angenot, 2010). La revista fue un híbrido que además de servir como órgano partidario desde donde planteaba ciertas estrategias, precisaba contornos ideológicos y funcionaba con rasgos de revista cultural, es decir, como vitrina de una cultura política local que se autodefinía como democrática y antifascista. De alguna manera, la revista también adelantó modos y debates de Hechos e Ideas, publicación radical pensada, según Cattaruzza, para un público militante hacia mediados de los años treinta. Así Acción Radical también se configuró como un espacio que servía para reforzar la identidad partidaria y funcionaba como sostén de un programa doctrinario a nivel provincial (Cattaruzza, 1992; Korn y Rey, 2021).

Como han señalado Pita González y Grillo, este tipo de publicaciones pueden ser analizadas desde distintas dimensiones: la estrictamente material (aspectos técnicos), aquella que navega entre lo material y lo inmaterial (aspectos de contenido), y desde el punto de vista inmaterial (como grupo humano que lleva a cabo la publicación, es decir, como red intelectual) (Pita González y Grillo, 2015). En este sentido, intentaremos articular a lo largo del texto las distintas dimensiones de la publicación, aunque nos concentraremos especialmente en los contenidos.

Por último, si bien no hay fuentes disponibles que nos indiquen los motivos que provocaron que la publicación se descontinuase, intuimos que su fin se debió a la secesión que protagonizaron algunos de sus cuadros (ligados hasta 1934 al comité nacional) hacia el Frente Único Yrigoyenista, facción radical que acaudillaba el exgobernador Santiago Maradona y que estaba opuesta al liderazgo de Corvalán a nivel provincial (López, 2022). Entrevemos que la “fuga” de gran parte del equipo técnico que incluía a su director Durval Palombo y otros miembros del consejo, pudo haber echado por tierra el proyecto editorial.

Este artículo se dividirá en tres secciones. Primero, intentaremos describir algunas características básicas de la revista y el contexto político en el cual surge. Luego, presentaremos algunas ideas y lineamientos que la publicación suscribió durante su corta vida. Finalmente, presentaremos algunas conclusiones.

Sobre Acción Radical y el contexto político-institucional provincial y nacional

La publicación partidaria tuvo una tirada de diez números entre julio de 1933 y abril de 1934 en un contexto particular nacional y provincial. A nivel nacional, imperaban una serie de rasgos sistémicos, como ha analizado profusamente la historiografía política del período, a saber: 1) la abstención de los radicales del Comité Nacional dada por la falta de garantías electorales que combinó alzamientos militares partidarios durante 1931 y 1933; 2) la utilización de fraude selectivo en algunos espacios provinciales y con anuencia del gobierno nacional, potenciado a partir de 1935, para evitar el retorno del radicalismo; 3) sobrerrepresentación de las fuerzas radicales antipersonalistas en la mayoría de los distritos donde el oficialismo era fuerte a fin de “inflar” la Concordancia frente a la hegemonía demócrata, por un lado, y de disputar la identidad radical (mayoritaria en el electorado), por el otro (Macor, 2001; De Privitellio, 2001; Piazzesi, 2001; Béjar, 2004; López, 2017).

A nivel provincial, la irrupción del radicalismo tuvo lugar desde fines del siglo XIX con la incorporación en la nueva fuerza de algunas figuras destacadas provenientes de diferentes tradiciones políticas, esencialmente, del mitrismo y del conservadurismo (Salas, 1991). Sin embargo, a diferencia de otros casos provinciales, primó en el “primer” radicalismo una postura abstencionista que no articuló levantamientos revolucionarios, estos sí encabezados por sectores mitristas desplazados (Anuario El Liberal, 1948; Castiglione, 2010).

El desembarco del radicalismo al gobierno provincial se produjo recién en 1920 cuando el candidato Manuel Cáceres alcanzó el triunfo. Pero rápidamente la política facciosa se impuso entre los radicales santiagueños como en otros escenarios provinciales (Persello, 2000; 2011a). Esta matriz del radicalismo local no solo impidió que éste adquiriese organicidad durante la primera democratización impulsada por la aplicación del sufragio universal masculino, obligatorio y secreto en la provincia, sino que devino en la creación múltiple de comités provinciales estructurados en torno a caudillos (López, 2022). Así, el radicalismo, como constelación o familia, adquirió forma de “medusa” en el territorio provincial. En este sentido, y dado el peso electoral de la nueva fuerza en la provincia –y el de sus caudillos– es posible entender como la predominancia radical que se extendió por dos décadas ofreció un escenario particular bastante estable: las elecciones provinciales fueron terreno donde los diferentes líderes dirimieron disputas personales movilizando a sus huestes en el marco de fronteras ideológicas porosas. Como señaló Bernardo Carrizo para el caso santafesino, los radicales integraron en sus múltiples facciones (y en algunos grupos minoritarios conservadores), antes que un sistema de partidos, una red interpartidaria (Carrizo, 2020, p. 24). Así, los radicales santiagueños más que “escisiones” (rupturas permanentes) protagonizaron “disidencias” (separaciones coyunturales), pero muy predispuestos a reagruparse cuando las circunstancias lo permitían (Galván, 2011, pp. 2-3).

El radicalismo provincial tuvo administraciones interrumpidas solo por intervenciones del gobierno central. El primer gobernador radical Manuel Cáceres (1920-1924) fue desplazado por una intervención promovida por el presidente Marcelo T. de Alvear en febrero de 1924 en el marco de fricciones entre el Poder Ejecutivo provincial y la legislatura. Una nueva reorganización radical logró que diferentes facciones conformaran un frente variopinto en la Unión Cívica Radical Unificada (UCRU) que encabezó el histórico dirigente “negro” Domingo Medina (1924-1928). Sin embargo, el nuevo titular del Ejecutivo provincial gobernó hasta un nuevo decreto de intervención de Alvear en enero de 1928. Una tercera gobernación radical, en el marco del vendaval yrigoyenista de 1928, fue encabezada por Santiago Maradona (1928-1930) que sucumbió dos años después con el golpe militar de 1930 (López, 2022).

Lo que demostró la primera década del radicalismo en el poder, además de poner en términos claros la naturaleza porosa de la familia radical y el peso electoral de sus caudillos, es que la prensa también jugó un rol central en las disputas identitarias legitimando las diferentes propuestas y generando contornos posicionales de los candidatos. Así, los dirigentes radicales fundaron periódicos constantemente a través de los cuales las disputas ideológicas y simbólicas se articularon (Piñeiro, 2007). Como señaló Paula Alonso para el siglo XIX, el tejido mediático local colaboraba en construir procesos de legitimación pública en un escenario donde la oferta radical sobreabundaba (Alonso, 1997; 2010). A través de la prensa partidaria, los caudillos presentaban programas de gobierno, criticaban adversarios y configuraban narrativas de su propia identidad radical. En este sentido, los principales dirigentes en la provincia fundaron sus propios periódicos: Manuel Cáceres tuvo El Siglo; Ramón Gómez –ministro del Interior de Yrigoyen y luego senador nacional– fue dueño de El Fígaro; Juan B. Castro de La Unión; La Hora fue fundado por Leocadio Tisera pero en 1930 la dirección pasó al radical Víctor Alcorta. Los yrigoyenistas también tuvieron sus periódicos: El Combate (respondía a su dueño Santiago Corvalán –dirigente que transitó por diferentes facciones a lo largo de dos décadas y que en esta coyuntura respondía a Alvear–) y La Mañana, respondía a los intereses de Santiago Maradona (Castiglione, 1941).

La década de 1930 inauguró un período de particular intensidad en los enfrentamientos radicales en el tablero provincial. El golpe militar de 1930 motivó el envío de Dimas González Gowland por parte del gobierno del General José F. Uriburu, y éste gestó un reordenamiento del juego político provincial con el impulso de los elementos conservadores desplazados con la llegada del radicalismo en 1920. Sin embargo, los movimientos más importantes se dieron en el marco de las huestes radicales.

En los meses siguientes al golpe, se promovió una reorganización local del radicalismo santiagueño que convocó a los exgobernadores Santiago Maradona y Manuel Cáceres, a los exsenadores Ramón Gómez y Santiago Corvalán, a ex diputados nacionales, como Edberto González de la Vega y José Ábalos, y a los dirigentes de una agrupación antipersonalista conocida como “Grupo Vanguardia” (Leal Archetti de Rodríguez, 1994, p. 30). Estos dirigentes se habían enfrentado inicialmente en las divisiones de “negros” y “blancos”, y luego como “antipersonalistas” e yrigoyenistas, aunque no necesariamente esas divisiones replicaron en el terreno local los clivajes acaecidos a nivel federal (Alen Lascano, 1996; Castiglione, 2010; López, 2022).^[3] La reorganización propuesta apuntaba a la desaparición de toda “tendencia personalista o antipersonalista”, pero en enero de 1931, el grupo “maradonista” se separó del intento de fusión. Si bien el documento emanado por la escisión pretendía “reconstruir el radicalismo de Alem, eminentemente impersonal, sin jefes, sin caudillos, ni auto-candidatos para las altas posiciones representativas” algunas hipótesis apuntaron al veto que recibieron los dirigentes del sector desde los unificados (Leal Archetti de Rodríguez 1994, p. 31).

Así, en el marco de la coyuntura de fines de 1931, quedaron conformados dos grupos nítidos. Por un lado, los sectores unificados (con dirigentes “negros” y “blancos” como Pío Montenegro o Juan B. Castro, respectivamente), los sectores que respondían al ex gobernador Manuel Cáceres (caceristas), los corvalanistas (liderados por Santiago Corvalán), y antiguos dirigentes “negros” seguidores de Medina; además de otros jóvenes del Grupo Vanguardia (Alen Lascano, 1996, p. 578). Este comité provincial fue presidido por Santiago Corvalán y gozó del reconocimiento del comité nacional de la UCR liderado por Alvear. Por el otro, se organizaron dirigentes del yrigoyenismo-maradonismo excluidos de la primera organización. Este grupo fundó la UCR de Santiago del Estero. Un tercer grupo radical fue organizado bajo el liderazgo de Alejandro Gancedo (que había sido candidato de la fuerza Unión Provincial y en 1924 fue delegado de Santiago al comité antipersonalista metropolitano) y adoptó el nombre de Partido Radical Antipersonalista que respondía al General Agustín P. Justo (Piñeiro, 2007).

Luego de la revuelta del coronel Gregorio Pomar en julio de 1931, el sector corvalanista fue identificado por la intervención como partícipe del evento y como colaboracionista de Alvear. A contrapelo de las tácticas desarrolladas por los radicales a nivel local tiempo antes, el grupo corvalanista propició actividades conspirativas. La exclusión de este sector benefició a los unificados –especialmente a Juan B. Castro– que comenzaron a colaborar con Justo para una eventual alineamiento en sus filas. De hecho, los unificados tomaron la delantera y lideraron la reconstrucción provincial (incluso, volviendo a la denominación de UCRU que había sido tomada por el frente que llevó a la gobernación a Medina en 1924) y excluyeron a los sectores conservadores, siendo éstos desplazados de cualquier intento integracionista con los radicales.

La exclusión de los corvalanistas del juego político alineó a los sectores unificados y antipersonalistas –que habían intentado acercarse a Alvear– con la Concordancia y el armado que pretendía Justo. Pero no fueron los únicos sectores en adherir al justismo. Como señaló Leal Archetti de Rodríguez, sorpresivamente, la UCR de Santiago del Estero, presidida por el maradonista Julio César Gancedo, también adhirió a la fórmula Agustín P. Justo-José N. Matienzo, en un claro cambio de dirección que desdibujaba la propia postura intransigente en el campo yrigoyenista, y lo volcaba al terreno del pragmatismo. El hecho de que el resto de los sectores radicales vetase como candidato al mismo Gancedo hizo que la UCR de Santiago concurriese por separado con su candidato a gobernador (López, 2022).

La gestión de González Gowland terminó en septiembre de 1931, dos meses antes de los comicios generales y fue reemplazado por León Rougès, figura del conservadurismo tucumano, y que intentó dar vida a las asociaciones conservadoras en vísperas de los próximos comicios. El conservadurismo, en uno de sus últimos intentos de pesarse electoralmente y arrebatar a los radicales la gobernación, se agrupó bajo la candidatura de Raúl García Gorostiaga. Sin embargo, compitieron en el mismo campo con el Partido Provincial Reformista que llevó como candidato a Juan Chazarreta. Los esfuerzos resultarían infructuosos. Los resultados a la elección a gobernador –y ante la abstención de los radicales corvalanistas– arrojaron un triunfo para Juan B. Castro de la UCRU. Los unificados, surgidos como agrupación variopinta en las elecciones que llevaron a Medina en 1924, ahora recuperaban los resortes de la gobernación. En este sentido, una lista de comités en ciudades de la provincia para 1928 denotaba un partido-máquina con raíces territoriales muy profundas y representación permanente en todos los pueblos.^[4]

El nuevo gobernador, uno de los políticos más astutos de la provincia, fue crucial en gestionar la predominancia electoral de los unificados por una década. En tanto, el espacio provincial durante los años treinta presentó una serie de características particulares que, en parte, ayudaron a replicar en Santiago los condicionamientos institucionales que operaban a nivel federal. Sin embargo, la política local también tuvo un desarrollo autónomo. Como ya ha sido analizado extensamente por la historiografía, los problemas de legitimidad que acecharon a los oficialismos de la década (Macor, 2001; De Privitellio, 2001; Béjar, 2004; López, 2018) tuvieron también su correlato a nivel subnacional. A nivel federal, el fraude electoral aplicado sistemáticamente a partir de 1935, la política de intervenciones, y proyectos de reforma electoral fueron determinantes en configurar el funcionamiento del sistema de partidos y la dinámica de los actores partidarios. A nivel provincial, obstáculos (como los cambios de legislación electoral cuyo caso notorio es la ley “trampa” en la provincia de Buenos Aires) también moldearon las acciones de los partidos políticos de la oposición y del oficialismo. En lo que respecta a Santiago del Estero, las prácticas fraudulentas estuvieron presentes en todo el período aunque las denuncias de la oposición –en parte, espejo de violaciones a la ley electoral; en parte, mecanismos de impugnación sobre resultados adversos– se exacerbaron durante los años treinta, incluso entre los mismos aliados concordancistas (Béjar, 2005; Piazzesi, 2001; 2009; López, 2016). A nivel sistémico, el desdoblamiento de candidaturas para cargos legislativos de la misma coalición gobernante, y para cargos municipales, reprodujo un escenario de predominancia del oficialismo. Pero si a nivel nacional, los demócratas eran primus inter pares en una coalición que los colocaba como socio mayor en términos de recursos y caudal electoral, a nivel local los radicales oficialistas fueron predominantes como lo venían siendo desde hacía una década.

En ese contexto político y provincial surgía Acción Radical y su intento de demarcación política-ideológica en el cambiante concierto radical. La publicación, vista de esta manera, representaba un intento de un grupo de dirigentes vinculados a la UCR del comité nacional que presidía Marcelo T. de Alvear de configurar contornos posicionales contra otros candidatos locales que, por un lado, abrazaban la “unificación” y, por el otro, se refugiaban en el “yrigoyenismo” puro que criticaba la conducción alvearista. Una tarea compleja, por otro lado, debido al permanente cambio de lealtades y etiquetas partidarias entre los mismos dirigentes locales.

Entre los colaboradores de Acción Radical se encontraron dirigentes de peso a nivel provincial, empresarios y figuras públicas. Entre los primeros, Eduardo Archetti, Emilio Christensen, Elías Llugdar, Manuel Cáceres, Julio Urtubey, Santiago Dardo Herrera, Silvio Raimondi, Hipólito Noriega, Segundo Osorio y Bernardino Sayago. Todos ellos abogados que alternaban la profesión con el ejercicio de la política y mayoritariamente pertenecientes al grupo “La Brasa”, organización política y cultural antifascista (Guzmán, 2011). También colaboraron algunos radicales tucumanos como José Lozano Muñoz y el posteriormente “forjista” Atilio García Mellid (Guzmán, 2014b). Al plantel lo completaban figuras como José R. Santillán, José Mercado, Juan Monge, Alfredo Gárgaro, José Mercado, E. Agüero Marañón, Manuel Mainar, Adolfo Gómez, R. Riva Elichave, C. Guzmán Centurión, José Bianco, Elías Melopulos, Julio R. Pocha, y Luis Pericas, entre otros. También contó con algunas transcripciones del escritor indio-estadounidense Jiddu Krishnamurti. En tanto la dirección de la revista recaía en Durval Palombo y estaba acompañado por Hipólito Noriega (en la secretaría de redacción) y Dermidio Jiménez (como administrador). El consejo de redacción estaba integrado por Eduardo Archetti, Elías Llugdar, Emilio Christensen, Leopoldo Díaz, José Santillán, Manuel Cáceres y Ramón Rasso, todos hombres vinculados a la familia radical. Hacia septiembre, se incorporaron al consejo Julio Urtubey y el “bracista” Silvio Raimondi.^[5]

La publicación se imprimió en los talleres gráficos de El Liberal y costaba $ 0.20, aunque la suscripción anual era de dos pesos y la semestral de uno.^[6] Asimismo, contaba con publicidad variada. Así diversos comercios publicitaban en la revista, muchos de ellos vinculados a las personalidades partidarias. Podían leerse publicidades de “Calixto Olivares. Armería, música y electricidad”; Farmacia “Ricardo Vignolo”; Farmacia “Canga”; sastrería de “Ger y Bravo”; vivero de plantas “Amerio y Trucco”; Farmacia “La Estrella” de María Herrera de Sugero y el propio estudio jurídico de Manuel Cáceres. También el Hotel “Sportman”; la Farmacia “Nacional”; el Plaza Hotel; la Farmacia “Modelo” de Lorenzo Buenvecino; la fábrica de mosaicos “La Porteña” de Juan Capuano, la “Farmacia del Indio”, y la inmobiliaria Francisco Pérez Bustos, entre otras tiendas y comercios. Una página entera de “avisos clasificados” donde los mismos dirigentes publicaban sus estudios y oficios también era clave para el financiamiento de la revista, al mismo tiempo que permite identificar la profesión del elenco. Así, encontramos médicos como Eduardo Archetti, Santiago Corvalán, Silvio Raimondi, Fidencio Palomo Albornoz, Gerardo Barrionuevo, Rodolfo Olle; abogados como Durval Palomo, Elías Llugdar, Emilio Christensen, José Raúl Santillán, Manuel Cáceres, Julio Urtubey, Claudio Zanoni, José G. Ábalos y Antonio Castiglione; e ingenieros como Santiago Maradona y Joaquín Masferrer. También figuraban los procuradores Ramón Peralta Frías, Francisco Santucho, Eleodoro Moreno Navarro, Sebastián Avalos y Víctor Mansilla Gauna como sponsors de la revista.

El estilo adoptado, por otro lado, emparentaba a Acción Radical con otras revistas político-culturales de la época, tanto en la estética utilizada como en los modos de presentación de los contenidos como el caso de la revista Criterio (Lida, 2015). La publicación ensamblaba notas de política, poemas y “siluetas radicales” donde se recuperaban perfiles de damas y eminentes políticos de la provincia. Respecto a la audiencia y el alcance, los datos son más bien esquivos. La publicación no indicaba tirada y suponemos que su distribución era limitada, es decir, provincial. La composición de su cartera de avisos permite inferir que estaba a dirigida a hombres y mujeres del partido pero también a notables locales (comerciantes, profesionales, intelectuales) que podían compartir ámbitos político-culturales comunes (Cattaruzza, 1992). Aun cuando la revista se presentaba como orgánica y partidaria, se vuelve un prisma interesante para analizar algunos posicionamientos clave de este grupo de radicales en esta coyuntura específica, como por los modos estéticos y discursos a través de los cuales se proyectaba.

La revista combinó artículos de opinión política, declaraciones partidarias, expresiones literarias y poéticas de autores externos –por ejemplo, pasajes de cuentos de Anatole France– y una variada muestra de poesías autóctonas con perfiles esporádicos de dirigentes radicales de Santiago del Estero. En sus páginas se podían encontrar discusiones en dos planos: por un lado, las problemáticas que surgían de la posición del radicalismo en el escenario nacional, y por el otro, los asuntos de orden local (muchas veces referidos a lo político, pero también a lo económico y social). Menos persistente fue la aparición de referencias a una identidad local, como cuentos norteños, que, en determinados casos adquirían formas de recuerdos o notas de viaje. Así fue el caso de reproducciones de Juan Monge sobre un viaje a Fiambalá y a Mazán, provincia de Catamarca y donde se articulaba descripción de paisajes norteños, con comidas típicas, repaso sobre ritos religiosos (católicos) y también otras imágenes folclóricas.^[7] Incluso, algunas notas abordaban el problema lingüístico y el aborigen (como el quechua y las diversas tribus nativas que ocuparon el suelo santiagueño), aunque de manera no sistemática.^[8]

La revista sí abordó tres núcleos de problemas de manera más decidida. En primer lugar, era notoria una prédica antifascista y pro-democrática que por momentos tomaba aspecto de debate filosófico-político (en un plano eminentemente conceptual) y por otros, procedimental (sobre el diseño y la representación política). En segundo lugar, la revista abonaba a discusiones sobre la identidad radical y las propias orientaciones del partido. En este sentido, no dejaba de ser una revista partidaria preocupada por las orientaciones concretas del radicalismo del comité nacional y sus reverberaciones en el comité local. Por último, es posible advertir diversas ideas orientadas a generar un programa de gobierno (específicamente, mediante la discusión de política económica y social) que había defendido y debería defender el radicalismo en una futura administración, como también señaló Cattaruzza para el caso de Hechos e Ideas poco tiempo después (Cattaruzza, 1992). De alguna manera, la revista servía de blasón para angular un debate político-partidario estructurado en torno a algunas propuestas, en su mayoría vagas, pero con suficiente fuerza para convertirse en núcleos consistentes.

Uno de los primeros ejes que se discutieron en Acción Radical fue la importancia de la defensa del régimen democrático y el repudio a los regímenes fascistas.^[9] Como señaló Guzmán, varios radicales del staff de la revista habían estado involucrados tanto en la publicación de La Brasa (1927-1928) como en las actividades de la Asociación Cultural homónima, que había comenzado a reunirse desde 1925 en la Biblioteca Sarmiento en la ciudad capital. La publicación original había reunido a escritores y poetas santiagueños y tucumanos, a los que sumaron a cordobeses y porteños vinculados a las vanguardias literarias y a la reforma universitaria (Martínez, 2014). Asimismo, durante los años treinta este grupo continuará como espacio de sociabilidad cultural pero sufrirá una serie de fragmentaciones vinculadas a los diferentes lineamientos políticos que tomarán sus integrantes y a los distintos proyectos culturales que pregonaban (Guzmán, 2011).

En ese contexto, el avance del fascismo era una preocupación real para los radicales de Acción Radical.^[10] Así, el “bracista” Emilio Christensen^[11], por ejemplo, sostenía que la democracia era un “sentimiento substancial” a los ideales argentinos que se había inspirado remotamente en los “enciclopedistas revolucionarios”, en los “románticos franceses” y en los “constituyentes norteamericanos”, y que finalmente había reverberado en suelo nacional a través de la práctica representativa de los principios y de las instituciones de la “Revolución de Mayo”. Christensen, que retomaba las tesis de Ricardo Rojas sobre el ascendente movimiento de democratización de la sociedad argentina, sostenía que la vida nacional había nacido y se había desarrollado “permanentemente” alimentada por el ideal democrático.^[12] En esa reconstrucción histórica, para el autor, la democracia entre los argentinos, lejos de ser la “concreción de un pensamiento filosófico o político” era más bien una “cualidad o un temperamento del alma colectiva”. En esa coyuntura, por tanto, los partidos debían ser los vigilantes de la “traición y el fraude” de cualquier movimiento político que conspirase con cualquier idea contra la democracia.^[13] En columnas posteriores, sostendrá que el golpe de 1930 era el responsable de “interrumpir” ese perfeccionamiento institucional y favorecer el surgimiento de facciones “dañinas” y organizaciones “adventicias” en la vida nacional.^[14]

En la misma sintonía, Elías Lludgar argumentaba que los años treinta habían sido cruciales para configurar un escenario complejo: el desdén por la democracia en las esferas oficiales era “absoluto”, y la “reacción armada” (se refería al golpe de septiembre de 1930) había mostrado su “odio” contra la democracia. En este sentido, Uriburu podía considerarse una segunda tiranía “después de Rosas”.^[15] El mismo clima de “apatía e indiferencia” era señalado en otras intervenciones, desarrollándose las elecciones en un ambiente “artificioso, mutilado”. Pues, para algunos dirigentes radicales, en las elecciones estaba ausente una fuerza política de “inconmovible arraigo en el alma argentina” que era el propio radicalismo.^[16] La identificación del radicalismo con la democracia era total para los redactores de Acción Radical: según Lludgar, al partido como “fuerza mayoritaria” era el encargado directo de la custodia del ideal democrático”.^[17]

Estas impresiones sobre la vida de las instituciones se combinaban con cierta conceptualización del “fascismo criollo” al que la revista consideraba “imitativo” del de Italia. En este sentido, el mencionado Christensen, por ejemplo, argumentaba que el modelo de “dictadura del Estado” personalizado en la voluntad de un “tirano” –y que abundaba en las fórmulas europeas– era ajeno al pueblo argentino que había cultivado una tradición política “unilateral”: de la colonia pasó a la vida independiente organizado bajo la forma de un Estado “liberal y democrático” y modelado en los ideales igualitarios de los revolucionarios del siglo XIX. Bajo esos preceptos había vivido su historia de ciento veinte años y no había en la Argentina soluciones de continuidad que no tuviesen como eje al “pueblo” como “entidad potencial de gobierno”.^[18] Por eso, sostenía Christensen que el fascismo en nuestro país tenía como lema el “nacionalismo” pero no era más que “un ropaje mimético”. El autor concluía que el fascismo criollo como fenómeno político tenía una “existencia paradojal” y en su exteriorización teatral no era otra cosa que un “vehículo de minorías” que buscaban el “desquicio” y la “anarquía”.^[19] Algunas otras notas, como la del periodista español Adolfo Vázquez Gómez, tomaban las nociones de “patriotismo” versus la de “patriotería”, citando a juristas como los republicanos Francisco Pi y Margall o Jean Jaurès.^[20] En términos conceptuales, algunas intervenciones apuntaban a trazar grados de comparabilidad entre experiencias dictatoriales europeas y americanas. Así, algunos articulistas sostenían que los dictadores americanos no se parecían “para nada” a los dictadores europeos porque su “mentalidad” era diferente y porque se diferenciaban los grupos sociales que los sustentaban. El continente americano poseía “estructuras sociales más complejas” debido a razones históricas y etnográficas como el mestizaje y, a su vez, aquí imperaban los “caciquismos”.^[21]

Lozano Muñoz, por otro lado, diferenciaba a la UCR, como experiencia movimientista, de experiencias fascistas europeas y criollas utilizando las categorías del jurista alemán Gustav Radbruch. Según este filósofo del derecho eran partidos “personalistas” los que ponían el Estado y el derecho al servicio de los valores de la personalidad humana, aceptaban el régimen de libertad y de la democracia. Pero eran “transpersonalistas” los que ponían al individuo al servicio del Estado, estando en estos casos la personalidad moral del hombre supeditada a la “magnitud orgánica del Estado”. Así, el fascismo, el hitlerismo, el “uriburismo” eran “transpersonalistas”, mientras que la UCR como partido fuertemente democrático y liberal era “personalista o individualista”. Pero también era “idealista” por cuanto “subordinaba en una jerarquía valorativa las fuerzas económicas y materiales al imperio de la personalidad moral del hombre”.^[22]

En el terreno procedimental, los redactores de la revista defendían el sistema implantado por la ley Sáenz Peña, y eventuales modificaciones hacia un sistema de representación proporcional que incluyese el voto femenino. Era notorio el rechazo contundente a sistemas de voto calificado que pudiese coartar la voluntad popular mediante la alfabetización.^[23] Por ejemplo, José Santillán, defendía el paradigma sáenzpeñista en cuanto garantizaba el sufragio universal masculino, obligatorio y secreto y consideraba que debía permanecer “intangible” mientras no interviniese en la discusión pública la inmensa mayoría del pueblo “representada en la UCR”.^[24] Juan Monge, por otro lado, sostenía los beneficios del sistema proporcional dado que pueblo estaría “mejor representado” ordenando su “voz” y “acallando” “intereses egoístas” y “rivalidades” partidistas.^[25] En otro artículo, el mismo autor bregaba por la implementación del voto con una lista que incluyese todos los candidatos (boleta única); y que se adoptase todo el territorio de la República como un solo distrito electoral. Así, el voto proporcional destruiría las mayorías legislativas; el distrito electoral único eliminaría el “caudillismo” y los pequeños partidos, permitiendo a las grandes masas en que se dividía la opinión del país “organizarse mejor”.^[26]

Acción Radical también era espacio de discusión sobre la necesidad de implementación del voto femenino.^[27] Así, Luis Pericas sostenía que el feminismo avanzaba a grandes pasos por todos los pueblos civilizados y en algunos países había electoras elegibles como en Norteamérica, España, Checoslovaquia, Noruega y Australia. Señalaba el caso de Miriam Ferguson electa como gobernadora de Texas 1924 –segunda mujer gobernadora de un estado norteamericano después de Nellie Tayloe Ross–, un gran ejemplo de cómo la vida exclusivamente del hogar no satisfacía las “aspiraciones femeninas del presente”. También rescataba el voto de las mujeres en San Juan aplicado durante la gestión de Aldo Cantoni y sostenía que la mujer sería fundamental en gestar una “nueva cruzada de la civilización” levantando la bandera del “pacifismo universal”.^[28]

Eso también llevaba a los articulistas a rechazar cualquier tipo de sistema de voto calificado por alfabetización.^[29] Por ejemplo, Eduardo Archetti, sostenía que ese tipo de votación era sostenido por los sectores reaccionarios para esconder una “selección sostenida en el abolengo”. Bastaba solo observar los círculos dirigentes para notar que la inmensa mayoría de las funciones electivas estaban desempeñadas por “ciudadanos preparados” por lo que el “sufragio universal” no era de modo alguno un “obstáculo” para que gobernasen las “clases ilustradas”. En algún sentido, sostenía el redactor “la democracia cuantitativa” que se vivía a partir de 1916 había formado ya o estaba en “vías de formar” su propia “aristocracia”. El problema era pues la tergiversación de esas mayorías y la elección de “malos gobernantes y peores funcionarios”. En el fondo, como sostendrá el mismo autor, la perfectibilidad del sistema democrático era posible respetando las decisiones emanadas de la “soberanía popular” en consulta “libre, universal y secreta”.^[30]

Un segundo núcleo de ideas discutidas en Acción Radical estaba anclado en problemas vinculados a la identidad y a las tácticas partidarias concretas que se debían tomar en esa coyuntura. Puntualmente, temas vinculados a la abstención o a la concurrencia, y a la necesidad de unión y disciplina fueron abordados por los radicales del comité nacional.^[31]

Diversas notas, en primer lugar, recurrían a la figura de Hipólito Yrigoyen como símbolo partidario. Los obituarios con motivo de su fallecimiento en 1933 resaltaban del expresidente sus cualidades de liderazgo pero también lo mostraban como emblema de una administración radical exitosa.^[32] La revista, en este sentido, no abandonó la retórica yrigoyenista plagada de referencias al radicalismo como “religión cívica” (Padoan, 2002; Reyes, 2018).^[33] En contraposición, el General Agustín P. Justo era señalado como un presidente “impopular”^[34] del que el pueblo tenía una “glacial indiferencia”.^[35] También se ridiculizaba al ministro del Interior, Leopoldo Melo, por su falta de moral y su actitud “traicionera”.^[36] El “pabellón” de las figuras históricas rescatadas por las revistas se completaba con referencias a Sarmiento^[37], Moreno, Belgrano, Rivadavia, y San Martín.^[38] Entre los radicales “ilustres” contemporáneos, se reproducían varias notas y artículos del escritor Ricardo Rojas.^[39]

Respecto a la abstención, la posición era ambivalente y se incluyeron notas en ese año a favor de esta táctica y de la concurrencia.^[40] Algunas editoriales sostenían que el cumplimiento de la abstención decretada por las autoridades del comité nacional solo servía para que se disputasen el triunfo los oficialistas o “castristas”, los conservadores y los socialistas, “tres usufructuarios del motín septembrino y del gobierno de facto”. Algunas fábulas también eran introducidas para divertimento del lector vinculadas al asunto. Así, en la fábula del zorro y del león, por ejemplo, se marcaban claramente el perfil de los protagonistas: en un diálogo ficticio el “zorro” coqueteando con los “enemigos” tenía pretensiones de caudillo y acechaba al león; el “león”, débil ante las tentaciones del zorro decidía reservar su fuerza y retirarse. La moraleja era que ambos iban a campos separados: el león al bosque “donde reinaba” y conquistaba su soberanía; el zorro al campo del enemigo.^[41]

La actitud de los radicales de Tucumán que recurrieron a elecciones en 1934 despertó un intenso debate entre los articulistas. Así, Hipólito Noriega aplaudía la decisión de los tucumanos. Aun cuando contrariaba las decisiones de la convención partidaria de septiembre de 1933, el autor sostenía que mientras el radicalismo se mantuviese alejado de los comicios no habría ni “normalidad ni pacificación de la república”.^[42] El mismo Noriega reconocía que la abstención tenía raíces históricas: devenía de una “expresión temperamentalmente romántica” de los fundadores del partido y estaba sostenida por un “idealismo ético”. Pero se preguntaba si los radicales querían la abstención por lo que fue y significó hacía “más de 30 años”. Si los radicales reafirmaban la abstención por meras razones éticas y emotivas la solución era la “esterilidad” y el “suicidio”. En este sentido, la desobediencia de los radicales tucumanos, “como la de San Martín” en las guerras de independencia, marcaría el comienzo de una “nueva etapa de triunfo” que culminaría con la conquista definitiva de libertades electorales.^[43] Otros radicales eran defensores de la política de abstención y consideraban que el partido “no debía renunciarla”. Según Agüero Marañón, los tucumanos habían “lesionado” la tradición del radicalismo y debían seguir el ejemplo de los radicales de Córdoba y de Buenos Aires cuya actitud “era menos espectacular” pero “más digna, más abnegada y sobria”. En estas horas decisivas, el radicalismo tenía la responsabilidad “antes que de torneos comiciales” de preocuparse por problemas fundamentales vinculados a “transformaciones sociales y económicas”.^[44]

Pero la revista también discutía otros problemas vinculados al partido. Era recurrente en sus páginas los llamados a la “unidad” de todos los radicales; diversas notas se preocupaban por criticar la política de “comité”, el “servilismo” y el caudillismo que imperaba en el radicalismo unificado; y otras mostraban preocupación por la falta de disciplina partidaria^[45]. Sobre el primer punto, la revista reproducía un documento partidario reproducido de la Convención nacional de septiembre de 1933 donde sostenía que la UCR era el partido “más representativo del país”.^[46] Esto suponía la premisa de que el radicalismo argentino era, antes que una agrupación, un “sentimiento netamente popular”. El objetivo concreto de esas proclamas era generar unidad de los radicales y promover alistamientos al comité nacional que presidía Alvear en un intento de delimitación de lo que era y no era el “verdadero” radicalismo.^[47]

En segundo lugar, los radicales santiagueños, en el marco de las discusiones de sus estrategias partidarias, realizaban continuas críticas al “caudillismo” y al “servilismo” y los atribuían a otras fuerzas radicales como el “castrismo” y el antipersonalismo. Así imputaban a estos dirigentes ser provocadores de “luchas intestinas” y de “divisiones partidarias”.^[48] El gobierno de Juan B. Castro, en el orden provincial, mostraba con creces la práctica del “caudillismo” y lo acusaba de actuar más que como un gobernador imparcial “como un jefe de un grupo político determinado”.^[49]

Un último punto de álgido debate estaba referido al tema de la “disciplina partidaria”. Como ha sido señalado por Persello (2004; 2007) y Giménez (2016) ambos temas, el de la unidad y el de la disciplina, fueron cuestiones difíciles de resolver para el alvearismo durante los años treinta, en un escenario de dispersión de los radicalismos provinciales. Una declaración del comité central del radicalismo alvearista sostenía que “ningún afiliado” a la UCR estaba facultado para invocar el “nombre del partido ni el de sus autoridades” con el fin de “proclamar orientaciones, tomar actitudes o definir propósitos que no hayan sido resueltos previamente por las autoridades legalmente constituidas” sobre todo cuando tales actos produjesen “anarquía” en sus filas partidarias, “confusión en la opinión pública” o comprometiesen la “suerte del partido”, debiendo los comités de distrito tomar las disposiciones pertinentes para hacerlas efectivas. La declaración concluía que no era intención del comité nacional “coartar la difusión del pensamiento radical, ni el libre examen y discusión de las ideas tan esenciales en toda organización democrática”: solo reclamaba que se respetasen las “orientaciones, las normas y los programas” formulados por los órganos que legalmente representaban la voluntad partidaria.^[50] En este sentido, la revista también reproducía normativa de la carta orgánica de la UCR que contemplaba en su art. 34 que el comité central del partido podía “corregir y aun suspender” de su seno a cualquiera de los afiliados del partido por “indecoro personal, por inconsecuencia partidaria y, en general, por todo acto” que afectase la “dignidad” del partido o la disciplina partidaria.^[51]

Algunas notas también discutieron el levantamiento radical de diciembre de 1933 encabezado por el teniente coronel Roberto Bosch y por el mayor Domingo Aguirre. En una inicial impresión de la insurrección, la editorial del número 7 sostenía que la UCR recibía una “cobarde agresión” de los que querían herir al radicalismo^[52] y denunciaban detenciones arbitrarias en suelo provincial en la casa del dirigente Manuel de Gorostiza, de varios miembros de la mesa directiva y del comité central del partido.^[53] Al mismo tiempo, en una declaración el comité central se consideraba “ajeno” al levantamiento que contenía postulados “extraños a su programa de acción cívica” y sostenía que carecía en absoluto de toda vinculación con los que aparecían como sus “directores e instigadores”.^[54] Sin embargo, las voces de algunos dirigentes de peso, como el exgobernador Manuel Cáceres, celebraban la formación de “milicias radicales”. A diferencia de la Legión Cívica Argentina que anteponía un concepto de patria “unilateralmente concebido” a cualquier intento de “bienestar colectivo”, las milicias radicales que se estaban formando eran un intento de detener el “avance inaudito de la falsedad” y de “sostener el principio republicano amenazado”. En este sentido, esos organismos se constituían para rechazar las intenciones “aviesas del fascismo” y para “rescatar para el pueblo soberano sin cortapisas la función activa del sufragio libre limitado”.^[55]

Un último núcleo de ideas que pregonó el equipo editorial de Acción Radical giró en torno a una serie de políticas sociales y económicas.^[56] Era notorio, en este sentido, una preferencia a favorecer el mercado interno y al desarrollo de obras públicas estratégicas vinculadas al entramado productivo provincial; a la defensa del petróleo como recurso nacional y de políticas de distribución de la tierra; y un compromiso doctrinario con medidas vinculadas a la “justicia social”.

El dirigente Peralta Figueroa consideraba que el radicalismo debía transitar hacia una “segunda etapa” –luego de la exitosa primera gestión de gobierno– que sería estructurada en torno a una “era de redención económica y social del criollo”.^[57] Si políticamente esa nueva fase debía anclarse en una práctica de “democracia de verdad”, económicamente se caracterizaría por reformas económicas y sociales, e incluiría enmiendas del “sistema capitalista” hacia uno de “individualismo integral”. En este sentido, sería crucial establecer limitaciones al “derecho de propiedad” y abordar temas que interesasen “a las masas trabajadoras”. El autor sostenía que la política no podía prescindir del concepto de “economía”: “asegurar el bienestar económico del pueblo” era afianzar las libertades políticas, y así debían entenderlo las nuevas democracias. De acuerdo con el autor, un “buen radical” debía estudiar las fórmulas que se adecuasen a la realidad nacional y facilitasen un “nuevo programa de reformas”. En este sentido, países modelos eran el México postrevolucionario, cuya Constitución de Querétaro había abolido el latifundio y había asegurado el “patrimonio de familia” y el “techo del hogar”; y la España republicana, cuya constitución había dispuesto la “enseñanza pública inspirada en ideales de solidaridad humana”.

En el plano local, los radicales santiagueños hacían un esfuerzo para coordinar políticas de desarrollo que afectasen el suelo provincial. Dardo Herrera, por ejemplo, recuperaba la idea del Canal Principal del Oeste que conectaría Villa Río Hondo con Santiago y que mejoraría el riego beneficiando la agricultura y la ganadería de la zona, y convirtiéndola en un “verdadero centro agrícola y ganadero”.^[58] José Mercado también coincidía en la necesidad de mejorar el sistema de riego que fortaleciese el entramado productivo local, mediante la derivación de “sifones”.^[59] La agricultura a base de riego artificial resultaba “dispendiosa” por lo que era necesario reformar el sistema de derivación consolidando la industria ganadera.^[60] También estas modificaciones en el sistema de riego podrían consolidar la industria forestal haciendo “dos industrias productivas defendiéndose una a la otra”.^[61]

La política económica emprendida por el gobierno de Yrigoyen también era motivo de recuperación por parte de los radicales de Acción. Algunos articulistas sostenían que el gobierno de Yrigoyen había dejado “huellas en la política social-económica” a través de la defensa de la “independencia económica” del país. Así, el expresidente había sido el más firme “adalid” en contra de las “fortalezas del capitalismo internacional y de los intereses de las clases privilegiadas” para algunos redactores. El petróleo era una verdadera bandera radical vinculada al nacionalismo, no solo producto de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) sino a través de los intentos de nacionalización del petróleo promovidos por diputados radicales en 1927. Si bien la medida fue aprobada en la Cámara Baja donde los radicales tenían mayoría, quedó vetada por el Senado (“reducto arcaico”) y pensó tratarse en 1931 pero devino el golpe militar. En este sentido, la revolución de septiembre no era ingenua: el General Uriburu era definido como un “agente de empresas petroleras” como su ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, abogado de varias firmas vinculadas al sector.^[62] En otras columnas, la propiedad de la tierra y su carácter social fue abordado de modo más específico. Por ejemplo, en la nota editorial del número 4 de la revista se sostenía que si bien la propiedad era una “institución de derecho natural”, el desarrollo de la humanidad hacía advertir que la “libertad objetiva” se encontraba cada vez más subordinada a las “conveniencias del cuerpo social”. Por ello, era necesario avanzar en un concepto de “propiedad social” de acuerdo con las nuevas tendencias del mundo.^[63]

La nueva política radical también debía tener, para los redactores de Acción, contenido social y un sesgo obrerista. En este sentido, muchos radicales leían las nuevas orientaciones que debía promover el movimiento radical en clave de las clases trabajadoras. Estos temas, como ha sido analizado, no estuvieron ausentes de las preocupaciones de las administraciones de Yrigoyen y de Alvear (Horowitz, 2015) y serán luego también recuperados por el grupo FORJA (Giménez, 2013a) e incorporados a la plataforma electoral del partido en 1937 (Persello, 2007). Según García Mellid, quien abrevará al “forjismo” y de allí transitará al peronismo, sostenía que el radicalismo había estado históricamente preocupado por los reclamos obreros y, “revolucionariamente”, desde las altas esferas del gobierno, había amparado los derechos de las “clases populares”. Pero en la nueva era debía estar dispuesto a operar una “trascendental modificación en el sistema económico-social” en que se desenvolvía la vida argentina.^[64] El autor criticaba los pedidos de “programa” y sostenía que el ideal de los radicales debía ser la “justicia”, en su más “amplia acepción”. Ese ideario era “esencialmente revolucionario” y era el motor de transformación que debía conducir a los radicales. Manuel Mainar, en la misma línea, sostenía también que cuanto más profunda fuese la injusticia, “más honda debía ser la reivindicación”. Por ello, la “reparación radical” debía ser una reivindicación de “justicia social”. Así, la UCR era la “única fuerza” capaz de realizar en el país la “transformación” que exigía el “estado social” de los pueblos y de “proporcionar nuevas formas de convivencia” basadas en fundamentos de “solidaridad humana”.^[65]

A lo largo de este escrito, hemos intentado rastrear algunas ideas que rodearon a la publicación Acción Radical, revista partidaria de los radicales santiagueños identificados con el comité nacional de la UCR durante inicios de los años treinta. A través de una recuperación del complejo entramado partidario nacional y provincial donde esta publicación se insertó, hemos procurado poner de relieve cómo este grupo de radicales buscó sistemáticamente configurar posiciones ideológicas firmes que los diferenciaran de otros grupos autoidentificados radicales, y al mismo tiempo, defender ciertos posicionamientos tácticos en el terreno local. Así, la revista procuró construir legitimidad y servir de vitrina de una cultura democrática popular y antifascista. Ideológicamente, como señaló Cattaruzza para Hechos e Ideas, la publicación defendió una prédica de democracia radical-social, cercana al republicanismo de izquierda español y al cardenismo, modelos de los cuales constituyeron el norte de algunas de sus políticas sugeridas (Cattaruzza, 1992, p. 26). En otro sentido, la revista y sus articulistas adelantaron debates en suelo local que se dieron luego en el grupo FORJA y en sus intelectuales.

Aun cuando la configuración de una identidad radical santiagueña era compleja de rastrear debido a la constante disputa simbólica de caudillos y líderes que se autoidentificaban como tales, la revista sí abordó tres núcleos de problemas de manera más o menos sistemática. En primer lugar, fue posible advertir una prédica antifascista que identificaba al radicalismo con la democracia argentina y que, en algunos casos, proponía algunas reformas procedimentales, como, por ejemplo, avanzar en un esquema de representación proporcional. En segundo lugar, la revista abonaba a las discusiones sobre las tácticas político-electorales que debía adoptar el partido a inicios de los años treinta. En este sentido, no dejaba de ser una revista partidaria preocupada por las orientaciones concretas del radicalismo del comité nacional y sus reverberaciones en el plano local. Mayoritariamente fue visible una crítica a la política de abstención, una defensa a la unidad partidaria y una búsqueda de disciplina entre los militantes. Por último, fueron recurrentes las recuperaciones en torno a las políticas públicas que habían defendido los radicales en sus administraciones, pero también, se trazaron líneas de futuras políticas sociales y económicas que se debía defender en el futuro. Así, un programa de obras públicas que favoreciesen el entramado productivo santiagueño; la introducción de la noción de propiedad “social” y la nacionalización del petróleo; y la necesidad de reivindicaciones sociales con sesgo obrerista –aunque vagamente definidas– fueron temas promovidos y discutidos en sus páginas.

Hemos sostenido que, de alguna manera, la publicación -pese a su corta vida– ofrece perspectivas interesantes de análisis para angular el debate político-partidario santiagueño de inicios de los años treinta. En la proyección de ideas, discursos y propuestas, la publicación buscó legitimar las acciones del radicalismo del comité nacional en diferentes escalas (espaciales y temporales) contribuyendo a la consolidación de una esfera pública local identificada con la democracia.

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[1] Una versión preliminar de este artículo fue presentada en las XVIII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, UNSE, Santiago del Estero, en el marco de la mesa temática “La Argentina de entreguerras: Estado, política y sociedad en un período de conflicto y de transformación” durante mayo de 2022. Agradecemos especialmente a Noelia Fernández y a Mercedes López Cantera, así como a todos los participantes de la mesa por el rico intercambio generado allí. Los autores también agradecen la valiosa lectura de Bernardo Carrizo y de Juan Cruz Giménez, coordinadores del dossier, así como las sugerencias de los evaluadores anónimos en vistas de mejorar el escrito.

[3] Según Alen Lascano (1996), esta división con base en colores surgió del periodismo y es atribuida a Manuel Cáceres. La tradición local de los “negros” los entroncaba con algunos elementos del taboadismo, derrocado en 1875 y, según historiadores, en sus filas, había familias con prestigio, posición económica y capital social en la provincia. Sin embargo, el arraigo popular de esos caciques hacía que abundaran entre sus partidarios hombres de tez morena, por lo que Cáceres, en sus comentarios periodísticos, hacía referencias a ellos como los radicales “negros”. Sus adversarios fueron considerados “blancos” aunque inicialmente ellos mismos desoyeran esa denominación. En el ámbito local, no hubo penetración inmediata de querellas entre “galeritas” y “azules”, o intransigentes y abstencionistas, como sucedió en otros espacios (Persello, 2007). Esas pujas no llegaron a la realidad local hasta 1924 y, cuando llegaron, no replicaron con exactitud las filiaciones en el nivel federal. Cfr. López (2022).

[5] Si observamos las autoridades partidarias del comité central de la UCR del comité nacional y la dirección de Acción Radical, veremos completa simetría. Eran autoridades de la mesa directiva de la UCR local Santiago Corvalán y Durval Palomo y Juan Zanoni como vicepresidentes. Secretarios: José Santillán e Hipólito Noriega; tesorero, Manuel Gorostiza; protesorero, Ramón Rasso. En tanto los delegados a la convención nacional eran Julio Urtubey, José Ábalos, Antonio Reyes, Sebastián Avalos, Segundo Pereyra, Pedro Zanoni y Benjamin Zavalía. Los delegados al comité nacional eran el mismo Corvalán, Eduardo Archetti, Manuel Cáceres y Gerardo Barrionuevo.

[6] Eran precios bastantes accesible si consideramos que una entrada al cine, por ejemplo, costaba entre 0.50 centavos y 1 peso –a precios de julio de 1933– en varias ciudades del Interior del país. Cfr. El Litoral, Santa Fe, 1/7/1933.

[23] Acción Radical, Santiago del Estero, 1, 07/1933, Christensen, E., “El sentido de la democracia en los partidos políticos argentinos”, pp. 6-7 y Acción Radical, 2, 08/1933, Monge, J., “El sistema de representación proporcional”, pp. 19-20.

[43] Acción Radical, Santiago del Estero, 9, 03/1934, Noriega, H. “La abstención y sus resultados”, pp. 3-4 y Gargaro, A., “Abstención política”, 10, 01/1934, pp. 13-14.

[45] Acción Radical, Santiago del Estero, 1, 07/1933, Noriega, H., “Política de comité y política de religión”, p. 16 y Osorio, S., “Fe en la democracia”, 2, 08/1933, pp. 25-26.