En la década del setenta el movimiento estudiantil universitario mendocino se caracterizó por su solidaridad, politización y organización. Este trabajo retoma algunos sucesos que protagonizó ese colectivo para intentar comprender la represión de la que fueron víctimas sus integrantes. Estos hechos se corresponden con tres momentos. El primero de ellos tiene que ver con las luchas contra el limitacionismo que tuvieron su razón principal en la Ley 17.245. El segundo, se relaciona con la apertura universitaria posibilitada con la llegada de Héctor Cámpora a la presidencia en 1973. Por último, se aborda la reacción conservadora cuyos inicios, en el ámbito educativo, pueden ubicarse en la Misión Ivanissevich y que tuvo su punto de auge en el proceso dictatorial.

Con una metodología cualitativa que implica: el análisis de documentos y artículos periodísticos, el trabajo se propone entender la dureza de la represión del movimiento estudiantil, a la luz de la fortaleza de los lazos organizativos, sociales y comunitarios de ese colectivo.

Palabras clave: Movimiento estudiantil; Universidad; Represión; Dictadura; Mendoza.

In the 1970s, the Mendoza university student movement was characterized by its solidarity, politicization and organization. This work took up some events that this group was the protagonist of in order to try to understand the repression of which its members were victims. The first of this event has to do with the struggles against limitationism that had its main reason in Law 17.245. The second is related to the opening of the university thanks to the arrival of Héctor Cámpora to the presidency in 1973. And third moment addresses the conservative reaction. Its beginnings, in the educational field can be located in the Ivanissevich Mission, which had its point of boom in the dictatorial process.

With a qualitative methodology that implies: the analysis of documents and journalistic articles, the work intends to understand the harshness of the repression of the student movement, in light of the strength of the organizational, social and community ties of that group.

La dictadura que toma el poder en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976, se propone, entre otras cosas, perseguir y eliminar a sus adversarias y adversarios políticos. Esta persecución, fue denominada por los militares “lucha contra la subversión”. Para Águila, el perfil de “enemigo” que diseñaron las fuerzas armadas “incluía a militantes de organizaciones políticas no armadas, delegados sindicales y activistas estudiantiles, familiares o amigos de las víctimas, intelectuales sindicados como “ideólogos de la subversión” (2013b, p. 9). Por otro lado, hay que decir que la represión no se inicia con el golpe, sino que es anterior al mismo e impacta con posterioridad a su conclusión. En ese sentido, Águila (2013a) analiza el ejercicio de la represión en nuestro país partiendo del supuesto de que, justamente, no comenzó con el golpe, si bien adquiere dimensiones que hasta el momento no había ostentado. Para la autora, la denominada por los militares como “guerra contra la subversión” no se limita a aplicar un programa económico, sino que tuvo una centralidad política e ideológica.

Entre la dictadura de la Revolución Argentina que comienza en 1966 y el golpe de 1976 “el movimiento estudiantil jugó … un papel gravitante, ya sea por la cantidad y calidad de sus acciones, como por su capacidad para componer alianzas con el movimiento obrero” (Bonavena, Califa & Millán, 2018, p.73). Estas características respondían al perfil de “enemigos” que diseñaron las fuerzas armadas y las cifras dan cuenta de ello. Los organismos de derechos humanos de Mendoza han contabilizado alrededor de 270 personas desaparecidas y/o asesinadas de y en la provincia. De estas víctimas, cerca de 50 estaban o estuvieron vinculadas con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Escuela de Comunicación Colectiva, Escuela de Servicio Social y la Facultad de Antropología Escolar. Pero estos datos no son definitivos. Se siguen actualizando constantemente, producto de investigaciones, nuevas denuncias y, sobre todo, por el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Estas cifras nos llevan a afirmar que el 20%, al menos, de las víctimas locales, integraban el movimiento estudiantil. Estos datos nos impulsan a pensar sobre el proceso represivo local, en relación con el proceso de organización política de los setenta.

Este trabajo pretende brindar un panorama general de algunas acciones que dan cuenta de la organización del movimiento estudiantil mendocino durante los setenta, para desde ahí reflexionar sobre las consecuencias del proceso represivo. Es importante destacar que, en esta selección, varios sucesos relevantes y debates quedan fuera. El escrito se divide en tres momentos que retoman marchas, tomas de establecimientos, juicios, entre otras experiencias organizativas y de carácter represivo que involucraron a este colectivo. El primero, aborda las luchas contra el limitacionismo. El segundo, se relaciona con la apertura universitaria que comienza a partir de la llegada de Héctor Cámpora a la presidencia y Jorge Taiana al Ministerio de Cultura y Educación. Por último, se trata la reacción conservadora mediante dos procesos: la Misión Ivanissevich y con ello, la persecución y represión a estudiantes antes del golpe; y la dictadura en el ámbito educativo local.

La década del setenta tuvo como marco político la autodenominada “Revolución Argentina” (que tiene lugar entre junio de 1966 y mayo de 1973) dictadura que estuvo encabezada por Onganía, Levingston y Lanusse. Mendoza, no ajena a esto, fue intervenida por el gobierno de facto. Durante ese proceso dictatorial, seis personas ocuparon el cargo de gobernador, entre ellos Luis Carlos Gómez Centurión y Francisco Gabrielli.

En ese contexto nacional y provincial, se enmarcaron las acciones contra el limitacionismo, equivalente a las demandas por el ingreso irrestricto en la actualidad. Iniciados los setenta, específicamente en 1971, el estudiantado comenzaba a reclamar contra un examen que restringía el acceso a la universidad, sólo accesible a quienes podían pagar preuniversitarios^[1].

Esta restricción al ingreso encontraba sus raíces, en por lo menos, una razón principal: la Ley Universitaria 17.245, en vigencia desde abril de 1967. Entre sus aspectos fundamentales fijaba un examen de ingreso, pero también prohibía todo tipo de militancia. Además, con el artículo 90, se permitía a las universidades terminar con “estudiantes crónicos”, que muchas veces se identificaban con quienes tenían militancia política. Fueron principalmente estos puntos los que generaron el descontento en el estudiantado que iniciaba, en ese momento, un importante proceso de organización. Así: “las luchas contra el limitacionismo parecen haber sido uno de los primeros contactos [de estudiantes] con la participación política en el ámbito universitario” (Bravo, 2014, p. 32).

Entonces, el eje que nucleaba la reivindicación del movimiento estudiantil a nivel nacional, “se concentró alrededor de la lucha contra el limitacionismo, respecto al ingreso a la universidad” (Cobos, Crombas, Delgado e Hidalgo, 20016, p.147). Mendoza no fue ajena a este proceso. En enero de 1971 había movilizaciones contra el limitacionismo^[2]. Las primeras fueron vehiculizadas por aspirantes al ingreso de las facultades de Políticas, Económicas, Ingeniería en Petróleo y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), pero luego se sumaron estudiantes de otros establecimientos:

“El 15 de enero se produjo una manifestación céntrica de los estudiantes inscriptos en el curso de ingreso de la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) Regional Mendoza. Con esta medida se iniciaba un plan de lucha tendiente a lograr una matriculación directa, mediante la eliminación de los exámenes de ingreso. Luego de dos concurridas asambleas se produjo la toma de la Facultad, recibiendo el apoyo de las distintas agrupaciones estudiantiles (Cobos et al., 2006, p. 148)”.

Los y las estudiantes de la UTN habían decidido continuar con la movilización. En ese marco, se dirigieron a la Facultad de Ciencias Económicas donde: “se vivía una situación parecida, razón por la cual terminaron confluyendo todos los manifestantes, interrumpiendo el desarrollo de algunas clases. Allí se realizó una improvisada asamblea, y se insistió en unificar las luchas contra el limitacionismo” (Cobos et al, 2006, p. 148).

El 24 de febrero de 1971 comenzaba el primer conflicto de características importantes. Se trata de la lucha que llevaron a cabo estudiantes de Ciencias Económicas, en conjunto con el movimiento estudiantil provincial. En asamblea se había decidido tomar la facultad para impedir la realización de los exámenes. Las autoridades buscaron garantizar la instancia evaluativa. Por ello tomaron la decisión de trasladar la evaluación a otro establecimiento, el lugar elegido fue el colegio Martín Zapata, dependiente de la universidad. La realización del examen se llevó a cabo con la ayuda de las tropas de la Federal e Infantería de la Provincia que se apostaron en la puerta del establecimiento. Pese a que Espinoza, interventor de esa facultad, declaraba que la evaluación se había realizado de forma completamente normal, la situación no fue tal (Casa por la Memoria y la Cultura Popular, 2010). De un total de 463 personas inscriptas, sólo rindieron 58 (Cobos, 2007). Quienes entraron, escucharon cánticos y fueron abucheados por las y los estudiantes que se quedaron afuera del establecimiento como forma de protesta, dispuestos a perder la única instancia de ingreso que tenían para convertirse en estudiantes universitarios.

Pero el conflicto no terminaba ese día. Quedaba la segunda instancia evaluativa y los y las estudiantes continuaban la protesta. Dos días después estaban en la puerta del establecimiento con la intención de impedir la entrada. Pero las autoridades estaban dispuestas a garantizar la evaluación, nuevamente el escenario se repetía:

“Llovieron los machetazos y las patadas. Los estudiantes reaccionaron contra la golpiza y respondieron a la policía con una nutrida pedreada que obligó a los federales a esconderse en el colegio. Llamaron a Infantería y mediante el uso de gases, obligaron a replegarse a los estudiantes por Perú hacia el Norte; 174 alumnos pudieron entrar a rendir. Pero adentro del colegio reinaba el desorden …. Hubo 60 detenidos (Casa por la Memoria y la Cultura Popular, 2010, p. 9)”.

Imagen 1: Estudiantes desalojados de la puerta del Colegio Martin Zapata, diario Mendoza, 27 de febrero de 1971

Después de esta agitada jornada, el estudiantado decidió marchar al día siguiente, en repudio a la represión policial y reafirmando la lucha contra la limitación. Mientras, en la Policía Federal, se exigía la inmediata liberación de las más de treinta personas detenidas. Poco a poco, los y las estudiantes “fueron recobrando la libertad luego de ser identificados debidamente y tras prestar declaración. (…) Se pudo observar en la puerta del edificio de la Policía Federal que numerosos padres y otros familiares esperaban que les entregaran a los apresados, especialmente a los menores de edad” (Los Andes, 28 de febrero de 1971). Con esta acción se abría un capítulo muy importante de la lucha estudiantil universitaria local. Las acciones contra el limitacionismo no habían terminado, manifestaciones, asambleas y actos relámpagos fueron una constante durante ese año académico.

En junio, cuatro meses más tarde, otra vez los y las estudiantes estaban en el centro de la escena local. Esta vez solidarizándose con la causa judicial que iniciaba contra dos alumnos de la UNCuyo. Todo había comenzado meses antes, específicamente el 4 de marzo con la toma de la Facultad de Ingeniería con sede en San Juan, con motivo de la lucha contra el examen de ingreso. El vicedecano y tres docentes de ese establecimiento quedaron “detenidos” en la medida de fuerza. Por ese suceso, los estudiantes César Eguaburu y Rolando Coria fueron procesados y llevados a juicio a fines de junio de ese año. El diario decía al respecto:

“Con gran despliegue de vigilancia policial, que no registra antecedentes similares en nuestra provincia, comenzó en la Cámara Federal de Apelaciones el juicio de instancia única contra dos estudiantes sanjuaninos Rolando Coria, de 22 años y César Eguaburu, de 26, acusados de privación ilegítima de la libertad, usurpación, intimidación pública, resistencia y desobediencia a la autoridad y daño (Los Andes, 30 de junio de 1971)”.

La notable cantidad de efectivos de las fuerzas de seguridad es recurrente en el periodo analizado. Pero su presencia no es solo simbólica, estaban listos para reprimir al estudiantado y lo hacían en cada movilización, protesta o toma. A la represión de la protesta se le suman las detenciones de las y los manifestantes. Así, estudiantes con antecedentes penales, es otra de las características de la época. El juicio contra los alumnos sanjuaninos, no es una excepción en cuanto a materia represiva. Numerosos son los efectivos policiales destinados a este acontecimiento. Pero esto no intimida al estudiantado que estaba presente en el lugar, decidido a mostrar su solidaridad. La masa estudiantil se plantó frente a los efectivos, los cánticos eran: “de una dureza y una provocación sin precedentes: “Aquí están, estos son, los asesinos de Pampillón”; “policías, sepan la verdad, sus hijos no van a la Universidad”. “A la policía le quedan dos caminos, unirse al pueblo o ser sus asesinos” (Colectivo Fantomas, 2012). Finalmente fue autorizada la represión, con la cantidad de estudiantes y de efectivos que había en el lugar, no cuesta mucho imaginar las características del suceso.

Imagen 2: Uno de los estudiantes enjuiciados en la sala de audiencia. Archivo Provincial de la Memoria Mendoza

El Fiscal solicitó siete años de prisión para cada uno de los procesados y la reposición de los daños causados en la casa de estudios. Pero las penas fueron menores, un año y un año y medio respectivamente, y no se concretaron: “La condena quedó en suspenso. Pero quedó muy claro que, de no haber mediado la actitud solidaria de los universitarios mendocinos, las condenas hubieran sido más duras” (Vélez, 1999, p. 102).

Los sucesos abordados dan cuenta de que no hubo tolerancia respecto de las luchas del movimiento estudiantil. Las fuerzas represivas estaban al servicio de las autoridades locales y universitarias. La represión a las masivas asambleas o movilizaciones, las detenciones, imputaciones y hasta juicios contra estudiantes dejaron en evidencia hasta dónde podían llegar las respuestas para frenar estas acciones. Para esta época la militancia política estaba prohibida por ley en los establecimientos educativos. Pese a ello, las demandas contra el examen de ingreso se convirtieron en el puntapié para agrupar a estudiantes, que fueron incrementando sus niveles de politización, organización y radicalización.

Así, en los inicios de los setenta la identidad del movimiento estudiantil se caracterizó por el compromiso social, la idea de transformación atravesando todo, la solidaridad como forma de vida, la entrega total a un proyecto político que incluyera a todos los sectores, en especial a quienes históricamente habían resultado excluidos. El respaldo de las y los estudiantes a las luchas de sus pares dejaba de ser un suceso aislado y respondía a una visión de Universidad, pensada en consonancia a las demandas del pueblo, la clase trabajadora y en enfrentamiento con la dictadura. Este proyecto debía contemplar “a todos los sectores sociales, en especial a los trabajadores. Numerosas acciones se vinculan con el reclamo por condiciones académicas que resultaran aptas para quienes, además de estudiar, trabajaran” (Bravo, 2014, p. 37). Las movilizaciones contra el limitacionismo son una de las características del clima político provincial que irá incrementando sus niveles de conflictividad. A partir de marzo de 1971 las movilizaciones crecen. Muchos sectores van a profundizar las exigencias al gobierno dictatorial y, con ello, las medidas de fuerza. Podría decirse que el gran ejemplo local son las jornadas de abril de 1972, conocidas como el Mendozazo.

Con la asunción de Héctor Cámpora en la presidencia el 25 de mayo de 1973, llega la democracia, y con ello un periodo que llena de expectativas y fuerza a buena parte del movimiento estudiantil. En Mendoza, Alberto Martínez Baca, quien contaba con el apoyo de la tendencia revolucionaria peronista, fue elegido gobernador. Este designó a Francisco Reig Ministro de Cultura y Educación, “que contaba con el apoyo de los gremios docentes” (Rodríguez Agüero, 2013, p.87). A nivel nacional, Jorge Taiana fue nombrado Ministro de Cultura y Educación, con su llegada:

“El 29 de mayo de 1973 se dispuso la intervención de las universidades nacionales con el objetivo manifiesto de una normalización, lo que puede interpretarse como la promesa de volver a poner en vigencia la institucionalidad democrática. La dictadura había dejado entre una de sus herencias la Ley Orgánica de Universidades Nacionales (Ley 17245, de 1967) sancionada por el gobierno de Juan Carlos Onganía, que permanecería vigente de modo provisional durante un año más, hasta marzo de 1974 (Molina Galarza, 2014, p. 92)”.

Nuevas autoridades asumieron en las diferentes dependencias educativas de nivel superior, en la mayoría de los casos, elegidas o con el aval del estudiantado. En la UNCuyo, 1 de junio se realizaba una asamblea interfacultades con el fin de proponer posibles candidatos para el cargo de rector. Cada facultad llevaba su mandato y propuesta, a excepción de Políticas y Sociales que no había podido alcanzar una posición unánime y que, además, insistía en mantener la independencia del movimiento estudiantil. A través de una votación, las y los estudiantes, eligieron como candidato a Roberto Carretero. Mediante un comunicado daban a conocer lo resuelto, a la vez que se difundían otras disposiciones acordadas en asamblea. Entre ellas: tomar simbólicamente todas las facultades de la UNCuyo y posterior toma del rectorado hasta su entrega a las nuevas autoridades; repudio al doctor Herrera y al doctor Leiva Hita por sus actuaciones en el desgobierno de la dictadura militar; mandar un telegrama al doctor Taiana con la propuesta del rector; y comprometerse activamente en el proceso de reconstrucción nacional (Los Andes, 2 de junio de 1973).

Finalmente, y conforme a lo solicitado por el estudiantado de la UNCuyo, Carretero fue confirmado como rector normalizador. Éste nombró como Secretario Académico al filósofo Arturo Roig, y juntos iniciaron un periodo, aunque breve, de significativas reformas político-pedagógicas en esa universidad. Para Mercedes Molina Galarza (2014) las transformaciones más importantes tuvieron que ver con: la incorporación de docentes y estudiantes que habían sido suspendidos durante el período dictatorial previo; el derecho a la gratuidad de la enseñanza (antes amenazado a través del cobro de aranceles) y el derecho al ingreso sin restricciones. También se posibilitaron instancias de debate acerca de la ley universitaria vigente y se elaboraron aportes para la redacción de una futura ley nacional que la reemplazara.

Las escuelas y facultades de nivel superior dependientes de la provincia, no permanecieron ajenas al nuevo escenario educativo. Sus estudiantes también se involucran con los procesos de elección de autoridades: “En Antropología Escolar, una asamblea resolvió apoyar críticamente a la nueva decana organizadora, M.E. Carrer …. En la Escuela Superior de Periodismo, una asamblea propuso como director-interventor a D. Prieto Castillo, por su apoyo a las luchas estudiantiles” (Cobos et al, 2006, p. 158). El 6 de junio también fue tomada la Escuela de Servicio Social, con el objetivo de demandar su inmediata intervención por parte de un nuevo gobierno. Finalmente, y con apoyo estudiantil, fue designado Juan Barreix hasta el 31 de agosto de ese año cuando se da por finalizada la intervención y asume el trabajador social Luis Fernández (Rubio, 2014).

Imagen 3: Daniel Prieto Castillo dialoga con estudiantes al asumir como interventor de la Escuela de Periodismo, diario Los Andes 12 de junio de 1973

En consonancia con el ambiente general, estudiantes de la UTN- Regional Mendoza entregaban una serie de pedidos al rector interventor de esa universidad, fue en ocasión de una visita que realizaba la nueva autoridad nacional a la provincia. Entre los pedidos proponían algunos nombres posibles para ocupar la intervención de la facultad local, pero además sugirieron algunos temas relativos con lo pedagógico. Iván Chambouleyron, el nuevo funcionario, llegó a la provincia para dialogar en forma directa con el cuerpo docente y con los y las estudiantes. Según el diario Mendoza, en un aula donde estaba reunida la totalidad del estudiantado, y haciendo la v con sus dedos, decía en su discurso:

“Es muy importante que en este momento estemos reunidos -dijo-, porque es necesario que todos conozcan lo que el gobierno popular significa en la Universidad Tecnológica. En primer lugar, es un traspaso de la técnica a la popularidad. Y esto es fundamental, porque debemos ser ingenieros para el pueblo (Mendoza, 15 de junio de 1973)”.

Las palabras de Chambouleyron muestran la sintonía de las nuevas autoridades universitarias con el cambio de paradigma que posibilitaba el nuevo contexto democrático. Este escenario trae nuevas características. Por un lado, la universidad y sus representantes, que habían permanecido ajenos a las demandas del estudiantado, se permean de sus consignas. Por otro, las y los estudiantes, que habían unificado sus reclamos contra el enemigo común que representaba la dictadura, ahora se encontraban ante otra realidad. Nuevas discusiones, y con ello formas de construcción, se hacen presentes en las instituciones educativas.

Una nueva concepción de universidad -y escuelas superiores- se visualizaba como posible, el rol que debían cumplir estas instituciones estaba en el centro de escena. Molina Galarza (2014) menciona algunos aspectos importantes de este proceso en la UNCuyo, que se asemeja al que experimentaban el resto de instituciones provinciales: “taller total” como alternativa al sistema de cátedras, “dinámica grupal” de trabajo entre estudiantes, “decodificación del material de estudio” para reconocer el contexto donde se produjo y “sistema de evaluación continua”. Es en este momento donde: comenzaban a visualizarse mejores y más fluidas relaciones entre docentes y alumnos/as; se adoptó la concepción de estudiantes como sujetos activos del aprendizaje; surgió un interés por vincular a la universidad con el medio social y productivo y se promovió el trabajo interdisciplinario e intercátedra.

Es por estos años que se dio en la universidad un fenómeno muy importante, que tenía algunos antecedentes, se trató de los “juicios políticos” a docentes y autoridades por su rol en la dictadura saliente. El estudiantado los interpelaba por mal desempeño académico: contenidos de la materia, forma de evaluar, por ejemplo; o por su desempeño ético: apoyo o participación en los gobiernos de facto. Estos juicios eran instancias simbólicas, pero de gran poder al mismo tiempo. Las autoridades “juzgadas” no tenían más que asumir las “condenas” dictadas por el estudiantado, que “comunicaba” sus decisiones a las autoridades nacionales y universitarias.

Uno de estos juicios se realizó contra Dardo Pérez Gilhou, quien había sido Ministro de Educación durante el gobierno dictatorial de Onganía, y por ello responsable de la Reforma Educativa impulsada por la dictadura. Además, en ese período firmó la aprobación de la Ley Nº 18.701, en la que se contemplaba la pena de muerte. Pérez Gilhou se desempeñaba en ese momento como decano y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. El “veredicto” de los y las estudiantes decía:

“El doctor Dardo Pérez Gilhou fue encontrado culpable, y por lo tanto repudiado enérgicamente por la asamblea, por ser agente del imperialismo y firmante de la pena de muerte en su condición de ex Ministro de Educación y Cultura del gobierno de Onganía. … La sentencia se dividió en partes: expulsión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expulsión de la UNCuyo, no concurrir a sus cátedras y un telegrama comunicando la resolución de la asamblea al rector y al Ministro de Educación y Cultura (Los Andes, 10 de agosto de 1973)”.

Actos similares se desarrollaron en varias facultades de la UNCuyo y a nivel nacional. No cuesta mucho imaginar que estas acciones rápidamente comenzaron a generar el descontento no sólo de los enjuiciados, sino también de aquellos que podían o creían que podían ser los próximos en ser sometidos a este proceso. Las acciones narradas, dejan en evidencia la fuerza que mostró el movimiento estudiantil: que escogió a sus propias autoridades, se involucró en la elección de los contenidos que debían ser incorporados en las materias, en la discusión sobre el rol que debían cumplir como futuros y futuras profesionales, y también debatiendo sobre las y los docentes y autoridades que podían estar en la universidad, facultades y escuelas. Esta situación llenaba de malestar a los sectores conservadores del ámbito educativo.

Este proceso de apertura tuvo matices y características específicas de acuerdo a las facultades, escuelas superiores y carreras. Durante esos meses, la participación política de las y los estudiantes encontró vías de canalización institucional. En los establecimientos educativos provinciales estas acciones se tradujeron en propuestas académicas críticas y transformadoras pensadas y llevadas a cabo a través del trabajo colaborativo de integrantes de todos los claustros. En ese sentido, abundan las acciones novedosas que dejan en evidencia la riqueza política y pedagógica de esta breve etapa. Institucionalmente no se ha vuelto a replantear en esos términos el rol de la universidad y de futuras, futuros y futures profesionales tal como se planteó en ese periodo. Sin embargo, hay dos aspectos a considerar. Por un lado, el programa pedagógico apenas quedó esbozado y prácticamente no llegó a implementarse. Por otro lado, pese a esta evidente apertura institucional, ya “desde el 73 existían elementos clave para la represión del ’74 (aunque no ocurre lo mismo en ambos años): comisión redactora de la ley universitaria, grupos de derecha amenazantes y la depuración interna del peronismo” (Califa & Millán, 2016a, p.291).

Los sectores conservadores de la universidad fueron replegados ante las nuevas posibilidades de participación del alumnado. Las y los estudiantes que se organizaron fueron seguidos de cerca por los servicios de inteligencia que fueron preparando el terreno para su expulsión, detención y en algunos casos desaparición y asesinato. Esta apertura fue convertida en ejemplo de “desorden” para los sectores conservadores, ya que les representaba una amenaza constante, por la fortaleza y posibilidades de un movimiento estudiantil organizado y solidario. Una vez instalado el golpe militar se hará hincapié de forma permanente en demonizar lo ocurrido durante este periodo. Los juicios y el ingreso estuvieron entre las acciones más criticadas en los discursos militares difundidos en la prensa, utilizadas como ejemplo de lo que “nunca más debe suceder” en la universidad y en el país (Baigorria, 2018).

El 14 de marzo de 1974 se aprobaba la “Ley de Universidades Nacionales”, la misma fue impulsada por el peronismo y apoyada por la Unión Cívica Radical y reemplazó la Ley de la dictadura, 17.245. Las instancias previas de discusión para la elaboración de la normativa habían llenado de esperanza al estudiantado, pero rápidamente las mismas se desvanecieron. En las universidades, incluida la UNCuyo, se habían desarrollado instancias para la elaboración de propuestas para la ley. Sin embargo, una vez aprobada, no era un reflejo de tales demandas. “La ‘Ley Taiana’ (20.654/74) si bien reconocía puntos sentidos como la autonomía, era sugestiva respecto de las prácticas represivas” (Buchbinder citado en Califa &Millán, 2016, p. 23).

El 1 de julio de 1974 muere el presidente Juan Domingo Perón, quien fue reemplazado por su vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Un mes más tarde el ministro Taiana, entre otros funcionarios, presenta su renuncia. El 14 de agosto de 1974, en reemplazo de este, fue designado Oscar Ivanissevich. Con su llegada se instauró en el ámbito de la educación una política de represión, persecución, censura, cesantías y expulsiones. La denominada “Misión Ivanissevich” tenía por objetivo terminar el “desorden” en las universidades del país y producir una depuración ideológica, eliminando no solo lo que consideraba subversión del orden occidental y cristiano sino también todo tipo de participación política (Izaguirre, 2011). Este giro conservador, no se circunscribe solo al ámbito educativo. En la provincia de Mendoza, Alberto Martínez Baca ya había sido destituido en junio por la legislatura local y reemplazado por su vicegobernador. Se trataba de Carlos Mendoza representante de la Unión de los Obreros Metalúrgicos (UOM), quien se mantendrá en el puesto hasta la designación del interventor federal, Antonio Cafiero.

Para llevar adelante esta “misión” se intervinieron todas las universidades nacionales, así como las escuelas y facultades provinciales. En esta línea, el 25 de enero de 1975 se hizo cargo de la UNCuyo Otto Hebert Burgos. Los cambios en el gabinete no se hicieron esperar: nombró como Secretario Académico a Luis Campoy quien, después se supo, estaba sospechado de haber actuado activamente en la “inteligencia de los servicios” (Vélez, 1998, p. 250). A su vez, Burgos nombró decanos interventores en todas las Facultades: en Filosofía y Letras designó a Julio Argentino Bartolomé Torres; en Medicina, a César Pisani; en Ciencias Políticas y Sociales, a Héctor María Balmaceda, y en Ciencias Económicas, a Héctor Ángel Benalbaz. En Ciencias Agrarias, el decano fue Luis Américo Premat (Los Andes, 30 de enero de 1975). En este sentido las palabras de Burgos no hacen más que reafirmar las líneas de su gestión:

“Vengo a cumplir una misión encomendada por la señora presidenta y por su excelencia el ministro de Educación, doctor Ivanissevich. Creo que todos los que de alguna u otra forma estén vinculados al ámbito de la universidad pueden quedar tranquilos (Los Andes, 25 de enero de 1974)”.

Según documenta Molina Galarza (2014) fue Burgos el encargado de implementar en la UNCuyo esta política de persecución, expulsiones, cesantías y entrega de miembros de la comunidad educativa a las fuerzas represivas, además de cumplir con los conceptos de la “misión”: formar estudiantes cristianos, nacionalistas y antimarxistas. Como era de esperarse, quedó prohibido el funcionamiento de los centros de estudiantes. En paralelo, no renovaron las designaciones de decenas de docentes, como mecanismo para dejarlos afuera de la Universidad.

Ante esta avanzada hubo reacciones estudiantiles. Pese a la prohibición, se desarrollaron asambleas para repudiar las nuevas políticas educativas. Hubo solidaridad de los centros de estudiantes con las facultades que reclamaban. Por otro lado, se enviaban solicitadas a la prensa mendocina donde reflejan el malestar causado por estas acciones en el ámbito académico; a la vez que se denuncian las acciones represivas llevadas adelante por las organizaciones paraestatales que ya actuaban en la provincia y que tenían como blanco a un amplio sector político, entre ellos, las y los estudiantes.

Como hemos afirmado, la política represiva comienza antes del golpe. Laura Rodríguez Agüero (2021) propone una periodización de la represión paraestatal en la provincia de Mendoza y la divide en tres momentos. El primero, que va desde abril de 1973 a setiembre de 1974, y consiste en atentados con bombas ligados a patotas del peronismo de derecha. El segundo, se desarrolla entre setiembre de 1974 y noviembre de 1975 cuando entran en escena las organizaciones encabezadas por Santuccione. Y, por último, el tercer momento marcado por los decretos de aniquilamiento de octubre de 1975. Estas disposiciones, dictadas por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, tenían la finalidad de organizar las fuerzas armadas y de seguridad con el fin de “aniquilar la subversión”. En este trabajo mencionaremos los hechos ocurridos a partir del segundo y tercer momento de esta periodización, ya que consideramos, es cuando toman sistematicidad las acciones contra el colectivo abordado^[3].

El 29 de octubre de 1974, con la intervención de Antonio Cafiero en la provincia de Mendoza, asumió como jefe de policía Julio César Santuccione. Con su llegada entraron en escena las organizaciones paramilitares y parapoliciales. Al menos dos de estas, tenían relación directa con el nuevo jefe policial. Se trataba del Comando Anticomunista Mendoza (CAM) y el Comando Moralizador Pío XII, quienes desplegaron mayormente el aparato represivo previo al golpe (Rodríguez Agüero, 2019). El CAM se encargó de la represión política, y el Comando Pío XII de la represión de carácter moralizador. Estos grupos son el antecedente de las patotas, que, una vez instalada la dictadura, secuestraron y desaparecieron a los y las militantes locales.

En 1975 se agudizó la represión, los primeros meses de ese año colocaron bombas en las casas de distintos referentes políticos. Entre ellos: Benito Marianetti, secretario general del Partido Comunista; el abogado de presos y presas políticas Alfredo Guevara; y Daniel Olivencia, presidente del Centro de Estudiantes de Antropología Escolar (Colectivo Juicios Mendoza, 2014). Pero no son las únicas víctimas, sólo durante el año 1975 se contabilizaron al menos catorce homicidios políticos en la provincia. El circuito Canota- Papagallos- San Isidro, fue el lugar elegido por los “depredadores” civiles y de las fuerzas de seguridad al mando de Santuccione. Son asesinados Roberto Guillén Sanmitto y Héctor Samuel Pringles. Además, fueron desaparecidos los militantes: Daniel Mérmolini Palma (estudiante secundario del colegio Pablo Nogués), Luis Rodolfo Moriña (estudiante de Medicina) y José Vila Bustos (empleado bancario y estudiante de Servicio Social), entre otros (Casa por la Memoria y la Cultura Popular, 2011).

El 6 de junio de 1975 aparece en Canota el cuerpo sin vida del estudiante peruano Amadeo Zenón Sánchez Andía. Previo a su asesinato, fue secuestrado del Hospital Regional de San Martín por una patota. Se encontraba hospitalizado, ya que días anteriores, había sufrido un accidente con el colectivo en el que viajaba. Cursaba el cuarto año de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva y era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Amadeo era referente estudiantil, una figura visible y reconocida. Ante este suceso, estudiantes de Comunicación empapelaron la ciudad con la leyenda ¡Han matado a Amadeo! Su ataque fue tomado como mensaje por el estudiantado local, que estaba consternado por lo sucedido. Sus asesinos buscaron pasar el ataque como una pelea entre organizaciones de izquierda. Lejos de eso, había sido víctima de un comando paraestatal.

En 1976, lejos de disminuir, la cantidad de víctimas sigue en aumento. Cuatro días antes del golpe, la comunidad universitaria se ve conmovida nuevamente, esta vez, por el asesinato de Susana Bermejillo y Mario Susso. Mario era estudiante de la UTN y militante del PCR; Susana era profesora de Literatura y estaba a punto de recibirse en la carrera de filosofía, era militante del PC. Bermejillo y Susso habían sido secuestrados de sus respectivos domicilios, sus cuerpos fueron encontrados en la calle Pescadores del departamento de Las Heras. La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue señalada por estudiantes y familiares de las víctimas como una de las autoras del hecho. Un comunicado del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales repudiando los asesinatos, hace las veces de síntesis de la situación universitaria local, decía al respecto:

“estos hechos constituyen la expresión más violenta de la situación en la Universidad desde el año 1974, en que, además del deterioro académico, el despido injustificado de gran número de docentes y la liquidación de carreras, ha estado caracterizado por la presencia de grupos armados que, al estilo de la autodenominada Concentración Nacional Universitaria, actúan en las facultades con el objeto de impedir, por la vía del terror, la formación de un clima apto para la aplicación de la Ley Universitaria, desconocida en los hechos por las actuales autorizades supuestamente normalizadoras (Los Andes, 21 de marzo de 1976)”.

Meses previos al golpe del 24 de marzo, estudiantes y docentes eran blanco de las organizaciones paraestatales. Además, varias personas vinculadas al ámbito educativo, habían sido detenidas y en algunos casos encarceladas clandestinamente. Otro tanto, se encontraban en el exilio. Las instituciones educativas se encontraban infiltradas. Los sectores conservadores de la universidad, que habían permanecido a las sombras durante el gobierno de Cámpora, asumieron posiciones de poder desde las cuales colaboraron para la imposición del régimen.

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas toman el poder y con ello se instalaba en nuestro país la dictadura más sangrienta de su historia. En Mendoza, asumió como interventor el coronel Tamer Yapur, y a partir de abril le sucede Jorge Sixto Fernández. Todos los ministerios y departamentos provinciales fueron intervenidos por personal de las Fuerzas Armadas. El coronel Juan Esteban Echazú, quedó a cargo del Ministerio de Cultura y Educación local. Según puede verse en su trayectoria laboral, se había especializado en educación dentro del ámbito castrense, a través de la realización de seminarios dictados por esa institución (Los Andes, 25 de marzo de 1976).

Con Echazú a la cabeza, se agudizó el disciplinamiento. Las resoluciones de expulsiones, conocidas como listas negras, determinaban quiénes no podían estudiar y trabajar en facultades, escuelas superiores y universidades. Pero también se dio un proceso de cierre de establecimientos educativos y carreras, además de cesantías, expulsiones y persecuciones: “…a comienzos del 76, las aulas están semivacías. Profesores y alumnos, encarcelados o expulsados” (Moro, 2013, p.3). Para Guadalupe Seia, la razón de esto, se debe a que la propuesta para la universidad de la última dictadura “fue básicamente de achicamiento en un sentido liso y llano. Si el problema era su ´sobre-dimensionamiento´ la respuesta era la reducción de su matrícula para disminuir los riesgos de la movilización y el descontento” (2018, p. 112).

En este marco, el 30 de marzo de 1976 la Universidad Nacional de Cuyo fue intervenida, el comodoro Héctor Eduardo Ruiz asumió como rector interventor; sus asesores eran los mayores doctores Guillermo Esteban Ruiz y Emilio Roberto Colombo Cejas. El rector afirmaba en su discurso de asunción: “Ha llegado el momento de hablar poco y trabajar mucho. No me voy a poner a explayar lo que vamos a hacer, sino que nos vamos a poner a hacer lo que tenemos que hacer” (Los Andes, 30 de marzo de 1976).

En la UNCuyo fue cerrada la carrera de Sociología. Situaciones similares se evidencian en las Facultades de Antropología Escolar, Comunicación Colectiva, Turismo y Servicio Social, dependientes de la Dirección General de Enseñanza de la Provincia de Mendoza. Sus carreras tuvieron distintos destinos. A la UNCuyo, se trasladaron la Escuela de Servicio Social y todas las carreras Antropología, con excepción de Psicología que fue transferida a la Universidad Aconcagua y que a la fecha no ha vuelto a ser pública; a los y las estudiantes que no sufrieron la expulsión se les permitió continuar con la carrera en esa universidad. A la Universidad Juan Agustín Maza, se destinó la carrera de Comunicación Colectiva, y a la Universidad Católica de Cuyo, la carrera de Turismo (Baigorria, 2014).

La Facultad de Antropología fue cerrada el 1 de abril de 1977. El año anterior, en agosto, el interventor de la facultad, capitán de la Fuerza Aérea Jorge López Giovanelli, y el coronel Echazú daban inicio al ciclo lectivo. En su discurso de apertura, el Ministro “dio detalles” de la situación de ese establecimiento, específicamente centrándose en el proceso de apertura de 1973. Además de catalogarlo como caótico y negativo, las autoridades planteaban la necesidad de “hacer inteligencia” y castigar a los y las estudiantes que protagonizaron este proceso:

“… el Ministerio resolvió suspender el otorgamiento de certificados habilitantes a los egresados de la Facultad del período 1973/76. Es un principio básico de responsabilidad para la sociedad que obliga al análisis de los legajos de todos y cada uno de los egresados …. Al efecto que ya se ha dispuesto la constitución de una comisión especial para efectuar el estudio respectivo” (Los Andes, 3 de agosto de 1976).

Los actos de inicio de los ciclos lectivos, se convirtieron en un lugar especial para explayarse sobre “las terribles condiciones” que, según las nuevas autoridades, habría atravesado la educación a partir de 1973. Los primeros días de agosto, también reiniciaban las clases en la Escuela de Servicio Social, que estaba intervenida por el capitán Guillermo Perondi. Nuevamente el ministro daba un discurso e insiste en lo ocurrido en 1973:

“Desde octubre de 1973, un grupo de profesores, que no representaba a la mayoría, uniéndose a los estudiantes de ideología marxista, alentó la constitución de asambleas estudiantiles que se constituían a diario, y en las cuales se llegó a enjuiciar a profesores y alumnos caracterizados por su tendencia democrática, con amenazas posteriormente a los mismos” (Los Andes, 3 de agosto de 1976).

Hay una serie de nuevas reglas que deben cumplirse en el ámbito educativo. Los valores “cristianos, patrios y occidentales” rigen como guías trascendentales e inviolables en el nuevo régimen. Los comunicados de la UNCuyo, son evidencia de esos requisitos. Mediante los mismos, quedan establecidos todos los comportamientos a seguir.

La lucha contra la “subversión” era “la gran” tarea a realizar. Las y los “subversivos” podían encontrarse en cualquier lugar. El comunicado 6/76 del rectorado de esa universidad decía:

“Se le informa al personal docente, administrativo, alumnos y maestranza lo siguiente: 1- Queda terminantemente prohibido toda actividad subversiva, verbal, escrita o de hecho, dentro y fuera de la Universidad. Tal actividad será sancionada con la expulsión de todas las Universidades Nacionales del País y puesto a disposición de los Consejos de Guerra respectivos; 2- Toda actividad política dentro de la Universidad está terminantemente prohibida y su transgresión será sancionada con suspensión de seis meses a dos años de expulsión, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida; 3- La Universidad Nacional de Cuyo es Argentina, con ideas occidentalista, cristiana y nacional argentina”.

Para los golpistas, el estereotipo de una persona “subversiva” estaba relacionado, no sólo con cierta ideología, sino también con su vestimenta. Por ello se consideraba necesario uniformar al estudiantado con vestuario acorde con los valores del régimen. En esa línea va el comunicado N° 7, dictado por el jefe de Seguridad de la UNCuyo y con fecha del 7 de julio de 1977:

“1°) Que el aspecto personal vaya de acuerdo con el decoro de su persona y al prestigio de esta alta Casa de Estudios. 2°) El aspecto facial deberá mostrar los rasgos fisonómicos naturales, que permitan la confrontación con los documentos de identidad que son: a) Sin barba; b) Corte cabello, largo que no pase el cuello de la camisa; c) Patillas largo aproximado 3 centímetros. 3°) Aquellas personas que no den cumplimiento a las presentes disposiciones, no les será permitido el acceso a las dependencias que concurran” (Citado por Roig, 1998, p. 325)

La censura de los contenidos puede considerarse entre las medidas más emblemáticas de la dictadura. Las autoridades disponían qué leer, qué saber, la “infiltración marxista” debía dejar de formarse en el ámbito universitario y para ello era necesario controlar el contenido educativo. En esa línea, un comunicado, anunciaba a las autoridades de esa casa de estudios que:

“Por orden del señor Rector se procederá en la brevedad a: 1-Levantar un inventario de todos los libros de tendencia izquierdista, excepto los que sirvan de consulta; 2- Se procederá a sacarlo de las estanterías, apartarlos y anularlos de fichas e índices; 4- Se darán de baja de dichas bibliotecas” (Comunicado 24, 3 de mayo de 1976).

“… Disposiciones complementarias relativas al comunicado n° 24/76, a las que se le deberá darse oportuno cumplimiento: 1- Todo el material bibliográfico de tendencia izquierdista que se retire de las bibliotecas de Facultades y Escuelas de la Universidad, será entregado a la Biblioteca Central, donde integrará un fondo especial de consulta reservada; …; 3- … libros y revistas retirados serán dados de baja en cuanto material de circulación, pero no del patrimonio de cada biblioteca …” (Comunicado 27, 12 de mayo de 1976).

El resultado de esta cruzada local contra los libros quedaba en evidencia en una nota del diario Los Andes. La misma se titulada “Cerca de 10.000 publicaciones extremistas hallaron en la UNC”, cuenta con una imagen donde pueden verse la gran cantidad de libros, apuntes y afiches apartados: “ese material, en su totalidad de propaganda de izquierda, fue retirado del lugar donde se encontraba, entre el 24 de marzo y 4 de abril, día en que comenzaron las clases” (Los Andes, 8 septiembre 1976). El mensaje era evidente, lo que se considera peligroso, era rastreado, encontrado y apartado (Baigorria, 2018).

En la UNCuyo, el panorama no cambia con los dos rectores que sucedieron a Ruiz: Pedro Santos Martínez, quien asumió el 3 de septiembre de 1976, y Enrique Zuleta Álvarez, quien fue designado en 1981 y se desempeñó en el puesto hasta la finalización de la dictadura. Ambos siguieron la misma línea que su predecesor, manteniendo todas las disposiciones dictadas a partir del 24 de marzo, a las que se le sumaban las que había dispuesto la misión Ivanissevich. Esta persecución sistemática en el ámbito educativo, en conjunto con la represión desatada fuera de este ámbito, dio resultados nefastos. En los primeros meses del golpe: sólo en la Universidad Nacional de Cuyo más de doscientos trabajadores fueron dados de baja, alrededor de trescientos estudiantes fueron expulsados y expulsadas. Estas acciones se repiten en las escuelas superiores y facultades provinciales, así como en la UTN.

Hay que destacar que quienes militaban en el movimiento estudiantil, en general lo hacían también en otras organizaciones. Consumada la dictadura, varios y varias estudiantes ya vivían en la clandestinidad por sus actividades políticas y sociales. Por esto, cuando fueron expulsados de las casas de estudio ya no asistían a esos establecimientos.

Trabajadores, trabajadoras y militantes de organizaciones armadas se posicionaron como principales blancos de la represión estatal. Pero el movimiento estudiantil también fue objetivo de la represión. En la UNCuyo se han contabilizado, a la actualidad, treinta víctimas de desaparición y asesinato, entre estudiantes, docentes, y egresados y egresadas. En estas cifras, no se encuentran las personas que pasaron por los colegios secundarios en su adolescencia (a excepción de quienes se egresaron como maestras en el Colegio Magisterio y se encontraban ejerciendo como tales al momento del secuestro). Por su parte, en la UTN hay nueve personas, entre estudiantes y egresados, que también tuvieron ese destino. La Escuela de Comunicación Colectiva sufrió lo mismo con ocho estudiantes, la Escuela Superior de Servicio Social con dos y la Facultad de Antropología Escolar, con un estudiante desaparecido.

La dictadura en el ámbito educativo se tradujo en persecución, desaparición y asesinato de estudiantes y docentes. Pero, además, en la destrucción de los lazos sociales, en la imposición de nuevas relaciones y de nuevos modelos identitarios. Así, en las instituciones educativas se impuso silencio, miedo, sospecha y la imposibilidad de la organización para quienes aún pudieron seguir cursando sus estudios en un nuevo orden, afín a los ideales del régimen y los sectores conservadores.

El proceso de politización llevado adelante por el movimiento estudiantil local durante el amplio lapso de tiempo abordado en este trabajo, excede el presente artículo. Los hechos aquí presentados ofrecen una síntesis arbitraria de algunos sucesos en los que nos pareció necesario detenerse para intentar comprender la embestida contra este colectivo. Quedan muchas aristas por explorar y profundizar, entre ellas: la posición de las agrupaciones frente a las acciones desarrolladas, ahondar en las discusiones de las mismas respecto del ámbito estudiantil, académico, así como los debates en torno a la situación política provincial y nacional que, en esos momentos, estaban en el centro de la escena.

Para comprender la importancia del movimiento estudiantil como víctima de la represión, hay que decir que la cantidad de personas desaparecidas y asesinadas vinculadas al ámbito educativo universitario, superior y estatal mendocino representan al menos un 20% del total de víctimas de la provincia de Mendoza. No fueron contemplados en estas cifras, estudiantes secundarios, de instituciones de nivel universitario y/o superior privadas y estudiantes locales que cursaban y desaparecieron en otras provincias, estudio en el que es necesario avanzar.

Las prácticas represivas llevadas adelante contra el estudiantado mendocino apuntaron a terminar con la politización, solidaridad y organización del colectivo estudiantil. Estas características eran una amenaza ya que trascendían el ámbito educativo y se trasladaban a pensar una nueva sociedad donde los derechos fueran garantizados para todas las personas.

Durante el periodo que abarca la autodenominada “Revolución Argentina”, y que es parte del trabajo, la represión fue una embestida abierta, llevada a cabo, fundamentalmente, en acciones estudiantiles como tomas y manifestaciones. Con la llegada de Cámpora al poder, esto cambia. Las y los estudiantes no son reprimidos abiertamente. Pero la “primavera” dura apenas unos meses. La política represiva fue creciendo de forma exponencial a partir de 1974, hasta mostrar formas inéditas de crueldad una vez instalada la dictadura.

De las consecuencias institucionales del proceso represivo, hay que destacar que la Universidad Aconcagua se benefició de la privatización de la carrera de Psicología, que nunca más volvió al ámbito público, pese a las demandas. Por otro lado, recién en 2014 la comunidad universitaria de la UNCuyo pudo elegir directamente a sus autoridades, siendo su último antecedente la elección de Carretero en 1973. Estas son algunas de las secuelas que perduran en la actualidad, se hace necesario profundizar y pensar en ellas, problematizar las continuidades de ese orden también en los planes de estudios, en el perfil de profesionales, en las trayectorias estudiantiles y en el rol de docentes. Pensar estos procesos, recuperar los proyectos políticos por los que dieron la vida estudiantes y miles de personas es un avance donde sale a la luz y se reivindica aquello que se buscó silenciar a través del aniquilamiento. Hacer memoria permite rescatar los proyectos políticos, sus protagonistas y perspectivas que buscaron acabar, una manera de posicionarse ante la clausura que intentó la represión estatal.

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Comunicados N° 6, 7, 24, 27, 1976, Rectorado Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

[1]Por aquel entonces, las agrupaciones estudiantiles que se disputaban la conducción de la universidad eran el FAUDI y el FEN. La primera, Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, vinculada al Partido Comunista Revolucionario, estaba integrada por la Corriente Estudiantil de Liberación (CEL) y el Frente de Acción de la Universidad Tecnológica (FAUT). La segunda, el Frente Estudiantil Nacional, estaba integrado por el Movimiento Estudiantil Nacional (M.E.N), de Económicas; Grupo de Estudiantes de Ingeniería en Petróleo (GEIP); Línea Estudiantil Nacional (LEN), de Políticas; ANEL, de Filosofía y Letras y Agrupación Estudiantil Nacional (AEN), de Asistencia Social. Por otro lado, el FEN, fue unas de las principales organizaciones peronistas hasta inicios de los setenta. La misma perdió influencia tras la posterior conformación de la JUP (Juventud Universitaria Peronista), vinculada a la Tendencia Revolucionaria (Murri, 2022). Con menor peso, estaba la agrupación TUPAC, con fuerza en Medicina durante los años ‘71- ‘73. También AUN, de gran presencia en la facultad de Políticas; y el MOR, que poseía minorías en las facultades de Plástica, Antropología, Políticas, Filosofía y Medicina. Por último, el Movimiento Estudiantil Revolucionario (MER), en Políticas, y grupos vinculados al Peronismo de Base, a través de la Coordinadora Peronista (CP) (Cobos, 2007).

[3] Entre los antecedentes clandestinos de represión a la comunidad universitaria hay que mencionar el atentado contra el dirigente estudiantil de la UTN Raúl Anfuso en 1971, reivindicado por MANO; y, en 1973, el Comando de Operaciones Anticomunistas José Rucci hizo lo mismo contra la vivienda de Enrique Dussel, reconocido filósofo y, por entonces, profesor de la UNCuyo.