De militante a víctima: la memoria del PCP-Sendero Luminoso y su acercamiento a la política (2002-2019)

From militant to victim: the memory of the PCP-Shining Path and its approach to politics (2002-2019)

En 1992, fue detenida la cúpula del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL). Un año después, el líder de la organización subversiva anunciaba la renuncia a la violencia y mandaba delegados a las cárceles para convencer a sus principales cuadros de aceptar la decisión tomada. A partir de entonces, la dirección del PCP-SL en la cárcel articuló un nuevo discurso con la finalidad de fomentar una memoria que dé a conocer su versión de los hechos y que impulse su participación en la política legal. A lo largo del presente artículo demostraremos que la retórica de una parte de los exmiembros del PCP-SL se amolda a los lineamientos de la IV Etapa (de lucha política sin armas), y se propulsa a partir de la categoría de víctima, lo que evidencia el cambio en la autodefinición del subversivo, que pasa de ser un «militante» a ser una «víctima» a la cual se le vulneran sus derechos humanos. Con este objetivo, nos valdremos del análisis del discurso y del método cualitativo para interpretar las entrevistas semiestructuradas realizadas a cuatro ex-presos del PCP-SL, así como los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en las cárceles.

In 1992, the leadership of the Communist Party of Peru-Shining Path (CPP-SP) was arrested. A year later, the leader of the subversive organization announced its renunciation of violence and sent delegates to the prisons to convince their main cadres to accept this decision. From then on, the management of the CPP-SP in prison articulated a new discourse with the aim of promoting a memory that disseminates their side of the story and that promotes their participation in legal politics. Throughout this article we will demonstrate that the rhetoric of the CPP-SP former members conforms to the guidelines of the IV Stage (political struggle without weapons), and is propelled from the category of victim, which shows the change in the self-definition of the subversive, who goes from being a «militant» to being a «victim» whose human rights are violated. With this objective, we will use discourse analysis and the qualitative method to analyze the semi-structured interviews conducted with four CPP-SP ex-prisoners, as well as the testimonies collected by the Truth and Reconciliation Commission in prisons.

En 1970, algunos miembros de la base ayacuchana del Partido Comunista Peruano (PCP), crearon el Partido Comunista del Perú, comúnmente llamado Sendero Luminoso (PCP-SL), tras escindirse del PCP-Bandera Roja, dirigido por Saturnino Paredes. La nueva formación comunista estaba liderada por Abimael Guzmán, un profesor de filosofía de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH-Ayacucho). En 1980, el PCP-SL inició la «lucha armada» en Ayacucho, el segundo departamento más pobre del país. El departamento contaba, además, con un índice de analfabetismo superior a la media nacional y con un PBI predominantemente agrícola (Degregori, 1990a), lo que evidencia la crisis económica y social que padecía la región. A nivel nacional, la pobreza, la precariedad y la discriminación étnica constituían el día a día de las casi tres cuartas partes de la población peruana que se encontraba en pleno crecimiento (Abusada, 2020). El centralismo limeño, predominante desde mediados del siglo XIX, constituía otro de los grandes problemas del país y dio lugar a las grandes migraciones que, desde mediados del siglo XX, enfrentaban a los migrantes a la informalidad y al desarraigo (Matos Mar, 1984). Por su parte, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1975), que impulsó un serio plan de reforma agraria (1969), no supo dirigir adecuadamente la concesión de la tierra al campesinado (Jaquette & Lowenthal, 1986), aunque para Rojas (2016), de no haber sido por la Reforma Agraria, el PCP-SL hubiera obtenido mucho más apoyo entre el campesinado.

El PCP-SL era una organización formada por jóvenes mestizos y universitarios que intentó conquistar bases de apoyo entre los campesinos. Para ello, siguió el ejemplo de la guerrilla maoísta con la pretensión de avanzar «del campo a la ciudad», lo que, con el acceso de las Fuerzas Armadas al conflicto, en diciembre de 1982, avivó la violencia, la cual se extremaría aún más cuando la dirección del PCP-SL decidió, en el I Congreso del PCP-SL (1988-89), que era el momento de generalizar la guerra e iniciar el «equilibrio estratégico». En total, las víctimas del conflicto fueron 69 280^[1], según un estimado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Del I Congreso también surgió la decisión de personificar la particular síntesis que hiciera Guzmán del marxismo, leninismo y pensamiento Mao Tse Tung en el «pensamiento Gonzalo», en referencia al alias de Guzmán en esa época (CVR, II, 2003).
Doce años después del «Inicio de la Lucha Armada^[2]» o «ILA», y una vez derrotado el PCP-SL el 12 de septiembre de 1992, cuando el Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN) detuvo a la cúpula («Comité Permanente» y «Comité Central») de la organización —que había practicado y defendido la vía armada a ultranza—, se decidió la reorientación de las líneas del «Partido^[3]» con la intención de participar este en la política legal, todo ello, en buena cuenta, a partir de su adscripción a la categoría de víctima. Durante la III Etapa^[4] (de lucha armada), la palabra que usaban los miembros del PCP-SL para autodefinirse era «militantes» o «compañeros»; no podían ser «víctimas», pues estaban luchando en la «guerra» por propia decisión y, por lo tanto, asumían sus consecuencias. Sin embargo, las condiciones carcelarias y de detención a las que obligaba la arremetida autoritaria del presidente del Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), y la concreción de su derrota, dieron lugar a que los miembros del PCP-SL recurrieran a la autodefinición de «víctimas» (Caro & Ulfe, 2012, p. 56).

Es así como, a partir del año 1993, la dirección del PCP-SL en las cárceles entendió que, a partir de la prédica en defensa de los derechos humanos, podían ser escuchados. La ocasión idónea la brindó el proceso de acopio de información para la elaboración del Informe Final de la CVR, por el cual, los comisionados se pusieron como meta entrevistar a los senderistas detenidos en distintas cárceles del país. Es a partir de la recogida de estos testimonios, en el año 2002, que observamos un primer momento de victimización del sujeto subversivo, haciendo especial incidencia en el sujeto preso, y, a partir del año 2009, surge otro proceso de victimización relacionado con el sujeto en libertad, al cual se le niegan sus derechos civiles, o al que, según los ex-presos del PCP-SL, se le condena a la «muerte civil»^[5]. Este proceso de victimización, más que el anterior, se impulsa sobre la voluntad de los «acuerdistas»^[6] de participar en la política legal (Encarnación, 2021).
En las siguientes páginas nos ocuparemos de demostrar, a través del análisis del discurso y de los testimonios de presos/as y ex-presos/as del PCP-SL que se posicionan como «acuerdistas», cómo la estrategia de victimización usada en cada contexto se corresponde con los distintos lineamientos del «Partido» para la IV Etapa «de lucha política sin armas». Con ese fin, buscaremos responder a las siguientes interrogantes: ¿De qué modo la victimización discursiva responde a los lineamientos del PCP-SL para la IV Etapa? ¿De qué modo desde la agencia de la víctima puede lograrse una memoria afín a la reconciliación propuesta por los/las exsubversivos/as y que permita su adscripción política? ¿De qué forma la memoria es útil para la adaptación partidaria?
En este sentido, es importante señalar que el camino a la no violencia no fue seguido por todos los miembros del PCP-SL, pues el año 1993 marca un hito para los cuadros del «Partido» que tienen que posicionarse a favor o en contra de la búsqueda del acuerdo de paz entre la cúpula del PCP-SL y el gobierno de Fujimori. Se sucedieron entonces las declaraciones públicas de Abimael Guzmán anunciando el fin de la violencia por encontrarse el PCP-SL en lo que consideraba un «recodo» (Comité de Apoyo a la Revolución del Perú, 2020), lo que imponía, a su juicio, «nuevas formas de lucha». Fue aproximadamente un 60% de los miembros presos del PCP-SL el que decidió continuar por el camino marcado por Guzmán (Escárzaga, 2001: 78). Sin embargo, la decisión adoptada por el líder del PCP-SL de deponer las armas provocó también la escisión de una parte de los militantes de la organización y la creación de un nuevo actor político (Proseguir o PCP-Proseguir o PCPM-L-M) que se consolida en el año 1995, dirigido por Óscar Ramírez Durand o «camarada Feliciano», exmiembro del Comité Central del PCP-SL, quien, hasta su detención en el año 1998, actuó en la región del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) (Jiménez Vigara, 2019). Después de la detención de Feliciano, el PCP-Proseguir pasó a estar dirigido por los hermanos Quispe Palomino, quienes estrecharon sus vínculos con el narcotráfico (Díaz, 2015; Palmer & Bolívar, 2012).

En las siguientes páginas trataremos de demostrar que el cambio de discurso en PCP-SL corresponde a unos fines determinados y se ajusta a las demandas de la IV etapa, en busca de la amnistía y la elaboración de una memoria propicia a su participación política. Para ello, en primer lugar, analizaremos el final del PCP-SL para establecer un marco contextual que permita entender el fin de la III Etapa y el comienzo de la IV Etapa desde la perspectiva del PCP-SL. En segundo lugar, veremos cómo el cambio del discurso senderista se ajusta a sus nuevas circunstancias (con la dirección del PCP-SL presa) y, sobre todo, a la decisión del Comité Central de inaugurar la nueva etapa. De la misma manera, analizaremos el modo en que esta es aceptada y asumida en el relato que los seguidores de Guzmán construyen para la CVR. En la tercera parte, veremos cómo el discurso de víctima se distancia del de héroe y mártir que correspondía a la III Etapa. Por último, analizaremos al MOVADEF y cómo, a partir de la «muerte civil», su discurso se inscribe también en la categoría de víctima.

Sobre el discurso del PCP-SL en su etapa armada se ha escrito mucho. Uno de los pioneros en el campo fue Degregori (1990a; 1990b; 2000), quien argumentaba que el PCP-SL dio la espalda a la realidad del país con un discurso profético que pretendía la homogeneidad ideológica en torno a la figura de Abimael Guzmán. Otro de los precursores del análisis del discurso senderista, Gorriti (1990), se valía de comunicados y testimonios del PCP-SL para entender el radicalismo de los seguidores de Guzmán. Del Pino (1999), por su parte, analizaba las contradicciones entre la ideología senderista y la cultura campesina, lo que dificultaba su consecución de «bases de apoyo», y supuso el principio del fin del proyecto senderista. Mientras que, Granados (1999), sostenía que el PCP-SL pretendía «agudizar la contradicción» para cumplir con su hoja de ruta hasta llegar al poder. Otros autores destacados en el análisis del discurso senderista desde su fase armada hasta la actualidad son Starn y La Serna (2021), Escárzaga, (2017) y Ríos Sierra (2018); sin embargo, es poco lo que se ha investigado en profundidad sobre el discurso del PCP-SL tras deponer las armas.

En este sentido, destacan los esfuerzos de Salazar y Tamara (2011) analizando ese nuevo movimiento que surge en 2009 clamando por la amnistía de todos los actores (subversivos y militares) de la guerra (el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales - MOVADEF), así como el trabajo de Cáceres (2013) sobre la división del PCP-SL en las cárceles desde la perspectiva de los «arrepentidos» del «Partido». Otras etnografías de penales de gran relevancia para entender las posiciones al respecto del cese de la violencia son las de Rénique (2003) y Valenzuela (2019), y decisivos también resultan los análisis que hacen Valle Riestra (2015) de los comunicados del PCP-SL en su cuarta etapa, y Guiné (2019), quien explora el contexto de surgimiento del Movimiento Hijas del Pueblo (MHIJAS), frente femenino del MOVADEF.

La transformación del relato desde el «militante» a la «víctima» elaborado por los grupos exguerrilleros, en el contexto continental, ha sido abordada por la literatura académica en múltiples ocasiones. Más allá de las muchas diferencias que existen en las dinámicas, procesos y acciones entre los subversivos del Cono Sur y Colombia con el PCP-SL, resulta conveniente mencionar estos casos para identificar cómo opera el cambio discursivo del «militante» a la «víctima» en el relato de los grupos exguerrilleros. Por un lado, Copello (2018) analizó el impacto de la «teoría de los dos demonios», que obligó a desvincular a los militantes argentinos de sus acciones, mientras que Scocco (2020) señalaba el importante papel cumplido por lo que llama «narrativa humanitaria» a finales de la década de los setenta, en pleno proceso de la transición argentina, y que se diferenciaba en muchos aspectos de la «narrativa revolucionaria» que había acompañado a la defensa de los presos políticos de 1966 a 1973. Por su parte, López Aristizábal y Guerrero (2018) sostienen que, a partir del año 2012, y en el contexto de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto colombiano, tanto el Estado como las FARC-EP negociaron para consensuar la figura de la víctima, lo que se relaciona con el carácter mutable y eminentemente político que caracteriza a la misma (Rey, 2020).

Por su parte, Markarian (2004) señalaba el cambio en la retórica de los activistas políticos uruguayos exiliados tras el golpe de estado de Bordaberry (1973), los cuales pasaron de ser críticos con el discurso de las organizaciones de DD. HH. —por no denunciar estas las situaciones estructurales de la violencia— a adoptar su terminología y reclamos. También en Uruguay, para el caso de la adaptación partidaria del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, distintos autores (Garcé, 2011; Galiana i Cano, 2018) destacan la importancia que tuvo la rememoración que de su pasado militante hicieron los tupamaros y la mezcolanza ideológica de su discurso durante la fase armada. De la misma forma, Moreira Pinargote (2016) confiere gran importancia a la ideología en su análisis comparado de las estrategias y posibilidades de participación política postconflicto en los casos del Movimiento 19 de Abril (M19) de Colombia, Alfaro Vive Carajo (AVC) de Ecuador, y el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL). Sobre el discurso elaborado por los y las ex-presos/as del PCP-SL para acceder a la política, Guiné (2021) elabora el concepto de “victimidad estratégica” y señala la utilización operativa de relatos y dibujos de prisioneras sobre las condiciones carcelarias que vivieron bajo la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), para los fines políticos de la organización, y en su lucha por construir una memoria partidaria diferente frente a la propuesta por el Estado.

Por lo tanto, podríamos decir que buena parte de la literatura anteriormente señalada sostiene que el discurso de los/las militantes y exmilitantes, así como el de las organizaciones de familiares y exiliados, se torna un actor principal en la óptima consecución de fines políticos de los grupos exguerrilleros que buscan participar en la política legal. En este sentido, es importante señalar que entendemos «discurso» en un sentido amplio, siguiendo a Schmidt (2008), para quien el discurso no solo presta atención a qué se dice, sino también a cómo y en qué contexto se dice. Como exponen Barrantes y Peña (2006) cuando las narrativas compartidas socialmente logran «legitimidad simbólica y eficacia social se constituyen en memoria» (p. 16). Por ello cobra una especial relevancia en el contexto actual de la posverdad (Keyes, 2004), analizar las «batallas por la memoria» (Hamann, López Maguiña, Portocarrero & Vich, 2003) y su utilidad en la esfera política.

A través del análisis del discurso y del estudio de los testimonios del PCP-SL, analizaremos, por tanto, cómo las categorías discursivas de héroe y mártir —que son muy recurrentes en la elaboración de las memorias militantes, específicamente cuando se refieren a los años de guerra y encierro— mutan en el contexto de renuncia a la violencia hacia la utilización de la categoría de «víctima» para adecuarse a la terminología propia del discurso de los DD. HH., buscando recibir la aceptación suficiente que les permita acceder a la política legal y electoral.

Para corroborar nuestra hipótesis, nos valdremos del método cualitativo utilizado para el análisis de entrevistas semiestructuradas realizadas entre septiembre y diciembre de 2019 a cuatro expresos acusados de pertenecer al PCP-SL, hoy día organizados en distintas formaciones de «expresos políticos» (la Asociación de Excarcelados Políticos del Perú [ACEPP], el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales [MOVADEF]). Se trata de cuatro varones con edades comprendidas entre los 53 y los 70 años al momento de las entrevistas, provenientes de Lima, Ica, Ayacucho y Cajamarca, que han cumplido sentencia en diferentes establecimientos penitenciarios (Cachiche, Yanamayo, Lurigancho y Canto Grande). Con periodos de encarcelamiento que oscilan entre los 4 y los 22 años. En cuanto al nivel educativo de los entrevistados, tres cuentan con estudios universitarios y uno con estudios secundarios. Por último, como se ha especificado anteriormente, todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con la posibilidad de la firma del acuerdo de paz y, por lo tanto, entrarían dentro de la categoría de “acuerdistas”. Dos de los entrevistados formaban parte de MOVADEF, y los dos restantes de ACEPP. La principal dificultad a la hora de realizar las entrevistas fue el encuentro con los entrevistados que, en varias ocasiones, poco antes de la hora acordada, estaban trabajando para su sustento o para sus organizaciones. También resultó algo inquietante el constatar el seguimiento que la policía de investigaciones hacía de mis entrevistados y, por lo tanto, también de mi persona.

La detención de Abimael Guzmán —y del resto de la cúpula de SL que cayó con él en 1992— fue acompañada de un mínimo nivel de negociaciones. Lo que el gobierno de Fujimori se proponía por medio de estas conversaciones entre el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, y el líder del PCP-SL, era la claudicación del resto de la organización que aún no había depuesto las armas. Un primer paso en esas negociaciones se dio cuando, tras un año de cárcel, Abimael Guzmán accede a leer lo que para muchos fue su rendición:

“... En las actuales circunstancias al partido, y principalmente a su dirección, se le presenta tomar hoy una nueva y gran decisión y, como ayer bregamos por iniciar la guerra popular, hoy, con igual firmeza y resolución, se debe luchar por un acuerdo de paz” (Guzmán, como se cita en Comas, 1993).

En esta carta —que fue leída públicamente— lo que estaba haciendo Guzmán era delinear el nuevo plan de acción de la organización: «bregar por el acuerdo de paz». Pero una vez que leyó la carta y se mandaron delegados a los penales para dar a conocer las decisiones que planteaba la nueva etapa, el gobierno se negó a seguir negociando, y la comunicación con la cúpula de SL fue interrumpida. Mientras, en las cárceles, la decisión de Guzmán causó un gran revuelo y fue difícil de asimilar para la mayoría de los y las organizadas:

«Llegan dos compañeros de Yanamayo, yo los conocía porque yo había trabajado con ellos. Se paran y empiezan a sacar a la gente celda por celda, “¡Camaradas, compañeros! Se está dando una nueva situación: el doctor, el ‘presidente’ ha planteado esta situación y hay que tomar posición al respecto, esperamos su apoyo”. Y así fue, de manera pública. Lo primero que se me pasó por mi cabeza, “está loco este”. No me lo creí. Tú venías de una situación como esa y ¿cómo te sientes? A tu mente vienen en ese momento todos los compañeros que murieron. Tienes una serie de planteamientos, entonces te resistes a pensar en ello, pero a nosotros nos formaron para sujetarnos a la mayoría, pero a la vez tienes que pedir la fundamentación, ¿no?». (Luis, comunicación personal, noviembre 2019)

A partir de este momento, desde la cárcel de máxima seguridad del Callao, el «pensamiento Gonzalo» urdió los planes a seguir, comprendidos en líneas políticas correspondientes a la IV Etapa (de lucha política sin armas). Frustradas las posibilidades de que se concretara la primera línea —dirigida a conseguir el «acuerdo de paz»—, la suplanta, a partir del año 2000, la de «solución política a los problemas derivados de la guerra» (Valle Riestra, 2015). La nueva línea además se propulsa sobre el esfuerzo de la CVR, que inicia sus entrevistas con presos/as del PCP-SL en el 2002, con la finalidad de recoger el testimonio de los actores implicados en el conflicto. Esto permite a los militantes del PCP-SL relatar su experiencia carcelaria en el ámbito público. Esta fase, junto con la actual (de «solución política, amnistía general y reconciliación nacional»), es en la que más se posiciona el PCP-SL dentro de la categoría de víctima.

En los testimonios, las denuncias sobre tortura representan una constante, llegando a ocupar la mayor parte de su relato. Los presos denuncian la pésima infraestructura carcelaria, la escasez en lo concerniente a su sustento básico (comida y medicina), pero también la utilización por parte de sus carceleros de una política deliberada de maltrato y tortura que busca su autoinculpación. En todos los testimonios se repiten las mismas prácticas (el ahogado, el playazo, el colgado, el electrochoque, entre otras), las cuales forman parte del amplio paisaje de métodos ilegales e inhumanos de tortura que relatan.

“Me amarran, me empieza a doler y me dice: “Aquí te vamos a desaparecer, aquí no entran abogados, aquí no hay derechos humanos”. Me levantaron en una polea, cuando estaba en cuclillas, sentí una chalaca en la espalda y el dolor fue tan fuerte que me desmayé. Me despierto colgado, cuando me tiran un balde de agua y me dicen: “Te vamos a dar otra oportunidad”. Mi garganta se había hecho un nudo” (Archivo Central CVR, 2002, N.º de Testimonio 700311).

Agüero (2004) señala cómo la tortura en Perú, que ya estaba institucionalizada en los centros de reclusión y era ejercida contra los delincuentes comunes, conoce un importante cambio a partir de 1982, al pasar a ser dirigida principalmente contra los y las presos/as acusados/as de terrorismo. Las cárceles y las instalaciones de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) se convierten en zonas donde no tienen cabida las múltiples disposiciones dictadas por las Convenciones de Ginebra, la Convención Americana sobre DD. HH. y, de manera concreta, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tras el desmedro a la democracia que supuso el golpe de Estado de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, se promulgaron una serie de leyes penales de emergencia, comúnmente conocidas como “Leyes antiterroristas” que agravaron exponencialmente las violaciones contra los derechos fundamentales (Siles Vallejos, 2015, p. 83). Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos-Perú (COMISEDH) y el Centro de Atención Psicosocial (CAPS), en su informe de 2014, señalaban que la impunidad hacia la práctica de la tortura en Perú es observable en la actuación recurrente de jueces y fiscales que deciden no formalizar denuncias por delito de tortura, trocando esos delitos por otros de menor categoría, como son los de abuso de autoridad o delito de lesiones (COMISEDH-CAPS, 2014).

Aunque los presos del PCP-SL habían criticado con anterioridad las prácticas vejatorias que sufrían en los penales, lo que es novedoso, a partir del 2002, es el lenguaje utilizado por el Derecho Internacional Humanitario para referirse a ellas. Toda esta nueva forma de vindicarse ya había tenido cabida en el «pensamiento Gonzalo», con la antes mencionada línea política llamada «solución política a los problemas derivados de la guerra», la cual buscaba principalmente una revisión de las sentencias dictadas al albor de las leyes antiterroristas del gobierno de Fujimori. La siguiente carta firmada el 12 de febrero de 2002 por los delegados de los presos del PCP-SL de Canto Grande, resume bien las características de la línea:

“Los presos políticos, prisioneros de guerra e internos independientes producto de la guerra interna vivida en nuestro país recluidos en el establecimiento penal “Miguel Castro Castro”, Canto Grande, representados por nuestros delegados, hacemos de vuestro conocimiento que, en virtud del artículo 2º inciso 20 de la constitución política vigente, de manera reiterada hemos solicitado a las autoridades gubernamentales incluso al actual presidente de la república la atención de nuestras demandas en el marco de una solución política a los problemas derivados de la guerra (…)” (Archivo Central CVR, 2002, SC0_113_02).

“-Solución política a los problemas derivados de la guerra. -Derogatoria de las inconstitucionales leyes antisubversivas y nuevos juicios. -Restablecimiento de los beneficios penitenciarios. -Cierre de los penales de la Base Naval, Challapalca y Yanamayo. -Auténtica verdad histórica, no a la impunidad. -Apoyar la lucha popular por conquistas, beneficios, derechos y libertades democráticas. -No a las represalias contra las luchas de los internos” (Archivo Central CVR, 2002, SC0_360_05).

La línea se trataba, de hecho, de una estrategia medular de la «IV Etapa». En su comunicado «Luchar por la solución política a los problemas derivados de la guerra» el PCP-SL se refiere la «IV Etapa» en los siguientes términos:

“(…) nosotros no fuimos derrotados, nos replegamos y asumimos entrar a una nueva etapa del Partido Comunista del Perú, su IV etapa de vida histórica partidaria, pasando de guerra cruenta que es política con derramamiento de sangre a guerra incruenta que es guerra de clases sin derramamiento de sangre, dentro de la ley de la lucha de clases que es gran y constante guerra de clases dirigida por la política, consecuentes con lo que nos enseñan el presidente Mao Tse-tung y el presidente Gonzalo” (Comunicado PCP-SL, 2002).

Las principales premisas de la línea «solución política a los problemas derivados de la guerra» buscan, por lo tanto, según lo formulado por el PCP-SL, «garantía sobre el cumplimiento de los derechos fundamentales», por lo que buena parte de sus relatos denuncian crímenes contra los DD. HH. Por otro lado, también exigen que se «atienda a las demandas básicas del pueblo», y que el «bloque escisionista» (Proseguir) se avenga a «cumplir las tareas de la IV Etapa» (Comunicado PCP-SL, 2002).
El siguiente testimonio de un preso del penal de Yanamayo, detenido en el año 1992, ejemplifica muy bien los planes del «pensamiento Gonzalo» para la IV Etapa, en la línea de «solución política a los problemas derivados de la guerra»:

“Después se produjeron más torturas, y me obligaron a reconocer como “compañeros” a gente que nunca había visto. El fiscal y el médico legista avalaron las torturas de la policía. Unos días después me llevaron al primer juzgado penal de Puno y, dos días después, al penal de máxima seguridad de Yanamayo, donde se encuentra al momento de la declaración ante la CVR, debido a leyes inconstitucionales, según el artículo número tres del Pacto de Ginebra, como parte de la línea genocida aprobada desde el 83, y renovada por los vendepatrias Fujimori-Montesinos-Hermoza Ríos. En el penal de Yanamayo, se restringe el derecho a trabajar y a la educación. Así es como al ser humano se le anulan todas las relaciones sociales, mediante ese plan de aniquilamiento sistemático. De la misma forma han violado los derechos de miles de personas. No a la impunidad, necesidad de una auténtica verdad histórica” (Archivo Central CVR, 2002, N.º de Testimonio SC0-30907).

De manera parecida se manifiestan contra la situación en las cárceles las presas del «pabellón B» del penal de Chorrillos en su carta del 31 de agosto de 2002 al secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza:

“La mayoría llevamos más de diez años detenidas compartiendo penas y alegrías, así como todos los momentos sumamente duros, producto de la aplicación de la legislación antisubversiva, que hoy aún está vigente y viola todos los derechos fundamentales de la persona, estando abiertamente reñidos con la Constitución Peruana y otros convenios internacionales suscritos por el Estado peruano; por eso sentimos la necesidad de que nuestros testimonios sean públicos” (Archivo Central CVR, 2002, SC0_113_02).

Aunque este cambio de paradigma no suceda de manera unívoca ni sea generalizable a la totalidad de los miembros de la organización (Ayala del Río, 2015), sí se configura como un factor indicativo de una época y de una adaptación discursiva pragmática a las circunstancias que impone la lucha por los torturados y desaparecidos, y la búsqueda de aceptación popular para su adscripción política. Como podemos observar, los anteriores testimonios ofrecen una denuncia desde el lugar de la víctima, apelando al derecho internacional humanitario, y acompañada de la mención al Artículo III del Pacto de Ginebra, que regula el contencioso legal con respecto a los conflictos no internacionales. Sin embargo, la definición de «conflicto armado interno» para la violencia vivida en el entre los años 1980 y 1993 ha sido muy controvertida: el Informe Final de la CVR —primero en usar tal denominación— fue ampliamente criticado por ello. Al respecto, son varios los trabajos especializados (Gurmendi, 2020; Salmón Gárate, 2004) que avalan el debido uso de la categoría de «conflicto armado interno» y, por lo tanto, de la conveniencia de ejecución de las reglas del Derecho Internacional Humanitario en el mismo, lo que nada tiene que ver con reconocer o no a los miembros del PCP-SL como terroristas.

Decimos que los anteriores discursos de presos y presas del PCP-SL se ubican en el lugar de víctima porque ya no elaboran un entramado discursivo en el que se hace patente la lucha desaforada por oponerse a la injusticia, como ocurre cuando se configura el relato desde el héroe (Encarnación, 2020). Tampoco el discurso se construye desde el mártir, quien, tras sopesar el alto grado de peligrosidad que supone profesar su fe / ideología, persiste en la misma. En esta ocasión, sabiendo cuál es la nomenclatura del derecho internacional —y al poder valerse de una plataforma (la CVR) que, aunque carece de carácter legal, puede servir de canal desde el que dar a conocer sus demandas—, posicionan su discurso desde el yo-víctima.

El Registro Único de Víctimas, órgano creado por el Consejo de Reparaciones y adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no contempló como víctimas a los miembros de las organizaciones subversivas. De modo que, oficialmente, los militantes del PCP-SL no podían ser víctimas, lo que no les impidió apelar a organismos de justicia supraestatales a partir de la categoría de víctima. El caso de Canto Grande^[7] resulta paradigmático a este respecto: el 18 de mayo de 1992, se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos ocurridos en el penal de Castro Castro (o «Canto Grande») entre el 6 y 9 de mayo de 1992. Fue el Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra el que llevó a la Corte la denuncia. Tiempo después, en 1997, se presentó otra denuncia por el mismo caso.

El 25 de noviembre de 2006, finalmente, la Corte emitió una sentencia en la que fallaba a favor de los denunciantes y en contra del Estado, de modo que los miembros de SL que estuvieron implicados en los acontecimientos de mayo de 1992 pasaron a ser víctimas legalmente constituidas. La Corte tenía potestad para dictar sentencia, ya que Perú es firmante de la Carta de Derechos Humanos desde 1978. Entre las disposiciones a adoptar en función del fallo de la CIDH se encontraba el pago de una reparación para las víctimas (PCP-SL) por parte de los victimarios (Estado peruano) (CIDH, 2008).

Por otro lado, en Perú, el discurso de los medios de comunicación y de algunas bancadas políticas durante el periodo posconflicto se ha articulado desde una postura extremista y en oposición al radicalismo del PCP-SL, lo que ha servido a los fines de los/las exsubversivos/as para posicionarse como víctimas; por ejemplo, cuando se produce la puesta en libertad de los/las presos/as tras haber cumplido pena por delito de terrorismo, los medios de comunicación recurren a penalizar la puesta en libertad de los/las sentenciados/as. Los casos de Maritza Garrido Leca y Martha Huatay, quienes salieron en libertad después de 25 años de cárcel, son muy ilustrativos al respecto (Ayma, 2017; «Senderista Martha Huatay salió en libertad», 2017). De modo que el discurso utilizado por los medios de comunicación parece enfrentado a las instituciones democráticas en las cuales cohabita:

“Al leer la prensa, por ejemplo, el tema de la liberación de los condenados por “delito de terrorismo” que cumplen con el fin de su condena hace surgir preocupaciones, entre ellas la supuesta “protección” de la sociedad contra un eventual rebrote de las acciones armadas. Es interesante ver que la cárcel no es considerada como un espacio dentro del cual se puede “reformar” a las personas, sino más como instrumento para proteger a la “buena sociedad” (Ayala del Río, 2015: 44).

Este tipo de práctica discursiva, más que servir para el afianzamiento de la democracia en contra de un rebrote subversivo, lo que hace es minar la confianza en la decisión de la institución judicial y será convenientemente utilizada por los ex-presos y organizaciones afines para fortalecer su autodefinición como víctimas. Además —aunque en la práctica, con la democracia instaurada en 2001, se derogaron muchos de los decretos inconstitucionales dictados durante el gobierno de Fujimori, que conformaron el corpus de «leyes antiterroristas»—, hoy en día se mantiene una política antiterrorista que comparte varios puntos de semejanza con la que se conoció en la década de los noventa:

“… los mecanismos judiciales para tratar los casos por “delito de terrorismo” no han cambiado en sus conceptos fundamentales: salas especiales, régimen penitenciario específico, condenas extensas. Más de una vez en esos procesos de revisión el procesado recibió la misma sentencia, mientras que en otras ocurrió que el Fiscal apeló el veredicto reclamando una pena mayor para el acusado” (Boutron, 2014: 40).

Todas estas cuestiones facilitan el recurso a la victimización por parte de los/las ex-presos/as del PCP-SL que en la actualidad militan en distintas organizaciones político-sociales, así como sustentan el ideario de las diferentes plataformas desde donde buscan obtener seguidores y adscribirse a la política legal.

Dentro de la facción «acuerdista» se puede observar un viraje en la narración del pasado a partir del 2000 en adelante. Aunque todavía emerge en su discurso la construcción del héroe que enfrentó todo tipo de situaciones extremas para «la consecución de una sociedad igualitaria», este va cediendo paso a la retórica de los derechos humanos en la victimización del militante subversivo. De forma que el guerrillero que antes era un «luchador social» y un «valeroso combatiente del ejército guerrillero popular» se desnuda de sus acciones y pasa a ser una víctima, a la cual se le vulneran los derechos, silenciando de esta forma el dolor que generaron sus acciones y, por lo tanto, su también posición de victimario.

La construcción narrativa del héroe se evidencia, sobre todo, en relación con las publicaciones del PCP-SL sobre la represión de los motines del Frontón, Lurigancho y Santa Barbara^[8], ocurrida entre el 18 y 19 de junio de 1986, y a partir de la figura del preso senderista que resiste la avanzada del Ejército y La Marina. De modo que, el héroe y el mártir afloran a la hora de narrar el episodio que Guzmán denominó «Día de la heroicidad»:

“Los comunistas y combatientes del Ejército Guerrillero Popular e hijos de las masas, se batieron heroicamente sellando un hito de Heroicidad, valor y coraje, expresión del nuevo hombre armado con el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento guía que solo el Partido Comunista y la Guerra Popular es capaz de generar y estamparon el imperecedero Día de la HEROICIDAD” (Comunicado PCP-SL, 1987a).

Otro ejemplo de este tipo de narrativa glorificadora, en este caso, más que del héroe, del mártir que resiste el develamiento de los penales ofreciendo a cambio su propia vida, lo encontramos en el comunicado «Dar la vida por el Partido y la Revolución»:

“(…) férrea resistencia feroz de los camaradas, combatientes e hijos de las masas que enarbolaron ideología, valor y heroicidad desplegadas audazmente en encendido desafío bélico; y si la bestia reaccionaria bebió sangre hasta el hartazgo para imponer la paz de los muertos, las vidas miserable y arteramente cegadas transformándose en imperecederas, plasman la trilogía monumental de las luminosas trincheras de combate del Frontón, Lurigancho y Callao, hito histórico que proclamará más la grandeza del Día de la Heroicidad” (Comunicado PCP-SL, 1987b).

Por el contrario, emerge el recurso a la victimización en la narrativa actual del MOVADEF cuando se refiere a lo ocurrido a raíz de otro motín, en este caso el de mayo de 1992, en el que estuvo presente Margot Liendo, exintegrante del Comité Central del PCP-SL.

“Margot Liendo tiene 73 años de edad. Es una sobreviviente del genocidio perpetrado por el Estado peruano en los penales en mayo del 92, específicamente en el penal de Castro Castro y como víctima y sobreviviente, el Estado peruano debía proveerle la atención médica necesaria, más aún, cuando la CIDH dispuso que, frente a dicho atentado, se garantiza el respeto a su vida. Cuestión que claramente no fue atendida, se la ha negado el derecho a la salud de forma sistemática y predeterminada con el objeto de asesinarla” (Amnistía General, 2022a, p. 45).

Como podemos observar, en el discurso de los «acuerdistas», se exige la elaboración de una memoria total y no parcializada, como la memoria oficial que, denuncian, fue elaborada únicamente por los vencedores del conflicto. Los «acuerdistas» se representarán como «víctimas» y el Estado como «genocida». Se trata de una «memoria literal» (Todorov, 2000), que no permite el diálogo con las otras memorias en conflicto. Aunque la memoria de los que han pertenecido y de los que pertenecen a SL no es homogénea, sí que, por su radicalidad, resulta bastante abarcadora, como señalan Caro y Ulfe (2012) al respecto: «Hay una memoria senderista diversa (y en general anónima), pero hay un núcleo duro que se resiste y emerge públicamente como congelado en el tiempo, conformado sobre todo por los dirigentes administradores de su propia historia oficial» (p. 59).

Esta forma de vindicar su memoria, por parte de los y las ex-presos/as del PCP-SL, es estratégica (Guiné, 2021), ya que corresponde a unos fines específicos. Por eso, abogan por la amnistía no solamente para los suyos, sino también para los que durante la tercera etapa denominaban la «otra colina» o la fuerza estatal:

“Si hablamos de reconciliación nacional, implica de que deban asumir su responsabilidad para que ese proceso nos lleve justamente al proceso de reconciliación, para que los miles de desaparecidos se sepa dónde están, para que los miles de expatriados puedan regresar a la patria, para que los prisioneros que aún quedan salgan de las prisiones, y esa es la reconciliación nacional, por eso decimos: militares, policías y la parte nuestra, en ningún momento hemos dicho solamente para nosotros, o sea, la propuesta es una propuesta correcta” (Alfredo, comunicación personal, noviembre 2019).

Como vemos en el anterior testimonio, a mediados de la década del 2000, la línea del «Partido» empezó a configurar los planes que tiene la dirección del PCP-SL hasta la actualidad. Inserta la línea también en la IV Etapa, se trataba de una fórmula más política que la utilizada para el «acuerdo de paz», y que la empleada para «solución política a los problemas derivados de la guerra», y se expresaba bajo la fórmula «Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional». Uno de los principales fines de la línea era el de buscar el acceso de los/las exsubversivos/as a la política legal, para lo cual crearon el MOVADEF en el año 2009, aunque se encontraron poco tiempo después, en el año 2011, con la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que, en base a la Ley de Partidos, rechazó su inscripción como formación política legal.

Son varios los autores que han discutido sobre la naturaleza del MOVADEF (Gamarra, 2012; Guiné, 2019; Sandoval, 2012), en cuyos análisis destaca la relación directa que existe entre el PCP-SL y MOVADEF. Al respecto, Sandoval (2012) sostiene que MOVADEF sería uno de los organismos generados del PCP-SL. Llega a esa conclusión a partir de su modelo de reclutamiento en actividades académicas y culturales, que recuerda al de las décadas de los ochenta y noventa, y a causa de la ideología que profesa, la cual sigue siendo el marxismo, leninismo, maoísmo y «pensamiento Gonzalo». Sin embargo, Valle Riestra (2015) sostiene que el argumento de la ideología no es suficiente para formular la continuidad del PCP-Sendero Luminoso en MOVADEF, porque el «pensamiento Gonzalo», según sostiene el propio Abimael Guzmán, se formula a partir de la «lectura de la realidad histórica» de cada contexto especifico, lo que quiere decir que es mutable y, por lo tanto, no sería el mismo en la etapa actual, que en las décadas de los 80 y 90. Como recoge la entrevista realizada por Díez y Lerner (2012) a un joven del movimiento por la amnistía que se pronunciaba acerca del «pensamiento Gonzalo»: «Es una ideología, un sistema de ideas que se va desarrollando a través del tiempo. No es cerrado, petrificado, sino que se va desarrollando en el tiempo» (p. 73).

De la misma forma, Prado (2014) sostiene que MOVADEF no podría ser un organismo generado del PCP-SL porque, en primer lugar, el PCP-SL de los 80 y 90 ya no existe, y por lo tanto tampoco sus organismos generados verticales. MOVADEF sería más bien una forma de «trabajo de Frente» creado con la intención de participar en la política legal y, el hecho de que MOVADEF sea parte de la estrategia del PCP-SL, sostiene el autor, tampoco significa que sean sinónimos, ya que hay muchos militantes del PCP-SL que no concuerdan con el movimiento por la amnistía y, a su vez, muchos miembros de MOVADEF que en la época de la violencia no habían nacido.

Por su parte, los entrevistados desmienten que exista una relación orgánica entre MOVADEF y SL. En las entrevistas personales realizadas a dos miembros fundadores del MOVADEF, estos se defienden de la acusación de pertenencia al PCP-SL, y sostienen que profesar el «pensamiento Gonzalo» no significa formar parte del PCP-SL:

“(…) llegué a la siguiente conclusión: que el cristianismo ha sido el sustento ideológico de la Guerra Santa, de la Santa Inquisición, y es, claro, el mismo sustento ideológico del catolicismo actual. Entonces dije: “Claro, son tiempos diferentes”. Entonces, no es la ideología la que decide, sino la política más bien, y el MOVADEF puede tener la idea “pensamiento Gonzalo”, pero no tiene nada que ver con la guerra, ni con el Partido Comunista del Perú. Desde que nace es para participar de la vida política del Perú, y de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución. Entonces, convencido de esa manera, ya no tenía ningún problema en participar” (Luis, comunicación personal, noviembre de 2019).

Para Mario, MOVADEF constituía una necesidad debido a la urgencia de formar una izquierda «real», característica que no atribuyen a la izquierda peruana «europea» que los «acuerdistas» identifican con una «izquierda burguesa». De modo que la formación por la amnistía respondía al deseo de continuar vinculados a la política por medio de una plataforma afín toda vez que había quedado demostrada su derrota armada.

“El MOVADEF es una organización política creada para participar en la vida política del país a través de las elecciones; surgió como una necesidad de buscar tribunos (…) Porque desde nuestro punto de vista no hay ninguna organización política netamente de izquierdas que se defina como en aquellos tiempos de los años 70 y 80 que sean marxistas pues no, en el Perú, en estos tiempos no hay, hay una izquierda vergonzante que dicen de izquierda al estilo europeo con su florcita (…) Entonces, ¿quiénes lo conformamos? Intelectuales, algunos exprisioneros, como en mi caso, exprisionero político que al salir en libertad me digo, yo no puedo despreocuparme de la problemática de mi país, ¿no? Y si hemos sido derrotados militarmente, entonces hoy nos corresponde participar en la vida política del país a través de los canales de la democracia existente” (Mario, comunicación personal, diciembre 2019).

Indudablemente, el nacimiento de MOVADEF se corresponde con los planes políticos de la IV Etapa, la de «lucha política sin armas». En la entrevista concedida por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre a la CVR en el año 2002, el líder del PCP-SL se expresa en estos términos:

“En agosto del 2001 hicimos un esquema, el título es “Sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”. Y el subtítulo es “Puntos para la preparación de posición que podrían plantearse cuando venga la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”. Se especificaban algunos rubros, para vuestra información los voy a leer: primero, “Condiciones históricas sociales que generaron una guerra popular”; un segundo tema, “La política contrasubversiva del Estado peruano”; un tercer tema “La guerra popular”; un cuarto tema “Brega por un acuerdo de paz y una solución política”; y un quinto tema, “Actuación ante la Comisión de la Verdad” (Archivo Central CVR, 2002, Entrevista a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre).

Muchos de los que participan en MOVADEF son los que, en la etapa de «lucha armada», militaban en SL. Buena parte de ellos son, como nuestros entrevistados, ex-presos, aunque también integran sus filas jóvenes que, en la época de violencia, no habían siquiera nacido (Bracamonte, 2018). Por su parte, los ex-presos del PCP-SL entrevistados reconocen la participación en MOVADEF de expresidiarios que, dentro de los penales, ocuparon cargos de poder en el PCP- SL. En la entrevista realizada a Jaime, este asevera, además, que la «persecución» a la que se ven sometidos los miembros de MOVADEF, vigilados por la policía de investigaciones, ha dado lugar a que muchos se abstengan de seguir militando:

“Entonces, ellos veían que había organización, que habían pasado a otra situación, pero que estaban ahí. Había nexos, entonces ahí hacen pues el juicio Perseo^[9], más de 40 dirigentes están ahí para amedrentar, y eso ha repercutido porque hay algunos que ya no quieren saber nada, se han desvinculado, y, que yo recuerde, ellos tenían responsabilidades ahí en el penal. Ellos estaban en la lista como dirigentes, comienzan en la captación de firmas, la policía política los ha ido ubicando porque, cuando han llegado, les han mostrado, “mira las firmas en tal lugar, la movilización” (Jaime, comunicación personal, noviembre de 2019).

Algunos ex-presos que al salir de la cárcel se desvincularon del «Partido» recurren a las organizaciones adheridas al «pensamiento Gonzalo», según el relato de Luis, debido al celo policial que sufren y a la pérdida de sus derechos. Son estas las razones que los empujan a buscar su defensa en los abogados con los que cuentan asociaciones como ACEPP, y que ofrecen el servicio de defensa legal de forma gratuita, o al menos asequible, para aquellos que, de no ser por la asociación, no hubieran podido costearse un abogado.

«Yo conozco el caso de muchos ex-presos que se están acercando a la participación política porque pensaron que, por alejarse, ya no los iban a molestar, y, sin embargo, el Estado les sigue intentando cobrar multas, mandando a DINCOTE. “Lógico, si igual me van a perseguir, voy a averiguar qué está pasando”; entonces ahí encuentran que existe una Asociación Civil de Excarcelados Políticos del Perú que estamos trabajando por nuestros derechos. Y acá encuentran nuestros abogados. Los estudios de abogados normales son impagables para alguien del pueblo, los únicos que pueden defendernos son los abogados democráticos que están siendo impedidos de ejercer su profesión». (Luis, entrevista personal, noviembre 2019)

Además, como hemos expuesto anteriormente, el MOVADEF también surge con la intención de canalizar, en la lucha por la memoria, a la opinión pública, principalmente dando a conocer su relato. Como expone Tubino (2003): «Las identidades, individuales o colectivas, se estructuran sobre la base de la retención del pasado y la proyección al futuro. Ambas se condicionan mutuamente. Una identidad sin memoria es una identidad sin proyecto» (p. 96). En este sentido, el proyecto de la facción «acuerdista» del PCP-SL pasa por dar a conocer su relato sobre el periodo de la violencia, todo ello no solo con la intención de absolverlos de culpa, sino sobre todo de permitirles tener acceso a la política.

“Se trata de la verdad histórica y ciertamente las personas buscan saber siempre la verdad para no ser engañados por medio de la negación o distorsión de los hechos. Ante tanta satanización, sindicándonos como “criminales”, “terroristas” y tantos términos denigrantes de odio y venganza por parte de las clases reaccionarias y sus representantes políticos, la versión de un solo lado, cuando en la guerra han participados las dos partes, es de necesidad que se conozca nuestra versión de los hechos, esto facilitaría ingresar a la vida política del país, menos oposición de ese sector del pueblo que no conoce a ciencia cierta lo acontecido en la década de los 80 y que actúa con cierto recelo hacia nosotros” (Jaime, comunicación personal, diciembre de 2019).

Para dar a conocer su relato, las distintas formaciones compuestas por «acuerdistas» (la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio - AFADEVIG, ACEPP, Movimiento Hijas del Pueblo - MHIJAS^[10], MOVADEF-FUDEPP) se valen de diferentes medios tanto tradicionales como contemporáneos:

“La participación en espacios democráticos como tribuna de denuncia, defensa y vinculación (foros, mesa redonda, conferencias, etc.), difusión y publicaciones por medios convencionales (folletos, revistas, periódicos, etc.), así como por los medios de avance tecnológico y/o informáticos (Internet, páginas web, redes, blog) que nos sirven para canalizar las opiniones, los objetivos, avances y logros de la Institución” (Jaime, comunicación personal, diciembre de 2019).

Desde «Amnistía General», el periódico de MOVADEF, se discute sobre la aplicación, en el Juicio Perseo y en el caso Olimpo, del «Derecho Penal del Enemigo», término utilizado en 1985 por el jurista de origen alemán Günter Jakobs, y que se caracteriza por basar la condena, no en el hecho delictivo en sí, sino en las características de la persona a la que se juzga, al considerarla peligrosa o «enemiga».

“En cuanto al fondo del caso Perseo. Contra el MOVADEF se aplica el Derecho Penal del Enemigo, no importa que no haya delito, no importa que no existan pruebas, no importa el derecho. El problema de fondo es impedir que los marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo puedan participar en la vida política del país, pese a que hay un sustento constitucional, el art. 35°, que señala que todas las personas tienen derecho a participar individual, organizadamente o colectivamente en la vida política, económica y cultural de la nación” (Amnistía General, 2022b, p.12).

En la actualidad, «Amnistía General» denuncia la campaña mediática que vincula, desde el principio de su mandato, al gobierno de Pedro Castillo con MOVADEF, y aborda los últimos acontecimientos sucedidos en Perú a raíz del anuncio de disolución del Congreso por el expresidente Castillo, su posterior detención y la represión de las protestas por parte del nuevo gobierno de Dina Boluarte, que ya ha costado más de cuarenta vidas.

Los exmilitantes del PCP-SL que continúan organizados trazan una línea irrestricta que va desde su época de presos —en la que argumentan haber sufrido graves crímenes contra los DD. HH., debido a los maltratos padecidos en los centros penitenciarios— hasta la «persecución» y «muerte civil» que, alegan, sufren en la actualidad. Si bien su relato de víctima, sobre todo en lo referente al pasado o presente carcelario, a veces se fusiona con el de héroe —e incluso con el de mártir—, desde que comienza el periodo de restitución de las instituciones democráticas tras el gobierno autoritario de Fujimori, empieza en su discurso a difuminarse el héroe y el mártir, y a emerger el relato de víctima.
Aunque los «acuerdistas» defienden que el «pensamiento Gonzalo» al que se adhieren organizaciones como MOVADEF es cambiante y, en teoría, se amolda a las circunstancias de la IV Etapa, la rigidez política de la que hacía gala el PCP-SL durante la etapa armada, aglutinando toda su línea política en el llamado «pensamiento Gonzalo», que debía ser aceptado so pena de revisionismo, hace difícil de creer, a la opinión pública, que sea capaz de dar un giro que le permita abrazar una iniciativa política democrática en el contexto actual.

Los «acuerdistas» recurren a la autodefinición de víctima, principalmente a partir de sus relatos de «persecución», y se reúnen en toda clase de organizaciones de base para hacer sus denuncias. A pesar de sus esfuerzos, resulta altamente improbable que, a partir de su sola autodefinición, logren incidir en la opinión pública. El hecho de que los remanentes de la organización y su ya fallecido líder a la cabeza no hayan realizado un mea culpa sobre los años de violencia no permite que la opinión pública acepte su propuesta política actual, pero tampoco su incursión plena a la sociedad después de haber cumplido sentencia. En este sentido, sería oportuno utilizar la base de la justicia restaurativa, que es un tipo de justicia comunitaria, que está empezando a tener cabida en legislaciones nacionales (Canadá, EE. UU. y Colombia) y que comienza a ser estudiada por la ONU como fórmula válida para llegar a consensos entre víctimas y victimarios, los cuales permitan concretar la paz social (Brito, 2010). No obstante, para ello, el PCP-SL ha de responsabilizarse por sus acciones y realizar los esfuerzos necesarios para reparar los daños causados y, de este modo, volver a ser aceptados como miembros de la sociedad. De cualquier forma, la consecución de amnistía general resulta bastante irreal a más de treinta años de terminado el conflicto, pues, como expone Ricoeur (2004), esta responde más a la utilidad que a la verdad.

Por otro lado, también el Estado peruano debería procesar a los policías y militares que cometieron crímenes contra los DD. HH. en el contexto del CAI y, sobre todo, tendría que dejar de utilizar la recurrente arma del “terruqueo” (Aguirre, 2011) para censurar las demandas de la población, práctica que se ha incentivado al albor de las últimas manifestaciones sucedidas en el país y que pretende desconocer el descontento indígena y campesino (Méndez, 2023).

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[1] La veracidad de la cifra ha sido cuestionada en varias ocasiones. Al respecto, Silvio Rendón publicaba, en el año 2019, un artículo en el que aseguraba que las cifras de víctimas, sobre todo, las achacadas al PCP-SL, habían sido sobreestimadas, no tanto por el método utilizado por la CVR para el análisis estadístico de los datos, sino por la forma de aplicarlo. Ante la falta de datos cruzados para el análisis de la información disponible acerca de los asesinatos realizados por el PCP-SL, se optó por sumar las muertes del PCP-SL a las del Estado, y de ahí deducir las que atañen al PCP-SL. Ese método de trabajo, asegura Rendón, sobreestima la cifra de víctimas que se deben al accionar senderista. Por su parte, el equipo de análisis de la CVR, dirigido por Ball, reconoce que, a la luz de los nuevos datos obtenidos y de las mejores oportunidades de análisis actuales, convendría revisar las cifras de la CVR (Manrique-Vallier & Ball, 2019). Sin embargo, refutan los argumentos esgrimidos por Rendón, aduciendo que las cifras propuestas por él son incluso inferiores a las de la evidencia real de víctimas y, por lo tanto, carecen de legitimidad.

[2] El 17 de mayo 1980, el PCP-SL inicia su «lucha armada» con el acto simbólico de la quema de urnas electorales en el pueblo de Chuschi, Ayacucho, en clara repulsa al proceso democrático que se abría con las elecciones de 1980. El plan del PCP-SL era conquistar bases de apoyo entre los campesinos, que serían dirigidas por la vanguardia de la revolución, esto es por el «Partido». Para ello, el PCP-SL tenía que «batir el campo», es decir, deponer a las autoridades establecidas. A esa primera parte de la «Guerra», el PCP-SL, la denomina «defensiva estratégica», siguiendo las fases de la guerra enunciadas por Mao Tse Tung (CVR, II, 2003, p. 86). Mientras que el «equilibrio estratégico» se anuncia en el I Congreso celebrado en el año 1988, donde se dispone que la igualdad de fuerzas ha quedado establecida y, por lo tanto, es momento de iniciar la fase «contraofensiva estratégica» (Calduch,1993). A partir de ese momento, según el PCP-SL, el «ejército guerrillero popular» estaría capacitado para la «conquista del poder» y la instauración de la «República Popular de Nueva Democracia» o «Estado Comunista». Sin embargo, como demostró la investigación de Del Pino (1999), desde 1987, era obvio el fracaso del plan del PCP-SL, pues los choques entre la ideología senderista y la cultura campesina no se hicieron esperar, y estos últimos se rebelaron contra los senderistas constituyendo comités de autodefensa para enfrentarlos. Por su parte, Asencios (2016) evidencia que las falsas expectativas que produjo el anuncio del «equilibrio estratégico» llevaron a los militantes PCP-SL a precipitar su detención.

[4] El ideario del PCP-SL estructura el accionar de la organización y su militancia en cuatro etapas: I Etapa, relativa a la fundación del Partido Socialista por José Carlos Mariátegui en 1928. Para el PCP-SL, el año 28 significaba el nacimiento del Partido Comunista del Perú del que, según su ideario, provienen. La II Etapa es la de «reconstrucción del partido». Sucede tras la IV Asamblea Nacional en el año 69, en la que se acuerda, en palabras de Guzmán: «la reconstrucción sobre la base del marxismo, leninismo, pensamiento Mao Tse Tung, y de la línea política de Mariátegui» (A.C. CVR. Entrevista a Abimael Guzmán y Elena Iparraraguirre, 2002). La III Etapa, de «lucha armada», comienza en 1980. Se anuncia en textos como «Por la nueva bandera» (Comunicado PCP-SL,1979) y se desarrolla a partir de comunicados como: «¡Elecciones, no!, ¡Guerra Popular, sí!» (Comunicado PCP-SL, 1990) o «Que el equilibrio estratégico remezca el país» (Comunicado PCP-SL,1991), que abogaban por generalizar la guerra. La IV Etapa, de «lucha política sin armas», está constituida también por varios lineamientos; el primero de ellos sería «Luchar por el acuerdo de paz», que va del año 1993 al 2000. A partir del año 2000, se apostó por «Solución política a los problemas derivados de la guerra» (Comunicado PCP-SL, 2002), línea que defendía la amnistía para los dos bandos enfrentados, toda vez que el Comité Central se había percatado de que el desigual equilibrio de fuerzas no iba a permitir la firma del acuerdo de paz. Por último, el año 2006 vio nacer la línea «Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional», que propulsa la fundación de MOVADEF.

[5] La «muerte civil», término conocido desde la Antigua Grecia, se trataba de una figura jurídica que consideraba «muerta a la persona viva». Constituía un agravio importante, puesto que la persona muerta civil no estaba protegida por los derechos de la polis. En la Edad Media, se aplicaba la muerte civil a leprosos y condenados a muerte (Uscamayta, 2017). Hoy se utiliza desde el derecho penal a través de la «inhabilitación permanente» para englobar la situación de los sentenciados y las sentenciadas por delitos de corrupción y, en el año 2021, el Congreso propuso también la inhabilitación permanente para los delitos de traición a la patria y terrorismo («Proponen aplicar muerte civil permanente», 2021). Las personas sobre las que se aplica la inhabilitación permanente no cuentan con los derechos civiles del resto de ciudadanos: no pueden trabajar en el sector público, no reciben jubilación, ni se benefician del Seguro Integral de Salud (SIS).

[8] Entre los días 18 y 19 de junio de 1986, sucede el episodio conocido como la «matanza de los penales» que tuvo lugar cuando el Ejército y La Marina intervinieron para reducir los motines senderistas en Santa Bárbara, Lurigancho y El Frontón. Tras dos días de altercados, y a causa de estos, fallecieron 118 presos en El Frontón, 124 en Lurigancho y dos en Santa Bárbara.

[9] En mayo de 2022, la Cuarta Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN) inició el juicio contra integrantes y exintegrantes del MOVADEF, a quienes acusan de pertenecer a SL y de financiarse con dinero del narcotráfico. Las penas que pretende la acusación oscilan entre veinte años de cárcel y cadena perpetua (Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, 2022).

[10] En Lima, en el año 2008, se reúne un grupo de mujeres para la creación de un foro de debate que sirva para analizar la situación de la mujer en sus últimos quince años. El informe fruto de ese estudio fue dado a conocer en 2009, en la 1ª Convención Hijas del Pueblo, donde además se aprueba la formación del movimiento que suscribe la ideología marxista, maoísta, leninista, «pensamiento Gonzalo». En su blog se describen como «un organismo femenino dirigido por el proletariado y adherido a su ideología universal» (Movimiento Hijas del Pueblo, 2009). Para conocer a profundidad la historia de MHIJAS, ver Guiné (2019).