“Los caciques blancos de la Puna”. Construcción y reconstrucción del liderazgo de Laureano Saravia en el altiplano jujeño en el siglo XIX

"The White Chiefs of the Puna”. Construction and Reconstruction of Laureano Saravia's leadership in the Jujuy Puna Highlands in the 19th Century

El texto aborda el accionar y el comportamiento de un líder militar local en el escenario de una territorialidad indígena -la puna de la provincia de Jujuy- signada por los conflictos derivados de la propiedad de la tierra en el siglo XIX. Propone examinar el ejercicio de ese liderazgo en tal entorno social empleando las categorías de ciudadano y ciudadano en armas y en un juego de escala que articule sucesos políticos nacionales y provinciales con los de incidencia local. Primero desarrolla el perfil social y económico de la familia del “caudillo” y luego se centra en dos momentos de la carrera pública del sujeto (entre 1869 hasta el 1874-75 y 1877-1883) entretejida con el funcionamiento de las instituciones republicanas y el accionar de otros actores sociales. Así se revela el contenido del funcionamiento de un orden “pretoriano” en la región.

Palabras clave: relaciones de poder; liderazgos; poderes locales; ciudadanía siglo XIX; sociedades indígenas.

The text addresses the actions and behavior of a local military leader in the context of indigenous territory—the Puna region in the province of Jujuy—marked by conflicts arising from land ownership in the 19th century. It proposes to examine the exercise of this leadership in that social environment using the categories of citizen and citizen in arms, navigating a scale that links national and provincial political events with those of local significance. It first develops the social and economic profile of the "caudillo's" family and then focuses on two moments in the subject's public career (between 1869 and 1874-75, and 1877-1883), interwoven with the functioning of republican institutions and the actions of other social actors. This reveals the workings of a "praetorian" order in the region.

Keywords: power relations; leadership; local powers; 19th-century citizenship; indigenous societies.

En la memoria de una expedición minera a la puna jujeña en 1891 se menciona a una familia local, la familia Saravia, como los “caciques blancos” de la comarca, dado el grado de intervención de estos sujetos en todos los asuntos políticos y “particulares de los indios”, así como el poder económico logrado a través de uno de los almacenes más importante del comercio de la región (Publicación Oficial, 1891, 30). Particularmente, el liderazgo de uno de sus miembros, Laureano Saravia, es reconocido en la historiografía por su protagonismo en el levantamiento armado que emprendieron los campesinos indígenas puneños en reclamo de sus tierras comunales y el sistema de arrendamiento en la década de 1870.

Como se conoce ese espacio social involucraba a una numerosa población indígena y a un puñado de terratenientes dueños de grandes haciendas, ambos grupos interrelacionados a través del arrendamiento de las tierras. Una de esas fincas había sido propiedad comunal de los pueblos de indios de Casabindo y Cochinoca durante la colonia. Transcurrido el tiempo republicano esas tierras pasaron a reconocerse como propiedad privada de la familia a la que estos dos pueblos habían estado sujetos por la encomienda. En 1872 los campesinos- arrendatarios de esas tierras denunciaron la ilegitimidad de los títulos de propiedad de la familia Campero, sus antiguos encomenderos, iniciando un pleito legal que recién culminó en 1877 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por el cual esas tierras fueron declaradas fiscales. Paralelamente, se desató un conflicto social que propagó la rebelión indígena en toda la puna, motorizada por la lucha por la tierra (entre 1873 y 1875), que culminó con el enfrentamiento armado, en la batalla de Quera, y la victoria del ejército constituido de la provincia (Rutledge, 1987, Madrazo, 1892, Paz, 1995).

En simultáneo, el problema de la puna tuvo repercusiones políticas cuando el gobierno de Jujuy se fraccionó, por un lado, en el bando que secundó la causa indígena representada por el gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante, aliado al mitrismo y alineado en la candidatura de Mitre a la presidencia en 1874. Por otro lado, la oposición al gobernador (con José Benito Bárcena, José María Álvarez Prado y Cástulo Aparicio) proclamó la candidatura de Avellaneda y era reacia a las aspiraciones indígenas. Por el levantamiento en armas del 26 de febrero de 1874 se destronó a la fracción mitrista de la provincia, permitiendo el acceso a la gobernación de José María Álvarez Prado. Para fines del año 1874 en el territorio de la puna se radicalizó la protesta indígena, la que para entonces se hacía a son de la vivas al “General Mitre y D. Teófilo Sánchez de Bustamante”. Ese rumbo de la protesta fue adjudicado a la propaganda “comunista” que se había dispersado con fines electoralistas (Paz, 2009).

Tal programa del mitrismo jujeño fue conducido en la puna por Laureano Saravia. Este fue munícipe y comandante de la Guardia Nacional en las décadas de 1860 y hasta 1873. Su perfil personifica el comportamiento repetido de una notabilidad local que era complaciente con el gobierno provincial y que respondía a lealtades políticas trazadas desde el poder central. Su nota como figura caudillista “clásica” se asocia a “relaciones de tipo clientelístico” con los indígenas de la región, porque los protegía de las pretensiones e injerencias de los terratenientes, militares y autoridades locales, a cambio de ser elegido de modo “rutinario” como funcionario municipal y juez de paz departamental (Paz, 1998, 346.) Madrazo nos habla de un vínculo creado y mantenido por la fuerza, ejercido en un “vacío institucional”, que combinaba la actuación de un “comerciante abusivo” (porque en su tienda realizaba transacciones de crédito usurarias con los campesinos) “y a la vez paternalista y articulador” (Madrazo, 1982, 169).

En este texto retomamos esta figura, por una parte, ampliando el marco temporal de análisis de su actuación pues partimos desde la radicación de esta familia en la puna, en la década de 1830, y hasta el cierre de un primer ciclo del liderazgo de Laureano Saravia en la década de 1880. Prestamos atención a la participación en otros sucesos políticos y militares al más conocido del levantamiento los años 70’, así como a sus interrelaciones sociales de distinto carácter (familiares, interétnicas, económicas, partidarias). Por otro lado, consideramos el edificio institucional como marco de análisis del espacio político de actuación de estos liderazgos, entendiendo que el desempeño de Laureano Saravia y sus familiares como autoridades locales (políticas, civiles y militares) tenía base en el funcionamiento de ciertas instituciones de las que participaba la comunidad sin ningún tipo de restricción formal, económica, étnica o de alfabetización -salvo la de género-, en calidad de ciudadanos activos. De manera que el liderazgo se analiza ponderando también unas bases sociales que ejercían la ciudadanía, en general, y la “ciudadanía armada”, en particular. En esa línea, concebimos que el estudio presentado se desprende del mito del vacío institucional en el que actuaron los caudillos (Goldman y Salvatore, 2005).

La historiografía argentina todavía no ha profundizado suficientemente las cuestiones ligadas al ejercicio de la ciudadanía en los procesos de construcción de los estados del siglo XIX de las poblaciones de raíz indígena sometida al dominio colonial desde el siglo XVI,^[1] como sí lo han revisado para escenarios étnicos similares los estudios situados en los Andes Centromeridionales y/o en Mesoamérica (Thomson, 1993; Reina, 2015; Quijada, 2006; Irurozqui Victoriano, 2005). Considerar esa arista en la existencia de estas poblaciones permite también reinterpretar en conjunto las relaciones de poder y la sustentación de los cacicazgos y caudillismos locales, matizando las más clásicas miradas de la dominación, sesgadas por la dicotomía entre sectores hegemónicos y grupos subalterno (Falcón, 2015).

Constitución y participación en las instituciones políticas republicanas de la familia Saravia en la puna

“Laureano, del día, C. En esta Iglesia parroquial de Santa Catalina en 12 de julio de 1841, yo el cura y vicario bautizé (sic) … a Laureano hijo legítimo de Mariano Saravia y Juliana Cortes, cholos; fueron padrinos Agustín Gorena y Estefanía Farfán”.^[2]

Con esos datos quedó registrado el bautismo de Laureano Saravia. Su hallazgo en esta investigación actuó como punta de un iceberg para indagar la trama familiar y revelar su entorno sociopolítico. El lugar, la fecha, los nombres, las adjetivaciones que contiene ese registro parroquial, todo, pasó a ser materia de interés.

¿Qué era Santa Catalina en la época de su nacimiento? Era uno de los departamentos del altiplano jujeño (junto a Cochinoca, Yavi y Rinconada), ubicado hacia el noroeste de la provincia, en la frontera con Bolivia. Santa Catalina había surgido como un pueblo minero en el siglo XVII debido a la explotación de yacimientos auríferos. Por ese origen congregaba una población multiétnica, con presencia de españoles y mestizos, que eran los mineros y/o pulperos, e indígenas que residían en las haciendas en calidad de pastores arrendatarios, tejedores y que también se involucraban en la explotación de oro aluvial. La propiedad de la tierra se había gestado mediante la entrega de las primeras mercedes reales, sucesivamente fraccionadas, llegando a existir avanzado el siglo XIX cinco grandes propiedades: Santa Catalina, Ciénaga, Tafna y Toquera, Yoscaba y San León y San Juan (Teruel, 2016).

Como en toda la puna el gobierno y el cuadro de instituciones locales estatales de Santa Catalina presentaba ciertas particularidades y excepcionalidades. En toda la provincia rigió desde 1839 y hasta mediados del siglo XIX un concepto amplio de ciudadanía activa^[3] que habilitaba también a la población indígena de la puna a su ejercicio. Y como ciudadanos se lo convocó para las elecciones de representantes departamentales del poder legislativo y electores del poder ejecutivo. Además, votaban anualmente a los jefes políticos de campaña, que eran los encargados de administrar y gobernar cada distrito. Los estudios existentes develan la práctica regular y asidua de sus ciudadanos de concurrir a las urnas entre dos y tres veces al año (Fandos, 2023).

Con la vigencia de la constitución provincial de 1856 (adherida en sus principios básicos a la constitución nacional de 1853) el gobierno local se organizó en las municipalidades, que actuaban por intermedio de un consejo con una parte de sus miembros elegidos por votación popular de los ciudadanos de cada departamento. La corporación seleccionaba y proponía a los jueces de paz. Estas entidades representativas de la soberanía popular comenzaron a constituirse y funcionar en la puna desde 1857 (Fandos, 2023).

Luego, solo en esta jurisdicción operó hasta mediados del siglo XIX una autoridad superior a las jefaturas políticas, denominada “subdelegados de la puna”. Fue en la década de 1840 que reapareció su figura (la autoridad tiene orígenes en el siglo XVIII tras las Reformas Borbónicas), con amplios poderes, eran elegidos y nombrados por el gobernador de Jujuy, fueron agentes a veces residentes de la región o foráneos a ella que debían asegurar el difícil gobierno de ese territorio (Fandos, 2022).

Finalmente, otra particularidad de la puna fue la prestación del servicio ciudadano de las armas. Además de la movilización militar indígena de Jujuy durante la década revolucionaria por la independencia y en la Guerra de la Confederación Peruano Boliviana (1837- 1839) la población de la región fue activada para distintos operativos en el trascurso de las llamadas “guerras civiles”, particularmente de la década de 1830. Cifras concretas como el peso de la milicia de la puna, que arroja un 49% de toda la empadronada en la provincia de Jujuy en 1836, indican que la militarización fue un fenómeno vivido en carne propia (Fandos, 2021). Sin embargo, los indígenas puneños pactaron un acuerdo extraordinario por el que quedaron absueltos del servicio de las armas a cambio del pago de una contribución anual. Por diez años consecutivos (1841- 1851) se los eximió de las obligaciones militares que tenían todos los demás ciudadanos. El hecho que la puna no contara con fuerzas militares regulares también vedó la emergencia de liderazgos locales por la vía de las comandancias departamentales en ese momento.

En ese entorno, brevemente caracterizado, podemos rastrear la radicación de los padres de Laureano Saravia en Santa Catalina y el subsiguiente desempeño de la familia. El padre y la madre eran de origen boliviano, su presencia en esta comarca data de la década 1830, antes de esa fecha algunos de sus hijos habían nacido en Bolivia. El padre, Mariano Saravia, murió en 1862 y la madre, Juliana Cortes, en 1880. En la puna su principal actividad fue el comercio local siendo dueños de una tienda/pulpería. Mariano Saravia también trabajaba una chacra de la finca San León.^[4] Suponemos que en calidad de arrendatario. Para la década de 1840 atendía la tienda su hijo Nicolás. A su nombre se expidió una patente de pulpería en 1850 de 88 pesos 4 reales (pesos bolivianos), la tercera en importancia en el departamento.^[5]

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Registros Parroquiales obtenidos de https://www.familysearch.org/es/. *Madre de los hijos, no era su esposa.

Este pionero negocio familiar se trasfiguró en la “Casa Comercial de los Hermanos Saravia”, en 1872, con el más alto giro comercial de la puna (24000 pesos bolivianos) siendo sus socios Laureano, como gerente, y Moisés, quien actuaba como proveedor “comprando y remitiendo todas las mercaderías que se le pidan de Salta y otras provincias”.^[6]

El negocio de los hermanos Saravia pasó a ser un punto de referencia central para la actividad política -como veremos luego-, para el aprovisionamiento de toda la puna y el abastecimiento de la actividad minera (como proveeduría a crédito) que reflotó en el último cuarto del siglo XIX.^[7] Laureano Saravia aparece vinculado a “los intereses mineros” por su asociación a algunas empresas y explotadores extranjeros (como a la Minera Aida y a la Compañía Belga Aurífera Argentina).^[8] La riqueza familiar provino básicamente de la actividad comercial, sin que siguieran un proceso de propietarización absoluto.^[9] Moisés Saravia compro una acción y derecho de copropiedad -sin deslindar ni mensurar- del latifundio de Santa Catalina, que reconocía varios propietarios, en el remate público del juicio ejecutivo de los Murúa en 1885. En cambio, Laureano Saravia constituyó su patrimonio inmobiliario principalmente en sitios, casas, cuartos y canchones del pueblo de Santa Catalina, de los cuales formalizó los títulos de propiedad por adjudicaciones de posesión treintañera y en el proceso de conformación del ejido del pueblo, que como muchos otros (Yavi, Rinconada, San Pedro, Ledesma, Estación Perico) había surgido dentro de fincas de propiedad particular.^[10] Luego, Nicolás Saravia aparece como arrendatario de las fincas de Yoscaba y Timón Cruz en 1854.^[11] Ninguna de estas situaciones atestigua que se hayan beneficiado por acceso a la propiedad indígena.

Entre otros datos de significación que emana del análisis de las estadísticas vitales sobresale la cualificación del pater familias como “cholo”. Al respecto de este vocablo si en algo coinciden los estudios es en su ambigüedad y su mutación en el tiempo. En el siglo XIX el concepto de cholo se homologó con mestizo. Se concibió como una fracción social propensa a la movilidad hasta el último cuarto del siglo XIX, favorecida por el pasaje como soldados destacados en las guerras y/o por ser beneficiaria de la recuperación de la actividad minera y el comercio de los alrededores de donde residían. También favoreció su ascenso social el acceso a profesiones estatales creadas por la burocracia republicana. Pero su crecimiento económico y movilidad social no les garantizaba “espacio ni reconocimiento en el polo dominante” y el sostenimiento de posiciones siempre ascendentes. Así, “cholo que acumula suficiente capital lo invertirá para que la próxima generación devenga criolla, adquiriendo educación, un nuevo apellido y un círculo social «blanqueado» (Soruco Sologuren, 2011, 20-21). En Jujuy se asociada a las personas fenotípicamente indígenas que habían experimentado un proceso de blanqueamiento y movilidad social (Sánchez Patzi, 2014).

La mirada de conjunto de la Familia Saravia encuadra en estos parámetros sociales en la puna, ámbito donde habían logrado la escalada social que les permitía distinciones económicas y simbólicas en la estructura del poder local. Dado el proceso de desmilitarización a partir de la década de 1840 y hasta la del cincuenta por la vigencia de la Contribución Directa, no encontramos que esa fuera una vía de ascenso para Mariano Saravia, siguiendo una carrera militar, como sí harían algunos de sus hijos y nietos desde la formación de las Guardias Nacionales en la década de 1860, ejerciendo comandancias y ocupando otros rangos de la plana mayor. En cambio, los hombres de la familia sí tuvieron actuación pública destacada ejerciendo por delegación de votación popular las jefaturas políticas, siendo elegidos para constituir las mesas electorales; más adelante aparecen integrando los consejos municipales también seleccionados por sufragio “popular”, y como comisarios designados directamente por los gobernadores. Desde la temprana fecha de 1839 hallamos a Mariano Saravia en el desempeño de las jefaturas políticas, sucediéndose él y sus hijos en estos cargos electivos o por delegación superior en la etapa analizada aquí (Fandos, 2023), y en 1913 todavía se encontraba a un Laureano Saravia, “viejo y achacoso, caminando con un bastón, como comisario departamental” (Madrazo, 1982, 174).

El matrimonio también podía promover el ascenso social. Laureano Saravia permaneció soltero y tuvo hijos “naturales”. Fue Moisés Saravia quien excedió el tejido social y de poder local al casarse con una mujer vinculada a la familia Gorriti de Salta y González de la ciudad de Jujuy (Deidama González era hija de Melitón González y Salomé Gorriti).

Es muy probable que el reconocido linaje de familia criolla/ blanca que se le atribuyó a esta familia hacia fines del siglo XIX haya sido la derivación de un proceso de movilidad social y blanqueamiento porque su origen, en realidad, fue mestizo.

Ciudadanía armada en la puna entre las décadas de 1860 y 1870. Vistas de la carrera pública de Laureano Saravia

La militarización fue un hecho fuertemente vivenciado en la región con la movilización de la fuerza puneña contra el movimiento de Felipe Varela desde mediados de la década de 1860 (Fandos, 2019). Los campesinos arrendatarios indígenas añadieron entonces el capital adquirido como Guardias Nacionales. A la vez, fue el contexto para que Laureano Saravia se haga notar en los asuntos públicos.

Por la reestructuración nacional de las fuerzas militares y la derogación de exención militar de la puna cambió la situación en la segunda mitad del siglo XIX. Urquiza introdujo un ejército de jurisdicción nacional, el Ejército de Línea (exclusivo de profesionales, oficiales de carrera y soldados pagos) y la Guardia Nacional formada por todos los ciudadanos. Esta última “imprimió un carácter nacional a una institución -la milicia- que hasta entonces había sido netamente local” (Macías y Sábato, 2013: 73). La organización del plantel militar en la provincia se ejecutó el 11 de junio de 1854. Pero los destacamentos de la puna se crearon en 1867 con cuatro batallones en cada uno de los departamentos.^[12]

La prueba de fuego para esa fuerza vino, precisamente, con la guerra a Felipe Varela, a fines de la década de 1860. El paso de la “Montonera” por Jujuy se sintió entre fines de 1868 y comienzos de 1869 obligando a una segunda movilización de la Guardia Nacional de la provincia. En esas campañas la puna jugó un rol destacado por los aportes de tropas y los auxilios tributados. Además, la experiencia sirvió para la emergencia de un liderazgo en construcción, como el de Laureano Saravia, quién actuó con el mayor rango militar, al recibir el nombramiento de Comandante de las Fuerzas Movilizadas del Norte (Fandos, 2019). Creemos que la constitución de las fuerzas armadas a través de la formación de la Guardia Nacional de la puna en la década de 1860 favoreció la insurgencia de una activa “ciudadanía armada” en los años subsiguientes.

Este concepto puede entenderse como “el ejercicio constitucional (derecho y deber) de la “violencia por parte de la población para para participar, gestionar y transformar el ámbito público” (Irurozqui, 2015, p. 62). Esas prácticas inherentes al modo de la política decimonónica fueron manifestaciones del acto soberano que ponía en ejercicio la soberanía popular; por ende, resulta lo contrario a interpretarlas como acciones golpistas, de desgobierno o inestabilidad (Irurozqui, 2016, p. 100).

La constitución de las Guardias Nacionales en la Argentina, tanto por los soportes ideológicos como por los normativos se formaron con esa idea de “ciudadanía armada”. Con la implementación de la ley electoral de 1863, que ordenó la condición del enrolamiento en la Guardia Nacional para habilitar el ejercicio del voto, se asoció directamente a la ciudadanía las virtudes patrióticas y de salvaguardia de la comunidad política (Macías, 2016). De esa manera, las milicias contaban con recursos importantes en la acción electoral, funcionaban como redes jerárquicas con capacidad de acción colectiva, propiciaban la emergencia de líderes políticos-militares y, protagonizaron y legitimaron su accionar “revolucionario” como deber cívico, frente al despotismo y la violación de la libertad (Sábato, 2008). Hay estudios que habiendo reconstruido los eventos bélicos evidencian la implicancia de las poblaciones indígenas andinas en tales procesos, mediante la puesta en práctica de una ciudadanía elemental (la del ‘ciudadano armado’) y la acción pública de estos sectores (Méndez, 2005; Irurozqui, 2006).

Desde la movilización de las Guardias Nacionales de la puna para repeler el ejército de Varela (1868- 1869) hasta el comienzo de la sublevación violenta por el problema de la tierra en 1874 Laureano Saravia fue asumiendo un rol cada vez más protagónico. Así, la centralización del mando de la guerra contra el ejército varelista provocó una satelización de las comandancias departamentales que quedaron subordinadas a Saravia, lo que le permitió trascender la jurisdicción del departamento de Santa Catalina, así como tener cercanía y adquirir conocimiento de todos los milicianos a quiénes él organizó, mandó y representó.^[13] El repaso de los nombres que figuran en las listas de las milicias movilizadas a consecuencia de la contienda con Varela en este territorio, así como la correspondencia con los jefes de cada comando, todos subalternos suyos, advierten sobre el tejido de vinculaciones que entonces logró Saravia, quienes serían los inmediatos actores de la movilización indígena de 1874- 1875.^[14] La congregación de este poder en su persona, por una parte, generó rivalidades con otras relegadas dirigencias locales y, por otra parte, le permitió conformar el plantel de la legión leal a su persona.

Desde el rol ejercido en la comandancia superior, además de ganarse ese capital social, Saravia tuvo responsabilidades directas en la armamentización de las fuerzas de la puna. La coyuntura creada por la presencia de Varela en la región habilitó la circulación de armamento de distinto tipo, el que se salió del control efectivo de las autoridades centrales y facilitó el tráfico de armas, muchas quedaron en manos de particulares y fueron empleadas por distintas facciones revolucionarias locales.

Además, Saravia tuvo incumbencia en el manejo de los fondos de la puna empleados en la contienda. La liquidación de esa cuenta fue auditada en 1870 por Plácido Sánchez de Bustamante, quien cuestionó abiertamente a Saravia por las improlijidades, desajustes y supuestas defraudaciones detectadas (Fandos, 2019).

Otro problema que surgió y que desnudó el trasfondo político del momento fue el de los honorarios de Saravia al mando de las fuerzas de la puna en 1869. La situación salió a la luz en un juicio con Soriano Alvarado (Goberndor de jujuy, 1868-1870).^[15] Cuando se arreglaron las cuentas de todo el año 69, Alvarado mandó revisar las liquidaciones iniciales hechas a Saravia con sueldos correspondientes a Teniente Coronel y ordenó que solo se le pagase como Sargento Mayor. Este hecho en sí es el que Saravia propagó públicamente en el juicio. Entre las pruebas aportada contra Alavarado consta la carta de Delfín Sánchez a Saravia. En principio la correspondencia se hizo para responder al pedido de Saravia a Sánchez del envío de un ejemplar del Código Civil de la Argentina.^[16] No debe pasarse por alto la urgencia y el interés de un actor político de la puna, como el que estudiamos, por munirse de semejante instrumento intitucional del país -el flamante Código Civil- que hacía apenas unos meses se había aprobado. Pero más allá de esto la epístola de Sanchez dice:

“si alguna otra cosa quiera usted encomendarme debe hacerlo con entera confianza y en la seguridad de que desempeñaré lo que me indique. He agradecido a Ud. el resultado de la elección en ese departamento y siempre tendré presente el servicio hecho y procuraré corresponder a él. Su conducta política en ese departamento le ha traido la desafección de Soriano, y esto se ha manifestado, como debe haberle dicho Goyo, por un acto muy injusto…26 de febrero de 1870”.^[17]

Queda claro que Saravia empoderado en su mando militar jugó en contra del candidato a diputado de Alvarado y que su baja en el rango militar para cobrar sus sueldos por la guerra a Varela se relaciona con esa toma de partido. También queda precisado cómo el entramdo político- electoral se valía de los recursos humanos al mando de las Guardias Nacionales de la puna. Y, por último, se visualiza qué tipo de favores podían intercambiarse en este tipo de relaciones personales.

La incertidumbre que generó el manejo de las armas, el de la administración de los fondos de financiamiento que recibieron por la guerra con Varela y del supuesto rédito personal que logró Saravia, le restaron consenso entre algunos dirigentes de la “alta política” provincial, como queda plasmado en el pleito con Soriano Alvarado. Entre los meses de mayo a noviembre de 1870 el gobierno de turno lo apartó de sus funciones como comisario de policía y comandante del Batallón 5 de Santa Catalina, cargos que desempeñaba desde 1868. Paralelamente fue intimado a presentarse en la ciudad de Jujuy para rendir cuentas de su gestión como recaudador fiscal.^[18]

Todo este proceso adverso en la carrera pública personal de Saravia corrió paralelo a una crisis política de envergadura en Jujuy. Al gobierno de Soriano Alvarado le sucedió Restituto Zenarruza en marzo de 1870. Por su fallecimiento asumió en el poder ejecutivo provincial en el mes julio Mariano Iriarte, quién fue destituido en el mes de noviembre por un movimiento revolucionario, conducido militarmente desde la Quebrada de Humahuaca. Ese lapso de la gobernación de Iriarte significó un impasse en el gobierno de los “conspicuos”, que se sucedían desde 1853 a través de una red de parientes nucleados en torno los Sánchez de Bustamante como familia núcleo (Paz, 2009). Menos conocido es que tal circunstancia obligó a la movilización de las fuerzas militares en la puna, alineadas con facciones en ambos bandos de la lucha, una a favor de Iriarte y otra de los conspicuos, provocando el libramiento de una batalla propia, con contenidos y propósitos independientes a la contienda electoral que se jugaba a nivel provincial.

En efecto, una de las filas de la fracción militar puneña comprometida con el bando del gobernador Iriarte fue la “montonera de Cochinoca”. A ella se enfrentaron las fuerzas de los departamentos de Yavi y Santa Catalina alineadas en el “Club Unión”,^[19] que respondía a los conspicuos. Ambas libraron batalla en Abra Pampa, el 2 de noviembre de 1870.

La nominada “Montonera de Cochinoca” además de sostener el poder de Iriarte en este territorio abrigaba un programa revolucionario que contenía promesas muy sensibles para el habitante común de la puna, como la finalización de las nuevas cargas impositivas que pesaban sobre sus espaldas, entre ellas la extracción de sal, y el repartimiento de las tierras en las que vivían y trabajaban en calidad de arrendamiento. ^[20] Eso coincidió durante el aventurado gobierno de Iriarte con el primer reclamo por las tierras de comunidad de los indios de Casabindo y Cochinoca del cual tenemos constancia hasta ahora. Efectivamente, corriendo el mes de septiembre, varios vecinos, en un número aproximado de 40 individuos, tomaron por la fuerza al administrador de las tierras de los Campero, Tomás Molina, y auto-convocados en la sede del cabildo de Casabindo exigieron la devolución de los arriendos cobrados y declararon que “las tierras no eran del Marques Fernando Campero, que eran de comunidad y que iban a nombrar un Cacique Gobernador arbitro”.^[21] La nominada “montonera de Cochinoca”, que acogió hasta unos 150 seguidores activos, claramente recogía proclamas de ese hecho.^[22]

Laureano Saravia, quien en poco tiempo se consagraría en el “caudillo” de la rebelión campesina de 1874-75 y que encauzaría similares aspiraciones, no figura en las listas de la milicia “montonera”. Por el contrario, tuvo directa participación en el bando opositor al gobierno de Iriarte lo que advierte, si observamos el curso de los acontecimientos posteriores, del carácter disoluble y eventual que podían adoptar las adhesiones y las afiliaciones políticas.

Recordemos que Saravia debió afrontar en el gobierno de Iriarte la cuestión del manejo de rentas fiscales de Santa Catalina y que tenía un encono particular con el ministro de gobierno Soriano Alvarado. Lo que explica su apoyo a los legendarios miembros del Club y los Conspicuos. Esta vez Saravia ocupó un rango subalterno (de sargento mayor) en la lucha contra la facción de Iriarte. Sin embargo, sus superiores inmediatos le encomendaron la desarticulación del movimiento de la montonera de la puna, por ser “un hombre muy impuesto de estos lugares y sus exigencias”. El juez de paz de Cochinoca, el comandante del Batallón 4 de Yavi, entre otros, no escatimaron en recomendaciones a los referentes de la facción provincial victoriosa para que Laureano Saravia sea el comisionado especial en el recojo de armas y de los cabecillas que siguieran “alterando el orden y la tranquilidad del vecindario de la puna”.^[23] Con ese padrinazgo Laureano Saravia recuperó la jefatura de la comisaría de Santa Catalina y, además, el gobernador Emilio Quintana, lo consagró como “Coronel de los cuatro departamentos de la Puna”.^[24]

Esta fue la fase final en la que Saravia trascendió las escalas locales del poder y conquistó la confianza de las más altas esferas gubernamentales de Jujuy. De esta manera se posicionó como el “Coronel” de la puna hasta la batalla de Quera, en 1875.

Los acontecimientos permitieron la instalación de Saravia como el principal caudillo territorial con un poder equiparable al del propio gobernador. Así lo expresaba un subordinado suyo, el comandante del Batallón de Santa Catalina, Víctor Farfán, cuando presentó su renuncia puesto que esa dualidad de mando, la de “don Laureano Saravia con el grado de Coronel de los Cuatro Departamentos de la Puna” y la del Gobernador de Jujuy, generaba confusión en la conducta que él y el resto de las Guardias Nacionales debían adoptar; siendo preciso un preacuerdo en el cual el gobernador se dirigiera enteramente a Saravia “y en tal caso tendré el agrado como segundo jefe de acatar a la vez las ordenes de mi Gobierno y las del Sr. Coronel.^[25]

Tras la crisis política- electoral de 1874 (que hemos desarrollado en la introducción), el triunfo de José María Álvarez Prado fue acompañado por un operativo de exoneraciones de las autoridades de la puna, incluidas las que detentaba Laureano Saravia. El territorio fue ocupado militarmente, fueron restituidas las autoridades depuestas con la sublevación indígena, los sujetos implicados en el levantamiento fueron perseguidos, capturados y trasladados, y los que lograron huir optaron por el exilio (Paz, 1995). En el pueblo de los Saravia, Santa Catalina, se posicionó un piquete que ocupó para cuartel las instalaciones del negocio y la propia casa de Laureano Saravia.

El regreso de Laureano Saravia y la conformación de un orden “pretoriano” en la puna, finales de la década de 1870 y los años 80’

En el año 1877 salió a luz el fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció que las tierras de Casabindo y Cochinoca se reconocían como propiedad fiscal. Ello coincidió con la política de conciliación de los partidos en la esfera nacional decretada por el presidente Avellaneda y una nueva intervención federal a la provincia de Jujuy con la misión de lograr la concordancia entre las facciones locales en disputa. Solo se consiguió una tregua momentánea en la lucha facciosa de los bandos en confrontación desde 1874 (Paz, 2006). Otra derivación de la nueva coyuntura fue el retorno y la presencia física, militar y política en la región de los hombres involucrados en la rebelión indígena, amparados en el decreto presidencial de una amnistía general.

Desde el comienzo de ese año se sospechaba y rumoreaba entre los vecinos un deliberado y tumultuoso regreso desde Salta del “caudillo” Laureano Saravia. Se hicieron averiguaciones de las “audiencias” secretas de los indígenas que viajaban a Salta para informarse del “estado favorable del asunto comunidad” y, así, trazar una agenda de lucha que contenía la consigna de no pagar los arriendos. También ocurrían congregaciones de indígenas en las que se daba a conocer información procedente de Lípez, Bolivia, sobre “derechos comunarios”,^[26] y se repartían periódicos traídos desde Salta. La casa de negocios del Moisés Saravia era el lugar apropiado para estos encuentros pues allí concurrían “muchos indígenas de la puna para comprar artículos de mercadería”.^[27]

Desde su salida forzosa de la puna en 1875 Laureano Saravia encontró asilo en la casa de su hermano Moisés Saravia quien, como dijimos, residía en Salta; fue él el que aportó una fianza carcelaria en el juicio federal por “rebelión” del cual el primero resultó absuelto en el año 1880.^[28]

El proceso de recomposición en el poder de los exiliados de Quera fue particularmente violento con las autoridades que habían estado comprometidas con el orden luego de vencida la sublevación indígena. Saravia se posicionó de hecho como “jefe de los cuatros departamentos de la puna”, mote que era vivado popularmente entre la “indiada”^[29] y que le fue oficialmente otorgado por el gobierno central a comienzo del 1878.

En este contexto se afirma una nueva fase de la militarización en la puna, cuyos contemporáneos bautizaron como “pretorianismo” y tuvo -como analizaremos- a Laureano Saravia como principal protagonista y jefe castrense hasta 1879.

El término “pretorianismo” aparece empleado en una misiva del comisario de policía del departamento de Cochinoca, en 1878, en el que dejaba testimonio del desequilibro de autoridad que había a causa de “el militarismo”, pues

a [sic] abrazado todo y se ha echo [sic] juez de apelación por cuanto de un momento para diez y sin intervención de la autoridad local se ve un grupo de gente examinado porque contestan que están notificados militarmente. Indagando el objeto es para absorber exclusivamente facultades judiciales y policiales, y como la ley reconoce al nacional en los casos necesarios, especialmente de Guardia civil de más o menos duración cuyo grado es un cargo temporal y honorífico sin atribución ni privilegios, y con esto no debemos olvidar las autoridades que el gran imperio romano decayó y perdió su privilegio social y moral bajo el excesivo poder del pretorianismo, pido se eleve al Sr. Gobernador para determinar las atribuciones conferidas y bajo qué responsabilidad se encuentran estos sujetos.^[30]

En la historiografía argentina el término, según el relevamiento hecho hasta ahora, solo aparece asociado a la historia militar del siglo XX. Para el siglo XIX Irurozqui (2015) lo vincula a una forma de actuación de la “ciudadanía armada”, en referencia a la militarización en Bolivia. Y propone una tipología –artificiosa- de su puesta en práctica: la pretoriana y la popular. Para el primer tipo de ciudadanía armada los oficiales del ejército actuaban como los depositarios de las garantías del pueblo al vulnerarse un orden originario y era común en el “ejército de línea”. Por su parte, la popular involucraba a los civiles, quienes ejerciendo la fuerza desde instituciones jerarquizadas (Guardias Nacionales, Guardias Cívicas, Sociedades Secretas, etc.) o desde una asociación espontánea e informal, apelaban al derecho de resistencia del pueblo frente al despotismo (sin mando marcial sino sujeto autoridades civiles).

En nuestro caso, por el relato que extractamos, el término “pretoriano” sí tuvo formalización verbal, no era artificioso y formaba parte del léxico político de la época. En su empleo se retomaba explícitamente el ejemplo histórico del Imperio Romano, afiliando el concepto a la más clásica idea de la abusiva injerencia del poder militar, concretamente de las Guardias Nacionales locales, sobre otras figuras del poder político y/o judicial. Según este registro del concepto, nos preguntamos en qué situaciones concretas pudo percibirse como una práctica semejante en la región. En ese sentido los casos testigos encontrados^[31] señalan la segmentación y el desequilibrio de poder de las distintas fuerzas locales, con supremacía de las comandancias de las Guardias Nacionales –sostenidas en sus tropas- y en perjuicio de los órganos de justicia. Esa intervención de los grupos armados llegó en algunas situaciones a destituir a las autoridades civiles locales.^[32]

En ese orden pretoriano Laureano Saravia congregó el dominio militar de la puna. Hemos registrado algunas acciones emprendidas desde el ejercicio de esa autoridad. Fue una pieza política clave para desplazar del poder a los resortes del régimen post- Quera instrumentado durante el gobierno de Álvarez Prado. Tenía el control de toda la fuerza militar de la puna, disponía y gestionaba el enrolamiento y el disciplinamiento de la Guardia Nacional, incidía en las inscripciones del Registro Cívico, ordenaba y ejecutaba su movilización, nominaba toda la plana de las comandancias y la oficialidad de cada batallón, vigilaba su accionar, y ante posibles sospechas de cualquier índole tenía la facultad de efectuar los relevos, programaba los turnos de prestación de servicios de las Guardias Nacionales en la guarnición del principal de la ciudad de Jujuy, intervenía con su fuerza en situaciones del “alteración del orden” y conflictos de cualquier naturaleza.

Saravia se posicionó desde el ejercicio de la comandancia de la Guardia Nacional de la puna a favor de los arrendatarios para resguardar -y aconsejar o amedrentar- la proliferación de denuncias sobre la dudosa propiedad de los patrones de las haciendas de la región, alegando origen comunal, y alentó la suspensión de los pagos de las rentas por arriendo (Paz, 1995).

Además, es importante situar las manifestaciones “pretorianas” de la puna en el marco de los nominados “años turbulentos” jujeños, entre 1875 a 1883, signados por los alzamientos armados en que se enfrascó la lucha facciosa por el control del gobierno (Paz, 2006). Uno de los momentos más álgidos transcurrió entre los meses de mayo y septiembre de 1879 durante los cuales las fuerzas militares de la puna quedaron enfrentadas y comprometidas con los bandos en disputa en la provincia. Cuando en la capital jujeña, “los conjurados”^[33] se propusieron desplazar del gobierno a Martín Torino^[34] consiguieron el apoyo de las Guardias Nacionales de Cochinoca, bajo la jefatura de los hermanos Eleodoro y Francisco Urzagasti. La potencia de esta facción sobrevivió a su primera derrota (en mayo de 1879) pues continuaron “seduciendo” a toda la Guardia Nacional a la desobediencia de las autoridades, anoticiaban el próximo estallido de un “movimiento con fuerza de línea mandada por el gobierno nacional”, para recudir “a cenizas el gobierno y todos los que les sostuvieran que no obedezcan ninguna citación”.^[35]

El rumoreo se hizo cierto con el levantamiento programado en la ciudad de Jujuy en el mes de septiembre de 1879 por el que se consiguió el derrocamiento definitivo de Martín Torino. Esta acción llevó meses de organización de los opositores políticos exiliados en Salta. Parte de la logística consistió en crear un semillero de milicianos adeptos en las tierras altas. Así, en la puna trascendió la figura de Doroteo Calisaya para esa misión, un hombre natural y residente de la región.

Durante los enfrentamientos de septiembre y octubre de 1879 la base de operación fue el departamento de Cochinoca, pero Calisaya en sociedad con el comandante José María Maidana, lograron adentrarse en Santa Catalina (bastión de los Saravia), tomar el territorio controlado por las fuerzas constituidas en defensa del gobierno de Torino, al mando de la no menos importante figura de Laureano Saravia, y también invadieron el pueblo de Yavi.^[36] Así, quedaron contrapuestos en esta lucha, ejerciendo sendos liderazgos, personajes que habían bregado conjuntamente en el levantamiento indígena de 1874- 1875. La batalla decisiva se libró en el punto de Tres Cruces a favor de las milicias comandadas por Calisaya y Maidana. Con la derrota de Laureano Saravia también se desmanteló el manejo centralizado de la Guardia Nacional.

Su participación en la defensa de Torino lo dejó desacreditado frente al grupo local y provincial que se posicionó en el gobierno en 1880, algunos de ellos anteriores socios políticos del mitrismo y de la causa indígena. Una vez más Saravia debió salir forzosamente de la región y su permanencia posterior en la puna fue previamente pactada por un acuerdo que le permitió volver a su casa, cuando el gobierno se aseguro que “no abrigará propósito subversivo alguno, después de los compromisos contraídos con amigos nuestros que le han favorecido en Salta”.^[37] Tal vez uno de los términos de ese pacto fue la neutralidad política o el apoyo a la facción del gobernador Sánchez de Bustamante (1880- 1882). De hecho, se negó a la solicitud del candidato a diputado nacional opositor de que “pusiese su influencia” ^[38] durante la campaña electoral de momento.

Pero más allá de plano personal, la experiencia pretoriana de fines de la década de 1870 debió ser neutralizada institucionalmente. El poder legislativo revisó la conveniencia de la centralización del mando militar de varios departamentos en un solo jefe por entender que era propicio al “despotismo de los gobernadores” y por fomentar “el caudillismo”. El Interventor Nacional consideró que sin el poder de Saravia no habría sucedido la intromisión de Salta y “no se habría visto tampoco la Puna despoblada y a su habitantes proscriptos por el temor que les infundieron las persecuciones arbitrarias del jefe que mandaba los cuatro departamentos de la Puna”.^[39] Así se ordenó el cese de ese mando y de todos los oficiales y jefes de las Guardias Nacionales para garantizar el libre sufragio en enero de 1880.^[40] La ley provincial del 30 de mayo de 1880 dispuso que la organización de la Guardia Nacional de la provincia corría con jefaturas departamentales, dependientes directamente del gobernador de la provincia, quedando expresamente prohibido nombrar jefes interdepartamentales. En la discusión de la ley se contrapusieron argumentos de fuerza porque si bien coincidieron en el peligro de un poder paralelo al del gobernador a través de esas comandancias, algunos diputados expusieron que también era necesario limitar el poder de gobernadores para impedir que a su “capricho” se removieran jefes y oficiales por el solo hecho de “no haberle respondido bien en una elección”.^[41]

Con el desenlace de los hechos de octubre salieron fortalecidos otros dos líderes, de naturaleza militar, que se activaron notoriamente en la década de 1880, en rivalidad con el dominio de los Saravia. Ellos fueron Doroteo Calisaya y José María Maidana quienes, a diferencia de Saravia, eran arrendatarios de las haciendas de la zona y de extracción étnica indígena. En el momento más álgido de la movilización de 1879 estos personajes con claro y simbólicos gestos de triunfo entraron “en la plaza de este pueblo”, Santa Catalina, haciéndose reconocer “en la plaza pública” y por la fuerza armada se proclamaron Calisaya como Coronel de los Cuatro Departamentos de la Puna y Maidana como ministro de guerra.^[42]

Actuaron en los siguientes años en la conducción de las Guardias Nacionales de Cochinoca (Calisaya) y de Yavi (Maidana), a la vez que desde esos roles accionaron episodios políticos que repercutieron en la puna. Efectivamente, el triunfo electoral del presidente Julio Argentino Roca en 1880 no acabó con los conflictos internos facciosos en Jujuy, pues no fue suficiente que en ese año asumiera la gobernación Plácido Sánchez de Bustamante para garantizar el dominio local del roquismo. Sin control del poder legislativo, éste dimitió en 1882, sucediéndole Pablo Blas, alineado a nivel nacional con el bando de Dardo Rocha. Esa dirección de la política motivó la negociación del presidente Roca con el principal referente político de Jujuy, Domingo Pérez, para sellar un pacto de gobernabilidad mediante el llamado “acuerdo Pérez- Eugenio Tello”. En consecuencia, en 1883 Tello fue elegido gobernador y Pérez nombrado ministro de Gobierno. La política “del acuerdo” (vigente hasta 1890) dejó atrás la inestabilidad presente desde mediados de la década de 1870 y afilió a la provincia a las líneas del oficialismo nacional (Paz, 2006). En ese trienio de 1880- 1883 Calisaya y Maidana movilizaron las Guardias Nacionales usando “las armas del estado” y custodiaron -una vez más- la votación de electores para consagrar al gobernador Tello. Los partes enviados entre marzo y abril de 1883 dan cuenta del control de armamento que tenían estos dos “sublevadores indígenas”, quienes propagaban públicamente en la quebrada de Humahuaca, la puna y en Valle Grande “que por la razón o por la fuerza habrían de triunfar en la elección o se levantarían contra las autoridades de la provincia”.^[43]

En ese concierto, desempeñándose a la cabeza de otra autoridad -la presidencia municipal de Santa Catalina- y quebrantado en su supremacía militar, Laureano Saravia notificaba que en la campaña de su departamento “hacen frecuentes reuniones con el objeto de amotinarse y asaltar el pueblo de Yavi”, no obstante “esta municipalidad informa que gozamos de absoluta paz”.^[44]

El liderazgo militar de Saravia pareció culminar a la par del desenlace político del trienio de 1880- 1883, con la consagración de nuevos sujetos. Respecto del problema de fondo sobre la propiedad de la tierra, es importante agregar que con Calisaya y Maidana, ligados en esa acción política de 1883 a favor de Tello y siendo los dos indígenas arrendatarios, emergieron con aspiraciones y proyectos diferentes. Al momento de desatarse el reclamo por las tierras de Casabindo y Cochinoca y declararse fiscales Calisaya pretendió derechos sobre una parte de esas tierras, por herencia de su esposa presentando un recurso en 1872. En 1880 se le concedió la propiedad particular de la fracción de Pampa de Moreta,^[45] siendo gobierno Sánchez de Bustamante, a quien Calisaya sostuvo militarmente en la lucha facciosa de finales de los 70’. Su querella encarada en carácter personal, sin embargo, no le permitió sostener la propiedad privada que le reconocieron en ese momento. El gobernador Tello le retiró ese amparo político en 1884 aludiendo falta de competencia del gobierno de la provincia para dar o quitar derechos de propiedad. Por eso el asunto se siguió en un largo y costoso juicio civil que finalizó en 1896 de modo desfavorable para Calisaya.^[46] En cambio, la política de ordenamiento de la propiedad privada que sostuvo Tello y que introdujo otra vía de solución sí patrocinó la conversión de Maidana en propietario en la puna. El conflicto en algunas haciendas fue resuelto con la intersección de la provincia para favorecer la compra a sus dueños de los arrendatarios de las tierras que habitaban y trabajaban. A ese proyecto se alineó Maidana liderando la gestión del traspaso de la hacienda de Yoscaba en copropiedad con los otros arrendatarios de la finca (Paz, 1995, Bovi y Teruel, 2010).

La coyuntura de los 80’ generó un desplazamiento de la naturaleza del liderazgo que había construido Saravia desde la década de 1860 conduciendo el poder militar de la puna, y también de los planteos de la lucha por la tierra de los campesinos indígenas. Respecto de Saravia, sin embargo, el devenir de los acontecimientos, no implicó un apartamiento de Laureano -y sus pariente directos- de la vida pública de la región, sino que se arraigó en el ejercicio de la autoridad municipal y de comisario de policía, con otros alcances y reglas en el juego político. Es un tema de análisis a futuro determinar las bases del copamiento de las autoridades civiles de Santa Catalina por parte de los Saravia a finales del siglo XIX, recurriendo a las prácticas electorales y evaluando los grados de coerción, fraude y/o real delegación del poder por ejercicio de la soberanía popular.

En este estudio procuramos retomar la figura de Laureano Saravia ampliando el foco temporal y analítico, que excediera a los años centrales del levantamiento indígena y considerando el funcionamiento de las instituciones y las prácticas políticas más allá de las consabidas del movimiento campesino centrado en la lucha por la tierra. Esa dimensión de estudio nos permitió advertir los desplazamientos en el espacio social y la posicionalidad del sujeto (que concebimos como múltiple y cambiante) en la construcción y reconstrucción de su liderazgo. Queda claro que fue un proceso dinámico que admitió comportamientos múltiples y cambiantes.

La revolución contra Iriarte y la reconstrucción de los hechos en la puna con la actuación de “la montonera de Cochinoca” del año 1870 pone en evidencia el ejercicio de una “ciudadanía en armas” a escala local así como los entretelones del ascenso previo al levantamiento indígenas de 1874-75 en el liderazgo de Saravia, asumiendo la máxima jefatura militar. Encumbrada en la lucha facciosa del ámbito provincial la montonera se transformó en un movimiento con fines propios, desprendiéndose del estrecho propósito de defender a un gobernador en su puesto. También hizo visibles en la puna a unos sujetos que no eran solamente campesinos explotados por el sistema de arrendamiento y las exigencias fiscales del estado, sino también ciudadanos que votaban. Siendo un distrito electoral de relevancia por su peso demográfico en la provincia había que valerse de líderes militares como agentes electorales para asegurar una elección. Así, Laureano Saravia envestido en jefe militar de la puna articuló los intereses electoralistas de una parte de élite dirigente de la provincia en ese ciclo.

Para la crisis política de finales de la década de 1870 pusimos en el escenario el accionar y los nombres propios de los “caudillos” encolumnados en las fracciones enfrentadas a nivel provincial. Su reconstrucción, además de rescatar al conocimiento procesos políticos a escala local de los años “turbulentos”, nos desveló los contenidos de un orden que a la percepción contemporánea se definió como “pretoriano”. La base institucional de ese ordenamiento fue la comandancia unificada de los cuatro departamentos de la puna en la persona de la Saravia.

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[3] Registro Oficial de Jujuy, 1885, T. I, Jujuy: Tipografía Libertad de José Petruzzelli, p. 100- 109. Establece: Todos los hombres libres nacidos en el territorio de la república, con dos años de residencia en la provincia, una edad mínima de 21 años y la práctica de alguna actividad que le asegure su sostén y la no sujeción a otras personas. Los padrones de población de la época contienen a muy pocas personas en la categoría de “dependiente” por la cual podían quedar eximidos del voto, la mayor parte tenía reconocida la ocupación de criadores, que eran propietarios de sus ganados y por cuyo concepto eran contribuyentes del fisco, pagaban diezmo, primero, y contribución mobiliaria, luego. Como dato seguro, de los análisis de elecciones de la puna se desprende que en promedio acudía a emitir el voto un 50% de los varones de 21 años o más registrados en listados de población de esa época (Fandos, 2023).

[6] Archivo Histórico de la Provincia de Salta (AHPS). Protocolos notariales. Escribanía Federico Lavin, N° 60, año 1893, contrato Moisés Saravia y Laureano Saravia, fs. 425 a 426.

[7] La magnitud y variedad de los artículos de consumo así como de los clientes vinculados a este almacén de ramos generales puede advertirse en AHTJ. Orden 1, Exte. 236, Declaración de quiebra de Meliatón González contra Laureano, Mariano y Santiago Saravia, año 1893

[8] AHTJ. Expte. 13, Saravia Hnos. y Sociedad Minera Aida, año 1893. AHTJ. Expte. 107, Querella Criminal, entablada por José María Maidana a Laureano Saravia, año 1890.

[9] Madrazo considera que la principal motivación de Saravia para combatir del lado indígena en la década de 1870 eran su expectativa personal de ser él también propietario de las tierras indígenas. (1982, 173).

[15] Era miembro del poderoso clan de Sánchez de Bustamante pero resultó proscripto del Club de los Conspicuos por desafiar los designios familiares en las elecciones de diputados nacionales de 1870 e integró el ministerio del único gobernador de ese ciclo ajeno al clan familiar, el de Mariano Iriarte (Paz, 2006, p. 155).

[19] AHJ. Caja Documento, año 1870, el Juez de paz de Cochinoca, Cochinoca, 11 de noviembre de 1870; el Comisionado del Club, Santa Catalina, 14 de noviembre de 1870

[26] Entre las décadas de 1860 y 1870 la legislación y política boliviana avanzó en los procesos de descomposición de la propiedad comunal. Los decretos de 1866 señalaban que las tierras de comunidad se declaran propiedad del Estado. Esa política agraria encendió una ola de revueltas indígenas (Langer, 1988).

[31]AHJ. Caja Documento, año 1878, Cochinoca, 8 de agosto de 1878. Año 1878, Rinconada, 24 de agosto de 1878. Año 1877, Rinconada, 9 de abril de 1877. Año 1879, Cochinoca, 9 de enero de 1879. Año 1879, Rinconada, 19 de febrero de 1879.

[34] El gobierno de Martín Torino se alineaba a la provincia de Salta y se pronunciaba a favor de la constitución de una coalición de gobernadores con vista a las elecciones nacionales para proclamar la presidencia de Julio Argentino Roca (Paz, 2006, p. 167).

[35] La circulación de esa información se produjo a consecuencia de la falta de concurrencia a la citación para reconocer el nombramiento de un nuevo comandante. AHJ. Caja Documento, año 1879, Santa Catalina, 29 de julio de 1879.

Nombre de los hijos	Año y lugar de nacimiento	Año y lugar de fallecimiento	Cónyuge	Hijos	Observación
María Encarnación Saravia	1823		Francisco Wayar		Mestiza
Dámaso Saravia	1825
Nicolás Saravia	1827 Bolivia	1907 Salta	Josefa Nogal	Mariano Angel
Máximo Saravia	1833 Santa Catalina		Carmen Sueldo	María Primitiva, Sacarías, Julián, Santiago, Ceferino	Padres "residentes del pueblo"
Moises Saravia	1837 Santa Catalina	1907 Salta	Deidama González		"de color blanco" "ricos"
Laureano Saravia	1841 Santa Catalina	1918 Santa Catalina	Paula Garzón*	Mariano V Saravia, María Carolina Saravia	muere "soltero", hijos naturales, padres "cholos"