El “sistema Iturbe” y la formación de la provincia de Jujuy: vínculos locales y relaciones interprovinciales (1835-1852)

The “sistema Iturbe” and the formation of the province of Jujuy: local links and interprovincial relations (1835-1852)

El artículo utiliza la noción de sistema político para explicar el liderazgo ejercido por Mariano Iturbe en la provincia de Jujuy entre 1835 y 1852. El personaje es relevante dado que ejerció la gobernación entre 1838-1840, 1841-1849 y 1850-1852. Se reconstruye la malla de vínculos por los que accedió y permaneció en el poder, así como las formas que empleó para resolver instancias conflictivas en un contexto signado por la faccionalidad. Optamos por examinar algunas artistas del “sistema Iturbe” como sus relaciones con la dirigencia local, los lazos tejidos con ciertas autoridades del interior provincial y las conexiones con líderes interprovinciales, incluido el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas a cargo de las relaciones exteriores confederales. El argumento que sostenemos es que el “sistema Iturbe” permitió posicionar a Jujuy en la Confederación rosista y garantizar la gobernabilidad provincial por la forma que se gestionó la disidencia política.

Palabras clave: “sistema Iturbe”; formación provincial; Jujuy; Confederación rosista.

The article uses the notion of political system to explain the leadership exercised by Mariano Iturbe in the province of Jujuy between 1835 and 1852. The character is relevant given that he served as governor between 1838-1840, 1841-1849 and 1850-1852. The network of links through which he accessed and remained in power is reconstructed, as well as the ways he used to resolve conflictive instances in a context marked by factionality. We chose to examine some artists of the “sistema Iturbe” such as their relationships with the local leadership, the ties woven with certain authorities of the provincial interior and connections with interprovincial leaders, including the governor of Buenos Aires Juan Manuel de Rosas in charge of confederal foreign relations. The argument we maintain is that the “sistema Iturbe” allowed Jujuy to be positioned in the Rosas Confederation and guarantee provincial governability due to the way in which political dissidence was managed.

Keywords: “sistema Iturbe”; provincial formation; Jujuy; Confederación rosista.

Los estudios sobre el siglo XIX pusieron en agenda preguntas centrales referidas al funcionamiento de los regímenes políticos. Por ejemplo, varias aristas que moldearon la construcción del orden republicano decimonónico han sido abordadas para las provincias emergentes luego de 1820: las formas de gestionar el poder, de acceder y permanecer en el gobierno, el tipo de liderazgo ejercido y la cadena de mediadores entre las dirigencias y la comunidad política sobre la que se ejercía el poder, las modalidades de actuación de amplios y diversos sectores de la sociedad y las reivindicaciones de sus propios proyectos políticos, las relaciones entre legalidad y legitimidad y el ejercicio de la representación política.^[1]

En este marco analítico y problemático, el interés de este texto es comprender cómo funcionaba el orden político en Jujuy entre 1835 y 1852. En noviembre de 1834, la jurisdicción de Jujuy se separó de Salta y se instituyó como provincia autónoma. A partir de entonces integró la laxa Confederación Argentina liderada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de Juan Manuel de Rosas. La provincia de Jujuy estaba dividida en departamentos que, a su vez, reagrupados, coincidían con regiones definidas desde el punto de vista geográfico y político. Los departamentos de Yavi, Cochinoca, Santa Catalina y Rinconada conformaban la Puna, los de Tumbaya y Humahuaca la Quebrada homónima, el departamento de Río Negro integraba los Valles Orientales y los departamentos Capital y Perico los Valles Centrales. En las dos primeras regiones se concentraba una abrumadora mayoría de población indígena.

Para observar los comportamientos políticos en el proceso de formación provincial de Jujuy y definir el perfil que esta tuvo en el espacio confederal, ubicamos la lupa en la trayectoria política de José Mariano Iturbe (1795-1852), actor gravitante de esa historia. Como han mostrado diferentes investigaciones, el análisis enfocado en un individuo que ocupó lugares de poder permite reconstruir la trama relacional en el que estaba inmerso y explicar así el funcionamiento político.^[2]

El personaje que proponemos indagar aquí es relevante a los fines analíticos por varios motivos. Integró las filas del Ejército del Norte donde inició conexiones con otros militares que perduraron y se afianzaron con el tiempo. En la década de 1820 participó de la política local integrando el Cabildo de la ciudad. Intervino en los entretelones de la autonomía de Jujuy en 1834 y durante años trabajó en las oficinas de gobierno. En 1838, contaba con diferentes saberes y contactos que lo catapultaron al ejecutivo provincial hasta 1840. Optó por retirarse de la Coalición del Norte (1840-1841) que, como sabemos, fue un bloque de provincias antirosistas que intentaron, sin lograrlo, desplazar de la escena rioplatense al gobernador de Buenos Aires. A fines de 1841, retornó a la primera magistratura y la conservó hasta 1849. La conflictividad política provocada por el Pronunciamiento del gobernador de Entre Ríos Justo José de Urquiza el 1 de mayo de 1851 y el accionar del grupo unitario local que logró controlar los hilos del poder en Jujuy, lo volvió a poner en el centro de la escena en septiembre de 1851, manteniéndose en el gobierno hasta marzo de 1852, momento en el que llegaba a Jujuy la noticia oficial de la caída de Rosas.

Para el mencionado abordaje entendemos que es útil la noción conceptual de sistema político aplicada a las prácticas y a la forma de ejercer el poder por parte de Mariano Iturbe entre 1835 y 1852.^[3] Esta categoría analítica fue utilizada por Raúl Fradkin y Jorge Gelman (2015) para explicar el “sistema Rosas” y su dinámica histórica, examinando los diferentes momentos en la construcción del liderazgo político de Juan Manuel de Rosas tanto en la provincia de Buenos Aires como su proyección en la Confederación Argentina. Los autores enfatizan en las relaciones interpersonales, afirmando que en ese esquema la “autoridad estaba muy centralizada en sus manos, pero era ejercida a través de una constelación de sujetos que cumplían funciones clave y eran imprescindibles” (316) y con diferentes grados de cercanía a Rosas, muchas veces mediada por intermediarios. Entre los diferentes aspectos estudiados, se sostiene que la particularidad del “sistema Rosas” fue la construcción o reconstrucción de un orden social y político. Ello pudo significar, según los momentos, disciplinar a los sectores populares incluyendo la represión más dura o apoyarse en esos grupos para someter y controlar a las elites (402). Por otro lado, Gabriela Tío Vallejo (2023) utiliza la categoría para explicar el “sistema Gutiérrez” en referencia al gobierno de Celedonio Gutiérrez en Tucumán entre 1842 y 1853, recomponiendo el entramado de relaciones a partir de la administrativización militar, la gobernanza doméstica y la faccionalización interna unida al federalismo rosista.

En esta oportunidad, consideramos que el uso de la noción de sistema es útil para comprender la modalidad que empleó el líder político de Jujuy, Mariano Iturbe, para gobernar su provincia. Como los casos citados antes, su sistema consistió en una amplia red de relaciones en diferentes niveles y escalas. Fueron centrales las conexiones con dirigentes de otras provincias como Salta y Santiago del Estero. Los vínculos trabados con las autoridades locales que controlaban los hilos de poder en cada departamento también resultaron medulares para el orden político. Algunas de esas articulaciones se sostenían en el pago de sueldos o proporciones de impuestos, favoritismo en la concesión de tierras del estado y privilegios en los remates de diezmos.

Quizás, la especificidad que caracterizó el “sistema Iturbe” fue la forma que el personaje analizado tuvo de gestionar el conflicto y de resolver la disidencia política.^[4] Estas acciones iban desde tomar distancia de las tramas del poder en momentos de disputas exacerbadas –ya fuera por decisión personal o por la pérdida de consenso–, como en 1840 y 1849, hasta permitir la participación de unitarios en el gobierno^[5] o encaminar acciones tendientes a evitar la violencia política indultando a hombres que habían intentado derribarlo del poder, como en 1847 y 1848.

Es complejo abordar todas las aristas del “sistema Iturbe” por lo que optamos por trabajar con algunas de ellas. Primero, definimos el perfil social y político del personaje para visualizar los capitales con los que contaba.^[6] Luego, nos concentramos en la coyuntura de 1838 que generó las condiciones que lo llevaron a la gobernación, cómo despejó otras facciones dentro del federalismo local y la forma que se empleó para disipar la disidencia o resolver el conflicto político en una época marcada por la faccionalidad. Estas formas fueron negociadas con dirigentes extraprovinciales. Por ello, nos detenemos en analizar las conexiones que Mariano Iturbe entabló con otros actores en el marco de la Confederación, incluido Juan Manuel de Rosas. Posteriormente, analizamos la relación que Iturbe tuvo con la Sala de Representantes dado que fue la institución que elegía al gobernador. Finalmente, mostramos los vínculos hilvanados entre el personaje y algunas autoridades locales (jefes políticos departamentales y comandantes militares) y los mecanismos que aceraban las solidaridades políticas.

Desde el punto de vista metodológico, consideramos la perspectiva constructivista y configuracional para observar la temporalidad en los vínculos y la articulación entre la acción del sujeto y el contexto en el que se encontraba inserto (Barriera, 2002). Realizamos la prospección de variada documentación siguiendo los nombres de los actores de la malla vincular en la que se movió Mariano Iturbe, para interpretar su actuación y los motivos de ésta (Ginzburg y Poni, 2004).

Mariano Iturbe, nacido en la ciudad de Jujuy en 1795, fue la segunda generación de descendientes de inmigrantes vascos llegados a tierras jujeñas a mediados del siglo XVIII. Como era común, el recién llegado Juan de Iturbe contrajo nupcias con Juana Olaso Liendo Argañaraz, integrante de la elite local, descendiente de los fundadores de la ciudad.^[7] Dos de los hijos del matrimonio, Miguel y Manuel Iturbe (éste último padre de Mariano) poseían la finca “San Miguel del Rastro” en la jurisdicción de Santa Bárbara (Valles Orientales de Jujuy) adquirida en 1779 (Sánchez de Bustamante, 1957: 20-21). Se puede afirmar que lograron integrarse a la red de relaciones de poder de Jujuy.

Mariano Iturbe contrajo matrimonio con Teresa de la Corte y sumó a sus contactos, capital relacional. La mujer era hija de Diego de la Corte, un funcionario local de renombre que llevó a cabo el censo ordenado por Carlos III y hermana de Bartolomé de la Corte, militar de notoria actuación en las guerras por la Independencia y político que apoyó el partido de Martín Miguel de Güemes en Jujuy siendo designado teniente gobernador en 1819 (Sánchez de Bustamante, 1957, 141). Iturbe, con el matrimonio de sus hijos, añadió importantes vinculaciones que resultaron claves para su gestión al frente de la provincia ya que le permitió reforzar conexiones con dirigentes de visible experticia en la política local como Juan Manuel Arizmendi y Pedro Castañeda.^[8]

Es probable que Mariano Iturbe delegara en parientes o allegados sus actividades económicas para concentrarse exclusivamente a los asuntos políticos. Aunque, por las evidencias que tenemos, no alcanzó la cúspide del poder económico. En 1852, cuando fue desplazado del poder, le confiscaron la estancia “La Cuesta”, ubicada a las afueras de la ciudad de San Salvador. Probablemente, en 1855, en el registro de propiedades levantado, esa estancia aparecía a nombre de las “Sra. Iturbe” y se encontraba valuada en 250 pesos.^[9] El registro mencionaba el valor, no la extensión. No obstante, por el precio, siguiendo a Gustavo Paz (2003), sus propietarios se ubicarían en una franja muy lejana a los grandes poseedores calificados a partir de los 3000 pesos.^[10]

De acuerdo a la información disponible, los Iturbe se dedicaron a la cría y comercialización de ganado. En el bienio 1841 / 1842, José Manuel Iturbe, hijo de Mariano, exportaba a la Puna 213 cabezas de ganado vacuno, posiblemente con destino a Bolivia (Conti, 2007: 416). Entre 1850 y 1851, Mariano Iturbe era fiador del quebradeño Melchor Muñoz quien exportaba 100 cabezas también comercializadas en el país vecino (Conti, 2007, 421). En 1849, Iturbe era acusado por sus oponentes de intervenir en el comercio de cueros vacunos a Buenos Aires^[11].

Los bienes materiales de Iturbe parecen haber sido bastante modestos si se los compara con otros líderes federales como Facundo Quiroga o Estanislao López (Goldman y Tedeschi, 2005). Y, muy ínfimos en relación al emporio económico de Juan Manuel de Rosas (Gelman, 2005). Ahora bien, su carrera militar y política fue un atributo más relevante que su patrimonio económico para llegar al gobierno.

Tulio Halperin Donghi (2002) [1972] señaló la concatenación entre militarización revolucionaria y carrera política en la formación de las provincias. Como es ampliado en un trabajo reciente, la experiencia militar en el ejército revolucionario fue central como espacio de sociabilidad y encuentro (Morea, 2020). Iturbe participó de las guerras por la Independencia, enrolándose en el Ejército Auxiliar del Perú. En el marco de esta vivencia, conoció a Felipe Ibarra y forjaron una relación duradera en el tiempo. En 1838, Ibarra –a la sazón gobernador de Santiago del Estero– presentaba a Iturbe a toda la Confederación señalando un capital simbólico nodal: el haber sido “guerrero de la independencia”. En la misma correspondencia, el santiagueño señalaba la amistad construida desde aquel momento^[12]. Posteriormente, durante la década de 1850, en la foja de servicios presentada para que su viuda cobrase una pensión del gobierno nacional se consignaba que comandó el Batallón “Defensores de las Leyes” durante la guerra con la Confederación Perú-Boliviana (1837-1839).^[13]

Desconocemos la formación académica de Iturbe. Por los cargos públicos que desempeñó no caben dudas que fue un letrado. En 1819, fue elegido por el Cabildo alcalde de barrio de la ciudad de Jujuy y regidor Fiel Ejecutor. Además, participó de los cabildos abiertos que se sucedieron para discutir la aceptación de la Constitución de 1819 (Sánchez Iturbe, 1995). Luego, estuvo al frente de las oficinas de gobierno de Jujuy como muestran los registros para los primeros años de la década de 1830.^[14]

Así, su base de poder estuvo dada por las relaciones entabladas con el mundo dirigencial de la ciudad. Difícilmente podamos catalogar su liderazgo político aludiendo a “caudillo” en los términos analíticos del concepto. Es decir, en el sentido de que haya ejercido un liderazgo sostenido en el ámbito rural a través de variadas negociaciones con sectores sociales más amplios generando formas de lealtad y dominación (Fradkin y Gelman, 2015).

A lo largo de los años fue construyendo una carrera política y de gestión apoyada en experticias y saberes gubernamentales. A diferencia de otros gobernadores como los de Salta que se ausentaban seguido en el ejercicio del gobierno delegando el mando, el personaje aquí analizado asistía religiosamente a las oficinas de gobierno. Volviendo a los años que ocupó la gobernación cobró sistemáticamente su sueldo de 1500 pesos anuales que en más de una ocasión se lo mensualizó como en los años finales de su gobierno.^[15]

Mariano Iturbe accedió por primera vez al poder ejecutivo local en noviembre de 1838, elegido interinamente por una Asamblea Popular que antes había desplazado al gobernador federal Pablo Alemán^[16]. Los integrantes de ese espacio asambleario manifestaban con rigor que la provincia de Jujuy iba a continuar delegando las relaciones exteriores en el gobierno de Buenos Aires y que la conducta política externa iba a proseguir en la línea del rosismo.^[17]

La coyuntura estuvo atravesada por múltiples tensiones. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1837-1839) provocó la sangría del erario público y parte de los bienes de los sectores más pudientes, además de la militarización de contingentes locales para hacer frente tanto a los avances como a la retaguardia de la contienda. Para palear la aguda crisis económica, la dirigencia provincial proyectó y ejecutó modificaciones al régimen impositivo de la provincia que serán analizadas más adelante. Iturbe acordó y acompañó estas medidas nucleando en su persona a los descontentos de la guerra con Bolivia, entre los que se contaban notorios dirigentes del unitarismo.^[18]

De esta forma, con el apoyo del grupo unitario y dirigentes extraprovinciales como el gobernador de Santiago del Estero Felipe Ibarra, Mariano Iturbe pudo llegar al gobierno provincial. Esta armadura política le permitió despejar oposiciones hacía dentro del federalismo provincial, como la fracción liderada por el ahora ex gobernador Pablo Alemán que, para evitar un juicio de residencia encaminado por Mariano Iturbe, escapó de la provincia (Medina, 2024 a). A diferencia de Mariano Iturbe, Pablo Alemán era abiertamente rosista y había llegado a tener el apoyo de algunos jefes militares del interior provincial que no alcanzó para sostenerlo en el gobierno. Por otro lado, Alemán tuvo que afrontar el enorme descontento que había generado la contienda con Bolivia, fastidio social que Iturbe aprovechó.

Durante el año 1839 las dirigencias del norte idearon agruparse en un movimiento contestatario al rosismo que cristalizó en 1840 y se denominó Coalición del Norte. Si bien, Iturbe intervino en las negociaciones impuso condiciones al gobierno de Salta que no le fueron aceptadas y terminó retirándose^[19]. Puertas adentro de la provincia, según señala un testimonio, habría tolerado la revolución diciendo, un día antes que se llevase a cabo la reunión de fuerzas en Jujuy para adherir a la Coalición, estas palabras: “Yo, no pienso tomar medida ninguna, porque dirán que lo hago por interés del bastón, que hagan lo que quieran, le acabo de decir [al secretario] que disponga mi renuncia para mañana”^[20]. En esta decisión reside un punto de comprensión del “sistema de Iturbe”: se retiró del escenario de conflicto. La opción de alejarse le permitió retornar al poder ejecutivo provincial luego de vencido el movimiento antirrosista a fines de 1841.

A diferencia de su primera gestión (1838-1840), en su nuevo período de gobierno, Iturbe se alineó con más claridad al federalismo rosista^[21]. Sin dudas el contexto había cambiado y eso obligaba a modificar los comportamientos políticos también. Rosas había reafirmado su liderazgo en la Confederación. Primero al haber vencido los intentos de desestabilización en la provincia de Buenos Aires y con ello –siguiendo a Jorge Gelman (2009)– haber puesto a prueba la capacidad del Estado de Buenos Aires de ejercer la violencia legítima y de reestablecer el orden social cuestionado^[22]. Designó al frente del Ejercito Unido al oriental Manuel Oribe para enfrentar a los opositores que se habían reunido en la Coalición del Norte (1840-1841).

De esta forma, ubicado en Tucumán en la segunda mitad de 1841, Oribe tuvo como propósito principal sofocar toda disidencia opositora a Rosas y reposicionar el orden federal en las provincias del norte. Como parte de las imposiciones de Oribe, Iturbe se vio forzado a clasificar a los unitarios con la finalidad de confiscarles bienes, dado que habían sido los responsables de la “desolación y ruina” de los pueblos según argumentaba en el decreto^[23]. Idéntica situación se produjo en otras provincias como Salta, Tucumán y Buenos Aires.

Las confiscaciones en el caso de Jujuy sólo recayeron en los principales agentes que integraron la Coalición del Norte. La conducta represiva de Iturbe fue bastante moderada con los unitarios. Se trató, como sostiene Mario Etchechurry (2022) de una “violencia negociada” por los hombres que por entonces tomaron las riendas de los gobiernos. Prueba de esta afirmación es el testimonio del comandante Jacinto Andrada a Manuel Oribe, señalando que “este Gobernador [Iturbe] es muy tolerante con los salvajes, pues me ha dicho que no hay ningún salvaje en esta que todos son federales pero el caso es Exmo. Señor que se tapan unos a los otros y el señor Gobernador nada pone de su parte”^[24]. Pese a ello, Oribe permitió que Iturbe autorizase la “indulgencia” a quien considerase que la merecía y le permitiera el ingreso a la provincia. Para el gobernador de Jujuy había hombres emigrados que eran unitarios de “opinión y no de acción” y que, en su criterio, no comprometerían la marcha del gobierno^[25].

Cuando la disidencia podía alterar el orden federal, activaba fuerzas para evitarlo. Ejemplo de lo que decimos es la acción mancomunada con el gobierno salteño por los intentos de retornar al poder de los asilados en Bolivia en 1842 y 1845. La conexión entablada con el gobierno salteño estuvo alimentada por la intermediación de Felipe Ibarra. Éste era cuñado de los hermanos Manuel Antonio y José Manuel Saravia (hombres que ocuparon el poder ejecutivo de Salta, indistintamente, en la década de 1840).^[26] La siguiente carta de Felipe Ibarra a Mariano Iturbe fundamenta lo que decimos:

“Cuenta con la cooperación de Manuel Antonio [Saravia] desde Salta, no desconfíes absolutamente: es con quien debes contar, aterra con un golpe vigoroso a tus enemigos […]. Saravia me escribe y yo te respondo que puedes contar con sus auxilios en caso necesario, tu causa es la suya y la mía”.^[27]

La evidencia alude a un marco de conexión regional clave que redundó en beneficio del “sistema Iturbe”.

Mariano Iturbe habilitó a varios unitarios lugares en la gestión de gobierno. Tal vez, este aspecto marque una diferencia con otras provincias. Por ejemplo, durante su gobierno en Tucumán, Celedonio Gutiérrez, tuvo actitudes de tolerancia permitiendo el regreso de emigrados unitarios, gesto que Juan Bautista Alberdi aplaudió desde el exilio, pero fue precavido en no incluirlos en el gobierno (Tío Vallejo, 2011). Algo similar sucedió con Nazario Benavidez, en la década de 1840, en San Juan. Aunque, en un contexto de conflictividad, “el caudillo manso” –como se lo denominaba– mandó ejecutar a dos líderes unitarios en su campaña a La Rioja en 1842 (Méndez Berozzi, 2023).

Iturbe, también integró a unitarios en el gobierno de Jujuy. Por ejemplo, Mariano Santibáñez retornó luego de su participación en la Coalición del Norte, fue elegido diputado en 1843 y 1845. En este último año fue designado comandante general de armas de la provincia para hacer frente a los asilados de Bolivia que buscaban retornar al poder. Por la Sala de Representantes también pasaron hombres afines al unitarismo como Manuel Padilla y Gabino Pérez (1846-1847). La actitud de tolerancia llevada a cabo por Iturbe fue remarcada por varias personas. Por ejemplo, Felipe Ibarra le advertía al gobernador jujeño sobre la “extremada confianza y descuido” que tenía con algunos personajes.^[28] En 1847, el ministro de gobierno de Jujuy Benedicto Ruzo, en correspondencia a Felipe Arana, señalaba otro tanto, diciendo que los “salvajes” pretendían que la benevolencia del gobernador Iturbe se podía replicar en ceder el poder ejecutivo.^[29]

A lo largo de la década de 1840, puertas adentro de la provincia de Jujuy, Iturbe disculpó a quienes intentaron derribarlo del poder. En 1847, el agraciado por el favor del gobernador fue José Antonio del Portal, quien había pretendido alternar el orden legal. Según se desprende del sumario y de la reconstrucción que realizamos, la familia Portal tendría enconos con el poder ejecutivo ya que no habría apoyado a sus integrantes en el litigio por el deslinde de la hacienda de Ledesma.^[30] En 1848, en el marco de luchas estrictamente facciosas y después de quebrar su acercamiento con el gobernador, Mariano Santibáñez, notorio dirigente unitario local que aspiraba a la gobernación de la provincia fue denunciado por querer quitarle la vida al gobernador Mariano Iturbe en el carnaval de ese año. Luego de varias indecisiones, que incluyeron comunicaciones con Manuel Saravia y Felipe Ibarra, resolvió deportarlo a Salta.^[31]

En 1849, el “sistema de Iturbe” presentaba fisuras y era duramente criticado. Las interpelaciones iban desde interferencias en las elecciones de representantes, manipulaciones en la Legislatura, injerencias en la administración de “justicia”, negocios fraudulentos en los remates de diezmos e impuestos, entre otros.^[32] Más allá, de que fueron argumentos que fundamentaban su reemplazo en el poder, la confrontación con otras fuentes nos advierte de la complejidad de las tramas políticas, algunas de las cuales las veremos en las páginas que siguen. Ahora bien, es evidente que Iturbe no alcanzaba el consenso necesario para una nueva elección. Por eso, optó por apoyar la candidatura del comerciante Pedro Castañeda, su más preciado aliado. Esta decisión muestra una característica de su “sistema”, en tanto se retiraba del foco de conflicto. Luego, de negociaciones que incluyeron la participación armada del elenco político de Salta, Castañeda pudo asumir su cargo y terminar su mandato en 1851.

Durante 1849 y 1851, la política de Jujuy fue controlada por el grupo unitario local. A principios de 1851, era elegido gobernador José López Villar. El Pronunciamiento del gobernador de Entre Ríos Justo José de Urquiza desencadenó una profunda conflictividad. Ante las interpelaciones del elenco político de Salta de expulsar a los unitarios de la provincia y la inacción de López Villar, en septiembre de aquel año, fuerzas salteñas se dirigieron a tierras de Jujuy a reestablecer el orden federal. En las escaramuzas, fue capturado y fusilado el líder unitario local: Mariano Santibáñez.^[33] El gobernador de Salta José Manuel Saravia, en comunicación con Mariano Iturbe, manifestaba:

Es V. la única autoridad federal que reconoce el infrascripto en esta Provincia, después de haber sido declarado por el ex Gobernador D. José López Villar faccioso, anárquico y turbulento el cuerpo representativo porque los más de los miembros de este son salvajes unitarios que cuartaban la acción del Gobierno y aglomeraban elementos de revolución para pronunciarse en favor del loco traidor Salvaje unitario Urquiza y desnudar al Ilustre Brigadier General D. Juan Manuel de Rosas de la suprema autoridad que todos los Pueblos de la República le han acordado libre y espontáneamente.^[34]

Como se puede observar, en 1851, Mariano Iturbe pudo capitalizar los resultados de su “sistema”. Por un lado, el contundente apoyo del gobierno de Salta para su retorno al poder. Por otro, logró representar la identidad federal en la provincia de Jujuy, reforzando su conexión con el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, en un contexto extremadamente faccionalizado por el Pronunciamiento de Urquiza.

Los estudios que indagan los espacios legislativos decimonónicos muestran que éstos tuvieron dos momentos en su devenir, períodos deliberativos y períodos de autorización. En los primeros, la Sala de Representantes era más o menos autónoma en el ejercicio de los poderes republicanos, generalmente prevalecía el debate e intercambios de ideas y las leyes que se sancionaban eran febrilmente discutidas. En tanto, en los segundos la Sala convalidaba sin mayores inconvenientes y de forma condescendiente el accionar del poder ejecutivo (Ternavasio, 2005). La Sala de Representantes en tiempos de Mariano Iturbe alternó ambas formas.

En 1839, pese a resultar electo interinamente por una Asamblea Popular que reunía a los hombres descontentos con la guerra contra Bolivia, la elección legal en la Sala presentó tropiezos. En las sesiones de principio de ese año, dos diputados elevaron un proyecto de ley para que la cámara suspendiera su trabajo ya que, según afirmaban, la Asamblea Popular de 1838 se había atribuido la soberanía y por lo cual era necesaria una nueva elección de diputados para que el Pueblo la vuelva a depositar en sus representantes (Medina, 2021).

Si bien el proyecto se desestimó, las negociaciones entre Iturbe y sus aliados deben haber sido arduas. El 5 de febrero de 1839, la Sala terminó designado por unanimidad a Mariano Iturbe gobernador propietario. Tal vez, este apoyo se explique por el acuerdo que Iturbe propició a la sanción de leyes centrales desde el punto de vista fiscal y social que afectaron a las dos regiones más importantes de la provincia: la ley sobre enfiteusis y arriendos de tierras en la Quebrada de Humahuaca sancionada el 9 de marzo de 1839^[35] y la ley de contribución directa que involucraba a los habitantes de la región de la Puna aprobada el 19 de febrero de 1840.^[36]

La primera ordenaba expropiar las tierras comunales de los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Purmamarca, estableciendo el sistema de arriendos y enfiteusis. De esta manera, se iniciaba un proceso de desamortización y desvinculación de la propiedad comunal indígena, práctica posteriormente aplicada a otras regiones de la provincia. La enfiteusis implicaba el dominio útil de la propiedad por la que se debía pagar al Estado un canon. El dominio, según los casos, se podía heredar. Con el paso de los años, estas propiedades podían ser compradas por quienes poseían el dominio útil^[37].

Afirmamos que el sistema de enfiteusis fue un recurso con el que contó el Estado provincial para aunar lealtades políticas y beneficiar a aliados que pudieran responder al gobierno. En particular, a las autoridades encargadas de relevar y otorgar el beneficio (Teruel, 2014). Por ejemplo, las familias de José María Álvarez Prado y Juan Cáceres de la región de Humahuaca –que en todo este período respondieron al federalismo local ocupando diversos cargos de gestión como veremos después– fueron ampliamente beneficiadas. En la década de 1850 poseían en titularidad extensas propiedades, cuyo valor en metálico no era nada desdeñable (Fandos, 2014).

Respecto a la segunda ley, reinstauró el pago de contribuciones directas a los cuatro departamentos de la Puna. La ley permitía a los indígenas que no quisieran enrolarse en las milicias provinciales pagar un canon anual no superior a los 3 pesos para ser exceptuados. Esta ley, según la ha estudiado Raquel Gil Montero (2004), se fundaba en las percepciones que la elite dirigente tenía de los indios como hombres de poca confianza, traidores y espías, visiones forjadas tanto en la guerra de la Independencia como en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Para los indígenas –pese a que se quejaban de no poder sostener el nuevo impuesto– prefirieron más la contribución que las milicias, esto se deduce de la alta adhesión que tuvo la medida. Cecilia Fandos (2021) agrega que la ley fue el resultado de instancias de negociación con los grupos indígenas analizando el peso que tuvo en la región el motín del Batallón Dorrego en 1837, cuando los indígenas manifestaron su voluntad de pagar un impuesto a cambio de no enrolarse en las milicias. Lo cierto es que durante toda la década de 1840 la región de la Puna quedó al margen de la militarización. Fanny Delgado (1992) muestra que en toda la década el porcentaje de recaudación impositiva osciló entre el 20 y el 33 por ciento total de la recaudación impositiva provincial.^[38]

En 1843, la Legislatura fue reabierta y hasta 1849, momento que Iturbe dejó el poder, la Sala funcionó –la mayoría de las veces– como “autorización”. Ello fue posible por la ligazón política que trabaron varios representantes con el gobernador. En todos estos años, de acuerdo a la normativa, la Sala debió convocar a sus representantes en 6 ocasiones, pero sólo se reunieron en 4 oportunidades. Éstas coincidieron con la elección de gobernador, por lo que se puede suponer que la principal función que tuvo fue legalizar la elección y la asunción del mandatario. En diciembre de 1843 se le prorrogó el mandato a Iturbe por un año, en diciembre de 1844 y en enero de 1847 por dos años más y en febrero de 1849 era electo Pedro Castañeda.

Las instancias de renovación de mandato en la Sala no fueron automáticas y sin conflictos. Por ejemplo, en enero de 1844 Mariano Iturbe le comunicaba a Felipe Ibarra que la elección de gobernador estaba demorada por “las tramoyas de un individuo del Cuerpo Legislativo”^[39]. Es posible suponer que se refería al diputado Juan Ignacio del Portal, enfrentado a Iturbe por conflictos de propiedad que, en 1847, como ya mencionamos, se caldeó intentando desplazar al gobernador^[40]. Por otro lado, en vísperas de la elección de 1847, el diputado Mariano Santibáñez intentó movilizar gente para que asistiera a la barra a apoyar a los representantes opositores a la renovación de mandato. Sabemos que el movimiento fue descubierto, se levantó un sumario y Mariano Santibáñez fue privado de su libertad.^[41]

Iturbe pudo resolver las oposiciones en la Sala estableciendo alianzas con un grupo compacto de diputados. Entre estos representantes la continuidad de Pedro Castañeda y José López Villar fue notoria. El primero, comerciante de profesión, había tenido una destacada participación legislativa desde la institucionalización de la provincia en 1835. Algunos testimonios lo señalaban como el principal asesor de Iturbe^[42]. Por su parte, López Villar se convertiría a mediados del siglo XIX, en el mayor propietario de tierras de la provincia (Paz, 2003).

Por cierto, se destaca, a diferencias de legislaturas previas, un importante número de clérigos, que fueron afines al gobierno y levantaron su mano para sostener las proposiciones del gobierno federal.^[43] Estos sacerdotes eran párrocos de sus respectivos departamentos y salvo Perico, eran los más poblados y los que más feligresía tenían. Esto nos lleva a plantear, aunque sea un punto que debemos continuar profundizando, que Iturbe –como los gobiernos desde 1835– consideraron que el patronato era un atributo de la soberanía y lo ejerció en la Iglesia de Jujuy como sucedió, por ejemplo, en Córdoba (Ayrolo, 2007 y 2019, entre otros).

Pese a las oposiciones que se gestaban en la Sala, durante todos estos años, Iturbe emitió decretos vinculantes a la vida política de la provincia que eran aprobados en la Sala de Representantes como el que aumentaba los impuestos a los productos procedentes de los puertos del Pacífico (1842), reglamentó la Subdelegación de la Puna (1845) y se reservó el nombramiento de los jefes políticos del Interior (1847) que antes eran elegidos en cada departamento de forma indirecta por una asamblea de vecinos.

Como mencionamos antes, Iturbe retornó al poder en septiembre de 1851 en un contexto dominado por el Pronunciamiento de Urquiza y en el que se reforzó la identidad federal de la provincia. La Sala de Representantes fue depurada de los dirigentes que pudieran obstaculizar la marcha del gobierno y personajes de probada actuación en las filas federales^[44]. La Legislatura designó a Mariano Iturbe gobernador propietario por cinco años y le otorgó facultades extraordinarias.

El orden político provincial se sostenía gracias a un complejo engranaje de relaciones con las diversas autoridades de gobierno local. Se trata, según señala Jorge Gelman, de “intermediarios, integrantes de instituciones formales de los estados o no, que ocupan un lugar medular en la articulación de lo local y subalterno con lo central y las elites” (2010: 309). Estos agentes locales, ramificados territorialmente, estaban al frente de poderes institucionales que, siguiendo a María Elena Barral y Raúl Fradkin (2005), garantizaban medios de coacción y control constituyéndose en parte central de la formación estatal. El estudio de los intermediarios en esas construcciones ha mostrado que la obediencia precisaba de negociación y que el ejercicio de la coerción tuvo vaivenes en el ejercicio del poder gubernamental y en la “domesticación” de la política territorial (Bragoni, 2022).

El esquema institucional del interior provincial de Jujuy era variado y complejo. Este cuadro estuvo integrado por la Subdelegación de la Puna, las comandancias militares y las jefaturas políticas departamentales^[45]. Si bien, la articulación con las autoridades locales es explicativa del “sistema Iturbe”, esa vinculación fue bastante dificultosa y no tuvo la solidez de la red de comandantes departamentales y guardias cívicas urbanas de Tucumán designadas por el gobernador Celedonio Gutiérrez, entre 1842 y 1853, y que representaron una apoyatura central para el gobierno (Macías, 2007 y Tío Vallejo, 2023). En Mendoza, a partir de 1834, el poder ejecutivo nombraba a los subdelegados departamentales, brindando a la dirigencia provincial un instrumento clave en el control interno de la provincia (Sanjurjo, 2003). Como veremos a continuación, Iturbe designó al subdelegado de la Puna, pero los jefes políticos departamentales fueron electos por voto popular hasta 1847. Estudios recientes para la región de la Puna dan cuenta que en esas elecciones se jugaban lógicas propias donde las identidades partidarias fueron bastante difusas (Fandos, 2023). Estos hombres tenían a su cargo, entre otras funciones, la coordinación de las elecciones de representantes de la Legislatura, institución que elegía al gobernador. Las evidencias muestran lo enmarañado de las negociaciones políticas^[46]. Tal vez, por esto, la Sala de Representantes –aliada con el gobernador– haya resuelto, en 1847, suprimir las elecciones comunitarias de los jefes políticos departamentales y que su nombramiento fuese una atribución del poder ejecutivo^[47]. Por otro lado, nuestro personaje no contó con una compacta red de parentesco sostenida en importantes negocios rurales como la que lideró Justo José de Urquiza en el oriente entrerriano que lo catapultó y mantuvo en el poder provincial luego de 1820 (Schmit, 2004).

Pese a la complejidad de las articulaciones políticas, Iturbe intentó negociar la obediencia con algunas autoridades locales. Particularmente, esas lealtades se activaron en momentos de crisis o alteraciones públicas.

Los estudios de Cecilia Fandos (2022 a y b) muestran que la región de la Puna tuvo sus propias particularidades y potencialidades que la constituyeron en un espacio político de peso hacía el interior de la provincia de Jujuy. La Subdelegación de la Puna fue una institución de gobierno fundada en 1784 por la importancia poblacional del espacio –de condición abrumadoramente indígena– y las implicancias económicas de la región. Estuvo bajo la jurisdicción de Salta y con la formación de la provincia de Jujuy en 1834 quedó bajo la órbita de esta nueva entidad política. La Subdelegación integró a los departamentos de Yavi, Cochinoca, Rinconada y Santa Catalina. Entre 1838 y 1839 la figura del subdelegado como tal había quedado desarticulada por el avance de fuerzas bolivianas a la región hasta principios de 1839. En los años 1840-1841, durante la Coalición del Norte en la Puna, funcionó una Comisaría General.^[48]

En 1842, Mariano Iturbe reconfiguraba la Subdelegación de la Puna. El decreto emitido fundaba la decisión en la necesidad de erigir una autoridad inmediata y cercana en la región de referencia. En diciembre de 1843, la Sala de Representantes aprobaba ese decreto y autorizaba al Poder Ejecutivo a nombrar la persona que iba a ocupar el cargo, así como establecer la duración hasta tanto se elaborase un reglamento específico^[49], lo que ocurrió a principios de 1845 por decreto del Poder Ejecutivo.^[50] Según ese reglamento la designación era una facultad del gobernador y el mandato duraba dos años. El articulado del decreto se puede dividir en dos partes. Por un lado, el subdelegado debía controlar e inspeccionar las funciones de los jefes políticos de cada uno de los departamentos integrantes de la Subdelegación de gobierno -incluía la revisión minuciosa del pago de las contribuciones directas- y proteger a los rematadores de derechos de aduana con una fuerza permanente. Así, el subdelegado cumplía función de policía.^[51]

El subdelegado era el brazo gubernativo del Poder Ejecutivo provincial.^[52] Desde el punto de vista político en el período que estudiamos era central el control de esta región por la cercanía con Bolivia y los unitarios exiliados. Este aspecto no pasó desapercibido para los contemporáneos que solicitaban al gobernador reforzar la zona con piquetes militares y armamentos dado que la “Puna era la llave de nuestra República”.^[53] De allí que la mejor apuesta política era contar con personas de confianza al frente de la Subdelegación.

Durante la gestión de Iturbe se desempeñaron en el cargo: José Miguel Fernández, Ignacio Wayar y Juan Álvarez Prado. Los dos primeros se alternaron entre finales de 1841 y 1844, mientras que el tercero ocupó el cargo desde 1845 a 1849.^[54] Sobre José Miguel Fernández no se conoce demasiado. Tal vez, por sus impresiones del espacio y sus habitantes transmitidas al gobernador, podemos suponer que no habitaba la región. Por su parte, tanto Wayar como Álvarez Prado eran pequeños comerciantes y medianos propietarios de los departamentos de Yavi y Humahuaca, respectivamente, pertenecientes a familias criollas con largo arraigo en las tierras altas de Jujuy (Madrazo, 1982). Desde el punto de vista político, contaban con el apoyo de sus comunidades locales en tanto habían ocupado jefaturas departamentales que, como veremos a continuación, eran electas. Por ejemplo, Ignacio Wayar fue jefe político del departamento de Santa Catalina en 1840 y Álvarez Prado de Tumabaya en 1842 (Fandos, 2023). Además, combinaban en sus carreras experiencia militar^[55], necesaria para un espacio convertido en frontera con otro país (Fandos, 2022 b) y de circulación y tránsito de hombres de diferentes facciones políticas tanto de Argentina como de Bolivia.

Los subdelegados, por reglamento, cobraban un sueldo. No obstante, también se beneficiaron directa o indirectamente del sistema de enfiteusis como las familias de Ignacio Wayar y José Álvarez Prado (Fandos, 2014).

La provincia de Jujuy estaba dividida administrativamente en nueve departamentos, incluido el de la Capital. Al frente de los departamentos -salvo este último- se encontraban los jefes políticos^[56]. Entre 1835 y 1847 estos actores fueron elegidos dentro de su propia comunidad a través de un mecanismo electoral indirecto. Los electores elegían a una asamblea de cinco miembros que terminaba designado al jefe departamental. Los jefes políticos eran figuras claves en tanto tenían a su cargo el control social y político de los departamentos. Encaraban las mesas escrutadoras por las que se elegía de forma directa a los representantes de la Legislatura, espacio en el que se designaba al gobernador de la provincia.

Como señalamos con anterioridad, a partir de 1847 el gobernador Iturbe se atribuyó la facultad de nombrarlos para poder controlar a estas autoridades que se elegían y con ello, el orden político.

Sabemos que Iturbe ideó diferentes estrategias para garantizar el apoyo de estos hombres. Entre otras, asignó recursos económicos a algunas autoridades de la Puna. Fue el caso del jefe político de Yavi, Mariano Burgos, a quien se dotó de 100 pesos anuales^[57]. Mientras que, a los de Rinconada, Santa Catalina y Cochinoca, por la labor de recaudar la contribución directa se les asignó el 4% de lo que cobraran.^[58]

También usó las tierras comunales declaradas del estado. En 1842, el jefe político de Tumbaya, Angelino Gutiérrez, se dirigía a Iturbe para solicitarle permiso para “cultivar terrenos nuevos sin perjuicio de la comunidad” en Tilcara y que le mandara las licencias correspondientes.^[59]

Otro recurso también usado por el gobierno fue el diezmo. La naciente provincia, en uso del patronato sobre la Iglesia local, en 1835 se había apropiado de los diezmos. Como en tiempos coloniales, los diezmos se pagaban con productos de la tierra. En 1843, Iturbe emitía un decreto sobre los remates diferenciando la periodicidad por curatos y establecía la composición del Tribunal de Diezmos para dirimir en asuntos vinculados a la materia^[60]. La cantidad ingresada al fisco provincial entre 1835 y 1852, según Fanny Delgado (1992), osciló entre el 10 y el 31 por ciento del monto total de los impuestos. Si bien es necesario un estudio en profundidad sobre los mecanismos empleados en la recaudación, el remate y los actores intervinientes, podemos conjeturar con evidencias recabadas que las solidaridades políticas se tejían en la concesión de los diezmos y en los remates.

En 1839, al coronel Esteban Iriarte se le concedió los diezmos de Perico por su intervención en el reemplazo del gobierno que benefició a Iturbe y a su grupo político^[61]. En 1848, un testimonio revelaba que Placido Aparicio, personaje que fue comandante del Escuadrón de Humahuaca, jefe político departamental y diputado por Humahuaca, se beneficiaba de los remates de diezmos en connivencia con el gobernador Iturbe.^[62] En 1849, éste último era acusado de beneficiar a varios diputados en los remates de diezmos.^[63]

Los apoyos de Iturbe tuvieron diferentes intensidades y es mucho lo que nos queda investigar y saber en este sentido. Conocemos mejor los apoyos alcanzados en la Puna y en la Quebrada de Humahuaca. De hecho, en 1850, alejado del poder ejecutivo provincial, era electo diputado por el departamento de Humahuaca en una ajustada elección donde se acercaron a la mesa electoral 152 personas. Iturbe resultó electo con 61 votos^[64]. La participación electoral creció si la comparamos con el trabajo de Gabriela Sica (2023) que indaga el ejercicio del sufragio de 102 electores en la elección de un representante para la Legislatura de Salta en 1826.

Más allá de casos puntuales, en cada uno de los departamentos de la provincia se tejían redes de relaciones propias y para quien ejercía el poder ejecutivo desde la Capital le era complejo acerar ese andamiaje de conexiones. Pese a ello, Iturbe lo intentó, pudo lograr la vinculación con algunas autoridades y esos vínculos le redituaron a su “sistema”.

Por otro lado, la trama de negociaciones del interior contó con las comandancias militares distribuidas territorialmente. La provincia de Jujuy se dividía en cuatro regimientos, un estado mayor y dos batallones.^[65] Los regimientos estaban a cargo de hombres con grado militar de comandante que, fundamentalmente, actuaban cuando el gobierno local era cuestionado o en momentos de tensión. Para visualizar los vínculos tejidos entre Mariano Iturbe y las autoridades militares presentaremos tres episodios en 1839, en 1842 y en 1845.

A principios de 1839, Iturbe tuvo que hacer frente a la fuga del ex gobernador federal Pablo Alemán que se encontraba preso en Maimará. Alemán logró el cometido con ayuda de algunos jefes militares de la Quebrada y aprovechando la convulsión que por entonces vivía la región por la privatización de las tierras comunales, situación que hábilmente utilizó Alemán para sumar apoyos en las comunidades indígenas.

Iturbe contó con la ayuda de la dirigencia indígena para desactivar la movilización de Alemán. El cacique de Tilcara y jefe político del departamento de Tumbaya Eugenio Catacata junto a miembros de la familia Canchi delataron el intento de alterar el orden político.^[66]

Por otra parte, Iturbe pudo articular acciones con personajes de sólida trayectoria militar como Mariano Santibáñez –personaje aliado en ese momento– que llegaron al frente de una fuerza militar a la Quebrada de Humahuaca. Varios de los jefes militares implicados en la juga de Pablo Alemán –como Juan Cáceres y Angelino Gutiérrez– fueron procesados. Luego que el fiscal determinara el destierro de la provincia el gobernador Iturbe resolvió indultarlo. Esta fue una apuesta política clave de Iturbe ya que estos hombres apoyaron su gobierno en la década de 1840.

En 1842 Angelino Gutiérrez era jefe político del Departamento de Tumbaya y al mismo tiempo comandante del Regimiento 3. Fue uno de los hombres que persiguió a las fuerzas de Juan Lavalle a finales de 1841 y al año siguiente colaboró para contrarrestar el intento de los unitarios exiliados en Bolivia de retornar al poder en Jujuy. De hecho, en 1844, la esposa de Angelino Gutiérrez, Andrea García, dueña de una pulpería en la ciudad, delató ante el gobierno a un miliciano que, pasado de copas, se había declarado unitario.^[67]

En 1842 y 1845, los emigrados residentes en Bolivia^[68] intentaron retornar a tierras argentinas y hacerse del poder político. Pese a que los gobiernos del norte fueron en muchos casos tolerantes con algunos emigrados, permitieron su regreso y hasta les habilitaron lugares de gestión en los gobiernos, no estaban dispuestos a permitir cambios en el orden político. De allí que se prepararan para hacerles frente.

El intento de 1842 fue un movimiento aislado casi sin conexión entre los grupos que residían en la frontera boliviana. Se trataba de los hombres que habían emigrado recientemente tras la derrota de la Coalición del Norte. En tanto el intento de 1845 fue a todas luces planificado y organizado. Con idas y vueltas, todo hacía suponer que por lo menos en la formulación contó con el apoyo del presidente de Bolivia José Ballivián. De cualquier forma, estos movimientos pusieron en alerta a los gobiernos de Salta y Jujuy, que coordinaron acciones conjuntas (Páez de la Torre, 1980).

En 1842, el gobierno de Jujuy nombró como comandante general de la provincia de Jujuy a José María Uriburu y como comandante general de avanzadas al humahuaqueño Juan Cáceres. Uriburu era comerciante con conexiones familiares y mercantiles por todo el espacio andino. Poseía una curtiembre en Rinconada (Puna) cuyos productos los ubicaba en el mercado regional (Conti, 2007). Vivía o pasaba largas temporadas en los departamentos de la Puna, conocía la zona y a su gente. Ante la noticia de la invasión, el comandante general se asentó con fuerzas armadas en los departamentos de Rinconada y Santa Catalina.

El comandante general de avanzadas Juan Cáceres era oriundo de Humahuaca y uno de los indultados en 1839. El 2 de julio de 1842, Cáceres terminaba su misiva a Iturbe diciendo: “Descuide VE por este punto [Humahuaca], seguro de que velaré con la actividad que lo he hecho siempre que ha estado la Confederación en peligro”.^[69]

Otro personaje clave de Humahuaca fue el capitán Pedro Pablo Huyones, que fue quien hacia finales de 1841 persiguió con su tropa a las fuerzas de Lavalle hasta lograr que salieran del territorio de Jujuy. Un año después, en su carácter de jefe político de Humahuaca, informaba cada noticia que recibía a Iturbe, se ponía a sus órdenes y no dejaba de señalar que haría todo sacrificio por la “causa Santa de la Federación”.^[70] En 1845, gracias a su habilidad y conocimientos se supo que los unitarios habían ocupado Yavi y tomado prisionero al subdelegado de la Puna y al cura del pueblo.^[71] Huyones comandó en esta oportunidad una fuerza de 100 hombres con la que logró que los emigrados abandonaran la provincia.

En estos episodios (1845) fue nombrado comandante de armas de la provincia el coronel Mariano Santibáñez cuando era aliado del gobernador Iturbe. Fue el que estuvo a cargo de todas las operaciones militares. Iturbe en carta a Rosas señalaba la “bravura del comandante Santibáñez” y la “lealtad de los quebradeños”.^[72]

Las acciones de los emigrados quedaron sólo en intentos. En lo que respecta a 1842 lograron ocupar el departamento de Santa Catalina y en 1845 el de Yavi. Sin dudas, los gobiernos del norte planificaron e idearon estrategias comunes para enfrentarlos.

Para retornar nuevamente al poder en 1851 y desplazar al “tibio” gobernador José López Villar, Iturbe capitalizó su “sistema” y aceitó apoyos con hombres del Regimiento Nro. 2 de la provincia correspondiente al territorio del departamento de Río Negro donde desde tiempos coloniales funcionó una Comandancia Militar. Fue central la ayuda de su comandante Cipriano Marquiegui como del comandante Pedro Aramayo, personaje que también se movía por el departamento de Humahuaca. En tanto Florencio Ramos y José Falcón reclutaba adeptos en los alrededores de la ciudad^[73]. A estas fuerzas, se sumaron las de Salta a cargo de Juan Manuel Saravia.

No caben dudas que las comandancias militares se activaban cuando el “sistema” estaba en conflicto y que las articulaciones fueron diferenciadas. Hasta ahora los hallazgos nos muestran que el regimiento de la Quebrada de Humahuaca actuó acompasando el orden emprendido por Iturbe. Pero, quedan preguntas respecto al regimiento que emplazó la región de los Valles Orientales y que tenía una larga historia en el proceso de militarización.

Mariano Iturbe construyó un “sistema político” durante los años que ocupó la gobernación de la provincia que se inició en 1838 y que con intervalos llegó hasta 1852. En estos años, esa forma de concentrar y articular relaciones permitió que la provincia de Jujuy se incorporara con éxito a la Confederación Argentina.

La vinculación con el rosismo estuvo mediada por una cadena de lealtades personales y de parentesco que incluyó al gobernador de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, quien no sólo lo presentó al espacio confederal sino también intervino en las tramas de Jujuy, asesorando medidas de gestión como el decreto de 1842 por el cual elevó impuestos a los productos de ultramar que ingresaran por los puertos del Pacífico, favoreciendo a la aduana de Buenos Aires. Además, podemos suponer, que Ibarra respondía ante Rosas por Iturbe y el gobernador de Buenos Aires legitimaba su autoridad en Jujuy. Otra arista clave fue la decisión de clasificar a los unitarios que habían participado en la Coalición del Norte y embargarle parte de sus bienes, aunque como mostramos esta medida fue bastante tamizada y sólo recayó en las figuras más relevantes del movimiento antirosista en un proceso de “violencia negociada”.

El rasgo particular del “sistema Iturbe” fue el modo en el que gestionó la disidencia política, evitando la eliminación física del oponente. Nuestro personaje, optó por el indulto en varias ocasiones. En 1839, absolvió a los jefes militares de la Quebrada que habían participado, junto al ex gobernador federal Pablo Alemán, en alterar el orden político. En 1847 y 1848, reiteraba la medida con personajes de peso de San Salvador. Si bien, esta actitud permitió reforzar lazos con los comandantes militares del espacio rural, fue generando la conformación de un grupo opositor en San Salvador que le impidió continuar en la gobernación en 1849 y proponer, en efecto, a su aliado Pedro Castañeda.

Tuvo que negociar con la Sala de Representantes su continuación en el gobierno en más de una oportunidad y alcanzó los acuerdos necesarios por las alianzas entabladas tanto con líderes del unitarismo como con las autoridades locales. Allí, además de actores políticos de relevancia que se aliaron con el gobernador, contó con un elenco estable de curas que se encontraban al frente de jurisdicciones eclesiásticas del interior de la provincia. Las relaciones mantenidas con la Iglesia local es un tema para continuar investigando. Por ahora, las evidencias disponibles llevan a conjeturar que el patronato fue un interesante recurso político que usó en el ejercicio del gobierno.

Afirmamos que Iturbe fue un dirigente urbano que contaba con saberes y experiencias de gestión. Su matriz inicial de apoyos fue la elite de San Salvador, luego fue ampliando esa malla de relaciones a autoridades locales que hundían sus influencias en los espacios rurales. En 1838, pudo articular con los descontentos de la guerra con Bolivia y complementó ese apoyo, acompañando la aprobación de dos leyes como la que estableció el sistema de enfiteusis y arriendos de tierras del estado en la Quebrada de Humahuaca y la que sancionó la contribución directa para los indígenas de la Puna, que lograron librarse de los servicios milicianos. Esta estrategia política permitió afianzarse en el gobierno y despejar a la facción federal liderada por el ex gobernador Pablo Alemán que, después de la contienda con Bolivia, su ascendiente había disminuido notablemente.

El cuadro institucional del interior provincial de Jujuy fue bastante complejo y variado. Pese a la dificultad de construir relaciones políticas sólidas, el “sistema Iturbe” logró acercarse a algunas autoridades locales gracias a ciertas estrategias como: a) el pago de sueldo como al Subdelegado de la Puna, b) concesiones de parte de la recolección de impuestos como a los jefes políticos de los departamentos de la Puna, c) el favoritismo en el reparto de tierras del Estado y d) privilegios en el remate de diezmos. La “fidelización” de los poderes locales parece haber sido difícil. Ello se evidencia en el decreto de 1847 que atribuía al poder ejecutivo la selección de los jefes departamentales y del personal de justicia.

Mostramos que las comandancias militares actuaron eficazmente cuando el orden estaba en peligro. En 1842 y 1845 impidieron el retorno de unitarios asilados en Bolivia. En estos episodios se destacaron las jefaturas de la Puna y, particularmente de la Quebrada de Humahuaca.

Si bien, el “sistema” construido por Mariano Iturbe no tuvo el vigor para sostenerlo interrumpidamente en el poder formal, sí brindó las condiciones para tomar distancia cuando la conflictividad provincial se exacerbaba y capitalizar las relaciones cuando la febrilidad pasaba. En 1840, Iturbe se alejó de la antirrosista Coalición del Norte y retornó a fines de 1841 cuando ese movimiento había sido vencido. En 1849, Iturbe dejaba el gobierno a manos de su aliado Pedro Castañeda que, no logró controlar la disidencia unitaria, grupo que terminó alojándose en el poder provincial. Hacia 1851, en un contexto totalmente faccionalizado por el pronunciamiento de Justo José de Urquiza, el actor que analizamos –gracias a su “sistema”– era considerado por las dirigencias del norte como el federal más decidido que tenía Jujuy en esa hora. Pero, a los pocos meses, con la caída de Rosas debió abandonar el gobierno. En 1852, Mariano Iturbe fue juzgado y condenado a muerte, pena que se cumplió el 5 de mayo de ese año. Su ejecución marcó el fin del “sistema político” que había centralizado y sostenido por lo menos desde 1838.

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páginas / año 16 – n° 42/ ISSN 1851-992X /2024

[2] La bibliografía es amplia. Se pueden citar trabajos publicados por la editorial EDASHA como el de Gabriel Di Meglio (2014) sobre Manuel Dorrego, el de Raúl Fradkin y Jorge Gelman (2015) respecto al liderazgo de Juan Manuel de Rosas, o el de Eduardo Míguez (2018) en relación a Bartolomé Mitre.

[3] Un sistema político puede ser definido como un conjunto de instituciones, grupos e individuos conectados con cierto grado de independencia recíproca en un régimen dado e intenta explicar el ejercicio del poder en una comunidad. Ver: Urbani (2011).

[4] En los últimos años, la historiografía, ha abordado las formas que los grupos y los individuos inmersos en el poder político o aspirantes a ocupar lugares en él, resolvieron qué hacer con la disidencia a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, los trabajos de Irina Polastrelli (2023), entre otros, abordan la mencionada temática.

[5] El estudio de Fabián Herrero (2006) es interesante para problematizar el accionar de los grupos políticos, en particular la fracción de los unitarios recién convertidos al federalismo durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires (1829-1832), mediante sus intervenciones en la prensa.

[7] Sobre este modelo de inserción de los inmigrantes españoles del siglo XVIII a la elite local de Jujuy y sobre redes de parientes, ver: Paz (1997) y Conti (2007), entre otros.

[8] Juan Manuel Arizmendi estuvo al frente del ministerio de hacienda durante todo el mandato de Iturbe, en tanto Pedro Castañeda fue su principal aliado en la Sala de Representantes, como veremos en estas páginas. Mariano Iturbe tuvo cuatro hijos: a) José Manuel contrajo nupcias con Manuela Arizmendi (hija de Juan Manuel), a su vez una hija de este matrimonio, María del Carmen, se casó con Gaspar, hijo de Pedro Castañeda, b) Josefa con Manuel Eguía, c) Miguel Antonio con Octaviana Ojeda Echeverría y d) María Clementina sin información. La información es reconstruida a partir de la página https://www.genealogiafamiliar.net/ [15/01/2024].

[9] Archivo de Tribunales de Jujuy (ATJ), Legajo 3752, Carpeta 109, 1854-1855. Copia. Registro de las Propiedades urbanas, rurales y enfitéuticas, 1855. En 1894, la “Estancia de Iturbe” fue vendida a 500 pesos (Hernández Aparicio, 2023).

[10] Por otro lado, como parte de las confiscaciones, su viuda entregó 2330 pesos en dinero metálico y 62 pesos en plata labrada. Archivo Histórico de Jujuy (AHJ). Papeles de Gobierno (PG), Caja 2, 1852, Jujuy, 4 de mayo de 1852. El 4 de octubre de 1852 le fueron devueltos los bienes confiscados a la familia, aunque no se consigna cuáles. AHJ. Libro Copiadores de Decretos de la Sala de Representantes, 1835/67.

[11] Archivo General de la Nación (AGN), Sala X 27 08 13, Gobierno de Jujuy. Acta girada al gobierno de Buenos Aires, fechada en Jujuy el 22 de febrero de 1849.

[12] AHJ, PG, Caja 2, 1838. Copia, carta de Felipe Ibarra a Juan Manuel de Rosas, Santiago, 5 de diciembre de 1838.

[13] Se trataba del pedido realizado por su esposa Teresa de la Corte solicitando al ejecutivo nacional una pensión por viudez. Citado en Sánchez Iturbe (1995: 18).

[14] Esto se puede ver en las correspondencias dirigidas por Mariano Iturbe al gobierno de Salta, resguardadas en el fondo de gobierno, correspondientes a los años 1831-1834, del Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (ABHS).

[15] Registro Oficial de Jujuy (ROJ), Ley de la Sala de Representantes, 27 de febrero de 1839, tomo I, 1889, pp. 112-114. En esa reglamentación se establece el sueldo del gobernador, entre otros, que perteneció sin modificaciones hasta 1852.

[17] Las prácticas asambleísticas para Jujuy entre 1835 y 1852 fueron trabajadas en: Medina (2021).

[18] Podemos mencionar a Roque Alvarado y a Mariano Santibáñez. Ambos se opusieron a la influencia del gobernador de Tucumán Alejandro Heredia en 1835. Posteriormente, actuarían de forma decidida en la Coalición del Norte (1840-1841).

[19] Iturbe impuso al gobierno de Salta como condición para participar en la Coalición del Norte la devolución de las localidades de San Andrés, Iruya y Santa Victoria que habían pertenecido a la jurisdicción de Jujuy y que habían sido incluidos a la jurisdicción de Salta en 1833. Abordamos en detalle este problema en Medina (2024 b).

[20] AGN, Sala VII, Adolfo Carranza, Biografía P-Z, años 1750-1896. Copia del escrito elevado por Mariano Santibáñez a la Sala de Representantes, 30 de noviembre de 1846.

[21] Como mencionamos en otro trabajo (Medina, 2021) la vinculación al rosismo implicó también modificaciones en materia impositiva como un mayor incremento de impuestos a los productos procedentes de los puertos del Pacifico, con la finalidad de favorecer a los ingresados por la aduana porteña.

[22] Nos referimos a la rebelión de los Libres del Sur y el frustrado ingreso de Lavalle a la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la construcción de su liderazgo fue posible gracias a la articulación que logró particularmente con los sectores populares, que en su mayoría se identificaron con el federalismo (Gelman, 2009).

[23] AHJ. PG, Caja 1, 1842. Nota elevada por la Comisión calificadora al gobernador Iturbe.

[24] Documentación citada en Etchechurry Barrera (2022, 19), correspondiente a la correspondencia emitida por Jacinto Andrada a Manuel Oribe, el 23 de octubre de 1841.

[25]Correspondencia de José Mariano Iturbe a Felipe Ibarra, fechada en Jujuy, 27 de noviembre de 1841.

[26] Estaba casado con Buenaventura Saravia, hermana de aquellos. Las relaciones regionales establecidas por Jujuy en el marco de la Confederación son desarrolladas en: Medina (2024 b).

[27] AHSE, Fondo de Gobierno, 1843. Copia. Correspondencia de Felipe Ibarra a Mariano Iturbe, Santiago, 12 de mayo de 1842. El subrayado es nuestro.

[28] AHJ, PG, Caja 2, 1847. Nota de Felipe Ibarra a Mariano Iturbe, fechada en Santiago del Estero el 25 de septiembre de 1847.

[29] AGN, Sala X, 27 08 13, Gobierno de Jujuy. Nota enviada por Benedicto Ruzo a Felipe Arana, fechada en Jujuy, el 29 de septiembre de 1846.

[31] ABHS, Fondo de Gobierno, Caja 197, Carpeta 2, 1848. Nota de Mariano Iturbe a José Manuel Saravia.

[32] AGN, Sala X 27 08 13, Gobierno de Jujuy. Acta girada al gobierno de Buenos Aires, fechada en Jujuy el 22 de febrero de 1849.

[33] Hemos abordado el fusilamiento de Mariano Santibáñez y el convulsionado contexto en el que se produjo, en: Medina (2024 c).

[34] AHJ. PG, Caja1, 1851. De José Manuel Saravia a Mariano Iturbe, fechada en el Cuartel General de Jujuy, el 13 de septiembre de 1851.

[36] ROJ, Ley de la Sala de Representantes, 19 de febrero de 1840, tomo I, 1889, pp. 130-131.

[37] Un renovado estudio sobre el tema en Cecilia Fandos y Ana Teruel (2012). Además, muestran que, pese a la confusión entre arriendo y enfiteusis, se trataba de dos prácticas diferentes. El arrendamiento se dio en espacios más alejados de los pueblos y del curso de los ríos, tal vez más en zonas más propicias para el pastoreo. En tanto, la enfiteusis se dio en áreas donde los indígenas tenían sus casas y chacras.

[38] Exceptuando el año 1848 que la recaudación alcanzó el 13% y los años 1850-1851 con un 10% que coincidieron con la discusión y luego con la supresión del impuesto (Delgado, 1992).

[39] AHSE, Fondo de Gobierno, 1844. Correspondencia de José Mariano Iturbe a Felipe Ibarra, Jujuy, 15 de enero de 1844.

[41] AHJ, PG, Caja 2, 1846. Sumario policial levantado por el oficial mayor de gobierno, Gumersindo Ulloa, diciembre de 1846.

[42] AGN, Sala X 27 08 13, Gobierno de Jujuy. Acta girada al gobierno de Buenos Aires, fechada en Jujuy el 22 de febrero de 1849.

[43] Nos referimos a José Andrés Justiniano de Humahuaca, Matías Bujosa de Rinconada, Justo Pastor de la Bárcena de Tumbaya, Antonino Monge y Bello de Perico y Alejo Ignacio Marquiegui de Cochinoca.

[44] Como el cura Ignacio Marquiegui, a la sazón designado presidente, el comandante de Humahuaca Placido Aparicio, los hermanos Mariano y Bernardo González, José María Uriburu e Ignacio Wayar.

[45] Sabemos que los párrocos rurales eran figuras relevantes de los poderes locales. Dejamos de lado su análisis, por la amplitud que implica su abordaje.

[46] En 1847, Benedicto Ruzo –ministro de gobierno de Jujuy– se quejaba ante Rosas que los “salvajes” intentaban influenciar en las elecciones de diputados. AGN, Sala X, 27 08 13, Gobierno de Jujuy. Nota enviada por Benedicto Ruzo a Felipe Arana, fechada en Jujuy, el 29 de septiembre de 1846. Mientras que, en 1849, quienes buscaron trastocar el orden legal en Jujuy manifestaban que Iturbe ejercía presiones en las autoridades locales relacionadas también a los procesos electorales. AGN, Sala X 27 08 13, Gobierno de Jujuy. Acta girada al gobierno de Buenos Aires, fechada en Jujuy el 22 de febrero de 1849.

[48] A cargo de Cirilo Alvarado, hermano del por entonces gobernador unitario Roque Alvarado. Con el recambio de gobierno en 1842, Cirilo Alvarado fue desplazado de su cargo.

[52] Incluso antes de la formación de la provincia, este agente cumplía funciones de gobierno y administración por la importancia de la Puna y las actividades económicas llevadas a cabo en ese espacio, como la minería y el cobro de impuestos. La designación de esta figura fue conflictiva (Aramendi, 2018).

[53] AHJ, PG, Caja 1, 1842. Nota de Ignacio Wayar a Mariano Iturbe, Cochinoca, 25 de febrero de 1842.

[54] Reconstrucción propia en base a la lectura de las notas giradas de la Subdelegación de la Puna al gobernador de la provincia. La documentación consultada se encuentra en el fondo Papeles de Gobierno del Archivo Histórico de Jujuy. Cecilia Fandos (2022, b) coincide con estas designaciones y su abordaje amplia la indagación sobre el gobierno ejercido en la Puna.

[55] En varias misivas Wayar firmaba como sargento mayor y Álvarez Prado como comandante militar.

[59] AHJ, Fondo de Gobierno, Caja 1. Nota del Tilcara, comandante y jefe político de Tilcara Angelino Gutiérrez a gobernador, 11 de abril de 1842.

[62] AGN, Sala X 05 08 02, 1837-1859, Gobierno de Salta. El indicio surgió de una información sumaria levantada en 1848 por un intento de recuperar las localidades salteñas de Iruya, San Andrés y Santa Victoria que habían pertenecido hasta 1833 a la jurisdicción de Jujuy.

[63] AGN, Sala X 27 08 13, Gobierno de Jujuy. Acta girada al gobierno de Buenos Aires, fechada en Jujuy el 22 de febrero de 1849.

[64] Seguido de José María Bárcena con 59, Benito Sánchez de Bustamante con 22, Mariano Pérez con 5, José Manuel Iturbe con dos y Francisco Zavaleta, Manuel Eguía y Restituto Zenarruza con un voto. AHJ, PG, Caja 2, 1850.

[66] AHJ, PG, Caja 1, 1839. Sumario por la fuga e intento de sublevación de Pablo Alemán. Catacata y Bruno Canchi tenían enconos con el exgobernador Alemán dado que le había impuesto al primero una multa de $200 y al segundo de $100 por vender ganado al ejército de Santa Cruz en tiempos de la guerra.

[68] Como se sabe, las derrotas de la Liga del Interior en 1831 y la de la Coalición de 1841 provocaron que los comprometidos se dirigieran a asilarse en el país andino. Muchos de los que se fueron en 1831 murieron en el exilio, fue el caso de los integrantes de la familia Gorriti.

[69] AHJ, PG, Caja 1, 1842. Nota de Juan Cáceres a Mariano Iturbe, Humahuaca, 2 de julio de 1842.

[70] AHJ, PG, Caja 1, 1842. Nota del jefe político de Humahuaca P. Pablo Huyones al gobernador Mariano Iturbe, Humahuaca, 28 de marzo de 1842.

[71] AHJ, PG, Caja 2, 1845. Nota del subdelegado de la Puna Juan Álvarez Prado al gobernador de Jujuy, 25 de octubre de 1845.

[72] AGN, Sala X 27-8-13, Gobierno de Jujuy 1838-1852. Nota oficial del gobierno de Jujuy al gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, Jujuy, el 14 de octubre de 1845.

[73] Esto se desprende de los informes que llegaban al por entonces gobernador José López Villar, así como el dictamen del fiscal que condenó a muerte a Mariano Iturbe en marzo de 1852. Este último documento disponible en: Biblioteca Nacional. Portal, Luis, Exposición de los acontecimientos que han tenido lugar en la Provincia de Jujuy. Desde agosto del año pasado hasta el 4 del marzo último. Lima, Imprenta del Comercio, 1852.