Panorama historiográfico sobre la dictadura y sus “delitos económicos” en Uruguay (1973-1984)

Historiographical Overview of the Dictatorship and its 'economic crimes' in Uruguay (1973-1984)

El estudio de la historia de la dictadura en el Uruguay en estas últimas dos décadas ha comenzado a desarrollarse de forma sistemática. Si bien existieron diversas obras que han estudiado dicho período en décadas anteriores, no es hasta iniciado el siglo XXI que se puede encontrar un desarrollo sostenido de estudio (y especialmente publicaciones) sobre este momento histórico.

Es preciso aclarar que no se tendrán en cuenta obras que se detienen en el período previo al golpe de estado efectuado el 27 de junio de 1973. Es decir que las obras que han investigado la llamada crisis del sistema democrático uruguayo o “El camino democrático a la dictadura en Uruguay (1967-1973)” (Rico, 2009) quedan fuera de este trabajo. Esos estudios integran el campo denominado como historia reciente (Franco y Levin, 2007). La historia de la dictadura se incluye dentro de este amplio campo, pero consideramos más específico hacer este recorte temporal en esta ocasión.

Over the last two decades, studies of the history of the Uruguayan dictatorship have begun to develop systematically. While several works analyzed this period during previous decades, it was not until the 21st century that there was a sustained increase in the number of studies (and especially publications) of this historical moment.

It is worth clarifying that we will not take into account publications that focus solely on the period preceding June 27, 1973, before it was declared a state coup regime. Consequently, publications that have researched the crisis of the Uruguayan democratic system or "El Camino Democrático a la Dictadura En Uruguay (1967-1973)" (Rico, 2009) are outside this paper's field of study. Such studies belong to the field of recent history (Franco and Levin, 2007). Although the history of the dictatorship is included within this broad field, but we believe it is better to restrict ourselves to a specific timeframe.

Los primeros estudios en Uruguay sobre historia de la dictadura hasta el “boom” editorial

Las primeras obras que se adentraron en este período fueron muy cercanas en el tiempo a la finalización de la dictadura. Dichas obras (Rial, 1986^[1], Lerin, François y Torres, Cristina, 1987; Caetano y Rilla, 1987;) pueden ser tenidas como pioneras en dicho campo de estudio en ciernes de construcción.

La obra de Gerardo Caetano y José Rilla “Breve historia de la dictadura” tiene la particularidad de ser la única escrita en esos años por historiadores. Fue un primer impulso, pero no se continuó en el tiempo. Como plantean los autores el trabajo tiene como “objeto de estudio la dictadura “strictu sensu” antes que el proceso político general desplegado durante esos años”^[2]

Estas obras se realizaron en marcos institucionales marcadas por la intervención de la dictadura en los centros de investigación y de enseñanza del país. Carlos Zubillaga en su obra “Los desafíos del historiador. Historia y sociedad en el Uruguay contemporáneo” (1996) plantea la importancia que tuvieron dichos centros en aquél Uruguay: “En el lapso comprendido entre 1975 y 1984 los centros privados de investigación permitieron revitalizar el conocimiento histórico” (1996: 71). En esta misma obra queda evidenciado el trabajo interdisciplinario: sociología, historia, economía, la incipiente ciencia política.

Pero este trabajo en centros privados de investigación^[3] fue disminuyendo hasta pasar a ser secundario en la producción de conocimiento a medida que se restablecía la libertad en las instituciones educativas y de investigación públicas a mediados de los ochenta. El sentido o significado de estos centros eran para aquél momento “islas de libertad” porque se podía discutir y estudiar temas que en las instituciones públicas estaba vedado (Zubillaga, 1996: 72).^[4]

Las obras dedicadas a estudiar la historia de la dictadura no tuvieron continuidad en el tiempo. El año 86 del siglo pasado no pasó inadvertido para la sociedad uruguaya. Los reclamos y la búsqueda de justicia a la salida de la dictadura llevaron a un período de controversias. Dicha etapa estuvo marcada por la discusión que generó la propuesta de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada el 22 de diciembre y publicada el 31 de diciembre de 1986.

Esta ley marca un mojón para los estudiosos de dicho período y para la sociedad en su conjunto. Este fue el inicio de una etapa que silenció –de hecho- a los académicos que habían comenzado a estudiar algunos aspectos sucedidos en dictadura. Cosse y Markarian afirman que:

“La validación electoral de la impunidad para los crímenes cometidos por el gobierno dictatorial abrió una época de silencio. En efecto, durante los años posteriores a 1989, prácticamente se dejó de hablar de la dictadura”^[5] (1996: 7).

“el historiador no trabaja encerrado en la clásica torre de marfil, al abrigo del mundanal ruido y tampoco vive en una cámara refrigerada, al abrigo de las pasiones del mundo. Sufre los condicionamientos de un contexto social, cultural y nacional (…)” (Traverso, 2007: 77).

En los años posteriores a esta decisión ciudadana, aparecieron algunos textos de diverso origen que trataban este período reciente. En el mismo 1989 se publica la obra de los autores Chagas, Jorge y Jorge Tonarelli. El sindicalismo bajo la dictadura, 1973-1984. Montevideo: Nuevo Mundo. La obra recuerda la historia del movimiento obrero durante la huelga general^[6]. Y aclara que es “fundamentalmente una crónica periodística” (1989: 10).

El mismo año se publicaba en el Nº 34 de la Revista Hoy es Historia^[7] el artículo titulado: “Reflexiones sobre algunas características y problemas del estudio de la historia reciente del Uruguay (1968-1987)” de Álvaro Rico. Allí se intenta dar continuidad y procurar un salto cualitativo a los estudios que comenzaban a silenciarse. En este caso existe un doble destaque en dicho trabajo: por un lado va a ir contracorriente del sentido común que se estaba empezando a vivir en el país en general y en la academia en particular para no estudiar la dictadura. Por otro lado propone una apertura para la producción historiográfica uruguaya al argumentar que es necesario extender la concepción que se tenía de fuentes para conocer el pasado inmediato^[8]. El propio autor afirmaba:

“esta historia reciente como “asunto de todos”, propone “democratizar la producción historiográfica” en sus fuentes tradicionales y conclusiones académicas y, por otro lado obliga a romper la pereza del historiador de “atenerse a lo vivido”, a su “diálogo” silencioso y sin respuesta con el documento escrito. La historia reciente es historia de voces que hay que salir a buscar” (Rico, 1989: 46).

Tres años después comenzaba a configurarse una nueva etapa de los estudios de la dictadura civil-militar: se publicaba por primera vez la revista Encuentros^[9] y allí el mismo Álvaro Rico publicaba un artículo de lo que sería una línea de investigación que se desarrollaría en los años posteriores. Dicho artículo era “Uruguay 1985-1989. Memoria popular-memoria del poder en la transición democrática. Notas para una investigación”^[10].

Por razones de espacio solamente hacemos referencia a la obra de varios autores “Uruguay: cuentas pendientes”, Montevideo, Trilce, 1995. Es una obra básicamente con ensayos que coloca el foco en la dictadura de una manera innovadora para el momento^[11].

En el país había antecedentes de estudiar el pasado reciente (como se ha mencionado anteriormente) en los centros privados de investigación^[12] que surgieron cuando la dictadura intervino la Universidad de la República.

Desde el retorno de la reinstitucionalización democrática la Universidad de la República comenzó a investigar lo sucedido en el país en los años previos al golpe y durante la dictadura. Esto fue posible con la creación en 1986 de dos centros interdisciplinarios en la Facultad de Humanidades y Ciencias, los cuales “debían abocarse al estudio del pasado más reciente” (Beretta y Demasi, 2017: 7)^[13].

La temática a la que se debía abocar el CEU no estuvo exenta de debates en el seno del ámbito académico que tenía también discusiones extracadémicas^[14]. Como plantean Marchesi, Markarian, Rico y Yaffé:

“podemos decir que la gran mayoría de lo producido en este período^[15] estaba en armonía con el enfoque de la literatura académica sobre la transición que una predisposición negociadora por parte de todos los actores era la única garantía de un tránsito pacífico a la democracia, lo cual parecía dejar de lado la posibilidad de reclamar cambios estructurales (…). Se trataba, de una crítica a las modalidades de hacer y pensar la política asumidas por muchos intelectuales en décadas anteriores. Es claro, entonces, que esta revisión fue fruto del cruzamiento entre debates académicos y discusiones políticas, marcando tanto el surgimiento de un campo de estudio como el tránsito teórico de parte de la izquierda intelectual. También […] hubo algunos enfoques disidentes que insistieron en pensar estos temas desde una interpretación de inspiración marxista que rechazaba la nueva ortodoxia politológica (…)” (2004: 11)^[16].

Gerardo Caetano todavía en 1998 planteaba que “Nadie puede hoy, desde una perspectiva histórica rigurosa, hacer una interpretación terminante sobre las causas del golpe del 73. Quien quiera hacerlo, lo que logrará es una pésima contribución cívica e histórica” (Zubillaga, 2002: 230).

Algunos integrantes del CEU habían empezado a incursionar en la temática de la historia reciente ya en la década del 80 del siglo pasado^[17]. También se publican otras obras que serán centrales para cualquier estudioso de este período^[18].

Es así que entre muchas obras y actividades que comienzan a desarrollar estos espacios institucionales^[19], se realiza en 2003 una jornada conmemorativa de los 30 años del golpe de estado. Luego de esa instancia académica se edita “El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay” (Marchesi, A. Markarian, V. Rico, A. Yaffé, J (comp.), 2004). La obra reúne ponencias y presentaciones realizadas en aquellas jornadas.

En ese momento se da un cambio cuantitativo y cualitativo en los estudios sobre la dictadura y comenzará la explosión editorial. La crisis del 2002 marcaba un quiebre en el país y perfilaba lo que sería un cambio en la historia política del Uruguay el 31 de octubre de 2004^[20] que permitiría estudiar y comprender el pasado reciente de otra manera^[21].

Aquí dejaremos esta rápida mirada a lo producido sobre el estudio de la dictadura de los aspectos generales para centrar el enfoque en los estudios sobre política económica de la dictadura y específicamente sobre lo producido y estudiado en cuanto a los “delitos económicos”.

El caso del estudio de la economía en el período de dictadura es distinto del análisis de lo sucedido en otros ámbitos (político, cultural, enseñanza, etc.). El sistema dictatorial permitía conocer lo que ocurría en el plano económico. Como veremos más adelante no todo era público, pero sí existían grupos de técnicos-especialistas que indagaban lo que ocurría en materia económica en el país.

Otro elemento a destacar desde el principio es que existen muy pocos historiadores que han investigado y escrito sobre historia económica de este período (Yaffé,^[22] 2009, Finch, 2005). La formación de historiadores en economía es un punto a profundizar^[23].

Una de las primeras obras que analiza lo sucedido en la dictadura en materia económica es “La política económica en el Uruguay (1968-1984)” del economista Jorge Notaro. Este investigador era parte de un grupo de docentes que fueron cesados y destituidos en la UdelaR luego de la intervención dictatorial. Fue parte de lo que el economista Messina denominó como una generación de economistas que radicalizaron la mirada respecto a los proyectos de investigación y a las respuestas que encontraban para solucionar dichos problemas. Pero quizá lo fundamental fue que estos economistas “pautaron una agenda de investigación en economía que fue hegemónica […) hasta 1973” ^[24]. La posición era crítica al modelo que se estaba instalando y buscaba construir alternativas que cambiaran la realidad.

Desde esta mirada es que Jorge Notaro realiza su estudio en profundidad de un período que va desde la instalación en el año 1968 de un “ajuste autoritario” hasta las puertas de lo que sería el inicio de la posdictadura^[25]. En este sentido es un aporte que en cierta manera continúa con la línea que venía desarrollando este autor en el momento previo del golpe.

El análisis que realiza es desde una perspectiva de economía política y no desde una posición neoclásica^[26]. Se pueden percibir los conflictos entre los grupos sociales que estaban disputando el proceso económico del país. Cuando analiza el período posterior al 73, destaca qué grupos y qué sectores sociales se apropian de la riqueza producida en el país en esos años.

La obra en cuestión maneja gran cantidad de documentos e informes realizados en los años en los que se estaban desarrollando estas políticas. Por ejemplo: Végh Villegas, A, Informe a la comisión de economía y finanzas de Consejo de Estado 22/7/74; Exposición en la cámara de Industrias 15/5/76.

También utiliza ediciones universitarias realizadas en el período dictatorial: Universidad de la República (FCEA). Resoluciones de los cónclaves gubernamentales. San Miguel, Colonia Suiza, Montevideo, Solís, Mdeo, D. de Publicaciones, 1978; Uruguay. Presidencia de la República. Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Plan Nacional de Desarrollo (1973-1977), Mdeo, 1973, 8v; Vegh Villegas, A, Economía Política: teoría y acción, Mdeo, 1977^[27]. También cita aportes técnicos de los siguientes autores: Anichini, J. J, Caumont, J y Sjaastetandt, La política comercial y la protección en el Uruguay, Mdeo, 1978, 2ed; Olesker, D, Comercio exterior, desenvolvimiento industrial y relaciones de dependencia, Mdeo, 1982. Hay otros informes citados que analizan lo que pasaba año a año en el país en materia económica.

Es interesante ver cómo los técnicos (en este caso economistas) tenían formas de acceder a datos, estadísticas, para hacer los informes de coyuntura. Esta arista permite ver un lado poco explorado en la academia: la relación entre técnicos y políticos. Observando este aspecto no trabajado por la academia es que se realizó una actividad en 1999 con esta temática, en la que participaron dichos actores. Luego de realizada la misma se edita un libro al año siguiente.

La actividad y el libro fueron coordinados por Gustavo de Armas y Adolfo Garcé^[28]. En la introducción de esa obra en el año 2000 los autores decían: “Hasta la fecha y salvo un par de honrosas excepciones, no existe bibliografía específica acerca de la relación entre conocimiento especializado y política en el Uruguay” (2000: 5)^[29].

Para nuestro trabajo nos interesa esta obra porque en ese libro se puede ver cómo la dictadura chilena incorporó en el gobierno a muchos integrantes de los Chicago Boys^[30] “estuvieron al frente de carteras ministeriales u ocupando puestos de primer nivel, casi treinta economistas egresados de la Universidad de Chicago (De Armas, 2000: 97). La visión difundida era la neoliberal o neoclásica^[31].

En el mismo momento que Notaro escribía su obra^[32], se publicaba el semanario Búsqueda. Allí los economistas que divulgaban las posiciones neoliberales de la economía tenían su espacio. Lo que buscaban estos técnicos y este semanario era que la economía no pensara en los efectos sociales que traería y de esa manera “procuraban una gestión técnica de la economía, independiente de sus efectos sociales” (Bruno, 2019: 63). De lo que se trataba era de controlar o “apropiarse del contenido de algunas palabras, como realismo y objetividad” (Bruno, 2018: 62)^[33]. Es por estos motivos que Caumont afirmaba que el “afán distributivo” no estaba sustentado en “investigaciones empíricas” (Bruno, 2018: 63), así afirmaban que,

“de producirse un aumento de salario real sin una correlativa mejora de la productividad para Caumont “la ecuación económica de las empresas empleadoras se desequilibraría y se desatarían una serie de reacciones”. La más importante sería la menor demanda de trabajo” (Bruno, 2018: 64).

Es en estas páginas donde se puede apreciar como los técnicos jugaron un papel relacionado con los procesos políticos que se estaban desarrollando^[34].

Otro ejemplo es la obra conjunta entre Walter Cancela y Alicia Melgar (1986). Si bien hacen un análisis del proceso económico de la dictadura no hay elementos novedosos respecto a la obra de Jorge Notaro (1984). Además el centro de interés está puesto en el futuro y cómo haría Uruguay para lograr el desarrollo.

Para el próximo apartado que se centrará en los “delitos económicos” en dictadura, es importante señalar que estos autores plantean que,

“en el período [1974 en adelante se dio] impulso al sector financiero y en buena medida, al sector de la propiedad de la vivienda, principalmente por el fuerte aumento relativo de los alquileres. [También a lo que se apunta es] “a hacer del país una plaza financiera internacional”. (Cancela y Melgar, 1986: 51; 58 y 62).

Además plantean el aumento de la deuda externa y la compra de carteras. (Cancela y Melgar, 1986: 51; 58 y 62).

No hay novedades al respecto del estudio de este período, aunque aparece un artículo de Danilo Astori en 1989 llamado “La política económica de la dictadura”. Dicho trabajo retoma elementos centrales de su “Neoliberalismo: crítica y alternativa” de 1982. Y de nuevo el foco está en el futuro “Hoy día, la dictadura ha terminado, pero esa crisis arraigada sigue presente: entre otras cosas, como el principal desafío que tiene planteado la apertura democrática” (1996 [1989]).

Uno de los investigadores que propone una lectura algo distinta y con matices es Jaime Yaffé en su artículo “Proceso económico y política económica durante la dictadura (1973-1984). Allí plantea que “toda la bibliografía consultada coincide en identificar los años 1974, 1978 y 1982 como momentos en los que se producen reorientaciones relevantes de la estrategia económica del régimen dictatorial” (2009: 120).

Sin embargo introduce un matiz respecto a la mayoría de las obras que han estudiado ese período. Su planteo hace referencia a que los civiles (técnicos) pretendían liberalizar toda la economía y los gobernantes militares permitieron la liberalización solamente de algunas áreas (financiera, monetaria y cambiaria) “Sintetizando, podríamos seguir […] diciendo que en este proceso también operó la dinámica del impulso (técnico-civil de orientación neoliberal) y el freno (militar, celoso y guardián del estado y que decidía en última instancia)” (Yaffé, 2009: 175).

Una vez abordados estos primeros puntos sobre la historiografía de la historia reciente y de la economía de la época en particular, nos detendremos ahora en los “delitos económicos” cometidos bajo la dictadura.

Dentro de los estudios sobre la última dictadura, es en este último lustro que se comenzaron a estudiar los delitos económicos. Su conocimiento e indagación es un área de reciente exploración. Si no fue fácil “salir a buscar las voces” de los protagonistas de los hechos represivos o de los momentos más duros de aquellos tiempos, más difícil fue comenzar a conocer lo realizado desde el poder por quienes tenían funciones de gobierno y por parte de los empresarios que amparados en un sistema de terror lograron seguir haciendo negocios.

El primero que investiga y trata este tema es un trabajo periodístico de Miguel Carrió. El título es “País vaciado. Dictadura y negociados (1973-1984)”, Montevideo, Monte Sexto, 1987. En la contratapa del libro podemos leer lo siguiente:

Páis vaciado reúne y amplía las investigaciones que desde 1978 ha venido realizando Carrió, dirigidas a descubrir de qué formas se “vació” al Uruguay en los últimos quince años. Desde fraudes empresariales, pasando por vaciamientos de empresas –que luego son “salvadas” por el Estado- hasta engaños completos como el caso SAUDICO –también en definitiva pagado por el Estado uruguayo-, las historias que aquí se descubren muestran la otra cara de los años de la dictadura. Libro apasionante y documentado, País vaciado busca contribuir a una mejor comprensión y conocimiento de los hechos de nuestro pasado más reciente.

Si bien se afirma que desde 1978 se venía haciendo la investigación, no hay documentación que compruebe dicha afirmación. La obra tiene un apartado denominado “Bibliografía consultada”, en el que no hay registros que hagan referencia al año 1978.

Pese a esto hay fuentes que refieren al período (Actas Cámara de Diputados y Senadores, Revista “Hoy”, Diario “El Día”, “El País”, “La Hora”, Informes de del Banco Central del Uruguay del Banco Hipotecario del Uruguay, Testimonios, etc.). Pero no hay un trabajo riguroso y preciso al respecto de todas estas fuentes, no se relaciona con lo que estaba pasando a nivel regional, ni a nivel del país, tampoco hace referencia a otros autores u obras que estuviesen estudiando esta temática. El valor de esta obra es ser la primera en trabajar un aspecto que al finalizar la dictadura estuvo presente en la prensa y mismo en el Parlamento en aquellos agitados años; también contiene referencias heurísticas de interés para volver sobre ellas.

Después de este trabajo periodístico pasaron casi tres décadas para que se editara “El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya”. El editor es el argentino Juan Pablo Bohoslavsky. Dicho autor es Doctor en Derecho, Experto Independiente sobre Deuda Externa y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La justicia y el trabajo de los historiadores están en un terreno fronterizo y de posibles tensiones. De hecho, este especialista es el que hace la introducción y presenta el contenido del libro:

Introducción a los fundamentos económicos de la dictadura”. En su primer párrafo plantea “La dictadura uruguaya no se trató de un proyecto criminal descabellado diseñado y ejecutado por un puñado de asesinos. Se trató de un programa político de disciplinamiento social implementado a sangre y fuego que buscó y logró una profunda redistribución de la riqueza en beneficio de élites económicas y en perjuicio de los trabajadores. Numerosas empresas y empresarios brindaron su apoyo político y económico al gobierno de facto a cambio de lo cual recibieron cuantiosos beneficios materiales. [….] A su vez, esta obra se encuadra en un proyecto académico más amplio que incluye el estudio de los casos de Argentina y Brasil (2016: 13).

Y su capítulo se denomina “Los prestamistas de la muerte” y en él se propone “analizar la relación causal que existió específicamente entre el financiamiento recibido por la dictadura cívico-militar de Uruguay y las violaciones masivas de derechos humanos perpetrados por dicho régimen” (2016: 102).

En los últimos tiempos también se han venido desarrollando líneas de investigación que dan cuenta del apoyo que tuvieron los gobiernos dictatoriales por parte de la sociedad civil^[35]. Las tres más relevantes hasta el momento son las de Aldo Marchesi^[36], Carlos Demasi^[37] y de Javier Correa Morales (2018)^[38], allí se analizan cómo los gobernantes de la dictadura uruguaya buscaron obtener consensos y apoyos en la sociedad civil.

En el trabajo de Bohoslavsky que venimos analizando, las explicaciones pueden ser complementarias y no excluyentes con las obras de los historiadores recién mencionados:

“En muchos regímenes autoritarios, la mayoría de la población se encuentra en una situación de exclusión o dependencia, incapaz de mejorar su condición o la manera en que es gobernada, y con el temor de que la disensión le acarree discriminación, tortura o muerte [….] La financiación soberana puede servir para mantener ese statu quo”. (2016: 104).

Javier Correa Morales lo plantea en su obra: “La realización de obras públicas, sobre todo en los departamentos del interior del país, fue otra de las estrategias que utilizó el gobierno dictatorial para conseguir legitimidad y consolidar sus apoyos” (2018: 117). Pero además de este apoyo por “conveniencia” habría existido otro tipo de apoyo –por convicción digamos- al régimen dictatorial. Y que parte de la población apoyó en algún momento y en otro momento lo dejó de hacer (2018: 157-158). Es decir que ambas explicaciones pueden ser complementarias.

Los estudios sobre delitos económicos en dictadura están hechos básicamente por periodistas (M. Carrió, S. Blixen, N. Uval, F. Leicht, F. Warner, L. Fernández, C. Olivera, J. Revetria^[39]), abogados (N. Carrillo Santarelli, A. Di Palma, G y A. Peralta, N. Roth-Arriza) y relacionados con el derecho internacional (F. Lessa, I. Clemente).

En esta obra solamente hay dos autores con formación específica en Historia: Jaime Yaffé y Carlos Demasi. Y ninguno de los dos trabaja estrictamente sobre los delitos, sino que su tarea es la de dar un marco general al tema. El primero analiza el impacto económico de la política económica durante la dictadura en la sociedad uruguaya^[40].El segundo, pone el foco en los apoyos de las Cámaras empresariales a la dictadura^[41]. Su planteo es similar a lo que analizó en su trabajo del 2013^[42] sobre los apoyos de la sociedad a la dictadura: fue ambigua y cambiante, no hubo resistencias unánimes o totales a la dictadura, pero tampoco apoyos cerrados de los empresarios: dependió de cómo les iba en sus negocios y lo que podían obtener de su vínculo con el gobierno.

En la obra citada de la compilación de Bohoslavsky, Juan Pablo (2016), podemos leer el artículo de Blixen y Uval (2016: 209-231). Allí se aprecia cómo los empresarios de los grandes medios de comunicación sí apoyaron a la dictadura y a la vez con ese apoyo lograron aumentar sus riquezas^[43]. En 1974 se aprueba una Ley de Promoción Industrial: mediante esta Ley empresas podían acceder a créditos bancarios y exoneración de impuestos. Para ser aceptado se debía presentar un proyecto y el gobierno lo estudiaba y aprobaba. “En la lista de las primeras veinticinco primeras empresas estaban El País (con créditos de 6.483.200 y El Día con 5.429.200 dólares” (Blixen y Uval: 214-215). Luego citando a Stolovich, Rodríguez y Bértola (1988) plantean que esos medios y otros de radiodifusión estaban relacionados a industriales. Estos préstamos no fueron reembolsados pues quedaron dentro de la compra de “carteras incobrables”, lo cual fue denunciado como unos de los delitos de la dictadura.

Los últimos estudios sobre este punto también fueron realizados por periodistas. Dicho estudio es de Fernández, L; Olivera, C; Revetria, J: “Mercenarios: robos y delitos económicos de la represión en dictadura”. Es una tesis de grado, de la Facultad de Información y Comunicación y es del año 2021. Este trabajo fue difundido en parte en el periódico La Diaria en seis notas^[44].

En este trabajo se pueden encontrar elementos novedosos para conocer este período. Se trabaja en base a documentos y pedidos de acceso a la información pública que permitieron conocer algunos documentos no valorados o desconocidos hasta ese momento. Como afirman los autores:

Hasta este trabajo, no existía una investigación que estudiara en profundidad y sistematizara los delitos económicos contra los detenidos en la última dictadura militar uruguaya. Más allá de algunas investigaciones periodísticas, en Uruguay se está lejos de alcanzar el caudal de información del que sí se dispone en otros países de latinoamérica. Eso impidió por mucho tiempo que se pusiera sobre la mesa una de las cartas más importantes para entender la lógica de la dictadura: el dinero (2021: 3).

Los autores consultaron a la Dirección General de Registros la cual fue de gran utilidad para conocer las compra-venta de los inmuebles; el Banco Hipotecario del Uruguay; Hemeroteca del Palacio Legislativo y de la Biblioteca Nacional (en diarios y publicaciones se encontraron avisos de algunas de las propiedades rastreadas).

“Como documento clave, se obtuvo un informe de estado de situación del OCOA^[45] de septiembre de 1976^[46]. Dice específicamente que la institución no cuenta con financiamiento propio y que, por lo tanto, las incautaciones hechas en las detenciones fueron la forma de mantenimiento y solventación del organismo y sus integrantes” (2021: 13).

Todos estos documentos y la indagación realizada por este equipo permite conocer y acerca un poco más de luz a aspectos desconocidos de la dictadura hasta el momento. Quedan elementos para seguir conociendo de este pasado de la historia del Uruguay.

Como puede apreciarse en el breve panorama esbozado desde los primeros estudios sobre el período dictatorial en Uruguay, no fue sencillo acercarse a esos años para intentar entender lo sucedido y comprender las maneras en que se llevó adelante. Recordemos que esa es la tarea central del historiador cuando se enfrenta a un tema que está investigando (Águila, 2014).

Luego de unos primeros pasos de incertidumbre para estabilizar el estudio de dicho período, la historiografía uruguaya ha logrado insertar en varias líneas de investigación a este proceso histórico.

Pese a lo que afirmamos antes, aún quedan puntos ciegos por resolver. ¿Cómo operó la dinámica de los negocios en el período 1973-1984?, ¿cómo actuaron los empresarios en esa fase histórica?, ¿cuál fue el vínculo entre empresarios y Estado?, ¿qué papel jugaron los altos mandos militares?

Estas preguntas recién empiezan a intentar responderse de manera más sistemática y profesional en este último lustro, aunque la historiografía aún no ha logrado posicionarse al respecto. Aquí, los equipos multidisciplinarios (historiadores, economistas, periodistas, entre otros) podrían ser de gran relevancia para dotar de mayor potencia a las próximas investigaciones, de esa manera la historiografía logrará incorporar un aspecto hasta el momento no profundizado y que permitirá una lectura más integral de dicho período histórico.

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[1] Los primeros en estudiar este período fueron centralmente sociólogos y economistas (al decir de Barrán “auténtica “clase alta” dentro de los más bien proletarios investigadores uruguayos” (1996: 172).

[3] Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR), Centro de Información y Estudios del Uruguay (CIESU).

[4] Sin embargo también en esos centros se instaura la práctica neoliberal y esto se traslada luego a muchos ámbitos de investigación inclusive a varios espacios de la Universidad de la República (véase “La ciencia política cuestionada: con el investigador Paulo Ravecca”, La Diaria, 31 de mayo de 2019.

[5] El 16 de abril de 1989 la ciudadanía mediante la votación en un Referéndum aceptó que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado quedara vigente y eso fue tomado como una aceptación de la impunidad en el país y que ya no se debía mirar al pasado (incluido los crímenes cometidos).

[6] Más de una década después se edita “15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de estado y Huelga General”, Montevideo, Fin de siglo, 2005. RICO, ÁLVARO (coord.). Allí se profundiza en la calidad de los documentos citados, la suma de testimonios, la compleja mirada de los afectados en esas jornadas.

[7] Sobre esta revista y la relación con la historia reciente puede consultarse: Lazo Fariello, C., & Altamirano Martínez, H. (2023). La revista Hoy es Historia: un espacio para vencer el silencio sobre la historia reciente. Encuentros Uruguayos, 16(1). https://doi.org/10.59842/16.1.1.

[10] Fue incluido en “Miradas interdisciplinarias sobre el pasado y el presente. América Latina y Uruguay bajo escrutinio de la revista Encuentros (1991-2006), Montevideo, FHCE, UdelaR, 97-114.

[11] En la introducción se puede leer lo siguiente: “el tema es tratado desde distintas disciplinas sociales y humanísticas y ello supone el aprendizaje de un diálogo en el que cada uno debe despojarse de su estatuto de verdad […] y buscar sobre los bordes de sus objetos de estudio las formas de re-hacer, entre todos, el tiempo y los hechos”, Rico, Álvaro (comp.), Uruguay: cuentas pendientes. Dictadura, memoria y desmemorias, Trilce, 1995, p. 7.

[12] Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR), Centro de Información y Estudios del Uruguay (CIESU).

[14] Estas discusiones están relacionadas con “La lucha por el monopolio de la competencia científica” en Pierre Bourdieu, Intelectuales, política y poder, Eudeba, pp 76-80. Nunca las discusiones académicas son “solamente” académicas, siempre hay posicionamientos ideológicos en las mismas. Los académicos y la academia no es neutral, ni aséptica.

[15] Están haciendo referencia a la década del 80 del siglo pasado, pero se mantuvo en el tiempo esta controversia, pues los politólogos mantuvieron una hegemonía respecto de la explicación del por qué se dio la dictadura, de la salida de la misma y qué se podía esperar de la “nueva” democracia.

[16] Cecilia Lesgart estudia este cambio en su obra: “Usos de la transición a la democracia: Ensayo, ciencia y política en la década del 80”, Ed. Homo Sapiens, Rosario, 2003. El subrayado es mío.

[17] Por ejemplo, la obra de Álvaro Rico denominada: “El liberalismo conservador. El discurso ideológico desde el Estado en la emergencia de 1968”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Ediciones Banda Oriental, 1989. Del mismo autor “¿Qué hacía Ud. durante el golpe de Estado?”, Fin de Siglo, 1994.

[18] Estas obras son las siguientes, Carlos Demasi (coord.), “Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay. T 1. La caída de la democracia (1967-1973)”, Montevideo, FCU, 1996 y Carlos Demasi (coord.), “Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay. T 2. El gobierno cívico-militar (1973-1980), Montevideo, FCE, 2003.

[20] Se puede profundizar en Oscar Brando (comp) “Uruguay hoy. Paisajes después del 31 de octubre”, ediciones del caballo perdido, 2004. Específicamente el capítulo de Carlos Demasi, Álvaro Rico y Marcelo Rossal, pp. 7-77.

[21] Es de destacar la obra “Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)” (3 Tomos), Álvaro Rico (coord.), UdelaR-CSIC-FHCE-CEIU, 2008.

[23] En la página de la Asociación Uruguaya de Historia Económica figura una publicación que se detiene en este período. Y la mayoría de los integrantes de esta asociación son economistas no historiadores. Una obra que permite conocer detalles sobre las dificultades epistemológicas entre Historia y Economía se encuentra en Luis Bértola “Ensayos de historia económica. Uruguay en la región y el mundo”, Trilce, 2000.

[24] Pablo Messina, “El proceso económico del Uruguay: a 50 años del dependentismo económico uruguayo”, La Diaria, 22 de julio de 2019. El mismo autor presenta el clima intelectual de las ciencias sociales a fines de los sesenta y principios de los setenta en: “¿Cincuenta años de qué?, Brecha, 11 de junio de 2021.

[25] Álvaro Rico desarrolló esta noción en “Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay (1985-2005)”, Trilce, 2005.

[26] Esta concepción está basada en la teoría neoclásica. La misma sostiene que “las relaciones económicas son relaciones entre los hombres y las cosas, entre el individuo y la satisfacción que le proporciona un objeto (…) lo que más interesa es la evolución de los precios [y] responder a las necesidades empresariales” (Guilleromo Foladori y Gustavo Melazzi, Economía de la sociedad capitalista, 1988, p. 54). A sí mismo es una teoría individualista y lo que promueve es “la soberanía del consumidor” (Foladori y Melazzi, op.cit, p. 56). Para esta teoría “el mercado reúne demandantes y oferentes y pauta el desarrollo del sistema. Este supremo mecanismo regulador debe actuar libremente, sin trabas ni influencias de ninguna especie, sea de gremios de empresarios, de productores del gobierno de sindicatos, etc. Si garantizamos este libre funcionamiento, el mercado asegura el equilibrio, asegura la estabilidad del sistema” Foladori y Melazzi, op.cit, p. 58).

[27] Esta es una obra a consultar en próximos trabajos para poder profundizar en la concepción de uno de los civiles claves en la concepción económico de la dictadura y de la posdictadura.

[28] De Armas, Gustavo y Garcé, Adolfo (2000), Técnicos y política. Saber y poder: encuentros y desencuentros en el Uruguay contemporáneo, Montevideo, Trilce.

[29] Existe una monografía final de la Licenciatura en Ciencia Política que estudia estos aspectos: Lara Robledo, Técnicos y Militares en Uruguay. Política económica: saber y deber en conflicto, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2002.

[32] El mismo autor plantea que su obra se basó en dos trabajos anteriores realizados en 1983: “La política económica en el Uruguay 1968-1982” (mecanografiado) y “Proceso económico y proceso político en el Uruguay actual. Hipótesis sobre sus interacciones”.

[33] Pierre Bourdieu (2009) en su apartado “Las reproducciones simbólicas como instrumentos de dominación” plantea de manera clara la importancia de controlar el sentido de las palabras, pues “el poder simbólico hace ver y hace creer, confirma o transforma la visión del mundo y, por ello la acción sobre el mundo” (2009: 71-72). Recordemos que en 1983 no se tenía claro qué sucedería con la transición democrática: era un escenario abierto lo que sucedería en el país. Para profundizar en esta transición puede consultarse Carlos Demasi, 2022.

[34] Jorge Notaro también escribía en los semanarios “Aquí”, “Asamblea” y “Jaque”. Queda pendiente para un próximo trabajo poder verificar si existieron debates al respecto de estos puntos en dichos medios de prensa.

[36] “Una parte del pueblo uruguayo feliz, contento, alegre. Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura” en La dictadura cívico-militar. Uruguay 1973-1985, EBO, pp. 324-398.

[37] “Las ambiguas formas de coexistencia. La sociedad uruguaya frente a la dictadura” en Águila, G, Alonso, L (coord.). Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, Prometeo, 2013, pp 221-244.

[40] “La sociedad uruguaya durante la dictadura. Impactos sociales de su proceso económico”, en Jaime Yaffé, en Bohoslavsky, Juan Pablo, op. cit. pp 123-140.

[42] Ver cita 28 de este trabajo. En este caso el autor plantea que los archivos policiales mostraban que existía una buena “masa de documentos” que mostraban denuncias anónimas a compañeros de trabajo o de estudio.

[43] Ni en el artículo de Demasi, ni en el de Blixen y Uval hay referencias a la Asociación que nuclea a los medios de difusión la Asociación Nacional de Broadcaster Uruguayos.

[44] Los mismos autores: “Organismos de represión de la dictadura financiaron su operativa con los bienes incautados a los detenidos políticos” (11 de diciembre de 2021); “El operativo de la dictadura contra las finanzas del Partido Comunista” (14 de diciembre de 2021); “La casa de Punta Gorda: el negocio detrás del centro de detención clandestino” (18 de diciembre de 2021); “Sociedad civil vinculada a militares de alto rango tenía su sede en el centro clandestino de reclusión donde desapareció María Claudia García de Gelman (24 de diciembre de 2021); “Los delitos económicos de la dictadura: “Cada vez que había allanamientos se llevaban todo lo que podían” (24 de diciembre de 2021); “La plata del PVP: un botín que muchos represores querían alcanzar” (24 de diciembre de 2021). Las citas y el trabajo que se tomarán hacen referencia al trabajo de Tesis.

[47] Las obras citadas son las que se consultaron detenidamente para la elaboración de este trabajo, quedando al margen gran parte de la bibliografía pos explosión editorial.