Estado, Turismo y Peronismo. Agencias expertas y políticas públicas en Tucumán (1946- 1955)

La retórica peronista situó al turismo como un elemento clave para la realización plena de la vida de los trabajadores. Inserto en esa malla discursiva, el turismo fue objeto de acciones públicas tendientes a su democratización. Así pues, el objetivo de este artículo consiste en analizar las políticas de territorialización turística centradas en la faceta hotelera y el despliegue de villas de veraneo y el rol de las agencias expertas a través de sus capacidades y límites, en la provincia de Tucumán durante los años de los gobiernos peronistas (1946 y 1955). El artículo apunta a “descentrar” el Estado desde un doble punto de vista. Por un lado, busca obtener una mirada más abarcadora del país ya que la reciente historia del turismo se ha enfocado en el análisis de los destinos más tradicionales tales como Mar del Plata y Córdoba. En segundo lugar, busca recuperar lo específico del Estado en su escala provincial en tanto esta no constituye un reflejo mecánico del Estado nacional. Para ello se realizó un análisis cualitativo de documentos públicos tales como boletines oficiales, diarios de sesiones parlamentarias, prensa escrita de la época de rango provincial y regional, así como fuentes de Estado de reparticiones especializadas.

Peronist rhetoric placed tourism as a key element for the full realization of the lives of workers. Inserted in this discursive mesh, tourism was the object of public actions aimed at its democratization. Thus, the objective of this article is to analyze the tourism territorialization policies focused on the hotel facet and the deployment of summer villas and the role of expert agencies through their capacities and limits, in the province of Tucumán during the years of the Peronist governments (1946 and 1955). The article aims to "de-center" the State from a double point of view. On the one hand, it search to obtain a more comprehensive view of the country since the recent history of tourism has focused on the analysis of the more traditional destinations such as Mar del Plata and Córdoba. Secondly, it seeks to recover the specificity of the State at its provincial level, as long as this does not constitute a mechanical reflection of the national State. For this, a qualitative analysis of public documents such as official bulletins, parliamentary session diaries, written press of the time of provincial and regional rank, as well as State sources of specialized departments, was carried out.

El siguiente artículo analiza el proceso de intervención estatal en materia turística en la provincia de Tucumán durante los gobiernos peronistas entre 1946 y 1955. Dicho periodo ha sido señalado por la reciente historia social y cultural del turismo como aquel donde se profundizaron las condiciones de la democratización del bienestar iniciadas a finales de la década del veinte. Así, se incorporaron definitivamente a las prácticas turísticas los sectores medios en un proceso que incluyó también a las franjas populares (Pastoriza y Torre, 2019). En efecto, los años peronistas traslucieron permanencias y esfuerzos por sofisticar los recursos gubernamentales de la etapa conservadora en pos de la formación de un tipo de turismo con una base social ampliada. Las materialidades, la burocracia y las políticas implementadas fueron reutilizadas a la luz de un estatalismo que también era nacionalista e intervencionista pero que adquirió especificidad en el marco de una sociedad móvil atravesada por una retórica democratizante e igualitarista. Precisamente, la causa peronista como proyecto de integración de los sectores sociales desfavorecidos hizo usufructo de elementos estatales formulados precedentemente con el objetivo de diseñar dispositivos “inaugurales” que apuntaran a la apertura social del turismo.

Ahora bien, este proceso durante la época peronista ha sido descripto fundamentalmente en localidades “clásicas” especialmente de la costa atlántica, pero ha dejado en penumbras otras zonas de Argentina.^[1] De modo tal que este artículo aporta al reciente campo de la historia social y cultural del turismo a través de la exploración de un espacio subnacional como el tucumano lo cual permite avanzar en un sentido más abarcador.

Por otro lado, habilita la posibilidad de problematizar y/o tensionar las velocidades y el alcance de los mecanismos democratizantes del modelo social y político descripto. En la medida que el Estado nacional ha sido clave en el proceso de apertura social cabe cuestionar la idea de que los Estados provinciales fueron un reflejo inerte de acciones, agencias y proyectos. En ese sentido, este trabajo se sustenta y comparte algunas premisas de la nueva historiografía del Estado en Argentina (e.g. Bohoslavsky y Soprano, 2010; Di Liscia y Soprano, 2017; Ben Plotkin y Zimmermann, 2012). Entre ellas destaca la idea de que es preciso llevar a cabo un proceso de “descentramiento”. Es decir, resulta necesario auscultar lo específico de las provincias en el interior del país desligándolas de modelos arquetípicos nacionales o centralizados, explorando “desde adentro” las distintas expresiones de lo estatal (Soprano, 2015). Esto último trasluce la idea de un Estado que no es el resultado ineluctable de la voluntad de las élites sino que, sin desconocer la influencia de estos sectores, es producto de un complejo entramado de intereses en juego (Skocpol, 1985). Esto permite aludir a las características particulares, heterogéneas y fragmentarias que asumió el Estado provincial tucumano a través de la agencia experta en turismo durante el periodo analizado.

Así pues, el artículo se dividirá en tres partes que deben pensarse de forma interrelacionada. En primer lugar se hará referencia a la evolución de las agencias turísticas nacionales durante los años peronistas. Estas no deben pensarse como esquemas a seguir sino como entidades burocráticas que propusieron un marco argumentativo, un tono de época para que las élites dirigentes locales establecieran sus mecanismos de acción pública. De modo que en una segunda instancia se buscará desentrañar el desenvolvimiento estatal en materia turística en Tucumán. Para ello se analizará el proceso de evolución de las dependencias de turismo, enfocando los aspectos normativos de su funcionamiento. Por otro lado, se analizará la implementación de las políticas que apuntaron al desarrollo de infraestructuras hoteleras y de segundas residencias, especialmente en los espacios turísticos serranos de la provincia, a la luz de los proyectos y realizaciones gubernamentales peronistas. En efecto, las lógicas de planificación gubernamental no tuvieron linealmente status de concreción absoluta. Más bien, este artículo buscará reflexionar sobre las capacidades estatales en la medida que reflejen los distintos grados de materialización de las políticas turísticas y por ende de incorporación relativa de nuevos sectores sociales.

Para realizar esta pesquisa se llevó a cabo una metodología cualitativa que recuperó material documental presente en diversos archivos y bibliotecas provinciales y nacionales y diversos repositorios digitales. Se recurrió a documentos oficiales nacionales y provinciales tales como boletines oficiales, diarios de sesiones legislativos, memorias descriptivas (y/o similares) de distintas reparticiones públicas, prensa de la época, entre otros.

Luego de la intervención de 1943, turismo pasó bajo la órbita de la Dirección de Parques Nacionales aunque sin recursos fue absorbida finalmente por el Ministerio de Obras Públicas a comienzos de 1945. Así, el Dto. N° 9504/45 creó la Administración General de Parques Nacionales y Turismo (AGPNT). Esta agencia fue uno de los puntales peronistas de la puesta en marcha de políticas públicas renovadas en materia turística, que junto con las iniciativas de la sociedad civil pusieron en un primer plano la intervención sobre los usos del tiempo libre y el ocio popular. Diferentes medidas permitieron la consolidación de estas prácticas en los sectores medios y la ampliación hacia los trabajadores. La democratización del bienestar estuvo impulsada por tendencias colectivas que aspiraron a una sociedad con movilidad ascendente y vocación igualitaria (Pastoriza, 2011). La consigna del turismo social u obrero cobró importancia en los lineamientos del gobierno nacional y legitimó la legislación laboral: extensión de las vacaciones remuneradas y obligatorias (Dto. N° 1740/45), el salario básico, vital y móvil, el sueldo anual complementario (SAC) o aguinaldo y creación del Instituto Nacional de Remuneraciones (Dto. N° 33302/45). Esta última institución previó utilizar el descuento del 5% del aguinaldo en la construcción de colonias de vacaciones y fomento del turismo social (Pastoriza y Pedetta, 2009). Estas medidas novedosas, difundidas por la propaganda gubernamental, buscaron que los ciudadanos pudieran recorrer los confines del país, reforzando así una premisa nacionalista que motivó, en gran medida, la organización turística desde los años treinta (Piglia, 2012). Entre las principales funciones de la AGPNT se destacaron: fomentar y prestar “apoyo moral y material para la organización del turismo para obreros mediante convenios con empresas, gremios y asociaciones con el objeto de financiar estadas de personas con escasos recursos”^[2] y el de establecer colonias de vacaciones en el territorio de todo el país. Este aspecto se complementaba mediante la voluntad de establecer colonias de vacaciones en todo el territorio. Ahora bien, normativamente la AGPNT solo podía ejercer control sobre los Parques Nacionales y las actividades de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, territorios nacionales y aquellas provincias que adhirieran a convenios o pactos específicos.^[3] Su manejo territorial alcanzaba además el manejo de los grandes hoteles de Llao-Llao y el de San Fernando del Catamarca, inaugurado en1941. Este aspecto intentó ser reforzado con la política constructiva del peronismo que apuntaba a la creación de infraestructura hotelera en el marco del avance del turismo social. Esto sería llevado a cabo mediante la facilitación del crédito hotelero y la intervención directa. Así, sobre la base de la ley de fomento hotelero N°12.699 de 1940^[4] se concluyeron durante 1948 las hosterías de Catamarca en Ancasti y Andalgalá, como así también los establecimientos de La Rioja, la hostería en Chilecito, y el Hotel Nacional en la capital provincial.^[5] En suma, el federalismo sobre el que se asentaba el funcionamiento normativo de la AGPNT tenía como consecuencia que esta no tuviera un alcance más amplio y discrecional sobre las provincias más allá del concreto sobre los hoteles y hosterías o aquel operado a partir de convenios específicos, transitorios y limitados con alguna repartición de las gobernaciones subnacionales. Esto mismo justifica y hace necesario interrogarse por el papel, incidencia y funcionamiento de los Estados en esa escala en materia turística.

Por último, y para concluir este sucinto recorrido evolutivo de las dependencias de turismo nacional, en 1951 se produjo la disgregación de la AGPNT. Por Dto. N° 15.780, Parques Nacionales pasó a depender nuevamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería mientras que la organización del turismo pasaba a órbita del Ministerio de Transporte.^[6] Asimismo, este aspecto hizo su aparición en los lineamientos de la política de Estado del II Plan Quinquenal (1952-1957). Allí se propuso como objetivo fundamental “poner al alcance del pueblo el conocimiento de las bellezas naturales y de cuanto ha realizado el esfuerzo argentino”.^[7] Para ello consagró como objetivos generales la organización del turismo social, escolar e internacional mediante el acceso a las “zonas y centros” de turismo. Se fomentó la construcción privada de hoteles en las plazas turísticas, y hosterías en los caminos que condujeran hacia aquellos. También se apoyó la edificación directa de establecimientos y colonias en zonas no turísticas mediante la ejecución del ítem “inversiones del Estado”. La intervención sobre este aspecto se reflejó en la supervisión de las tarifas hoteleras y la clasificación de los establecimientos según su jerarquía. Asimismo, se pensó en la realización de convenios internacionales, la promoción de deportes, la creación de una Escuela de Capacitación Hotelera y Turística y el relanzamiento de la organización institucional del turismo. Para ello se proyectó la sanción de una ley de turismo con el objetivo de coordinar en todo el territorio nacional las bases del plan. Específicamente se ideó la creación de un organismo experto, dependiente del Ministerio de Transportes, que tendría diversos objetivos. Entre estas funciones destacaría la de coordinadora entre la nación, las provincias y la sociedad civil, en segundo lugar, la organización del sistema nacional e internacional de transportes, oficinas de informes y por último su participación como ente contralor y vehiculizador del crédito hotelero.^[8] Cabe destacar que esta planificación en términos administrativos no fue concretada. Asimismo, el cumplimiento de estas prerrogativas por parte de la nueva agencia se vería eclipsado en la medida en que el grueso de las actividades realizadas, especialmente aquellas referidas al turismo social, fueron quedando en manos de la Fundación Eva Perón (Pastoriza, 2008). ^[9] Es decir, la acción de los organismos burocráticos nacionales y el panorama del turismo sindical y social estuvieron inspirados en principios y objetivos político-ideológicos de la retórica peronista.

Los discursos de los gobiernos tucumanos entroncaron con el acervo subjetivo peronista y las políticas públicas turísticas tendieron a impulsar la democratización del ocio, especialmente a través de dos elementos sobresalientes. Por una parte la constitución de una nueva dependencia experta que debía estar a la altura de la misión de la causa peronista. Por otro lado, la implementación de una política hotelera con fines de ampliación de la base social de los turistas, y el desarrollo material de segundas residencias (villas veraniegas) en distintos puntos de la provincia. Estos fenómenos implicaron una presencia cada vez más decidida del Estado en la organización del turismo y concretamente una intervención más directa sobre las esferas públicas y privadas. El impulso renovado que tuvo el peronismo en ese sentido se contorneó a la luz de las características específicas de su proyecto político y de las condiciones particulares de Tucumán.

La búsqueda de creación de una nueva entidad estatal que pudiera universalizar las prácticas de ocio se convirtió en una tarea que tuvo según los discursos emanados de funcionarios y representantes del gobierno del peronista Carlos Domínguez (1946- 1950), un cariz inaugural y fundacional. Precisamente, uno de los recursos retóricos empleados para justificar su establecimiento consistió en exaltar la obra peronista tal como si hubiera sido inédita en la historia argentina (Troncoso y Lois, 2004).^[10] Estas estrategias discursivas y políticas llevaron a distintas críticas respecto a cómo se había abordado el “problema del turismo” durante el periodo anterior a la revolución de junio de 1943. En esa línea, el senador provincial de origen ferroviario Julio Mirandou, afirmó que “(…) no se había tenido en cuenta para nada la explotación del renglón turismo”.^[11] La misma línea siguió el diputado Ramón G. Villafañe, autor de la ley de turismo provincial de 1948, quien enjuició a las políticas previas opinando sobre el mal funcionamiento y los resultados poco efectivos de las reparticiones expertas predecesoras.^[12] También se criticó que dichas dependencias estuvieran destinadas únicamente a la recaudación de mayores ingresos fiscales. Esto apuntaba a denunciar el cariz antipopular de la acción pública precedente en la medida que para los legisladores peronistas los únicos beneficiados habían sido las élites.

No obstante este intento de remarcar las características inaugurales del peronismo muchos de los argumentos volcados para justificar la sanción de la ley de turismo de 1948 retomaron viejas ideas expresadas en décadas previas. Uno de esos tópicos aludía al turismo como una industria que llevaría al progreso y la riqueza de la provincia. Otro elemento repetido situaba al turismo como eje para el fortalecimiento de la unidad nacional y la identidad colectiva. La argentinidad inscripta en la naturaleza y la cultura, entendida como una “tradición”,^[13] estaba llamada a ser consumida turísticamente.^[14] Sumado a ello, existía un sentir común local respecto a la excepcionalidad de la provincia en la conformación del Estado-Nación argentino y al lugar providencial que tenía asegurado en el futuro. Por ende, Tucumán debía ocupar el rol sitio más destacado como destino turístico en el norte. Algunos legisladores se preguntaron porqué la provincia no podía llegar a ser un centro de turismo como Córdoba o Mendoza, y convocaron al Estado a subsanar una adversidad que se consideraba coyuntural. El gobernador peronista Fernando Riera señalaba en ese sentido “(…) Tucumán aparece en mora, cuanto que no se le conoce debidamente, ni se le da el rango jerárquico que le corresponde”.^[15]

Ahora bien, los elementos de diferenciación peronista presentes en el proyecto de turismo de 1948 apuntaron a crear un organismo público que respondiera a la ampliación efectiva de la base social de las prácticas de ocio. Es decir, entre los fundamentos que justificaron la nueva repartición, se propició el turismo obrero en tanto “hoy tiene derecho todo el mundo a gozar su merecido descanso, a conocer su patria, tanto el obrero como el patrón, el fuerte como el débil, el potentado como el indigente”.^[16] Por ello mismo y en línea con los preceptos peronistas, el objetivo principal del Estado provincial en materia turística se supeditó al rol de árbitro de las relaciones sociales. Su función central debía ser limar las asperezas de las desigualdades sociales y suavizar la convivencia para que sea más grata, “suprimiendo roces y antagonismos”.^[17] En su discurso de apoyo a la normativa, el diputado peronista Jiménez Montilla expresó que la materialización de una nueva repartición obedecía a una “necesidad imperiosa, impostergable del ideario y los propósitos revolucionarios”, a saber, la concepción de que el uso del tiempo libre debía regularse y distribuirse a todos “los habitantes de la nación, de las más diversas condiciones sociales y capacidad económica”.^[18]

Así pues, la Dirección Provincial de Turismo de Tucumán (DPTT) fue aprobada por LP N° 2205/48 y reglamentada por el gobernador Domínguez por Dto.-Acuerdo N° 331/48. La dependencia se constituyó en ente autárquico con el fin de tener la libertad para planificar, ejecutar y coordinar con otras áreas de gobierno que se vincularan con el turismo, o bien, relacionarse con reparticiones similares a través de convenios o pactos interprovinciales/ nacionales. Asimismo, la re jerarquización estatal de la repartición de turismo fue acompañada de un conjunto amplio de facultades. Entre otros objetivos se buscó sofisticar la faceta de informaciones mediante la organización de un sistema que caracterizara las zonas de turismo y sus atractivos de diversa índole.^[19] La determinación precisa de qué objetos se podían consumir turísticamente significó la estructuración de un inventario. La comunicación de esta amplia gama de atractivos se produjo a partir de la elaboración de guías, folletos, afiches, planos y la publicación de una revista semestral ilustrada de la provincia. En ese sentido, se acordó con el FF.CC Argentino y con el ACA la edición de mapa vial y turístico que sería entregado de forma gratuita por todo el país. Entre otros elementos de difusión se propuso montar un estudio fotográfico- cinematográfico, invitando a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a participar de esta actividad. También se propició el establecimiento de una biblioteca en donde se expusieran temas urbanísticos, artísticos, hechos históricos de la provincia, destacándose el interés por recuperar la historia indígena y todo lo que se considerara nativo. También se pensó en la realización de certámenes y exposiciones de producciones regionales, artísticas, literarias, etc.

Junto con ello, la nueva dependencia aspiró a situar los entretenimientos populares como expresión democratizante del descanso para nuevos sectores sociales. Para ello se proyectó la organización de torneos deportivos, funciones teatrales y cinematográficas, sumado a las fiestas regionales productivas anuales de la zafra y la trilla y aquellas patrióticas tales como “la semana de julio”. ^[20] También se destacó la celebración de la Pachamama en el marco de la promoción masiva del folclore del peronismo. ^[21] Otro aspecto crucial para favorecer el turismo popular fue la decisión de realizar campings y excursiones a las que se podía acceder por medio de sumas módicas con el objeto de beneficiar a los “empleados de la administración pública, estudiantes, docentes y núcleos de obreros con sus familiares”.^[22] Por caso, durante los meses de verano de 1948 la DPTT organizó excursiones populares a San Javier, fijando un servicio diurno y otro nocturno que funcionó todos los días de la semana y cuyo boleto costó $3,50 m/n.^[23] En el mismo sentido de fomentar un turismo hacia nuevos grupos sociales, se planteó celebrar acuerdos con las empresas ferroviarias, áreas y de transporte automotor con el objeto de abaratar los costos de los boletos de turismo y la supervisión y control de las tarifas de los establecimientos hoteleros.

Por otra parte, el gobierno provincial advirtió que la nueva dependencia debía tener las capacidades materiales para transformar y/o crear las condiciones que favorecieran la movilidad turística nacional hacia la provincia. La autarquía, la libertad y la elasticidad para concretar sus iniciativas sólo se concretarían si la agencia tenía independencia económica para solventarlas. Así pues, se propuso “un nuevo organismo, no una entidad autárquica más, no un órgano reclutador de empleados públicos, sino una repartición dotada de agilidad administrativa”. ^[24] Es decir, se apuntó a la creación de una oficina que contara con recursos genuinos. Tanto peronistas como radicales consensuaron la idea de que una agencia con fondos suficientes tendría la suficiente libertad para solventar de forma definitiva e integral el problema del turismo.^[25] Precisamente, LP N° 2205/48 estableció que su presupuesto no sería inferior al 2% del presupuesto general de la provincia. No obstante, si bien la aplicación de esta distribución comenzó a regir desde 1948 se observa que el único año donde se alcanzó e incluso superó dicho piso fue en 1946. El crecimiento nominal de fondos aumentó hacia 1951 y se mantuvo más o menos constante, aunque en términos porcentuales decreció desde 1953 (véase cuadro N°1).^[26]

A nivel de formación de elencos burocráticos, una de las novedades en la composición de la nueva dependencia fue que sus miembros no podían integrar los poderes ejecutivos y legislativos provincial y municipal. ^[27] Esto significaba un avance en el sentido de la “profesionalización no política” de la repartición. Asimismo, se abandonaron el carácter ad honorem del personal así como el cumplimiento de funciones de dichos miembros en otras dependencias. Es decir, se procuró la formación de un elenco propio pagado con jerarquías en función de saberes y experiencias. La importancia renovada que se le dio a la dependencia se reflejó, también, en el abandono de la filial del ACA –sede que había ocupado desde 1942- y su traslado a instalaciones propias.^[28] En la misma línea se autorizó durante 1950 el asentamiento de la “Casa de Tucumán” en la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio tuvo a su cargo la información, publicidad y organización de los medios para fomentar la afluencia de viajeros, además de ofrecer ventajas para las gestiones oficiales y privadas.^[29]

Cuadro N° 1. Evolución del presupuesto de turismo de la Provincia de Tucumán.

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán.

La cuestión hotelera constituyó un haz crucial de las políticas turísticas durante los años peronistas. A comienzos de 1946 existía cierto consenso al interior del Estado y en la opinión pública respecto a que el déficit hotelero y/o la escasez de residencias en lugares de descanso eran problemas graves que atentaban contra el desarrollo turístico. El senador Figueroa Diez reconocía: “sabemos que Tucumán carece en absoluto de hoteles” y agregaba una descripción del panorama precario ocasionado por la falta de oferta hotelera durante de temporada alta en meses de invierno.

Se ha llegado al extremo de que hubo turistas a los cuales la Dirección de Turismo debió alojarlos en sus dependencias; o en las dependencias del aeroclub, de instituciones particulares, casas de pensión, clubes deportivos. Hubo turistas que han venido a nuestra provincia y debieron volverse en el mismo tren, ómnibus o automóvil porque no pudieron obtener comodidades. Esta situación es de conocimiento público (…).^[30]

Esta percepción generalizada produjo durante los primeros años de gobierno de Domínguez una serie de acciones. En primer lugar se buscó poner en funcionamiento uno de los establecimientos más icónicos de la provincia, el gran hotel Savoy.^[31] Expropiado en 1945 por el interventor Enrique B. García (1944- 1946), fue puesto en funcionamiento luego de una inversión de $300.000 m/n (LP N° 1944/46 y LP N° 2104/47).^[32] La urgencia de la habilitación de un hotel de lujo no pretendía resolver las carencias generales o dar satisfacción a las demandas de diversos sectores sociales. Principalmente se aspiraba a que la provincia ofreciera su “mejor hospedaje” al presidente de la nación o a las altas autoridades nacionales a propósito de sus potenciales visitas durante el mes de julio.

En efecto, la necesidad de abordar problema hotelero en la provincia más allá de la habilitación simbólica del “Savoy”, llevó a diseñar un programa estatal que brindara a los actores privados los incentivos para invertir sus capitales. En esa línea, durante enero de 1947 se votó la LP N° 2028 de fomento a la construcción privada de hoteles, hosterías y paradores. El senador peronista Ramón Araujo, miembro informante del proyecto razonó que el Estado debía promover el interés privado en materia hotelera, no solo para dar comodidades a los viajeros, sino para favorecer el empleo. Se consideró preciso que el Estado brindara “protecciones y garantías” a la iniciativa particular. ^[33] Los beneficios consistieron en otorgar primas a la construcción y a las mejoras de los establecimientos en funcionamiento. También implicó rebajas de impuestos provinciales (50% a las construcciones nuevas, 25% a las ya existentes). Para el acogimiento a los beneficios se plantearon una serie de requisitos. La Comisión Provincial de Turismo (CPTT) debía aprobar la zona de turismo donde se construiría como así también los planos, capacidad, materiales de construcción, amueblamiento, etc. Además, se exigió a los potenciales hoteles condiciones de higiene y salubridad junto con la obligatoriedad de funcionar durante diez años sin posibilidad de destinar el inmueble a otra actividad. Por otro lado, la ley estableció que la CPTT podía sugerir expropiaciones de inmuebles que considerara con el fin de construir establecimientos hoteleros a cargo de terceros. Los recursos para solventar esta normativa se formaron a partir de un fondo extraordinario de $200.000 m/n y un 50% de la rentabilidad de la Caja Popular de Ahorros de la provincia.^[34]

Esta serie de medidas de apuntalamiento de desarrollo hotelero fueron complementadas con el accionar de DPTT creada en 1948. Así, la dependencia estimuló la construcción de alojamientos en diferentes zonas turísticas mediante el manejo de un sistema de primas de un 20% sobre el valor total de construcciones, instalación y moblaje. Además, elevó la tasa de bonificación impositiva la cual pasó a ser de un 100%. Por otra parte, procedió a clasificar los distintos hoteles según jerarquías y tarifas y se encargó de publicitar gratuitamente sus servicios a través de la propaganda oficial. Como contrapartida, se arrogó el control y supervisión sobre las condiciones de construcción y mejoras de los establecimientos hoteleros e incorporó potestades con el objeto de propiciar el turismo popular. De ese modo se encargó de aprobar o no las actualizaciones trimestrales de los precios de alojamiento, de revisar la publicación obligatoria de menús económicos y la exposición de productos regionales (cuyos precios también estuvieron regulados).

Sin embargo, según los discursos estatales y de la prensa, estas iniciativas eran insuficientes para dar sustento al crecimiento del flujo turístico en la provincia. Hacia 1950 el gobernador peronista Fernando Riera (1950- 1952) advertía que la afluencia permanente de turistas durante todo el año superaba las previsiones más optimistas lo que implicaba la obligación de dar cobijo a la demanda creciente de alojamiento. ^[35] En el mismo sentido, la prensa alertaba que la carencia de hospedajes tendría como consecuencia un freno a la repentina expansión. Para ello se reclamaba la construcción de hosterías en las montañas y la construcción de centros veraniegos en diferentes puntos tales como Raco, Amaicha del Valle, Tafí del Valle, San Pedro de Colalao, Lules, Cochuna, entre otros. Es decir, se interpelaba al Estado como el único actor que podía encarar el desarrollo turístico, “convirtiéndose en el realizador de una vasta obra de construcciones de hoteles, hosterías y villas veraniegas”.^[36]

Así, se produjo la intervención directa del Estado. Hacia 1949, una primera medida apuntó a la expropiación del local de Ayuda Social Femenina en Tafí Viejo para convertirlo en un hotel de turismo, autorizando un gasto de $250.000 m/n (LP N° 2261). Un año después, se proyectó y sancionó un plan de obras públicas que contempló la construcción de establecimientos hoteleros en distintos puntos de la provincia (LP N° 2352). El PE definió la expropiación de las tierras, su declaratoria de utilidad pública, la edificación y la habilitación de cinco hosterías a ubicarse en Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Raco, San Pedro de Colalao y Escaba. La cámara de diputados elevó el monto de inversión inicial previsto en $4 millones m/n a $6.5 millones m/n por considerar insuficiente la primera cifra.^[37] Ahora bien, los procesos de edificación de estas hosterías encontraron escollos de índole económica que impidieron su concreción. Hacia 1952 sólo las hosterías de Tafí del Valle y Amaicha se hallaban “en plena construcción”.^[38] Esto refleja la importancia estratégica que tenían valles calchaquíes para el Estado.^[39] La urgencia de la edificación de establecimientos de hospedaje en la montaña resultó clave en tanto se pensó que estos espacios tenían el potencial de convertirse en destinos turísticos de primer orden nacional. Esta idea intentó ser demostrada por el gobernador Riera en sus declaraciones en la apertura de las sesiones parlamentarias en 1951 en las que expresó el creciente interés observado en las excursiones organizadas por la DPTT a Tafí del Valle, cuyo número de visitantes aumentó de 2131 en 1950 a 2480 en 1951.

Por otro lado, cabe destacar que las preocupaciones estatales por las condiciones económicas y sociales del área de los valles calchaquíes llevó al estudio de sus problemáticas desde abordajes que privilegiaron, entre otros aspectos, el planeamiento sociográfico. Uno de estos trabajos, a cargo Miguel Figueroa Román, director del Instituto de Sociografía y Planeación (1948- 1957) de la UNT, se enfocó sobre los diagnósticos y desafíos de Amaicha del Valle (Pereyra, 2014). Entre los ejes de acción pública que propuso para favorecer su desarrollo destacó su potencial turístico. Analizó positivamente el fácil acceso vial como aspecto favorable al proceso de turistificación,^[40] y comprobó la factibilidad de establecimientos hoteleros.^[41]

Así, la hostería de Amaicha fue inaugurada por el gobernador peronista Luis Cruz (1952- 1955) el 22 de febrero de 1955 en ocasión del cierre de los festejos de la Pachamama. El gobernador señaló el impacto decisivo que tendría la hostería sobre el turismo en la provincia y específicamente en los valles. La calificó como un logro que intentaría hacer justicia al “olvido que sufrieron estas poblaciones” e invitó a los turistas y estudiosos a alojarse en ella para disfrutar de “las bellezas naturales de los cerros y la sugestión de la pasada gloria de las razas indias”.^[42] Su ministro de Obras Públicas e Industrias José Domato agradeció a los técnicos y obreros que trabajaron en su edificación y conminó a los pobladores locales a reforzar la fe en el “gran conductor de la nación”, el Gral. Perón. La hostería tuvo un costo de $2.900.000 m/n y se ciñó al estilo estético y diseño arquitectónico planteado por el plan original de obras públicas. Tanto el establecimiento de Amaicha como el de Tafí contaron con un hall externo a dos aguas realizado en piedra, y proporciones visuales y funcionales similares. La estructura inaugurada en Amaicha de estilo californiano, contó con un gran salón con vistas a las montañas, 17 habitaciones amobladas con baño privado distribuidas en dos plantas con techo de tejas a dos aguas, y un patio interior con piso de mosaico. Asimismo, el predio contó con dependencias destinadas a despensas y viviendas del personal.^[43] Por último el complejo contó con instalaciones de luz eléctrica y torre de agua, elemento crucial considerando que el problema hídrico era uno de los más acuciantes de la zona.

Respecto a la hostería de Tafí del Valle, en diciembre de 1954 la inspección de los trabajos, por parte la comitiva oficial encabezada por el gobernador Cruz, pronosticó que los mismos se concluirían “en tres meses”. Sin embargo, su retraso durante el año siguiente coincidió con el golpe de septiembre de 1955, lo que llevó a la paralización de la obra cuando se encontraba en la última etapa de construcción. “Las ambiciones por convertirse en un importante centro turístico nacional, exponente de confort y comodidades (…)”^[44] deberían esperar hasta el mandato del gobernador radical Celestino Gelsi (1958- 1962), quien sería responsable de culminar las obras.

Cuadro N° 2. Políticas hoteleras y proyección de villas de veraneo en Tucumán.

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán.

La construcción de espacios de veraneo en la provincia se pensó como una forma de contener a los turistas tucumanos que se dirigían a la Costa Atlántica, a Buenos Aires y a los centros termales de las provincias limítrofes. También, como nuevos atractivos ofrecidos a los turistas “porteños” además de los típicamente patrimoniales. A su vez, estas políticas funcionaban como una forma de complementar el lugar asignado a Tucumán en el calendario turístico nacional ya que se la buscaba convertir en un destino anual, no sólo invernal. Para ello era preciso apuntar al despegue turístico de las áreas de montaña. En este punto, es preciso recalcar una vez más la importancia cultural de estos espacios sobre el imaginario de los tucumanos y particularmente las potencialidades turísticas que descollaban en la opinión pública:

Los cerros y los valles (…) son pintorescos en alto grado y a sus bellezas panorámicas se unen la salubridad de su clima, sus condiciones excepcionales para centros veraniegos, el interés racial que promueven las costumbres de sus pobladores y su enorme poder de sugestión sobre nuestro pasado histórico. Por tantos motivos, están llamados a convertirse en la zona de más poderosa atracción de la corriente turística argentina, a medida que se difunda el conocimiento de sus propiedades y se vayan facilitando más todavía las excursiones serranas y resolviendo el hasta hoy complejo problema del alojamiento.^[46]

Hacia 1946, el diario La Gaceta informaba acerca de las irregularidades de los procesos de formación de las villas veraniegas comenzados en 1936 para el caso de San Javier (LP N° 1672) y en 1940 para los de Tafí del Valle y Amaicha (LP N° 1829). Para esta tribuna, era indispensable que el gobierno de la provincia implementara “con prontitud e integridad” un plan de fomento para la formación efectiva de villas serranas. Solo por medio de estas gestiones se consideraba posible lograr la “plenitud de beneficios que nuestra montaña ofrece tan pródigamente”.^[47]

Así pues, en 1948, el gobierno de Domínguez revitalizó la colonización en San Javier mediante la reglamentación de la ley de 1936. Se remataron en subasta pública 222 lotes con un promedio aproximado de 8000 m² de superficie. Las condiciones de compra favorecieron a sectores medios profesionales, acomodados y altos puesto que a pesar de las facilidades del pago en 5 anualidades,^[48] la base mínima de una propiedad se situaba en torno a los $400.000 m/n atravesando una amplia franja para alcanzar un máximo de $2.500.000 m/n.^[49] Respecto a las condiciones que regularon las nuevas construcciones se hizo hincapié en respetar los criterios urbanísticos vertidos por el Ing. Della Paolera en su diseño de 1942. De esta manera, se planteó que las edificaciones debían tender a ser un complemento del paisaje, y a utilizar los materiales de la zona. Las construcciones no podían ocupar más de un tercio del terreno y no elevarse más allá de dos plantas. Para asegurar el carácter de descanso y veraneo de la villa y preservar el ambiente de “ruidos y olores” se prohibió el asentamiento de hospitales, fábricas, usinas, depósitos, etc.^[50]

Este tipo de planificación no quedó circunscripta a las sierras de San Javier sino que avanzó sobre los Valles Calchaquíes. Las situaciones de los centros de veraneo en Tafí y de Amaicha hacia 1950 fueron diferentes. Respecto a este último, los discursos de la época tendieron a percepciones cautelosas ante los problemas que enfrentaba la comunidad. La prensa expresó que “su vida languidecía por el aislamiento”^[51] aunque su vida “progresaba con mayor lentitud” y destacaba la evolución del aspecto urbano que se asemejaba cada vez más al de “una atrayente villa veraniega”.^[52] Esta mirada si bien estuvo atravesada por el interés estatal de desarrollar obras públicas en diferentes planos, la organización de un centro de veraneo propuesta en 1940 no fue continuada ni por ende concretada.

Respecto al caso de Tafí, desde los comienzos de la década del cuarenta, su crecimiento urbano se produjo como consecuencia del dinamismo de los nuevos residentes. Los particulares efectuaron transacciones de tierras sin la mediación oficial, avanzando sobre la edificación privada lo que dio como resultado la imagen contrastante de una “villa serrana moderna y floreciente junto al antiguo y silencioso caserío”^[53] preexistente desde finales del siglo XVIII. Junto con estos aspectos el gobierno de Domínguez contribuyó a la habilitación de instituciones escolares, sanitarias y obras de urbanización tales como la construcción de la plaza pública (LP N° 2229).^[54] La opinión pública y los discursos estatales concordaban en la existencia de un marcado interés por el consumo turístico de los valles y especialmente de Tafí, ya sea a través de excursiones o bien el deseo de permanecer las temporadas de verano mediante la adquisición y construcción de segundas residencias. Sin embargo, se señaló que en la medida que se produjera el aumento de turistas y residentes crecerían los desafíos por desarrollar las infraestructuras eléctricas e hídricas, entre otras. Según la prensa, la no resolución “a tiempo” de estas limitaciones podrían afectar directamente el interés por consumir los centros de veraneo en Tafí.^[55] De esta manera, se planteó que la forma más eficaz para conjurar estas dificultades era mediante la planificación y concreción de villas veraniegas.

Así pues, en 1950 el gobierno de Fernando Riera apuntó al ordenamiento de la villa tafinista “La Quebradita”. Se establecieron las condiciones de la adquisición de las propiedades, los parámetros de construcción y la prohibición de asentamientos de estructuras que pudieran modificar su carácter de villa de descanso. Se exigió el buen aspecto de las edificaciones vistas desde el exterior, el equilibrio entre las masas, la silueta de las casas y el terreno, la buena visión panorámica a contemplarse y la facilidad de los desagües.^[56] Se buscó que las mismas fueran un “complemento del paisaje” y respetaran la naturaleza.^[57] Se pusieron a la venta por remate 267 propiedades, de una superficie promedio de 5000 m² y precios por lote que oscilaron entre mínimos de $2.500.00 m/n y máximos de $17.200.000 m/n.^[58] Independientemente del plan de pago de 5 años el acceso a Tafí del Valle se presentó oneroso y por ende más cerrado a los sectores sociales acomodados que las posibilidades que había ofrecido el loteo en San Javier. No obstante, el gran interés de Tafí como espacio turístico aseguró el éxito de la subasta pública. Por otra parte, con el objetivo de aligerar este sesgo social y favorecer el turismo sindical en Tafí, el gobierno de Domínguez donó 15 Ha. en La Quebradita a la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) y al Hogar del Empleado (HDE). La cesión de las propiedades fue complementada con un subsidio de $100.000 m/n otorgados por el gobierno nacional para la construcción de hoteles o instalaciones de confort para sus afiliados.^[59]

La importancia otorgada a la formación de villas veraniegas como elementos territoriales de construcción turística se reflejó en la continuidad de acciones públicas al respecto. De modo tal que durante 1951 el gobierno de Fernando Riera avanzó con dos nuevos proyectos en entornos serranos de la provincia. Por un lado, la expropiación y declaración de utilidad pública de 3500 Ha. en la localidad de Rodeo Grande, departamento de Trancas. Mediante LP N° 2417 el Estado se reservó la fracción de 500 Ha. para la formación de un centro de veraneo de acuerdo a futuros estudios técnicos sobre la zona.^[60] La segunda locación se ubicó en “El Potrerillo”, departamento de Chicligasta. Una crónica realizaba, además de una descripción naturalista del paisaje (recurso narrativo- propagandístico recurrentemente utilizado), una novedosa alusión a la existencia de prácticas populares de ocio en la zona. En efecto, la Quebrada del Río Cochuna era frecuentada los fines de semana y feriados por “largas caravanas de vehículos” de familias que se trasladaban para pasar la jornada y armaban “improvisados campamentos” compuestos por “grupos bulliciosos” que se internaban en el bosque. La nota resulta iluminadora en términos culturales ya que aclaraba que no existían establecimientos hoteleros o infraestructura similar en el área. Es decir, el caso de Río Cochuna hacia comienzos de la década de 1950, da cuenta de una evidente transformación social en los hábitos y usos colectivos del tiempo libre de nuevos sectores sociales que se apropiaban de “la montaña”, en tanto espacio de ocio que había sido reducto de las élites. Ahora bien, el gobierno peronista advirtió la necesidad de regular este interés popular mediante la formación en el área de un poblado que tuviera el carácter de segunda residencia. Para ello, por LP N° 2433/51 se expropiaron y declararon de utilidad pública diversas franjas de tierra con el objetivo de destinarlas para “colonización turística” y creación de reservas de protección de flora y fauna. No obstante la intención de la normativa, las medidas ejecutorias no fueron implementadas.

Este artículo abordó el rol del Estado en la constitución de diferentes mojones del desarrollo turístico en la provincia de Tucumán. Se exploraron las vicisitudes en la evolución de las dependencias especializadas y las políticas públicas dirigidas a promover la producción de espacios turísticos. En efecto, los años peronistas apuntaron bajo una retórica popular a propulsar el desarrollo de prácticas de ocio dirigidas hacia los sectores sociales más desfavorecidos. Entre un conjunto de aspectos la nueva oficina pública especializada se encargó de dirigir y coordinar medidas de incipiente integración a las franjas populares. Pueden mencionarse las excursiones a las montañas, los festejos de la Pachamama como forma de promoción folclórica, el control de tarifas sobre transportes y hoteles, las donaciones de tierras para construcción de hoteles sindicales y el envío de grupos de niños débiles a colonias de vacaciones o destinos termales. Esto fue producto de la optimización de la dependencia de turismo operada durante estos años. La obtención de mayores fondos relativos y la formación de elencos burocráticos permitieron no solo recibir mayores responsabilidades y funciones sino intentar llevarlas a cabo.

Asimismo, el fomento del turismo social durante el peronismo se reflejó en la profundización de la política hotelera y la construcción de centros de veraneo. Así, la apertura de las prácticas de ocio por parte del Estado tuvo la virtud de “entrelazar lo popular con la cultura de masas, cuyas porosas fronteras resultan difíciles demarcar incorporando prácticas y registros representativos de las clases medias” (Piglia y Pastoriza, 2017, p. 448). En ese sentido, se advirtió que el grueso de las políticas turistas peronistas en Tucumán favoreció fundamentalmente la integración y consolidación de los sectores medios. En efecto, si bien se avanzó en el acceso de los sectores populares a través de un conjunto de medidas, la magnitud, sistematicidad y alcance de las mismas fue relativamente limitada. El impacto de estas acciones públicas fue más modesto que el de aquellas implementadas para beneficiar a las franjas medias tucumanas o bien respecto de medidas dirigidas a obreros y sindicatos llevadas a cabo a nivel nacional y/o en las principales plazas de turismo del país.

Cabe preguntarse para una instancia futura de investigación en qué momento y a través de qué mecanismos estatales o civiles se produjo la efectiva consolidación de las capas populares a las prácticas turísticas en Tucumán.

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páginas / año 17 – n° 44/ ISSN 1851-992X /2025

[1] En los últimos años se destaca un incipiente avance sobre las realidades provinciales entre los que pueden mencionarse los casos de Bariloche (Vargas y Núñez, 2020), Santiago del Estero (Figueroa, 2015), Tucumán (Rodríguez Buscia, 2024a, 2025); Salta (Rodríguez Buscia, 2024b), La Pampa (Cornelis, 2020) y Mendoza (Raffa, 2018; Bianchi, 2023). Esto demuestra que las investigaciones en clave local o provincial están suscitando un gran interés.

[4] Resulta muy relevante el aporte de Bruno (2012) en relación con esta normativa y la producción hotelera del peronismo.

[5] Ministerio de Obras Públicas. Administración General de Parques Nacionales y Turismo (1949), Memoria General correspondiente al año 1948, Buenos Aires, pp.8-9.

[7] Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones (PNSI) (1953), El turismo en el II Plan Quinquenal, Buenos Aires.

[9] Cobró relevancia el turismo sindical que se desarrolló especialmente en los valles cordobeses y los planes interprovinciales de turismo social que tuvieron el apoyo de la CGT (Piglia y Pastoriza, 2017).

[10] Respecto a ello se señaló que el peronismo se asentó en la red carretera de la década del treinta y no realizó obras de envergadura (Ballent, 2002) y más bien se concentró en la industria de la aeronavegación (Piglia, 2020).

[11] Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de Tucumán (DSHCST) (13/8/1948), Tucumán, p. 532.

[12] Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de Tucumán (DSHCDT) (28/7/1948), Tucumán p. 433.

[14] Se desaprobó el turismo hacia destinos en el exterior que privilegiaban el conocimiento de la extranjería antes que el consumo del “sabor netamente argentino”. DSHCDT, 28/7/1948, p. 432.

[20] El cine era el divertimento más popular del periodo, y era, a su vez, un espacio de sociabilidad donde se daban relaciones de integración y de distinción social (Sasiain, Gil Mariño, Bossay Pisano & Paz Peirano, 2021).

[21] La celebración fue organizada por primera vez por el gobierno de Domínguez el 17 de febrero de 1947 a propósito de los festejos de los días de carnaval (“Alcanzó significación la fiesta de la Pachamama”, La Gaceta, 18/2/1947).

[26] Los ingresos aumentaban ya que también se gravaban a las actividades afines, entre ellas, el 1% de la venta de restaurantes y confiterías en las zonas de turismo, el 2% trimestral de los establecimientos de hospedaje, sumado a los derecho de publicidad, las diversas licitaciones y los aportes de los ingenios para la organización de la fiesta de la zafra (LPT N° 2205/48).

[27] El gobierno de la DPTT estuvo ejercido por un presidente y 4 vocales que compusieron el directorio. Ambos cargos eran elegidos por el PE y refrendados por el Senado provincial. Se definió el pago de $1500 m/n para el primero y $1000 m/n para los segundos (BOPT, 14/8/1948, p.1).

[28] Las oficinas de la DPTT se ubicarían en la calle Laprida 72 de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Comisión Provincial de Bellas Artes (1951), Norte. Revista argentina de Cultura, N° 1, p.10.

[31] Se trataba de un complejo privado compuesto por un hotel de lujo, casino y teatro que había tenido la función de modernizar la capital tucumana durante la década de 1910.

[32] Si bien las leyes preveían reparaciones y realización de obras, en realidad el grueso del monto se destinó a la reposición de elementos de uso, muebles para las habitaciones, manteles, porcelana, cristalería platería, ropa de cama, cortinas, roperos, etc. (DSHCST, 12/7/1946, p. 62).

[34] La LP N°1822/40 situó dicho porcentaje en un 35% para para fomento del turismo y para la adquisición, construcción, instalación y sostenimiento de hosterías y hoteles de turismo.

[38] Las dificultades para afrontar los proyectos llevaron a que en 1954 se decidiera la venta de los hoteles y hosterías de propiedad fiscal, existentes o futuros (LP N° 2619). El objeto de la normativa fue recaudar fondos para la construcción y habilitación de los hoteles proyectados en Raco, San Pedro de Colalao, Escaba y Tafí Viejo. Sin embargo, dicha disposición no logró efectivizarse

[39] Durante los años cuarenta y cincuenta en Tafí del Valle, Amaicha y Colalao se producen procesos de urbanización y construcción de infraestructura hídrica, eléctrica, sanitaria, educativa, comunicacional –correos-, etc. (Noli, 2017).

[41] Miguel Figueroa Román (1949), Planeación integral del valle de Amaicha, Tucumán: ISyP, UNT, p. 42.

[45] La delimitación de las villas veraniegas y las reservas forestales estaban a cargo de la Estación Experimental Agrícola, la Dirección de Industrias y Fomento Agrícola, la División de Catastro y la Dirección Provincial de Vialidad (BOPT, 19/10/1951).

[48] Se ofrecían descuentos de un 20% del monto total si abonaba de forma completa el valor de la propiedad (BOPT, 5/1/1949, p.5).

[49] Para observar la evolución de salarios en época peronista cfr. Newland y Cuesta, 2017.

[57] Algunos, como los italianos Enrico Tedeschi y Cino Calcaprina, vinculados al Instituto de Arquitectura y Urbanismo (UNT), construyeron sus casas con el diseño propio de la modernidad que proclamaban y el uso de materiales del lugar como la madera y la piedra (Paterlini, 2021).

[60] Las 3000 Ha. restantes serían destinadas a la colonización y arraigo de la población. Se daría prioridad a los pobladores locales, a los egresados de las escuelas de agricultura, industriales y agricultores (BOPT, 19/9/1951). Durante los debates parlamentarios los diputados peronistas calificaron la normativa como un paso importante en el cumplimiento de la doctrina peronista que enseñaba que la tierra es para quien la trabaja, idea extraída del art. 38 de la Constitución Nacional de 1949: “procurar que cada labriego o familia labriega tenga la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva” (DSHCDT, 3/8/1951, p. 315).

Año	Normativa	Gobernador	Finalidad	Lugar
1945	Dto. 282	Interventor Enrique B. García	Provincialización del Gran Hotel y Casino Savoy.	San Miguel de Tucumán (ciudad)
1947	LP N°2028	Carlos Domínguez	Fomento a la construcción privada de hoteles, hosterías y paradores. Reducción de impuestos. Otorgamiento de primas.	Toda la provincia
1948	Dto. N° 27/12	Carlos Domínguez	Reglamentación de la LP N° 1672/36 de creación de villa veraniega.	San Javier (montaña)
1949	LP N°2261	Carlos Domínguez	Expropiación del local de Ayuda Social Femenina para construcción de hotel.	Tafí Viejo (ciudad)
1950	LP N°2352	Fernando Riera	Expropiación y sanción de utilidad pública de tierras para construcción de hosterías.	Tafí, Amaicha, Raco, San Pedro de Colalao y Escaba (montaña y valle)
1950	Dto. N° 82/13	Fernando Riera	Reglamentación de la LP N° 1829/40 de creación de villa veraniega.	Tafí del Valle (montaña y valle)
1951	LP N° 2417	Fernando Riera	Expropiación y sanción de utilidad pública de tierras para formación de villa de veraneo.	“Rodeo Grande” Trancas (pedemonte)
1951	LP N°2433	Fernando Riera	Expropiación y sanción de utilidad pública de tierras para formación de villa de veraneo.	El Potrerillo, Chicligasta (pedemonte)