Con el propósito de indagar la participación del catolicismo social en el proceso de construcción de las políticas sociales en Argentina a inicios del siglo XX, este trabajo analiza la creación y puesta en marcha de la Caja Nacional de Ahorro Postal entre 1914 y 1916. En particular, examina la labor de los legisladores católicos en el diseño, el debate y la sanción del proyecto de ley que dio origen a este organismo, atendiendo a los antecedentes, principios y argumentos en que se sustentaron. Asimismo, estudia las estrategias implementadas por el clero, la prensa y el laicado católico para difundir y promover la práctica del ahorro postal durante los primeros años de funcionamiento de la institución. La hipótesis sostiene que los católicos tuvieron un rol activo en la conformación de esta institución y colaboraron con el Estado en su puesta en marcha, porque el ahorro postal armonizaba con los valores y las concepciones del catolicismo social y, a la vez, con el propósito de expandir su influjo entre los sectores trabajadores y avanzar en la cristianización de la sociedad.

Palabras clave: catolicismo social; Estado; políticas sociales; ahorro postal; previsión social.

In order to investigate the participation of social Catholicism in the process of construction of social policies in Argentina at the beginning of the twentieth century, this paper analyzes the creation and implementation of the National Postal Savings Bank between 1914 and 1916. In particular, it examines the role of Catholic legislators in the design, debate and approval of the bill that gave rise to this organization, taking into account the background, principles and arguments on which they were based. It also studies the strategies implemented by the clergy, the press and the Catholic laity to disseminate and promote the practice of postal savings during the first years of the institution's operation. The hypothesis is that Catholics played an active role in the creation of this institution and collaborated with the State in its implementation, because postal savings harmonized with the values and conceptions of social Catholicism and, at the same time, with the purpose of expanding its influence among the working sectors and advancing in the Christianization of society.

Keywords: social Catholicism; State; social policies; postal savings; social security.

En Argentina, la consolidación del modelo primario exportador durante el último cuarto del siglo XIX generó una sostenida expansión económica, acompañada de un significativo desarrollo demográfico y una acelerada urbanización. Junto con estas transformaciones, emergieron múltiples situaciones de precariedad, vulnerabilidad y exclusión de amplios segmentos de la sociedad. El término “cuestión social” comenzó a definir un vasto conjunto de problemas sociales derivados de los procesos de modernización y crecimiento económico, que remitían principalmente a las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares. Al iniciarse el siglo XX, el aumento de las huelgas, el avance de la organización obrera y la difusión de ideologías contestatarias se colocaron en el centro de la cuestión social (Suriano, 2000). La radicalización del conflicto y el desarrollo de ideas reformistas entre los sectores dirigentes socavaron paulatinamente el predominio del liberalismo clásico y promovieron un incipiente avance del Estado en la construcción de políticas sociales (Suriano & Lvovich, 2006; Zimmermann, 1995).

Este artículo forma parte de un proyecto de investigación más amplio dedicado a analizar la participación del catolicismo en el proceso de formulación y ejecución de las formas iniciales de intervención estatal en lo social en Argentina a comienzos del siglo XX. Como un avance en ese sentido, la presente indagación se focaliza en la conformación de la Caja Nacional de Ahorro Postal (CNAP).

Esta institución fue creada en 1914 –por la ley 9527 del Congreso Nacional– con el propósito de mejorar las condiciones de los sectores trabajadores mediante el fomento del ahorro y la previsión. Sus operaciones se iniciaron en 1915 y continuaron hasta su privatización en los años noventa.^[1]

Desde temprano, los católicos afirmaron su “paternidad” sobre este organismo. En el Sexto Congreso de los Círculos de Obreros (CO), celebrado en 1916, el presbítero Dionisio Napal incluyó a la CNAP entre los frutos de la obra parlamentaria de los diputados católicos Arturo M. Bas y Juan F. Cafferata,^[2] mientras que el primero de ellos confesó sentirse “plenamente satisfecho” por sus “eficaces gestiones” para la aprobación y ejecución de la ley 9527 (Bas, 1919, p. 295). La gestación de esta institución ofrece, entonces, una vía de entrada para explorar la incidencia de los católicos en la construcción de las primeras políticas sociales en Argentina.

Este trabajo dialoga con la historiografía de la Iglesia y el catolicismo, especialmente con aquellas producciones dedicadas a analizar el desarrollo del movimiento católico social, iniciado a fines del siglo XIX bajo el impulso de la Rerum Novarum (1891).^[3] Estos estudios destacaron la labor asistencial, mutual y gremial desplegada por un conjunto de asociaciones católicas –en especial, los CO, fundados en 1892– con el fin de penetrar en el mundo del trabajo, contener el avance de las izquierdas y cristianizar –o catolizar– el orden social.^[4] Estas iniciativas se inscribieron en un contexto más general de secularización, frente al cual la Iglesia buscó expandir la institución y ampliar su presencia en la sociedad. Para ello, interactuó con la modernidad y adoptó muchos de sus rasgos, asumiendo una intensa actividad social, política y cultural que llevó a revisar y matizar las imágenes de derrota y aletargamiento que la historiografía había consagrado para el período anterior a 1930 (Lida, 2015; Mauro, 2010).

A pesar de estos avances, aun es preciso explorar los vínculos entre el catolicismo social y la construcción de políticas sociales. Ciertamente, los CO promovieron la sanción de leyes sociales y algunos legisladores católicos participaron en ese proceso, pero esta dimensión ha sido poco transitada por la historiografía. Las escasas excepciones en este sentido tendieron a pensar la labor legislativa como una mera proyección lineal y mecánica de los principios cristianos (Auza, 1987b, 1988). Esto limitó el conocimiento de los procesos de diseño, aprobación y ejecución de sus propuestas y la comprensión del modo en que la doctrina católica se engarzó con modelos y experiencias internacionales, intereses históricamente situados y dinámicas interacciones con otros actores del reformismo social.

En este sentido, el trabajo establece diálogos con la historiografía dedicada a abordar los procesos de construcción de políticas sociales desde miradas renovadoras. En especial, recupera las perspectivas que enfatizan la necesidad de recuperar el “rostro humano” del Estado, atendiendo al entramado de actores que producen sus formaciones institucionales y contribuyen a definir sus competencias, posibilidades y modalidades de intervención (Biernat & Ramacciotti, 2012; Bohoslavsky & Soprano, 2010). Esto permite poner el foco en los legisladores católicos como agentes estatales que, dotados de recursos e intereses particulares, influyeron en la definición del contenido de la política pública en contextos históricos específicos. A la vez, hace posible pensar a la Iglesia como un agente extra-estatal que, desde sus propias lógicas, racionalidades y motivaciones, mantuvo distintas formas y niveles de interlocución con el Estado en la creación o implementación de políticas sociales.

Desde estas coordenadas, este artículo se propone reconstruir y analizar las intervenciones de una serie de actores del catolicismo social en el proceso de creación e implementación de la CNAP, ahondando en las concepciones y motivaciones que moldearon sus acciones. Para ello, examina la labor de los diputados católicos Arturo M. Bas y Juan F. Cafferata en el diseño, el debate y la sanción del proyecto de ley que dio origen a este organismo en 1914, atendiendo a los antecedentes, principios y argumentos en que se sustentaron. Asimismo, estudia las estrategias desplegadas por el clero, la prensa y el laicado católico para difundir y promover la práctica del ahorro postal durante los primeros años de funcionamiento de la CNAP (1915-1916).

El supuesto principal sostiene que los católicos tuvieron un rol activo en la conformación de esta institución y colaboraron con el Estado en su puesta en marcha, porque el ahorro postal armonizaba con los valores y las concepciones del catolicismo social y, a la vez, con el propósito de expandir su influjo entre los sectores trabajadores y avanzar en la cristianización de la sociedad.

En el Centenario, la intensificación del conflicto obrero y el avance del anarquismo promovieron entre las elites el temor a una “desintegración nacional”, lo que generó cierto rechazo hacia el cosmopolitismo y la reivindicación de valores patrióticos (Barbero & Devoto, 1983). Ante la creciente agitación social y la exclusión política de amplios sectores de la sociedad algunos grupos conservadores alentaron una apertura acotada, que dotara de legitimidad al sistema y les permitiera mantener el control del Estado (Zimmermann, 1995). En 1912, bajo el gobierno de Roque Sáenz Peña, la voluntad reformista cristalizó en la ley electoral 8871, que estableció el voto universal masculino, secreto y obligatorio e incorporó el sistema de lista incompleta que permitía integrar a las minorías.

En este clima, la llegada de monseñor Miguel de Andrea y Alejandro Bunge a la conducción de los CO (1912) marcó la adopción de un tono nacionalista y un reformismo más moderado, así como un “plan de conquista de las masas” que contempló una mayor presencia de los trabajadores en los puestos directivos y un significativo impulso del gremialismo cristiano (Lida, 2015; Martín, 2020). A la par, los avances del socialismo como resultado de la reforma electoral alentaron la incursión de los católicos en el Partido Constitucional (1913), cuyo programa combinó el catolicismo social con elementos nacionalistas (Castro, 2011).^[5]

Tras las disputas entre Iglesia y Estado por las leyes laicas de la década de 1880, a comienzos del siglo XX se evidenció un acercamiento entre los católicos y diversos sectores de la elite política. En un marco de fuerte conflictividad obrera, la doctrina del catolicismo social armonizaba con los propósitos de mantener el orden. En el Centenario, la institución eclesiástica se presentó estrechamente vinculada a los orígenes de la nacionalidad argentina, lo que favoreció la convergencia con las elites dirigentes en torno a preocupaciones comunes: la identidad nacional y la cuestión social (Castro, 2009; Di Stéfano, 2011). Zimmermann (1995) observó que, en esta coyuntura, el catolicismo ganó peso dentro del reformismo social, porque algunas figuras del laicado se incorporaron al poder estatal y contribuyeron a desplegar nuevas estrategias de intervención social. Como ministro del interior del presidente Sáenz Peña, el católico Indalecio Gómez apeló al diálogo y el arbitraje en los conflictos obreros, mientras que funcionarios de fuertes vínculos con el catolicismo social, como Julio Lezana y Alejandro Bunge, adquirieron influencia en el Departamento Nacional del Trabajo.

Esto también se verificó en el Congreso Nacional. En 1912, los cordobeses Arturo M. Bas y Juan F. Cafferata desembarcaron en la Cámara de Diputados. Aunque tenían perfiles y trayectorias diferentes, ambos evidenciaron “la lealtad a su fe por encima de los partidos políticos en nombre de los cuales alcanzaron la representación” (Ferrari, 2008, p. 239).^[6] Como parlamentarios, impulsaron numerosos proyectos de legislación social que buscaban contener el avance de los socialistas y ganar posiciones entre los trabajadores (Portelli, 2021).

Una de las iniciativas parlamentarias promovidas por la diputación católica durante este período fue la creación de la CNAP. El proyecto, presentado por Bas en julio de 1914, buscaba organizar esta institución con el fin de recoger y estimular las “pequeñas economías” de los trabajadores. Para alcanzar este objetivo, el organismo ofrecería una serie de facilidades y beneficios que lo distinguirían de otras instituciones de ahorro públicas y privadas.^[7] En primer lugar, funcionaría a través de las oficinas de correos de todo el país, lo que le otorgaría un amplio despliegue geográfico. Además, admitiría depósitos por montos muy bajos que, inclusive, podrían acumularse gradualmente mediante la adhesión de estampillas –adquiridas por centavos– en “boletines de ahorro”. Por último, contaría con la garantía del Estado, lo que ofrecería seguridades de que el dinero sería protegido y obtendría un rendimiento significativo.^[8]

El ahorro postal registraba frondosos antecedentes en el plano internacional. El país precursor fue Inglaterra, que en 1861 creó una caja de ahorros bajo dirección, control y garantía del Estado nacional, que operaría por intermedio del correo. Los “Post Office Savings Banks” buscaban captar y fomentar las economías de los sectores más pobres, para lo cual fijaron la tasa de transacción mínima en un chelín (Campbell-Kelly, 1998). Desde entonces, el sistema se difundió rápidamente hacia otros países de Europa –Bélgica (1870), Italia (1876), Francia (1881), Austria (1883), Portugal (1912)– y América –Canadá (1867) y Estados Unidos (1910)– (Bonanni, 1942).

En un contexto en el que la circulación transnacional de ideas se hacía cada vez más dinámica y fluida, el conocimiento de estas experiencias internacionales inspiró tempranas iniciativas tendientes a crear el ahorro postal en Argentina.^[9] Entre 1891 y 1911 se presentaron cuatro proyectos con este objetivo, aunque ninguno de ellos prosperó.^[10] La propuesta de Bas constituyó, entonces, el punto culminante de una serie de antecedentes nacionales de más larga data, fuertemente inspirados en modelos extranjeros.

Nutrida de este cúmulo de experiencias, la iniciativa armonizó con las ideas y acciones que el catolicismo social desarrolló en materia de ahorro desde fines del siglo XIX. La encíclica Rerum Novarum señaló que, si el obrero recibía un salario suficiente para asegurar su propio sustento y el de su familia, podría ahorrar y formar “un pequeño capital” (León XIII, 1960 [1891], p. 33). Sobre la base de la afirmación del derecho de propiedad y el principio de justicia distributiva, el ahorro se presentó como un recurso para la capitalización de los trabajadores que, a la vez, contribuiría a armonizar las relaciones entre las diferentes clases sociales. Además de redundar en la preservación del orden social, el ahorro se alineó al propósito moralizador de la Iglesia, orientado a “educar y formar a los hombres conforme a sus enseñanzas y doctrinas” (León XIII, 1960 [1891], p. 22).

En sintonía con estos principios, los estatutos de los CO incluyeron la creación de cajas de ahorro entre sus medios de acción social (Auza, 1987a, p. 35). El tópico estuvo presente en el Primer Congreso de los CO (1898), donde el dirigente Emilio Hansen –presidente del Círculo Central y ex ministro de hacienda del presidente Carlos Pellegrini–, disertó sobre la necesidad de difundir e inculcar el valor del ahorro como factor de elevación moral y material de los trabajadores.^[11] Un año antes, el Círculo Central había incursionado en este terreno con la fundación de una caja de ahorros que, además de recibir depósitos, ofrecía pequeños créditos a bajo interés.^[12]

Por fuera de los CO, el catolicismo argentino movilizó otras acciones orientadas a promover el ahorro entre los trabajadores. En 1911, la Liga de Damas Católicas Argentinas creó la “Caja Dotal para Obreras”, que buscaba contribuir a formar el capital de la dote para cuando tomaran matrimonio. Aunque podía recibir donaciones de las “bienhechoras”, promovía que las jóvenes obreras depositaran una cantidad mensual no menor de un peso –con el compromiso de no retirar sus ahorros hasta que se casaran o cumplieran 25 años– para promover “la virtud del ahorro”.^[13]

En este marco, el ahorro postal no pasó desapercibido para los católicos. En su disertación de 1898, Hansen observó que en Europa se habían creado cajas de ahorros “bajo la acción tutelar del Estado, llegando como en Inglaterra, hasta convertir a cada una de sus millares de oficinas de correos en una caja donde el pobre puede depositar sus ahorros”.^[14] A comienzos de 1914, el diario católico El Pueblo publicó un artículo sobre el ahorro postal en Europa y destacó las facilidades de la institución para “salvaguardar las sumas más ínfimas”, lo que daba “al ahorro más modesto la ocasión de ejercitarse sin incomodidad de ninguna clase”.^[15] Cuando, poco después, se conoció que el Ministerio del Interior se predisponía a preparar un proyecto para crear esta institución en la Argentina,^[16] El Pueblo defendió la utilidad de este sistema para “lograr que el ahorro se haga popular y llegue (…) a beneficiar a la masa mayormente necesitada”, pues suponía “simplificar el procedimiento bancario y ponerlo al alcance de todo el mundo”.^[17]

Así, este dispositivo institucional largamente ensayado en distintas partes del mundo devino compatible con el interés de los católicos por promover el ahorro, que se enmarcaba en un programa de acción más amplio orientado a resolver los desafíos de la cuestión social y ganar terreno entre los trabajadores.

Al fundamentar su proyecto, Bas argumentó que la creación de la CNAP mejoraría la situación moral y material de los trabajadores. El ahorro los alejaría “de las fuentes del vicio” y “las especulaciones del azar”, lo que prometía desterrar una serie de hábitos y estilos de vida asociados al despilfarro, el derroche y la imprevisión, e inculcar comportamientos ligados a disciplina del autocontrol, la moderación, la frugalidad, el orden y la planificación.^[18] Los efectos moralizadores del ahorro se conjugarían con sus beneficios económicos, pues evitaría “la disipación del salario” provocada por “los vicios de todo orden”, lo que tendría una “singular importancia” en la economía obrera. Bas confiaba que, por esta vía, el trabajador podría capitalizarse y “gozar, sin distinciones de clase ni de nacimiento, [de] todas las comodidades, posiciones y honores en el banquete igualitario de nuestra democracia”.^[19] Este argumento era afín a los postulados de la Rerum Novarum sobre el ahorro, aunque omitía los propósitos de conciliación de clases y orden social defendidos por el catolicismo, probablemente para evitar una confrontación directa con el socialismo.

En segundo lugar, Bas señaló que el ahorro ofrecería la posibilidad de contar con recursos propios para afrontar los riesgos que pudieran sobrevenir en el futuro –accidentes, enfermedades, desempleo, vejez, muerte, entre otros–. Esto resaltaba la importancia de conformar reservas con las cuales afrontar las contingencias de la vida, lo que afirmaba en el presente la preocupación por el futuro y le atribuía al dinero un valor que trascendía la satisfacción de las necesidades más inmediatas (Castel, 1997). Así, el ahorro se perfilaba como un instrumento de previsión social, que contribuiría a asegurar el porvenir y eliminar o reducir la necesidad de recurrir a la beneficencia o a la tutela del Estado: “el ahorro popular da al trabajador un bienestar y una independencia que disminuyen la criminalidad y la miseria, descargando en forma considerable, a las instituciones de asistencia social”.^[20]

El proyecto de Bas recibió el respaldo del Ministerio del Interior y de la administración de Correos, aunque formularon algunas observaciones que la comisión de legislación tuvo en cuenta al presentar su despacho.^[21] En septiembre de 1914, Cafferata actuó como miembro informante de la comisión y destacó los beneficios del ahorro postal en términos similares a Bas, introduciendo dos argumentos que merecen ser subrayados. En primer lugar, el diputado católico señaló a los trabajadores como los principales destinatarios de la política proyectada, bajo la convicción de que el ahorro les permitiría afrontar la inseguridad de la condición salarial y disponer de recursos para hacer frente a los riesgos de la existencia. Si bien el ahorro debía estar presente “en todas las condiciones y escalas sociales”, su práctica era particularmente necesaria entre las clases obreras:

“expuestas a las mil contingencias de la vida, y entre ellas al fenómeno tan lamentable de la desocupación forzosa (…) que las coloca de un momento para otro a las puertas de la miseria si no tienen reservas suficientes para soportar los días de la adversa fortuna”.^[22]

En segundo lugar, planteó que el ahorro no era “una virtud innata”, sino que se desarrollaba “con el hábito y con la educación”.^[23] El Estado debía contribuir a formar y modelar este comportamiento, poniendo al alcance “de los humildes” los medios que facilitaran el ahorro, mediante la creación de un “mecanismo sencillo” que ofreciera “todas las garantías” para “una colocación fácil, segura y remuneradora”.^[24] Además, debía inculcar y fomentar “el sentimiento de la economía”, difundiendo las ventajas del ahorro “en la escuela, en el taller, en el hogar”, en una obra educativa que habituara “a la masa popular al espíritu de orden y previsión”.^[25]

La cámara baja acompañó el proyecto, que quedó aprobado con algunas modificaciones en una sola sesión. Este consenso no dejó fuera a los socialistas. El encargado de expresar la posición de este partido fue Antonio De Tomaso, quien manifestó: “Los diputados socialistas apoyamos calurosamente la idea del ahorro postal”.^[26] A continuación, señaló que el ahorro formaba parte de “las buenas costumbres de todo orden que [el socialismo] ha infundido y que difunde en la masa popular” y, como prueba de ello, resaltó la acción cooperativa en base al ahorro que el partido había organizado en la Capital Federal.^[27] Es probable que, junto con exaltar su labor a favor de los trabajadores, los socialistas hayan empleado estos argumentos para indicar que la preocupación por el fomento del ahorro no era inédita, ni tampoco exclusiva de los católicos. Aunque estos intereses no se exponían abiertamente, sí se hacía manifiesta la concepción de que el ahorro era una práctica “útil, necesaria y moral”, mucho más en un país “donde no había ninguna previsión social organizada” y “la preocupación del porvenir debía estar a cargo exclusivo de los trabajadores”.^[28]

Cuatro días después, el proyecto recibió la sanción del Senado y se convirtió en ley. El Pueblo hizo una “mención justiciera y estimuladora” a la iniciativa del diputado Bas.^[29] Poco después, cuando el Poder Ejecutivo preparaba la reglamentación de la ley, el diario presentó a la CNAP como un producto exclusivo de las filas católicas y, más precisamente, del accionar de Bas y Cafferata en el Congreso. Además de marcar la paternidad de la iniciativa y de mostrar esa conquista como propia, trató de legitimar la obra legislativa del catolicismo social a favor de los trabajadores, subrayando su identificación con “los verdaderos intereses del pueblo” y su eficacia para gestionar y resolver los problemas sociales.^[30]

La CNAP abrió sus puertas el 5 de abril de 1915. Su inauguración marcaba un avance del Estado en la creación de mecanismos que facilitaran y estimularan el ahorro de la población obrera. Por esta vía, los sectores dirigentes esperaban ampliar los niveles de previsión social, pues el ahorro se presentaba como una práctica que podía contribuir a hacer frente a los tiempos de crisis o a los riesgos de la existencia. Sin embargo, este sistema dejaba un fuerte componente de responsabilidad en los propios destinatarios de la política, de modo que su éxito dependía, en buena medida, de la adhesión de los trabajadores a los principios y mecanismos que les eran propuestos “desde arriba”.

Frente a esta situación, los católicos desplegaron una intensa campaña de propaganda orientada a difundir los beneficios del ahorro postal y estimular su práctica. A través de canales como la prensa, el púlpito y las escuelas, buscaron colaborar activamente con el Estado en la puesta en marcha de la CNAP. Estas acciones se conjugaron con las intenciones de difundir los principios cristianos entre los sectores populares y avanzar en la catolización del orden social.

En vísperas de la apertura de la CNAP, El Pueblo comenzó a promover sus “ventajosas condiciones” para persuadir a “las clases menos acomodadas” de la utilidad de sus servicios.^[31] En este sentido, destacó que el organismo permitía realizar economías “desde sumas mínimas de cinco centavos” a través de los boletines de ahorro, y que los depósitos podían realizarse en las oficinas de correo habilitadas, lo que ofrecía un fácil acceso y una amplia cobertura. El diario enfatizó que los depósitos tenían la garantía del Estado y no eran susceptibles de embargo ni de ningún otro gravamen, y recordó la posibilidad de que las mujeres casadas realizaran depósitos y efectuaran retiros “por sí solas”. Por último, sugirió que los padres abrieran una cuenta para cada uno de sus hijos, “por más insignificante que sea la suma con que haya de comenzar el depósito”, e interpeló específicamente a los trabajadores a hacer uso del ahorro postal: “No debe quedar tampoco empleado, obrero ni jornalero que no se provea de este instrumento de moralización y bienestar para él y para los suyos”.^[32] El diario católico cordobés Los Principios hizo lo propio, destacando la accesibilidad del sistema por su funcionamiento a través de las oficinas de correo: “evitándole el inconveniente de trasladarse a las pocas localidades donde hay instituciones bancarias, o depositarlo en casas de comercio con todas las eventualidades consiguientes, cuando no el mantenerlo improductivo en la propia vivienda.”^[33] Además, ofreció explicaciones didácticas sobre las operaciones e incluyó reproducciones facsimilares de la libretas de ahorro y las estampillas de correo.^[34]

Como parte de esta labor de propaganda, la prensa católica contrapuso las seguridades ofrecidas por la CNAP a las defraudaciones y quiebras de las entidades de ahorro de origen privado. Esto pudo observarse en septiembre de 1915, cuando se conoció la noticia de que la sociedad anónima “La Bola de Nieve” había solicitado la convocatoria de acreedores. El Pueblo aseguró que este caso se sumaba a una larga lista de instituciones que habían destruido los ahorros acumulados tras años de esfuerzo. El diario enfatizó que estas instituciones debían contar con una garantía efectiva y permanente, que les permitiera resistir las crisis sin defraudar la confianza pública, de modo que no se malograra “precisamente lo que queremos afianzar en el público, que es el hábito de la economía”.^[35] El Pueblo se ocupó de remarcar que la CNAP cumplía con este requisito, porque “una de las primeras de sus condiciones es la garantía eficaz que en ningún caso puede fallar”, lo que ofrecía “un aliciente para la formación del espíritu ahorrativo”.^[36]

Además de realizar propaganda de las ventajas de la institución, la prensa católica combatió cualquier intento de desacreditar los anunciados beneficios del sistema. En octubre de 1915, un editorial de La Vanguardia negó que esta institución fuera el mejor destino para el ahorro obrero.^[37] Aunque le reconocía ventajas frente a las instituciones bancarias –su accesibilidad, gratuidad y facilidad para que las mujeres realizaran y retiraran depósitos–, cuestionó que destinara el 85% de sus fondos a títulos y obligaciones del Estado, lo que “arroja el ahorro popular a la vorágine de la especulación, del latrocinio y del despilfarro oligárquico”. Según el periódico socialista, el ahorro de los trabajadores sólo podía tener un destino socialmente útil en el marco de la asociación y la cooperación libre, que redundaba en la educación de la clase obrera “en la administración de sus propios intereses”. El Pueblo marcó la contradicción de este discurso con las manifestaciones de apoyo que la institución había recibido por parte de los diputados socialistas durante la discusión del proyecto en el parlamento. En la defensa del ahorro postal, el periódico católico encontró una manera de rivalizar con sus opositores socialistas y lanzarles un cuestionamiento más generalizado, denunciando su “estrecho espíritu de secta (…) que a duras penas consigue disimular en el congreso, pero que se revela claramente en su propaganda fuera de él”.^[38]

En septiembre de 1915, el obispo de Córdoba, monseñor Zenón Bustos y Ferreyra, le comunicó al presidente de la CNAP, Alfonso Durao, que había preparado una pastoral para que los párrocos de la provincia realizaran una activa propaganda de la institución.^[39] Desde su llegada a la silla episcopal (1905), el fraile franciscano había implementado un plan de acción orientado a armonizar la doctrina católica con el proceso de modernización que transformaba a la sociedad cordobesa. En particular, buscó hacer frente a la cuestión social y a la descristianización de los sectores populares mediante la consolidación de la propia estructura institucional y el fortalecimiento de la enseñanza moral y religiosa para la formación de un “ciudadano virtuoso” (Gallardo, 2009, p. 330). Confiaba que el problema social se resolvería si los individuos aprendían a vivir de acuerdo a los principios cristianos, lo que le confirió a la educación una centralidad neurálgica en su programa de gobierno. Por esta vía, se trataba de “penetrar en la conciencia popular”, modelando los comportamientos sociales a través de la interiorización de las normas y conductas propuestas por la Iglesia. Esta “pedagogía religiosa” se apoyó en gran parte en la acción del clero y la revitalización de la institución parroquial (Gallardo, 2009).

Este marco contribuye a comprender la exhortación pastoral que, bajo el título “El ahorro”, el obispo Bustos y Ferreyra dirigió a los sacerdotes cordobeses el 12 de julio de 1915. Motivado por la sanción de la ley que había creado la CNAP, afirmó encontrar en ella “un resorte poderoso del que pueden valerse nuestros párrocos para ayudar a sus feligreses a preparar su bienestar económico y moral, prestando eficacia a su radicación en la costumbre popular, mediante una decidida propaganda”.^[40]

El documento instaba a los sacerdotes a enseñar el valor del ahorro en estrecha relación con el trabajo, subrayando la importancia de ambos principios para aliviar y revertir la creciente inseguridad y precariedad de muchos individuos y familias: “Si no se trabaja, no hay productos ni dinero y viene la miseria. Si el trabajo aporta el dinero y éste se tira, viene igualmente la miseria por este otro camino. He aquí la necesidad del ahorro después del trabajo”.^[41] De esta manera, el mensaje establecía que para ahorrar era necesario trabajar, y que la falta de ahorro era causal de pobreza. En el fondo, se trataba de instruir a los sectores populares sobre el uso del dinero, desaprobando cualquier forma de acceder a él sin trabajo, así como su dedicación a gastos innecesarios o superfluos.

Esta concepción exaltaba el esfuerzo, la productividad y la previsión, en clara contraposición a la indolencia, la pereza y la imprevisión, que se convertían en objeto de condena moral. No casualmente, el obispo aludía al ejemplo de la hormiga, “previsora y laboriosa”, que la Biblia incluía en el Libro de los Proverbios:

“ella (…) prevé el otoño que desnuda los árboles, las lluvias y el frío, y se entrega afanosamente durante el verano a la tarea de cortar y acumular fragmentos de hojas verdes, preparando ventajosamente el confort y el pan abundante que la han de poner a salvo y fuera del alcance de las inclemencias del invierno. Luminosas enseñanzas podrán recoger en esto todos aquellos que ni siquiera se procuran abastecerse corporalmente”.^[42]

Con estas palabras, el obispo exhortaba a los párrocos a persuadir a sus feligreses sobre la necesidad de acumular reservas para afrontar las contingencias que pudieran conducirlos a la indigencia, como la enfermedad, la vejez, el desempleo y la muerte. Para quienes extraían de su salario los medios para la subsistencia –la propia y la de su familia–, estos acontecimientos comprometían su capacidad de asegurar su existencia con recursos propios, por lo que podían entrañar una degradación de su situación social (Castel, 2008). En esta línea, alentaba a interpelar especialmente a los padres de familia, para enseñarles los gravísimos daños que la falta de ahorros podía tener para sus hijos. Sin reservas suficientes, los niños no podrían recibir una educación adecuada, lo que impediría el desarrollo de sus talentos y el acceso a un porvenir distinguido, limitándolos a un trabajo no calificado y a un futuro incierto. El abandono de la escuela tendría continuidad en la deserción de los centros catequistas, por lo que se convertirían en analfabetos sin religión ni moral, disponibles para engrosar la turba de viciosos, ácratas y perturbadores del orden social.^[43]

A partir de estos elementos, los clérigos debían desarrollar una auténtica “pedagogía de la previsión”, orientada a prevenir o evitar la desocialización de los trabajadores y sus familias. Esta enseñanza encerraba un profundo contenido moralizador, porque ahorrar implicaba la “represión de las pequeñas satisfacciones” y la “supresión de los pequeños gastos inútiles”.^[44] La prédica de los párrocos debía infiltrar en el sistema de vida de los sectores populares “las inspiraciones de la sobriedad y parsimonia”.^[45] Esta “educación del espíritu” sería el principio generador del ahorro, sustentado en la disciplina de los instintos y el dominio sobre sí mismo: “placeres reprimidos”, “satisfacciones negadas”, “tentaciones dominadas” y “estímulos concupiscentes refrenados”.^[46]

De esta manera, el obispo Bustos procuraba que el ahorro se incorporara en las costumbres de los trabajadores y contribuyera a prevenir la indigencia y fomentar conductas acordes con los principios y valores cristianos. Esta prédica formaba parte de una obra mayor de “penetración de las conciencias” que la Iglesia buscaba llevar adelante, instruyendo a los sectores populares en sus deberes, corrigiendo sus defectos e impulsándolos a un comportamiento virtuoso acorde con la religión (Gallardo, 2009).

La ley 9527 contempló la participación de los menores en las operaciones de la CNAP al permitir que sus tutores abrieran cuentas y realizaran depósitos a su nombre, y que los mayores de 16 años retiraran “por sí solos” hasta 50 pesos anuales.^[47] Asimismo, se pensó en ellos como usuarios –junto con los sectores de menos recursos– de los “boletines de ahorro”, a través de los cuales podrían acumular sus centavos. La ley también buscó integrar a la escuela para la promoción del ahorro entre los niños. Para ello, autorizó a los directores escolares a recoger el ahorro de los alumnos en cuentas especiales y dispuso que los colegios primarios dependientes o subvencionados por la Nación dictaran una clase semanal “sobre el concepto y las ventajas del ahorro en general y sobre las facilidades y beneficios de su realización por medio de esta ley”.^[48]

Al justificar estas disposiciones, Bas señaló que la costumbre del ahorro debía forjarse desde la infancia para que constituyera “la norma de conducta del hombre”.^[49] El ahorro postal contribuiría a apartar “suavemente” a los niños de aquellos consumos que implicaran “malgastar el dinero”, de modo que pudieran colaborar con el pago de “la casa, los alimentos, el médico o la botica, en momentos de crisis, de salud o de miseria para sus padres”. La escuela estaba llamada a cumplir un rol activo en este proceso, en tanto espacio formador de valores, actitudes y hábitos, que permitiría inculcar principios de orden y frugalidad y combatir el derroche y la imprevisión. El objetivo era “enseñar a ahorrar” y, a la par, “enseñar a gastar”, instruyendo a los niños en el uso del dinero (Sosenski, 2014, p. 646). Esta educación no sólo se orientaba a moldear el comportamiento de los niños, sino también a difundir la cultura del ahorro entre los adultos y penetrar en las decisiones de la vida familiar.

En su campaña de propaganda del ahorro postal, los católicos no dejaron de dirigirse al público infantil, tratando de estimular su práctica y, al mismo tiempo, infundir principios morales acordes a la doctrina cristiana. Los salesianos contribuyeron especialmente con esta tarea, aprovechando su proyección educativa sobre la infancia desvalida.^[50] En junio de 1915, el superior de los salesianos en la Argentina, reverendo José Vespignani, dirigió una circular a los directores de las escuelas de Don Bosco para encomendarles la difusión de los beneficios de la CNAP “entre los niños, en sus familias y en el pueblo”.^[51] Para ello, recomendaba que los maestros celebraran conferencias y dieran tareas ilustrativas y prácticas sobre el tema. También instaba a los centros de ex alumnos a colaborar con esta obra educativa, organizando “fiestecitas” en las que se repartieran boletines y se entregaran premios para los promotores más activos del ahorro postal. Vespignani no ocultaba las expectativas que cifraba en estas acciones:

“Mientras contribuiremos con esto al bienestar de tantas familias y formaremos en nuestros alumnos el ‘hábito del ahorro’, que es tan saludable como el ‘hábito del trabajo’ (y deben siempre correr ambos paralelamente y ayudarse recíprocamente), prestaremos nuestro contingente a una gran obra social, la cual se debe a la iniciativa de un valiente legislador católico (…)”.^[52]

Poco tiempo después, los directivos del establecimiento educativo que los salesianos poseían en Bernal organizaron un homenaje a Bas por su labor parlamentaria. En ese marco, un niño pronunció un discurso en el que agradeció al legislador católico por poner en marcha una obra como la CNAP, que les facilitaría “la tarea de abrirse camino entre las dificultades que se presentan en la vida”.^[53] Acto seguido, afirmó que el ahorro postal les permitiría convertirse en “capitalistas”. Ahondando en este concepto, el pequeño confesó la alegría que experimentaba “cuando papá me trae estampillas para agregar a mis boletines”, porque “representa aumento de mi capital, mayor solidez en mis ahorros para mañana”.^[54] Sobre el cierre, instó a los obreros a no distraer su dinero en vicios y a ahorrar por el porvenir de sus hijos, y animó a los niños a no pedir a sus padres nada más que estampillas, eludiendo así cualquier gasto pueril. Es imposible saber si estas palabras, fuertemente condicionadas por las circunstancias, expresaban las reales expectativas de su emisor. Con todo, ofrecen una pequeña aproximación al mensaje sobre el ahorro que los salesianos difundieron entre el alumnado.

El propio Bas se ocupó de promover el ahorro postal entre los niños, repartiendo boletines y ofreciendo conferencias en las escuelas, explicando a los estudiantes cómo operaba el sistema y cuáles eran sus beneficios.^[55] Durante una de estas presentaciones, prometió rifar un petiso enjaezado entre los alumnos que tuvieran determinada cantidad ahorrada en su libreta, lo que buscaba estimular esta práctica entre los niños.^[56] Asimismo, en 1915 publicó un artículo sobre el ahorro postal en el primer número de Mundo Infantil, una revista para maestros dedicada a divulgar la cultura científica y literaria de forma adecuada para su enseñanza a los niños.^[57] Finalmente, en septiembre de ese mismo año presentó un proyecto que destinaba un millón de pesos para acreditar sumas no mayores a veinte pesos en las libretas de ahorro que los alumnos de las escuelas públicas de la Nación tuvieran al iniciarse los cursos de 1916, así como veinte mil pesos para premiar a los directores y maestros que registraran mayor eficacia en el estímulo del ahorro postal. El propósito era “estimular en los niños de las escuelas el ahorro de las pequeñas sumas de la bagatela y de lo superfluo”, formando “hábitos de frugalidad y de orden, llevando ese germen de benéfica reacción a todos los hogares (…) sean cuales fueran su posición económica y social”.^[58] Aunque no tuvo dictamen, la iniciativa revela la importancia que la infancia y la escuela asumieron para el catolicismo en la promoción del ahorro postal.

Este trabajo ha analizado la participación de distintos actores del catolicismo en la creación y puesta en marcha de la CNAP con el propósito más general de profundizar el conocimiento sobre el rol de los católicos en la construcción de políticas sociales en Argentina a principios del siglo XX.

La indagación ha permitido establecer el papel activo del diputado católico Arturo M. Bas en el diseño de la ley que dio origen a esta institución. Lejos de ser una mera proyección del ideario cristiano, la propuesta involucró la recepción de un modelo institucional ampliamente extendido en el ámbito internacional, cuyo conocimiento alentó tempranos y sucesivos esfuerzos por desarrollarlo en el suelo nacional. Los resultados que el ahorro postal exhibía en distintos países de Europa y América parecían confirmar su proclamada eficacia para promover y captar las “pequeñas economías”. Es probable que Bas haya encontrado en este sistema una forma de vehiculizar las concepciones y expectativas del catolicismo social con respecto al ahorro como herramienta de capitalización y moralización del obrero, que prometía contribuir a la conciliación de clases y el orden social. Así, el ahorro postal se perfilaba como un instrumento de gestión de lo social que permitía amalgamar los principios cristianos con la estructuración de modernos mecanismos institucionales a cargo del Estado.

Durante la fundamentación y defensa del proyecto en la Cámara de Diputados, Bas y Cafferata omitieron los argumentos vinculados a la conciliación y el orden y, en su lugar, apelaron a una trama de valores y principios que propiciaban la articulación de consensos. Así, enfatizaron que el ahorro contribuiría a la elevación moral de los sectores populares, pues desterraría un largo cortejo de prácticas asociadas al despilfarro y la ociosidad, contrarias al espíritu de moderación, productividad y esfuerzo. Destacaron, además, su importancia como instrumento de previsión social, capaz de hacer frente a los riesgos de la existencia y combatir la inseguridad de la condición salarial. En este sentido, apuntaban a la necesidad de constituir reservas para evitar que las contingencias del porvenir colocaran a los trabajadores en situación de indigencia, lo que probablemente expresaba las preocupaciones y sensibilidades de una coyuntura atravesada por la crisis de la guerra y sus consecuencias sociales.

Estos argumentos fueron apoyados por los diputados socialistas. Esto sugiere que, a pesar de su discurso invariablemente antisocialista, en la práctica parlamentaria el catolicismo no siempre estableció relaciones de oposición y confrontación con el “partido rojo”. Sus diferencias ideológicas moldeaban propósitos y fundamentos distintos, pero a menudo convergieron en el ancho terreno del reformismo social y construyeron diálogos y acuerdos en torno a algunas iniciativas específicas.

Tras la sanción de la ley que dio origen a la CNAP, los católicos participaron en su ejecución y puesta en marcha mediante una campaña de difusión y promoción de la institución y sus beneficios. Por esta vía, la Iglesia prestó una decidida colaboración al Estado, lo que contribuye a conocer las formas concretas que asumieron las convergencias entre católicos y elites estatales bajo la vigencia del “pacto laico” (Di Stefano, 2011). Con todo, si el catolicismo se perfiló como un eficaz colaborador en los inicios de la nueva institución, ello no dejó de responder a sus propios objetivos y motivaciones. Por un lado, la CNAP se presentaba como una realización enteramente católica, lo que buscaba legitimar sus aportes en materia de legislación social y su contribución al bienestar obrero. En un contexto de democratización en el que el catolicismo se lanzó “a la conquista de las masas”, estos esfuerzos legitimadores participaban del interés por contener el avance de los socialistas en un terreno de acción común y ganar posiciones entre los trabajadores. Por otra parte, la promoción de las ventajas de la CNAP entre los sectores populares permitía a los católicos desplegar una “pedagogía del ahorro” que asumía una importancia clave para moralizar las costumbres y modelar las conductas sociales en concordancia con los principios cristianos. Así, la propaganda del ahorro postal se convirtió en un instrumento más para penetrar en la conciencia popular, revitalizar la presencia del catolicismo entre los trabajadores y contener la influencia de sus adversarios.

Este proceso no significaba un completo abandono de las tutelas. En efecto, aunque se promocionaba el desarrollo de un mecanismo moderno, las clases populares seguían siendo presentadas en una situación de minoridad, sin capacidad para hacer un correcto uso del dinero, para trascender el presente y pensar en el porvenir. Mientras sus habilidades eran inferiorizadas, los católicos asumían la posibilidad de incentivarlas, inculcarlas, enseñarlas, estimularlas y ejercitarlas, en una función que legitimaba los desniveles entre los de arriba y los de abajo.

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[1] Los estudios históricos sobre este organismo son escasos y concentran su atención en el primer peronismo (Cian & Kaufmann, 2012; Rey & Rodríguez, 2018; Rougier & Fiszbein, 2004).

[3] Esta encíclica de León XIII reconoció la gravedad del problema obrero, condenó las respuestas del socialismo y propició una mayor intervención del Estado mediante una política orientada a preservar el orden social y conciliar las fuerzas del capital y el trabajo (Recalde, 1985).

[4] Dentro de la vasta literatura sobre el tema, se destacan los aportes de Asquini (2013, 2019), Auza (1987a, 1987b, 1988), Lida (2018), Martín (2020), Mauro (2015), Recalde (1985) y Vidal (2006), entre otros.

[5] En 1912, el socialismo obtuvo dos bancas en la Cámara de Diputados; incorporó dos más en 1913 y conquistó un total de nueve para 1914. El 1913, Enrique del Valle Iberlucea se convirtió en senador (Camarero y Herrera, 2005).

[6] Bas era Doctor en Derecho y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Disputó las elecciones legislativas de 1912 como miembro de la Unión Nacional. Cafferata era médico y profesor de la universidad cordobesa, y fue electo diputado nacional por el Partido Constitucional. Ambos eran miembros del círculo de obreros de Córdoba y figuraron entre los candidatos que el catolicismo cordobés recomendó votar en 1912 como aquellos que garantizaban la defensa de los principios cristianos. Véase: Vidal (2014).

[9] Este fenómeno se observó en una multiplicidad de propuestas de legislación social. La necesidad de diseñar e implementar nuevas estrategias de intervención estatal frente a las diversas manifestaciones de la cuestión social propició el estudio y la recepción de las fórmulas que se aplicaban desde hacía más tiempo en otros lugares del mundo (Suriano, 2013).

[10] En 1891 y 1901, la Dirección General de Correos y Telégrafos elevó al Ministerio del Interior dos propuestas para organizar el ahorro postal bajo su órbita, pero ninguna tuvo aprobación. En 1909, el diputado nacional Isidoro Ruiz Moreno redactó el primer proyecto parlamentario de creación de una caja de ahorro postal, que caducó sin despacho. Volvió a presentarlo en 1911, pero tampoco recibió tratamiento. Bonanni (1942).

[12] La Voz de la Iglesia, Buenos Aires, 17/08/1897, p. 1; EP, 17/01/1903, p. 4; Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires [REABA], Buenos Aires, 1903, pp. 201-205. La expansión alcanzada por la institución hizo que, hacia 1903, se constituyera en una sociedad anónima, con estatutos aprobados por el gobierno y un directorio presidido por Emilio Hansen.

[16] Este proyecto no terminó de ser diseñado porque la iniciativa de Bas se anticipó y el ministro resolvió prestarle su apoyo (Bonanni, 1942).

[27] DSCD, 25/09/1914, p. 789. En 1905, a instancias de Juan B. Justo y otros dirigentes socialistas, fue fundada la cooperativa de crédito y edificación denominada “El Hogar Obrero”. En sus primeros años de actividad, la cooperativa construyó casas individuales y colectivas, brindó préstamos hipotecarios para edificación y levantó pequeños barrios obreros, donde cada unidad se vendía o alquilaba con opción a compra (Rabasa, 2021).

[28] DSCD, 25/09/1914, p. 789. Este consenso en torno al ahorro postal no implicó un acuerdo absoluto en todos los términos del proyecto. En efecto, los socialistas impulsaron la supresión de las disposiciones que limitaban la capacidad de las mujeres de retirar el dinero depositado sin consentimiento de sus maridos. También auspiciaron la postergación de la puesta en marcha de la institución para principios de 1915, confiando que los efectos de la crisis se aliviarían para entonces. Menos éxito tuvieron en sus esfuerzos por establecer un sistema anónimo –no personal– de ahorro postal y destinar los fondos depositados a préstamos para la construcción de viviendas –manteniéndose incólume el criterio de la comisión, que invertía el grueso de los depósitos en títulos públicos–.

[47] El Código Civil (1869) definió como menores a las personas que no hubieran cumplido 22 años. Se consideraban “incapaces” para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, por lo que debían actuar por medio de sus representantes legales.

[50] Los salesianos desarrollaron un proyecto educativo con fuertes contenidos de pedagogía social, orientada a la integración por vías del trabajo y la educación religiosa de los niños y jóvenes más humildes (Moretti, 2014).