Buscando al enemigo. Persecución a la extrema derecha en los años treinta en Entre Ríos, 1930-1946

Searching for the Enemy: The Persecution of the extreme Right in 1930s Entre Ríos, 1941–1946

En la segunda mitad de 1941, el régimen nazi avanzaba sobre Rusia, dominaba buena parte de Europa occidental y mantenía al mundo en vilo. La pregunta que muchos se hacían era hasta dónde llegaban los tentáculos del gobierno más reaccionario que la modernidad había conocido. El poder y el temor que generaba el nazismo se extendieron incluso hasta estas tierras. La larga década del treinta en Argentina estuvo marcado por el golpe de Estado de 1930, que inicio a una serie de gobiernos conocidos como la "década infame", estas administraciones, sostenidas en gran parte por el fraude patriótico, proscribieron a la Unión Cívica Radical a nivel nacional y reprimieron con dureza al movimiento obrero, lo que generó un clima de inestabilidad política y cuestionamientos a la democracia.

En este marco, desde distintas tendencias políticas se comenzó a denunciar las actividades de fuerzas reaccionarias y se impulsó la persecución de un enemigo que se presentaba escurridizo y solapado dentro de otras fuerzas políticas y culturales que, de tanto en tanto, asomaba la cabeza en la vida pública.

Nuestra propuesta es analizar las actividades más resonantes de los denominados agentes filo-fascistas en la provincia de Entre Ríos y dar cuenta de su proyección en el elenco político que tomó parte en el golpe de estado de 1943. Para la reconstrucción histórica nos basaremos en diarios y periódicos locales, así como documentos del Archivo General de la Nación y documentos del Congreso Nacional y Provincial.

By the second half of 1941, the Nazi regime was advancing into Soviet territory, controlling much of Western Europe, and keeping the world in a state of tension. A question that circulated widely at the time was how far the reach extended of what was arguably the most reactionary government modernity had produced. The power and fear inspired by Nazism extended even to distant regions. In Argentina, the 1930s were deeply shaped by the military coup of 1930, which inaugurated a period of authoritarian rule known as the “Infamous Decade.” These administrations, largely sustained by electoral fraud, banned the Unión Cívica Radical from national politics and subjected the labor movement to harsh repression. This fostered a climate of political instability and growing disillusionment with liberal democracy.

Within this context, actors from diverse political backgrounds began to denounce the activities of reactionary forces and to promote the pursuit of an enemy that appeared elusive and concealed within broader political and cultural movements—yet one that periodically surfaced in the public sphere.

This paper seeks to examine the most salient activities attributed to so-called fascist agents in the province of Entre Ríos and to assess their influence within the political configurations that ultimately contributed to the 1943 military coup. The analysis is based on local newspapers and periodicals, as well as archival materials from the Argentine National Archives and documents from both the National and Provincial Congresses.

La larga década de 1930, inaugurada con la crisis económica, política y social de 1930 y cerrada por el advenimiento del fenómeno peronista, muestra particularidades que no podemos soslayar. Una de ellas, y que tuvo consonancias internacionales, fue el despliegue en la política de sectores de extrema derecha que alcanzaron resonancia.

Estos sectores de derecha, diferentes a los clásicos grupos conservadores, se manifestaron de forma virulenta y a través de agrupamientos que vamos a denominar filo-fascistas^[1]. Pero no se trataba sólo de estos grupos, herederos de la ola reaccionaria inaugurada por la Liga Patriótica Argentina, sino también de partidos políticos que pretendían disputar en la arena electoral los votos y que, aunque las urnas se le presentarán renuentes, no perdían oportunidad para polarizar con los radicales y diversos sectores de la izquierda. Esta ola reaccionaria que se levantó al cobijo del régimen de democracia fraudulenta fue ganando adherentes. Ronald Dolkart (2001) diferenció la vieja derecha conservadora, rehabilitada en una alianza que recibió el nombre de Partido Demócrata Nacional, y los nuevos nacionalistas, centrados en la conformación de bandas paramilitares. Su propaganda incorporó periódicos que aportaron a la difusión de su proyecto y la expectativa de conformar un sistema político corporativista en reemplazo del sistema democrático. Las dos vertientes convivieron durante el periodo, “con ciertos principios y objetivos comunes, pero con importantes diferencias en programas, actividades y prácticas políticas” (p. 154). En la misma línea, David Rock (2001) consideró a los nacionalistas y los identificó como un grupo heterogéneo, integrado por un amplio espectro de miembros, desde los sectores oligárquicos a las clases medias en ascenso.

Por su parte, Sandra McGee Deutsch (2005) afirmó que la derecha se consolidó en reacción a las tendencias políticas igualitarias y liberadoras del momento. Por temor a que los impulsos y los ideales revolucionarios socavaran el respeto a la autoridad, la propiedad privada y las tradiciones” (p. 20). Por otro lado, y debido a los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo en cuanto a sus discursos, composición y prácticas en América Latina, prefirió hablar de derechas en plural. Mariela Rubinzal (2012), insistió en que el concepto de derecha incluye “múltiples formas políticas, ideológicas o comportamientos colectivos” (p. 32). Al hacer referencia al nacionalismo en particular, destacó que en Argentina la corriente se caracterizó por incluir, organizar y movilizar a distintos sectores de trabajadores (2018, p. 55). María Inés Tato (2009) incorporó en la derecha argentina a los conservadores y nacionalistas, analizando la trayectoria del vínculo establecido entre ambos grupos. Por otro lado, al definir las particularidades del nacionalismo, expresó que compartieron ciertos rasgos políticos: catolicismo, corporativismo, antisemitismo, antiimperialismo, anticomunismo y antiliberalismo.

Otra particularidad de la derecha durante los años treinta la encontramos en sus cambios en relación con la composición de clase y su debate en torno a los problemas sociales. En este sentido, la línea de estudio que integran, entre otros/as, Alberto Spektorowski (1991), Sandra McGee Deutsch (2005) y Mariela Rubinzal (2018), ha revisado la idea del nacionalismo elitista y antipopular, coincidiendo en que en los años treinta el nacionalismo se preocupó por la cuestión social (Rubinzal, 2018). Por lo tanto, el debate en torno a la situación de los trabajadores, desde la mirada del nacionalismo, fue otra particularidad de la coyuntura que la historiografía prestó atención. También dar cuenta de los trabajos de Bohoslavsky y Bertonha (2016) y Cimatti (2004) que analizan los vínculos internacionales de la extrema derecha, así como nuevas geografías.

Por último, entre los trabajos sobre la derecha en Entre Ríos, podemos indicar el trabajo inaugural de Reula (1971, T. III), quién describió la situación provincial y el avance de las acciones realizadas por los grupos de derecha entre 1930 y 1943. Empero, el relevamiento más importante de las actividades y organizaciones fascistas entrerrianas lo encontramos en el trabajo de Argachá y Busiello (2013): con una pormenorizada descripción a base de periódicos y entrevistas a familiares aún vivos, los autores construyeron un posible derrotero de las acciones de la derecha más radicalizada en territorio provincial. En este sentido, su obra se vuelve un paso obligatorio y fundamental.

Como se puede reconocer, no estamos trabajando sobre campo yermo, sino sobre un cuerpo historiográfico que posee especialistas renombrados y grandes temas tratados; aunque, en nuestro territorio de estudio, aún faltan estudios particulares. Por eso mismo, nuestro objetivo es reconstruir y ayudar a indicar las zonas con mayor actividad de los sectores nacionalistas de extrema derecha entre 1930 y 1943. Asimismo, nos ocuparemos de un hecho particular, sucedido en 1941 que derivó en la intervención de la justicia y la persecución de actores calificados como nazifascistas. En este punto, queremos reconstruir los hechos e interiorizarnos, en la medida de nuestras posibilidades, en quiénes eran los actores relevantes en el proceso, lugares de pertenencia e ideas. Por último, los hechos de la década del treinta tienen, historiográficamente hablando, consenso de que su final llegó con el golpe de Estado de 1943 o, a lo sumo, con los hechos de octubre de 1945. En cualquier caso, vamos a mostrar los vínculos y puentes que existieron entre los hechos anteriores al golpe del 4 de junio y su proyección dentro de aquél.

Para trabajar nuestra reconstrucción histórica nos basamos en decenas de diarios provinciales, incluso obreros, así como en la consulta de periódicos nacionales. También hemos incorporado material del Archivo General de la Nación, en particular del Fondo Secreto, Confidenciales y Reservados.

La Entre Ríos de los treinta poseía elementos propios que la diferenciaban del contexto nacional que, sin querer agotar en un juego comparativo, podemos resumir en diferencias en los órdenes económicos, sociales y políticas.

En primer término, la década del treinta, en materia económica presentó una situación de desocupación sostenida que se profundizó en el primer quinquenio, siendo 1932 el de mayor desocupación. La desocupación había comenzado en los últimos años de la década de 1920, cuando la caída de los precios de los cereales y la sostenida incorporación de maquinarias reemplazó la mano de obra asalariada que pasó de la desocupación estacional a la desocupación permanente. En adelante, este proceso de innovación tecnológica no hizo más que continuar, y con él, el reemplazo de trabajadores por máquinas. En consecuencia, la década de 1930, al igual que en el resto del país, estuvo marcada por la desocupación, aunque, a diferencia de otros espacios, en Entre Ríos se consolidó.

Otra diferencia con el resto del país fue que, mientras la región litoral, en particular Rosario y Buenos Aires, transitaron en aquella década un camino hacia la industrialización sustitutiva, la provincia de Entre Ríos fue incapaz de romper su matriz agropecuaria. De esta manera, “durante la década del treinta, el 90% de los productos que Entre Ríos vendía en los mercados nacionales e internacionales eran productos primarios o de origen agropecuario” (Mateo & Camarda, 2018: p.187).

En este contexto, vemos que la burguesía local, encarnada en el radicalismo vernáculo, fue incapaz de desarrollar una forma de crecimiento por fuera del capitalismo agro-ganadero, sino lo contrario. En plena crisis de 1930 las autoridades provinciales lanzaron un plan de “transformación agraria” que buscó, entre muchos otros cambios, la creación de una economía “granjera” que detuviera la migración del campo a la ciudad, generara un ambiente propicio para la comercialización por intermedio de cooperativas e incorporara nuevos saberes productivos a través de escuelas especializadas en producción agropecuaria. El plan, por demás ambicioso dadas las arcas provinciales, pronto comenzó a demostrar sus limitaciones, y para la década de 1940 manifestaba signos de retracción poblacional (Biaziso, 2015).

Además del plan de contención a la población agrícola, la clase dominante entrerriana desarrolló un plan de generación de empleo estatal a través de las denominadas “Comisiones pro-desocupados”; entidades de bases creadas ad hoc en las localidades que demandaban empleo para los desocupados. Llegaron a ser 113 de las mismas y contaban con una financiación de las comunidades y del poder ejecutivo provincial que, además, se arrogaba la potestad de introducir la figura de los comisarios locales como responsables del funcionamiento; lo que generó todo tipo de denuncias sobre el uso proselitista de los recursos financieros de las comisiones. (Leyes, 2016)

Como se puede reconocer, la situación de miles de entrerrianos durante esta “larga década del treinta” fue de suma pobreza e incertidumbre por un sistema económico que, en plena competencia intercapitalista, debía aumentar la productividad incorporando máquinas y con ellas, aumentaba el desempleo. Entonces, miles de personas abandonaron la provincia en búsqueda de trabajo. (Leyes, 2016; Mateo, 2017). El número de emigrados es difícil de establecer, pero se cree que fueron más de 125 mil los que habían dejado la provincia para 1960, en un proceso que había comenzado en los años que competen a nuestro estudio. (Lattes y de Lattes, 1969.)

Por lo tanto, con la desocupación y emigración en marcha, la clase obrera ocupada se encontró en una posición de debilidad, del mismo modo, la herramienta para la lucha económica, el sindicato, se debilitaba no sólo porque la correlación de fuerzas era favorable a los patrones, sino porque los obreros ocupados y afiliados eran cada vez menos. En consecuencia, después de fuertes luchas que terminaron con la represión de los sectores más radicalizados del movimiento obrero en 1937 (Leyes, 2018), el Estado provincial impulsó nuevos mecanismos de contención de la protesta social a través de mesas de negociación tripartitas (Leyes y Sartelli, 2019).

Así fue como los obreros entrerrianos encontraron en el Estado provincial el poder de negociación que estructuralmente el capitalismo agrario en crisis les privaba. Por su parte, los gobernantes entrerrianos lograron, gracias a esta maniobra, incorporar parcialmente a los sindicatos, conseguir de ellos la voluntad de limitar de facto sus demandas a cuestiones gremiales y servir de contención a fuerzas que por izquierda pudieran amenazar al statu quo, en particular el comunismo.

Para finalizar, es necesario referirse al partido de gobierno de Entre Ríos. Los radicales entrerrianos fueron los gobernantes de la provincia, ininterrumpidamente, desde 1914 hasta 1943. La construcción de su poder se logró a partir de un ejercicio del poder que articuló tanto la coerción como en el consenso de amplios sectores sociales, entre los cuales se encontraban los trabajadores. Asimismo, el mando sobre la provincia se logró por el traspaso cuasi oligárquico entre diferentes actores del mismo partido, en una suerte de “reciclaje” del mismo personal político de un cargo a otro entre miembros de las mismas familias. (Reula, 1974, Tomo III). Este dominio permitió que los radicales entrerrianos, enfrentados desde muy temprano con Yrigoyen (Piñeiro, 2014), pudieran escapar a la intervención de la provincia en el golpe de Estado de 1930; siendo una de las pocas excepciones en el país. De este modo, la continuidad política y la violencia con la que actuaron contra sus correligionarios que se inclinaban por la vía armada en los tempranos treinta (Gimenez, 2015), les generó el respeto y la simpatía de amplios sectores del espectro político en el contexto de la política conservadora de la década infame. También, los radicales entrerrianos tuvieron un papel destacado en la reunificación de su partido en 1934 (Persello, 2004).

De nuevo en el ámbito provincial, se puede reconocer cómo estos políticos, una y otra vez, revalidaron sus votos en las urnas y en el control del territorio, lo que les permitió gobernar sin demasiados sobresaltos y golpeando en la arena electoral a sus rivales conservadores, refugiados en algunas intendencias y reparticiones del Estado nacional. En ese marco, los radicales entrerrianos jugaban a dos bandas: se presentaban como liberales y tolerantes de las diferencias, pero obraban de manera represiva cuando lo consideraban necesario.

En resumen, la Entre Ríos de 1930 era una provincia empobrecida por los límites del capitalismo agrario que, en su propio desarrollo, sacudía todo el edificio social que se había creado para darle vida y funcionamiento desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras del XX. En esta situación de pobreza y desocupación, la emigración, la intervención estatal y los nuevos repertorios de los sindicatos buscaban, mediante todas las formas a su alcance, contener la situación de crisis orgánica. Esta situación de crisis fue también la que permitió la aparición de discursos y acciones de activistas de extrema derecha.

Lo dicho hasta el momento no presentó a los sectores de extrema derecha dentro de la provincia. Por ello es necesario delimitar brevemente qué entendemos por extrema derecha y cómo podemos reconocer su existencia en la provincia. Uno de los elementos fundantes de la extrema derecha fue el antisemitismo y se encontró desde tiempos muy tempranos en la provincia (Lvovich, 2003). Posiblemente, la respuesta se encuentra en el peso de comunidad en la provincia desde los últimos años del siglo XIX, cuando miles de colonos de origen judío se instalaron en diversas regiones de la provincia, siendo blanco de los discursos de odio de los sectores más reaccionarios. En los inicios de los años treinta, cuando esos discursos tomaban cuerpo en torno a personas que reivindicaban al nazismo, se dieron las primeras noticias de carteles anti-semitas en Paraná con la leyenda: “Viva Hitler y Mueran los judíos”. Resulta interesante cómo lo trató el medio de prensa, diciendo que es un problema entre alemanes: “Se ha difundido demasiado la campaña que el nuevo gobierno alemán realiza contra la colonia que cuenta en su seno con los capitalistas más poderosos de la nación citada”. (El Debate, Gualeguay, 30/03/1933, p. 1.)

Pocos meses más tarde en Basavilbaso, una icónica localidad judía con una fuerte comunidad obrera militante se apresó a dos jóvenes que colocaban carteles antisemitas. Pertenecían a la Asociación Patriótica de Villaguay (El Debate, Gualeguay, 26/05/1933, p. 1). En los primeros meses de 1934 se volvía a informar, ahora en Diamante, se programaba una reunión “fascista” con la participación de varios oficiales del ejército. (El Debate, Gualeguay, 11/04/1934, p.1) Durante ese mismo año un grupo de judíos se reunió con el ministro de Gobierno para solicitar protección e información sobre los hechos que se venían sucediendo en contra de su colectividad. Esto motivó una respuesta positiva por parte del oficialismo. (El Debate, Gualeguay, 29/08/1934, p.3) Un medio de prensa paranaense agregaba: “Se hostiliza a los judíos sin ninguna causa, obligándoseles a que se defiendan por medio también de la violencia” (El Tiempo, Paraná, 06/09/1934, p. 2). En este contexto, se le negó a un grupo de nacionalistas realizar un acto en la Estación Durazno, del departamento Tala. El argumento era que se les encontró material de propaganda nacionalista y el periódico “Voz Nacionalista”. La noticia decía que la policía con armas largas denegó la posibilidad de ingresar a la población a los delegados nacionalistas alegando que eran órdenes superiores y la autoridad amenazó con “menear bala” (sic) si no se retiraban de la población. El hecho motivó el envío de notas al ministro de Gobierno de parte de José María Rosa, como representante del nacionalismo en la provincia. La respuesta estatal fue que el refuerzo con armas largas era una medida precautoria y pertinente por cuanto los elementos nacionalistas buscaban repartir panfletos antisemitas. (La Acción, Paraná. 25/05/1934, p.3)

Al año siguiente, en Villaguay, localizada en el corazón de las colonias judías, aparecieron pintadas cruces esvásticas en las paredes de varios vecinos judíos (El Debate, Gualeguay, 05/06/1935, p. 3) y, de nuevo en Basavilbaso, el local del Partido Socialista fue atacado a piedrazos, y se indicaba a grupos fascistas detrás de la acción. Los socialistas hicieron la denuncia a la policía. (La Vanguardia, órgano del Partido Socialista, Buenos Aires, 18/10/1935). Las averiguaciones de la época indican que detrás de los ataques se encontraban miembros de la Legión Cívica. (El Tiempo, Paraná, 23/07/1935. p. 2)

En 1937, un grupo de jóvenes vestidos con camisas pardas en Concordia se unieron a una marcha militar con motivo al 9 de julio, marchando a “pata de ganso” y haciendo el saludo nazi. Al año siguiente, en 1938, pero ahora en La Paz, otro grupo de militantes del autodenominado “Movimiento Nacionalista” intentó realizar un acto el primero de mayo al salir de una misa, pero fueron disueltos por la policía. (Reula, 1974: 103) También ese año, las denuncias sobre una organización más consolidada del nazismo se hicieron oír en los medios de prensa provinciales. El periódico radical dirigido por Silvano Santander -de quién hablaremos más adelante-, El Tiempo, denunciaba a las escuelas “nazis” de la provincia y exigía su clausura. El ejemplo que utilizaba era una escuela en Crespo, en la cual los maestros y profesores alemanes les enseñaban a los estudiantes a saludar la bandera alemana, a hablar en alemán y, lo que representaba el colmo para el diario, “enseñaban a los niños argentinos que nuestro gran patriota, el codificador de nuestra Carta Magna, (sic) Juan Bautista Alberdi era comunista…” (El Tiempo, Paraná, 09/04/1938, p. 3) Los socialistas afirmaban que esa localidad era el centro de la infiltración nazi entrerriana (La Lucha, Paraná, 10/04/1938).

El 5 de mayo de 1940 se produjo nuevamente en Basavilbaso uno de los hechos que más conmocionó a la opinión pública entrerriana, no tanto por sus efectos prácticos, sino por su valor simbólico, cuando se colocó una bandera nazi en el tanque de agua del poblado. Una vez retirada, y en acto de desagravio, se colocó una argentina. (La Vanguardia, órgano del Partido Socialista, Buenos Aires 26/05/1940) También, en mayo de 1940 se procedía a la captura de marinos del buque nazi Graff Spee, hundido frente a las costas uruguayas. La tripulación que había sido retenida por las autoridades del país vecino comenzó una diáspora por la región, recalando algunos de sus miembros en la provincia de Entre Ríos donde encontraron refugio gracias a las instituciones de la colectividad alemana local:

“En sospecha de esas actividades fue allanada una casa en la que se encontró material de propaganda, que simulaba ser de instituciones culturales. Prosiguiendo con sus investigaciones la policía allanó otro local, donde se detuvo a dos sujetos sospechosos (…) otra detención se produjo el 27 en la persona de un alemán que llevaba una lista de contribuciones a una suscripción auspiciada por la Unión Alemana”.^[2]

La persecución y acusaciones contra los sectores de extrema derecha era una constante. Un caso revelador fue la denuncia que realizó un ciudadano uruguayo, residente en la ciudad de Chajarí, al norte de la provincia y en las cercanías del río Uruguay, quién indicó la acción proselitista favorable al régimen nazi:

“Cumplo con el ineludible deber, en mi carácter de ciudadano uruguayo, con 23 años de residencia en esta localidad, de denuncia a VD las actividades nazis, a que se encuentra entregado el individuo de nacionalidad alemana conocido en esta por el curandero “Don Guillermo”, sin medios honestos de vida conocidos, el cual, obrando como se encontrara en su propio país de origen reúnen personas de escasa cultura en su domicilio, situado en el barrio Santa Rosa, entregándose en tales oportunidades a verdaderos desenfrenos en pro de la causa nacional socialista, permitiéndose verter insultos y agravios a nuestra bandera y digo nuestra porque en mi corazón de uruguayo nunca he visto algo extraño en las cosas de esta (sic) País que es hermano entero mío y porque es la patria de mi mujer y de mis cinco hijos.

El agraviante individuo que en mi mismo me ha expresado hace cuatro días que lo que nosotros necesitamos es una quinta columna, demuestra estar poseído de una apasionante inclinación por el régimen que el mundo entero reprueba, porque él va contra la libertad y la independencia a que tal vez algún día nos quieran someter estos incalificables individuos. El denunciado curandero “Don Guillermo” que como expreso hace constante derrotismo contra las Autoridades que el país cobija. Tiene en su casa fotografías, mapas, planos, etc. Etc. Mucho de ellos sacados personalmente para lo cual se vale en un automóvil que de vez en cuando realiza giras por la costa y lugares próximos a ésta en dirección a la provincia de Corrientes…”^[3]

Días más tarde, el denunciante fue llamado a sostener sus dichos. No sólo los confirmó, sino que agregó haber visto al denunciado marchar con “paquetes sospechosos que sin duda alguna están relacionados con sus actividades”^[4]. Realmente no hemos podido reconstruir la veracidad de la acusación, pero podemos considerarlas parcialmente ciertas, en tanto el señalamiento a las autoridades era una decisión que no se podía tomar a la ligera, aunque aún resta un estudio pormenorizado al respecto.

Los últimos dos casos que tenemos fichados fueron, un conflicto que surgió en Gualeguaychú durante la presentación de la película de Charles Chaplin, El Gran Dictador, que llevó a dos estudiantes, uno argentino y otro italiano, a colocar “una máquina infernal” con una carga de nafta. El objetivo declarado era atemorizar a la población para evitar que vean la película, aunque la bomba como tal no funcionaba. Uno de los autores declaró: “No soy fascista, ni anarquista. Solo argentino.” (La Juventud, Concepción del Uruguay, 11/02/1941, p.2) El otro hecho destacable fue la captura de tres marinos del Graff Spee a fines de junio de 1941 en un hotel de Concordia, propiedad de un residente alemán. (El Censor, Gualeguaychú, 26/06/1941, p. 4)

Hasta este punto hemos repasado algunas de las noticias e informaciones más resonantes sobre la existencia de actividades de extrema derecha, en no pocos casos asociados al nazismo, y con una cuota importante de antisemitismo en muchas otras. Aún resta un trabajo más exhaustivo de la actividad de los sectores de extrema derecha, sin embargo, nuestro racconto da cuenta de una presencia provincial que se desarrollaba en buena parte del territorio, existiendo tres núcleos de consideración: un eje Paraná-Crespo; otro, Urdinarrain-Villaguay y, por último, Federación- Concordia. Aunque otras reconstrucciones (Archacha, 2013) señalan a Galarza como el centro de irradiación del totalitarismo fascista.

En cualquier caso, en lo que a nosotros interesa, la existencia de grupos de extrema derecha que ensayaban una propaganda virulenta es lo que sobresale de sus acciones. Por fuerte que resulte la agresividad verbal y simbólica contra la comunidad judía, no encontramos casos de violencia física, golpizas o situaciones mayores. Sin embargo, esto no dejó de agitar las aguas en una provincia que se había caracterizado por la calma en materia religiosa y donde la discriminación o los ataques a una comunidad en particular no salían a superficie normalmente.

La Justicia contra los nazis. Un caso de acción judicial contra los círculos extremistas

La denuncia y persecución de las “actividades antiargentinas” en Entre Ríos aumentó su intensidad a partir de la conformación de la Comisión de Investigación de las Actividades Antiargentinas (CIAA) en junio de 1941. En los años anteriores, diferentes disposiciones gubernamentales habían comenzado con la tarea^[5]. Pero la constitución de una comisión multipartidaria en la Cámara de Diputados de la Nación, otorgó mayor relevancia al tema. El Partido Socialista y la Unión Cívica Radical dieron legitimidad a la novel comisión y las actividades desempeñadas fueron importantes en diferentes regiones de Argentina. Los territorios nacionales se convirtieron en un terreno en disputa: Misiones, por ejemplo, cobró relevancia por las colonias alemanas instaladas y por el desarrollo de agrupaciones y escuelas de la misma nacionalidad (Jäkel, 2024). En La Pampa y Rio Negro también se registraron actividades filo-fascistas (Cimatti, 2024: 58).

En este contexto, se solicitó a los gobiernos provinciales que adoptaran medidas de prevención. El Ministro del Interior, Dr. Miguel Culaciati, dirigió una nota a los gobernadores con el fin de poner en conocimiento una disposición sobre el límite y forma de ejercicio del derecho a reunión, plasmados en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional (El Diario, Paraná, 12/7/1941,p. 4). De la misma manera, se consideró muy importante “la licitud del objeto de las manifestaciones o reuniones, así como el empleo obligatorio del idioma nacional en las mismas y la prohibición de exhibir banderas o símbolos extraños a los de la patria” (El Diario, Paraná, 12/7/1941, p. 2).

Frente a un avance en el control y censura de las actividades consideradas “antiargentinas”, en la provincia de Entre Ríos destacamos dos hechos acontecidos en las ciudades de Concordia y Paraná, que fueron foco del accionar de grupos nacionalista frente a los cuales el gobierno de Enrique Mihura actuó en consonancia con las disposiciones nacionales (El Diario, Paraná, 2/7/1941, p 3). En Concordia, durante el acto realizado por la conmemoración del Día de la Bandera el 20 de junio de 1941, se colocó en el monumento del general Manuel Belgrano un ramo de rosas atado con una cinta argentina que llevaba estampado en su franja blanca “un símbolo no autorizado” (El Diario, Paraná, 9/7/1941, p 2). Se adjudicó la acción a militantes nacionalistas, en su mayoría, docentes del Colegio Nacional y de la escuela de los Padres Capuchinos. El hecho generó un impacto en la población y, frente a la denuncia realizada por el diario local El Heraldo (21/6/1941), el gobierno provincial tomó cartas en el asunto buscando sancionar a los responsables y otorgarle la pena máxima:

“Una resolución llamada a alcanzar indudable trascendencia en todas las esferas de la opinión pública ha dictado con fecha de ayer el Poder Ejecutivo de la provincia por medio del Ministerio de Gobierno. Se refiere la misma a la condenación de un atentado registrado en la ciudad de Concordia, cuyos culpables serán puestos bajo las sanciones más severas de la ley” (El Diario, Paraná, 9/7/194, p. 2).

La información también llegó a la CIAA, entre los informes de la comisión se registró la resolución del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, motivada por las publicaciones de "El Heraldo" y "La Nota" sobre el supuesto agravio a la enseña patria, que reafirmó la información de la prensa y:

“vistas las actuaciones elevadas por la jefatura de policía de Concordia, iniciadas a raíz de publicaciones aparecidas el 21 de junio del corriente año en los diarios locales, según las cuales, durante los actos de celebración del día de la Bandera, en aquella localidad se habría agraviado la bandera Patria; se dispone la sanción de todos los implicados en la acción”. (Informes de CIAA, julio 1941).

La acción oficial parece buscar congraciarse con el clima de época y enviar un mensaje a la opinión pública de su voluntad antifascista.

Por otro lado, en Paraná, el 31 de julio de 1941 apareció un titular en El Diario enunciando que “la policía estaba en conocimiento de importantes revelaciones y comprobaciones sobre el movimiento nazifascista”, visibilizando una situación desencadenada en el marco de un acto organizado por los radicales en el Teatro 3 de Febrero (El Diario, Paraná, 23/7/1941, p.3). En ese contexto se detuvo a nueve ciudadanos acusados de repartir panfletos que atentaban contra las instituciones.^[6] Una vez detenidos, la mayoría declaró ser integrante de la Alianza Juvenil Nacionalista (AJN) dirigida a nivel nacional por el general Juan Bautista Molina (El Diario, Paraná, 31/7/194, p. 3). La mayoría de los militantes quedaron detenidos e incomunicados, con excepción de Carlos Alberto Mayer, que fue puesto en libertad por falta de mérito (El Diario, Paraná, 1/8/1941, p.3). Siguió una serie de allanamientos^[7] ordenados por el juez de la causa, el Dr. Abel Seghesso Flores, y la detención de un nuevo integrante de la AJN, el celador y ayudante de la cátedra de física de cuarto año del Colegio Nacional, profesor Julio B. Torres (El Diario, Paraná, 3/8/1941, p.3), acusado de enviar a imprimir los folletos nacionalistas.

Algunos de los detenidos eran profesores y estudiantes del Colegio Nacional, referido a ellos, el diario tituló “Los profesores antiargentinos” (El Diario, Paraná, 4/8/1941, p.3) en referencia a quienes dentro de las escuelas profesaban ideas filo-fascistas. La misma nota destacó la actitud del rector del Colegio Nacional, quien afirmó que “sería expulsado todo aquel que difunda o enseñe desde sus cátedras este tipo de ideas en contra de las libertades y de la democracia” (El Diario, Paraná, 4/8/1941, p.3).

Las acciones de Concordia y Paraná no quedaron en hechos aislados: a través de nuevos allanamientos y detenciones se afirmó la existencia de una organización provincial que involucró integrantes de la AJN de diferentes ciudades tales como Victoria, La Paz, Galarza, General Ramírez, Nogoyá, Lucas González y Villa Crespo. También se sumaron instituciones deportivas y escolares tales como La Asociación Cultural Deportiva Sáenz Peña (El Diario, Paraná, 6/8/1941, p.3) y el Instituto de Villa Crespo (El Diario, Paraná, 9/8/1941, p.3).

Desde el gobierno provincial se construyó la idea de “un complot nazifascista” recientemente descubierto en Paraná, con ramificaciones en toda la provincia. La conspiración incluyó estudiantes, profesores, universitarios, militares y sacerdotes, dirigidos por el general retirado Juan Bautista Molina. (El Diario, Paraná, 9/8/1941, p.3). El juez catalogó la causa de “Asociación ilícita” y justificó la existencia de acciones antiargentinas mediante la documentación, armas y municiones encontradas en las diferentes ciudades. Acusó a referentes del nacionalismo entrerriano de ser los autores de dicho complot. Entre los cabecillas se señaló en Paraná al Dr. Juan Carlos Bacigalupo, en Galarza al Dr. Miguel Facello, en Concepción del Uruguay a Solana Pacheco, en La Paz a Lorenzo Albornoz y Aquino Báez y en Villaguay a Julio Baridon (El Diario, Paraná, 12/8/1941, p. 3). También se citó a declarar a otros referentes del nacionalismo, entre los que destacamos Jordán Bruno Genta (El Diario, Paraná, 6/8/1941, p.3) que más adelante, durante el golpe de Estado de 1943, sería designado interventor de la Universidad Nacional del Litoral. El complot fue denunciado a la Comisión de Actividades Antiargentinas, el intercambio de notas entre los integrantes de la CIAA y el Estado provincial entrerriano, disponibles en los informes de la Comisión, evidenció la articulación en la investigación y persecución de las actividades antiargentinas. Entre 1941 y 1943 encontramos diferentes cartas dirigidas al gobernador Enrique Mihura o el Ministro de Gobierno del periodo^[8] y también un intercambio fluido con el juez de crimen de la ciudad de Paraná Abel Seghesso Flores.^[9]

Por su parte, el juez Seghesso Flores se reunió con Silvano Santander, quien viajó en representación de la comisión para interiorizarse de la amplitud del movimiento frustrado y recoger antecedentes y datos (El Diario, Paraná, 12/8/1941, p.3). En tanto, el hecho tuvo presencia en la prensa paranaense que lo trato de manera sensacionalista, en particular el órgano cuasi-oficial El Diario, que siguió los acontecimientos con lujo de detalles. La Acción, prensa cercana a los sectores conservadores y católicos, también mencionó el tema en sus páginas (La Acción, Paraná, 12/8/1941, p.3) El mismo medio defendió los intereses de algunos implicados en la causa de “Asociación Ilícita”, entre ellos a los curas Melchiori, Laurencena y “el maestro de la juventud, profesor Genta”, relevando los vínculos con los referentes del nacionalismo católico (La Acción, Paraná 17/9/1941, p.3).

Un año después, muchos de los nacionalistas que aparecían en las listas de detenidos, conformaron un partido político para presentarse a las elecciones de diputados nacionales, la Unión Cívica Nacionalista (UCN). Sin embargo, el juez federal Abel Maradiaga no otorgó la personería jurídica (El Diario, Paraná, 24/01/1942, p.3). Entre los representantes de la UCN encontramos a algunos integrantes de la Unión Nacionalista Entrerriana, organización que tampoco había obtenido el reconocimiento del Estado provincial en 1941, como José Venturino, Rodolfo Solanas Pacheco, Carlos Quinodoz, Miguel E. Facello.

Por su parte, la UCR, encontró los mecanismos para obtener beneficios partidarios en lo que denominaron “la lucha contra las actividades nazifascistas”. Silvano Santander, en una de las actividades, afirmó que:

“El propósito que se persigue es uno solo: defender las instituciones y la patria; yo lo coloco por encima de las tendencias banderizantes, para decir que esta noche en la ciudad entrerriana capital está vibrando el espíritu de la patria, en defensa siempre del derecho y de la justicia que forman las bases de la Constitución” (El Diario, Paraná, 1/8/1941).

Sin embargo, la mayoría de las acciones contaron con el sello de la UCR o con oradores del partido. En agosto de 1941, después de los acontecimientos del teatro 3 de febrero de la ciudad de Paraná, el comité de la Juventud Radical organizó un gran acto en Plaza de Mayo de Paraná “en repudio a las infiltraciones extranjeras que atentan contra nuestras instituciones y pretenden menoscabar a la nacionalidad argentina” (El Diario, Paraná, 2/8/1941, p.3). Para el mismo se designó una comisión de 20 delegados de distintos establecimientos educacionales y centros obreros, todos afiliados a la UCR. También se realizaron actos en otras localidades, tales como Concepción del Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Colón La Paz, Feliciano, Chajarí, Federación y Concordia, cuyos oradores también fueron integrantes del partido: los senadores nacionales Laurencena y Eguiguren, y el diputado nacional Santander (El Diario, Paraná, 3/8/1941, p. 3; El Diario, Paraná, 9/10/1941, p. 3; El Diario, Paraná, 16/11/1941, p. 3).

De esta manera, construyendo un tipo de apelación particular contra las actividades antiargentinas, y sin ser los únicos que se abocaron a la disputa con las agrupaciones nacionalistas, su presencia fue importante en la provincia. La figura clave fue el entrerriano Silvano Santander, diputado nacional e integrante de la CIAA, quien participó en repetidas conferencias durante 1941. En la disputa de sentidos, la UCR denominó a sus actividades en defensa de la argentinidad o nacionalidad, pretendiendo incorporar en su discurso una clasificación usada por sus opositores, disputando el sentido de la palabra nacionalidad. Pero también en clave democrática.

De alguna manera, lo que el golpe de 1943 significó queda eclipsado por el ascenso de Juan Domingo Perón al poder desde aquel hecho de irrupción institucional. Ahora bien, para las comunidades, y en particular para Entre Ríos, el golpe fue disruptivo porque aconteció la intervención provincial y la deposición de las autoridades electas. Más atrás señalamos que la provincia había logrado evadir una posible intervención en el primer golpe de Estado en 1930. Esta situación, excepcional a nivel país, había consolidado el poder de los radicales, que se mantenían en la administración gubernamental desde 1914, es decir, casi por tres décadas.

La última carta jugada por los radicales fue saludar el golpe, posiblemente en un intento de ganar las simpatías de los militares y reeditar la estrategia del golpe anterior (El Pueblo, Villaguay, 05/06/1943, p 4). Pero esto no impidió que apenas una semana más tarde, el 11 de junio 1943, se solicitara la entrega del poder a los militares, primero al jefe de la III División del Ejército, General Juan Carlos Sanguinetti, y luego a Ernesto Ramírez, hermano de Pedro Ramírez, en ese momento presidente de la nación. (Actualidad, Nogoyá, 14/06/1943; El Pueblo, Villaguay, 17/06/1943; El Pueblo, Villaguay, 18/06/1943; Justicia, Gualeguay, 21/06/1943).

A partir de ese momento comenzó una persecución que alcanzó a diferentes actores de la vida social entrerriana: comunistas, sindicalistas, miembros de la comunidad judía, masones y cuadros y militantes del partido radical (Leyes, 2017). La estrategia de los militares era desarmar el tejido de relaciones que mantenía la hegemonía de los radicales. Pronto se habló de una alianza radical-comunista para justificar los encarcelamientos y la clausura de periódicos opositores al golpe (El Censor, Gualeguaychú, 02/08/1943; El Pueblo, Villaguay, 18/06/1943; Actualidad, Nogoyá, 27/08/1943; El Censor, Gualeguaychú 29/07/1943), se expulsó a los comisarios que servían de nexo con la sociedad civil, en particular con el movimiento obrero y se iniciaron causas por malversación de fondos; en particular vinculados a las comisiones pro-desocupados. (Justicia, Gualeguay, 14/07/1943; Crónica, Diamante, 08/09/1943; Crónica, Diamante, 28/12/1943; El Censor, Gualeguaychú, 30/11/1943; Crónica, 28/06/1944).

En este proceso de persecución o desarticulación del poder anterior, es que aparece la continuidad con el proceso que había iniciado el Juez Seghesso Flores, pero en una dirección contraria. La vocación “ordenadora” del nuevo poder estatal tenía mucho de “desagravio”, según sus palabras, aunque sería más atinado hablar de venganza. El periódico Justicia de Gualeguay sintetizó el estado de ánimo con el titular “El cuento de las actividades antiargentinas”:

“…los que urdieron la leyenda [de la existencia de nazis] viajaban a costas del Estado, se hacían investir de autoridad omnímoda se inmiscuían atrevidamente en las relaciones externas del país, formulaban declaraciones cada media hora y se hacían fotografiar por todos los chasiretes adoptando poses de hombres importantes. Aquí en Entre Ríos, como se recordará fueron víctimas de talas mequetrefes ciudadanos dignos y eclesiásticos conocidos (…) Felizmente, las autoridades revolucionarias empiezan a reparar las tropelías que se cometieron entonces” (Justicia, Gualeguay, 28/06/1943).

A principios de julio de 1943 se creó una Comisión Investigadora de la Justicia para estudiar los casos de mal desempeño de los jueces que dedicó un mes a recibir las denuncias. El Juez Seghesso Flores fue rápidamente señalado entre los magistrados que habían usufructuado su puesto en la justicia para perseguir opositores al gobierno radical y habría abusado de su posición encarcelando a ciudadanos inocentes. También fue denunciado por un supuesto insulto a las autoridades, aunque de fondo estaba su vinculación con las investigaciones de las actividades antiargentinas, como trasfondo del encarcelamiento (Crónica, Diamante, 13/07/1943, p. 1; Crónica, Diamante, 27/07/1943, p. 1; Justicia, Gualeguay, 15/07/1943, p. 3; Justicia, Gualeguay, 24/07/1943, p.2; Crónica, Diamante, 04/09/1943, p.1; Crónica, Diamante, 07/09/1943, p. 1).

El gobierno interventor primero cesanteó al juez a fines de agosto de 1943, para exonerarlo a los pocos días (Argacha, 2013: 260). Un año más tarde, en septiembre de 1944, se declaró la nulidad de todas las acusaciones de los investigados por sus posibles vinculaciones filo-fascistas vía decreto. Asimismo, se exigió la limpieza de los prontuarios de los acusados (El Litoral, Concordia, 01/09/1944, p.1). De esta manera, se daba por cerrada la investigación y se ocultaban los resultados a los que se pudiera haber llegado.

De la misma forma que reconstruimos la caída del juez Seghesso Flores, podemos hablar del ascenso dentro del Estado de uno de los acusados por la investigación, porque, como dijeron Argachá y Busiello: “La revolución de 1943 catapultó a todo este grupo, ocupando algunos de ellos importantes cargos” (Argachá y Busiello, 2013: 218).

Veamos, aunque sea someramente, el caso testigo y aún no estudiado del nacionalista Rodolfo Solanas Pacheco. A lo largo de la década treinta, su nombre apareció en repetidas oportunidades, la referencia más antigua con la que contamos es de 1932, cuando se lo menciona como propietario de un tambo en Concepción del Uruguay en el contexto de una campaña de abaratamiento de bienes de consumo impulsada por la Unión Obrera Departamental de aquella ciudad. Pero, ya en 1934, los portuarios de Concepción del Uruguay le declaran un boicot por organizar un sindicato amarillo, contrario al sindicato afiliado a la Unión Obrera a la que había prestado asistencia durante el punto más crudo de la crisis (Los Principios, Concepción del Uruguay, 19/02/1932; La Vanguardia, órgano del Partido Socialista, 19/01/1934; La Vanguardia, órgano del Partido Socialista, 23/03/1934) Algo, entre esos dos años, lo hizo cambiar de parecer y comenzó su oposición a los sindicatos manejados por los sectores de izquierda.

En 1935, cuando los demócratas nacionales requerían a las autoridades una investigación sobre actividades extremistas en la provincia, los socialistas, rápidos de reacción, dijeron: “Con ánimo de contribuir a satisfacer esta curiosidad nosotros aportamos el siguiente dato: el correligionario de dicho diputado, Rodolfo Solanas Pacheco, activo militante del Partido Demócrata Nacional y orador oficial del mismo, es el jefe local de una organización fascista…” (La Vanguardia, órgano del Partido Socialista, 21/07/1935).

En 1941, como ya vimos, durante las investigaciones sobre actividades filo-fascista en la provincia de Entre Ríos, Solanas Pacheco fue citado a declarar y detenido como agente fascista (El Censor, Gualeguaychú, 29/08/1941, Documentos CIAA).

En 1943, pocos meses antes del golpe del 4 de junio, su corrimiento a la derecha continuaba: ya había roto relaciones con el Partido Demócrata Nacional y apareció como presidente de un partido llamado Unión Cívica Nacionalista, al que se le niega la personería partidaria y no se puede presentar en las elecciones provinciales en 1943 (Los Principios, Concepción del Uruguay 27/01/1943), de la misma manera que se había negado su participación en las elecciones legislativas provinciales en 1942.

Pero 1943 daría vuelta su suerte, ya que siguiendo su trayectoria observamos que su carrera política comenzó un ascenso vertiginoso: en julio de 1943 todos los acusados de agentes filo-fascistas fueron sobreseídos, Solano Pacheco entre ellos. En febrero de 1944 fue nombrado comisario de Concordia hasta julio de ese año (La Juventud, Concepción del Uruguay, 10/02/1944; El Litoral, Concordia, 06/07/1943, El Litoral, Concordia, 10/06/1944; El Censor, Gualeguaychú, 15/07/1944). En ese cargo desarrolló una prolífica actividad hasta que pasó a integrar en calidad de “inspector” la flamante Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde agosto fue uno de los elementos más activos de la repartición comandada por Perón en la provincia de Entre Ríos (El Censor, Gualeguaychú, 12/08/1944; El Diario, Paraná, 03/09/1944).

Durante todo el conflictivo año de 1945, Solanas Pacheco es una de las caras del gobierno de la intervención; su actividad a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, así como la relación con el movimiento obrero, en particular de Concordia, lo había catapultado a los medios y su nombre era reconocido en toda la provincia. Incluso, después de los sucesos de octubre, y ya de camino a las elecciones, su nombre se barajaba como uno de los candidatos a gobernador por el partido que llevaría a Perón a la presidencia (La Juventud, Concepción del Uruguay, 29/12/1945). Pero el fin de año encuentra a Solanas Pacheco en caída. El Diario daba la noticia de que estaba siendo procesado en Concordia por “delitos comunes”, por lo cual había sido separado de la Secretaría de Trabajo y Previsión cayendo, al menos en nuestros trabajos que se extienden dentro del primer peronismo, en el ostracismo (El Diario, Paraná, 20/12/1945).

Ante el crecimiento de la actividad de extrema derecha en la provincia de Entre Ríos, comenzaron a articularse una serie de discursos y acciones tendientes a limitar su participación en la vida pública. En 1941, dos hechos otorgaron mayor visibilidad a las denominadas actividades antiargentinas y desde el poder judicial se comenzó a investigar a los militantes de estas organizaciones, cuyas acciones más emblemáticas tuvieron lugar en los departamentos de Concordia y Paraná, pero que, a partir del relevamiento realizado demostró un despliegue más amplio. Aunque existieron grupos que podríamos catalogar como nacionalistas extremos, incluso filo-fascistas, en su accionar se limitaron a la propaganda de sus ideas y a algunas acciones directas de alto valor simbólico pero con poco efecto en la realidad cotidiana, exceptuando los ataques antisemitas, que alcanzaron otro nivel de desarrollo.

En este ambiente convulsionado por las actividades antiargentinas y en un clima de época que impregnaba las acciones políticas locales, reconstruimos la investigación judicial a cargo del juez Seghesso Flores. El proceso incorporó una batería de acciones destinadas a esclarecer la situación, que iban desde la conformación de un cuerpo especial dentro de las fuerzas de seguridad hasta una serie de allanamientos, detenciones, convocatorias de testigos y secuestros de documentación, armas y panfletos. Las acciones judiciales dieron un contorno más claro de los alcances de estos grupos, en particular los más radicalizados.

Entre los acusados se identificó a docentes, estudiantes, profesionales, militares e integrantes de la Iglesia católica, la mayoría nucleados en la AJN, lo que demostró que los nacionalistas conformaron sus espacios en Entre Ríos y su actividad los alejaba del conservador Partido Demócrata Nacional. Junto a la mencionada AJN, se constituyó también la Unión Nacionalista Entrerriana, del año 1941 y con sede en la ciudad de Galarza, y más adelante un espacio que intentó presentarse a elecciones entre 1942 y 1943 pero no consiguió la personería.

También debemos destacar la relación entre las acciones desarrolladas en la provincia y el desarrollo de la CIAA, así lo reflejan la información de sus informes, donde se describe un detallado seguimiento de los grupos en el territorio entrerriano y el desarrollo de acciones llevadas adelante por el Estado provincial y el poder judicial para contrarrestar su accionar.

El año 1943 marcó un quiebre en la hegemonía de la UCR en la provincia y, en el nuevo escenario, perdieron importancia muchas de las acciones consideradas antiargentinas. Se inició la revisión de las causas judiciales que acusaron a integrantes del nacionalismo entrerriano. Muchos de los perseguidos, detenidos o citados a declarar ocuparon cargos relevantes después de 1943; entre ellos podemos mencionar a Jordán Bruno Genta, interventor de la Universidad Nacional del Litoral, y a Solanas Pacheco, inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

De alguna manera, el golpe de 1943 pareció una suerte de revancha histórica y política para estos sectores. No fueron pocos los que, desde su declamado militarismo, saludaron desde muy temprano la acción revolucionaria con pretensiones de cambio de época que se inauguró con el golpe del GOU. A poco de andar y con la intervención ejecutada en la provincia, la persecución a todos los sectores que para estos nacionalistas de extrema derecha eran el enemigo, los empujaba a dar un apoyo más claro. Hecho que se consumó con la incorporación gradual, en particular en las intervenciones de Ernesto Ramírez y Carlos M. Zavalla, pero que en muchos casos continuaron en las siguientes.
En cualquier caso, una parte de esta fracción de la derecha encontró en el golpe de Estado de 1943 el vehículo para llegar al poder.

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[1]Utilizaremos el término filo-fascista o filo-fascismo en el sentido expresado por David Rock y Cristian Buchrucker en tanto significa “admirador del fascismo”. David Rock afirmó que la mayor parte de la literatura ha tratado de evitar el término fascista y utilizar otras denominaciones, tales como filo-fascismo para hacer referencia a gran parte del movimiento nacionalista desarrollado en argentina (Rock, 1993: 16).

[2]Archivo General de la Nación-Ministerio del Interior-Archivo Intermedio-Fondo Secretos, confidenciales y reservados. Nota telegráfica de Marcelino A Martín, Ayudante de 1era. al Jefe de la Subprefectura Naval de Federación, Chajarí, 27/05/1940. Caja 2; Documento 121. En adelante: AGN-MI-AI-SCR. La Juventud, Concepción del Uruguay, 30/05/1940.

[3] AGN-MI-AI-SCR. Nota telegráfica de Marcelino A Martín, Ayudante de 1era. al Jefe de la Subprefectura Naval de Federación, Chajarí, 27/05/1940. Caja 2; Documento 131.

[4] AGN-MI-AI-SCR. Nota telegráfica de Marcelino A Martín, Ayudante de 1era. al Jefe de la Subprefectura Naval de Federación, Chajarí, 29/05/1940. Caja 2, Documento 131.

[5] En mayo de 1938 el Ejecutivo Nacional estableció para las escuelas extranjeras de idioma y religión la prohibición de propaganda de ideologías políticas o raciales que pudieran fomentar en los alumnos “hábitos o creencias contrarias a los principios esenciales y a los preceptos de la Constitución y leyes del país”; y en mayo de 1939 se dispuso el decreto 31.321 con el objetivo de restringir las actividades políticas de extranjeros y promover la “argentinización” de todas sus asociaciones, las cuales a partir de ese momento no podrían depender de gobiernos u organizaciones foráneas ni recibir subvención del extranjero, salvo que estuviesen dedicadas a actividades de beneficencia (Jäkel, 2024, 8).

[6]Los detenidos fueron: Teodoro Goette, Elimando Teodoro Jacobi, José Venturino, José Tallar, Carlos Alberto Mayer, Juan Jose Borini, Dr. Juan Carlos Bacigalupo, Francisco Padula y Carlos Hetze (El Diario, Paraná, 31/7/1941).

[7]Los allanamientos fueron realizados en los domicilios particulares de los acusados y en el local de la Alianza Juvenil Nacionalista, calle 9 de julio 241, donde se secuestraron volantes y afiches de propaganda nacionalista (El Diario, Paraná, 1/8/1941). Más adelante se allanó la casa de pensión en calle Salta 79, domicilio del cabo primero del ejército Cesar Scafaro Doce, secuestrando una documentación que sería analizada por la policía. (El Diario, Paraná, 3/8/1941)

[8] Entre los documentos disponibles de la CIAA en relación a la provincia de Entre Ríos, encontramos un fluido intercambio de cartas entre los representantes del Poder Ejecutivo Provincial y los integrantes de la CIAA, con fecha 24/12/1941, 06/11/1942, 03/08/1943 (Archivo General de la Nación, Comisiones Especiales, inventario, Documentos CIAA, 1941- 1943, Entre Ríos)

[9] La CIAA también se vinculó con el Juez del crimen Abel Seghesso Flores, así lo estableció la correspondencia con fecha 14/10/1941, 13/10/1941, 10/09/1941, 21/08/1941,22/08/1941. En la mayoría de los casos, circuló información en relación al proceso judicial que tuvo como actores a los integrantes de las agrupaciones nacionalistas. (Archivo General de la Nación, Comisiones Especiales, Inventario, Documentos CIAA, 194, Entre Ríos)