El gobierno de la Coalición Republicana Socialista en Puerto Rico: los trabajadores y la política de la “paz industrial”, 1933-1940[1]

 

 

The government of the Republican Socialist Coalition in Puerto Rico:

workers and the policy of "industrial peace", 1933-1940

 

 

Iyari Ríos González

Universidad de Puerto Rico,

 Recinto de Río Piedras;

Instituto de Relaciones del Trabajo (Puerto Rico)

iyari.riosgonzalez@upr.edu

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la política laboral de la paz industrial impulsada en Puerto Rico por el gobierno de la Coalición Republicana Socialista entre 1933 - 1940. La Comisión de Mediación y Conciliación adscrita al Departamento del Trabajo desempeñó una función fundamental en su ejecución. El Comisionado del Trabajo, mediante informes anuales, parece confirmar la efectividad de esa comisión implementando una política laboral que busca promover la paz, el orden y estabilidad en un gobierno donde comparten el poder dos partidos políticos que representan grupos que pertenecen a clases sociales con intereses económicos distintos.

En este artículo abordo la percepción de los trabajadores sobre el desempeño de la Comisión de Mediación y Conciliación en tres conflictos obrero-patronales importantes por su tamaño y el impacto que tuvo en el quehacer social y económico de Puerto Rico. A través del análisis, se observa que los trabajadores tienen una percepción distinta sobre el resultado de estos conflictos a la expresada por el Comisionado del Trabajo en sus informes anuales y ofrezco piezas de evidencias que apuntan a que la política de la paz industrial no tuvo la efectiva indicada en los informes de las autoridades públicas.

 

Palabras clave

relaciones capital-trabajo; conflictos obrero-patronales; política laboral; paz industrial; coaliciones políticas.

 

Abstract

The objective of this work is to analyze the labor policy of industrial peace promoted in Puerto Rico by the government of the Republican Socialists Coalition between 1933-1940. The Mediation and Conciliation Commission attached to the Department of Labor played a fundamental role in its execution. The Commissioner of Labor, through annual reports, seems to confirm the effectiveness of the commission implementing a labor policy that seeks to promote peace, order, and stability in a government where two political parties that represent groups belonging to social classes with different economic interests share power.

In this article I discuss the perception of the workers about the performance of the Mediation and Conciliation Commission in three important labor-management conflicts due to their size and the impact it had on the social and economic life of Puerto Rico. Through the analysis, it is observed that the workers have a different perception about the result of these conflicts than the one expressed by the Commissioner of Labor in their annual reports and I offer pieces of evidence that the industrial peace policy did not have the effective indicated in the reports of the public authorities.

 

Keywords

capital-labor relations; labor-management conflicts;  labor policy; industrial peace; political coalitions.

 

 

 

 

Introducción

 

En Puerto Rico la clase obrera surgió tardíamente en el Siglo XIX; particularmente, tras la masificación del trabajo asalariado que se observó con la abolición de la esclavitud, la fundación de las primeras centrales azucareras y la extensión por el país de la economía de plantación (Quintero Rivera, 1986). En ese periodo histórico, se crearon incipientes organizaciones de trabajadores tales como casinos de artesanos, sociedades de socorro mutuo y cooperativas. Estas se establecieron para realizar diversas actividades culturales y educativas, ofrecer asistencia en caso de enfermedad, accidentes en el trabajo o muertes y brindar apoyo en momentos de desempleo, entre otros propósitos adicionales. (García y Quintero Rivera, 1997)

La primera organización gremial de alcance nacional fundada en Puerto Rico fue la Federación Regional de Trabajadores (FRT). Esta se creó en octubre de 1898, algunos meses después de la invasión de Estados Unidos de América (EEUU). Tras diferencias sobre la pertinencia de vincularse a partidos políticos existentes, pocos después se constituyó la Federación Libre de Trabajadores (FLT). Prontamente se convirtió en la institución obrera más importante del país; afiliándose, además, en el año 1901 a la principal organización sindical en los EEUU, la Federación Americana del Trabajo (AFL por sus siglas en inglés). (Ayala y Bernabe, 2011)

La FLT estuvo activa sindicalmente desde los comienzos del Siglo XX, organizando trabajadores en diferentes sectores industriales de Puerto Rico y promoviendo los intereses de la clase obrera con acciones concertadas en los talleres de trabajo; incluyendo, paros y huelgas (Quintero Rivera, 1988). Sin embargo, a pesar de algunos logros, las familias continuaban teniendo recursos insuficientes y sus necesidades eran significativas.

Con la Gran Depresión de 1929 se deterioraron las condiciones de vida y trabajo y se intensificó la pobreza y el malestar que existía entre los trabajadores. Durante la década de 1930, el movimiento obrero estuvo muy activo en diferentes industrias denunciando con fuerza las precarias condiciones laborales prevalecientes tras una severa crisis económica que exacerbó las necesidades materiales de las familias.

En 1933, por ejemplo, la producción bajó 25%, la inflación subió 33% y el desempleo era 65%; además, la situación fiscal del gobierno insular era frágil. En 1932 tenía un presupuesto de $13 millones, un déficit corriente de $1 millón y el margen prestatario estaba restringido pues su deuda aumentó velozmente. En 1934 esta alcanzó $48 millones (Pagán, 1959). Sobre 75% de los bonistas eran inversionistas que provenían de los Estados Unidos de América (EEUU). En los principales sectores económicos del país había una fuerte presencia del capital foráneo; incluyendo en la industria azucarera, la actividad económica más importante en dichos años. Entre 1920 y 1935 las ganancias de las corporaciones azucareras estadounidenses en Puerto Rico fueron $81 millones (Bird, 1941). Esa cifra era poco menos dos veces la deuda pública del país.

La tenencia de la tierra estaba concentrada en pocos agentes económicos. Menos de 500 individuos y empresas poseían la tercera parte del suelo cultivable siendo las corporaciones las propietarias de las tierras más fértiles de la isla (Rosario, 1989). Estas se usaban para la agricultura comercial y la producción se dirigía al mercado exterior; en particular, a EEUU. El puertorriqueño promedio carecía del capital necesario para emprender tales iniciativas empresariales y el acceso a la tierra para cultivar alimentos de consumo básico era muy limitado. Las opciones que tenían para buscar el sustento eran escasas y, generalmente, la única alternativa era vender su mano de obra.

Aproximadamente la mitad de los trabajadores laboraban en el sector agrícola. La industria azucarera era la principal fuente de trabajo en el país; sin embargo, en términos generales, las condiciones de trabajo que ofrecía eran precarias. Las plazas eran limitadas, los salarios bajos y había un alto nivel de desempleo. El jornal promedio de un obrero en la industria del azúcar era menos de $1.00. Además, la ocupación usualmente era temporera y parcial pues muchos de los trabajadores en este sector laboraban aproximadamente 150 días en el año, tiempo que duraba el periodo de cosecha y molienda de la caña de azúcar. (Puerto Rico Policy Commission, 1934)

Durante ese periodo histórico, la segunda fuente de empleo fue la manufactura. El principal patrono era la industria de la aguja y empleaba mayormente mujeres las cuales realizaban la producción en los talleres textiles o desde los hogares. La remuneración de las trabajadoras oscilaba entre $1 y $3 en una semana (Mathews, 1970). Usualmente tenía como propósito servir de complemento al ingreso principal del hogar pues las tasas salariales no guardaban relación con los precios de los artículos de primera necesidad en el mercado.

La mayor parte de los artículos de consumo no eran producidos en Puerto Rico incluyendo muchos que eran parte de la dieta básica de la familia puertorriqueña. Un estudio del Brookings Institution que fue realizado justo antes del comienzo de la Gran Depresión en 1929 concluyó que el 94% del ingreso familiar se destinaba para la compra de comida y la misma era insuficiente para satisfacer las necesidades calóricas de sus miembros. (Clark, et. al., 1930)

En tal contexto social y económico fue firmado un acuerdo electoral entre el Partido Unión Republicana (PUR) y el Partido Socialista (PS) que permitió formar una coalición electoral y controlar la Asamblea Legislativa entre 1933 y 1940. La misma se llamó la Coalición Republicana Socialista.

La Coalición Republicana Socialista se constituyó formalmente por primera vez en el año 1924 tras un acuerdo entre el PS y el Partido Republicano Puro (PRP). Esta última organización estaba compuesta por un sector del republicanismo que no estaba vinculado estrechamente con los intereses corporativos azucareros. Los representantes de ese grupo económico era la Alianza Puertorriqueña integrada por el Partido Unión (PU) y el Partido Republicano (PR) (Lugo, 2013). Cuando el PU retomó la independencia del país en su programa de gobierno, provocó diferencias con el PR que terminó la Alianza Puertorriqueña en 1929. Tras esa división, republicanos, socialistas y un grupo de unionistas disgustados se organizaron para formar lo que se conoció como el Grupo de Buen Gobierno, origen de la Coalición Republicana Socialista que rigió la Asamblea Legislativa entre 1933 y 1940 y que, en esta ocasión, reunía en la misma a todo el movimiento republicano.

Aunque la dirección del PUR, fundado en 1932, y el PS favorecían la anexión a EEUU, sus razones para formar parte de las fuerzas coalicionistas eran distintas. El PUR interesaba terminar con el dominio político de las fuerzas autonomistas y el PS deseaba tener acceso al poder para impulsar su programa de gobierno. Cada uno de ellos representaban a clases sociales con unos intereses difrentes. El PUR tenía vínculos con capitalistas; en especial, en la industria azucarera; mientras, el PS, brazo político de la Federación Libre de Trabajadores (FLT), interesaba representar los grupos obreros.

En la articulación de intereses contrapuestos, la Coalición Republicana Socialista adoptó como política obrera la cooperación entre trabajadores y capitalistas para fomentar la paz industrial. La adopción y promoción de esta política por el PS  significó un cambio en la posición institucional impulsada por la colectividad. Desde su creación, el partido había decidido abogar por el socialismo en su programa de gobierno. La propiedad colectiva de los medios de producción dejó de figurar como uno de los objetivos de dicha organización durante el año 1928. Ya en la campaña electoral de 1932, el PS expresó claramente la nueva política. Dos semanas antes de los comicios publicó una declaración para tales efectos. Esta fue divulgada en el periódico Unión Obrera el 21 de octubre de 1932:

 

“El Socialismo no viene a quitarle la propiedad a nadie como se ha querido hacer ver a las masas ignorantes; el socialismo viene a fomentar las fuentes naturales de riqueza y a extender las instituciones de Servicio Público para beneficio de todos [...] El socialismo es la paz industrial del trabajo organizado” (citado en Silvestrini, 1978, p. 28)

 

La misma posición fue asumida por la FLT. El Departamento del Trabajo, dirigido por Prudencio Rivera Martínez, y su Comisión de Mediación y Conciliación (CMC) serían instrumentales en la ejecución de dicha política en el gobierno de la Coalición Republicana Socialista. En su cargo de Comisionado del Trabajo, Rivera Martínez era parte del Comité Ejecutivo del Gobernador de Puerto Rico. También se destacaba como un prominente y destacado líder del PS y la FLT. Asumiendo esas posiciones promovió la idea que trabajadores y capitalistas eran socios de una empresa en la cual debían colaborar por el bien de la economía. El interés era cooptar el movimiento obrero (Taller de Formación Política, 1982). 

La importancia que le fue otorgada por las fuerzas coalicionistas a la CMC se puede apreciar en el presupuesto y el número de empleados asignados a ella. El año fiscal 1933-34, la CMC tenía un presupuesto de $8,100 y siete empleados. Tres años después, tenía $16,180 y ocho empleados para realizar sus funciones. Cuando las fuerzas coalicionistas perdieron control de la Asamblea Legislativa en 1940, el presupuesto de tal dependencia gubernamental se redujo a $6,000 y los empleados a dos.

Para la Coalición Republicana Socialista era necesario dotar recursos a la CMC para fomentar el orden y la estabilidad durante la profunda crisis económica de la década de 1930.

 

Tabla I

 

Presupuesto y empleados de la Comisión de Mediación y Conciliación

del Departamento del Trabajo, Años Fiscales 1931-32 a 1941-42

 

Fuente: Informes del Comisionado del Trabajo al Gobernador de Puerto Rico, 1931-32 a 1941-42

Objetivo

 

En el estudio titulado La huelga como instrumento de lucha obrera, 1916-1942, Juan José Baldrich (2012) examina la intervención en huelgas por el Departamento del Trabajo. Según la información recopilada en ese estudio, la CMC resolvió para beneficios de los trabajadores más del 70% de esas huelgas.  La cifra fue estimada usando la descripción que hace el Comisionado del Trabajo de los resultados de estas en los informes anuales que son dirigidos al Gobernador de Puerto Rico.

Para Baldrich el número de huelgas resueltas a favor de los obreros es muy alto. Sugiere como explicación que los funcionarios que intervinieron en las mismas pudieron haber estado interesados en resaltar sus gestiones favorables para con los trabajadores y, por tanto, enfatizar los aspectos positivos que tuvo la mediación en el movimiento obrero. Apunta que el uso de otros indicadores pudiera producir unos resultados diferentes. Tomando en consideración estas observaciones, los objetivos de este trabajo son:

 

§  examinar el desempeño de la CMC en los conflictos obrero-patronales que intervino entre 1933-1940 (i.e. huelga, paros, querellas y controversias) utilizando el criterio expresado por el Comisionado del Trabajo en los informes anuales al Gobernador de Puerto Rico;

 

§  examinar el desempeño de la CMC en los conflictos obrero-patronales que intervino entre 1933-1940 usando como criterio la percepción de trabajadores que participaron en dichos pleitos expresada a través de la prensa del país.

 

El propósito principal es ampliar el análisis efectuado por Baldrich (2012) incorporando otros conflictos obrero-patronales, además de las huelgas, y determinar el impacto que tuvo la CMC en una muestra de pleitos usando como indicador la percepción de trabajadores que estuvieron activos en los mismos. De esta forma, se podrá comparar la posición del Departamento del Trabajo y los obreros con respecto a la ejecución de la política laboral de la paz industrial por parte de la Coalición Republicana Socialista.

Sostengo como hipótesis que si se utiliza la percepción de los trabajadores como un indicador alterno para evaluar la ejecución de la política de la paz industrial, entonces se observará que la efectividad en su implementación por parte de la CMC será distinta a la indicada en informes del Departamento del Trabajo.

 

 

Marco teórico

La historiografía puertorriqueña de la década de 1930 se ha caracterizado por atender temas sobre la Gran Depresión, el Nuevo Trato y el Partido Nacionalista. Algunos autores también han examinado la gestión pública en este periodo prestando especial atención a asuntos relacionados con materia legislativa. Generalmente abordan legislación estadounidense sobre políticas nuevotratistas y proyectos de ley que facilitaron el marco legal necesario para el Plan Chardón. Además, se han producido investigaciones para estudiar al movimiento obrero. La historia de este importante grupo social no figuró con prominencia como objeto de análisis hasta la década de 1960 cuando científicos sociales identificados con la corriente historiográfica de la nueva historia puertorriqueña deciden visibilizar el quehacer de los trabajadores como protagonistas de diferentes procesos políticos, económicos y sociales (Pérez y Baronov, 1996). La presente investigación se inserta en esa tradición historiográfica. Particularmente interesa realizar aportaciones al estudio de las relaciones de los trabajadores con las organizaciones laborales y autoridades gubernamentales a través de los conflictos obrero-patronales.

Diferentes teorías ofrecen herramientas de análisis para abordar los conflictos obrero-patronales, la movilización de trabajadores y los procesos huelgarios. Entre ellas están la teoría del ciclo económico, la teoría de la movilización de recursos y la teoría del orden institucional. Para explicar tales procesos sociales, identifican la actividad productiva, la organización sindical y las instituciones como los correspondientes factores determinantes (Franzosi, 1985).

Otras corrientes de pensamiento sostienen que los conflictos obrero-patronales son formas de acción colectiva para disputar la distribución de los recursos en la sociedad (Shorter & Tilly, 1974).  Esto implica un conflicto de intereses entre los trabajadores y los capitalistas pues, para estos últimos, la fuerza de trabajo es, a la misma vez, fuente de riqueza y fuente de resistencias cuando subordina la capacidad de producción de los trabajadores a sus intereses económicos. Por tanto, la relación entre ellos no es solo de carácter económico sino político. Los capitalistas pueden ejercer poder y control sobre los trabajadores mediante el uso de las jerarquías organizacionales, los sistemas de compensación, los reglamentos de conducta y los regímenes de sanciones, entre otros (Abal, 2014).

Para abordar la asimetría de poder existente con relación a los dueños de capital, los trabajadores recurren a la asociación gremial o sindical y la acción colectiva transformando el taller de producción en un espacio de resistencias y disputas. Algunas prácticas de resistencias colectivas frecuentes son los paros y huelgas pues la interrupción del proceso de producción y el tiempo de trabajo representa un obstáculo al interés del capitalista de maximizar beneficios. El poder obrero puede aumentar también con la creación de partidos políticos e, incluso, controlar instituciones de gobierno que permitan impulsar sus intereses de clase. En dicho ejercicio, pueden ocurrir procesos de negociación mediante el cual representantes de trabajadores extraen concesiones a propietarios de capital y viceversa. Algunas veces los compromisos contraídos en dicha negociación son la creación de instituciones sociales y mecanismos para regular conflictos obrero-patronales que podrían tener el efecto de reducir la movilización de los trabajadores al proveer unos métodos alternos para atender las controversias. (Korpi & Shalev, 1980)

 

Entre los métodos alternos para la solución de conflictos se encuentran aquellos en los cuales interviene una tercera parte cuya función es fijar una solución; como ocurre en el arbitraje, donde la decisión tiene la fuerza de dictamen judicial. También existen los mecanismos para que las partes en controversia puedan lograr una solución mediante un acuerdo establecido y pactado por ellas mismas. Tal es el caso con la mediación y con la conciliación. En la mediación, un profesional imparcial facilita el diálogo pero no los temas tratados ni su contenido. En la conciliación, la intervención del profesional está dirigida a efectuar una recomendación no impositiva que permita resolver diferencias entre las partes. El conciliador, a diferencia del mediador, propone soluciones al problema, participa activamente e influye de manera directa en el resultado. Existe el riesgo, sin embargo, que una de las partes perciba que se posiciona en su contra si entiende que este ofrece una solución que beneficia al otro y lo perjudica a él.

Estos métodos alternos para la solución de conflictos se usaron en Puerto Rico en la década de 1930 para poder dirimir disputas obrero-patronales a través de la CMC. El objetivo era ejecutar la política de paz industrial resultante de la negociación política entre la dirección republicana y la dirección socialista al pactar el acuerdo electoral para un gobierno coalicionista.

De esta manera, en un periodo de profunda crisis económica y malestar obrero, interesaban disponer de mecanismos necesarios para que diferencias que surgieran entre trabajadores y capitalistas no se dirimieran con conflictos en el taller de trabajo sino con mecanismos avalados y promovidos por las estructuras de gobierno. Buscaban promover la paz y la estabilidad de un orden económico en un contexto colonial que producía malestar y el cual diversos grupos en el país querían transformar.

 

 

Metodología

 

Para identificar todos los conflictos obrero-patronales en los cuales intervino la CMC utilicé los informes anuales producidos por el Comisionado del Trabajo durante el gobierno de la Coalición Republicana Socialista entre 1933 y 1940. Ese registro no incluye pleitos laborales que no haya terciado esa dependencia. Con esa información creé un banco con 417 conflictos y más de 30 variables; incluyendo, tipo y causa del conflicto; municipio e industria donde ocurrió; cantidad de trabajadores y ocupación; fecha de inicio, fecha de culminación y duración; forma en la cual se solucionó y si el resultado fue favorable para los obreros, de acuerdo con el criterio del Comisionado del Trabajo.

Tomando en consideración la gran cantidad de conflictos obrero-patronales donde intervino la CMC, identifiqué los 50 conflictos más grandes en función del número de participantes para indagar en fuentes primarias la percepción de los trabajadores sobre la forma que resolvió las disputas esa dependencia pública. Para estos conflictos existe más información disponible porque generaban mayor interés en la población por su tamaño y el impacto en la sociedad y la economía. Estos ocurrieron en los principales sectores económicos del país; incluyendo, entre ellos, la industria del azúcar, tabaco, café, aguja, construcción y en los puertos. En cada uno de ellos participaron entre 600 y 60,000 trabajadores.

La principal fuente primaria consultada para tales fines fue la prensa de la época. Ofrecí mayor atención a medios de comunicación que no estuvieran vinculados a los partidos coligados. Tras identificar y recopilar las noticias, seleccioné como casos de estudio a tres huelgas del grupo de 50 conflictos. El criterio principal para la selección de estas fue el volumen de información disponible para el análisis.

Tanto los informes anuales producidos por el Comisionado del Trabajo como los periódicos consultados están disponibles en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro en la Universidad de Puerto Rico – Río Piedras.

 

 

Resultados

 

Durante el gobierno coalicionista hubo 417 conflictos obrero-patronales donde intervino la CMC y en los cuales participaron 304,698 trabajadores; incluyendo, 249,719 hombres y 54,979 mujeres. La mayor parte fueron huelgas (296).    Cerca de la mitad de los conflictos ocurrieron en los principales municipios de Puerto Rico (201); entre ellos se encuentran, San Juan (86), Arecibo (43), Mayagüez (30), Río Piedras (26) y Ponce (16).

La industria del azúcar fue el sector económico donde hubo más pleitos laborales con 125 casos, alrededor de una tercera parte del total. Casi todos fueron protagonizados por obreros empleados en la fase agrícola de la producción (109). Las causas de estos conflictos fueron registradas en los informes anuales del Comisionado del Trabajo que se publicaron a partir del año fiscal 1935-1936. En estos se identifican los motivos económicos como razón principal para las disputas con patronos (94); incluyendo, la demanda de mejores salarios y el aumento en el pago por tarea. También ocurrieron pleitos por violaciones del contrato social (66) tales como transgresiones a distintas leyes laborales y el incumplimiento de los convenios colectivos. La solidaridad obrera (45), la defensa del sindicato (43) y las condiciones de trabajo (25) fueron otras causas para la movilización y la concertación de acciones por trabajadores.

La cantidad de participantes en los conflictos osciló entre 3 y 60,000 trabajadores. En la mayor parte de los casos (287), los obreros implicados sumaban menos de 500. El tamaño más frecuentemente observado son pleitos con alrededor de 100 personas. Durante el periodo estudiado, los dos eventos con mayor participación de trabajadores fueron en la industria azucarera entre 1934 y 1936. Participaron todos los distritos cañeros y movilizaron entre 50,000 y 60,000 obreros. Ambos duraron más de 30 días.

Entre 1933 y 1940 hubo por lo menos 15 conflictos que duraron 30 días o más.  El más largo no alcanzó solución por 92 días. Fue una controversia que hubo en 1935 entre trabajadores de la transportación y sus patronos por los bajos salarios devengados. Sin embargo, la mayoría de los conflictos (65%) no se prolongó más de una semana (273). Por lo general, duraba tres o cuatro días (138).

Cuando se analizan distintas variables de los conflictos obrero-patronales que fueron resueltos favorablemente para los trabajadores, según el gobierno, se observan características importantes relacionadas a las disputas laborales que son útiles para una mejor comprensión del quehacer del movimiento obrero. Algunos de los hallazgos al respecto son los siguientes:

 

  • La proporción de huelgas (82.43%) que fueron decididas en beneficio de los trabajadores entre 1933 y 1940 es mayor a la observada durante esos mismos años para los paros (50.00%), querellas (66.67%) y controversias (75.44%).

 

  • El 91.20% de los conflictos obrero-patronales en la industria del azúcar eran solucionados a favor del trabajador. No se observan cifras similares en cualquier otra industria donde hallan ocurrido más de cinco pleitos laborales durante el gobierno coalicionista.

 

  • En las disputas obrero-patronales donde participaron principalmente obreros agrícolas la tasa de solución favorable para trabajadores equivale a 90.70%. Esta es la cifra más alta para todas las ocupaciones que requirieron la intervención de la CMC en al menos cinco conflictos.

 

§  Los conflictos provocados por las condiciones laborales tienen la mayor probabilidad de desenlace favorable para los trabajadores. Las disputas por razones económicas (75.58%) o violación a contrato social (75.93%) tienen las tasas más bajas.

 

  • Los conflictos obrero-patronales donde participan trabajadores de ambos sexos (86.40%) tienen una tasa de solución favorable mayor que cuando los manifestantes son solamente hombres (81.97%) o mujeres (73.86%).

 

  • Los conflictos obrero-patronales donde se movilizan más de 500 trabajadores tienen con mayor frecuencia un desenlace favorable para los manifestantes. Los pleitos donde participan más de 1,000 obreros tienen una tasa de 89.65%; mientras para las disputas que involucran entre 500 y 999 trabajadores es 84.60%.  

 

Estos hallazgos permiten trazar un perfil de los movimientos obreros que tuvieron mayor éxito y lograron un resultado favorable a sus intereses a través de la intervención de la CMC del Departamento del Trabajo. Esos movimientos por lo general estaban constituidos por obreros del sector agrícola en la industria del azúcar que se organizaban y participaban masivamente para impulsar mejores condiciones laborales usando la huelga como mecanismo de presión.

Por tanto, del análisis de los datos contenidos en dicho informe se desprende que, en la crisis económica de la década de 1930, las probabilidades de éxito de los obreros estaban directamente relacionada a la capacidad de organización y amplia movilización de la base.

 

Tabla II

 

Características de los movimientos obreros que tuvieron mayor éxito en conflictos donde intervino la CMC del Departamento del Trabajo, 1933-40

 

Fuente: Informes del Comisionado del Trabajo al Gobernador de Puerto Rico, 1933-34 a 1940-41

 

Para conocer la percepción de trabajadores que participaron en disputas donde intervino la CMC del Departamento del Trabajo, seleccioné tres conflictos en función del volumen de información disponible para análisis. Todos son huelgas en las cuales participaron aproximadamente 3,000 trabajadores o más y que tuvieron impacto significativo en la actividad económica y el quehacer social. Ocurrieron en diferentes municipios, industrias y años del gobierno coalicionista. El primero sucedió en la industria de la aguja entre agosto y septiembre de 1933. El segundo fue en la industria azucarera entre diciembre de 1934 y febrero de 1935. El tercero ocurrió en los puertos desde enero de 1938 hasta febrero de 1938. Según los informes producidos por el Comisionado del Trabajo, cada uno de estos conflictos fueron resueltos de manera favorable para los trabajadores; sin embargo, tras un análisis de las fuentes primarias consultadas, así como de las expresiones y las acciones de obreros que estuvieron activos en dichas huelgas puede señalarse que hubo entre los trabajadores malestar e inconformidad con el desenlace de tales pleitos.

 

Caso de Estudio #1: huelga en la industria de la aguja, 1933

 

En Puerto Rico la industria de la aguja creció rápidamente a inicios del Siglo XX. Empresas estadounidenses remitían los materiales y especificaciones del producto a contratistas que reclutaban mano de obra para elaborar las piezas. La mayor parte eran mujeres que trabajaban en una fábrica o desde el hogar. En el año 1930 la industria empleaba aproximadamente 50,000 personas siendo Mayagüez el principal centro de producción.

En agosto de 1933 inició en ese municipio una huelga en la industria de la aguja. Las trabajadoras exigían aumentos en sus ingresos equivalentes a $1.00 diario. Entonces el ingreso en una semana podía oscilar entre $1.00 y $3.00 y servía, por lo general, como complemento al ingreso principal del hogar. (Dietz, 1989) 

Había expectativas que las condiciones de trabajo mejoraran con la legislación que era aprobada por el Congreso de EEUU para combatir la Gran Depresión; en especial, existía gran interés en la Ley Nacional de Recuperación Industrial (NIRA por sus iniciales en inglés). La medida, firmada por el presidente de EEUU el 16 de junio de ese año, promovía la autorregulación en diferentes industrias autorizando la formación de carteles en el sector privado y la fijación de precios y cuotas de producción. Además, avalaba la creación de sindicatos y adopción de convenios colectivos. Algunos beneficios proyectados para los trabajadores con esta ley eran salarios mínimos y la reducción de la jornada laboral.

Sin embargo, el código de la industria de la aguja aún no estaba listo para la isla. La Asociación de Talleristas de Mayagüez (ATM), adjudicó la responsabilidad del inicio de la huelga al gobierno por no ser proactivo en la ejecución de la ley estadounidense (El Mundo, 24 de agosto de 1933). Los dueños de talleres y los dirigentes obreros estaban en negociaciones. Representaban a los patronos Víctor Domenech, Rafael Nido y María Luisa Arcelay, entre otros. Esta última era, además, legisladora del distrito de Mayagüez por el PUR. Mientras, las representantes obreras eran Sara Alers, Estebanía Morales y María Bonay. También participó Rafael Alonso Torres, legislador socialista y secretario de la FLT (El Mundo, 26 de agosto de 1933).

 La mayoría de las casas manufactureras estadounidenses con operaciones en Puerto Rico habían rechazado la demanda de las trabajadoras de mayores salarios. La ATM no reconocía la existencia de una huelga entre sus trabajadores y, por tanto, entendía era innecesaria la intervención de la CMC. Sostenían que se encontraban evaluando las demandas de aumentos salariales y para cuya contestación no había expirado el plazo fijado por los trabajadores (El Mundo, 30 de agosto de 1933).

La tensión del conflicto aumentó. El 29 de agosto de 1933 se convocó una manifestación en la que otras industrias se unieron; incluyendo, tabaqueros que decidieron paralizar sus labores en solidaridad con las trabajadoras de la aguja. La prensa estimó que asistieron a la convocatoria entre 2,000 a 6,000 personas. Cerraron 78 talleres y varios locales fueron vandalizados durante la protesta. Hubo enfrentamientos en las calles entre huelguistas y policías registrándose múltiples heridos y una persona muerta (La Democracia, 30 de agosto de 1933; El Imparcial, 30 de agosto de 1933).

El 31 de agosto, el gobernador interino, Charles Winter se trasladó a Mayagüez para sostener una reunión con el jefe de la policía, la CMC y los representantes de los trabajadores y patronos en el proceso de negociación. Discutieron las causas del conflicto e intentaron producir un acuerdo temporero hasta que se aprobaran los códigos de la NIRA para la industria de la aguja en Puerto Rico. (El Mundo, 2 de septiembre de 1933).

El 1 de septiembre se logró un acuerdo temporero entre trabajadores y patronos. Las trabajadoras recibirían un aumento en sus salarios entre el 15% y 25% mientras continuaban los diálogos para poder establecer unos códigos en la industria de la aguja a través de la NIRA. La CMC terció en dicha negociación (La Democracia, 2 de septiembre de 1933). Como resultado dio por concluido el conflicto de manera favorable para las obreras.

Sin embargo, pronto se confirmó que dicho incremento salarial resultó ser ficticio. El 7 de septiembre de 1933 trabajadoras de distintos talleres formularon quejas ante el Departamento del Trabajo alegando que no se estaba honrando el acuerdo alcanzado y, en determinadas instancias, a algunas obreras se les estaba pagando menos que antes (La Democracia, 8 de septiembre de 1933). María Luisa Arcelay, dueña de talleres y representante del Distrito de Mayagüez por el PUR, develó el artificio empleado por los patronos:

 

“El convenio firmado reconoce precios actuales más aumento de 15%, 20% y 25% en mantelería, pañuelos y ropa de mujer respectivamente. Se me informa que algunos patronos han reducidos los precios anteriores en esta misma proporción para burlar el convenio, produciendo el consiguiente malestar entre los trabajadores que amenaza la paz industrial.” (El Mundo, 12 de septiembre de 1933)

 

William López, Comisionado Interino del Departamento Trabajo, dirigió una carta a Pascuala Figueroa, representante de las trabajadoras, indicándole lo siguiente:

 

“Habiendo recibido información de que los patronos están violando los términos del convenio provisional es conveniente que investigue e informe sobre casos específicos. Mujeres organizadas deben ser informadas de que cualesquiera que sean las circunstancias no deben abandonar el trabajo. Toda reclamación será tramitada sin dilación y haremos que los patronos cumplan los términos del convenio. El gobernador está interesado en que la paz industrial no se altere en ningún sentido y el trabajo organizado debe dar sensación de responsabilidad pública” (El Mundo, 12 de septiembre de 1933)

 

Sixto Pacheco, senador del Distrito de Mayagüez por el PS, recibió copia de la misiva. Posteriormente, el Departamento del Trabajo envía un telegrama a los talleristas para que cumplieran con el acuerdo hasta que entraran en vigor los códigos de la industria de la aguja (La Democracia, 12 de septiembre de 1933).

Pero los códigos no ofrecieron los beneficios esperados por los trabajadores. Pocas semanas después que las obreras denunciaron el incumplimiento del acuerdo por los patronos, Afirmación Socialista, formada por disidentes del PS, y la Liga Defensora de Mayagüez iniciaron una campaña de educación obrera contra el código de la industria de la aguja (El Mundo, 16 de octubre de 1933). En febrero de 1934, la agencia estadounidense responsable de administrar la NIRA llevó a cabo en Puerto Rico unas vistas públicas en torno al código para la industria de la aguja en las cuales Teresa Angleró, presidenta de la unión obrera, denunció los “salarios ridículos” que eran pagados y la “explotación monstruosa” a la que eran sometidas las trabajadoras por parte de los patronos (El Imparcial, 1 de marzo de 1934). Durante esos meses, continuaron organizándose huelgas en la industria de la aguja exigiendo mejores salarios y condiciones laborales pero, en esta ocasión, junto a la FLT, participarían en los intentos de organización sindical la International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU). Esta unión obrera de la industria textil estaba afiliada a la AFL al igual que la FLT. Rose Pesotta, miembro de la Junta Ejecutiva General de la ILGWU, viajó al país a tal fin el verano de 1934. Junto a Teresa Angleró visitó pueblos donde había talleres de aguja y realizó actividades de educación y organización sindical; interviniendo, en conflictos patronales que ocurrieron en ese periodo en el país (Perotta, 1944).

 

 

Caso de Estudio #2: huelga en la industria del azúcar, 1934-35

 

La industria del azúcar fue el sector económico donde ocurrió la mayor cantidad de conflictos obrero-patronales durante el gobierno coalicionista pues las condiciones de trabajo se deterioraron de manera significativa en ese periodo. Los patronos identificaban como causas principales de dicho menoscabo factores externos tales como el descenso de los precios del azúcar en el mercado internacional y la incertidumbre en la adopción de legislación en EEUU. Pero había también otras razones; entre ellas, el incumplimiento de los convenios colectivos.

En esta industria los convenios solo tenían vigencia por el periodo de cosecha; por tanto, cada año se negociaban nuevos términos y ocurrían nuevos conflictos. En diciembre de 1933 sucedió una importante huelga en la industria del azúcar. La FLT y la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico (APAPR) firmaron un acuerdo para finalizar el conflicto que no fue acatado por los trabajadores porque no satisfacían sus exigencias para regresar a sus labores. (Taller de Formación Política, 1982). Entonces muchos obreros se sintieron traicionados por la dirección de la FLT y el PS y entendían que la coalición con republicanos estaba incidiendo en determinaciones de naturaleza sindical (Corretjer, 1978 y Silvestrini, 1978).

No sería la última vez, que los trabajadores se desentenderían de decisiones de la gerencia sindical en un conflicto obrero-patronal en la industria azucarera durante el gobierno de la Coalición Republicana Socialista. El año siguiente se produjo una nueva huelga de alcance nacional en los cañaverales que fue resuelta favorablemente para los trabajadores según el Comisionado del Trabajo Prudencio Rivera Martínez. Sin embargo, los obreros no coincidirían con el criterio del también dirigente del PS y presidente de la FLT. 

En la huelga de la caña de azúcar que inició el 26 de diciembre de 1934 participaron aproximadamente 50,000 trabajadores de todos los distritos cañeros del país que ejercían presión de diferentes maneras para forzar una negociación colectiva con el patrono. Entre los métodos más utilizados por los huelguistas estaba quemar la caña. Al incendiarse la caña era necesario cortarla inmediatamente para poder extraer el azúcar; de lo contrario, las pérdidas iban a ser significativas para los propietarios. De esta manera, los partes de prensa reportaron incendios en cañaverales de la Central Coloso en Aguada, la Central Rufina en Guayanilla, la Central Guánica en Guánica, la Central Igualdad en Mayagüez, la Central Vanina en Río Piedras, la Central Aguirre en Salinas, la Central Constancia en Toa Baja y la Central San Vicente de Vega Baja, entre otras tantas. De acuerdo con el informe anual de la Policía de Puerto Rico durante el año fiscal 1934-35, se reportaron oficialmente 261 incendios que sumaban 2,940 cuerdas de caña de azúcar y significó pérdidas para los propietarios estimadas de manera conservadora en $222,080.

Los patronos, por otra parte, intentaban menoscabar la negociación colectiva impulsando propuestas que les permitiera pactar con los trabajadores acuerdos individuales en temas específicos. Por ejemplo, mediante la APAPR, los patronos decidieron suscribir una sugerencia realizada por José L. Pesquera, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, para ofrecer a los obreros un salario mínimo que sería estipulado mediante convenio colectivo; pero requerían que el pago de salarios en exceso del mínimo se determinara a través de acuerdos individuales entre el patrono y cada trabajador. (El Mundo, 16 de enero de 1935). Esa oferta no fue aceptada por los obreros.

La FLT y la APAPR junto a la CMC produjeron un convenio cuyas cláusulas, términos y condiciones tenían que ser ratificados por los patronos y trabajadores. El Gobernador de Puerto Rico dijo sobre el acuerdo en una declaración oficial:    

 

“El convenio firmado contiene principios fundamentales de gran importancia, que influirán decisivamente en la fácil solución de las dificultades que entre el capital y el trabajo puedan suscitarse en el porvenir en P.R … Por virtud de los términos del convenio que ha de ser firmado hoy la huelga agrícola quedará prácticamente terminada en toda la isla, ya que en dichos términos queda consignado un gran número de demandas de los trabajadores agrícolas solicitadas por sus legítimos representantes” (El Mundo, 29 de enero de 1935)

 

Rafael Alonso Torres, dirigente de la FLT y representante por acumulación del PS, defendió el acuerdo señalando que fijaba un salario mínimo uniforme y establecía una jornada laboral de ocho horas. Aceptó, sin embargo, que dicho salario era bajo y, para justificar el mismo, empleó argumentos similares a los utilizados por los dueños del capital; específicamente, la disminución de los precios del azúcar a nivel internacional. (El Mundo, 29 de enero de 1935).

Muchos trabajadores estaban disgustados con la firma del convenio por la FLT pues no satisfacía una de las principales demandas que tenían los obreros: aumentos razonables de salarios.  El acuerdo encontró mayor resistencia laboral en la zona oriental de Puerto Rico. En dicha región tenían operaciones varias corporaciones azucareras estadounidenses. Obreros de Yabucoa, por ejemplo, hicieron caso omiso de las instrucciones del liderato sindical de la FLT y permanecieron en huelga exigiendo que el convenio se revocara de inmediato. Posición similar asumieron trabajadores en los municipios de Cayey, Ceiba, Fajardo, Guánica, Guayanilla, Humacao, Juncos, Las Piedras, Luquillo, Maunabo, Ponce, Río Grande, Salinas, San Germán, Toa Alta y Vega Alta, entre otros. En Naguabo, incluso, trabajadores indicaron que “están dispuestos [a] morir de bala antes [de] morir [de] hambre” (El Imparcial, 3 de enero de 1935). Evidentemente existía gran malestar con el proceder del gobierno en la huelga; pero, en el informe anual del Comisionado del Trabajo, se señaló que dicho conflicto había sido resuelto favorablemente para los trabajadores.

 

 

Caso de Estudio #3: huelga en los puertos, 1938

 

El 3 de enero de 1938 inició una importante huelga en los puertos del país para demandar mayores salarios y mejores condiciones laborales. La decisión se tomó en una concurrida asamblea celebrada en San Juan en la cual participaron miembros de la Unión de Trabajadores de los Muelles (UTM) y del Comité de Organización Industrial (CIO, por sus siglas en inglés).

La UTM era parte de la FLT, afiliada de la AFL y la organizadora principal de estibadores. La CIO recién se establecía en la isla y aspiraba retar sindicalmente a la AFL. En este conflicto representaba dependientes de oficinas y otros trabajadores mediante la Unión de Empleados y Dependientes de los Muelles (UDEM). Además, a través de la Unión Marítima Nacional (NMU, por sus siglas en inglés), agrupaba marinos que tripulaban los barcos de las compañías navieras (El Mundo, 4 de enero de 1938). La presencia de UDEM y CIO representó un reto para la UTM, la FLT, el PS, el gobierno coalicionista y grupos de intereses económicos pues significó en ese momento el surgimiento de una importante organización sindical sin vínculos oficiales con las autoridades gubernamentales de Puerto Rico. (Taller de Formación Política, 1988)

Mediante carta publicada en la prensa, las compañías navieras solicitaron al Gobernador Interino, Rafael Menéndez Ramos, y al Comisionado del Trabajo, Prudencio Rivera Martínez, la intervención del gobierno coalicionista en la huelga para promover la política obrera de paz industrial. Para tales propósitos, el Gobernador Interino requirió inmediatamente los servicios de la CMC al Departamento del Trabajo (El Mundo, 5 de enero de 1938, p. 11).

La primera reunión entre los trabajadores en huelga y los patronos se celebró en La Fortaleza el 5 de enero de 1938. Allí el Gobernador Interino, el Comisionado del Trabajo, el presidente de la CMC y los representantes de las navieras propusieron una tregua a los obreros para continuar con la negociación colectiva. La reunión terminó sin acuerdo pues los patronos no aceptaron como condición los salarios requeridos por los sindicatos para presentar la idea a su matrícula. Los salarios vigentes en los puertos eran alrededor de 32 centavos por hora. Para proponer la tregua en asamblea, los líderes gremiales solicitaron un pago de 50 centavos por hora, aunque la aspiración final era 75 centavos pues en 14 años solamente habían tenido un aumento salarial (El Mundo, 22 de enero de 1938, p. 16). Los patronos, en cambio, ofrecieron 37 centavos. El Gobernador Interino advirtió entonces sobre el conflicto:

 

“No crean ustedes que se les va a permitir este estado de cosas un mes o algún tiempo más … No crean ustedes que siete mil hombres van a paralizar todo el tráfico marítimo de Puerto Rico” (El Mundo, 6 de enero de 1938, p. 12).

 

La próxima reunión para resolver el conflicto huelgario fue convocada por la CMC para el 7 de enero de 1938. El tema principal fue otra vez la propuesta de tregua. Tampoco se logró un acuerdo. Con el interés de lograr una solución al conflicto, y sin consultar a sus representados, UTM redujo en reuniones siguientes sus demandas salariales. Primero exigió un salario de 65 centavos por hora regular. Posteriormente modificó su oferta para requerir 60 centavos. Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas rápidamente por las compañías navieras (El Mundo, 13 de enero de 1938, p. 1; El Mundo, 22 de enero de 1938, p. 16) y por la asamblea de trabajadores que ordenó a sus representantes que sostuviera en la mesa de negociaciones la petición salarial inicial de 75 centavos por hora (La Correspondencia, 13 de enero de 1938, p. 1).

La CMC continuó celebrando reuniones con los líderes sindicales y los patronos. Se observaron avances en algunas áreas. Sin embargo, no se logró acuerdos con respecto a los salarios de los trabajadores, uno de los temas más importantes. Los navieros modificaron una sola vez la oferta que presentaron inicialmente. Enmendaron la misma para ofrecer 40 centavos por hora en lugar de 37. Sobre este asunto existía un desacuerdo significativo con los líderes sindicales. (El Mundo, 18 de enero de 1938, p. 1).

Pero Luis Villaronga, presidente de la CMC, entendía que en las negociaciones los navieros habían hecho concesiones y que los trabajadores eran inflexibles. Al respecto comentó:

 

"Los obreros no deben fijarse en la cuestión de la centavería más o menos en estos momentos, lo que deben fijarse es en el respaldo moral que han tenido y como cuestión de principios y de moral eso es bastante. Así se lo dijo a ustedes el propio Comisionado del Trabajo, señor Rivera Martínez, que no se fijaran solamente en los pesos y centavos sino en los principios, en el avance de las ideas … [el dinero] no debe dejar que ustedes adopten actitudes intransigentes. Esperamos de los obreros el gesto cordial para salir de esto.” (El Mundo, 22 de enero de 1938, p. 16)

 

La CMC no tuvo el resultado esperado de su intervención en esta disputa laboral. Su mediación fue inefectiva debido, entre otras razones, a la función que tuvieron en el conflicto los marinos afiliados a la NMU en EEUU que trabajaban en los barcos que llegaban a la isla y, en apoyo a los huelguistas, se negaron a suministrar el vapor necesario para cargar o descargar la mercancía (El Mundo, 22 de enero de 1938, pp. 1, 16). En el ordenamiento legal vigente entonces, el gobierno insular no tenía herramientas para desalentar tal acto de solidaridad.

Ante ese escenario, el 28 de enero de 1938 el Gobernador Blanton Winship, quien había estado enfermo las semanas previas, propuso la creación de una junta de arbitraje que estuviese presidida por una persona nombrada por él y en la cual cada una de las partes tuviesen la misma cantidad de representantes. Los trabajadores y navieros aceptaron la propuesta sujeta a unas condiciones. Los primeros exigían garantías de representación, intervención y decisión mediante una junta de arbitraje con tres miembros designados por cada parte y un representante del Gobernador de Puerto Rico. Los segundos requerían que dicho cuerpo estuviese integrado por tres personas imparciales nombradas por el Gobernador. Además, demandaban la reanudación inmediata de los trabajos en los puertos bajo las condiciones del convenio colectivo que había sido firmado el año previo. (El Mundo, 2 de febrero de 1938, p. 1).

Finalmente, el arbitraje se concretó de acuerdo con una propuesta que había sido redactada por Martín Travieso, Juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La junta quedó constituida por tres personas imparciales nombradas por el Gobernador. Ellas fueron Emilio del Toro, Juez Presidente del Tribunal Supremo, Robert Cooper, Juez del Tribunal de EEUU en Puerto Rico, y Leslie McLeod, Auditor Insular. Las decisiones de dicho cuerpo serían obligatorias y retroactivas. Mientras se estuviese desarrollando el proceso de arbitraje, las labores en los puertos se reanudarían con unos salarios de 40 centavos por hora (El Mundo, 7 de febrero de 1938, pp. 1, 4, 11).

La huelga de los puertos inició el 3 de enero y finalizó el 10 de febrero de 1938. Duró casi cuarenta días. La CMC intervino pocos días después de su comienzo. Su objetivo era impulsar la política de la paz industrial del gobierno coalicionista. Pero, a pesar de las presiones ejercidas sobre los obreros, no tuvo éxito. Luis Villaronga, presidente de la CMC, reconoció la inefectividad de esa oficina en este conflicto en el Informe Anual del Comisionado del Trabajo (1937-38) al asegurar que dicha agencia trabajó arduamente para resolver la huelga pero que circunstancias fuera de su control evitaron que ofreciera una solución a la misma. No obstante, identificó como un logro el salario de 40 centavos por hora que se estableció en el plan de arbitraje. Adjudicó el mismo a la CMC.

Los obreros, sin embargo, parecían tener otra impresión. La CMC no logró producir un acuerdo entre las partes en un conflicto que duró casi 40 días. Mediante el plan de arbitraje, tuvieron un aumento de salario. Pero fue parcial. Los trabajadores querían un incremento de 43 centavos por hora y obtuvieron 8. Por eso las discusiones fueron extensas cuando dicho plan fue presentado ante su consideración en asambleas celebradas en distintos pueblos alrededor de Puerto Rico. Según reportado por la prensa, tal ejercicio era necesario para “llevara a la mente de los trabajadores la conveniencia de aceptar el arbitraje” (El Mundo, 10 de febrero de 1938, p. 1) pues tenían múltiples dudas en torno a las escalas salariales para la carga regular y para la carga extraordinaria, el poder de la junta para aumentar las mismas, posibles represalias del patrono, las garantías que debían tener todos los empleados al regresar al trabajo y el tiempo que tomaría emitir un laudo a los árbitros del conflicto, entre otros temas. (El Mundo, 10 de febrero de 1938, pp. 1, 5, 20). Los obreros aprobaron dicho plan de arbitraje porque se presentó como un paso intermedio en la ruta para lograr una solución satisfactoria para ellos y por el desgaste físico y emocional que suponía un intenso conflicto obrero-patronal que duró exactamente 39 días.

Prudencio Rivera Martínez afirmó, por estas razones, que dicha huelga representó desde la perspectiva económica solamente un triunfo parcial para los obreros (El Mundo, 8 de febrero de 1938, p. 8). Tomando esto en consideración, se esperaría que en el Informe Anual del Comisionado del Trabajo (1937-38)     se identifique como “parcialmente favorable” su solución para los trabajadores; más aún, cuando esa es una de las categorías que se utiliza en ese mismo informe para describir los resultados de otros conflictos. Pero ese no fue el caso. Se decidió utilizar otra clasificación y el resultado del conflicto se describió como “favorable”; a pesar, que el propio Comisionado del Trabajo opinaba diferente.

 

 

Conclusión

 

En este trabajo he analizado la política laboral de la paz industrial que fue impulsada en Puerto Rico por el gobierno de la Coalición Republicana Socialista entre 1933-1940. La CMC adscrita al Departamento del Trabajo desempeñó una función fundamental en su ejecución. En los informes anuales dirigidos al Gobernador de Puerto Rico, el Comisionado del Trabajo parece confirmar la efectividad de esa comisión implementando una política que busca promover la paz, el orden y estabilidad en un gobierno donde comparten el poder dos partidos políticos que representan grupos que pertenecen a clases sociales con intereses económicos distintos.

 

Sin embargo, cuando se toma en consideración la opinión de trabajadores que participaron en conflictos obrero-patronales en los cuales intervino el CMC, se observa en ellos una percepción distinta con relación a la ejecución de la política de la paz industrial a la expresada por el Comisionado del Trabajo. Así quedó demostrado tras el análisis de tres importantes conflictos obrero-patronales que ocurrieron en distintas industrias, lugares y momentos durante el gobierno de la Coalición Republicana Socialista.

 

Tabla III

 

Características conflictos obrero-patronales analizados como casos de estudio

 

Fuente: Informes del Comisionado del Trabajo al Gobernador de Puerto Rico, 1933-34 a 1940-41

 

Esos tres conflictos fueron huelgas donde se exigía el pago de salarios mayores. Según el Comisionado del Trabajo, todas fueron resueltas favorablemente para los trabajadores. No obstante, cuando se examinan en detalle su desarrollo, aparecen piezas de evidencias que apuntan a que la política de la paz industrial no tuvo la efectividad indicada en los informes de las autoridades públicas.

En la huelga de la industria de la aguja que sucedió en Mayagüez en el año 1933, la CMC produjo un acuerdo entre las partes que no fue honrado por los talleristas y que provocó manifestaciones continuas los meses siguientes que fueron acompañadas de denuncias de “salarios ridículos” y “explotación monstruosa”.

Durante la huelga de la industria del azúcar que ocurrió entre 1934 y 1935, existían muchos trabajadores disgustados con el convenio colectivo firmado porque no ofrecía aumentos salariales razonables. Como resultado, estos obreros permanecieron en huelga en por lo menos 16 municipios exigiendo que el convenio se revocara de inmediato. Algunos, incluso, afirmando que estaban “dispuestos [a] morir de bala antes [de] morir [de] hambre”. Mientras, en la huelga de los puertos, la CMC no logró producir un acuerdo entre los trabajadores y los navieros en un conflicto que duró exactamente 39 días.

 

El resultado de este análisis confirma la hipótesis elaborada inicialmente y sostiene que si se utiliza la percepción de los trabajadores como indicador alterno para evaluar la ejecución de la política de la paz industrial entonces la efectividad en su implementación por la CMC será distinta a la indicada en los informes del Departamento del Trabajo.

Además, estos resultados parecen confirmar la explicación sugerida por Baldrich (2012) en torno al interés que podía existir por parte de los funcionarios públicos en destacar las gestiones favorables que realizaban para con los trabajadores y enfatizar los elementos positivos de la mediación para el movimiento obrero; particularmente, en un gobierno constituido por dos partidos que representaban a clases sociales con intereses económicos distintos. Tal era el caso de la Coalición Republicana Socialista entre 1933 y 1940.

Este trabajo examina la posición oficial de las autoridades gubernamentales con relación a la ejecución y la efectividad de la política obrera adoptada durante la década de 1930, un periodo de crisis económica en Puerto Rico. Mediante la consulta de la prensa de la época fueron identificados registros importantes que sirvieron como evidencia para demostrar que la percepción de los trabajadores en torno a la implementación de la política de la paz industrial era distinta a la representación realizada por el gobierno en los informes anuales preparados por el Comisionado del Trabajo. Para investigaciones futuras podría consultarse otros registros que puedan ofrecer piezas adicionales de información del tema; incluyendo, entre otros, los Libros de Novedades de la Policía de Puerto Rico que se encuentran disponibles en el Archivo General de Puerto Rico (AGPR). También podrían efectuarse estudios similares a este en los cuales se examine las posiciones oficiales de gobiernos sobre la ejecución de políticas laborales durante crisis económica en otros periodos históricos o países.

 

 

 

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Fuentes

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Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Informe Anual del Comisionado del Trabajo. San Juan: Departamento del Trabajo.

El Imparcial, San Juan.

El Mundo, San Juan.

La Correspondencia, San Juan.

La Democracia, San Juan.

 

 

 

 

Recibido: 12/01/2020

Evaluado: 27/02/2020

Versión Final: 29/03/2020



[1] Agradezco la colaboración de los estudiantes Katia Ayala, Andrés Monge y Yailinette Morales quienes participaron como asistentes de investigación en la producción de este ensayo.  

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